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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00182-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00182-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 6, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2022, expediente número 08001-23-33-000-2022-00043-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. 17 Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01 Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2022-00182-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: HÉCTOR FERNANDO ANAYA GÓMEZ
Accionados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO –
se declara improcedente el amparo por incumplimiento del requisito
de la subsidiariedad – el actor dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para obtener la salvaguarda de los
derechos fundamentales que se aducen transgredidos con ocasión
de su desvinculación laboral

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra de la
sentencia de 18 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar – Sala de Decisión No. 6 y a través de la cual se negaron las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Héctor Fernando Anaya Gómez solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al «TRABAJO DIGNO, ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA EN SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL,
DIGNIDAD HUMANA, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
DEBIDO PROCESO», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cartagena- Bolívar, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Cartagena y al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de
Garantías de Cartagena, con ocasión de su desvinculación del cargo que
ocupaba en la Rama Judicial.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

2.1. Manifestó que, desde el 12 de agosto de 2012, se venía desempeñando, en
provisionalidad, en el cargo de citador, grado 3, adscrito al Juzgado Séptimo
Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena, pero prestando sus
servicios en el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
de Cartagena, de conformidad con los acuerdos expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura.

2.2. Señaló que, «el día 29 de diciembre del 2021, el Juzgado Séptimo Penal
Municipal de Cartagena, nombro en propiedad en el cargo de citador que
desempeñaba al SR. ALEXY PACHECO PATERNINA, y por tanto, de forma
automática y tacita generó mi Insubsistencia en el cargo que desempeñaba,
pasando por alto tanto el Juzgado como la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Cartagena, que ostentó la calidad de Pre-pensionado».

2.3. Indicó que nació el 27 de julio de 1960, por lo que actualmente cuenta con 61
años y con 1.524,25 semanas cotizadas ante Colpensiones.

2.4. Relató que: «durante todo el tiempo que
me desempeñé como citador en el
juzgado séptimo penal municipal de Cartagena y el Centro de Servicios Judiciales
del S.P.A., nunca tuve ninguna amonestación o requerimiento por el
incumplimiento de mis funciones, por el contrario, me caractericé por ser un
trabajador ejemplar».

2.5. Destacó que desde el año 2011 fue diagnosticado con pérdida de la
sensibilidad auditiva de más del 50%.

2.6. Anotó
que: «concursé en la CONVOCATORIA 4 para adquirir mi propiedad
como Citador De Circuito de Centros de Servicios Judiciales, Centros de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales y Oficinas de Servicios y de Apoyo con código
260407, aprobé la misma y mediante RESOLUCION No. CSJBOR21-1108 del 06
de septiembre de 2021, resulté en la lista de elegibles en el puesto sexto. Sin
embargo, había solo una vacante, pese a que opcioné sede no ocupe la misma».

2.7. Afirmó que, pese a que es una persona de especial protección constitucional,
en razón a su condición de prepensionado y a la discapacidad auditiva que
padece, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías de
Cartagena nombró en el cargo que desempeñaba a otra persona, en
cumplimiento de la lista de elegibles que le había sido remitida por parte del
Consejo Seccional accionado.

2.8. Indicó que las accionadas incumplieron el deber legal previsto en el artículo 8°
de la Ley 2040 de 2020 y el artículo 3° del Decreto 1415 de 2021, en tanto que a
partir de dichas disposiciones «existe una orden tanto del Legislador como del
Gobierno Nacional a todas las entidades públicas, incluida la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, de disponer la Reubicación de los Empleados
Públicos nombrados en provisionalidad que deban ser separados del cargo
por provisión definitiva del mismo y que les falten menos de Tres (3) años

3

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

para lograr el derecho a la pensión; en el caso de marras, al suscrito le hace
falta menos de Un (1) año para lograr pensionarme, sin tener otra fuente de
empleo, es decir, quedaré completamente desprotegido junto con mi esposa,
pues a la fecha si bien tengo las semanas cotizadas no tengo la edad, por lo
que no he podido ser incluido en la nómina de pensionados de
COLPENSIONES».

2.9. Informó «que la única fuente de ingresos y la de mi familia, es el salario que
devengaba de mi trabajo como citador en el centro de servicios judiciales del
S.P.A.». Asimismo, señaló que su esposa depende económicamente de él;
circunstancias que, a su juicio, configuran un perjuicio irremediable.

2.10. Expusoque: «en razón a mi edad y a mi condición de discapacidad, es
imposible reanudar mi vida laboral y poder completar el tiempo que me hace falta
para acceder a mi derecho adquirido a la pensión de vejez sin que ello represente
una afectación al mínimo vital y a mi vida digna y de mi familia».

