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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00068-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00068-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4, que declaró probada la caducidad de la acción y, en consecuencia, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone: PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones formuladas en la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia este en firme.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2012-00068-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

8 de noviembre de 2024

Radicado: 15001-23-31-000-2012-00068-01 (64057)
Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 15001-23-31-000-2012-00068-01 (64057)
Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500
Demandado: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Referencia: Acción de controversias contractuales

Tema 1. Contrato de obra pública. Subtema 1.1. Caducidad de la acción de controversias contractuales
en relaciones liquidadas bilateral pero extemporáneamente. Subtema 1.2. Desequilibrio económico del
contrato. Subtema 1.3. Riesgos inherentes al alea normal de la actividad contractual de conformidad
con las previsiones del pliego de condiciones. Subtema 1.4. Presupuestos para la procedencia de la
reclamación por stand by de maquinaria. Subtema 1.5. Objeción por error grave de dictamen pericial.
Subtema 1.6. Carga de la prueba.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4,
el doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en la que declaró probada la
caducidad de la acción y, en consecuencia, se inhibió para emitir pronunciamiento de
fondo sobre las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto Nacional de Vías (en lo sucesivo “INVIAS”) celebró con la Unión Temporal
Boyacá en el 2500 (en adelante, “UT Boyacá”) el contrato de obra 1613 de 2005, bajo
la modalidad de precios unitarios con formula de reajuste, cuyo objeto consistía en “el
diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Otanche –
Borbur […], con una longitud de 15 kilómetros en el Departamento de Boyacá”, y un
plazo de ejecución de veinte (20) meses, dividido en dos (2) meses para la etapa de
estudios y diseños, y dieciocho (18) meses para la etapa de construcción. Durante su
ejecución y debido a la ocurrencia de diversas circunstancias sobrevenidas que venían
retrasando la entrega oportuna de los quince (15) hitos1 que conformaban los trabajos
a realizar, las partes pactaron cuatro (4) modificaciones mediante las que aumentaron
el valor del anticipo a entregar; y suscribieron cuatro (4) contratos adicionales para
prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el precio convenido. Finalizado el plazo

1 De conformidad con las definiciones incluidas en el pliego de condiciones (folios 66 a 67 del cuaderno 12)

cada HITO: “está constituido por un Km de vía ejecutada, de manera continua o descontinua, que incluye la
totalidad de las siguientes obras: i) la estructura de pavimento según el tipo de estructura diseñada y ejecutada,
desde la adecuación de la subrasante hasta la rasante que comprende interfase granular más la estructura de
carpeta; ii) los elementos básico, definidos para cada grupo de tramos en el diseño básico, así: terraplén
perfilado de banca existente, Box Coulvert, filtros longitudinales, alcantarilla, descoles, cunetas revestidas,
señalización horizontal y vertical, y defensa de protección”. Dentro de los hitos también se destaca el
correspondiente a los estudios y diseños.

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Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

contractual y entregadas a satisfacción las obras, los extremos de la relación negocial
suscribieron el acta de liquidación bilateral, en la cual la contratista dejó constancia de
su reserva de derecho para reclamar por desequilibrio económico del contrato.

La otrora contratista afirma, en este contencioso, que durante la ejecución del contrato
surgieron varias situaciones que no le podían ser atribuidas —serán pormenorizadas
más adelante— y que lo llevaron a asumir cargas y costos que rompieron la ecuación
económica del contrato, motivo por el que pretende restablecimiento de derechos. El
Tribunal consideró que la acción de controversias contractuales estaba caducada para
la fecha en que se presentó la demanda, y que aun cuando las partes realizaron la
liquidación bilateral lo cierto es que esta fue extemporánea y, por lo tanto, no producía
efectos jurídicos. La parte actora recurrió la decisión antedicha, bajo el argumento que,
si bien la liquidación bilateral fue suscrita por fuera del plazo legal y negocialmente
fijado para ello, fue realizada dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de
dicho término, por lo tanto, la misma resultaba oportuna y, en consecuencia, es a partir
de ese momento que se inicia el conteo de la caducidad de la acción contractual, sin
que hubiera operado. Bajo esa consideración, insistió en la vocación de prosperidad
que tienen las súplicas formuladas en la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. El quince (15) de febrero de dos mil doce (2012)2, la Unión Temporal Boyacá en
el 2500 (integrada por Edificaciones y Vías S.A.3 y Vías & Ambiente Ltda.4) presentó
demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el INVIAS,
y formuló las pretensiones que se sintetizan a continuación:

2.1.1. Principales: (i) se declare la ruptura del equilibrio económico del contrato
1613 de 2005 por hechos no imputables a la UT Boyacá, pues su ejecución le
representó “un costo mayor […] del precio contratado, lo cual solo aprovechó
al INVIAS”; (ii) se declare que todos los gastos y costos no previstos en los que
incurrió la UT Boyacá para la ejecución y cumplimiento del contrato 1613 de
2005 “deben ser asumidos y pagados por el INVIAS”; (iii) se declare que el
INVIAS incumplió el contrato 1613 de 2005 al “no atender oportunamente los
reclamos económicos presentados por la UT Boyacá […], a pesar de haberse
comprometido a ello”; y (v) se condene al INVIAS a “indemnizar (o reembolsar
para restablecer el equilibrio económico del contrato) a la UT Boyacá, con
actualización monetaria y los intereses correspondientes, los valores que a
continuación se relacionan”:

CONCEPTO VALOR

2 Folios 3 a 116 del cuaderno 1.
3 Folios 119 a 123 del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación de Edificaciones y Vías S.A.

Limitada —EDIVAL S.A.— emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de noviembre de 2011 con
número R033039105.
4 Folios 117 a 118 del cuaderno 1. Certificado de existencia y representación de Vías y Ambiente Limitada —

VIAMBIENTE LTDA.— emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 12 de noviembre de 2011 con número
R033050539.

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Maquinaria adicional alquilada [vibrocompactadora Bomag; $660.678.591
camioneta Hilux; planta de asfalto John Deere; y trituradora
Mamutt]
Sobrecostos por incremento de insumos y utilización de $1.049.976.946
material explosivo [operaciones de trituración de material;
explosivos para la extracción de roca; y suministro y
transporte de arena desde Pescadero]
Mayores costos socio-ambientales $55.170.312
Stand by de equipos por permanencia en obra y demora de $1.600.215.686
INVIAS en definir y aprobar estudios y diseños
Pago de la estampilla por desarrollo de la UPTC $35.120.640
Ajustes de acuerdo con la realidad contractual y la absorción $1.333.003.230
de la utilidad del 5%

TOTAL $4.734.165.405

2.1.2. Subsidiarias: (i) se declare el rompimiento del equilibrio económico del
contrato 1613 de 2005 por hechos no imputables a la UT Boyacá, comoquiera
que aquel “tuvo una duración mayor a la prevista, lo que hizo necesario que su
plazo se ampliara y se aumentara su costo”; (ii) se declare el rompimiento del
equilibrio económico del contrato 1613 de 2005 por hechos no imputables a la
UT Boyacá, pues “esta se vio obligada a realizar varios trabajos no previstos
en el contrato inicial, los cuales eran necesarios para la ejecución oportuna del
objeto del contrato […] que tuvieron un costo que no ha sido pagado por
INVIAS”; (iii) se declare, como complemento de lo anterior, que la totalidad de
los gastos y costos no previstos en los que incurrió la UT Boyacá para la
ejecución y cumplimiento del contrato 1613 de 2005 ”deben ser asumidos y
pagados por el INVIAS”; (iv) se declare que el INVIAS incumplió el contrato
1613 de 2005 por “no atender oportunamente los reclamos económicos
presentados por la UT Boyacá”; y (v) se condene al INVIAS “indemnizar (o
reembolsar para restablecer el equilibrio económico del contrato) a la UT
Boyacá, con actualización monetaria y los intereses correspondientes […], los
valores relacionados n la pretensión cuarta principal”:

2.1.3. Como sustento de sus pretensiones, la accionante manifestó que, durante la
ejecución del contrato 1613 de 2005, se presentaron diversas situaciones, ajenas a la
contratista, que la obligaron a asumir cargas y costos que no habían sido objeto de
consideración en la propuesta, y que rompieron el equilibrio económico del contrato.
Por causa de esto, y de conformidad con las prescripciones de los artículos 5.1 y 25.14
de la Ley 80 de 1993, depreca el restablecimiento a cargo del INVIAS, hasta un punto
de no pérdida. Discriminó dichas situaciones en forma que la Sala sintetiza a
continuación:

