RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2022-00110-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00110-01

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00110-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Modifícase la sentencia del 7 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda la cual quedará así: “1°. DECLÁRASE la caducidad del medio de control judicial ejercido con la demanda 10 Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870) Demandante: Consorcio AIA Controversias contractuales 2°. Sin costas. 3°. NOTIFÍCASE a las partes y al agente del Ministerio Público delegado ante el tribunal”. SEGUNDO: Condénase en costas y agencias en derecho al Consorcio AIA, las cuales se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2022-00110-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de abril de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: CONSORCIO AIA
Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES – LIQUIDACIÓN BILATERAL
EXTEMPORÁNEA

Síntesis del caso: el Consorcio AIA demanda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF para que se declare que la entidad incumplió el contrato de interventoría celebrado entre
las partes y además para que se declare la existencia del desequilibrio económico del contrato.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por no haberse probado
ni el incumplimiento alegado ni la ruptura del equilibrio económico del contrato. Apela el
consorcio demandante argumenta que el tribunal no valoró debidamente las pruebas obrantes
en el expediente que acreditaban el incumplimiento alegado y los perjuicios causados al
contratista.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico en la que se dispuso:

“1. Denegar las pretensiones de la demanda de controversias contractuales
incoada por el CONSORCIO AIA contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia

2. Sin costas.

3. Notifíquese a las partes y al agente del Ministerio Público delegado ante el
tribunal” (índice 28 SAMAI del tribunal - mayúsculas sostenidas del original).

2

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 4 de noviembre de 20201 (fl. 1 archivo “03ActaReparto.pdf”
índice 13 SAMAI), el Consorcio AIA promovió por intermedio de apoderado judicial una
demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF (en adelante ICBF) para que se acceda a las
siguientes pretensiones2:

“PRIMERA: Que se declare que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF, incumplió el contrato 2597 de 2012 suscrito con el Consorcio AIA, por el
no reconocimiento de las actividades de interventoría efectuadas a la
bienestarina liquida y galleta fortificada, como por el no pago de las facturas
relacionadas e la solicitud de conciliación inicial, así mismo, por no corregir el
otrosí modificatorio prórroga 5, adición 6 la cual fue modificada mediante la
modificación 4, prórroga 5, adición 6 que en realidad corresponde a la prórroga
4 adición 5, según dictamen pericial anticipado, efectuada al contrato 2597 de
2012 que presentó errores aritméticos, adicionalmente por la falta de
reconocimiento de visitas de interventoría y todas las irregularidades reportadas
en la precitada solicitud y de las que deriven del peritaje en el Juzgado 30 Civil
Municipal de Bogotá.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare que el contrato
2597 de 2012 sufrió un desequilibrio económico por conductas atentatorias de
mal fe atribuibles al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad
con lo preceptuado en la sentencia del Consejo de Estado, con radicado
número: 85001-23-31-000-2000-00202-01 (19730) y según las salvedades
consignadas en el acta de liquidación bilateral de fecha 15 de junio de 2020.

TERCERA: Que se declare que el contrato debe ser restablecido
económicamente según la ecuación que surgió al momento de su
perfeccionamiento.

CUARTA: Que producto del restablecimiento económico del contrato, el
Consorcio AIA sea indemnizado integralmente, según los fundamentos que
sustentan la estimación de la cuantía” (fl. 3 archivo “02Demanda.pdf” índice 13
SAMAI - negrilla y mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en síntesis,

1 La demanda fue radicada inicialmente en el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, quien mediante auto

del 25 de marzo de 2021 remitió el expediente por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(archivo “09AutoRemiteProcesoPorCompetencia.pdf” índice 13 SAMAI. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto 17 de febrero de 2022, remitió por competencial expediente al Tribunal
Administrativo del Atlántico (archivo “03. AutoDeclaraFaltaCompetencia.pdf” índice 13 SAMAI), corporación
donde se le asignó la radicación no. 08001-23-33-000-2022-00110-00.
2 La reforma de la demanda fue admitida mediante auto del 10 de agosto de 2022, allí se modificó la

pretensión primera (archivo “23. 23.
10_080012333000202200110001AUTORESUELVEA20220810151518.pdf” índice 12 SAMAI).

3

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

lo siguiente:

1) El 18 de septiembre de 2012, el Consorcio AIA y el ICBF celebraron el contrato de
interventoría no. 2597 de 2012 cuyo objeto era “adelantar la interventoría administrativa
técnica, operativa y de control de calidad al contrato de concesión No. 984/2007 para la
operación de plantas de producción de alimentos de alto valor nutricional (…) de
propiedad del ICBF ubicadas en los municipios de Sabanagrande (…) y Cartago” (fl. 54
archivo “02Demanda.pdf” índice 13 SAMAI).

