Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00586-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00586-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00586-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00586-01 (2429-2025)1
Demandante: Rosario Elena Zúñiga de Pedroza2
Demandada: Universidad del Atlántico
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de sobrevivientes-convivencia -cónyuge y
compañera permanente-
Decisión: Sentencia de segunda instancia
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las
pretensiones de la demanda de reconvención y, parcialmente concedió las de
la demanda principal.
I. ANTECEDENTES
1. Demandas3
1.1. Demanda presentada por la señora Rosario Zúñiga de Pedroza.
1.1.1. Pretensiones
2. La señora Rosario Zuñiga de Pedroza (Q.E.P.D.)4, por intermedio de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
1
Expediente digital.
2
Analida del Rosario Pedroza Zúñiga, Marbel Luz Pedroza Zúñiga, Mónica Patricia Pedroza Zúñiga, William Pedroza
Zúñiga, Brigitte Encarnación Pedroza Zúñiga, Olimpia del Carmen Pedroza Zúñiga, Ronald José Pedroza Zúñiga,
Claribeth del Socorro Pedroza Zúñiga y Kevin Sinnig Pedroza, todos ellos en calidad de sucesores procesales de la
señora Rosario Zuñiga de Pedroza.
3
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2.
4
Murió el 4 de diciembre de 2023, según el registro civil de defunción, ahora sucedida procesalmente por sus hijos
Claribeth Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo serial 24217497); Analida del Rosario Pedroza
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA,
para que se declare la nulidad de la Resolución 2314 del 8 de octubre de 2021,
expedida por la Universidad del Atlántico, mediante la cual dejó en suspenso
el estudio y reconocimiento de la sustitución pensional, con ocasión del
fallecimiento de su cónyuge, el señor William Héctor Pedroza Varela.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó al juez (i) declarar que es
la única beneficiaria de la sustitución pensional; (ii) reconocer y pagar a su
favor la mesada pensional; (iii) pagar a su favor la mesada pensional de los
meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre
y noviembre de 2021, así como la prima de mitad de año de 2021, y las demás
que se causen en adelante, (iv) seguir pagando la totalidad de la pensión de
sobreviviente a su favor; (v) indexar las anteriores sumas con base en el índice
de precios al consumidor – IPC; (vi) ordenar el reconocimiento y pago de las
agencias en derecho; y (vii) condenar en costas a la parte vencida.
1.1.2. Hechos
4. La señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza narró los hechos que la Sala
sintetiza a continuación:
5. El 5 de diciembre de 1954, contrajo matrimonio con el señor William Héctor
Pedroza Varela, con quien convivió de forma pública, continua e ininterrumpida
por más de 60 años, en su domicilio, ubicado en Barranquilla, vínculo que se
mantuvo vigente hasta la muerte del señor Pedroza, sin que se hubiere
disuelto la sociedad conyugal.
Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo serial 21406102); Marbel Luz Pedroza Zúñiga (registro civil de
nacimiento con indicativo serial 20169458); Mónica Patricia Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo
serial 24217723); William Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo serial 21406329); Olimpia del
Carmen Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo serial 24217464); Ronald José Pedroza Zúñiga
(registro civil de nacimiento con indicativo serial 20293650); y Brigitte Encarnación Pedroza Zúñiga (registro civil de
nacimiento con indicativo serial 20293638), así como por sus nietos Juliani Sinning Pedroza y Kevin Sinning Pedroza,
hijos de Jaquelin Pedroza Zúñiga, hija de la demandante (registro civil de nacimiento con indicativo serial 19152240),
quien murió el 23 de junio de 2022 (registro civil de defunción (indicativo serial 10279260). Mediante auto del 5 de
agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala A, declaró a las personas mencionadas como sucesores
procesales de la señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza, sin que dicha decisión fuere recurrida o cuestionada dentro
del proceso.
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
6. Dentro del marco de dicha relación, conformaron un núcleo familiar del cual
nacieron nueve hijos (todos mayores de edad), y sostuvieron relaciones de
apoyo, compañía y dependencia económica, siendo la señora Rosario
beneficiaria en salud y dependiente de la pensión del causante, la cual le fue
reconocida al señor Pedroza, por parte de la Universidad del Atlántico,
mediante la Resolución No. 548 de 1989.
7. El 30 de enero de 2021 murió el señor Pedroza; durante su enfermedad,
contó con el acompañamiento permanente de su cónyuge, aunque el cuidado
médico directo fue asumido por una de sus hijas, en razón de la avanzada
edad de la señora Rosario.
8. El 10 de febrero de 2021, la señora Rosario, de 88 años, quien no cuenta
con ingresos propios y dependía económicamente de la pensión de su esposo,
solicitó la sustitución pensional ante la Universidad del Atlántico, pero que
dicha entidad suspendió el trámite del reconocimiento de la sustitución
pensional, por medio de la Resolución No. 1614 de 2021, confirmada por la
Resolución 2314 de 2021, con fundamento en la existencia de otra solicitante,
quien alegó la condición de compañera permanente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
9. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
• Constitución Política, artículo 48.
• Ley 1437 de 2011.
• Ley 100 de 1993, artículos 47 y 74.
• Ley 44 de 1980.
10. Y expuso como concepto de violación, los argumentos que la Sala
sintetiza, así:
11. Se vulneró el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Rosario
Elena Zúñiga de Pedroza, por parte de la Universidad del Atlántico, al
suspender el reconocimiento de la sustitución pensional, tras el fallecimiento
de su cónyuge, toda vez que, al momento de la muerte, tenía 88 años y no
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
contaba con ingresos propios, sino que, dependía económicamente de la
pensión del causante. En esa medida, la suspensión del trámite por parte de
la Universidad del Atlántico puso en riesgo la satisfacción de sus necesidades
básicas y su dignidad humana, conforme lo ha expuesto la jurisprudencia
constitucional.
12. Explicó que, cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria vitalicia
de la pensión de sobrevivientes, de acuerdo con los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003, en tanto: (i) tenía más de
30 años al momento del fallecimiento; (ii) convivió con el causante por más de
cinco años continuos antes de su muerte; (iii) mantuvo vida marital hasta su
muerte; (iv) convivió con su esposo de manera continua, pública e
ininterrumpida, compartiendo «lecho, techo y mesa» y (v) la sociedad conyugal
estaba vigente.
13. La finalidad de la sustitución pensional, según la jurisprudencia
constitucional, es proteger a los familiares dependientes del causante frente al
desamparo económico derivado de su muerte, garantizando la estabilidad
económica y condiciones de vida dignas, en concordancia con el derecho a la
seguridad social.
1.2. Demanda de reconvención5 presentada por la señora Janis Pino Pino
14. Mediante auto del 28 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del
Atlántico vinculó al proceso a la señora Janis Pino Pino, en calidad de
litisconsorte necesario6.
1.2.1. Pretensiones
15. La señora Janis Pino Pino, por intermedio de apoderado judicial, formuló
demanda de reconvención, para que se declarara la nulidad de las
Resoluciones 1614 del 18 de junio del 2021 y 2314 del 08 de octubre de 2021,
expedidas por la Universidad del Atlántico, mediante las cuales dejó en
suspenso el estudio y reconocimiento de su sustitución pensional, con ocasión
5
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 7.
6
Samai, índice 2, archivo 5ED_EXPEDIENTE_OneDrive_1_192025zip(.zip), documento 018Vincular.pdf.
5
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
del fallecimiento de su compañero permanente, el señor William Héctor
Pedroza Varela.
16. A título de restablecimiento del derecho, solicitó (i) reconocer a la señora
Pino como beneficiaria del 50% de la sustitución pensional, en concurrencia
con la señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza; (ii) declarar el acrecimiento
pensional entre las beneficiarias, respecto de la mesada reconocida; (iii)
ordenar el reconocimiento, pago e inclusión en nómina de la sustitución
pensional, junto con el retroactivo debidamente indexado, en cuantía del 50%
para cada una, con efectos a partir del 30 de enero de 2021 y con carácter
vitalicio, (iv) que se condene al pago de costas y agencias en derecho.
1.2.2. Hechos
17. La señora Janis Pino Pino, narró en la demanda de reconvención, los
hechos que la Sala procede a sintetizar, así:
18. El señor William Héctor Pedroza Varela (Q.E.P.D.), pensionado de la
Universidad del Atlántico desde 1989, falleció el 30 de enero de 2021.
19. Fue la compañera permanente del causante, desde el 16 de noviembre de
1965 hasta la fecha de su muerte, esto es, por más de 55 años, con
convivencia continua, pública y efectiva en el municipio de Santa Lucía
(Atlántico), donde conformaron un núcleo familiar del cual nacieron tres hijos;
dependía económicamente del causante y no percibía pensión alguna.
20. Entre el causante, su cónyuge y ella, su compañera permanente, existió
una convivencia simultánea, situación que era conocida y aceptada por
ambas.
21. Con ocasión de la muerte de su compañero permanente, solicitó ante la
Universidad del Atlántico el reconocimiento de la sustitución pensional en un
50%, la cual fue objeto de pronunciamiento por parte de la universidad,
mediante las Resoluciones Nos. 1614 de 2021 y 2314 de 2021, en el sentido
de suspender el trámite de sustitución pensional, debido a la concurrencia de
reclamantes.
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
1.2.3. Normas violadas y concepto de violación
22. La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
• Constitución Política, artículos 13, 48, 53 y 83.