2.1.3.1. Sobrecostos derivados del retraso en la aprobación definitiva de
estudios y diseños. El pliego de condiciones previó un plazo de tres (3)
meses, contado a partir de la suscrición del acta de iniciación del contrato, para
la revisión y aprobación de los estudios y diseños, plazo que “comprendía su
ejecución completa y la aprobación de los mismos por la interventoría”, y que
sufrió disminución mediante adenda 02 del INVIAS, a dos (2) meses, habida
consideración del alcance de la actividad, que consistía en el ajuste del diseño
prexistente. Aunque la UT contratista entregó los estudios y diseños a la firma

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interventora oportunamente (faltando un día para cumplirse el último plazo
redimensionado), y ésta, al día siguiente impartió la orden de inicio de la etapa
de construcción, por un término de dieciocho (18) meses, inexplicablemente,
sólo un (1) mes después, informó a la UT contratista que aprobaba solo seis (6)
de los nueve (9) volúmenes que componían los estudios y diseños, y condicionó
su aprobación definitiva a la incorporación de reformas varias, entre estas las
relacionadas con el volumen VI denominado “Estudio geotécnico para diseño
de pavimentos”, que había sido elaborado conforme los estudios y diseños
preexistentes e incluidos en el pliego de condiciones, cuya veracidad, calidad y
precisión se presumían, pero que a la postre resultaron imprecisos.

Este proceder de la interventoría hace suponer a la demandante que aquella,
“seguramente con el fin de acomodarse a un cronograma, apenas se
encontraba revisando los estudios y diseños que la unión temporal había
presentado oportunamente, imponiéndole nuevas obligaciones, que impidieron
y retardaron el inicio formal de las obras, con el agravante de que se estaba
“consumiendo” el plazo correspondiente a la etapa constructiva», debiéndose
incrementar recursos físicos y económicos para atender tales requerimientos y,
además, cumplir con la exigencia de ceñirse al cronograma original, “que, de
manera unilateral e inexplicable, la propia interventoría comenzó a quebrantar
y desorganizar”. Denotó la demandante que, aparte del destiempo que acusó
en la aprobación definitiva de los estudios y diseños, tiempo después vino a
manifestar su desacuerdo con el enfoque dado al diseño estructural de
pavimentos, situación que impidió comenzar los trabajos de pavimentación, y,
por ende, facturar los hitos de la obra de acuerdo con el cronograma pactado
inicialmente, hasta tanto no se conviniera en forma definitiva sobre este tópico,
lo que ocurrió aproximadamente siete (7) meses después de haberse impartido
la orden de inicio de la etapa de construcción.

De acuerdo con lo anterior, y habida consideración de que el contrato no previó
el tiempo que requería el interventor para la revisión de los estudios y diseños,
—considera— no puede desconocerse el tiempo consumido de la etapa de
construcción, atribuyéndole la demora al contratista, pues “las modificaciones
al cronograma y las consecuentes demoras generadas, jamás fueron atendidas
y reconocidas por la firma interventora”, quien únicamente se limitó a manifestar
que tales circunstancias no alteraron el plazo final del contrato y no modificaron
el programa de obra. En definitiva, ni la administración, ni la firma interventora,
accedieron a las innumerables y justificadas peticiones presentadas por la UT
para que se reprogramaran las obras, “así, lejos de haberle otorgado seguridad
técnica al contratista y de haberle ofrecido la posibilidad de reprogramar la obra,
en sus aspectos técnicos y presupuestales, le gener[aron] inestabilidad y lo
oblig[aron] a iniciar obras sin poder establecer, a ciencia cierta, las demandas
reales de obra y por ende de materiales que utilizaría, generándoles dificultades
para hacer las correspondiente programaciones presupuestales, de obra y de
flujo de gastos, con reducción de las potenciales oportunidades de negociación
que permiten usualmente obtener mejores costos, y sometiéndolo a los valores
de mercado de último momento no solo en materiales, sino en transporte de los

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mismo, consecución de mano de obra y equipo”, circunstancias que le llevaron
a asumir sobrecostos por seiscientos cuarenta y tres millones quinientos
setenta mil cuatrocientos pesos ($643.570.000)5.

2.1.3.2. Sobrecostos derivados de la errada apreciación de los estudios
previos del INVIAS en torno a la fuente de materiales relacionada con las
rocas sedimentarias. Al respecto puso de presente que la UT Boyacá calculó
su propuesta económica con base en los estudios técnicos que acompañaron
el pliego y que le sirvieron de fundamento al ente contratante para reducir el
plazo de la etapa de estudios y diseños; que, dentro de los estudios referidos,
se habían incluido algunas fuentes de material cercanas a la zona de
intervención para adelantar los trabajos, entre estas, “la fuente Agua Fría (roca
sedimentaria), ubicada a 12 KM del centro de gravedad del proyecto, para la
extracción de piedras calizas”, que servían para producir mezclas asfálticas y
de concreto. Que, pese a lo anterior, una vez firmado el contrato, la contratista
comprobó que la fuente Agua Fría no cumplía con las calidades y cantidades
de material necesarias para producir mezcla asfáltica y, en tal virtud, “no se
podía utilizar como fuente de agregados […], por lo que se hizo necesario
identificar otra fuente durante la etapa de estudios y diseños, habiéndose
encontrado la fuente Calamaco (Cerro la Chapa), cantera que si bien cumplía
con las características física y químicas para el correcto desarrollo de las obras”
presentaba tres (3) inconvenientes: (i) que, a diferencia de la fuente Agua Fría,
la explotación de la de Calamaco no podía efectuarse a través de métodos
mecánicos, sino mediante explosiones controladas; (ii) requería, además, un
manejo especial debido a la posible afectación por obra de aguas carbonadas;
y (iii) demandaba el adelantamiento de trámites de autorización temporal para
su explotación ante INGEOMINAS y CORPOBOYACA.

Estos inconvenientes le generaron a la UT contratista un aumento exagerado
en los costos de ejecución del contrato, que no le podían ser atribuibles, “pues
resulta inconcebible que, así fuera a título de simple sugerencia, el INVIAS
orientara a los proponentes por un camino equivocado con la muestra de unos
estudios y diseños equivocados, peor resulta, que por enmendar esa errada
orientación que inexplicablemente se ofrece en los pliegos, se pretenda dejar
sin reconocimiento la labora seria y responsable del contratista en busaca de
mejores fuentes de materiales”, máxime si se tiene en cuenta que la contratista
solicitó en diversas oportunidades a la interventoría y a la consultoría de apoyo
reconocer tales sobrecostos para equilibrar la ecuación económica del contrato,
sin que estas hubieren aceptado tal petición. Estos sobrecostos, afirma la parte
demandante, se derivaron de: (i) las operaciones de trituración de material por
la suma de quinientos veintitrés millones seiscientos noventa y ocho mil
novecientos tres pesos ($523.698.903)6; y (ii) el uso de explosivos para extraer
rocas, por un precio de trecientos cuarenta y nueve millones novecientos treinta
y ocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos ($349.938.865)7; y (iii) el alquiler

5 Folios 401 del cuaderno 1.
6 Folios 143 del cuaderno 1.
7 Ibidem

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de una vibrocompactadora marca Bomag “debido a las dificultades para
trabajar en los terrenos después de la explosión de roca con explosivos”, por
un valor de veintisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil treinta y siete
pesos ($27.484.037)8.

2.1.3.3. Sobrecostos por la necesidad de cambiar la fuente de materiales
para el suministro de arena. Al punto, dijo la demandante, que si bien la UT
Boyacá, con el propósito de ejecutar el objeto contractual, incluyó en su oferta
la fuente Aguanegra para el suministro de arena (material indispensable para
la producción de mezcla asfáltica), lo cierto es que los cierres parciales y totales
de la vía Puerto Boyacá – Otanche impidieron el transporte de dicha materia
prima a la zona de intervención. Así, entonces, la contratista, avalada por las
firmas de interventoría y de consultoría, debió “realizar una nueva búsqueda
de materiales, comoquiera que la extracción de arena desde la fuente de
Aguanegro —que contenía material de óptimas condiciones y se encontraba
cerca de la obra— resultaba imposible por las complicaciones y el peligro que
suponía el transporte de los materiales por el mal estado de la vía”,
encontrando la fuente Pescadero, para arena de río, y la fuente Briceño, para
arena amarilla, cuyas condiciones eran aptas para realizar la mezcla asfáltica
en las condiciones de calidad requeridas por el contratante. No obstante, el
transporte de estos materiales hasta la zona de intervención supuso un
aumento considerable en el ítem de acarreo, ya que en la propuesta se había
calculado la distancia desde la fuente de Aguanegro en 86 Km, y por haberse
sustituido esta cantera por las fuentes de Pescador y de Briceño, la distancia
se aumentó a 325 KM, diferencia que le produjo a la contratista mayores costos
que no estaba en la obligación de soportar y que, en contraste, debían ser
reconocido y pagados por el INVIAS. Los sobrecostos que la parte actora aduce
haber incurrido por este concepto ascienden a ciento setenta y seis millones
trescientos treinta y nueve mil cientos setenta y ocho pesos ($176.339.178)9.