2) En ejecución del contrato se presentaron las siguientes situaciones que, a juicio del
consorcio demandante, constituyeron incumplimientos contractuales y afectaron su
equilibrio económico:

a) El 19 de diciembre de 2014 se celebraron la prórroga no. 5 para ampliar el plazo de
ejecución hasta el 31 de agosto de 2015 y la adición no. 6 mediante la cual se adicionó
el valor del contrato en tres mil seiscientos setenta y seis millones setecientos setenta mil
ochocientos cinco pesos ($3.676.770.805) para la ejecución de actividades dentro del
nuevo plazo contractual. Sin embargo, para la determinación y cálculo del valor de dicha
adición el ICBF no realizó un nuevo estudio de costos ni actualizó los precios unitarios
respecto de los componentes de talento humano, pruebas de laboratorio, gastos de
pólizas y gastos de administración, y se limitó a tomar los valores unitarios ofrecidos por
el contratista en el 2012, lo cual implicó que el Consorcio AIA tuviera que ejecutar dichas
actividades a un precio inferior al real.

b) El objeto del contrato era la ejecución de actividades de interventoría sobre el contrato
de concesión mediante el cual el ICBF entregó la operación de unas plantas de
producción de alimentos con alto valor nutricional; dicho contrato de concesión se
adicionó el 12 de julio de 2015, razón por la cual el ICBF y el Consorcio AIA acordaron
adicionar el valor del contrato de interventoría; no obstante, el ICBF no cumplió este
compromiso.

c) El Consorcio AIA realizó una serie de actividades de control de calidad respecto de los
productos bienestarina líquida, bienestarina MAS y galletas fortificadas, actividades que
no estaban previstas inicialmente en el objeto del contrato; estas actividades fueron
ejecutadas a satisfacción de la entidad por lo cual deben ser reconocidas al contratista.

4

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

d) Dentro del objeto del contrato estaba previsto que el Consorcio AIA realizara visitas de
control a las plantas de producción concesionadas, obligación que también fue cumplida
a satisfacción por el contratista. Sin embargo, el ICBF no reconoció el valor de 1.738
visitas a las plantas de producción y, además, realizó descuentos unilaterales al
contratista respecto de visitas ejecutadas y pagadas, con el argumento de que los
soportes presentados por el Consorcio AIA para su cobro no cumplían con las
especificaciones del contrato.

3) El contrato terminó por vencimiento del plazo el 30 de diciembre de 2015, sin que para
esa fecha el ICBF hubiera reconocido y pagado al Consorcio AIA las reclamaciones
referidas anteriormente.

4) El contrato se liquidó bilateralmente el 15 de junio de 2018 y en el acta de liquidación
el Consorcio AIA dejó las respectivas salvedades referidas a las reclamaciones
reseñadas anteriormente.

3. Contestación de la demandada

El ICBF (archivo “25. Contestación reforma demanda AIA.pdf” índice 13 SAMAI) se
opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que la relación contractual se ejecutó
en un plano de igualdad, que no realizó actuaciones unilaterales ni abusó de su
posición dominantes y que en su ejecución siempre se ciñó a los postulados de la
buena fe.

En relación con cada una de las reclamaciones presentadas por el Consorcio AIA
manifestó lo siguiente:

1) El valor de la adición no. 6 al contrato se determinó a partir de los precios unitarios
ofertados por el contratista, asimismo, cada una de las actividades previstas en dicha
adición que fueron efectivamente ejecutadas por el Consorcio AIA se pagaron
oportunamente.

2) El Consorcio AIA no acreditó debidamente la ejecución de las demás actividades
cuyo pago reclama por lo cual no fue procedente su reconocimiento durante el término
de ejecución del contrato y tampoco es viable su reconocimiento en el presente
proceso.

5

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

3) No es cierto que el ICBF hubiere realizados descuentos unilaterales al contratista
respecto de actividades previamente pagadas y reconocidas; lo que ocurrió fue que la
entidad no reconoció ni pago las actividades que el contratista no acreditó haber
ejecutado, conforme con las exigencias del contrato.