• Ley 1437 de 2011, artículos 138, 180 y ss.
• Ley 100 de 1993, artículos 5, 11, 36, 46, 47, 53 y 288.
• Ley 797 de 2003, artículo 13.
23. Y como concepto de la violación, expuso los siguientes argumentos, que
pasan a sintetizarse:
24. Cumple los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de
sobrevivientes, en tanto: (i) es mayor de 30 años; (ii) convivió con el causante
William Héctor Pedroza Varela (Q.E.P.D.) por más de 55 años, desde 1965
hasta su fallecimiento; y (iii) mantuvo con él una relación estable, pública y con
dependencia económica.
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003, la demandante tiene derecho a la pensión
de sobrevivientes, dado que acreditó la convivencia superior a cinco años con
el causante, previos al fallecimiento. Asimismo, al encontrarse vigente la
sociedad conyugal con la cónyuge y una compañera permanente, se configura
un supuesto de convivencia simultánea, que da lugar a la distribución de la
pensión en proporción al tiempo de convivencia.
26. Concluyó que la finalidad de la sustitución pensional, es proteger a quienes
dependían económicamente del causante y garantizar su mínimo vital, sin que
la ausencia física ocasional (por razones de salud, como ocurrió en los últimos
días de vida del causante) desvirtúe la convivencia.
2. Contestación de las demandas
27. Frente a la demanda principal, se pronunciaron la Universidad del Atlántico
y la señora Janis Pino Pino y, en lo que atañe con la demanda de
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reconvención, solamente la señora Rosario Elena Zúñiga se pronunció.
2.1. De la demanda principal
2.1.1. Universidad del Atlántico7
28. Expuso los argumentos que se resumen, así:
29. Actuó en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley
1204 de 2008, norma que regula el procedimiento aplicable en caso de
controversia entre posibles beneficiarios de la sustitución pensional.
30. Ante la concurrencia de dos reclamantes con pretensiones incompatibles,
no tenía competencia para definir de fondo el reconocimiento de la prestación,
razón por la cual procedió a dejar en suspenso su reconocimiento y pago,
hasta tanto la jurisdicción competente dirimiera el conflicto y determinara la
titularidad del derecho y su eventual distribución.
31. Asimismo, indicó que, conforme a la citada disposición, en ausencia de
acuerdo entre los interesados y ante la existencia de controversia, el operador
pensional debe abstenerse de efectuar el reconocimiento total de la
prestación, con el fin de evitar decisiones que puedan derivar en pagos
indebidos o en la duplicidad de obligaciones a cargo de la entidad.
32. Finalmente, afirmó que los actos administrativos demandados se ajustan
a derecho, en la medida en que la entidad se limitó a aplicar la normativa
vigente y a deferir la definición del derecho a la autoridad judicial competente.
2.1.2 Janis Pino Pino8
33. La señora Pino se pronunció sobre la demanda principal, en los términos
que la Sala entra a sintetizar:
7
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2.
8
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 7.
8
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
34. En su calidad de litisconsorte necesario, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al estimar que carecen de sustento jurídico, pues en el evento de
declararse la nulidad de los actos administrativos demandados, el
restablecimiento del derecho debe concretarse en el reconocimiento de la
sustitución pensional en partes iguales (50% para cada una), tanto a favor de
la cónyuge, Rosario Elena Zúñiga de Pedroza, como de la compañera
permanente.
35. Reconoció que, ante la controversia suscitada entre ambas reclamantes,
se justificó la decisión adoptada por la Universidad del Atlántico, consistente
en suspender el trámite de reconocimiento de la prestación, en aplicación del
artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, correspondiendo a la jurisdicción
administrativa definir la titularidad del derecho y su proporción.
36. De otra parte, reiteró que cumplía con los requisitos legales para ser
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y finalmente, solicitó negar las
pretensiones de la demanda, en los términos en que fueron formuladas y que,
en su lugar, ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional en
proporción igualitaria entre las dos beneficiarias.
2.2. De la demanda de reconvención
2.2.1. Sucesores procesales de Rosario Elena Zúñiga9
37. Los sucesores procesales de la demandada en reconvención se opusieron
a la prosperidad de sus pretensiones, al considerar que no obra prueba que
acredite que la señora Janis Pino Pino haya convivido con el causante durante
los últimos cinco (5) años previos a su fallecimiento, requisito indispensable
para acceder a la pensión de sobrevivientes.
38. Sostuvieron que, por el contrario, el señor William Héctor Pedroza Varela
(Q.E.P.D.) residía en la ciudad de Barranquilla, donde permanecía bajo
tratamiento médico permanente, en compañía de su cónyuge Rosario Elena
Zúñiga de Pedroza, con quien mantuvo una convivencia continua hasta su
9
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2. Frente a la condición de sucesores procesales y el trámite
impartido en el proceso, ver el pie de página 4.
9
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
muerte. Indicaron que esta circunstancia se encuentra acreditada mediante
registros médicos, documentos, declaraciones juradas, afiliación al sistema de
salud, material fotográfico reciente y demás elementos probatorios.
39. Afirmaron, además, que resulta incompatible la supuesta convivencia
simultánea en Barranquilla y en el municipio de Santa Lucía durante los últimos
años de vida del causante, y que las pruebas allegadas por la señora Janis
Pino no demuestran convivencia actual, sino vínculos familiares o situaciones
pretéritas.
40. En ese contexto, propusieron como excepciones: (i) la inexistencia de
prueba de la calidad de compañera permanente; (ii) la falta de competencia
territorial; y (iii) la excepción innominada.
41. Finalmente, solicitaron que se nieguen las pretensiones de la demanda y,
de manera subsidiaria, que, en el evento de acreditarse una convivencia
simultánea, se disponga la distribución de la mesada pensional en proporción
al tiempo de convivencia con el causante.
3. La sentencia de primera instancia10
42. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia proferida el 24
de julio de 2025, declaró la nulidad de los actos administrativos, expedidos por
la Universidad del Atlántico, que habían dejado en suspenso el reconocimiento
de la sustitución pensional por el fallecimiento del señor William Pedroza, y
ordenó el reconocimiento de la prestación a favor de las beneficiarias en
proporción al tiempo de convivencia, sin condenar en costas11.
10
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 68.
11
«PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No. 001640 de 18 de junio de 2021 y No. 002314 de
08 de octubre de 2021 proferidas por la Universidad del Atlántico, que decidieron dejar en suspenso la sustitución
pensional con ocasión del fallecimiento del señor William Pedroza Varela, conforme a las razones expuestas.
SEGUNDO.- DECLÁRENSE no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa e inexistencia
de prueba de la calidad de compañera permanente propuestas por la demandada en reconvención -sucesores
procesales de la señora Rosario Zúñiga.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNESE a la Universidad del Atlántico a reconocer a favor
de los sucesores procesales de la señora Rosario Zúñiga de Pedroza, en calidad de cónyuge supérstite, y a la señora
Janis Pino Pino, como compañera permanente, la pensión de sobrevivientes desde el día siguiente al del fallecimiento
de William Pedroza Varela (Q.E.P.D.) ocurrido el 30 de enero de 2021, correspondiéndole a los sucesores procesales
de la señora Rosario Zúñiga el 54.51% de la prestación y, a la señora Janis Pino el 45.48% sobre el 100% de la
pensión, cuyo pago se hará en estas proporciones hasta el 04 de diciembre de 2023, fecha en que falleció la señora
Rosario Zúñiga.
A partir del día siguiente a la fecha de fallecimiento de la señora Rosario Zúñiga, es decir, desde el 05 de diciembre
de 2023, la prestación se acrecentará a favor de la señora Janis Pino quien será beneficiaria del 100%.
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
43. Como fundamento de su decisión, el Tribunal señaló que:
i) Del análisis del material probatorio se acreditó que el causante mantuvo
una convivencia con su cónyuge, la señora Rosario Zúñiga, desde el 5
de diciembre de 1954 hasta su fallecimiento el 30 de enero de 2021,
caracterizada por una relación estable, continua y con vocación de
permanencia, en la que se consolidó un núcleo familiar, con
dependencia económica y comunidad de vida ininterrumpida, sin que
se evidenciara disolución de la sociedad conyugal ni separación de
hecho.
ii) Igualmente, se encontró demostrado que el señor William Pedroza
Varela sostuvo una unión marital de hecho con la señora Janis Pino
desde el 16 de noviembre de 1965 hasta la fecha de su fallecimiento,
relación en la que se acreditó la existencia de una comunidad de vida
permanente, con apoyo mutuo, hijos en común y estabilidad, pese a
coexistir con el vínculo matrimonial.
iii) Con base en las pruebas recaudadas, el Tribunal concluyó que el
causante mantuvo una convivencia simultánea con ambas, alternando
su presencia entre los dos hogares y asumiendo responsabilidades
frente a cada uno de ellos, circunstancia que permitió tener por
acreditada la coexistencia de ambas relaciones con vocación de
permanencia.
iv) En aplicación de los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional, el Tribunal precisó que, en casos de
convivencia simultánea entre cónyuge y compañera/o permanente,
procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en
proporción al tiempo de convivencia, previa acreditación de dicha
La entidad a cargo de la prestación deberá realizar los descuentos o cotizaciones en virtud de lo previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.
CUARTO.- NIÉGUENSE las demás pretensiones.