2.1.3.4. El stand by de maquinaria por causa de los índices inusualmente
altos de precipitaciones y el grave deterioro de las vías de acceso a la
obra. Se dijo en la demanda que, desde que comenzó la ejecución del contrato,
la UT contratista debió enfrentar las inclemencias de una temporada invernal
que superó ampliamente los registros históricos de lluvia en la región. Esta
situación imprevista provocó derrumbes, taponamientos y fallas en los taludes,
causando daños severos en las vías de acceso a la zona de ejecución del
contrato, que en ocasiones incluso llevaron a su cierre total. Que, si bien al
principio la contratista pudo sortear estas dificultades, con el tiempo, y habida
consideración de que la intensidad invernal no cesaba, esta se tornó
inmanejable, “dificultando la consecución e ingreso de materiales, generando
constantes demoras en actividades de la obra, daños en los trabajos ya
ejecutados y retrocesos en actividades ya cumplidas, con los consecuentes
sobrecostos”, que, de ningún manera, podían ser atribuidos a la contratista,
más si se tiene en cuenta que las vías de acceso referidas estaban bajo la

8 Folios 125 del cuaderno 1.
9 Folios 143 del cuaderno 1.

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responsabilidad del INVIAS, entidad que “solo tras dos años de insistencia de
la UT contratista y de la comunidad de Otanche […] cumplió meridianamente
con su obligación de mantenimiento y trato de aliviar un poco el mal estado
de la vía”.

En este contexto —aseveró— que aun cuando las vías de acceso a la zona de
intervención de la obra se encontraban en estado crítico desde el comienzo de
ejecución del contrato, fue la inusitada y recia temporada invernal que azotó la
región de Otanche, junto con la falta de intervención oportuna del INVIAS, lo
que llevó a que los trabajos se ralentizaran e, incluso, se detuvieran durante los
periodos de cierre de las vías — febrero, marzo abril, mayo, octubre, noviembre
y diciembre de 2006 y noviembre y diciembre de 2007—, circunstancia que
causó a la UT contratista sobrecostos que no estaba obligado a soportar
derivados del stand by de maquinaria, ya fuera propia o alquilada, que
ascendieron a novecientos cincuenta y seis millones seiscientos cuarenta y
cinco mil doscientos ochenta y seis pesos ($956.645.286)10.

2.1.3.5. La renuencia del INVIAS a acceder a las diversas solicitudes de
reprogramación de las obras, y consecuentemente, a ajustar los precios
de acuerdo con la realidad contractual. Protestó la accionante que, de
manera sorpresiva, el INVIAS, por intermedio de la interventoría y consultoría,
desatendió todos y cada uno de los ruegos de la UT contratista en relación con
la necesidad y conveniencia de reprogramar la obra, llegando, incluso, a iniciar
en diversas ocasiones el procedimiento para imposición de multas por
incumplimiento de la contratista en la entrega de algunos hitos de acuerdo con
el cronograma fijado —procedimientos que nunca prosperaron—. Lo anterior
sin considerar que la necesidad de reprogramar las obras siempre estuvo
debidamente justificada y motivada por hechos ajenos a la voluntad de la
contratista —como se expuso en los numerales anteriores—. “Así las cosas,
dadas todas las circunstancias adversas a que se han hecho referencia, era
una realidad inevitable que […] el programa de inversiones se viera afectado,
dado que la unión temporal, unas veces a solicitud de la interventoría, otras por
las necesidades topográficas y del terreno o por las formas de explotación de
materiales, e incluso, en ocasiones, impulsada por el afán de cumplir con lo
previsto en el contrato, [debiera incurrir en sobrecostos] que inicialmente no
habían sido previstos en los pliegos respectivos”, tales como el alquiler de
maquinaria adicional11 que no había sido incluida en la propuesta, a saber: (i)
camioneta Hilux con placas UFS 604, por cuarenta millones trescientos noventa
y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro pesos ($40.394.554); (ii) planta de
asfalto Jhon Deere por quinientos millones de pesos ($500.000.000); y (iii)
trituradora Mamutt por noventa y dos millones ochocientos mil pesos
($92.800.000).

En suma, la demandante se dolió de que, si bien el INVIAS debía, en virtud del
contrato, actualizar los precios de los ítems que componen las cantidades de

10 Folios 401 del cuaderno 1.
11 Folios 125 del cuaderno 1.

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obra ejecutadas cada doce (12) meses, con base en el Índice de Costos de la
Construcción Pesada (“ICCP”), lo cierto es que estas cantidades dependían del
programa anual de intervención presentado por la contratista, programa que se
vio alterado por causa que no le eran imputables, tales como, se itera, “atrasos
en la etapa de estudios y diseños […], problemas originados por el fuerte
invierno y el pésimo estado de las vías”. Bajo este panorama, la UT se vio
obligada a ejecutar actividades en tiempo diferente al establecido inicialmente,
por lo que solicitó a la firma interventora —sin ningún éxito— que realizara la
reprogramación de la obra de acuerdo con la realidad constructiva y el
menguado avance de los trabajos causado por los inconvenientes citados, toda
vez que el contrato establecía una sanción para la contratista por incumplir el
programa anual de intervención, en los siguientes términos: “las cantidades de
obra ejecutadas que no se ejecuten dentro del programa anual de
intervenciones no estarán sujetas a actualización, y serán pagadas a los
precios de la anualidad en la cual debieron ser ejecutadas”.

De acuerdo con lo anterior, en desarrollo del contrato “resultaron cancelándose
ajustes con valores correspondientes al año 2006 (año de la programación),
cuando tales ajustes han debido cancelarse con valores correspondiente al año
2007 (año de la ejecución real)”. Esta sanción, la parte demandante la juzga
inaceptable, pues se aplicó “con desconocimiento de la tortuosa realidad que
afrontó la UT en la ejecución del contrato, realidad absolutamente ajena a su
voluntad y, por lo mismo, extraña a toda responsabilidad de su parte, para que
como lo pretende la administración, se vengan a desconocer las
actualizaciones en términos reales, esto es, desatendiendo los mayores valores
pagados por la contratista al momento efectivo de realizar las obras”. Bajo este
panorama, señala que al INVIAS le corresponde reconocer el valor real que ha
debido tenerse en cuenta dentro de la ejecución contractual, valor que debe ser
calculado de acuerdo con los “ajustes aplicables a las reprogramaciones de las
actas de modificación que no se aprobaron”, como se expuso en el siguiente
cuadro elaborado por el propio demandante12:

AJUSTES DE PRECIOS DE ACUERDO CON LA REALIDAD CONTRACTUAL

ACTA VALOR REAL VALOR PAGADO DIFERENCIA
2B $51.012.387,57 $30.038.382,00 $20.974.005,57
3B $70.029.502,05 $33.777.288,00 $36.252.214,05
4B $98.953.934,80 $38.859.649,00 $60.094.285,80
5B $102.060.004,17 $37.575.157,00 $64.484.847,17
6B $91.814.218,56 $35.027.474,00 $56.786.744,56
7B $106.973.335,08 $39.441.683,00 $67.531.652,08
8B $102.770.907,62 $37.573.443,00 $65.197.462,62
9B $145.535.298,69 $124.349.272,00 $21.186.026,69
10B $116.455.753,95 $93.759.898,00 $22.695.855,95
11B $176.261.213,28 $108.361.574,00 $67.899.639,28
12B $208.665.638,00 $111.950.956,00 $96.714.682,00
13B $75.260.062,04 $38.734.491,00 $36.525.571,04
14B $391.884.386,71 $222.297.430,00 $168.956.956,71
TOTAL POR PAGAR $785.299.945,52

12 Folios 683 del cuaderno 2.

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“Adicionalmente, se calcula una Utilidad (U) del 5%, según contrato inicial 1613
cláusula primera, parágrafo primero, por valor de $547.703.230, para un total
de $1.333.003.230”.

