Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2022-00043-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA TUTELA POR CARENCIA DEL REQUISITO DE LA
SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIONANTE NO ACREDITÓ EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS FIJADOS POR LA
JURISPRUDENCIA PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y LA CONDICIÓN DE
PREPENSIONADA ANTE EL NOMINADOR. CAUSAL OBJETIVA DE
DESVINCULACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL,
DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD, SALUD, DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra
la sentencia de 16 de febrero de 2022, mediante la cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 denegó el
amparo de los derechos fundamentales deprecados.
1
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 08001-23-33-000-2022-00043-01
Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS, actuando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO2, LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
BARRANQUILLA – ATLÁNTICO3, el JUZGADO CATORCE DE
PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLE DE
BARRANQUILLA- antes JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE
BARRANQUILLA-4, la UNIDAD DE AMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL5 y la AFP PORVENIR, porque a su juicio,
vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital, a la dignidad humana, a los derechos de las personas
de la tercera edad, a la salud y al debido proceso.
I.2.- Hechos
Manifestó que fue nombrada en provisionalidad en el cargo de
2
En adelante Consejo Seccional
3
En adelante Dirección Seccional.
4
En adelante Juzgado.
5
En adelante Unidad.
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Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS
Citador grado 3 del JUZGADO, a partir del 1o. de abril de 2016.
Indicó que el 12 de enero de 2022, fue remitido al correo institucional
del JUZGADO el Oficio núm. CSJATOP-22-95 por medio del cual el
CONSEJO SECCIONAL remitió el Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de
diciembre de 2021, en el que se formula la lista de elegibles con el
fin de proveer el cargo de Citador de Juzgado Municipal Grado 3.
Afirmó que el día 18 de enero de 2021, solicitó a la AFP PORVENIR
la relación de pagos de seguridad social con el fin de aclarar unas
discrepancias relacionadas con los pagos de algunos períodos de
cotización.
Argumentó que cuenta con 64 años y que en la actualidad está
realizando los trámites para acudir a la jurisdicción ordinaria con el
propósito de reclamar sus derechos ante la AFP PORVENIR y
obtener el traslado a la administradora COLPENSIONES.
Infirió que con la desvinculación no lograría adquirir el derecho a la
pensión y en vista de los errores administrativos, el litigio para el
reconocimiento de su pensión tomaría más tiempo.
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Finalmente, arguyó que es insulinodependiente y padece de una
desmejora en la columna vertebral debido a un accidente laboral por
lo que se moviliza con la ayuda de bastón, además, indicó que
presentó secuelas de insuficiencia renal y ha sido intervenida en dos
oportunidades, razón por la que necesita continuar vinculada para
pagar los aportes de salud y sus medicamentos.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que está próxima para pensionarse, por lo tanto goza de
una expectativa legítima de adquisición del derecho y se sitúa en una
condición especial de protección.
Reiteró que padece una serie de comorbilidades y, además, posee
una serie de obligaciones financieras, por lo que al efectuarse su
desvinculación no tendría los medios económicos para suplir sus
compromisos.
Advirtió que al desvincularse de la Rama Judicial perdería la
posibilidad de pensionarse, pues para lograr el reconocimiento de la
prestación debe continuar laborando y cotizando por muchos años
más.
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Sostuvo que el acto de desvinculación sería legal, peros sus efectos
provocarían la vulneración de sus derechos fundamentales y, por lo
tanto, sugiere que se efectué el nombramiento de los integrantes de
la lista, en los cargos de la planta global que están provistos por
personas que no gozan de protección especial, o en aquellas plazas
que serán creadas con posterioridad para descongestionar los
despachos judiciales.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] Solicito a los Honorables Magistrados el amparo y protección
de mis derechos fundamentales al mínimo vital, condiciones dignas
de vida, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad.
Dejar sin efectos o inaplicado el Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de
diciembre de 2021, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura Atlántico por la cual se da por terminado mi
nombramiento provisional en el cargo de Citador 3° del Juzgado 14
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla.
[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL solicitó su desvinculación de la
acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de
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legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo
pretendido por la tutelante.
