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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO y la UNIDAD DE AMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 08001-23-33-000-2022-00043-01 Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2022-00043-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2022-00043-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA TUTELA POR CARENCIA DEL REQUISITO DE LA
SUBSIDIARIEDAD. LA ACCIONANTE NO ACREDITÓ EL
CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS FIJADOS POR LA
JURISPRUDENCIA PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y LA CONDICIÓN DE
PREPENSIONADA ANTE EL NOMINADOR. CAUSAL OBJETIVA DE
DESVINCULACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL,
DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD, SALUD, DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra

la sentencia de 16 de febrero de 2022, mediante la cual el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO1 denegó el

amparo de los derechos fundamentales deprecados.

1
En adelante Tribunal.

2

Número único de radicación: 08001-23-33-000-2022-00043-01
Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS, actuando en nombre

propio, instauró acción de tutela contra el CONSEJO SECCIONAL

DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO2, LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO3, el JUZGADO CATORCE DE

PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLE DE

BARRANQUILLA- antes JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL DE

BARRANQUILLA-4, la UNIDAD DE AMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL5 y la AFP PORVENIR, porque a su juicio,

vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, al

mínimo vital, a la dignidad humana, a los derechos de las personas

de la tercera edad, a la salud y al debido proceso.

I.2.- Hechos

Manifestó que fue nombrada en provisionalidad en el cargo de

2
En adelante Consejo Seccional
3
En adelante Dirección Seccional.
4
En adelante Juzgado.
5
En adelante Unidad.

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Actora: MÓNICA MARÍA VISBAL CAMPIS

Citador grado 3 del JUZGADO, a partir del 1o. de abril de 2016.

Indicó que el 12 de enero de 2022, fue remitido al correo institucional

del JUZGADO el Oficio núm. CSJATOP-22-95 por medio del cual el

CONSEJO SECCIONAL remitió el Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de

diciembre de 2021, en el que se formula la lista de elegibles con el

fin de proveer el cargo de Citador de Juzgado Municipal Grado 3.

Afirmó que el día 18 de enero de 2021, solicitó a la AFP PORVENIR

la relación de pagos de seguridad social con el fin de aclarar unas

discrepancias relacionadas con los pagos de algunos períodos de

cotización.

Argumentó que cuenta con 64 años y que en la actualidad está

realizando los trámites para acudir a la jurisdicción ordinaria con el

propósito de reclamar sus derechos ante la AFP PORVENIR y

obtener el traslado a la administradora COLPENSIONES.

Infirió que con la desvinculación no lograría adquirir el derecho a la

pensión y en vista de los errores administrativos, el litigio para el

reconocimiento de su pensión tomaría más tiempo.

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Finalmente, arguyó que es insulinodependiente y padece de una

desmejora en la columna vertebral debido a un accidente laboral por

lo que se moviliza con la ayuda de bastón, además, indicó que

presentó secuelas de insuficiencia renal y ha sido intervenida en dos

oportunidades, razón por la que necesita continuar vinculada para

pagar los aportes de salud y sus medicamentos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que está próxima para pensionarse, por lo tanto goza de

una expectativa legítima de adquisición del derecho y se sitúa en una

condición especial de protección.

Reiteró que padece una serie de comorbilidades y, además, posee

una serie de obligaciones financieras, por lo que al efectuarse su

desvinculación no tendría los medios económicos para suplir sus

compromisos.

Advirtió que al desvincularse de la Rama Judicial perdería la

posibilidad de pensionarse, pues para lograr el reconocimiento de la

prestación debe continuar laborando y cotizando por muchos años

más.

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Sostuvo que el acto de desvinculación sería legal, peros sus efectos

provocarían la vulneración de sus derechos fundamentales y, por lo

tanto, sugiere que se efectué el nombramiento de los integrantes de

la lista, en los cargos de la planta global que están provistos por

personas que no gozan de protección especial, o en aquellas plazas

que serán creadas con posterioridad para descongestionar los

despachos judiciales.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] Solicito a los Honorables Magistrados el amparo y protección
de mis derechos fundamentales al mínimo vital, condiciones dignas
de vida, al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la igualdad.

Dejar sin efectos o inaplicado el Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de
diciembre de 2021, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura Atlántico por la cual se da por terminado mi
nombramiento provisional en el cargo de Citador 3° del Juzgado 14
de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Barranquilla.
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL solicitó su desvinculación de la

acción de tutela de la referencia, al considerar que no goza de

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legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse sobre lo

pretendido por la tutelante.

