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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11669-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11669-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo expresado en este proveído. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Asdrúbal Alfonso Bolaños vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al que se le ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, por conducto del magistrado que avocó el conocimiento del proceso ejecutivo de radicado N.º 76001-23-33-000-2018- 00974-00, proceda a dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud de información presentada por el tutelante el 10 de noviembre de 2021. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11669-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de febrero de 2022

Demandante: Asdrúbal Alfonso Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11669-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11669-00
Demandante: ASDRÚBAL ALFONSO BOLAÑOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela de fondo – ampara el derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Resuelve la Sala la acción de tutela presentada por el ciudadano Asdrúbal
Alfonso Bolaños contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Asdrúbal Alfonso Bolaños, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, en
procura de la defensa de su derecho fundamental de petición.

2. En sentir del accionante, la transgresión de la citada garantía constitucional
encontró sustento en la presunta falta de respuesta a la petición que le presentó
a la autoridad judicial accionada desde el 10 de noviembre de 2021.

1.2. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

3. El accionante junto con Diego Hernán Gómez Bolaños, Laura Marcela
Bolaños Martínez, Zaida Martínez Marmolejo, Alfonso Bolaños Díaz, Benhur

1 Modificado por el Decreto 333 de 2021 "Por el cual se modifican los artículos
2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
2 La tutela se envió el 14 de diciembre de 2021 al buzón web
repartojamundi@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Demandante: Asdrúbal Alfonso Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11669-00

Alfonso Bolaños González, Euclides Bolaños González, Fredy Alberto Bolaños
González y Nidia Alcira Bolaños González, presentó demanda ejecutiva contra
la Fiscalía General de la Nación, a la cual se le asignó el número de radicación
N.º 76001-23-33-000-2018-00974-00.

4. Mediante auto del 15 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la providencia
del 11 de julio de 2018, dispuso, entre otros:

…ordenar a la parte ejecutada, que de conformidad con el artículo 431 del
CGP, deberá pagar (…) a la parte ejecutante dentro de los cinco (5) días
siguientes al presente proveído, o en su defecto, proponer excepciones en
el término de diez (10) días siguientes a la presente decisión.

5. El 4 de octubre de 2021, el señor Asdrúbal Alfonso Bolaños presentó la
siguiente solicitud ante la Fiscalía General de la Nación:

El día 15 de marzo de 2021 en el proceso ejecutivo co (sic) expediente #
76001-23-33-000-2018-00974-00 el tribunal administrativo del valle del
cauca (sic) profirió fallo favorable a favor de Diego Hernán Bolaños
González y otros, ordenando a la parte ejecutada (fiscalía general de la
nación) (…) el pago de las respectivas indemnizaciones en un plazo de 5
días y hasta el momento nadie nos ha informado nada, solicito muy
comedidamente se me de respuesta a la presente en los términos de ley…

6. El 8 de noviembre de 2021, por medio de Oficio N.º 20211500075081 la
Fiscalía General de la Nación le informó al actor que no había sido notificada de
la decisión del 15 de marzo de 2021, y que una vez se surtiera tal actuación,
procedería a actuar en ejercicio de su derecho a la defensa.

7. El 10 de noviembre de 2021, el señor Asdrúbal Alfonso Bolaños solicitó
mediante correo enviado al buzón
presidenciatacali@cendoj.ramajudicial.gov.co, que le “informaran sobre el
proceso ejecutivo expediente # 76001-23-33-000-2018-00974-00” porque no se
le ha efectuado el pago dispuesto en el auto del 15 de marzo de 2021. Agregó
que se enteró por medio de una respuesta a otra petición presentada ante la
Fiscalía General de la Nación “que no los han notificado de dicho acto
administrativo (sic)”.

8. El mismo día, la Presidencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
le remitió la solicitud del tutelante al magistrado ponente de la decisión del 15
de marzo de 2021. De dicha actuación le comunicó al señor Bolaños a su buzón
electrónico.

9. Afirmó que a la fecha de presentación de esta acción constitucional el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no había respondido la petición del
10 de noviembre de 2021.