QUINTO.- La demandada hasta la actualización sobre las sumas adeudadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE, y mediante la fórmula
dispuesta en la parte motiva de este proveído.
SEXTO.- DÉSELE cumplimiento a la presente providencia conforme a lo dispuesto en los arti2culos 192 y 195 del
CPACA.
SÉPTIMO.- Sin condena en costas».
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
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circunstancia mediante un análisis integral del material probatorio, tal
como lo ilustró en la tabla que se muestra a continuación:
v) En consecuencia, determinó que ambas reclamantes tenían derecho a
la prestación, la cual debía distribuirse proporcionalmente,
correspondiéndole a la señora Rosario Zúñiga el 54.51% y a la señora
Janis Pino el 45.48%, desde el día siguiente al fallecimiento del
causante y hasta el deceso de la cónyuge supérstite, momento a partir
del cual la prestación se acrecienta en su totalidad a favor de la señora
Janis Pino como única beneficiaria. Para tal efecto, realizó la siguiente
operación aritmética:
12
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44. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que los actos
administrativos demandados eran nulos por haber suspendido indebidamente
el reconocimiento pensional, ordenó el pago de la prestación en los términos
indicados, dispuso la actualización de las sumas adeudadas conforme a la
normativa aplicable y se abstuvo de imponer condena en costas, al no
evidenciar su causación.
4. El recurso de apelación12
45. La parte demandante principal interpuso recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, en cuanto declaró no probadas las excepciones de
falta de legitimación en la causa por activa y de inexistencia de la calidad de
compañera permanente, así como frente a la decisión que dispuso el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en forma proporcional entre la
cónyuge y la señora Janis Pino. En su lugar, solicita que se revoquen dichas
determinaciones, se declaren probadas las excepciones propuestas y se
reconozca el 100% de la prestación a favor de la cónyuge supérstite.
46. Como fundamento del recurso, alega la configuración de un defecto fáctico
derivado de una indebida valoración del material probatorio, tanto por omisión
12
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 70.
13
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como por apreciación errónea. Sostiene que el Tribunal no otorgó el debido
alcance a diversos elementos que demostrarían que el causante residía de
manera permanente en la ciudad de Barranquilla junto a su cónyuge durante
los últimos años de vida, tales como los registros de atención médica
domiciliaria, documentos contractuales, certificaciones de afiliación al sistema
de salud, suscripciones a prensa y registros fotográficos recientes.
47. De igual forma, cuestiona la idoneidad de las pruebas aportadas para
acreditar la convivencia con la señora Janis Pino, al señalar que las fotografías
allegadas no corresponden al periodo relevante de los últimos cinco años, que
los certificados de votación no son indicativos de una convivencia permanente
y que los testimonios presentan inconsistencias, imprecisiones y se refieren a
hechos lejanos en el tiempo, que no reflejan la situación real en la etapa final
de vida del causante.
48. Asimismo, destaca contradicciones en las declaraciones de los testigos de
la parte demandante en reconvención, particularmente en lo relativo a la
asistencia al sepelio, el lugar de residencia del causante durante el año 2020
y la frecuencia de la relación, lo que, a su juicio, afecta su credibilidad. Añade
que no se probó que la señora Janis Pino hubiera acompañado al causante
durante su enfermedad o en sus últimos días, mientras que sí se encuentra
acreditado que la cónyuge le brindó asistencia permanente, incluida la
atención médica y la gestión de los servicios funerarios.
49. En ese contexto, concluye que no se acreditó la convivencia simultánea
durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante, exigida por la
normativa aplicable, y que, por el contrario, se encuentra demostrado que este
convivió exclusivamente con su cónyuge durante dicho periodo, razón por la
cual solicita que se le reconozca a esta última el 100% de la pensión de
sobrevivientes.
1.5. Trámite de segunda instancia
50. Con auto de 24 de febrero de 202613, este Despacho admitió el recurso de
13
Samai, índice .
14
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Demandado: Universidad del Atlántico
apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA y, al no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, ingresó al Despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
51. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
52. De igual forma, cabe destacar que, de conformidad con el artículo 32814
del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2. Problema jurídico
53. Teniendo en cuenta los argumentos que sustentaron la decisión de
primera instancia, así como los expuestos por la parte demandante principal
en el recurso de apelación, la Sala identifica el siguiente problema jurídico:
54. ¿Se presentó una indebida valoración probatoria por el Tribunal, para
determinar la convivencia entre el señor William Pedroza y la señora Janis
Pino, en su condición de compañera permanente?
3. Caso concreto
3.1. Marco normativo y jurisprudencial
14
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
15
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
55. La muerte constituye una contingencia protegida por el sistema de
seguridad social, pues el fallecimiento del afiliado o pensionado, que atendía
el sostenimiento de un determinado grupo familiar, conlleva a que sus
integrantes queden desamparados e inmersos en un estado de cosas que
comporta serias dificultades para su subsistencia y en peligro para poder
subsistir15.
56. Por ello, se concibió la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes,
con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida
de los beneficiarios de esta prestación; la primera de ellas, concedida con
ocasión del fallecimiento de un pensionado o de una persona que ya había
adquirido legalmente ese estatus, pero que no se le había reconocido
formalmente; y la segunda, otorgada en virtud de la muerte de un afiliado no
pensionado, cuyo deceso se presenta antes de cumplir las condiciones para
acceder a la pensión.
57. La Corte Constitucional16 se ha referido a la pensión de sobrevivientes,
destacando que su creación tiene por objeto principal proteger a la familia y
los derechos fundamentales de quienes compartían de manera cercana su
vida con el causante, y que, ante la muerte de un pensionado, de quien
dependía el sustento, deben soportar esas cargas económicas.
58. Así las cosas, la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad, atender
la contingencia derivada por el deceso del trabajador, con el objetivo de cubrir
no solo la ausencia repentina de la persona, sino el apoyo económico que le
daba al grupo familiar, y con el único fin de evitar un cambio de las condiciones
de subsistencia de los beneficiarios.
59. En cuanto a la ley aplicable para la sustitución pensional, la Sala17 ha
considerado que, las disposiciones aplicables, son aquellas vigentes al
momento de la muerte del causante.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014, rad. 08001-23-31-000-
2001-02315-01 (0964-2012).
16
Corte Constitucional, sentencia T-701: «La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de
sobrevivientes tiene como finalidad evitar «que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de
su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección» y, por tanto,
«busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar
individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento».
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias de 5 de febrero de 2026, rad. 76001-23-33-000-
2020-01387-01 (3077-2024) y de 18 de julio de 2024, rad. 17001-23-33-000-2019-00261-01 (0144-2024).
16
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60. Ahora, el Decreto 3135 de 1968 consagró el derecho a la trasmisión a la
pensión, en los siguientes términos:
«Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes».
61. Por su parte, el Decreto 1848 de 1969, estableció:
«Artículo 92. Trasmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado».
62. Se tiene por tanto que, el derecho a la pensión de jubilación puede
trasmitirse a favor de los beneficiarios cuando (i) fallezca un empleado público
que se encuentre gozando de la pensión; y (ii) el empleado público muere,
teniendo derecho a la pensión, sin que se hubiere efectuado el respectivo
reconocimiento.
63. De otra parte, la Ley 33 de 1973 dispuso que, para acceder a la sustitución
pensional, el causante debía estar pensionado, o, al momento de su muerte,
tener el derecho a la pensión de jubilación.
64. Asimismo, la Ley 12 de 1975 determinó que, una vez el servidor
hubiera completado el tiempo de servicio y, en caso de fallecimiento antes de
cumplir con el requisito de la edad para acceder a la pensión de jubilación, se
generaba el derecho a la sustitución pensional, por parte del cónyuge
17
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supérstite o la compañera permanente y sus hijos menores o inválidos.
65. En materia de la pensión vitalicia de jubilación para los empleados del
sector público, el artículo 1 de la Ley 33 de 198518, establece los requisitos que
se deben cumplir frente al tiempo de servicio y edad.
66. Ahora, el artículo 4619 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 200320, estableció que los beneficiarios del causante tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando el causante hubiere
cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años, inmediatamente anteriores
al fallecimiento.
67. Entonces, con la expedición de la Ley 100 de 199321 se creó la pensión de
sobrevivientes en todos los regímenes diseñados por esta normativa y se
precisó que, es posible el reconocimiento de esta prestación en el caso del
fallecimiento del pensionado, así como también en los casos en los que se
produzca el deceso del causante que hubiere cotizado, por lo menos, 26
semanas al sistema de seguridad social en pensiones, o habiendo cotizado
este número de semanas, en el año inmediatamente anterior a su
fallecimiento, cuando hubiera dejado de cotizar22.
