Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2021-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00314-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2021-00314-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (05) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 19001-23-33-000-2021-00314-01 (2967-20251)
Demandante : Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión sobrevivientes
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Diez (10) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca2, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
La demanda3.
Pretensiones.
1. La señora Marta Lucía Noguera Burbano, por intermedio de apoderado judicial, acudió
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con el propósito de controvertir la
Resolución No. 00294 del Siete (7) de marzo de Dos Mil Siete (2007) y la Resolución No.
00609 del Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez (2010), expedidas por la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante las cuales, se dejó en suspenso, y
posteriormente, se negó el reconocimiento y pago de la cuota parte, de la pensión de
sobrevivientes, que reclama en calidad de compañera permanente del señor Arlez Darío
Hernández Gómez, fallecido en servicio activo el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Seis
(2006), con el fin de:
2. A título de restablecimiento del derecho, que se declare su calidad de compañera
1 Expediente digital, disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000202100314011100103
2 Sala compuesta por los Magistrados: David Fernando Ramírez Fajardo, Jairo Restrepo Cáceres y Zuldery Rivera Angulo.
3 Expediente digital – Samai disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=190012333004202100314001900123 _ expediente
digital primera instancia
Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
permanente del causante y, en consecuencia, su derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del
sueldo básico correspondiente al grado de Subintendente, con inclusión de las partidas
legalmente reconocidas —prima de servicios, prima de vacaciones, subsidio de
alimentación y prima de navidad— conforme a lo previsto en el Decreto 1091 de 1995.
3. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago del retroactivo pensional,
correspondiente a los cuatro (4) años anteriores, a la presentación de la demanda y hacia
el futuro, junto con las sumas que se sigan causando hasta el cumplimiento total de la
obligación, y se adopten las demás medidas necesarias para el restablecimiento integral
del derecho vulnerado.
Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. Expuso que, en el mes de noviembre del Dos Mil (2000), en la ciudad de Popayán, la
señora Marta Lucía Noguera Burbano, inició convivencia permanente con el señor Arlez
Darío Hernández Gómez, caracterizada por comunidad de vida y dependencia
económica, relación de la cual, nació Esteban Darío Hernández Noguera, el Siete (7) de
agosto de Dos Mil Uno (2001).
5. Indicó que, en el mes de abril de dos mil dos (2002), el señor Arlez Darío Hernández
Gómez, ingresó a la Policía Nacional en el grado de patrullero y que, posteriormente, el
Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Seis (2006), falleció en servicio activo, siendo ascendido
póstumamente al grado de subintendente.
6. Sostuvo que, convivió en unión marital de hecho con el señor Arlez Darío Hernández
Gómez, desde noviembre del año Dos Mil (2000), hasta el Cuatro (4) de agosto de Dos
Mil Seis (2006), esto es, por un lapso aproximado de 5 años y 9 meses, y manifestó que,
el Trece (13) de octubre de Dos Mil Seis (2006), promovió demanda de declaración de
existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial, ante el Juzgado Tercero de
Familia del Circuito de Popayán.
7. Señaló que, mediante Resolución No. 00294 de Siete (7) de marzo de Dos mil siete
(2007), la Policía Nacional, dispuso el retiro por fallecimiento en servicio activo del señor
Arlez Darío Hernández Gómez, reconoció pensión por muerte al menor Esteban Darío
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Hernández Noguera, equivalente al veinticinco por ciento (25 %), del sueldo básico de un
subintendente; y dejó en suspenso, el setenta y cinco por ciento (75 %) restante, respecto
de quienes alegaban calidad de compañeras permanentes, en aplicación del artículo 106
del Decreto 1091 de 1995.
Normas violadas y concepto de violación.
8. La parte actora invocó, como normas violadas los artículos 29 y 84 de la Constitución
Política; 34 y 57 del Código Contencioso Administrativo; y 70, 76 literal a) y 106 del
Decreto 1091 de 1995. Igualmente, citó como sustento jurisprudencial, decisiones del
Consejo de Estado, en las que se ha señalado que, en materia de pensión de
sobrevivientes, no es exigible sentencia judicial, como único medio para acreditar la
calidad de compañero permanente en sede administrativa.
9. Sostuvo que, las Resoluciones No. 00294 de Siete (7) de marzo de Dos Mil Siete
(2007) y No. 00609 de Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez (2010), vulneraron el debido
proceso, al condicionar el reconocimiento de la cuota parte pensional, a la presentación
de una sentencia judicial de declaratoria de unión marital de hecho, pese a que había
aportado declaraciones extrajuicio y otros elementos de convicción, que daban cuenta de
la convivencia con el causante.
10. Indicó que, la entidad demandada, aplicó de manera indebida el artículo 106 del
Decreto 1091 de 1995, pues la sentencia proferida el Veinte (20) de noviembre de Dos
Mil Siete (2007), por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Popayán, no resolvió
controversia alguna entre reclamantes acerca de la titularidad de la prestación, sino que,
decidió exclusivamente sobre la existencia de unión marital de hecho con efectos
patrimoniales; añadió que, al desistir la otra reclamante, desapareció cualquier
controversia administrativa que justificara la suspensión del pago.