2.11. Añadió que: «el día 26 de noviembre del año 2021, radiqué un derecho de
petición ante las entidades accionadas, informando sobre mi calidad de
prepensionado y sobre mi condición de discapacidad, con el fin de que se me
reubicara en provisionalidad en un cargo de igual categoría, ya que debido a los
resultados de la convocatoria 4, era consciente de que iban a nombrar en
propiedad en el cargo que venía ocupando».

2.12. Comentó que: «el Consejo Seccional de la Judicatura respondió que esta
entidad era la responsable del concurso, pero que ese asunto en particular debía
ser manejado por el juez nominador, en este caso, el Juez Séptimo Penal
Municipal Con Funciones De Control De Garantías, que posteriormente, estableció
que la responsabilidad recaía en la coordinación del Centro de Servicios Judiciales
del S.P.A., que remitió la solicitud nuevamente al juzgado en mención».

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Se me tutelen los derechos fundamentales AL TRABAJO, AL
MINIMO VITAL, A LA SEGURIDAD SOCIAL, LA VIDA DIGNA, A LA
IGUALDAD, Y LA PROTECCION ESPECIAL DE LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA POR SER UN SUJETO DE ESPECIAL
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL que están siendo vulnerados por el
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA, el
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO Y el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL DE
CONTROL DE GARANTÍAS DE CARTAGENA.

SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CARTAGENA y al CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, a que en
un término de superior a 48 horas proceda a REUBICAR al hoy accionante,

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

HÉCTOR FERNANDO ANAYA GÓMEZ, en provisionalidad en un empleo de
igual o superior categoría y asignaciones salariales al que venía
desempeñando hasta que sea incluido en la nómina de pensionados de
COLPENSIONES.

TERCERA: En caso de no poder acceder a la segunda pretensión, se me
permita optar por el cargo vacante de CITADOR PARA JUZGADOS DEL
CIRCUITO con código 260408 de la CONVOCATORIA 4 toda vez que los
requisitos para acceder al cargo, funciones, categorías y asignación salarial
son las mismas que las del cargo por el que concursé y pasé. Es decir,
CITADOR DE CIRCUITO DE CENTROS DE SERVICIOS JUDICIALES,
CENTROS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JURISDICCIONALES Y
OFICINAS DE SERVICIOS Y DE APOYO con código 260407. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del magistrado a cargo de la
sustanciación y mediante auto de 29 de marzo de 2022, admitió el presente
mecanismo de amparo en contra del «Consejo Seccional de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena, el
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y el Juzgado
Séptimo Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena».

5. En la misma providencia, vinculó como terceros con interés directo en los
resultados del proceso al señor Alexy Pacheco Paternina, al Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y «a los
participantes de la Convocatoria No.4 de empleados de tribunales, juzgados
y centro de servicios inscritos en la seccional Bolívar que conforman el
registro seccional de elegibles, en el cargo: CITADOR PARA JUZGADOS DEL
CIRCUITO CON CÓDIGO 260408»; y requirió a la Administradora Colombiana de
Pensiones Colpensiones para remitiera «certificación en la que se haga constar el
número de semanas cotizadas a nombre del señor Héctor Fernando Anaya
Gómez».

V. INTERVENCIONES

6. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

6.1. Ladirectora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura rindió informe en el que advirtió que carece
de competencia funcional para atender la pretensión de amparo del accionante
porque «la autoridad competente para determinar el nombramiento en el cargo de
citador o la existencia de estabilidad laboral reforzada es el Juez Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena».

6.2. El
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, por intermedio del
presidente de la Corporación, rindió informe en el que aseguró que: «no se
encuentra legitimada para responder por las pretensiones sugeridas por el actor,

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

pues es claro que conforme a la Ley 270 de 1996 escapa de la órbita de
competencia de los Consejos Seccionales de la Judicatura e disponer la provisión
de cargos, así como la creación permanente o transitoria de cargos de carrera en
la planta de personal de las despachos judiciales y dependencias administrativas
de su circunscripción territorial, como tampoco la de asignar las partidas
presupuestales que permitan la reubicación y permanencia en los cargos de
aquellas personas que encontrándose ad portas de adquirir el disfrute de la
pensión de jubilación o vejez, sean desvinculadas definitivamente del servicio por
la provisión del empleo en propiedad».