2.1.3.6. Costos socioambientales. Afirma la accionante que dentro de los
rubros del presupuesto de la obra incluidos en el pliego no se incluyeron los
costos correspondientes al manejo de la actividad socioambiental. Esta
omisión, que intentó ser ignorada por el INVIAS, llevó a que se incluyera “dentro
de los costos de administración, sin que hubiese sustento para ello, en el punto
relativo al análisis de precios unitarios, los costos del manejo ambiental y
manejo de tránsito, inclusión que por carecer de respaldo, no fue de recibo para
la contratista”, quien a pesar de poner su inconformidad de presente en
múltiples ocasiones, nunca logró que su petición fuera estimada por el INVIAS,
entidad que con su actuar “permitió que la contratista asumiera sobrecostos
importantes por concepto de manejo socioambiental”, los cuales ascendieron a
cincuenta y cinco millones ciento setenta mil trecientos doce pesos
($55.170.312)13.

2.1.3.7. El pago de estampilla pro desarrollo de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC). Se queja la demandante de que la UT
Boyacá debió cancelar por concepto de este tributo la suma de treinta y cinco
millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta pesos ($35.120.640)14, sin que
estuviera obligada a asumir dicho costo, toda vez que para la fecha en que se
celebró el contrato de obra bajo controversia —9 de septiembre de 2005— esta
obligación aún no estaba vigente, pues la Asamblea de Boyacá ordenó la
emisión de dicha estampilla mediante Ordenanza 030 de 25 de octubre de
2005, ”y lo cierto es que la ordenanza […] no tenía, porque no los podía tener,
efectos retroactivos, por el contrario en dicho acto se advirtió que se empezaría
a cobrar a partir de su vigencia, o sea, días después de celebrarse el contrato
referenciado”. Así las cosas —afirmó— “si el contrato fue celebrado sin cargo
por estampilla, mal podría imponérsele al contratista una carga que nunca fue
considerada, [siendo esta] una obligación posterior al contrato, que por lo
mismo, afectó los activos de la unión temporal imponiéndole a esta una carga
a la que no se obligó desde cuando se inició la relación contractual, cuyo
equilibrio se rompió y corresponde al ente contratante recuperarlo”.

2.2. El once (11) de abril de dos mil doce (2012)15, el Tribunal admitió la demanda y,
posteriormente, notificó el auto admisorio en debida forma16.

2.3. Dentro del término de traslado17, el INVIAS contestó la demanda, con oposición
a todas las pretensiones en ella formuladas, aclarando que la formulación del escrito
introductorio resulta ambiguo e impreciso, por lo tanto, la defensa a los argumentos
allí contenidos la realizaría de manera integral. Al punto, expresó, grosso modo, que

13 Folios 364 del cuaderno 1.
14 Folios 364 del cuaderno 1.
15 Folios 1414 a 1415 del cuaderno 3.
16 Folio 1419 del cuaderno 3.
17 Folios 1423 a 1441 del cuaderno 3.

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no existe ninguna vulneración legal por parte del INVIAS en desarrollo del proceso
contractual, ya que los mayores costos en que la UT Boyacá afirmó haber incurrido
se originaron en gran parte por incumplimientos y retrasos en la ejecución de la obra
que resultaban única y exclusivamente imputable a esta. Particularmente expresó:

2.3.1. Que la contratista “conocía desde un principio el pliego de condiciones
del contrato, visitó el lugar de ejecución del mismo, y presentó su oferta a
sabiendas de las condiciones dadas en el contrato. Razón esta que conlleva
a que las incongruencias, debieron informarse por parte de los contratistas
dentro de la etapa de traslado del citado pliego”.

2.3.2. Que la parte accionante confesó en la demanda, por una parte, que la
interventoría solo aprobó seis (6) de los nueve (9) volúmenes que componían
los estudios y diseños presentados por la UT contratista, en consecuencia el
retraso originado en la necesidad de ajustarlos solo le resultaba atribuible a
esta; y, por otra parte, que no incluyó los costos de manejo ambiental, cuando
estos resultaban indispensables en este tipo de contrataciones. Los retrasos
e incumplimientos antedichos, se encuentran acreditados con los siguientes
documentos emitidos por la interventoría: (i) comunicación C.613.73/OB0/06
del 27 de febrero de 2006, “en la que se presentaban observaciones [a los
estudios y diseños radicados por la contratista] y se solicitaban correcciones
finales, sin alterar la programación de ejecución de la obra”; (ii) comunicación
C.613.7.3/OB42/06 del 2 de marzo de 2006, “en la que se solicitaba enviar
los planos corregidos”; (iii) comunicación C.613.7.3/OB063/06 del 31 de
marzo de 2006, “en la que se expresaba inconformismo por la no corrección
de estudios y diseños de tránsito, capacidad y niveles de servicio geotécnico
para el diseño del pavimento, ocasionando que en general los estudio y
diseños carecieran de aprobación”; y (iv) oficio C.613.7.3/OB083/06 del 28
de abril de 2006, “en la que se manifestaba que el inicio de obras estaba
atrasado, como la no terminación de obras complementarias en fuentes de
materiales […], falta de montaje de la planta trituradora y material de triturado,
falta de implementación del […] plan de manejo ambiental […], y pese al
otorgamiento de la licencia ambiental, un mes después la contratista no
realizaba labores de obra”.

2.3.3. Que el pliego de condiciones fue explícito en determinar que al futuro
contratista la correspondía elegir las fuentes de material que utilizaría en la
obra. Así las cosas, “no se entiende como si el contratista estudió las calizas
de la fuente La Chapa y se le aceptó su explotación para la obtención de
agregados […] y luego de suscribir contratos adicionales de manera libre y
espontanea con una adición en valor de un 50% de su valor original, ahora
pretenda reconocimientos como los que plantea”. Ahora bien, en relación con
el suministro y sobre acarreo de arenas, se tiene que la interventoría constató
que durante la ejecución del contrato las condiciones físicas de acceso a las
obras habían cambiado, generando “un costo de acarreo de arena mayor al
que la contratista previó cuando calculó los precios unitarios de su propuesta
técnica, por lo que consideró viable su restablecimiento, para lo cual solicitó

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presentar un precio unitario nuevo de sobre acarreo […], siendo aprobadas
las distancias de acarreo desde las canteras de Pescadero y Sopó, como así
se reconocieron y el contratista mediante comunicación UT-01613-329 adujo
que con la aprobación de los ítems de transporte de arenas […] consideraba
restablecido el equilibrio económico del contrato”.

2.3.4. Que si bien no se desconoce la presencia de fuertes lluvias en la zona
de intervención, lo cierto es que los atrasos de 1.5 meses generados por las
emergencias fueron tenidos en cuenta al conceder la primera prórroga, por
un periodo de cinco (5) meses al contrato, es decir, se tuvieron en cuenta las
circunstancias imprevisibles. Adicionalmente, se pone de presente que la UT
contratista en ningún momento cumplió con los programas de contingencia
pactados para recuperar los atrasos que presentaba la obra, “tales como la
vinculación de más personal, frentes de trabajo para aumentar rendimientos,
montar una unidad primaria de trituración para aumentar rendimientos […],
por lo que hoy no se puede esconder bajo el pretexto del mal estado de las
vías y la presencia de lluvia”, cuando estos atrasos única y exclusivamente
le resultaban imputables a esta.

2.3.5. Que la estampilla pro desarrollo de la UPTC no fue cobrada respecto
del contrato inicial sino en relación con los cuatro (4) contratos adicionales,
que aumentaron el valor de la obra en cincuenta por ciento (50%), negocios
jurídicos que fueron suscritos con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ordenanza 030 del 256 de octubre de 2005, por lo que su cobro resultaba
necesario.

2.3.4. Además, el INVIAS propuso como excepción previa, la caducidad de
la acción, al considerar que la liquidación bilateral del contrato de obra 1613
de 2005 fue suscrita por las partes el quince (15) de marzo de dos mil ocho
(2008)18, por consiguiente, en principio y de conformidad con el artículo
136.10 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), el término bienal para
la presentación oportuna de la acción contractual fenecía el dieciséis (16) de
marzo de dos mil diez (2010), fecha que se prolongó hasta el diecisiete (17)
de noviembre de dos mil diez (2010), debido al ejercicio de la conciliación
prejudicial, en consecuencia, la demanda radicada el quince (15) de febrero
de dos mil doce (2012) fue extemporánea.