18
Ley 33 de 1985, artículo 1: «El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza
justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones. […]»
19
Ley 100 de 1993, artículo 46: «Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar
del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado
al sistema, que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones […]»
20
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»
21
Sobre este asunto, destaca la Sala que, aun cuando en épocas anteriores, la Sección Segunda reconoció la pensión
de sobrevivientes con aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, dado que en materia laboral, en aplicación del
principio de favorabilidad, se admite la aplicación retrospectiva de la ley, en tanto, la nueva norma, sí puede regular
ciertas situaciones o hechos jurídicos que aunque han acaecido bajo la vigencia de una ley, no tuvieron la virtud de
obtener su consolidación de manera definitiva, lo cierto es que esta posición, fue rectificada en sentencia del 25 de
abril de 2013 [Consejo de Estado, sentencia de 25 de abril de 2013, rad. 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-
2009)]. No obstante, esta última posición ha sido ratificada por la Sala, en providencias en las cuales se ha negado
la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. De
modo que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se debe aplicar la norma vigente para la fecha del
fallecimiento del causante, dado que ese es el momento que causa el derecho a la sustitución pensional [Consejo de
Estado, Sección Segunda, sentencias de 26 de junio de 2024, rad. 50001-23-00-000-2019-00242-01 (6469-2023); 18
de julio de 2024, rad. 17001-23-33-000-2019-00261-01 (0144-2024); 21 de agosto de 2025, rad. 05001-23-33-000-
2020-00169-01 (1274-2025); 5 de marzo de 2026, rad. 19001-23-33-000-2021-00314-01 (2967-2025)].
22 Ley 100 de 1993, artículo 46:
«Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
18
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68. Ahora, en relación con la convivencia efectiva, (criterio material y no
formal), esto es, el apoyo mutuo y la vida en común con el causante, la Sala ha
señalado que «[…] cuando se presenta conflicto entre los posibles titulares del derecho a
la sustitución pensional, factores como: el auxilio o apoyo mutuo, la convivencia efectiva, la
comprensión y la vida en común al momento de la muerte son los que legitiman el derecho
reclamado. Frente al supuesto descrito se ha dicho que, la convivencia efectiva al momento
de la muerte del titular de la pensión, constituye el hecho que legitima la sustitución pensional
y, por lo tanto, es el criterio rector material o real que debe ser satisfecho, tanto por la cónyuge
como por la compañera permanente del titular de la prestación social, ante la entidad de
seguridad social, para lograr que sobrevenida la muerte del pensionado, la sustituta obtenga
la pensión y de esta forma el otro miembro de la pareja cuente con los recursos
económicos básicos e indispensables para subvenir o satisfacer las necesidades básicas»23
69. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-190 de 1993, explicó
que «[e]l vínculo constitutivo de la familia -matrimonio o unión de hecho- es indiferente para
efectos del reconocimiento de este derecho. El factor determinante para establecer qué
persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge
supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de
comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de
sus integrantes».
70. En la sentencia T-247 de 2016, la Corte Constitucional precisó
que «[…] para efectos de demostrar la existencia de la unión marital de hecho, opera un
sistema de libertad probatoria en virtud del cual, dicho vínculo puede acreditarse a través de
cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el CGP. Por consiguiente, al no
existir tarifa legal en esta materia, resultan válidos la declaración extrajuicio, el interrogatorio
de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez».
momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley».
Esta norma fue modificada en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, la cual quedó así:
«Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al
momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente Ley».
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de abril de 2010, rad. 27001-23-31-000-2002-00221-01
(1955-2007).
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71. Y en la sentencia T-290 de 2025, la Corte Constitucional, frente a la prueba
de la convivencia, precisó:
«[...] el cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional, siempre que
se puedan acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo, durante los
cuales permanezca vigente el lazo matrimonial, “aun cuando no hayan habitado
bajo el mismo techo, siempre que haya una causal justificada para ello”. Lo
anterior, condicionado a que se mantenga el proyecto de vida común. En efecto,
la falta de cohabitación no implica, necesariamente, la falta de convivencia. En
este escenario, “el juez debe evaluar las circunstancias de cada caso, a fin de
acreditar la configuración de [la] justa causa”, pues ésta se define por la
existencia de vínculos afectivos, apoyo emocional y mutuo, solidaridad y
acompañamiento espiritual».
72. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia definió el concepto de
convivencia, en los siguientes términos:
«[…] es aquella «comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable,
la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria
y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto
de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva
y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del
pensionado» (CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad.
31605).
Así, la convivencia real y efectiva entraña una comunidad de vida estable,
permanente y firme, de mutua comprensión, soporte en los pesos de la vida,
apoyo espiritual y físico, y camino hacia un destino común. Lo anterior, excluye
los encuentros pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que,
a pesar de ser prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una
comunidad de vida»24.
73. En ese sentido, en caso de convivencia simultánea entre cónyuge y
compañera permanente, la convivencia efectiva al momento de la muerte del
pensionado es el hecho que legitima la sustitución pensional y constituye el
criterio material que deben acreditar tanto la cónyuge como la compañera
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 25 de abril de 2018, rad. SL 1399-2018, exp.
45779.
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permanente, tal como lo explicó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
1035 de 200825.
74. Bajo la anterior óptica, la Sala entrará a resolver el problema jurídico
formulado en líneas precedentes.
3.2. ¿Se presentó una indebida valoración probatoria por el Tribunal,
para concluir la convivencia entre el señor William Pedroza y la señora
Janis Pino, en su condición de compañera permanente?
75. Revisado el material probatorio, la Sala encuentra acreditado que el señor
William Héctor Pedroza Varela nació el 4 de junio de 1934, como se observa
en el registro civil de nacimiento (indicativo serial 593080, registrado el 28 de abril de
2003); y murió el 30 de enero de 2021 en la ciudad de Barranquilla, de
conformidad con el certificado de defunción26, (indicativo serial 10205504),
registrado el 2 de febrero de 2021. Para la fecha de su muerte tenía 87 años.
76. A través de la Resolución 548 del 25 de agosto de 1989 27, la Universidad
del Atlántico reconoció la pensión de jubilación al señor William Héctor
Pedroza Varela, efectiva a partir del 1 de agosto de 1989, en el 100% del último
salario que devengó.
77. Las señoras Rosario Elena Zúñiga de Pedroza y Janis Pino Pino, quienes
adujeron su condición de esposa y compañera permanente del señor William
Héctor Pedroza Varela, respectivamente, solicitaron, de forma independiente
y separada, la sustitución pensional.
25
Corte Constitucional, sentencia C-1035 de 2008: «Teniendo en cuenta que la situación fáctica que describe el
apartado demandado es un fenómeno social, la propia Ley 797 contempló con claridad la posibilidad de que existan
vínculos simultáneos. No obstante, de acuerdo a la previsión legislativa, en este tipo de circunstancias sólo tienen
acceso a la pensión de sobrevivientes quienes tienen un vínculo matrimonial.
10.2.5.5. Frente a esta regulación legislativa, considera la Corte que, de acuerdo al entendimiento de la dimensión
constitucional que irradia la figura de la pensión de sobrevivientes, no existe razón alguna para privilegiar, en casos
de convivencia simultánea, la pareja conformada por medio de un vínculo matrimonial, sobre aquella que se formó
con base en un vínculo natural. Dicho en otras palabras, no se puede argumentar que para proteger la familia como
núcleo esencial de la sociedad, se excluyan del ámbito de protección asistencial modelos que incluso la propia Carta
ha considerado como tales.
10.2.5.6. Al analizar el criterio con base en el cual, en casos de convivencia simultánea, se prefiere al cónyuge a
efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes, la Corte no encuentra que con la norma se busque alcanzar un fin
constitucionalmente imperioso. Es más, la Corte, con base en su propia jurisprudencia, estima que la distinción en
razón a la naturaleza del vínculo familiar no puede constituir un criterio con base en el cual, como lo hace la disposición
bajo examen, se establezcan tratamientos preferenciales que desconozcan la finalidad legal y constitucional de la
pensión de sobrevivientes»
26
Samai, gestion otros despachos, índice 7
27
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2.
21
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78. Por medio de la Resolución 1387 del 23 de abril de 2021, el rector de la
Universidad del Atlántico negó la solicitud de sustitución provisional de la
pensión, elevada por la señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza.
79. Y a través de la Resolución 1614 del 18 de junio de 2021, esa misma
autoridad, suspendió el trámite de reconocimiento de la sustitución pensional,
hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronunciara
sobre el tema y definiera la cuota parte de la mesada pensional que
correspondería a cada una de las solicitantes, toda vez que ambas alegaban
haber convivido con el señor Pedroza de forma ininterrumpida desde
noviembre y diciembre de 1954, hasta la fecha de la muerte de ésta. En
consecuencia, el rector dispuso que en aplicación de lo previsto en la Ley 1204
de 2008, había lugar a suspender el procedimiento administrativo, hasta tanto
la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronunciara y dirimiera el
conflicto.
80. Las señoras Zúñiga (demandante principal) y Pino (demandante en reconvención),
interpusieron, cada una y por separado, recurso de reposición contra la
Resolución 1614 de 2021, pues no llegaron a un acuerdo para la asignación
de la cuota parte de la pensión; ambas reclaman haber vivido de forma
ininterrumpida con el causante desde el año 1954, hasta la fecha de su muerte.
81. En los recursos, la señora Zúñiga afirmó que el señor Pedroza no vivía con
la señora Pino y que, por el contrario, estaban distanciados por el proceso de
alimentos que adelantó esta última, en contra del causante. Indicó que en su
calidad de cónyuge del señor Pedroza, era la beneficiaria afiliada en la Unidad
de Salud de la Universidad del Atlántico; que el domicilio y lugar de
correspondencia de su esposo, era la casa en la que vivían, ubicada en la calle
46 # 52 – 112 y cuestionó que viviera en otro lugar, máxime cuando debía
acudir a revisiones médicas rutinarias y de urgencias.