6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena - Bolívar,
a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad del amparo deprecado
por el accionante, dado que, conforme lo ha considera la Corte Constitucional, «la
estabilidad laboral de la que gozan todos los funcionarios públicos que se
encuentran en provisionalidad es una estabilidad laboral relativa o reforzada, en la
medida en que no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el
cargo», por lo que la eventual desvinculación de un funcionario que se encuentra
en estas condiciones no transgrede garantías fundamentales.

6.4. Elseñor Alexy Pacheco Paternina rindió informe en que se pronunció
respecto de cada uno de los hechos planteados por el accionante, a partir del cual
indicó que, de conformidad con lo considerado en la sentencia de unificación SU-
446 de 2011, proferida por la Corte Constitucional, debe mantenerse la posesión
del cargo que ostenta, ya que tiene un mejor derecho por haber superado las
etapas del concurso de méritos.

VI. FALLO IMPUGNADO

7. El Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 6, mediante
sentencia de 18 de abril de 2022, resolvió negar el amparo deprecado por el
accionante.

8. Como sustento de lo anterior, el a quo señaló, en primer lugar, que el argumento
del actor asociado con que se encuentra en estado de debilidad manifiesta -en
razón al estado de salud que padece-, carece de vocación de prosperidad por las
siguientes razones:

[…] 51. En el caso concreto, está demostrado que el actor padece una
enfermedad denominada: “hipoacusia no especificada”, tal y como se verifica
de la historia clínica obrante entre folios 36 a 46 del expediente digital; sin que
obren incapacidades en tal sentido, de lo que se puede inferir que
actualmente, los padecimientos del actor no le impiden realizar actividades
laborales, ni le impiden que en el futuro siga desarrollando actividades propias
de su profesión, de hecho, su pretensión tutelar lleva consigo la eventualidad
de seguir desempeñando sus labores como citador al servicio de la Rama
Judicial.

52. Lo anterior, demuestra que en la actualidad, las afecciones de salud del
actor no lo han puesto en una situación de debilidad manifiesta.

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

53. De igual manera, se advierte que la citada enfermedad viene
diagnosticada desde el año 2011, esto es, antes de su vínculo con la Rama
Judicial como citador, usando como alternativa de tratamiento audífonos, lo
que, en definitiva, no le ha impedido desempeñar sus labores judiciales, la
cual ha sido debidamente tratada, según el dicho del propio accionante en la
solicitud de tutela; así como en lo consignado en el historial clínico: “…refiere
sentirse bien, niega signos de alarma…”

54. Se aclara igualmente, que la desvinculación de su cargo no implica la
interrupción del tratamiento de las patologías que sufre, pues para ello debe
seguir contando con los servicios de salud que requiera hasta culminarlos, tal
como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en su jurisprudencia […]

9. Respecto de la condición de prepensionado alegada por el actor, el a quo
sostuvo que no cumplía con los presupuestos para ser beneficiario de dicha
figura, por las siguientes consideraciones:

[…] 56. De la historia laboral expedida por COLPENSIONES, se advierte que
el actor cuenta con 1524 semanas cotizadas, por lo que se infiere de acuerdo
con la edad de 61 años igualmente acreditada, que le faltarían
aproximadamente 3 meses para cumplir la edad de 62 años y hacerse
beneficiario de la pensión de jubilación.

57. En lo que respecta a tal supuesto, la Corte Constitucional unificó su
postura en Sentencia SU-003 de 2018, estableciendo que: “cuando el único
requisito restante para ser beneficiario de la pensión de jubilación es el de
edad ya que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no se puede establecer que una persona es beneficiaria del fuero
de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, teniendo en cuenta que el
requisito de la edad se puede cumplir con o sin vinculación laboral vigente y
en consecuencia no se frustra el acceso a la pensión de vejez”.

58. Verificado entonces que el actor cuenta con 1524 semanas cotizadas, es
decir, únicamente le hace falta cumplir el requisito de la edad para obtener la
pensión de jubilación, no es beneficiario del fuero de estabilidad laboral
reforzada por prepensionado, pues en este caso no es el empleador quien le
estaría frustrando, su derecho a acceder a la pensión de vejez al impedir, con
la terminación de su vinculación laboral.