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1.3. Sustento de la vulneración

10. Indicó que considera vulnerado su derecho fundamental de petición por la
autoridad judicial accionada, al no brindarle la información sobre el estado del
proceso ejecutivo de radicado N.º 76001-23-33-000-2018-00974-00, la cual fue
solicitada desde el 10 de noviembre de 2021.

11. Adicionó que a la fecha de presentación de esta acción de tutela no le había
sido notificado el auto del 15 de marzo de 2021 a la Fiscalía General de la
Nación por parte del citado Tribunal.

1.4. Pretensión constitucional

12. En concreto la parte actora solicitó:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto le solicito señor juez que se
tutelen mis derechos fundaméntale (sic) invocados como amenazados,
violados y vulnerados, derecho de petición téngase como prueba señor
juez los siguientes

(…)

1.5. Trámite de primera instancia

13. En auto del 16 de diciembre de 2021, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar como
demandado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vincular como
terceros con interés a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Fiscalía General de la Nación

14. Por medio de la jefe del Departamento de Jurisdicción Coactiva y
Competencia Residual precisó que la entidad carece de legitimación en la
causa por pasiva, dado que contestó la petición del 4 de octubre de 2021
mediante Oficio N.º 2021150007508.

15. Añadió que a la fecha de presentación de esta contestación no le ha sido
notificado el proceso ejecutivo aducido por el tutelante.

16. Sostuvo que se cuestiona el actuar del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por no haber notificado una providencia y que es a esa autoridad a la

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que se le debería endilgar la responsabilidad, en caso de que haya lugar al
amparo.

17. Concluyó que se le debe desvincular del presente trámite, o en su lugar,
denegar cualquier tipo de pretensión en su contra.

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por conducto de la Secretaría
remitió el expediente del proceso ejecutivo de radicado N.º 2018-00974-00,
pero no aportó ninguna intervención. La Defensa Jurídica del Estado, pese a
haber sido notificada en debida forma, también guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

19. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Asdrúbal Alfonso Bolaños, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado.

20. Lo anterior, por cuanto la presente solicitud de amparo se dirige contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y le corresponde conocer de este
tipo de acciones de tutela al superior funcional de la autoridad judicial
accionada, siendo en este caso el Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

21. La Fiscalía General de la Nación solicitó que se le desvincule de este
proceso, con fundamento en que la petición que se estima no contestada se
remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y, por tanto, es a esa
autoridad judicial a la que le corresponde pronunciarse sobre los hechos de la
solicitud de amparo.

22. Por lo tanto, no se accederá a tal solicitud, dado que la vinculación de la
Fiscalía General de la Nación obedeció al interés que tiene en este asunto por
ser el sujeto demandado dentro del proceso ejecutivo de radicado N.º 2018-
00974-00, del que el actor solicitó información mediante la petición del 10 de
noviembre de 2021, que afirma que no le ha sido respondida.

2.3. Legitimación en la causa

23. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos

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resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

24. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19913, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i)
por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de
la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de
tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales.

25. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
actor es el titular del derecho fundamental de petición que reclama, en
consideración que fue quien solicitó el 10 de noviembre de 2021 información
sobre el proceso ejecutivo de radicado N.º 2018-00974-00 al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia, goza de legitimación en la
causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio del
núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.

26. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
está igualmente legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad a la que
se le presentó la petición que el accionante afirma que no le ha sido resuelta.

2.4. Problema jurídico

27. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora
y las pretensiones y el material probatorio recaudado, corresponde a esta Sala
resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Resultó vulnerado el derecho fundamental de petición del señor
Asdrúbal Alfonso Bolaños por parte del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por no resolverle la solicitud presentada desde el 10 de
noviembre de 2021, en la que requirió información sobre el estado del
proceso N.º 2018-00974-00?

28. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; y (iii) el
análisis del caso concreto.

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

29. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la

3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

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acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

30. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

31. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

32. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la
acción cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; (ii) para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
habeas corpus; (iii) se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente
que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe
la acción u omisión violatoria del derecho; (v) se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto.

33. En cuanto a la inmediatez, se advierte superado el requisito en el entendido
que lo que motivó al accionante a promover su solicitud de amparo, esto es, la
falta de respuesta a una petición que le presentó al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 10 de noviembre de 2021.