4. Fijación del litigio

Mediante auto del 16 de septiembre de 2022 (índice 19 SAMAI del tribunal) el tribunal
dispuso adecuar el trámite del proceso para dictar sentencia anticipada y en la misma
providencia fijó el litigio en los siguientes términos:

“De la lectura de la demanda, la reforma y sus contestaciones, se tiene que el
litigio se circunscribe en determinar si hay o no lugar a declarar el
incumplimiento del contrato 2597 de 2012, suscrito entre el Consorcio AIA y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el presunto no reconocimiento
de las actividades de interventoría efectuadas a la bienestarina liquida y galleta
fortificada. Asimismo, si hay lugar o no a declarar dicho incumplimiento por el
no pago de las facturas relacionadas en la solicitud de conciliación inicial.
Además de ello, esta corporación deberá determinar si hubo incumplimiento por
no corregir el otrosí, modificado por la prórroga 5 del referido contrato, según lo
dispuesto por el dictamen pericial presentado.

Por otra parte, se deberá determinar si es procedente o no que se declare que
el contrato 2597 sufrió un desequilibrio económico por conductas atribuible al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y si debe ser o no restablecido
económicamente según la ecuación que surgió al momento de su
perfeccionamiento.

Así mismo corresponderá al despacho establecer, en caso de prosperar el
incumplimiento contractual, si hay lugar o no a indemnizar al Consorcio AIA para
el restablecimiento económico del contrato.”

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 7 de octubre de 2022 (índice
71 SAMAI del tribunal) negó las pretensiones de la demanda con sustento en los
siguientes argumentos:

1) El no pago de los servicios y visitas realizadas por el Consorcio AIA estaba justificado
debidamente, toda vez que, (i) no todas las visitas realizadas fueron válidas a la luz del
contrato, pues, no se presentaron los soportes exigidos y, (ii) el ICBF evidenció la
existencia de una serie de falencias en la ejecución de las actividades por parte del
contratista, las cuales fueron informadas oportunamente por parte de la supervisión del
contrato.

6

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

2) Todas las actividades objeto de la adición no. 6 fueron pagadas por el ICBF al
contratista, adicionalmente, los valores de dicha adición fueron aceptados por el
Consorcio AIA al suscribir el respectivo otrosí por lo cual tampoco es cierto que la entidad
hubiere fijado unilateralmente el precio de dichas actividades.

6. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandante solicitó que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda (índice 32
SAMAI del tribunal) por las siguientes razones:

1) El tribunal sustentó la decisión de negar las súplicas únicamente en los documentos
aportados al proceso, sin embargo, omitió valorar los testimonios de los funcionarios del
ICBF los cuales acreditan que la entidad no pagó las actividades realizadas por el
Consorcio AIA a pesar de que estás cumplieron todos los requisitos establecidos en el
contrato.

2) El tribunal también omitió valorar los dictámenes periciales practicados en el proceso
los cuales demostraban (i) los errores en que incurrió el ICBF al fijar unilateralmente los
precios de la adición no. 6 al contrato y, (ii) la cuantificación de los perjuicios sufridos por
el Consorcio AIA con ocasión de la indebida fijación de los precios de la adición no. 6 y
el no pago de las actividades ejecutadas.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 6 de diciembre de 2023 (índice 19 SAMAI) se admitió el recurso de apelación
y el 23 de enero de 2024 (índice 25 SAMAI) el expediente ingresó al despacho para dictar
sentencia según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Surtido el trámite procesal, sin que se advierta nulidad que lo invalide, corresponde
resolver el asunto para lo cual se seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la
controversia y anuncio de la decisión, (ii) caducidad del medio de control judicial

7

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

ejercido por la parte demandante y, (iii) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) La demanda está dirigida a obtener que se declare que el ICBF incumplió el contrato
de interventoría celebrado con el demandante y, a su vez, que se declare el rompimiento
del equilibrio económico del contrato.

2) El tribunal de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda para lo cual
consideró que el ICBF reconoció y pagó todas las actividades ejecutadas por el
contratista que tenían el debido soporte contractual, y que no se probó la existencia de
situaciones que afectaran el equilibrio económico del contrato.

3) La parte demandante adujo en el recurso de apelación que el tribunal omitió valorar
los testimonios practicados en el proceso y los dictámenes periciales aportados, pruebas
que demostraban la existencia de incumplimientos por parte de la entidad, la ocurrencia
de situaciones que desequilibraron económicamente el contrato y el monto de los
perjuicios sufridos por el contratista.

4) La Sala modificará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará probada, de oficio, la
excepción de caducidad del medio de control judicial de controversias contractuales
debido a que la demanda se interpuso por fuera del plazo previsto en la ley.

2. Caducidad del medio de control judicial de controversias contractuales

1) Respecto de la liquidación de los contratos y el término de caducidad de la acción
de controversias contractuales el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone que:

“Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación,
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136
del CCA”.