11. Finalmente, afirmó que, la administración confundió el ámbito propio del derecho de
familia, con el régimen especial de la seguridad social, al trasladar los efectos de una
decisión judicial de naturaleza patrimonial, al reconocimiento de una prestación
pensional. En su criterio, dicha actuación implicó la imposición de un requisito adicional
no previsto en la ley, contrario al artículo 84 de la Constitución Política, y configuró
desviación de poder, al negar definitivamente la prestación, con fundamento en una
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
decisión judicial que no definía la titularidad del derecho pensional.
Contestación de la demanda4.
12. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se opuso a las pretensiones de
la demanda, al considerar que, las Resoluciones No. 00294 de Siete (7) de marzo de Dos
Mil Siete (2007) y No. 00609 de Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez (2010), fueron
expedidas en estricto cumplimiento del régimen especial aplicable a los miembros de la
institución y con fundamento en la sentencia proferida el Veinte (20) de noviembre de
Dos Mil Siete (2007), por el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Popayán,
confirmada el Treinta (30) de julio de Dos mil ocho (2008), mediante la cual, se negaron
las pretensiones de declaratoria de unión marital de hecho, formuladas por la
demandante.
13. Manifestó que, la señora Marta Lucía Noguera Burbano, no acreditó la calidad de
compañera permanente, conforme a la normativa vigente al momento de los hechos,
razón por la cual, la entidad actuó con apego al Decreto 1091 de 1995 y al régimen
especial de la Fuerza Pública; añadió que, los actos administrativos se encuentran en
firme y amparados por la presunción de legalidad, por lo que no es procedente su
revocatoria, ni el reconocimiento de la prestación solicitada.
14. Propuso como excepción previa la cosa juzgada5, al estimar que, la sentencia
proferida por la jurisdicción de familia, definió la inexistencia de unión marital de hecho,
decisión confirmada en segunda instancia; asimismo, formuló las excepciones de
legalidad de los actos administrativos, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido
y excepción genérica, solicitando que, se nieguen las pretensiones de la demanda y se
absuelva a la entidad de toda condena.
La sentencia de primera instancia6.
15. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del Diez (10) de julio de Dos
Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda y confirmó la legalidad de
4 Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – índice 61
_19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_011ContestacionDemandaPoliciaNacional.pdf
5 Asunto el cual fue resuelto en la sentencia de primera instancia, del Diez (10) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferido por el
Tribunal Administrativo del Cauca; expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_
052FalloPrimeraInstancia.pdf
6 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 052FalloPrimeraInstancia.pdf.
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
las Resoluciones No. 00294 de Siete (7) de marzo de Dos Mil Siete (2007) y No. 00609
de Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez (2010), por medio de las cuales, se dejó en
suspenso y posteriormente se negó, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
la señora Marta Lucía Noguera Burbano, sin condena en costas.
16. El Tribunal consideró que, no se configuraba la excepción de cosa juzgada, dado que,
no existía identidad de partes, ni de objeto entre el proceso de familia y el presente medio
de control; no obstante, precisó que, correspondía a la jurisdicción contencioso
administrativa, verificar de manera autónoma, el cumplimiento del requisito de
convivencia exigido por el Decreto 4433 de 2004, para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes en calidad de compañera permanente.
17. Señaló que, conforme al material probatorio recaudado, no se acreditó una
convivencia permanente, singular y continua, por un término no inferior a cinco (5) años
anteriores al fallecimiento del señor Arlez Darío Hernández Gómez, ocurrido el Cuatro (4)
de agosto de Dos Mil Seis (2006); pues los testimonios presentaron contradicciones
relevantes respecto del lugar, modalidad y duración de la convivencia, y los documentos
institucionales en los que el causante identificó a la demandante como «cónyuge», solo
datan a partir del año Dos Mil Cuatro (2004), lo que en el escenario más favorable, no
permitiría completar el lapso exigido por la norma.
18. En consecuencia, concluyó que, no se desvirtuó la presunción de legalidad que
ampara los actos administrativos demandados, al no acreditarse el requisito temporal de
convivencia, previsto en el régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza
Pública, razón por la cual, no hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
solicitada.
El recurso de apelación7.
19. La señora Marta Lucía Noguera Burbano, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia No. 087 de Diez (10) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual,
el Tribunal Administrativo del Cauca, negó las pretensiones de la demanda dirigidas a
obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera
permanente del señor Arlez Darío Hernández Gómez.
7 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 054ApelacionDemandante.pdf.
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
20. Como fundamento de la alzada, sostuvo que, el A-quo incurrió en indebida
interpretación del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, al exigir a la demandante el
requisito de convivencia mínima de 5 años continuos, anteriores al fallecimiento del
causante, pese a que —en su criterio— dicha exigencia solo está prevista en el parágrafo
segundo para eventos de sustitución de asignación de retiro o pensión de invalidez por
muerte de un pensionado, mas no para el reconocimiento de pensión por muerte en
servicio activo.