Manifestó que las actuaciones efectuadas corresponden a la
expedición de la lista de elegibles en virtud de la Convocatoria No. 4
dentro de los plazos establecidos.
Señaló que es competencia del nominador realizar los
nombramientos y posesiones, por lo que no resulta válida la
afirmación realizada por la accionante, al indicar que dicha
dependencia efectuó el nombramiento.
Finalmente, resaltó que en el ejercicio de sus funciones requiere
mensualmente a los nominadores para que informen sobre las
situaciones administrativas de los empleados de sus despachos para
establecer las vacantes disponibles. No obstante, indicó que no se
reportó la situación administrativa de la accionante.
I.5.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL indicó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante, en tanto no tiene la
facultad de intervenir en las decisiones de los nominadores frente al
manejo de su personal.
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Manifestó que a la actora se le han realizado todos los pagos de
salarios y prestaciones sociales y, además, la inclusión en la nómina
de los empleados se efectúa conforme lo disponen los nominadores
en los actos administrativos.
I.5.3.- El JUZGADO indicó que, en cumplimiento de la ley y dentro
de los términos establecidos, se efectuó el nombramiento de un
integrante de la lista de elegibles y que, para la fecha de contestación
de la presente acción de tutela, estaban corriendo los términos
legales para que el interesado manifestara la aceptación del cargo.
Señaló que la actividad del despacho se circunscribió al cumplimiento
de la ley, en garantía del principio del debido proceso para quien
aspira a un cargo en la Rama Judicial.
I.5.4.-La UNIDAD manifestó que no goza de legitimación en la
causa por pasiva para atender las pretensiones de la accionante, por
lo que solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia.
Señaló que la publicación de las vacantes, la integración de las listas
de elegibles y la decisión de los nombramientos de los empleados de
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los despachos judiciales corresponde exclusivamente al Consejo
Seccional y al juez nominador, por lo que la Unidad no tiene
injerencia alguna en dicho trámite.
Finalmente, arguyó que el hecho de que la accionante ocupara el
cargo en provisionalidad, no le otorga derechos de carrera sobre el
mismo.
I.5.4.- La AFP PORVENIR pese a haber sido notificada en debida
forma, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
Los INTEGRANTES DE LA LISTA DE ELEGIBLES, vinculados en
calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,
pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 16 de febrero de 2022, el TRIBUNAL denegó
el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la
accionante.
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Advirtió que en el presente caso, no se cumplió el principio de
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela, toda vez que la actora no puso en conocimiento de las
accionadas su condición de pre pensionada.
Argumentó que la estabilidad laboral reforzada procede cuando el
trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad en razón
a condiciones específicas.
Agregó que para que proceda el reintegro de los trabajadores por el
deterioro de su salud, deben concurrir los siguientes presupuestos
[…] i) que el peticionario sea una persona con reducciones físicas que
lo sometan a un estado de debilidad manifiesta; ii) que el empleador
tenga conocimiento de la situación; iii) que el despido tenga lugar sin
la autorización de la oficina del trabajo; y, iv) el empleador no logre
desvirtuar la presunción del despido discriminatorio -nexo causal
entre el despido y el estado de salud del trabajador […]
Precisó que para que se configurara la estabilidad laboral reforzada
en el asunto, era indispensable demostrar que la terminación laboral
obedeció a la disminución de su capacidad o por su condición de pre-
pensionable, situación que no se evidenció.
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La autoridad judicial indicó que no encontró probado que la
accionante haya puesto en conocimiento de la entidad que emitió el
acto administrativo su condición de pre – pensionada o la condición
de disminución física, sensorial o psíquica y, por lo tanto, la
desvinculación de la actora obedeció a causas objetivas, por el
nombramiento de la persona de la lista de elegibles.
Consideró que no se encontró probada la vulneración inminente de
los derechos fundamentales de la actora, que ameritara el amparo
como mecanismo transitorio.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora reiteró los argumentos presentados en la demanda frente
a su condición de adulto mayor y sujeto de especial protección
constitucional y resaltó el riesgo inminente de menoscabo de sus
derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a vivir y trabajar
en condiciones dignas.