82. Por su parte, la señora Pino, en el recurso de reposición, solicitó a la
Universidad del Atlántico reconocer una pensión provisional a ambas
reclamantes, mientras se resolvía el asunto en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Frente a la convivencia con el causante, consideró
22
Número Interno: 2429-2025
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suficientemente probado el hecho con las declaraciones extrajuicio de 5
personas.
83. Mediante la Resolución 2314 del 8 de octubre de 2021, el rector de la
Universidad del Atlántico resolvió los recursos de reposición interpuestos por
las señoras Rosario Elena Zúñiga de Pedroza y Janis Pino Pino, quienes
afirmaron tener la condición de esposa y compañera permanente,
respectivamente, del señor William Héctor Pedroza Varela, en el sentido de
confirmar la decisión adoptada en la Resolución 1614 del 18 de junio de 2021.
84. El rector explicó que la administración no puede entrar a interpretar las
normas, en la forma en que lo pide la señora Pino, pues «El problema que se
presenta en estos casos de distribución del monto de la mesada pensional, es que es posible
que el Juez Contencioso Administrativo pueda hacer una interpretación diferente de la que
hizo la administración [...], si esto llegare a ocurrir, la parte victoriosa en el litigio con la decisión
del Juez natural del proceso no solo va a exigir el reconocimiento del cien por ciento (100%)
de la pensión que devengaba el causante, sino el retroactivo que se ha constituido con la cuota
parte que dejaron de pagarle mensualmente y que le fue pagada a su contraparte [...] Esta
secuencia discursiva tiene una arista que no se ha analizado a fondo y es que, los dineros
pagados a la parte que la administración le hubiere reconocido una cuota parte de la pensión,
si esta llega a perder el pleito ante la jurisdicción contenciosa administrativa, estos dineros no
se podrán recobrar, puesto que de acuerdo con la Jurisprudencia ella reclamó de buena fe y
si la administración decidió pagarle no hay forma de rescatar los dineros pagados»
85. Ahora, a efectos de resolver el problema jurídico establecido por la Sala,
hay lugar a analizar el material probatorio recaudado frente a la convivencia
del causante, tanto con la señora Rosario Elena Zúñiga, como con la señora
Janis Pino, en la medida en que la parte demandante alega en el recurso de
apelación que el señor Pedroza convivió exclusivamente, durante los últimos
5 años de su vida, con la señora Zúñiga.
86. Frente a la convivencia con Rosario Elena Zúñiga, se encuentran probados
los siguientes hechos:
87. La señora Rosario Elena Zúñiga nació el 8 de enero de 1934, conforme al
registro civil de nacimiento (indicativo serial 24217480), registrado el 28 de marzo de
1996 y murió el 4 de diciembre de 2023, según el registro civil de defunción
23
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(indicativo serial 10975726), a los 89 años de edad. Para el momento de la muerte
del señor Pedroza, tenía 87 años.
88. El 5 de diciembre de 1954, el señor Pedroza y la señora Rosario Elena
Zúñiga, contrajeron matrimonio, el cual fue inscrito el 6 de agosto de 2021,
como se observa en el registro civil de matrimonio (indicativo serial 7471559)28 y
tuvieron 9 hijos, todos mayores de edad para la fecha de la muerte del señor
Pedroza: Claribeth Pedroza Zúñiga, quien nació el 27 de diciembre de 1955
(registro civil de nacimiento con indicativo serial 24217497, inscrito el 29 de marzo de 1996);
Analida del Rosario Pedroza Zúñiga, quien nació el 15 de enero de 1959
(registro civil de nacimiento con indicativo serial 21406102, inscrito el 21 de febrero de 1994);
Marbel Luz Pedroza Zúñiga, quien nació el 7 de febrero de 1959 (registro civil de
nacimiento con indicativo serial 20169458, inscrito el 7 de abril de 1993); Mónica Patricia
Pedroza Zúñiga, quien nació el 25 de marzo de 1962 (registro civil de nacimiento
con indicativo serial 24217723, inscrito el 25 de abril de 1996); William Pedroza Zúñiga,
quien nació el 23 de agosto de 1963 (registro civil de nacimiento con indicativo serial
21406329, inscrito el 3 de marzo de 1994); Jaqueline Pedroza Zúñiga, quien nació el
17 de diciembre de 1965 (registro civil de nacimiento con indicativo serial 19152240,
inscrito el 11 de febrero de 1993); Olimpia del Carmen Pedroza Zúñiga (registro civil
de nacimiento con indicativo serial 24217464, inscrito el 27 de marzo de 1996); Ronald José
Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento con indicativo serial 20293650, inscrito el 12
de mayo de 1993); Brigitte Encarnación Pedroza Zúñiga (registro civil de nacimiento
con indicativo serial 20293638, inscrito el 12 de mayo de 1993).
89. El 5 de diciembre de 2017, los señores William Héctor Pedroza Varela y
Rosario Elena Zúñiga de Pedroza, celebraron 63 años de matrimonio, según
la certificación suscrita por el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, el
presbítero Enrique Cuervo Rodríguez.
90. El 6 de abril de 2018, el señor William Héctor Pedroza Varela se presentó
ante la Notaría 2 del Círculo de Barranquilla, para declarar, bajo la gravedad
de juramento, que nunca convivió con la señora Shirley Salcedo Pedroza, sino
que, por el contrario, afirmó que «tengo una sociedad conyugal vigente con mi esposa
señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza [...] con quien siempre he convivido compartiendo
techo, lecho y mesa en unión matrimonial desde el día 05 de Diciembre de 1.955 fecha en la
28
Samai, gestión otros despachos, índice 2.
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cual contrajimos nupcias hasta la presente fecha». En esa misma diligencia, los
señores MIGUEL SALINAS CASTILLA y MARCOS JOAQUÍN ARRIAGADA
CHARRIS, afirmaron conocer al señor Pedroza y que les constaba los hechos
narrados por él.
91. Aunque las anteriores declaraciones no fueron practicadas con la
comparecencia de la parte contra quien se aducen y tampoco fueron
ratificadas dentro del proceso, las mismas pueden ser valoradas, toda vez que
la contraparte no solicitó su ratificación, en los términos previstos en el artículo
222 del Código General del Proceso. Adicionalmente, tuvo conocimiento de
esas declaraciones y pudo ejercer el derecho de defensa, como se explicará
más adelante.
92. Los días 13 de enero de 2020 y 12 de mayo de 2020, el señor William
Pedroza Varela fue atendido por Asistencia Médica Inmediata - AMI29, en la
Calle 46 # 52 – 112, barrio Abajo, Barranquilla. En el registro de la atención,
figura como acompañante su hija, Analida Pedroza. La titular del contrato de
prestación de servicios de la atención médica prehospitalaria de emergencia y
transporte de pacientes 164393, era la hija del causante, Marbel Luz Pedroza
Zúñiga y, según la certificación expedida por la gerente de Asistencia Médica
Inmediata -AMI, el señor Pedroza fue atendido en varias oportunidades:
29
Atención Médica Prehospitalaria, que presta servicio domiciliario, de mergencias, urgencias y traslados.
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
93. El 18 de enero de 2021, fue hospitalizado en la clínica La Asunción, en
compañía de su hija Analida Pedroza, quien suscribió carta de instrucciones y
autorizaciones para diligenciar pagaré, con espacios en blanco, así como el
respectivo pagaré, en calidad de deudora solidaria, con ocasión de la atención
al paciente Pedroza Varela.
94. Se aportaron registros bancarios de Scotiabank Colpatria, de la señora
Analida Pedroza, pero en estos no aparece constancia alguna de pagos
realizados con ocasión de la enfermedad o muerte del señor Pedroza.
95. La Sala observa que la atención y cuidado que le brindó a su padre la
señora Analida durante su enfermedad, no tienen relación alguna con el hecho
de la convivencia entre su madre, la señora Rosario Elena, y el señor Pedroza
y, por tanto, no tienen la virtualidad de demostrarla, como lo consideró el
Tribunal.
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
96. Asimismo, se aportó correspondencia dirigida al señor William Pedroza,
con dirección de destino la Calle 46 # 52 – 112, de Barranquilla, a efectos de
probar que su domicilio era el lugar donde vivía con su esposa, Rosario Elena.
No obstante lo anterior, para la Sala, la prueba del domicilio, resulta
insuficiente, por sí misma, para comprobar la convivencia afectiva y bajo un
mismo techo de dos personas, para lo cual, se traen apartes de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se explicó la
definición y alcance del domicilio y lo diferenció con la vecindad:
«El domicilio es un atributo de la personalidad que tiene por objeto vincular a una
persona con el lugar donde habitualmente tiene sus principales intereses
familiares y económicos, es decir, lo que la doctrina ha denominado como el
“asiento jurídico de una persona”, sin que sea dable confundirlo con la residencia
o habitación, aunque en ciertos casos se use como sinónimo de ésta, tal cual lo
entendían primigeniamente los juristas romanos o desprevenidamente se utiliza
actualmente en los artículos 28 y 32 de la Constitución Nacional.
El Código Civil Colombiano, en su artículo 76, lo define como la residencia
acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella,
concepto que, como se sabe, comporta dos elementos fundamentales, por un
lado, la residencia o el hecho de vivir en un lugar determinado, cuya materialidad
es perceptible por los sentidos y demostrable por los medios ordinarios de
prueba y; por otro, el ánimo de permanecer en el lugar de la residencia, que por
su naturaleza inmaterial y pertenecer al fuero interno de la persona, se acredita
a través de las presunciones previstas por el legislador.