21. Afirmó que, el Tribunal realizó una valoración restrictiva del material probatorio, al
restar eficacia a los testimonios que daban cuenta de una relación estable y permanente,
y al limitar el inicio de la convivencia al año 2004, con fundamento exclusivo en
formularios institucionales, sin valorar integralmente los demás medios de prueba.
22. Finalmente, señaló que, aun en el evento de considerarse exigible el requisito
temporal de convivencia, la muerte violenta del uniformado el Cuatro (4) de agosto de
Dos Mil Seis (2006), constituyó una circunstancia extraordinaria que impidió la
prolongación de la convivencia, situación que —a su juicio— debía ser analizada bajo
criterios de razonabilidad y equidad; en consecuencia, solicitó la revocatoria de la
sentencia y el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los términos
pretendidos.
Trámite de segunda instancia
23. Por auto del Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 247 del
CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.
Concepto del Ministerio Público.
24. El Ministerio Público, no presentó concepto dentro del presente asunto.
8 Samai - índice 00004.
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
II. CONSIDERACIONES
Competencia
25. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
26. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General del
Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala establecer, si las Resoluciones No. 00294 de Siete (7) de
marzo de Dos Mil Siete (2007) y No. 00609 de Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez
(2010), por medio de las cuales, se dejó en suspenso y posteriormente se negó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Marta Lucía Noguera
Burbano, en calidad de compañera permanente del señor Arlez Darío Hernández
Gómez, se ajustan o no a derecho, en cuanto: (i) se exigió la acreditación de una
convivencia mínima de Cinco (5) años continuos, anteriores al fallecimiento del
causante, ocurrido el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Seis (2006), conforme al artículo
11 del Decreto 4433 de 2004; (ii) condicionaron el reconocimiento de la prestación a
la existencia de sentencia judicial que declarara la unión marital de hecho y, en ese
contexto, efectuaron una indebida valoración del material probatorio allegado en sede
administrativa para acreditar la convivencia y la condición de compañera permanente;
y (iii) desconocieron que la muerte del causante —ocurrida en servicio activo—
constituye un hecho externo y definitivo que interrumpe la convivencia, sin que ello
pueda desvirtuar el tiempo efectivamente consolidado para efectos del reconocimiento
pensional.
9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
7
Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
28. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Marco normativo y jurisprudencial relevante para el análisis del asunto
particular; (ii) Hechos probados; y (iii) Caso concreto.
Marco normativo y jurisprudencial.
Pensión de sobrevivientes
29. Esta figura jurídica permite que, tras la muerte de un afiliado, sus beneficiarios legales
reciban una pensión que les permita continuar sufragando sus necesidades básicas.
Frente a este tema esta Sala, reiterando jurisprudencia sobre la materia, ha
manifestado10:
«Como bien lo ha dicho esta Subsección7, la muerte constituye una contingencia del sistema de
seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento
del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para
poder subsistir, por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes con el fin de evitar un cambio
sustancial en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación. Asimismo, de
acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público
obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación, supervisión y control del Estado, con
observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En ese contexto, lo primero
que se advierte es que el derecho pensional por muerte se causa a partir de la fecha del fallecimiento,
por tanto, la normativa aplicable a la prestación por el deceso es la que se encontraba en vigor para
la fecha de la muerte del causante (…)»
30. El sistema general de seguridad social en pensión, contenido en la Ley 100 de 1993,
reglamenta la pensión de sobrevivientes, normatividad que en su artículo 46 consagra
los requisitos para obtener el derecho a la citada pensión y, en el artículo 47 11 quienes
son los beneficiarios, así:
ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Expresiones
"compañera o compañero permanente" y "compañero o compañera permanente" en letra itálica
CONDICIONALMENTE exequibles>
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.
10 C.E. Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del 12 de diciembre de 2023, radicación
05001-23-33-000-2017-01892-01 (0566-2023)
11 Modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital
con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su
propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y
b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años
y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente
su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es,
que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de
1993;
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e
hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
forma total y absoluta de este;
e) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> A falta de cónyuge, compañero o
compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del
causante si dependían económicamente de éste.
f) <Literal adicionado por el artículo 13 de la Ley 2388 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Los
hijos de crianza menores de 18 años; los hijos de crianza mayores de 18 años en situación de
discapacidad y los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años que por razón de sus estudios
dependían económicamente del causante al momento de su muerte siempre y cuando acrediten los
siguientes requisitos que la persona fallecida reemplazó de manera completa en términos afectivos
y económicos a la familia de origen del hijo de crianza, que la persona fallecida haya reconocido a
su hijo de crianza como tal dentro de su núcleo familiar y que los lazos de crianza sean de carácter
permanente.
g) <Literal adicionado por el artículo 13 de la Ley 2388 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho de conformidad con las
disposiciones precedentes, serán beneficiarios los padres de crianza del causante si dependían
económicamente de éste al momento de su muerte siempre y cuando la persona fallecida haya
reconocido a su padre de crianza como tal dentro del su núcleo familiar y a través del proceso de
jurisdicción voluntaria correspondiente.