Manifestó que las actuaciones efectuadas corresponden a la

expedición de la lista de elegibles en virtud de la Convocatoria No. 4

dentro de los plazos establecidos.

Señaló que es competencia del nominador realizar los

nombramientos y posesiones, por lo que no resulta válida la

afirmación realizada por la accionante, al indicar que dicha

dependencia efectuó el nombramiento.

Finalmente, resaltó que en el ejercicio de sus funciones requiere

mensualmente a los nominadores para que informen sobre las

situaciones administrativas de los empleados de sus despachos para

establecer las vacantes disponibles. No obstante, indicó que no se

reportó la situación administrativa de la accionante.

I.5.2.- La DIRECCIÓN SECCIONAL indicó que no ha vulnerado los

derechos fundamentales de la accionante, en tanto no tiene la

facultad de intervenir en las decisiones de los nominadores frente al

manejo de su personal.

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Manifestó que a la actora se le han realizado todos los pagos de

salarios y prestaciones sociales y, además, la inclusión en la nómina

de los empleados se efectúa conforme lo disponen los nominadores

en los actos administrativos.

I.5.3.- El JUZGADO indicó que, en cumplimiento de la ley y dentro

de los términos establecidos, se efectuó el nombramiento de un

integrante de la lista de elegibles y que, para la fecha de contestación

de la presente acción de tutela, estaban corriendo los términos

legales para que el interesado manifestara la aceptación del cargo.

Señaló que la actividad del despacho se circunscribió al cumplimiento

de la ley, en garantía del principio del debido proceso para quien

aspira a un cargo en la Rama Judicial.

I.5.4.-La UNIDAD manifestó que no goza de legitimación en la

causa por pasiva para atender las pretensiones de la accionante, por

lo que solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la

referencia.

Señaló que la publicación de las vacantes, la integración de las listas

de elegibles y la decisión de los nombramientos de los empleados de

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los despachos judiciales corresponde exclusivamente al Consejo

Seccional y al juez nominador, por lo que la Unidad no tiene

injerencia alguna en dicho trámite.

Finalmente, arguyó que el hecho de que la accionante ocupara el

cargo en provisionalidad, no le otorga derechos de carrera sobre el

mismo.

I.5.4.- La AFP PORVENIR pese a haber sido notificada en debida

forma, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

Los INTEGRANTES DE LA LISTA DE ELEGIBLES, vinculados en

calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso,

pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 16 de febrero de 2022, el TRIBUNAL denegó

el amparo de los derechos fundamentales deprecados por la

accionante.

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Advirtió que en el presente caso, no se cumplió el principio de

subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de

tutela, toda vez que la actora no puso en conocimiento de las

accionadas su condición de pre pensionada.

Argumentó que la estabilidad laboral reforzada procede cuando el

trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad en razón

a condiciones específicas.

Agregó que para que proceda el reintegro de los trabajadores por el

deterioro de su salud, deben concurrir los siguientes presupuestos

[…] i) que el peticionario sea una persona con reducciones físicas que

lo sometan a un estado de debilidad manifiesta; ii) que el empleador

tenga conocimiento de la situación; iii) que el despido tenga lugar sin

la autorización de la oficina del trabajo; y, iv) el empleador no logre

desvirtuar la presunción del despido discriminatorio -nexo causal

entre el despido y el estado de salud del trabajador […]

Precisó que para que se configurara la estabilidad laboral reforzada

en el asunto, era indispensable demostrar que la terminación laboral

obedeció a la disminución de su capacidad o por su condición de pre-

pensionable, situación que no se evidenció.

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La autoridad judicial indicó que no encontró probado que la

accionante haya puesto en conocimiento de la entidad que emitió el

acto administrativo su condición de pre – pensionada o la condición

de disminución física, sensorial o psíquica y, por lo tanto, la

desvinculación de la actora obedeció a causas objetivas, por el

nombramiento de la persona de la lista de elegibles.

Consideró que no se encontró probada la vulneración inminente de

los derechos fundamentales de la actora, que ameritara el amparo

como mecanismo transitorio.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora reiteró los argumentos presentados en la demanda frente

a su condición de adulto mayor y sujeto de especial protección

constitucional y resaltó el riesgo inminente de menoscabo de sus

derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, a vivir y trabajar

en condiciones dignas.