2.4. El Tribunal Administrativo de Boyacá abrió a pruebas el proceso19, y una vez
concluida la etapa probatoria, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo20. Dentro del
término de traslado, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

18 Folios 213 a 215 del cuaderno 12. Esta fecha, una vez constatada por la Sala, resulta errónea pues como consta

en el expediente la liquidación bilateral se realizó el quince (15) de marzo de dos mil diez (2010)
19 Folios 1445 a 1446 del cuaderno 3.
20 Folios 1945 del cuaderno 5.

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2.5. El doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)21, el referido Tribunal profirió
sentencia de primer grado, a través de la cual declaró probada la excepción de
caducidad propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se inhibió para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda. Como
fundamento de lo resuelto, rememoró que “la caducidad es el plazo perentorio para
acudir a la jurisdicción y su incumplimiento lo presume le ley como la falta de interés
del demandante en el impulso del mismo, de manera que su vencimiento hace que
sea imposible intentar la acción”. Así las cosas, procedió a contabilizar el término de
caducidad de la acción de controversias contractuales incoada en esta oportunidad,
con base en lo prescrito por el literal d) del artículo 136.10 del CCA, que fijo un término
de dos (2) años contados a partir del incumplimiento de la obligación de liquidar el
contrato, tal y como se pasa a exponer:

2.5.1. Que si bien la parte accionante pretende que para efectos del conteo de
la caducidad de la acción se tome como momento inicial la fecha en la cual se
suscribió el acta de liquidación bilateral 000109, esto es, el veintiocho (28) de
julio de dos mil diez (2010), lo cierto es que, como lo ha establecido el Consejo
de Estado22, “las liquidaciones bilaterales o unilaterales realizadas por fuera del
plazo máximo dispuesto por la ley para su liquidación de los contratos estatales
son improcedentes y, por consiguiente, están viciadas de nulidad, circunstancia
esta que se advierte en el caso bajo estudio”, y que lleva a concluir que dicha
liquidación no tiene la entidad de producir efectos jurídicos.

2.5.2. Que el plazo de ejecución del contrato bajo controversia, incluyendo sus
prórrogas, finalizó el quince (15) de abril de dos mil ocho (2008), no obstante el
acta de entrega y recibo definitivo de la obra se suscribió el treinta (30) de mayo
de dos mil ocho (2008), razón por la cual, se tenía un plazo de cuatro (4) meses,
según lo estipulado en el contrato, para que se efectuara la liquidación bilateral,
plazo que feneció el treinta (30) de septiembre de dos mil ocho (2008), sin que
esta fuera efectuada. En suma, la administración podía liquidar unilateralmente
el contrato dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para
que se surtiera la liquidación bilateral, esto es, hasta el treinta (30) de noviembre
de dos mil ocho (2008), no obstante, esto tampoco sucedió. “Es así, que es a
partir de esta última fecha que se debe empezar a contabilizar el término de
caducidad para incoar la acción de controversias contractuales, es decir, el
término de dos (2) años, que vencía el treinta (30) de noviembre de dos mil diez
(2010)”, y que debido a la solicitud de conciliación prejudicial y su trámite ante
la Procuraduría, se extendió hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil once
(2011), con lo cual, forzoso resulta concluir que en el sub lite el término bienal
para ejercer de manera oportuna la acción de controversias contractuales fue
superado, pues la demanda se presentó el quince (15) de febrero de dos mil
doce (2012), es decir, de extemporáneamente.

21 Folios 1948 a 1958 del cuaderno principal.
22 Como fundamento de su afirmación citó el concepto 2298 del 8 de marzo de 2017 expedido por la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

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2.6. El ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2016)23, la parte demandante interpuso
recurso de apelación contra la providencia relacionada en precedencia, con la
solicitud de que sea revocada y, en su lugar, se estudien de fondo las pretensiones de
la demanda. Como cuestión previa a la exposición de los motivos para esto último,
manifestó que habida consideración de que el fallo recurrido “se limitó a exponer las
razones que, a juicio del Tribunal, configuraban la caducidad de la acción, de la misma
manera se limit[ara] a solicitar la revocatoria de la decisión apelada, sin que este
procedimiento implique el abandono de todas las reclamaciones jurídicas y
económicas formuladas en la demanda y acreditadas durante el proceso por y en favor
de la parte accionante”. Al punto arguyó:

2.6.1. Que tanto la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
como la doctrina administrativa, convergen en que, “aun vencidos los seis (6)
meses iniciales destinados a la liquidación bilateral y unilateral, la operación
liquidataria puede realizarse en cualquier momento, siempre y cuando no sea
por fuera de los dos (2) años siguientes al vencimiento de esos seis (6) eses
iniciales”, por lo tanto la liquidación bilateral 000109 del veintiocho (28) de julio
de dos mil diez (2010) era totalmente procedente.

2.6.2. Que el a quo erró al aplicar el literal d) del artículo 136.10 del CCA para
contabilizar el término de la caducidad de la presente acción contractual, pues
“atendiendo a un criterio de especialidad y a una interpretación teleológica”, la
norma que debió aplicar es la contenida en el literal c) de la misma disposición
normativa, el cual establece que en los casos que se liquide bilateralmente el
contrato, el término bienal de caducidad se contará desde la fecha de la firma
del acta respectiva, lo cual en el presente asunto sucedió el veintiocho (28) de
julio de dos mil diez (2010). “En este orden de ideas, la caducidad de la presente
acción de controversias contractuales operaría a partir del veintinueve (29) de
julio de dos mil doce (2012), por ende, la demanda fue presentada en término”.

2.7. El veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019)24, el juzgador de primera
instancia concedió la alzada.

2.8. El ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)25, esta Corporación admitió el
recurso interpuesto y, posteriormente, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran y este conceptuara en esta instancia26. Dentro del
término de traslado, el INVIAS27 y la parte demandante28 alegaron de conclusión, el
primero con adhesión la totalidad de consideraciones y conclusiones exhibidas por el
a quo; y el segundo con reiteración de lo argumentado tanto en el recurso como en el
escrito de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

23 Folios 1961 a 1997 del cuaderno principal.
24 Folio 1999 del cuaderno principal.
25 Apartado 2.6 y subsiguientes.
26 Folio 2009 del cuaderno principal.
27 Folios 2011 a 2012 del cuaderno principal.
28 Folios 2024 a 2031 del cuaderno principal.

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Presupuestos de la sentencia de mérito

3.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de
las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas29,
como lo es el INVIAS —establecimiento público del orden nacional30—, cuyo régimen
de contratación se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública (en adelante, “EGCAP”)31. A su vez, esta Corporación es competente para
desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá32 en un asunto con
vocación de doble instancia33 en razón a la cuantía34.

3.2. En cuanto a la oportunidad para el ejercicio de la presente acción —cuestión
que fue determinante en el fallo recurrido y que la impugnante hizo el centro de sus
reparos35—, la Subsección recuerda que el artículo 136.10 del CCA, modificado por
el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, disponía, como regla general, que el término
de caducidad de las acciones relativas a contratos sería de dos (2) años, “contados
a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que
les sirvan como fundamento”. Asimismo, dicha disposición normativa incluyo varias
subreglas, cuya aplicación dependía de si el contrato debía —o no— ser liquidado,
y en caso afirmativo, como ocurre en el sub lite, el conteo del término bienal de
caducidad de la acción de controversias contractuales iniciaría: (i) desde la
suscripción del acta de liquidación bilateral, en los casos que las partes de la
relación contractual la hubieren realizado de mutuo acuerdo (literal c); (ii) a partir de
la ejecutoria del acto administrativo que apruebe la liquidación unilateral, en los
eventos en que esta hubiere sido efectuada por la administración (primera parte del
literal d); y (iii) desde el vencimiento del plazo pactado por las partes o, en su
defecto, establecido por Ley, para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente,
cuando ninguna de estas se hubiere efectuado (segunda parte del literal d).

29 CCA. “Artículo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias

y litigios originados en la actividad de las entidades públicas […]. // Artículo 83. La jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo juzga […] los contratos administrativos […]”.
30 DECRETO 2171 DE 1992. “Artículo 52. “Reestructúrese el Fondo Vial Nacional como el Instituto Nacional de

Vías, establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio
propio y adscrito al Ministerio de Transporte”.
31 LEY 80 DE 1993. “Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los

contratos de las entidades estatales. // Artículo 2º. Para los solo efectos de esta Ley: “1o. Se denominan
entidades estatales: a) […] los establecimientos públicos […]. // Artículo 75. Del Juez Competente. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de
los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso
administrativo”.
32 CCA. “Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos
[…]”.
33 CCA. “Artículo 132. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

[…] 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes […], cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
34 La UT Boyacá presentó la demanda en el 2012, época para la cual el salario mínimo legal mensual ascendía

a $566.700, por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $283.350.000, lo que supone que el quantum
pretendido en el libelo introductorio, calculado en $4.734.165.405, excede el monto legalmente exigido.
35 Folio 2007 del cuaderno principal.