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el
hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Pensión sobreviviente en el caso de los miembros de la Policía Nacional
31. Debe recordar la Sala que, los miembros de la Policía Nacional se encuentran
excluidos del sistema general de seguridad social en pensión, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 27912 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, vía jurisprudencia, esta
normatividad se ha aplicado a los casos de esta clase de servidores con miras a
garantizar el principio de favorabilidad laboral13.
32. En torno a las prestaciones por muerte de los miembros de la fuerza pública, han existido
varios regímenes que las regulan, entre ellos, los Decretos 3071 de 1968, 2337 de 1971,
612 de 1977, 89 de 1984 y 1211, 1212 y 1213 de 1990, estando vigente para el momento
del deceso del causante el Decreto 4433 de 2004, normatividad que en su artículo 11
consagra quienes pueden ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en los
siguientes términos:
Decreto 4433 de 2004. ARTÍCULO 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio
activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán
reconocidas y pagadas en el siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos
menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente
su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá
íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25
años, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos,
si dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que dependían económicamente del
causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se
dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión
le corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los hermanos
menores de dieciocho (18) años o inválidos.
12 Ley 100 de 1993. ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica
a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas
(…).
13 Ver otros, C.E. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2020, radicación número: 76001-23-33-000-
2014-00894-01(0856-19)
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
La porción del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del cónyuge, y la de los
padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no habrá lugar a acrecimiento.
PARÁGRAFO 1°. Para efectos de este artículo el vínculo entre padres, hijos y hermanos será el
establecido en el Código Civil, y la calificación de la invalidez de los beneficiarios, será acreditada
con fundamento en las normas del Sistema de Seguridad Social Integral que regulan lo concerniente
a la determinación de dicho estado.
PARÁGRAFO 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán las siguientes
reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de
que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de treinta (30) años de edad, y
no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de
invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a y b del presente parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar
una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento
del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente.
…
ARTÍCULO 27. Muerte en actos especiales del servicio. A la muerte de un Oficial, Suboficial, o
Agente de la Policía Nacional en servicio activo, o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el
artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el
Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía
Nacional, la cual será liquidada así:
27.1 El cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro, en el
grado conferido póstumamente, cuando el causante tuviere quince (15) años o menos de servicio.
27.2 El cincuenta por ciento (50%) se incrementará en un cuatro por ciento (4%) adicional, por cada
año que exceda los quince (15), sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%) por los primeros
veinticuatro (24) años.
27.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se incrementará
en un dos por ciento (2%) por cada año adicional, sin que en ningún caso el total pueda exceder el
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.
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33. Del contenido normativo transcrito se advierte que, los miembros de la Fuerza Pública
se encuentran cobijados por un régimen prestacional especial, razón por la cual, las
disposiciones que gobiernan sus situaciones prestacionales, no son las previstas en el
régimen general de seguridad social consagrado en la Ley 100 de 1993, excepción que
encuentra sustento en la Constitución Política y en la ley, atendiendo a la naturaleza
particular de los servicios prestados por los integrantes de la Policía Nacional, el Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea.
34. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación, en un primer momento, admitió
de manera excepcional la aplicación del régimen general, cuando este resultaba más
favorable y el régimen especial no garantizaba mínimos prestacionales. Sin embargo,
dicha postura fue rectificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
de unificación proferida el veinticinco (25) de abril de Dos Mil Trece (2013) 14, en la cual
se precisó que, el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa en el momento del
fallecimiento del causante, esto es, cuando surge el derecho en cabeza de los posibles
beneficiarios.
La jurisprudencia de esta Corporación15 ha considerado que en circunstancias especiales,
cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí satisface el
régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su
aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar
es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho. El derecho a la
pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es
decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que
hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que
estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo
el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado. La Ley 100
de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante,
entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto en su artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
35. En esa oportunidad, la Sala sostuvo que, solo pueden aplicarse las normas vigentes
a la fecha en que ocurre el deceso, pues la aplicación de disposiciones expedidas con
posterioridad, vulneraría el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en la Ley
153 de 1887. Al respecto, se razonó que, aun cuando en determinadas circunstancias el
régimen general pudiera resultar más favorable, la ley aplicable debe ser aquella vigente
al momento en que se consolida el derecho prestacional, esto es, la fecha del
fallecimiento del causante.
14 Expediente N° 76001-23-31-000-2007-01611-01 (1605-09); C.P Luis Rafael Vergara Quintero
15 “Ver, entre otras, las sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación No. 76001-23-31-000-
2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-
00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-
01(2300-06)”.