2) El límite temporal de dos (2) años para realizar la liquidación “en cualquier tiempo”,
vencidos los plazos legales o contractuales para la liquidación unilateral o bilateral,
hace referencia al término de caducidad de la acción de controversias contractuales
(antes artículo 136 del CCA, hoy artículo 164 del CPACA).

8

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

3) La liquidación bilateral realizada por fuera de dicho término no revive el término de
caducidad vencido para pretensiones que no sean objeto de acuerdo o respecto de las
cuales se hayan dejado salvedades, sobre este asunto la jurisprudencia de esta
corporación ha precisado lo siguiente:

“Ahora bien, en relación con el plazo que tienen las partes para concurrir a la
liquidación de los contratos, se observa que el texto original de la Ley 80 de
1993 dispuso como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia,
el término de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, posteriormente, la
Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del CCA, adoptó el periodo de
dos (2) meses para la liquidación unilateral. Este término, como venía
exponiendo la Sección Tercera de esta Corporación, incluso desde antes de la
expedición de las leyes precitadas, no resulta perentorio o preclusivo, pues las
partes no pierden la competencia para liquidar el contrato pese al transcurso de
los seis (6) meses. Sin embargo, dicha facultad subsiste únicamente durante
los dos (2) años siguientes al vencimiento del término mencionada. Pasado este
tiempo, caduca cualquier acción que las partes pudieran promover con
fundamento en el contrato”3.

4) En relación con lo anterior resulta relevante anotar que el auto de unificación del 2
de agosto de 2019 de la Sección Tercera de esta corporación no definió la manera en
que se computaba la caducidad de las pretensiones de controversias contractuales en
los casos en los cuales se liquidara el contrato cuando el plazo de caducidad hubiese
operado.

5) Si bien la liquidación bilateral o unilateral extemporánea no dejan de tener naturaleza
contractual, por lo cual son pasibles de la acción de controversias contractuales,
tampoco puede perderse de vista que no por ello las partes pueden, con fundamento
en sus propios actos, revivir el término de caducidad vencido; en especial respecto de
las pretensiones económicas que dejaron de presentar en tiempo ante el juez del
contrato.

6) En el presente caso el contrato terminó por vencimiento del plazo el 30 de diciembre
de 20154 y se pactó un término de cuatro (4) meses para su liquidación bilateral (fl. 68
archivo «02Demanda.pdf» índice 13 SAMAI), el cual corrió entre el 31 de diciembre de
2015 y el 1° de abril de 2016.

7) El término de dos (2) meses para la liquidación unilateral del contrato dispuesto en

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, radicación

no. 15001-23-31-000-2012-00068-01 (64057), MP: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
4 Lo anterior de conformidad con lo señalado en el acta de liquidación bilateral y la prórroga no. 5 al contrato

(fls. 70 a 88, archivo «02Demanda.pdf» índice 13 SAMAI).

9

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 transcurrió entre el 2 de abril y el 2 de junio de
2016, por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 numeral 2 literal
j) del CPACA el término de caducidad de dos (2) años del medio de control judicial de
controversias contractuales tuvo lugar entre el 3 de junio de 2016 y el 3 de junio de
2018.

8) El 15 de junio de 2018, el Consorcio AIA y el ICBF liquidaron bilateralmente el
contrato (fls. 70 a 88, archivo «02Demanda» índice 13 SAMAI), liquidación que se
realizó por fuera del término de caducidad de dos (2) años del medio de control judicial
de controversias contractuales.

9) Por lo tanto, (i) no era procedente computar el término de caducidad del medio de
control judicial de controversias contractuales respecto de las pretensiones de
incumplimiento y desequilibrio a partir del día siguiente a la suscripción del acta de
liquidación bilateral y, (ii) aun cuando el Consorcio AIA dejó unas salvedades en dicha
acta, no es procedente su reclamación judicial por haber operado la caducidad para
ejercer el derecho de acción.

3. Condena en costas

En los términos del artículo 188 del CPACA la parte vencida debe asumir las costas
de esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de primera instancia de
manera concentrada, incluidas las agencias en derecho, según lo dispuesto en los
artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Modifícase la sentencia del 7 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda la cual quedará
así:

“1°. DECLÁRASE la caducidad del medio de control judicial ejercido con la demanda

10

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00110-01 (69.870)
Demandante: Consorcio AIA
Controversias contractuales

2°. Sin costas.

3°. NOTIFÍCASE a las partes y al agente del Ministerio Público delegado ante el
tribunal”.

SEGUNDO: Condénase en costas y agencias en derecho al Consorcio AIA, las cuales
se fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección Magistrado (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la
Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.