59. De igual manera, el actor hace referencia a la Ley 2040 de 2020 y el
Decreto 1415 de 2021, que sobre la protección en caso de provisión definitiva
de cargos no pareciera hacer distingo entre los presupuestos que deben
cumplirse para ser beneficiario de la misma, esto es, que les falten tres años o
menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la pensión de
jubilación o vejez, sin diferencian entre el cumplimiento de número de
semanas cotizadas o cumplimiento de la edad. Sin embargo, lo cierto es que
el análisis realizado por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU-003 de
2018, hace referencia a que la “prepensión” protege la expectativa del
trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su posible frustración como
consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la
estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos que
le faltaren para acceder a su pensión de vejez. […]

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. Elaccionante presentó impugnación en contra de la sentencia de primera
instancia, al considerar que sí tiene la condición de prepensionado, por lo que no
debió ser desvinculado del cargo que ocupaba, sino reubicado.

11. Como sustento de su disenso con la decisión de primera instancia, se limitó a
señalar lo siguiente:

[…] A continuación, relaciono los motivos por los cuales no estoy de acuerdo
con dicho fallo. No estoy de acuerdo con el fallo de esta tutela debido a que
desde el día 26 de noviembre del 2021 se le informo a la entidades
accionadas mediante derecho de petición sobre la protección especial que
poseía amparado en la ley 2040 de 2020 y el decreto 1415 del 4 de noviembre
del 2021 en las cuales habían disposiciones que establecieron el
reconocimiento de PRE-PENSIONADO no solo a las personas que les faltaren
las semanas de cotización a pensión, sino que dispuso la reubicación de
personas que les faltaren o las semanas o la edad sin importarle si ya tuvieran
las semanas cotizadas, pues taxativamente expuso el decreto en mención “los
servidores públicos que les falten (3) tres años o menos para obtener la
pensión de jubilación o vejez “. Y cuya respuesta no fue satisfactoria para mi
porque no me respondían de fondo sino que le trasladaron la responsabilidad
al juez nominador. Este fallo esta desde el 18 de abril del 2022 y fue notificado
por la entidad el dia de 26 de abril del 2022. Y esto afectaría mi calidad de vida
debido a que mi trabajo es la única fuente de ingreso para mi y mi familia.

3. Así mismo, tengo como apoyo mi solicitud los siguientes argumentos
jurídicos:
a) Decreto 1415 del 4 de noviembre del 2021
b) Ley 2040 de 2020
c) Sentencia SU-003/2018 […]

12. Con fundamento en la anterior premisa, el accionante solicitó revocar el fallo
impugnado para que, en su lugar, se le «reconozca la calidad de
prepensionado y se me permita reanudar mi trabajo debido a que es mi
única fuente de ingreso para mi y mi familia y sin esto quedaríamos en una
condición de desprotección de mi derecho de la vida digna».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la accionante, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de
19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 20172 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

8

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

de 20183, respecto de la distribución de negocios al interior de las secciones del
Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela.

b) Si ello es así, determinar si las accionadas vulneraron los derechos
fundamentales del extremo accionante, con ocasión de su desvinculación
del cargo que ocupaba en la Rama Judicial.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto: (i) de la estabilidad laboral reforzada; (ii) de la
estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad; (iii) del marco
jurisprudencial respecto de la condición de prepensionados; procediendo
posteriormente a (iv) resolver el caso concreto.

VIII.3. La estabilidad laboral reforzada

16. Con fundamento en el artículo 13, inciso 2º, de la Constitución Política, el
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y
adoptará medidas afirmativas en favor de los grupos discriminados. También
dispensará protección a las personas en estado de debilidad manifiesta, entre las
cuales se encuentran los sujetos que por su condición de salud están en situación
desfavorable para el desarrollo de su trabajo.

17. El artículo 46 de la Carta Política le impone al Estado el deber de adelantar una
política de prevención, rehabilitación e integración social, en favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 superior, los empleadores quedan integrados en la labor de ofrecerles
capacitación a los trabajadores y les imponen el deber de propiciarles un trabajo
acorde a quienes se encuentran en situación de discapacidad.

18. La estabilidad laboral reforzada encuentra fundamento en el artículo 3º, numeral
1º, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación, y en el numeral 1º del artículo 27 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales de las Personas con
Discapacidad. También viene reconocida como garantía en el Convenio 159 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la readaptación profesional y el
empleo de personas inválidas adoptado por la Conferencia Internacional del
Trabajo, incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 82 de 1988.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

9

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Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

19. En suma, la estabilidad laboral reforzada adquiere la connotación de derecho
fundamental4 debido a diversas razones de índole constitucional, como son: i) la
existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores
sociales y el Estado5; ii) el principio de solidaridad social y de eficacia de los
derechos fundamentales6, y iii) el principio y derecho a la igualdad material, que
comporta la adopción de medidas afirmativas en favor de grupos desfavorecidos,
o de personas en condición de debilidad manifiesta7.