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36. De manera expresa, la Sección Segunda precisó que, no resulta jurídicamente
procedente aplicar la Ley 100 de 1993, a situaciones consolidadas con anterioridad a su
vigencia, dado que, dicha normativa empezó a regir a partir del 1.º de abril de 1994,
conforme a lo dispuesto en su artículo 151, y no consagró disposición alguna, que
autorizara su aplicación retroactiva. En consecuencia, se descartó la posibilidad de
resolver controversias prestacionales con fundamento en normas posteriores a los
hechos generadores del derecho, rectificando así, criterios adoptados en providencias
anteriores.
37. A partir de lo anterior, la Sala concluyó que, la ley que gobierna el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, es la vigente al momento del fallecimiento del causante, y
no una posterior, criterio que se consolidó como precedente jurisprudencial obligatorio.
38. Así las cosas, del análisis sistemático de las disposiciones del Decreto 4433 de 2004,
se concluye que, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor del
cónyuge o de la compañera permanente supérstite, es indispensable acreditar que se
hizo vida marital con el causante, durante los 5 años continuos anteriores a su
fallecimiento, exigencia que se erige como un presupuesto sustancial para acceder a la
prestación.
39. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 del Diecinueve (19) de
noviembre de Dos Mil Tres (2003), analizó la razón jurídica de los requisitos establecidos
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente:
«Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de
índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. Según lo expuesto en la sentencia C-1176 de 200116, es razonable suponer
que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los
intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible
reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla
con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer
económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un
compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio
del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo
persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el
establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que
pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.
16 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución
otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad
social17.»
40. A su vez, advirtió que, para que la compañera permanente supérstite del afiliado tenga
derecho a la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, deberá acreditar la convivencia
con el causante, por lo menos durante cinco años antes de su fallecimiento, pues no
exigir ningún tiempo de convivencia, se constituye como violación directa de la
constitución, el principio de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, el
cual se debe aplicar para cualquier régimen18.
Hechos probados.
41. Con fundamento en el material probatorio, se tiene por acreditado lo siguiente:
42. El señor Arlez Darío Hernández Gómez, ingresó al servicio de la Policía Nacional, en
el Nivel Ejecutivo, el Ocho (8) de abril de Dos Mil Dos (2002)19, y falleció el Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Seis (2006)20, cuando se encontraba en servicio activo, como
consecuencia de un atentado perpetrado frente a la Estación de Policía El Vallado, en el
municipio de Cali; su muerte fue calificada como ocurrida en actos especiales del servicio,
y fue ascendido póstumamente al grado de subintendente21.
43. Durante su permanencia en la institución, el causante diligenció diversos documentos
institucionales, entre ellos: (i) declaración juramentada de bienes y rentas del Veinte (20)
de diciembre de Dos Mil Dos (2002)22, en la cual no registró cónyuge; (ii) afiliación de
auxilio mutuo y seguro de vida obligatorio del Seis (6) de marzo de Dos Mil Tres (2003)23,
en los que señaló como beneficiarios a sus padres y consignó estado civil soltero; (iii)
declaraciones juramentadas de bienes y rentas del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil
Cuatro (2004) y del Veintisiete (27) de abril de Dos Mil Cinco (2005)24, en las que identificó
a la señora Marta Lucía Noguera Burbano como «conyuge»; y (iv) formulario de seguro
de vida del Trece (13) de enero de Dos Mil Seis (2006)25, en el que designó como
17 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-107-02, M.P. Clara Inés Várgas Hernández.
18 SU 149-21
19 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 012HistoriaLaboral.pdf_folio 140.
20 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
40.
21 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
52, 67 a 69.
22 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 012HistoriaLaboral.pdf_folio 125.
23 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 012HistoriaLaboral.pdf_folio 36.
24 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 012HistoriaLaboral.pdf_folio 40 y 41.
25 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 012HistoriaLaboral.pdf_folio 37.
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beneficiarias a su madre y a la demandante, registrando respecto de esta, el parentesco
como «particular».
44. Con ocasión del fallecimiento del uniformado, comparecieron al trámite administrativo
la señora Marta Lucía Noguera Burbano, en nombre propio y en representación del menor
Esteban Darío Hernández Noguera —nacido el Siete (7) de agosto de Dos Mil Uno
(2001)26—, así como la señora Iliana Vanessa Rojo Zúñiga, quien manifestó encontrarse
en estado de embarazo.
45. Mediante Resolución No. 00294 del Siete (7) de marzo de Dos Mil Siete (2007)27, la
Policía Nacional reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual por muerte,
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico de un subintendente, a favor
del menor Esteban Darío Hernández Noguera; igualmente, dejó en suspenso el
reconocimiento y pago del setenta y cinco por ciento (75%) restante de la prestación,
respecto de las presuntas compañeras permanentes y de otro menor reclamante.