Esta definición, complementada con lo prescrito en los artículos 77 y 78 ibídem,
comporta una relación jurídica entre una persona y determinada circunscripción
territorial municipal o distrital, de manera que, desde esta perspectiva, los
términos vecindad y domicilio civil son sinónimos.
[...]
De otra parte, esta misma Corporación precisó el concepto de domicilio civil, al
definirlo como “una institución jurídica en virtud de la cual un sujeto de derecho
se considera residenciado, aunque de hecho no lo esté, en uno o varios
municipios, para ciertos efectos legales, a saber: a) Determinar el fuero general
de las personas, y b) Establecer el lugar en que a falta de convención deberá
hacerse el pago de cosa genérica”. (Sentencia de 26 de julio de 1982, Gaceta
Judicial No. 2406, pág. 131).
La misma codificación consagra, como quedó plasmado, presunciones negativas
de domicilio civil, al prescribir, de una parte, que no se presume el ánimo de
27
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el
solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si
tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que
la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión
temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante y; de otra, que el
domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra
parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de
sus negocios en el domicilio anterior (arts. 79 y 81 C. C.).
Por el contrario, se presume el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar,
por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro
establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar
en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confiere por largo
tiempo; por la manifestación que se haga ante el respectivo prefecto o corregidor,
del ánimo de avecindarse en un determinado distrito; o por otras circunstancias
análogas (arts. 80 y 82 C. C.).
[...]
Como quiera que el domicilio civil no se equipara a la residencia o casa de
habitación, cuestión distinta a lo que sucede con la vecindad, cuya connotación
jurídica, como quedó registrado, es idéntica a la de aquél, y que éste no varía
por el hecho de que la persona habite en otro lugar por largo tiempo, siempre
que conserve el asiento principal de sus negocios en el anterior, a estas reglas
debe atenerse la Sala para definir la competencia del juez que por el factor
territorial asumirá el conocimiento de la solicitud de celebración de matrimonio
civil en cuestión y, de contera, dirimir el conflicto negativo suscitado»30.
.
97. Como se observa, el domicilio civil de una persona, no implica que no
pueda vivir en otro lugar diferente, pues es el concepto de vecindad lo que
permite presumir el ánimo de establecerse un lugar, ya sea porque tiene su
negocio, o su trabajo, entre otras circunstancias. En todo caso, tal como se
expuso en la cita transcrita, el domicilio civil constituye un indicio para
establecer si una persona tiene intereses familiares en ese lugar.
98. En consideración a lo anterior, la Sala debe valorar la prueba del domicilio,
en conjunto, con los otros medios de convicción, como bien lo hizo el Tribunal,
a efectos de establecer la convivencia del causante exclusivamente con su
esposa.
30
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 8 de junio de 2010, rad. 11001-02-03-000-2010-
00298-00
28
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
99. Ahora, por los servicios funerarios del señor Pedroza, la Funeraria
Universal certificó la prestación de servicios, para efectos del pago del auxilio
funerario previsto en el artículo 86 de la Ley 100 de 1993, por $6.078.000,
dentro del Plan Diamante Empresarial, en el cual figura como afiliada la señora
Rosario Elena Zúñiga de Pedraza, calidad que adquirió por la muerte de su
esposo. En ese plan, además de los señores William Pedroza y Rosario Zúñiga
de Pedroza, figuran 4 de sus hijos:
100. Para la Sala, el anterior certificado demuestra que fue prestado un
servicio, y que el valor del mismo se estableció en $6.078.000, pero no
demuestra que la señora Rosario Elena, hubiere realizado erogación alguna
por concepto de tales servicios. No obstante, el hecho de gestionar los
servicios fúnebres, muestra una relación de apego, de la existencia de lazos
afectivos y solidaridad entre la señora Zúñiga y su esposo.
101. Obra igualmente certificación expedida por la Unidad de Salud de la
Universidad del Atlántico, según la cual el señor Pedroza estuvo afiliado como
cotizante, desde el 22 de julio de 1999 hasta el 31 de enero de 2021, siendo
su única beneficiaria la señora Rosario Elena Zúñiga de Pedroza.
29
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
102. Los anteriores documentos demuestran que existía una relación de
soporte y cuidado entre los señores Rosario Elena y William, quienes, por el
lazo matrimonial y parental, es lógico que se mantengan como beneficiarios
en ese tipo de contratos.
103. También obran las siguientes declaraciones:
104. Declaración extrajuicio31 rendida el 1 de febrero de 2021, ante Notaría 9
del Círculo de Barranquilla, por parte de la señora ROSARIO ELENA ZÚÑIGA
DE PEDROZA, demandante principal en este proceso. Afirmó que convivió
con el señor William Héctor Pedroza Varela, de forma permanente e
ininterrumpida desde el 5 de diciembre de 1954, hasta el 30 de enero de 2021,
día en que murió. Señaló que dependía económicamente del señor Pedroza,
quien sufragaba todos sus gastos de alimentación, salud, vestuario y
subsistencia, sin que se hubieren separado en momento alguno o éste.
Finalmente señaló que vivían en la Calle 46 # 52 – 112 de Barranquilla.
105. Declaraciones extrajuicio32 rendidas los días 1 de marzo de 2021, 22 de
junio de 2021 y 24 de agosto de 2022, ante Notaría 9 del Círculo de
Barranquilla, por parte de los señores NORYS ESTHER REALES DE JIMENO
y MAGALIS ESTHER RÍOS VERA; JULIO ALBERTO HOYOS PEDROZA y
31
Samai, gestion otros despachos, índice 2
32
Samai, gestion otros despachos, índice 2
30
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
JULIA EDITH ORTEGA NAVARRO; y ÁLVARO ENRIQUE MARTES
MARTES, quienes afirmaron conocer desde hace más de 60 años a la señora
Zúñiga, rindieron, literalmente, la misma declaración, que la señora Rosario
Elena Zúñiga.
106. Las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras MAGALIS
ESTHER RÍOS VERA y JULIA EDITH ORTEGA NAVARRO, fueron
ratificadas en la audiencia de pruebas33 que se realizó dentro del proceso, el
12 de marzo de 2025.
107. La señora MAGALIS ESTHER RÍOS VERA, dijo que conoció al señor
William Héctor desde que tenía 13 años, pues eran vecinos y vivían a dos
calles de distancia; que William Héctor era profesor de la Universidad del
Atlántico y también odontólogo, como el papá de la testigo, por lo que la
relación se volvió más cercana, ya que también eran amigos. Señaló que
William conoció a Rosario Elena, quien era partera, se casaron y tuvieron 9
hijos a quienes relacionó y convivieron siempre juntos. Expuso que todas las
mañanas, de lunes a sábado, cuando salía para su trabajo, al cual renunció
en el año 2022, pasaba por la casa donde vivían William y Rosario Elena y los
veía siempre juntos, leyendo el periódico y tomando café; que no vio que
William se ausentara del hogar, pues siempre estaba en casa con su esposa.
También expresó que conoció a los hijos que tuvo el señor Pedroza con otra
señora, a quienes relacionó con sus nombres y que los conoció porque iban a
la casa ocasionalmente.
108. Por su parte, la señora JULIA EDITH ORTEGA NAVARRO, indicó cuando
llegó a vivir a Barranquilla, en el año 1984, conoció a la pareja de esposos,
William Héctor y Rosario Elena. Dijo que William y Rosario siempre vivieron
juntos y que tuvieron 9 hijos, pero que no se enteró si el señor Pedroza tuvo
más hijos por fuera del matrimonio. Afirmó que William tenía su consultorio de
odontología en la casa donde vivía con Rosario Elena y también un taller y
que, además, era profesor de la Universidad del Atlántico; que Rosario era
partera y que no supo que William tuviera algún otro consultorio en otro lugar
o que alguna vez se hubiere ausentado de la casa. Manifestó que William
33
Samai, gestión otros despachos, índice 61.
31
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
sufría de los pies y era hipertenso, lo que lo obligaba a caminar con bastón
cuando los pies se le inflamaban y que, cuando se enfermaba, iba un médico
a la casa a atenderlo o su hija, Analía, lo llevaba a la clínica, donde murió de
COVID.
109. Y aunque las declaraciones extrajuicio por los señores NORYS ESTHER
REALES DE JIMENO, JULIO ALBERTO HOYOS PEDROZA y ÁLVARO
ENRIQUE MARTES MARTES, no fueron ratificadas en este proceso, las
mismas pueden ser valoradas, comoquiera que la parte contra quien se
aducen, tuvo conocimiento de las mismas y pudo ejercer su derecho de
contradicción y de defensa, sin que los hubiere cuestionado.
110. En efecto, las declaraciones extrajuicio rendidas ante notario34, pueden
ser valoradas en los procesos judiciales, bajo las reglas expuestas en el
Código General del Proceso. Así, el artículo 222 del Código General del
Proceso establece que para «podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de
testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de
la persona contra quien se aduzcan, siempre que ésta lo solicite» [Destacado por fuera del
texto original]. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 188
de esa misma codificación, según el cual «A los testimonios anticipados con o sin
intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra quien se aduzcan en el
proceso, se aplicará el artículo 222 [...]».