20. Ahora bien, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada ha sido
definido por la jurisprudencia como: i) el derecho a conservar el empleo que tiene
el trabajador; ii) a no ser despedido en razón a la vulnerabilidad que lo afecte o por
presentar una afectación grave en su estado de salud, y iii) a permanecer en el
cargo para el cual fue contratado.

VIII.4. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad

21. Sea lo primero indicar que el derecho al trabajo regulado en el artículo 25
superior lleva implícito el principio de estabilidad en el empleo; sin embargo,
quienes ocupan cargos en provisionalidad, tienen una garantía de carácter relativo
e intermedio, comoquiera que el constituyente en el artículo 125 ibidem establece
que «los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera», por lo
que las condiciones de ingreso y permanencia en cargos públicos están sujetas al
mérito y no a la discrecionalidad del nominador8.

22. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

[…] cuando el principio de estabilidad en el empleo involucra cargos públicos,
debe analizarse bajo la perspectiva de la carrera administrativa, que es el
mecanismo preferente para la gestión de los empleos públicos. Esto quiere
decir que cuando una persona es nombrada en provisionalidad, su
permanencia en ese cargo depende de la implementación de ese mecanismo,
justamente porque lo que se privilegia en la Carta es el ingreso al empleo
público a través de los concursos de méritos […]9. (negrillas por fuera del texto
original)

23. De lo anterior se desprende que la terminación del vínculo laboral en
provisionalidad como consecuencia del nombramiento de una persona que fue
seleccionada en el concurso de méritos no comporta el desconocimiento de los
derechos de esta clase de funcionarios, toda vez que dicha estabilidad relativa
cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso de méritos, por lo que la estabilidad de los servidores en

4
Sentencias T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.
5
Estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13,47, y 54 de la Constitución Política.
6
A partir de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política.
7
Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas
en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan.
8
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.
9
Sentencia T-342 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

10

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

provisionalidad está condicionada al término de duración del proceso de selección
y a las etapas del concurso de méritos10.

VIII.5. Marco jurisprudencial respecto de la condición de los prepensionados

24. La figura de “prepensionado” es de creación jurisprudencial y tiene como objeto
proteger las expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de
pensión de vejez o jubilación, en el sentido de no poder ser retirado o despedido
de su empleo hasta tanto no se les haya reconocido dicha prestación económica.

25. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-897 de 2012, sostuvo que:

[…] las personas beneficiarias de la protección especial, es decir los
prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de
los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte tres
años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la
pensión de jubilación o vejez […]. (negrillas de la Sala)

26. En relación con los trabajadores que se encuentran vinculados en cargos de
provisionalidad y tienen la calidad de prepensionados, la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente:

[…] De manera excepcional, la ley permite que los empleos de carrera puedan
ser ocupados por servidores nombrados en provisionalidad cuando se
presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se
requiera de personal suficiente para atender las necesidades de la
administración, mientras estos se proveen en propiedad conforme a las
formalidades legales o cesa la situación que originó la vacancia. En ese
contexto, ha dicho la Corte, si bien es cierto el servidor no podrá
permanecer indefinidamente en el cargo, tampoco se crea una
equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que
no proceda su desvinculación por la simple voluntad discrecional del
nominador.

5.4. Bajo ese entendido, los servidores nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación en
reiterados pronunciamiento, gozan de una estabilidad laboral relativa o
intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio público solo
tendrá lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en la
ley, o para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya
superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones
todas estas que deberán ser claramente expuestas en el acto de
desvinculación, como garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al
acceso en condiciones de igualdad a la función pública.

5.5. De esta forma, “la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó
el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios,
pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor

10
Texto tomado de la sentencia de 17 de marzo de 2021, proferida por esta Sección, C.P, Nubia Margoth Peña Garzón.

11

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Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de
méritos”.

5.6. Ahora bien, a pesar del carácter eminentemente transitorio de los
nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera, la Corte ha sido
enfática en señalar que el servidor que se encuentra en dicha situación
administrativa y, además, es sujeto de especial protección constitucional,
como es el caso, entre otros, de las personas en condición de discapacidad o
que padecen grave enfermedad, “concurre una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus
derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de
oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de
esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos
casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los
principios que informan la carrera administrativa”.