46. Posteriormente, mediante Resolución No. 00609 del Trece (13) de mayo de Dos Mil
Diez (2010)28, la Dirección General de la Policía Nacional, reconoció cuota parte
pensional a favor del menor Alex David Hernández Rojo, acrecentó la participación del
menor Esteban Darío Hernández Noguera, y negó el reconocimiento pensional a la
señora Marta Lucía Noguera Burbano; respecto de la señora Iliana Vanessa Rojo Zúñiga,
se dejó constancia de su desistimiento de la pretensión formulada, como presunta
compañera permanente.
47. Obra igualmente que, la señora Marta Lucía Noguera Burbano, promovió proceso de
declaración de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, ante el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Popayán;
el cual, mediante sentencia del Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Siete (2007)29, negó
la totalidad de las pretensiones, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán, el Treinta (30) de julio de Dos Mil Ocho (2008)30.
26 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
54.
27 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
102 a 106.
28 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
388 a 392.
29 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
311 a 356.
30 Expediente digital – Samai – índice 61 _19001233300420210031400_01PrimeraInstancia_ 030ExpedienteAdministrativo.pdf_folio
266 a 309.
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48. En el presente proceso, se recibieron los testimonios de las señoras Ilia María Hurtado
de Patiño y Carmen Eugenia Gutiérrez Fernández, quienes coincidieron en señalar que,
la señora Marta Lucía Noguera Burbano y el señor Arlez Darío Hernández Gómez,
sostuvieron una relación afectiva y compartían tiempo de manera habitual; no obstante,
mientras la primera manifestó que, cada uno residía con sus respectivos padres y que no
vivían bajo el mismo techo, la segunda afirmó que, convivieron en la casa de los padres
del causante por varios años, aunque sin precisar con exactitud las fechas de inicio y
terminación de dicha convivencia, así:
Carmen Eugenia Gutiérrez Fernández
Audiencia de pruebas – Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).
…«¿Hace cuánto conoce a Marta Lucía Noguera?» — «Hace 35 años.»
…
«¿Qué sabe sobre la situación personal de Marta Lucía? ¿Es casada, soltera, tiene hijos?» — «Es soltera.
Vive con su hijo.»
…
«¿Ella ha sido casada?» — «No, señor.»
«¿Qué sabe del papá del hijo?» — «Cuando ocurrió el caso en 2006, cuando a Arles lo mataron en Cali,
éramos vecinos. Las casas de ellos eran frente a mi casa, eran pegaditas, convivían. Él venía los fines
de semana a ver al niño.»
«¿Qué significa que las casas eran contiguas?» — «Yo vivía enfrente. Ellos eran vecinos, vivían ahí al
lado de la casa cada uno. Se enamoraron y ella se embarazó.»
«¿En algún momento él se desplazó a vivir a la casa de ella o ella a la casa de él?» — «Ellos mantenían
ahí en ambas casas.»
(Interrogatorio de la parte demandante)
«¿Doña Marta y el señor Arles convivieron juntos y por cuánto tiempo?» — «Sí convivieron. Lo que
recuerdo es que el niño tenía cinco años cuando ocurrió el hecho.»
«¿Vivieron bajo un mismo techo?» — «Sí, señor.»
«¿En casa de quién?» — «En la casa del papá de Arles, Don Darío y Doña Nancy.»
«¿Los papás de Arles y los papás de Marta vivían en casas juntas o separadas?» — «Eran limitantes,
pero Marta convivía con Arles donde Don Darío.»
«¿Recuerda por cuánto tiempo convivieron?» — «Yo creo que fueron más de los cinco años, más el
noviazgo de ellos.»
(Interrogatorio de la parte demandada)
«¿La señora Marta siempre vivió en casa de sus padres o en casa del papá de su hijo?» — «En la casa
de Don Darío y Doña Nancy, que eran los padres de Arles.»
«¿Recuerda cuándo fue trasladado Arles a Cali?» — «No recuerdo fechas exactas, pero él trabajó en Cali
desde que salió de su curso de patrullero.»
«¿Conoció usted alguna otra relación sentimental de Arles?» — «Jamás.»
«¿Ha rendido declaración en otro proceso por estos hechos?» — «No.»
(Interrogatorio del Ministerio Público)
«Cuando ocurrió la muerte del señor Arles, ¿qué edad tenía el hijo?» — «Cinco años.»
«Durante esos cinco años hubo convivencia permanente?» — «Sí, señora.»
«¿Cómo era la relación cuando él fue trasladado a Cali?» — «Muy bonita. Cada quince días que tenía fin
de semana llegaba, se le veía por la cuadra jugando con el niño y con ella, salían a divertirse los tres.»
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Ilia María Hurtado de Patiño
Audiencia de pruebas – Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025).
… «¿Conoce a Marta Lucía Noguera?» — «Sí, porque éramos vecinos. Desde el año 82 vivimos de pared
a pared en el barrio Junín.»
«¿En qué año la conoció?» — «En el año 1982.»
«¿Cómo era la relación?» — «Muy amigas, muy vecinas, muy queridas. Somos como familia.»