34. Respecto a la subsidiariedad, se concluye que el actor no cuenta con otro
mecanismo de defensa judicial para solicitar la protección de su derecho
fundamental de petición.

2.6. El derecho de petición

35. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de
derechos plasmados en la Carta4, permite la consecución de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho5, al potenciar “la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”6.

4 Corte Constitucional, Sentencia T-801 de 2012.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
6 Artículo 2º Constitucional.

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36. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la carga
obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que
es empleado por los ciudadanos.

37. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas,
pues el contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos
presupuestos fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su
concreción que las entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de
manera vaga y superficial, las solicitudes formuladas.

38. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de
claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que
no quiere decir que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.

39. Cuenta de ello da no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se
escatima oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el
derecho de petición.

40. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus
peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas
(artículo 23 constitucional), se avanza, en el entendido de que además de
oportunas, las resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo
13 Ley 1755 de 2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la
jurisprudencia constitucional.

41. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de
petición comprende los siguientes elementos:

…a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el
fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación
de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea
positivo o negativo7.

42. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación
material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:

1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y
precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia
entre la petición y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición
lógica, que si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la
petición a la autoridad competente.

43. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la
resolución efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al
interesado. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y
sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el
contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido
observado cabalmente8 (subrayado fuera del texto).

44. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier
solicitud que se inicie ante las autoridades se considera como derecho de
petición, por lo que no es necesario que el peticionario indique en su escrito que
está ejerciendo el derecho de petición previsto por el artículo 23 de la
Constitución Política.

45. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de
petición: (i) de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser
de quince (15) días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya
respuesta debe ser proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta
a las autoridades en relación con las materias a su cargo, (30 días de
respuesta); todos ellos, contados a partir de la fecha en que se reciba la
solicitud.

46. Cabe mencionar que con ocasión al Estado de Emergencia Sanitaria
decretado por el Gobierno Nacional por la propagación del COVID-19, se
expidió el Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, a través del cual se
ampliaron los términos para atender aquellas peticiones que se encontraban en
curso o que fueran radicadas durante la vigencia del estado de emergencia.

47. Para tal efecto, en su artículo 5 se estableció lo siguiente:

[…] Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro
de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995.

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Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente
artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. […].

2.7. Derecho de petición en actuaciones judiciales

48. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional9, como esta
Corporación10, de manera reiterada han señalado que las solicitudes
presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a
las del derecho de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, de la siguiente manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, tal
como fue reformado por la Ley 1755 de 2015.

49. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que
esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,

9 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de

13 de julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia del 10 de febrero de 2021 dentro del expediente
08001-23-33-000-2021-00543-01.

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en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.

50. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las
autoridades judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del
derecho de petición es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales
que el funcionario adelanta. En caso de que ello sea así, tales “peticiones”
deben entenderse como memoriales radicados en el proceso, y que, por
consiguiente, se rigen por la normatividad aplicable a la Litis11.

51. Lo anterior significa que “no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar
el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido
de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto,
desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado
proceso judicial.”12

2.8. Caso concreto

52. De entrada, la Sala aclara que el actor con la petición del 10 de noviembre
de 2021 requirió información del estado del proceso ejecutivo de radicado N.º
2018-00974-00 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dado que la
Fiscalía General de la Nación le informó, en respuesta de otra solicitud elevada
por el accionante a esta entidad, que el auto del 15 de marzo de 2021 no le
había sido notificado.

53. Respecto a la citada petición, se advierte que se trata de una solicitud de
información que no afecta el contenido de la litis sometida a estudio de la
autoridad judicial accionada, y que con esta el actor pretendía conocer el estado
de su proceso. Así las cosas, está sometida a las normas generales del
derecho de petición expuestas.

54. Revisadas las piezas que conforman el expediente del vocativo de la
referencia se observó que la petición del 10 de noviembre de 2021 fue enviada
a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca según consta a
folio 5 del escrito de tutela, visible en el índice 2 del expediente dispuesto en la
plataforma Samai. De igual forma, se advirtió que dicha dependencia remitió la
solicitud del actor al correo institucional del magistrado ponente del proceso
ejecutivo de radicado N.º 2018-00974-00.