5.7. En ese sentido, el ente nominador está en la obligación de brindarle a
los servidores en las condiciones especiales anotadas, un trato
preferencial, como acción afirmativa, antes de proceder a nombrar en
sus cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez superadas
todas las etapas del respectivo concurso de méritos. Ello, con el fin de
garantizar el goce real de sus derechos fundamentales (art. 2º Const.) y
de llevar a efecto la cláusula constitucional que exige a las autoridades
en un Estado Social de Derecho, prodigar una protección especial a las
personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, inciso 3º
Const.).

5.8. Así, respecto de las medidas que pueden adoptarse para no lesionar los
derechos fundamentales de este grupo de servidores, en la sentencia SU-446
de 2011, la Corte Constitucional destacó la importancia de que los
órganos del Estado y, en particular, la Fiscalía General de la Nación, (i)
dispongan lo necesario para garantizar que sean los últimos en ser
desvinculados y, (ii) de ser posible, procure su reubicación en empleos
que aún se encuentren vacantes, iguales o equivalentes a aquellos que
venían ocupando en provisionalidad, mientras estos son cubiertos en
propiedad mediante el sistema de carrera. […]11 (Negrillas de la Sala)

27. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-003 de 2018 procedió a
«unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto al alcance del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable», y al abordar el tema que nos
ocupa, señaló lo siguiente:

[…] Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad,
dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez […]12. (negrillas de la Sala)

28. De todo lo transcrito, se colige que, si bien es cierto que los empleados
vinculados en provisionalidad no adquieren derecho indefinido a permanecer en
11
Sentencia T 096 de 20 de marzo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU- 003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

12

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Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

un empleo de carrera, la realidad es que, cuando ostentan la calidad de
prepensionados son sujetos de especial protección constitucional, lo que
obliga a la entidad empleadora adoptar medidas por medio del cual se logre
garantizar sus derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y al
trabajo hasta que les sea reconocido la pensión de vejez o jubilación; sin embargo,
dicha protección únicamente resulta procedente cuando el trabajador le faltare
el requisito atinente a las semanas de cotización.

VIII.6. El caso concreto

29. El
ciudadano Héctor Fernando Anaya Gómez solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al «TRABAJO DIGNO, ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA EN SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL,
DIGNIDAD HUMANA, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
DEBIDO PROCESO», cuya vulneración le atribuyó al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cartagena-Bolívar, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal
Acusatorio de Cartagena y al Juzgado Séptimo Penal Municipal de Control de
Garantías de Cartagena, con ocasión de su desvinculación del cargo que
ocupaba en la Rama Judicial.

30. El a quo negó el amparo pretendido por el accionante, luego de considerar que
aunque ciertamente el actor se encuentra diagnosticado con una enfermedad, ello
no ha sido impedimento para el ejercicio de sus funciones. Igualmente, expuso
que no cumplía con la condición de prepensionado porque el único presupuesto
que le faltaba por satisfacer era el asociado con la edad, el cual no es tenido en
cuenta para ostentar dicha calidad, en virtud de lo expuesto por la Corte
Constitucional en sentencia SU-003 de 2018.

31. En el escrito de impugnación, el accionante centra su inconformidad en que sí
tiene la condición de prepensionado porque, de acuerdo con lo previsto en la Ley
2040 de 2020 y el Decreto 1415 de 2021, dicha figura aplica «no solo a las
personas que les faltaren las semanas de cotización a pensión, sino que dispuso
la reubicación de personas que les faltaren o las semanas o la edad sin importarle
si ya tuvieran las semanas cotizadas, pues taxativamente expuso el decreto en
mención “los servidores públicos que les falten (3) tres años o menos para obtener
la pensión de jubilación o vejez”».

32. En este contexto, sea lo primero en destacar que el presente análisis estará
centrado en resolver únicamente los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación, los cuales se encuentran asociados con que el accionante sí tiene la
condición de preprensionado, por lo que el juez constitucional debe ordenar su
reintegro laboral.

33. Precisado lo anterior, es oportuno indicar que «la acción de tutela, por regla
general, no procede para ordenar el reintegro de un funcionario público, debido a
que existen otros mecanismos judiciales que permiten ejercer una apropiada

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

defensa, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo13»14.

34. Enefecto, la Corte Constitucional ha explicado de manera reiterada que la
acción de tutela deviene improcedente «cuando se solicita el reintegro de
empleados públicos a sus cargos, toda vez que los actos administrativos por
medio de los cuales la administración decide separarlos de los mismos pueden
controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que se evidencie la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues en estos eventos dicho medio de
defensa no proporciona una protección eficaz y adecuada a los derechos
amenazados o vulnerados y, en consecuencia, el amparo constitucional
procedería de forma excepcional»15.