«¿Cómo se llamaban los papás de Marta?» — «Don Sofonías Noguera y doña Rosita.»
«¿Marta vive actualmente en el Junín?» — «Sí, allá mismo vive con la mamá.»
«¿Tiene hijos?» — «Sí, tiene su hijo.»
«¿Tuvo esposo o compañero?» — «No, ella se dedicó a su hijo.»
«¿Quién es el papá del hijo?» — «Era vecino, era policía. Lo mataron.»
«¿Recuerda el nombre?» — «No me acuerdo.»
«¿Vivieron bajo el mismo techo?» — «Sí, en el mismo techo.»
«¿Dónde vivían?» — «En la casa del papá de él y a veces en la casa de ellos.»
«¿Vivían en la misma casa permanentemente?» — «No, ellos vivían aparte, como vecinos.»
«¿Entonces convivían o no?» — «Sí convivían, compartían como familia.»
«¿Cuánto tiempo convivieron?» — «Como unos 10 años.»
«¿Con quién vivía él?» — «Con el papá y la mamá.»
«¿Con quién vivía Marta?» — «Con los papás.»
(Interrogatorio de la parte demandada)
«¿La señora Marta siempre vivió con sus padres y el papá del niño con los de él?» — «Sí convivían con
este muchacho, como familia.»
«¿Cuánto tiempo?» — «Como unos 10 años.»
«¿En casa de quién?» — «Compartían en la casa de ella y en la casa del papá.»
«¿Conoció otra relación sentimental de él?» — «No.»
Caso concreto
49. En primer lugar, no existe controversia respecto a que, el señor Arlez Darío
Hernández Gómez, falleció en servicio activo y que su situación se rige por el Decreto
4433 de 2004, vigente para la fecha del deceso. Tampoco se discute que, la señora Marta
Lucía Noguera Burbano, compareció al trámite administrativo en calidad de presunta
compañera permanente.
50. La inconformidad central radica en que, a juicio de la apelante, el Tribunal
Administrativo del Cauca, aplicó indebidamente el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004,
al exigir la acreditación de una convivencia mínima de 5 años, anteriores al fallecimiento,
pues —según su tesis— tal requisito, solo opera para la sustitución de asignación de
retiro o pensión de invalidez por muerte de pensionado, prevista en el parágrafo segundo
de la norma referida, y no para la pensión por muerte en servicio activo.
51. Sin embargo, esta Sala ha sostenido que, la interpretación sistemática del Decreto
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4433 de 2004, armonizada con los principios constitucionales que rigen la seguridad
social, conduce a concluir que, la acreditación de convivencia estable y permanente
constituye un presupuesto sustancial para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en favor del cónyuge o compañero permanente, aun tratándose de
muerte en servicio activo31.
52. Vistas así las cosas, la convivencia no se reduce a la mera existencia de un vínculo
afectivo o a una afirmación formal de la relación, sino que supone la demostración de una
verdadera comunidad de vida, con vocación de continuidad, apoyo mutuo, solidaridad y
proyecto común, que legitima la protección estatal.
53. Esta conclusión, fue reiterada recientemente por esta Sala en sentencia de diecinueve
(19) de febrero de dos mil veintiséis (2026), Rad. 76001-23-33-006-2017-01076-01 (5511-
2024), en la cual, se examinó una controversia relativa al reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes por la muerte en servicio activo de un miembro de la Policía Nacional,
frente al argumento según el cual el requisito temporal de convivencia no resultaría
exigible en tales eventos.
54. En dicha providencia, la Sala precisó, que el Decreto 4433 de 2004, constituye el
régimen especial aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y que, conforme al
precedente de unificación, la norma que gobierna el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, es la vigente al momento del fallecimiento del causante. Asimismo,
explicó que, el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 no elimina el
requisito de convivencia para los casos de muerte en servicio activo, sino que, regula
reglas específicas para la sustitución de asignación de retiro o pensión de invalidez, sin
que ello implique la supresión del presupuesto sustancial de convivencia cuando se
reclama la pensión de sobrevivientes.
55. La Sala resalta que, en el sub examine, una interpretación sistemática, finalista y
armónica del artículo 11 el Decreto 4433 de 2004, conduce a concluir que, la convivencia
superior a cinco (5) años continuos anteriores al fallecimiento, es exigible cuando se
invoca la condición de compañera permanente, aun tratándose de muerte en servicio
activo, por cuanto la pensión de sobrevivientes protege al núcleo familiar real del afiliado
no pensionado que fallece en actividad.
31 Sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación número: 680012333000201400420 01 (3345-2016),
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B, C. P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez
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56. En consecuencia, la primera conclusión que se impone para la Sala, es que en el sub
examine, sí resulta exigible el requisito de convivencia estable y permanente respecto de
los miembros de la Fuerza Pública, fallecidos en servicio activo, pues, no se trata de una
condición exclusiva de la sustitución pensional por muerte de pensionado, sino de un
presupuesto sustancial que estructura el derecho del beneficiario y que responde a la
finalidad constitucional de proteger al núcleo familiar real y efectivo del causante.