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3.2.1. Ahora bien, en relación con el plazo que tienen las partes para concurrir a la
liquidación de los contratos, se observa que el texto original de la Ley 80 de 199336
dispuso como fórmula para suplir la voluntad de las partes en la materia, el término
de cuatro (4) meses para la liquidación bilateral y, posteriormente, la Ley 446 de
1998, que modificó el artículo 136 del CCA, adoptó el periodo de dos (2) meses para
la liquidación unilateral. Este término, como venía exponiendo la Sección Tercera
de esta Corporación, incluso desde antes de la expedición de las leyes precitadas37,
no resulta perentorio o preclusivo, pues las partes no pierden la competencia para
liquidar el contrato pese al transcurso de los seis (6) meses. Sin embargo, dicha
facultad subsiste únicamente durante los dos (2) años siguientes al vencimiento del
término mencionada. Pasado este tiempo, caduca cualquier acción que las partes
pudieran promover con fundamento en el contrato.

3.2.2. En cuanto a la repercusión que podría tener en el término de caducidad la
liquidación realizada de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo de seis
(6) meses para liquidar el contrato, la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante
auto de unificación38, determinó que en el evento en que las partes hayan suscrito
la liquidación bilateral luego de vencido el término pactado, o el supletorio para su
adopción por mutuo acuerdo (4 meses) y del período para proferirla unilateralmente
(2 meses), pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para
la liquidación unilateral, el conteo del término de caducidad de la acción contractual
inicia a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo
del contrato. Esto por cuanto “el acta de liquidación bilateral extemporánea no deja
de ser un acto jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal […];
de esta manera, solo hasta el momento en que se suscribe […] la liquidación, las
partes saben cuál es el resultado final de la ejecución del contrato y podrán
determinar la necesidad o no de demandar”.

3.2.3. De acuerdo con lo expuesto, en el presente asunto la Sala encuentra probado
que el INVIAS y la UT Boyacá celebraron el contrato de obra 1613 el nueve (9) de
septiembre de dos mil cinco (2005)39, cuyo objeto consistía en “el diseño, la
reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la vía Otanche – Borbur […],
con una longitud de 15.00 kilómetros en el Departamento de Boyacá”. El plazo de
ejecución de dicho negocio jurídico, incluidas sus prórrogas40, finalizó el quince (15)
de abril de dos mil ocho (2008), pero solo fue hasta el treinta (30) de mayo de dos
mil ocho (2008) que las partes suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de

36 LEY 80 DE 1993, antes de la modificación de la Ley 1150 de 2007. “Artículo 60. Los contratos de tracto

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán
objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del
término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga […]. // Artículo 61. Si el
contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será
practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible
del recurso de reposición”.
37 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 30 de marzo 1996, exp. 11759; sentencia del 29 de

enero de 1988, exp. 3615; sentencia del 16 de noviembre de 1989, exp 3265; sentencia del 22 de junio de 2000,
exp. 12723; sentencia del 22 de febrero de 2001, exp. 13682; sentencia del 16 de agosto de 2001, exp. 14384.
38 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto de unificación del 1º de agosto de 2019, exp. 62009.
39 Folios 761 a 775 del cuaderno 2.
40 Folios 776 a 777 del cuaderno 2 (contrato adicional 01); folios 778 a 780 del cuaderno 2 (contrato adicional

2); folios 781 a 782 del cuaderno 2 (contrato adicional 3); y folios 66 del cuaderno 6 (contrato adicional 4).

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la obra41, fecha a partir de la cual, de acuerdo con la cláusula vigésimo cuarta del
contrato42 que remitía expresamente a la Ley 80 de 1993, comenzaba a correr el
plazo de cuatro (4) meses para que aquellas lo liquidaran bilateralmente y, en caso
de no alcanzarse acuerdo, el subsecuente plazo de dos (2) meses para que la
administración lo liquidara unilateralmente, plazo que en conjunto se extendió hasta
el treinta (30) de noviembre de dos mil ocho (2008), sin que en su interregno se
hubiera efectuado alguna de ellas. No obstante, las partes suscribieron el acta de
liquidación bilateral el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010)43, esto es, dentro
de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral.

3.2.4. A partir de lo anterior, forzoso es concluir, contrario a lo afirmado por el
Tribunal Administrativo, que el término de caducidad en el presente asunto debe
contabilizarse a partir de la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato,
con fundamento en el literal c) del artículo 136 del CCA. Sobre esta base se colige
que el término para incoar la acción de controversias contractuales iniciaba el
veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) y vencía el veintinueve de julio de
dos mil doce (2012), y como la demanda fue presentada el quince (15) de febrero de
dos mil doce (2012), forzoso es concluir que la acción se ejerció en el término
bienal previsto por la ley.

Consideraciones sobre el petitum de la demanda y problemas jurídicos por
resolver

3.3. La parte actora pretende, en este contencioso, que se declare el rompimiento del
equilibrio de la ecuación económica del contrato 1613 de 2005 por la ocurrencia de
seis (6) circunstancias sobrevenidas, que, a su juicio, no le resultaban imputables y le
representaron sobrecostos que no se encontraba en la obligación de soportar, a saber:
(i) el retraso en la aprobación definitiva de los estudios y diseños presentados por la
UT contratista; (ii) la errada apreciación de los estudios previos del INVIAS en torno a
la fuente de materiales relacionada con las rocas sedimentarias; (iii) la necesidad de
modificar la fuente de materiales para el suministro de arenas; (iv) el stand by de
maquinaria por causa de los índices inusualmente altos de precipitaciones y el grave
deterioro de las vías de acceso a la obra; (v) la negativa del INVIAS en acceder a las
solicitudes de reprogramar las obras y la consecuente omisión de ajustar los precios
de acuerdo con la realidad contractual; (vi) el cobro de costos socioambientales sin
que hubieran sido incluidos en el pliego de condiciones; y (vii) el cobro de la estampilla
pro desarrollo de la UPTC sin que para la fecha de suscripción del contrato este tributo
estuviera vigente.

3.3.1. Bajo este panorama, es preciso denotar que el carácter bilateral o sinalagmático
del contrato de obra implica reciprocidad e interdependencia de prestaciones que se

41 Folios 209 a 212 del cuaderno 12.
42 Folios 772 a 773 del cuaderno 2. “CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN. Se efectuará de acuerdo

con lo establecido en la Ley 80 de 1993. El término para la liquidación del contrato empezará a contabilizarse a
partir del Acta de recibo definitivo o final de la obra, que se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendario
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato […]. Si el contratista no se presentare para efectos
de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el Instituto procederá a su liquidación por
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición”.
43 Folios 213 a 215 del cuaderno 12.

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miran como equivalentes desde la etapa inicial y que deben mantenerse equilibradas
durante toda la ejecución contractual, con fundamento en los principios de buena fe y
de equidad. En suma, la institución del equilibrio económico del contrato, incluida en
el artículo 27 de la ley 80 de 199344, tiene por efecto que en todo contrato estatal deba
garantizarse la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones mutuas
surgidas al momento de haberse presentado la propuesta o de haberse contratado,
de suerte que, alterada o fracturada tal equivalencia o equilibrio, las partes deben
proceder a su restablecimiento.

En relación con las causas que tienen la aptitud para alterar el equilibrio económico
del contrato, la Sección Tercera de esta Corporación45 las ha clasificado en tres (3)
grupos esenciales: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del
contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) los actos
unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius
variandi”; y (iii) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de
sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”.