Sustentó el escrito de impugnación haciendo referencia a los

preceptos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en las

sentencias SU-712 de 2013 y T-1080 de 2001, respecto a la

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procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos,

frente a circunstancias excepcionales y debidamente consideradas

por el juez.

Finalmente, señaló que en otros asuntos estudiados por la

Corporación en los que la Rama Judicial y el Consejo Superior de la

Judicatura han sido accionados, se han amparado los derechos de los

empleados en provisionalidad que se encuentran en condiciones

especiales, como en su caso.

I.V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las Secciones.

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Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD, en los

escritos de contestación solicitaron la desvinculación de la presente

acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de

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contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela

de la referencia la parte actora pretende, entre otros aspectos, que

se inaplique el nombramiento en propiedad de las personas que

integran la lista de elegibles en el cargo de citador grado 3.

Para la Sala, es claro que al CONSEJO SECCIONAL y a la UNIDAD

les asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso,

pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo

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que era necesario que se les vinculara al proceso como terceros

interesados, independiente de que las pretensiones tuvieran o no

vocación de prosperar.

En ese orden de ideas, se denegarán las solicitudes de desvinculación

del CONSEJO SECCIONAL y la UNIDAD del trámite de la

referencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19916. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin

de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad

social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a los derechos de las

personas de la tercera edad, a la salud, al debido proceso, los cuales,

a su juicio, le fueron vulnerados por las accionadas, al dar

cumplimiento al Acuerdo No. CSJATA21-298 de 23 de diciembre de

2021, por medio del cual formula la lista de elegibles para proveer

en carrera administrativa el cargo de Citador grado 3, vacante que

viene ocupando la actora en provisionalidad desde al año 2016.

La actora pretende que se deje sin efectos el acto administrativo por

el cual se formuló la lista de elegibles y dio por terminado su

nombramiento en provisionalidad, al considerar que se ha

configurado la estabilidad laboral reforzada al tener la condición de

adulto mayor con comorbilidades y pre- pensionada.

En el curso de la primera instancia, el TRIBUNAL denegó el amparo

deprecado por no cumplirse el requisito de la subsidiariedad, en la

medida en que la actora no demostró que la desvinculación del cargo

obedeció, entre otros, a su condición de pre pensionada o a una

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condición especial, pues no encontró probado que se haya puesto en

conocimiento del nominador la condición de especial protección que

refiere la accionante.

La actora impugnó la decisión del a quo, reiterando los argumentos

planteados en la demanda, resaltando su condición de adulto mayor

y aduciendo la vulneración inminente de los derechos fundamentales

deprecados.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en

especial, el requisito de la subsidiariedad, en asuntos donde se

alegue la estabilidad laboral reforzada en cargos de provisionalidad

y, de ser así, determinar si las accionadas incurrieron en vulneración

de las garantías constitucionales al formular la lista de elegibles para

proveer en carrera administrativa el cargo de Citador grado 3,

vacante que viene ocupando la actora en provisionalidad desde el

año 2016.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

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El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

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No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

De la estabilidad laboral reforzada y la provisionalidad

La Corte Constitucional, en reiterados pronunciamientos ha

desarrollado el alcance del derecho a la estabilidad laboral reforzada

y ha establecido los presupuestos para que opere tal garantía, así:

“[…] 18. Según el artículo 53 de la Constitución, todos los
trabajadores son titulares de un derecho general a la estabilidad
en el empleo. Aquella garantía se intensifica en el caso de sujetos
que se encuentran en condición de vulnerabilidad, a saber: (i) las
mujeres embarazadas; (ii) las personas en situación de
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de
salud; (iii) los aforados sindicales; y (iv) las madres y padres
cabeza de familia. […]

21. A partir de las reglas enunciadas, esta Corporación ha
establecido los presupuestos para que opere la garantía de
estabilidad laboral reforzada. En concreto, el juez constitucional
debe verificar: (i) que la condición de salud del trabajador le impida

7 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii) que
dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad
al despido; y, (iii) que no exista una causal objetiva que
fundamente la desvinculación8. […]”9

En ese sentido, son titulares de la estabilidad laboral reforzada

aquellos trabajadores que se encuentran las condiciones de

vulnerabilidad previstas por la Corte.

De otro lado, para que dicha garantía opere deben cumplirse unos

supuestos a saber: i) la imposibilidad del trabajador de cumplir

cabalmente sus funciones en virtud de su condición de salud, ii) el

conocimiento previo y pleno del empleador o nominador y iii) que no

exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación.