Sustentó el escrito de impugnación haciendo referencia a los
preceptos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en las
sentencias SU-712 de 2013 y T-1080 de 2001, respecto a la
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procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos,
frente a circunstancias excepcionales y debidamente consideradas
por el juez.
Finalmente, señaló que en otros asuntos estudiados por la
Corporación en los que la Rama Judicial y el Consejo Superior de la
Judicatura han sido accionados, se han amparado los derechos de los
empleados en provisionalidad que se encuentran en condiciones
especiales, como en su caso.
I.V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
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Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD, en los
escritos de contestación solicitaron la desvinculación de la presente
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
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contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela
de la referencia la parte actora pretende, entre otros aspectos, que
se inaplique el nombramiento en propiedad de las personas que
integran la lista de elegibles en el cargo de citador grado 3.
Para la Sala, es claro que al CONSEJO SECCIONAL y a la UNIDAD
les asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso,
pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo
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que era necesario que se les vinculara al proceso como terceros
interesados, independiente de que las pretensiones tuvieran o no
vocación de prosperar.
En ese orden de ideas, se denegarán las solicitudes de desvinculación
del CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD del trámite de la
referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Caso concreto
En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad
social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a los derechos de las
personas de la tercera edad, a la salud, al debido proceso, los cuales,
a su juicio, le fueron vulnerados por las accionadas, al dar
cumplimiento al Acuerdo No. CSJATA21-298 de 23 de diciembre de
2021, por medio del cual formula la lista de elegibles para proveer
en carrera administrativa el cargo de Citador grado 3, vacante que
viene ocupando la actora en provisionalidad desde al año 2016.
La actora pretende que se deje sin efectos el acto administrativo por
el cual se formuló la lista de elegibles y dio por terminado su
nombramiento en provisionalidad, al considerar que se ha
configurado la estabilidad laboral reforzada al tener la condición de
adulto mayor con comorbilidades y pre- pensionada.
En el curso de la primera instancia, el TRIBUNAL denegó el amparo
deprecado por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, en la
medida en que la actora no demostró que la desvinculación del cargo
obedeció, entre otros, a su condición de pre pensionada o a una
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condición especial, pues no encontró probado que se haya puesto en
conocimiento del nominador la condición de especial protección que
refiere la accionante.
La actora impugnó la decisión del a quo, reiterando los argumentos
planteados en la demanda, resaltando su condición de adulto mayor
y aduciendo la vulneración inminente de los derechos fundamentales
deprecados.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en
especial, el requisito de la subsidiariedad, en asuntos donde se
alegue la estabilidad laboral reforzada en cargos de provisionalidad
y, de ser así, determinar si las accionadas incurrieron en vulneración
de las garantías constitucionales al formular la lista de elegibles para
proveer en carrera administrativa el cargo de Citador grado 3,
vacante que viene ocupando la actora en provisionalidad desde el
año 2016.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que
«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y
negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
De la estabilidad laboral reforzada y la provisionalidad
La Corte Constitucional, en reiterados pronunciamientos ha
desarrollado el alcance del derecho a la estabilidad laboral reforzada
y ha establecido los presupuestos para que opere tal garantía, así:
“[…] 18. Según el artículo 53 de la Constitución, todos los
trabajadores son titulares de un derecho general a la estabilidad
en el empleo. Aquella garantía se intensifica en el caso de sujetos
que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a saber: (i) las
mujeres embarazadas; (ii) las personas en situación de
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de
salud; (iii) los aforados sindicales; y (iv) las madres y padres
cabeza de familia. […]
21. A partir de las reglas enunciadas, esta Corporación ha
establecido los presupuestos para que opere la garantía de
estabilidad laboral reforzada. En concreto, el juez constitucional
debe verificar: (i) que la condición de salud del trabajador le impida
7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.
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o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) que
dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad
al despido; y, (iii) que no exista una causal objetiva que
fundamente la desvinculación8. […]”9
En ese sentido, son titulares de la estabilidad laboral reforzada
aquellos trabajadores que se encuentran las condiciones de
vulnerabilidad previstas por la Corte.
De otro lado, para que dicha garantía opere deben cumplirse unos
supuestos a saber: i) la imposibilidad del trabajador de cumplir
cabalmente sus funciones en virtud de su condición de salud, ii) el
conocimiento previo y pleno del empleador o nominador y iii) que no
exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación.