111. Ciertamente, si bien en principio la jurisprudencia del Consejo de Estado35
sostuvo que la declaración extrajudicial aportada sin citación y asistencia de
la parte contra la cual se aduce «[…] carece por completo de eficacia probatoria cuando
no ha sido ratificada en el proceso en el cual se pretende hacer valer, por el mismo testigo y
previo juramento de ley, salvo que esté destinada a servir como prueba sumaria en los casos
en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio. Con fundamento en tal
consideración, en numerosas oportunidades, la Sección Tercera de esa corporación ha
desestimado las declaraciones extrajudiciales aportadas al proceso de reparación directa,
ante la ausencia del presupuesto de ratificación», lo cierto es que esa posición ha
variado.
112. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 35, definió algunas
34
Decretos 960 de 1970 y 1557 de 1989
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de septiembre de 2015, exp. 32180.
32
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
excepciones a la regla general del trámite de ratificación. Sin embargo, aunque
no se presenta alguna de las excepciones previstas en la citada sentencia de
unificación, las declaraciones sí pueden ser valoradas como prueba.
113. En efecto, en sentencia del 6 de noviembre de 2025, la Sala, con
fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, explicó que cuando las declaraciones extrajuicio no son
practicadas con la participación de la parte contra la que se pretenden aducir,
ni son ratificadas en el respectivo proceso, lo cierto es que, al haber sido
puestas en conocimiento de la parte contraria, ésta tuvo la posibilidad de
pronunciarse frente a las mismas y ejercer el derecho de defensa y
contradicción, solicitando su respectiva ratificación. En dicha providencia se
indicó:
«En ésta misma línea la Sección Segunda del Consejo de Estado también se
ha pronunciado considerando que hay lugar a otorgar valor probatorio a las
declaraciones extrajuicio sin ratificar, siempre que la contraparte haya tenido
pleno conocimiento de las mismas, bien fuera durante el trámite administrativo
o judicial correspondiente:
“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio
allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de la
parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos en
los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria -como
garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho
de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los
eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada, ya
sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial
mismo”31.
La Jurisprudencia constitucional también se ha orientado a otorgar validez a
las declaraciones extrajuicio que no hayan sido ratificadas en un proceso
judicial, acogiendo por una parte la posición de la Corte Suprema de Justicia
quien, ha considerado tales declaraciones como documentos de contenido
declarativo, cuya contradicción no está sometida a la ratificación:
“En este mismo fallo, la Corte suprema precisó que "(...) si bien, para la
ratificación del testimonio, el artículo 229 del CPC exige que se repita el
interrogatorio inicialmente practicado, ello no implica que se haga en los
mismos términos, sino que basta que verse sobre el mismo asunto (...). En tal
33
Número Interno: 2429-2025
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Demandado: Universidad del Atlántico
medida, el juez (...) cuenta con facultades amplias para hacer las preguntas
pertinentes que sean necesarias para aclarar el tema sobre el que versa la
prueba, sin que por ello pueda aducirse una invalidez."
De manera que la jurisprudencia autorizada en cuanto a la ratificación de
testimonios y su valoración dentro del proceso, determina que frente a la
ausencia de esta el juez bien puede: (i) darles el tratamiento de documentos
declarativos provenientes de terceros -artículo 277 del C.P.C.-; o bien, (ii)
ordenar oficiosamente la ratificación que establece el artículo 229 del C.P.C.
al considerar que resulta necesario el esclarecimiento de elementos de juicio
en el proceso y para garantizar los derechos de defensa y contradicción de la
parte contraria, con lo cual se constituyen en testimonios válidos dentro del
proceso. Ambas medidas se acompasan del respeto de los derechos y
garantías de las partes. Su real distanciamiento surge de las particularidades
de cada caso concreto, en virtud de las cuales el juez deberá determinar cuál
es la medida idónea para valorar la prueba, en el marco de la sana crítica» 32.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que cuando las
declaraciones extraproceso no se someten a ratificación, pero han estado a
disposición de la parte contra las que se aducen, a efectos de que se ejerza
la debida defensa y contradicción, puede concedérseles el valor probatorio
que corresponda»36.
114. Teniendo en cuenta lo anterior, se valoran las declaraciones extrajuicio
que fueron ratificadas en este proceso, así como las que no fueron objeto de
ratificación.
115. Las señoras MAGALIS ESTHER RÍOS VERA y JULIA EDITH ORTEGA
NAVARRO, ratificaron sus declaraciones en este proceso y con fundamento
en sus testimonios, así como de las declaraciones extrajuicio rendidas por
NORYS ESTHER REALES DE JIMENO, JULIO ALBERTO HOYOS
PEDROZA y ÁLVARO ENRIQUE MARTES MARTES, valorados en conjunto
con las demás pruebas referenciadas en líneas precedentes, y bajo las reglas
de la sana crítica, es dable concluir que efectivamente existió una convivencia
entre ellos, por lo que la Sala encuentra demostrado que el señor William
Pedroza sí convivía con la señora Rosario Elena, tenía su consultorio
odontológico en la casa que compartían, en donde atendía a sus pacientes y
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de noviembre de 2025, rad. 76001-23-31-
000-2011-00827-01 (0960-2025)
34
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
tenía relaciones de afecto con su esposa.
116. En consecuencia, no le asiste razón a la parte demandante, por cuanto
el Tribunal sí valoró en debida forma todas las pruebas aportadas, y en ese
sentido concluyó que estaba demostrada la convivencia, tanto con la señora
Zúñiga, como con la señora Pino.
117. En efecto, también está probado que el señor William Pedroza, convivía
con la señora Janis Pino, de forma simultánea, con quien también había
formado un hogar y tenía relaciones de afecto, como pasa a mostrarse y
mantuvieron ese vínculo de afecto en los últimos 5 años, antes de su muerte,
como bien lo concluyó el Tribunal.
118. Frente a la convivencia con la compañera permanente:
119. La señora Janis Pino Pino nació el 17 de noviembre de 1947 y, a la fecha
de la muerte del señor Pedroza, tenía 74 años, como obra en su registro civil
de nacimiento37.
120. Los señores Vladimir Pedroza Pino, nacido el 26 de junio de 1976; Enith
Luz Pedroza Pino, nacida el 28 de marzo de 1971; y Katia Linda Pedroza Pino,
cuya fecha de nacimiento es ilegible, son hijos de los señores Janis Pino Pino
y el señor William Pedroza Varela, como se observa de los registros civiles de
nacimiento38 de cada uno.
121. En este caso también obran declaraciones extrajuicio39 rendidas el 8 de
febrero de 2021, ante Notaría Única del Círculo de Baranoa, por parte de los
señores ROSA ISABEL GONZÁLEZ VILLA y CÉSAR EMILIO GUERRERO
ESCORCIA, quienes afirmaron que el señor William Héctor Pedroza Varela y
la señora Janis Pino Pino, convivieron juntos desde el 16 de noviembre de
1965 y hasta el 30 de enero de 2021, día en que murió el señor Pedroza; que
tuvieron 3 hijos y que vivieron de forma ininterrumpida durante 56 años, «bajo
el mismo lecho y techo», en la calle 6 # 9-36, barrio Centro, en el municipio de
37
Samai, gestion otros despachos, índice 7
38
Samai, gestion otros despachos, índice 7
39
Samai, gestion otros despachos, índice 7
35
Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
Santa Lucía, Atlántico. Los declarantes no expusieron la relación que tenían
con los señores Pedroza y Pino.
122. Las declaraciones extrajuicio rendidas por los señores ROSA ISABEL
GONZÁLEZ VILLA y CÉSAR EMILIO GUERRERO ESCORCIA, fueron
ratificadas en la audiencia de pruebas40 que se realizó dentro del proceso, el
12 de marzo de 2025.
123. La señora ROSA ISABEL GONZÁLEZ VILLA afirmó conocer a Janis y a
William porque vivían en el mismo barrio y eran muy cercanos. Señaló que
William tenía un taller donde un tío de ella, que se llamaba José Jiménez
(Q.E.P.D.) y también su consultorio de odontología. Expuso que Janis sabía
que él tenía esposa e hijos en Barranquilla y que, a veces, los hijos iban a
visitarlo a Santa Lucía. Explicó que William pasaba gran parte de su tiempo en
Santa Lucía y en Barranquilla, pues viajaba de un lugar a otro, pero que
cuando se pensionó, pasaba la mayor parte del tiempo en Santa Lucía,
especialmente en fiestas porque le encantaba la parranda; que en pandemia
estuvo 4 o 5 meses en Santa Lucía, pero que le tocó ir a Barranquilla, donde
se enfermó y murió por COVID. Indicó que cuando empezó la relación con
Janis, al principio, vivían en Santa Lucía donde los suegros, pero que luego
compraron la casa en la que viven; que William era profesor, al igual que la
testigo y que había sido maestra de una de sus hijas en el colegio, en Santa
Lucía. Manifestó que eran tan cercanos, que su hijo William, también hijo de
Rosario Elena, había salido en una de las visitas a Santa Lucía con el hermano
de la testigo y que se habían accidentado. También adujo que William hacía
política en Santa Lucía, que era conservador. Expuso que al igual que ella -la
testigo- William era hipertenso y que él le llevaba polvo de magnesio cuando
llegaba de Barranquilla a Santa Lucía y lo tomaban juntos.