Ahora bien, respecto al desempeño de cargos en provisionalidad, la

Corte también ha considerado que, el criterio de provisionalidad es

relativo, por cuanto, quienes ocupan un cargo en provisionalidad

pueden ser desplazados del cargo cuando la vacante se provea por

concurso de méritos, la Corte reconoció que, las personas que

ganaron el concurso público de méritos cuentan con un derecho

preferente10:

8
Sentencias T-215 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-188 de 2017, M.P. María Victoria Calle
Correa; y T-386 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
9
sentencia T-020 de 2021.
10
SU-446 de 2011.

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“Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha
expuesto esta Corporación11, gozan de una estabilidad relativa,
en la medida en que sólo pueden ser desvinculados para proveer
el cargo que ocupan con una persona de carrera, tal como ocurrió
en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación12. En
consecuencia, la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con
una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de
esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad
relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo
esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron un concurso público de méritos”.

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente, comoquiera que la actora no

acreditó el cumplimiento de los supuestos fijados por la

jurisprudencia para que pueda configurarse la estabilidad laboral

reforzada.

De acuerdo con lo relacionado por la actora en los hechos de la

demanda, la Sala observa que la accionante manifiesta que las

funciones a su cargo las ha desarrollado de manera ininterrumpida:

[…] Dentro del tiempo transcurrido hasta la fecha, he venido

11
La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de 2010. M.P.
Jorge Iván Palacios Palacios.
12
Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059
de 2005;T-1117 de 2005;T-245 de 2007;T-887 de 2007;T-010 de 2008;T-437 de 2008; T-087 de 2009
y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia sobre
este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos.

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cumpliendo mis funciones de manera recta, íntegra, honesta, con

eficiencia y eficacia, aun ante las contingencias presentadas por la

emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y sus variantes, los

nuevos cambios en la ejecución de la administración de justicia y las

distintas estrategias que se han implementado para los protocolos de

bioseguridad, siempre de manera atenta y oportuna, para todos los

asuntos puestos en mi conocimiento. […].13. Por lo tanto, no se

encuentra demostrado el primer supuesto, el cual indica que la

condición de salud del trabajador le impida el desempeño de sus

funciones.

Por otra parte, la Sala comparte los argumentos desarrollados por el

a quo, cuando consideró que la situación de debilidad manifiesta que

alega la actora con ocasión a sus circunstancias personales, de salud

y la presunta condición de pre - pensionada, no fueron previamente

informadas al nominador, pues no obra prueba que indique que la

accionante puso en conocimiento del empleador tales circunstancias

para que fueran consideradas o estudiadas.

Asimismo, la Sala encuentra probada la causal objetiva de

desvinculación, pues de acuerdo con lo probado en el expediente, la

13
Escrito de demanda obrante en el índice No. Xx aplicativo SAMAI.

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actora ocupa un cargo en provisionalidad el cual fue ofertado en

concurso público de méritos y, como resultado de lo anterior, deberá

ser provisto por el nominador de conformidad a la lista de elegibles

conformada por el CONSEJO SECCIONAL, de conformidad con el

Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de diciembre de 2021.

Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio

irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia

como mecanismo transitorio, dado que, no es suficiente con que se

alegue un supuesto de hecho del cual se pretenda derivar una

consecuencia jurídica, sino que dicho supuesto debe estar

suficientemente demostrado. En efecto, era necesario evidenciar en

el caso concreto que el vínculo laboral estaba a punto de concluir o

feneció sin justa causa, que puso en riesgo sus derechos

fundamentales, y que desconoció la presunta condición de debilidad

manifiesta y pre- pensión, sin embargo, tales circunstancias no se

encuentran probadas.

Finalmente, es necesario precisar que, debido a que los cargos

provisionales, son de carácter transitorio y excepcional, a los

funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no

les asiste el derecho de estabilidad típico de quien accede a la función

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pública por medio del concurso de méritos, ya que quienes se

encuentran vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos

que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es

decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de

prueba, entre otros.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el

asunto objeto de estudio en el presente caso carece del requisito

general de la subsidiariedad, por lo que el fallo proferido en primera

instancia será modificado y, en su lugar, se declarará improcedente

el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE ATLÁNTICO y la UNIDAD

DE AMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones

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expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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