Las causales mencionadas tienen como denominador común la imprevisibilidad y
anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se
reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno
no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las
circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual,
en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico46. Con todo debe
concluirse que el simple hecho de que la contratista deje de obtener las utilidades
esperadas o surjan mayores costos en la ejecución del contrato no constituye un

44 Ley 80 DE 1993. “Artículo 27. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre

derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. // Para tales efectos, las partes suscribirán los
acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y formas de pago de gastos adicionales,
reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar […]”.
45 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 20524;

Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 63438.
46 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 2004, exp 14043. “La aplicación

de la teoría del equilibrio financiero del contrato está condicionada a la conservación de la estructura original
del contrato, esto es, a que se mantengan las obligaciones y derechos originales que surgieron para los
cocontratantes, muchos de los cuales están determinados por los riesgos o contingencias que sumieron. // En
estas condiciones no es dable considerar que el contratista, por las variaciones ocurridas con posterioridad a la
celebración del contrato, está eximido de atender los riesgos que asumió. // Dicho en otras palabras, so pretexto
del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato no puede modificarse el régimen de riesgos acordado,
para incorporar o excluir derechos u obligaciones que se originaron para cada una de las partes al contratar. //
La Sala ha manifestado que, por regla general, el contratista asume “un riesgo contractual de carácter normal y
si se quiere a todo tipo de contratación pública” pero ello no significa que, en un contrato particular, el contratista
no pueda asumir riesgos adicionales a los denominados riesgos normales. // La entidad regula la distribución
de riesgos cuando prepara los documentos formativos del contrato, según sus necesidades y la naturaleza del
contrato, diseñado para satisfacerlas. Y es el contratista el que libremente se acoge a esa distribución cuando
decide participar en el proceso de selección y celebrar el contrato predeterminado. // Como se indicó
precedentemente, los riesgos externos, extraordinarios o anormales, configuran la teoría de la imprevisión y,
por tanto, deben ser asumidos, con las limitaciones indicadas, por la entidad. // De manera que la teoría del
equilibrio financiero del contrato, fundada en la imprevisión, sólo se aplica cuando el contratista demuestre que
el evento ocurrido corresponde al alea anormal del contrato, porque es externo, extraordinario e imprevisible y
porque alteró gravemente la ecuación económica del contrato, en su perjuicio. // Es por lo anterior que deben
precisarse las obligaciones asumidas por el contratista en cada caso para definir el alea normal del contrato,
esto es, los riesgos normales que asumió”. Posición reiterada en: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera,
Subsección A, ssentencias del 22 de agosto de 2013, radicado 22947; del 16 de septiembre de 2013, radicado
30571: y del 7 de noviembre de 2013, radicado 31431.

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rompimiento del equilibrio económico del contrato per se, comoquiera que existen
riesgos que se derivan del alea normal de la actividad contractual.

3.3.2. Aclarado lo anterior y de acuerdo con los motivos invocados por la parte actora
para sustento de sus pretensiones47, que se encuentran en consonancia con las
salvedades incluidas por la UT Boyacá en el acta de liquidación bilateral48, la Sala
procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

3.3.2.1. ¿Probó la accionante que la interventoría empleó tiempo excesivo para
aprobar definitivamente los estudios y diseños presentados oportunamente por
la contratista; y que, por causa de esto, la UT contratista incurrió en sobrecargas
y sobrecostos para lograr la adecuación de aquellos a los ajustes requeridos y
el cumplimiento del cronograma de obra pactado, con afectación del equilibrio
económico del contrato?

3.3.2.2. ¿La necesidad surgida durante la ejecución del contrato de obra 1613
de 2005 de localizar una nueva fuente de materiales relacionada con las rocas
sedimentarias, debido a que la fuente de materiales dispuesta por el INVIAS en
el pliego de condiciones resultó deficiente para acometer las obras, generó que,
para su explotación, la contratista debiera asumir nuevas cargas y costos que
no estaba obligado a soportar, alterando el sinalagma funcional que se pactó al
inicio de la relación contractual?

3.3.2.3. ¿La necesidad que se presentó durante la ejecución del contrato de
obra 1613 de 2005 de modificar la fuente de materiales para el suministro de
arena, a causa de la severa temporada invernal del primer semestre de dos mil
seis (2006) y el consecuente deterioro de la vía de acceso a aquella, implicó
que la contratista, al encontrar nuevas fuentes útiles, hubiera tenido que incurrir
en mayores costos de acarreo, dado que estas se ubicaban a una distancia
considerablemente superior a la inicialmente propuesta, lo que desequilibró la
ecuación económica del contrato?

3.3.2.4. ¿La intensa temporada invernal que afectó la mayor parte del plazo de
ejecución del contrato 1613 de 2005 y el consecuente deterioró de las vías de
acceso a la obra, deben ser consideradas como situaciones imprevisibles que
generaron a la contratista sobrecostos derivados del stand by de maquinaria,
alterando así el sinalagma funcional que se pactó al inicio de la relación
contractual?

3.3.2.5. ¿La renuencia del INVIAS en atender las múltiples solicitudes
formuladas por la UT contratista para reprogramar el cronograma de trabajo
inicialmente propuesto, a raíz de situaciones sobrevenidas que no le resultaban
imputables, generó que los precios unitarios no se ajustaran de conformidad

47 Apartado 2.1.3.
48 Folios 213 a 215 del cuaderno 12. La UT Boyacá dejó plasmado en el acta de liquidación bilateral del contrato

1613 de 2005 que “se reserva[ba] el derecho a reclamar el desequilibrio económico del contrato 1813-2005, de
acuerdo con el oficio radicado ante el INVIAS con número 50591 del 14 de agosto de 2008”.

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con la realidad contractual y, adicionalmente, la obligó a alquilar equipo y
maquinaria adicional para cumplir con el cronograma original?

3.3.2.6. ¿Los descuentos aplicados a la UT Boyacá con cargo al presupuesto
del contrato por concepto de costos socioambientales sin que estos hubieran
sido previstos en el presupuesto oficial incluido en el pliego de condiciones y,
por ende, no considerados por la contratista al momento de confeccionar su
oferta económica, rompieron la ecuación económica del contrato y, en
consecuencia, debe ser restablecida?

3.3.2.7. ¿Los descuentos aplicados a la UT contratista por concepto de la
estampilla pro desarrollo de la UPTC, tributo inexistente a la firma del contrato
1613 de septiembre de dos mil cinco (2005), generaron un desequilibrio
económico del contrato?

Hechos probados, comunes a todos los problemas jurídicos

3.4. En primer lugar, la Sala procederá a revelar algunos hechos que resultan comunes
a todos los problemas jurídicos planteados y que se encuentran plenamente probados
con los documentos aportados al plenario, algunos en copia simple, circunstancia que
no impide su valoración49.

3.4.1. El cinco (5) de noviembre de dos mil cuatro (2004), el INVIAS abrió la licitación
pública DG-164-2004, con el propósito de celebrar múltiples contratos cuyo objeto
consistía en “el diseño, la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación de
2596 Km de vía, agrupados en 100 grupos de tramos incluidos en el programa de
pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo”. Dentro del pliego
de condiciones definitivo50 se incluyó, entre otros, el tramo 25, vía Otanche - Borbur
(Transversal Chiquinquirá) con una longitud de 15.00 KM en el departamento de
Boyacá; y con un presupuesto oficial de nueve mil setecientos ocho millones
doscientos doce mil trecientos sesenta y tres millones de pesos ($9.708.212.363);
de igual manera, se fijaron reglas y parámetros para el desarrollo del proceso de
selección y para la ejecución de cada uno de los contratos —algunos de los cuales
serán utilizados para resolver los problemas jurídicos en el momento indicado—.

3.4.2. La UT Boyacá presentó propuesta para el tramo 25, vía Otanche - Borbur, por
un precio de siete mil ciento tres millones trecientos noventa y cuatro mil setecientos
sesenta y cinco pesos ($7.103.394.765), incluido IVA, con un AIU del veinticinco por
ciento (25%), discriminado de la siguiente manera: por administración (A) un quince
por ciento (15%), por imprevistos (I) un cinco por ciento (5%) y por utilidad (U) un cinco
por ciento (5%)51.

3.4.3. El nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005)52, el INVIAS suscribió con
la UT Boyacá el contrato de obra 1613, bajo la modalidad de precios unitarios con

49 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022.
50 Folios 34 a 157 del cuaderno 12.
51 Folios 1315 del cuaderno 2.
52 Folios 761 a 775 del cuaderno 2.

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fórmula de reajuste, cuyo objeto era “el diseño, la reconstrucción, la pavimentación
y/o repavimentación de la vía grupo 25 Tramo 1, vía Otanche – Borbur (Transversal
Chiquinquirá – Puerto Boyacá) del K 0+000 al K 15+000, con una longitud de 15.00
kilómetros en el Departamento de Boyacá” (cláusula primera), por un precio estimado
de siete mil ciento tres millones trescientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y
cuatro pesos ($7.103.394.764) (cláusula segunda), monto del cual se entregaría un
quince por ciento (15%) por concepto de anticipo una vez legalizado el contrato
(clausula octava). Las partes convinieron un plazo de ejecución inicial de veinte (20)
meses, contados a partir de la orden de iniciación impartida por el INVIAS, plazo que
se discriminó en dos (2) meses para la etapa de estudios y diseños y en dieciocho (18)
meses para la etapa constructiva (cláusula cuarta).