35. De allí que resulta oportuno recordar que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla
general, no procede para controvertir actos administrativos de carácter particular y
concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial
para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y,
en su defecto, la acción de nulidad.

36. En consonancia con lo anterior, cabe destacar que la Corte Constitucional ha
precisado que la condición de prepensionado resulta insuficiente para demostrar la
ineficacia del medio judicial ordinario, porque, además de cumplir con los
requisitos de dicha garantía de estabilidad, el extremo accionante debe acreditar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable para que la tutela sea procedente16. La
sentencia de tutela T-554 de 2019, al respecto, señala lo siguiente:

[…] Si bien al momento de la terminación del contrato de trabajo, al actor le
faltaban menos de tres años para adquirir la edad pensional de 62 años, y
había cotizado un total de 1327,29 semanas al sistema de seguridad social en
pensiones, ésta sola circunstancia, la de prepensionado, no hace procedente
el amparo solicitado puesto que el actor, a más de contar con un mecanismo
idóneo al cual debe acudir para que se defina su derecho, no acreditó la
configuración del perjuicio irremediable. […]17

37. Así las cosas, y teniendo en cuenta que lo pretendido por el actor es que se
ordene su reintegro laboral, la Sala advierte que el mecanismo de amparo deviene
improcedente porque el accionante cuenta con la posibilidad de promover el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138
del CPACA para solicitar la nulidad del acto administrativo que dispuso su
desvinculación del cargo que ocupaba; asimismo, a manera de restablecimiento
del derecho, puede deprecar el reintegro en un cargo de igual o superior jerarquía,

13
Corte Constitucional. Sentencia T – 595 del 31 de octubre de 2016. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2022,
expediente número 11001-03-15-000-2021-05447-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
15
Sentencia T – 500 del 22 de octubre de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional. Sentencia T – 554 del 20 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
17
Corte Constitucional. Sentencia T – 229 del 20 de abril de 2017. M.P.: María Victoria Calle Correa.

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Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

lo que sustentaría, entre otros aspectos, en su supuesta calidad de
prepensionado.

38. Significa lo anterior que el aquí accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
a través del cual puede discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, en
el que, valga resaltarlo, podrá solicitar el decreto de medidas cautelares.

39. Cabe poner de relieve que el medio de control de nulidad y restablecimiento
resulta ser un medio de defensa idóneo y eficaz puesto que, tal como lo ha
sostenido esta Sección18, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011,
ya no es aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no
son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado»19.

40. Enese orden de ideas, y tal como se expuso en el acápite VIII.5. de esta
providencia, la figura de “prepensionados” tiene como objeto proteger las
expectativas del empleado que está próximo a causar su derecho de pensión de
vejez o jubilación, de no ser retirado o despedido de su empleo hasta tanto no se
le haya reconocido dicha prestación económica. Sin embargo, la Corte
Constitucional, en sentencia de unificación SU-003 de 201820, restringió el nivel de
protección de las garantías fundamentales de los prepensionados, al excluir de
ese grupo poblacional a aquellas personas que cumplen el requisito de densidad
de semanas.

41. Con fundamento en la anterior premisa, la Sala advierte que el actor no ostenta
la condición de prepensionado, porque actualmente cuenta con más de 1.300
semanas cotizadas al sistema general de seguridad social en pensión -tal como se
advierte de la historial laboral aportada tanto por el accionante como por Colpensiones-,
faltándole únicamente el cumplimiento de la edad mínima -62 años para hombres-
exigida por la normatividad, la cual, valga resaltarlo, cumpliría el próximo 27 de
julio de la presente anualidad.

42. Sumado a lo anterior y siguiendo esa misma línea argumentativa, es de
resaltarse que la desvinculación laboral del aquí accionante tendría una
justificación legal, la cual encuentra fundamento en la provisión del cargo por
concurso de méritos. Es decir, su desvinculación no obedecería a su condición de
prepensionado o de salud, sino que es consecuencia del nombramiento de una de
las personas que superó el concurso de méritos y que conforma la lista de
elegibles, quien, valga resaltarlo, tiene un mejor derecho de acuerdo con la
jurisprudencia trazada tanto por la Corte Constitucional como por esta
Corporación, tal como se explicó ampliamente en los acápites precedentes.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018,
expediente número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González,
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021,
expediente número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
20
Corte Constitucional, Sentencia SU- 003 de 8 de febrero de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.

15

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

43. Es por las anteriores razones que esta Sala de Decisión considera que, en el
presente caso, no existe vulneración de los derechos fundamentales del actor.