57. Si bien el parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, regula de
manera expresa la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez por
muerte del pensionado, lo cierto es que la acreditación de una convivencia estable y
permanente constituye un presupuesto sustancial para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes en favor del cónyuge o compañero permanente, incluso en los eventos
de fallecimiento en servicio activo.
58. Para la Sala, esta prestación no ampara cualquier vínculo afectivo, sino la existencia
de una comunidad de vida real al momento del deceso. En esa línea, la Corte
Constitucional ha señalado que, el requisito de convivencia busca evitar «convivencias
de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes»32. Esta finalidad, orientada a proteger al núcleo familiar efectivo, resulta
igualmente aplicable al régimen especial de la Fuerza Pública, por cuanto, responde al
mismo fundamento constitucional de amparo al grupo familiar dependiente.
59. En el sub examine, los documentos oficiales aportados, evidencian que, el causante
registró estado civil soltero en el año 2002 y 2003, designando como beneficiarios a sus
padres. Solo a partir del Veinticinco (25) de febrero de Dos Mil Cuatro (2004), identificó a
la señora Marta Lucía Noguera Burbano, como «cónyuge», lo que, en el escenario más
favorable, permitiría inferir una relación establecida desde esa fecha.
60. Así las cosas, aun si se tomara el año 2004, como punto de partida de una eventual
convivencia acreditada documentalmente, el lapso hasta el fallecimiento —Cuatro (4) de
agosto de Dos Mil Seis (2006)— no alcanza los 5 años exigidos.
61. Ahora bien, la demandante afirma que, la Policía Nacional desestimó
32 Corte Constitucional Sentencias C-1094 de 2003 y SU-149 de 2021.
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injustificadamente las declaraciones extrajuicio aportadas para acreditar la convivencia
con el señor Arlez Darío Hernández Gómez y que, además, el desistimiento expreso de
la señora Iliana Vanessa Rojo Zúñiga eliminó cualquier controversia sobre la calidad de
compañera permanente. No obstante, para la Sala, el desistimiento de un eventual
reclamante no releva a quien invoca tal condición de acreditar el cumplimiento de los
presupuestos sustanciales, exigidos por el Decreto 4433 de 2004.
62. Precisado lo anterior, en cuanto a la prueba testimonial, las declaraciones de las
señoras Ilia María Hurtado de Patiño y Carmen Eugenia Gutiérrez Fernández, no resultan
concordantes en aspectos sustanciales; mientras la primera afirmó que, la pareja no
residía bajo el mismo techo y que, cada uno vivía con sus respectivos padres, la segunda
sostuvo que, convivieron en la casa de los padres del causante, aunque sin precisar
fechas ciertas de inicio y duración; esta contradicción, le impide a la Judicatura, tener por
demostrada con el grado de certeza requerido, así como, una convivencia permanente,
singular y continua, durante el término legal exigido.
63. La Sala recuerda que, conforme al artículo 103 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a la parte interesada,
probar el supuesto de hecho en que funda sus pretensiones, en este caso, la carga
probatoria recaía sobre la señora Marta Lucía Noguera Burbano, quien no allegó prueba
idónea que acreditara de manera clara la convivencia por 5 años anteriores al
fallecimiento del causante.
64. Valoradas en conjunto las pruebas documentales y testimoniales, la Sala concluye
que, ni el material documental, ni el testimonial, apreciados integralmente y bajo los
criterios de la sana critica, no permiten tener como acreditados la existencia de una
comunidad de vida estable, singular y continua durante el término mínimo exigido por el
régimen aplicable; las inconsistencias en los testimonios y la insuficiencia del soporte
documental impiden tener por acreditado el presupuesto sustancial de convivencia.
65. En cuanto al argumento relativo a que, la muerte violenta del uniformado constituyó
una circunstancia extraordinaria, la cual, impidió la prolongación de la convivencia, la Sala
advierte que, el requisito temporal no se flexibiliza por el hecho del fallecimiento
prematuro, pues, la exigencia legal no se refiere a la imposibilidad de continuar la relación,
sino a la acreditación de una convivencia previa y consolidada por el término mínimo
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
previsto.
66. En consecuencia, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las
Resoluciones No. 00294 de Siete (7) de marzo de Dos Mil Siete (2007) y No. 00609 de
Trece (13) de mayo de Dos Mil Diez (2010), en cuanto negaron el reconocimiento
pensional a la señora Marta Lucía Noguera Burbano, por no acreditarse el requisito de
convivencia en los términos exigidos por el Decreto 4433 de 2004.
67. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
proferida el Diez (10) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo
del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
68. Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General
del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación […]».
69. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan
causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en costas a la
parte vencida.
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia de primera instancia proferida el
Diez (10) de julio de Dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Cauca,
que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Una vez en firme esta sentencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Número Interno: 2967-2025
Demandante: Marta Lucía Noguera Burbano
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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