55. Avizora la Sala, que para el momento en el que el actor presentó la solicitud
de amparo de la referencia, no habían fenecido los 30 días con los que contaba
la autoridad judicial tutelada para dar respuesta de fondo, de conformidad con el

11 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.
12 Ibídem.

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Demandante: Asdrúbal Alfonso Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11669-00

artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020. Lo anterior,
dado que la acción de tutela se impetró el 14 de diciembre de 2021, la solicitud
se radicó el 10 de noviembre del mismo año y los 30 días con los que disponía
el Tribunal finalizaron el 18 de enero de 2022, teniendo en cuenta el periodo de
vacancia judicial que tuvo la entidad tutelada.

56. De lo anterior se colige que, si bien el actor realizó un ejercicio anticipado de
la acción de tutela en esta oportunidad, lo cierto es que no hay prueba alguna
que acredite que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le respondió la
petición del 10 de noviembre de 2021 al actor, dado que aunque allegó el
expediente del proceso ejecutivo del cual el accionante solicita información, no
aportó contestación alguna, ni manifestó si en efecto lo hizo, o las razones por
las que no pudo hacerlo.

57. De ese modo, se tendrán como ciertos los hechos expuestos por el señor
Asdrúbal Alfonso Bolaños en aplicación del principio de presunción de
veracidad, sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-
260 de 2019, en los siguientes términos:

… esta Corporación ha determinado que la presunción de veracidad
puede aplicarse en dos escenarios: “(i) Cuando la autoridad o
particular accionado omite completamente dar respuesta a la
solicitud elevada por el juez constitucional; (ii) cuando la autoridad o
particular da respuesta a la solicitud, pero esta se hace meramente
formal, pues en el fondo no responde al interrogante planteado por el
funcionario judicial”[37]. La omisión que puede presentarse puede ser
total o parcial, por ejemplo, ante la presentación de un informe en el que
se dejan de responder y pronunciarse frente a los informes solicitados
por el juez.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha determinado que el
principio de veracidad aplica cuando el juez ordena al demandado
pronunciarse sobre los hechos de la acción y, sin embargo, este
guarda silencio:

“En esa medida y dado que no existe otra prueba que logre desvirtuar lo
afirmado por la actora en la acción de tutela, en este caso para garantizar
sus derechos fundamentales y los de su hija menor edad, opera la
presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591
de 1991[38], según la cual, a la luz de los principios de celeridad,
inmediatez y buena fe que rigen la actuación judicial, ha de
entenderse que si la entidad requerida por el juez no contesta la
solicitud de pronunciarse sobre lo expuesto en la demanda, se
presumen ciertos los hechos. (Negrilla fuera del texto original).

58. Para este juez constitucional en el presente caso hay una clara vulneración
del derecho de petición de la parte actora. Lo anterior, porque el Tribunal

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11669-00

Administrativo del Valle del Cauca no respondió la solicitud del actor pese a que
fue allegada al buzón electrónico de la presidencia de la Corporación y a su
vez, al magistrado al que le correspondió conocer del proceso ejecutivo 2018-
00974-00.

59. Se concluye entonces, que a la fecha no se ha dado una respuesta de
fondo a la solicitud de información que presentó el tutelante al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

60. Por lo anterior, se amparará el derecho fundamental de petición del señor
Asdrúbal Alfonso Bolaños vulnerado por la autoridad judicial accionada. En
consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que,
en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, por
conducto del magistrado que asumió el conocimiento del proceso ejecutivo de
radicado N.º 76001-23-33-000-2018-00974-00, dé respuesta de fondo a la
solicitud presentada por el tutelante el 10 de noviembre de 2021.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía
General de la Nación, de acuerdo con lo expresado en este proveído.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Asdrúbal
Alfonso Bolaños vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
que se le ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta decisión, por conducto del magistrado que avocó el
conocimiento del proceso ejecutivo de radicado N.º 76001-23-33-000-2018-
00974-00, proceda a dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la
solicitud de información presentada por el tutelante el 10 de noviembre de 2021.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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Demandante: Asdrúbal Alfonso Bolaños
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11669-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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