44. En este contexto, resulta oportuno señalar que un evento de perjuicio
irremediable debe suponer una hipotética afectación grave y significativa de los
derechos fundamentales de la parte actora, y en ese sentido se justifica la
intervención del juez de tutela en forma transitoria para adoptar medidas urgentes
e impostergables que eviten la materialización del referido perjuicio, circunstancias
que, como se expuso previamente, no se advierten en el sub judice.

45. En este mismo sentido se pronunció recientemente esta Sección en sentencias
de 7 de abril de 202221 y de 20 de mayo de 202222, oportunidades en las que se
declaró improcedente los mecanismos de amparo, a través de los cuales la parte
actora pretendía el reintegro laboral por haberse desconocido supuestamente la
condición de prepensionado. La primera de las citadas decisiones indica lo
siguiente:

[…] Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente acción
de tutela es improcedente, comoquiera que la actora no acreditó el
cumplimiento de los supuestos fijados por la jurisprudencia para que pueda
configurarse la estabilidad laboral reforzada.

De acuerdo con lo relacionado por la actora en los hechos de la demanda, la
Sala observa que la accionante manifiesta que las funciones a su cargo las ha
desarrollado de manera ininterrumpida: […] Dentro del tiempo transcurrido
hasta la fecha, he venido cumpliendo mis funciones de manera recta, íntegra,
honesta, con eficiencia y eficacia, aun ante las contingencias presentadas por
la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y sus variantes, los nuevos
cambios en la ejecución de la administración de justicia y las distintas
estrategias que se han implementado para los protocolos de bioseguridad,
siempre de manera atenta y oportuna, para todos los asuntos puestos en mi
conocimiento. […].23. Por lo tanto, no se encuentra demostrado el primer
supuesto, el cual indica que la condición de salud del trabajador le impida el
desempeño de sus funciones.

[…]

Asimismo, la Sala encuentra probada la causal objetiva de desvinculación,
pues de acuerdo con lo probado en el expediente, la actora ocupa un cargo en
provisionalidad el cual fue ofertado en concurso público de méritos y, como
resultado de lo anterior, deberá ser provisto por el nominador de conformidad
a la lista de elegibles conformada por el CONSEJO SECCIONAL, de
conformidad con el Acuerdo CSJATA21-298 de 23 de diciembre de 2021.

Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que, no es suficiente con que se alegue un
supuesto de hecho del cual se pretenda derivar una consecuencia jurídica,
sino que dicho supuesto debe estar suficientemente demostrado. En efecto,
era necesario evidenciar en el caso concreto que el vínculo laboral estaba a

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2022, expediente
número 08001-23-33-000-2022-00043-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de mayo de 2022,
expediente número 11001-03-15-000-2021-05447-00, C.P. Oswaldo Giraldo López.
23
Escrito de demanda obrante en el índice No. Xx aplicativo SAMAI.

16

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

punto de concluir o feneció sin justa causa, que puso en riesgo sus derechos
fundamentales, y que desconoció la presunta condición de debilidad
manifiesta y pre- pensión, sin embargo, tales circunstancias no se encuentran
probadas.

Finalmente, es necesario precisar que, debido a que los cargos provisionales,
son de carácter transitorio y excepcional, a los funcionarios nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera no les asiste el derecho de estabilidad
típico de quien accede a la función pública por medio del concurso de méritos,
ya que quienes se encuentran vinculados en provisionalidad no agotaron los
requisitos que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios, es
decir, superar exitosamente el concurso de méritos y el período de prueba,
entre otros.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que es evidente que el asunto
objeto de estudio en el presente caso carece del requisito general de la
subsidiariedad, por lo que el fallo proferido en primera instancia será
modificado y, en su lugar, se declarará improcedente el amparo solicitado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. [...]24

46. En conclusión, la Sala considera que la presente solicitud de amparo no
satisface el requisito de la subsidiariedad, por cuanto el actor dispone de otro
medio de defensa judicial eficaz e idóneo para obtener la protección de los
derechos fundamentales que alega vulnerados con ocasión de su desvinculación
laboral del cargo que ocupaba en la Rama Judicial, máxime cuando lo pretendido
por el actor es discutir la omisión en la aplicación de unas normas que a su juicio
se desconocieron.

47. Por lo anterior, la Sala revocará el fallo impugnado que negó las pretensiones
de amparo, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 6, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2022, expediente
número 08001-23-33-000-2022-00043-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

17

Radicación: 13001-23-33-000-2022-00182-01
Accionante: Héctor Fernando Anaya Gómez

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (18)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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