124. Y el señor CÉSAR EMILIO GUERRERO ESCORCIA, dijo que fue muy
amigo de William, desde hace muchos años, porque la esposa de Janis es
prima hermana de su esposa -del testigo-. Señaló que William era dentista y
que tenía varios clientes en el monte, donde el testigo tenía una parcela, y los
antedía allí. Supo que tenía más hijos con una mujer diferente a Janis, porque
40
Samai, gestión otros despachos, índice 61.
36
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los hijos iban desde Barranquilla a Santa Lucía, a visitarlo, pero no los conoció,
y que también sabía que mantenía dos hogares al tiempo, que viajaba de
Barranquilla a Santa Lucía y viceversa; que a William le gustaban los
carnavales y las fiestas patronales de Santa Lucía y que en ese mismo
municipio ejercía su derecho al sufragio y hacía política. Manifestó que al
principio de la relación, Janis y William vivían con los suegros, pero que luego
construyeron su propia casa en la orilla del dique.
125. A diferencia de lo expuesto por la parte demandante en el recurso de
apelación, las anteriores declaraciones coinciden en la relación afectiva y de
convivencia que existía entre los señores William y Janis, como bien lo
consideró el Tribunal, así como la frecuencia con la cual William vivía en el
municipio de Santa Lucía con Janis, y la vocación de permanencia que también
tenía en ese lugar, además de su hogar en Barranquilla. De dichos testimonios
se desprende que el señor Pedroza también ejercía su profesión de
odontólogo en Santa Lucía, en donde atendía pacientes y que al menos uno
de los hijos que tuvo con la señora Rosario Elena, William Pedroza Zúñiga, lo
visitaba en Santa Lucía, en donde había estrechado vínculos con la comunidad
del barrio, tal como lo hacía en Barranquilla con sus vecinos.
126. Cabe destacar que la Sala otorga credibilidad a las declaraciones de los
señores Rosa González y César Guerrero, por cuanto de las mismas se
desprende la relación de amistad que tenían con el causante, la cercanía con
éste y la señora Janis, así como el conocimiento que tenían de sus relaciones,
tanto con la esposa, como con la compañera permanente y de su convivencia
simultánea con ambas.
127. De los testimonios recaudados y de los registros civiles de nacimiento de
los hijos que tuvieron William y Janis, es posible inferir que la relación que
sostenían, desde hace varios años, era sólida y afectiva, al igual que la que
tenía con su esposa en Barranquilla. Lo anterior cobra mayor sustento si se
tiene en cuenta que los señores Rosa Guerrero y César González, fueron
enfáticos al afirmar que sabían que el William Pedroza tenía una familia en
Barranquilla.
37
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128. Obran las declaraciones extrajuicio rendidas los días 15 y 17 de febrero
de 2021, ante Notaría Única del Círculo de Campo de la Cruz, por parte de los
señores JANIS PINO PINO41 y GERMÁN ANTONIO PEDROZA DE LA HOZ y
FLOR JESÚS DEL TORO POLO42, -estos últimos afirmaron que eran hermano
y cuñada del señor William Héctor Pedroza Varela-, respectivamente, quienes
coincidieron en afirmar que el señor Pedroza convivía con la señora Pino, las
cuales tienen especial relevancia, dada la cercanía familiar con el causante.
129. En la audiencia de pruebas43 que se realizó dentro del proceso, el 12 de
marzo de 2025, se practicó el interrogatorio de parte a la señora Janis Pino
Pino, quien dijo que nunca se separó de William, y que sabía que estaba
casado con Rosario Elena, con quien tenía 9 hijos, que una de sus hijas
falleció. También señaló que Rosario Elena debía conocer que William tenía
un hogar con ella en Santa Lucía y que tenían 3 hijos, de los cuales uno
también murió y recabó en que «sí tenía que saberlo, porque yo todo lo sabía»; que el
31 de diciembre de 2020 lo pasó en Barranquilla con su familia, pero a las 2
de la mañana del 1 de enero de 2021, llegó a Santa Lucía a celebrar con ella,
sus hijos y los vecinos y estuvo allí hasta el 7 de enero, cuando regresó a
Barranquilla para celebrar el cumpleaños de Rosario Elena y allí enfermó por
COVID y murió, pero que en la casa que compartía con ella, quedaron muchas
de sus cosas personales. Aceptó que otorgó poder a una abogada, -que
también obra en el expediente44-, para demandar por alimentos al señor
Pedroza, pero que dicho trámite no se llevó a cabo, porque solucionaron la
situación. Finalmente, adujo que estuvo en el sepelio con sus hijas.
130. Asimismo se aportaron los siguientes documentos: (i) certificados
electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los que aparece
que el señor William Pedroza ejerció su derecho de sufragio en el puesto de
votación del municipio de Santa Lucía, Atlántico, los días 30 de octubre de
2011, 27 de mayo de 2018, 17 de junio de 2018 y 27 de octubre de 2019; y (ii)
certificado del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,
41
Samai, gestion otros despachos, índice 7
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Samai, gestion otros despachos, índice 7
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Samai, gestión otros despachos, índice 61.
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Obra igualmente poder conferido el 5 de noviembre de 1997, por la señora Janis Pino Pino a quien se afirma es
abogada, María Fernanda Alemán Romero, para que representara a su hija menor de edad, para ese momento,
dentro del proceso de alimentos que dirigió contra el señor William Pedroza.
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Demandante: Rosario Elena Zúñiga
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en el que aparece que el hogar de William Pedroza fue censado y se encuentra
ubicado en el municipio de Santa Lucía, Atlántico.
131. Frente a estos documentos, la Sala encuentra que si bien por sí solos no
demuestran la convivencia entre el señor Pedroza y la señora Pino, pero lo
cierto es que, valorados en conjunto con las demás pruebas, y bajo las reglas
de la sana crítica, muestran que el señor Pedroza se encontraba
frecuentemente en el municipio de Santa Lucía, lo que permite inferir que
efectivamente existió una convivencia entre ellos, por mucho más de 5 años y
que se mantuvo, por lo menos, hasta el 7 de enero de 2021, que fue el último
día en que estuvo en Santa Lucía con la señora Pino, antes de su muerte.
132. De la valoración probatoria, realizada en el sub examine, la Sala no
encuentra acreditada la afirmación de la parte demandante en el recurso de
apelación, relacionada con que no se demostró la convivencia con la
compañera permanente, pues, los certificados de votación no son indicativos
de una convivencia permanente y que los testimonios presentan
inconsistencias, imprecisiones y se refieren a hechos lejanos en el tiempo, que
no reflejan la situación real en la etapa final de vida del causante.
133. Como se ha explicado, las pruebas deben ser valoradas en conjunto,
comoquiera que, examinadas por sí solas, no resultan suficientes para
acreditar la convivencia del señor Pedroza durante los últimos cinco años
antes de su muerte, ni con su esposa, ni con su compañera permanente. No
obstante, la comunidad probatoria, analizada en conjunto, sí refleja la
existencia de esas relaciones afectivas, la frecuencia con que el causante
estaba tanto en Barranquilla como en Santa Lucía y la convivencia simultánea
del causante con ambas, sin que la parte demandante hubiere demostrado
una convivencia exclusiva.
134. El hecho consistente en que el causante murió en Barranquilla, bajo el
cuidado de su familia, sin la presencia de la señora Janis, no prueba que la
convivencia con su esposa hubiere sido exclusiva, toda vez que, los testigos
coincidieron al afirmar que el señor Pedroza vivía tanto en Barranquilla, como
en Santa Lucía, siendo lógico que su familia de Barranquilla hubiere estado
pendiente de su estado de salud, especialmente sus hijos, sin que esa
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
situación desvirtúe en modo alguno, la convivencia simultánea que también
tenía con su compañera permanente.
135. Finalmente, obran fotografías aportadas tanto por la demandante
principal, como por la demandante en reconvención, en las cuales se ve,
aparentemente al señor Pedroza, con varias personas que no se identifican,
sin constancia de la fecha en que fueron tomadas, ni por quién. Esos
documentos, sólo prueban que se registró una imagen, pero no es posible
determinar su origen, ni el lugar y la época en que fueron tomadas, dado que
no fueron reconocidas por testigos45.
136. Con fundamento en todo lo anterior, la Sala encuentra acreditada la
convivencia simultánea que existía entre el señor William Pedroza y las
señoras Rosario Elena Zúñiga, en su calidad de esposa, y Janis Pino, en su
condición de compañera permanente, con quienes no solo tuvo hijos, sino que
también compartió relaciones de afecto y cuidado, que se probó que
estuvieron presentes en los últimos 5 años antes de su muerte, como bien lo
estableció el Tribunal al valorar las pruebas recaudadas en el proceso.
137. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada.
4. Condena en costas
138. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
45
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de junio de 2009. Exp: 18.108, sentencias de 3 de febrero
de 2002, exp: 12.497; 25 de julio de 2002, exp: 13.811; 1 de noviembre de 2001, exp: AP-263 y 21 de agosto de 2003,
exp: AP-01289.
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Número Interno: 2429-2025
Demandante: Rosario Elena Zúñiga
Demandado: Universidad del Atlántico
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico el Veinticuatro (24) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025), por
medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda de reconvención y
parcialmente a las de la demanda principal, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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