Ahora bien, respecto al desempeño de cargos en provisionalidad, la
Corte también ha considerado que, el criterio de provisionalidad es
relativo, por cuanto, quienes ocupan un cargo en provisionalidad
pueden ser desplazados del cargo cuando la vacante se provea por
concurso de méritos, la Corte reconoció que, las personas que
ganaron el concurso público de méritos cuentan con un derecho
preferente10:
8
Sentencias T-215 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-188 de 2017, M.P. María Victoria Calle
Correa; y T-386 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
9
sentencia T-020 de 2021.
10
SU-446 de 2011.
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Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS
“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha
expuesto esta Corporación11, gozan de una estabilidad relativa,
en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer
el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió
en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación12. En
consecuencia, la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con
una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de
esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad
relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo
esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron un concurso público de méritos”.
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente, comoquiera que la actora no
acreditó el cumplimiento de los supuestos fijados por la
jurisprudencia para que pueda configurarse la estabilidad laboral
reforzada.
De acuerdo con lo relacionado por la actora en los hechos de la
demanda, la Sala observa que la accionante manifiesta que las
funciones a su cargo las ha desarrollado de manera ininterrumpida:
[…] Dentro del tiempo transcurrido hasta la fecha, he venido
11
La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacios Palacios.
12
Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059
de 2005;T-1117 de 2005;T-245 de 2007;T-887 de 2007;T-010 de 2008;T-437 de 2008; T-087 de 2009
y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia sobre
este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos.
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cumpliendo mis funciones de manera recta, íntegra, honesta, con
eficiencia y eficacia, aun ante las contingencias presentadas por la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y sus variantes, los
nuevos cambios en la ejecución de la administración de justicia y las
distintas estrategias que se han implementado para los protocolos de
bioseguridad, siempre de manera atenta y oportuna, para todos los
asuntos puestos en mi conocimiento. […].13. Por lo tanto, no se
encuentra demostrado el primer supuesto, el cual indica que la
condición de salud del trabajador le impida el desempeño de sus
funciones.
Por otra parte, la Sala comparte los argumentos desarrollados por el
a quo, cuando consideró que la situación de debilidad manifiesta que
alega la actora con ocasión a sus circunstancias personales, de salud
y la presunta condición de pre - pensionada, no fueron previamente
informadas al nominador, pues no obra prueba que indique que la
accionante puso en conocimiento del empleador tales circunstancias
para que fueran consideradas o estudiadas.
Asimismo, la Sala encuentra probada la causal objetiva de
desvinculación, pues de acuerdo con lo probado en el expediente, la
13
Escrito de demanda obrante en el índice No. Xx aplicativo SAMAI.
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actora ocupa un cargo en provisionalidad el cual fue ofertado en
concurso público de méritos y, como resultado de lo anterior, deberá
ser provisto por el nominador de conformidad a la lista de elegibles
conformada por el CONSEJO SECCIONAL, de conformidad con el
Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de diciembre de 2021.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia
como mecanismo transitorio, dado que, no es suficiente con que se
alegue un supuesto de hecho del cual se pretenda derivar una
consecuencia jurídica, sino que dicho supuesto debe estar
suficientemente demostrado. En efecto, era necesario evidenciar en
el caso concreto que el vínculo laboral estaba a punto de concluir o
feneció sin justa causa, que puso en riesgo sus derechos
fundamentales, y que desconoció la presunta condición de debilidad
manifiesta y pre- pensión, sin embargo, tales circunstancias no se
encuentran probadas.
Finalmente, es necesario precisar que, debido a que los cargos
provisionales, son de carácter transitorio y excepcional, a los
funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no
les asiste el derecho de estabilidad típico de quien accede a la función
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pública por medio del concurso de méritos, ya que quienes se
encuentran vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos
que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es
decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de
prueba, entre otros.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el
asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito
general de la subsidiariedad, por lo que el fallo proferido en primera
instancia será modificado y, en su lugar, se declarará improcedente
el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO y la UNIDAD
DE AMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones
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expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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