3.4.4. El veintidós (22) de noviembre de dos mil cinco (2005), el INVIAS impartió la
orden de iniciación del contrato, cuya fecha de finalización, en principio, debía ser el
veintiuno (21) de julio de dos mil siete (2007).

3.4.5. Durante la ejecución de la obra, las partes suscribieron, de mutuo acuerdo, las
siguientes modificaciones y contratos adicionales:

MODIFICACIONES OBJETO JUSTIFICACIÓN
AL CONTRATO Y
CONTRATOS
ADICIONALES

Primera modificación Incrementar el valor del La suscripción de esta modificación se basó en el hecho
suscrita el nueve (9) anticipo en trescientos que era “necesario conceder al contratista un porcentaje
de diciembre de dos veintiún millones mayor de anticipo al pactado inicialmente, en razón a que
mil cinco (2005)53. cincuenta y nueve mil por el plazo de ejecución de la etapa de estudios y diseños
cincuenta y cinco pesos y por la concepción económica del contrato que prevé la
con cuarenta y seis facturación por hitos terminados, no será posible facturar
centavos el valor correspondiente a estos estudios y diseños en la
($321.059.055,46), presente vigencia presupuestal, por lo que este rubro se
resultando un anticipo puede utilizar como un porcentaje mayor del anticipo.
total sobre el valor Adicionalmente, la zona en donde se adelantarán las
básico del contrato de obras tiene un comportamiento, pluviométrico que depara
mil trecientos setenta y dos épocas bien definidas, a saber, una época seca
seis millones dieciocho comprendida entre diciembre y marzo y una época lluviosa
mil seiscientos setenta y entre abril y noviembre (con algunos tiempos secos en los
cuatro pesos. meses de julio a agosto). Resulta entonces beneficioso
($1,376.018.674) para las partes que se puedan anticipar los trabajos de
construcción en la época seca venidera, lo cual permitirá
adelantar la explotación de materiales y la conformación
de los rellenos de las vías, de tal manera que en la época
de invierno los movimientos de tierra se encuentren bien
adelantados esperando que reste en ciertos sectores solo
la colocación de las capas superiores que soportan en
mejor condición las lluvias”.

Segunda Incrementar el valor del La suscripción de esta modificación se basó en el hecho
modificación suscrita anticipo en setecientos que era “necesario conceder al contratista un porcentaje
el diecinueve (19) de treinta y tres millones mayor de anticipo al pactado inicialmente, en razón a que
abril de dos mil seis novecientos mil debe invertirse recursos adicionales en la fuente de
(2006)54. quinientos sesenta y dos materiales, cuya explotación necesariamente toca hacerla
pesos ($733.900.562), con explosivos, de forma controlada, ya que para este
resultando un anticipo proyecto no hay alternativa de fuentes cercanas y de esta
total sobre el valor forma agilizar los trabajos”.
básico del contrato de
dos mil ciento nueve
millones novecientos

53 Folios 783 a 784 del cuaderno 2.
54 Folios 785 a 786 del cuaderno 2.

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diecinueve mil
doscientos treinta y seis
pesos ($2.109.919.236)

Tercera modificación Incrementar el valor del La suscripción de esta modificación se basó en el hecho
suscrita el dieciocho anticipo en setecientos que era “necesario conceder al contratista un porcentaje
(18) de septiembre tres millones trecientos mayor de anticipo al pactado inicialmente, en razón a que
de dos mil seis seis mil cuatrocientos debido al inicio de las actividades de pavimento se
(2006)55. doce pesos con treinta requiere aumentar el flujo de liquidez debido a la
centavos necesidad de invertir recursos adicionales en la compra de
($703.306.412,30), arenas para producción de mezclas asfálticas y
resultando un anticipo producción de base granular con explosivos”.
total sobre el valor
básico del contrato de
dos mil ochocientos
trece millones
doscientos veinticinco
mil seiscientos cuarenta
y ocho pesos con treinta
centavos
($2.813.225.648,30)

Contrato adicional 01 Prorrogar el plazo de La suscripción de este contrato adicional se fundamentó
suscrito el ejecución del contrato en la solicitud presentada por la UT contratista, la cual fue
diecinueve (19) de por dos (2) meses. aprobada por la interventoría y avalada por la consultoría,
julio de dos mil siete bajo el argumento que de acuerdo con lo manifestado por
(2007)56. la interventoría en los oficios del 28 de noviembre de 2006,
23 de marzo de 2007, 11 de mayo de 2007 y 9 de julio de
2007 “el régimen de lluvias que se presentó durante el año
2006 fue mayor que el régimen normal de lluvias para la
región donde se ejecuta el proyecto y la vía de acceso al
proyecto presentó varios sitios críticos que impidieron el
tránsito de vehículos pesados hasta el municipio de
Otanche por varios días”.

Contrato adicional 02 Adicionar el valor del La suscripción de este contrato adicional se fundamentó
suscrito el veintiuno contrato en tres mil en la solicitud presentada por la UT contratista, la cual fue
(21) de septiembre quinientos ochenta y aprobada por la interventoría y avalada por la consultoría,
de dos mil siete ocho millones cuatro mil bajo el argumento que “como resultado de los estudios y
(2007)57. setecientos ochenta y diseños, se estableció que las cantidades de obra
ocho pesos contempladas originalmente en el formulario 4 para la
($3.588.004.788), para construcción de 15 KM eran insuficientes; lo anterior como
un valor total de diez mil resultado de la mayor cantidad de filtros, muros, materiales
novecientos cincuenta y seleccionados para el mejoramiento de la subrasante y la
cuatro millones sesenta necesidad de incorporar mezcla asfáltica con asfalto
y cuatro mil quinientos normalizado Shell 60-70”. Así las cosas, con el propósito
noventa pesos de atender “la decisión del INVIAS de completar la meta
($10.954.064.590). física del contrato, completando la pavimentación de la
vía Otanche – Borbur hasta el PR 1, y teniendo en
Prorrogar el plazo de cuenta que el valor actual del contrato alcanza para
ejecución del contrato construir una meta física de 10 KM, se requiere adicionar
por tres (3) meses y el valor del contrato para completar una meta física de
nueve (9) días. 13.3 KM de vía pavimentada, desde el PR 0+00 hasta el
PR 15+00, excluyendo el tramo comprendido entre el
PR1+500 y el PR3+200 (1.7 KM), tramo dentro del cual
se presentan dos puntos críticos localizados en la altura
del PR1+700 y PR2+900”. En consecuencia se plasmó
que “el valor de la adición incluye el valor de la obra
básica para 3.3 Km adicionales, los ajustes
correspondientes a la actualización de precios y el IVA
respectivo. La prórroga de 3 meses y 9 días incluye el
plazo acordado para ejecutar mayores cantidades de
obra”.

Cuarta modificación Incrementar el valor del La suscripción de este contrato adicional se fundamentó
suscrita el veinte (20) anticipo en mil en la solicitud presentada por la UT contratista, la cual fue
seiscientos cuarenta y aprobada por la interventoría y avalada por la consultoría,
tres millones de pesos bajo el argumento que, en primer lugar, era necesario

55 Folios 787 a 788 del cuaderno 2.
56 Folios 776 a 777 del cuaderno 2.
57 Folios 778 a 780 del cuaderno 2.

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de diciembre de dos ($1.643.000.000), “incrementar compras de materia prima y garantizar el
mil siete (2007)58. resultando un anticipo suministro de las mismas" y, en segundo lugar, que
total sobre el valor convenía “modificar la forma de pago actual de hitos
básico del contrato de completos de 1 Km de vía terminada, a medios hitos (0,5
cuatro mil cuatrocientos Km) de vía terminada, esto con el fin de mejorar el flujo de
cincuenta y seis millones caja”. Así las cosas, se consideró “conveniente conceder
doscientos veinticinco el anticipo adicional con el fin de asegurar los recursos
mil seiscientos cuarenta requeridos para avanzar en la ejecución de las obras,
y ocho pesos con treinta cumplir con los pagos anticipados exigidos por los
centavos proveedores y garantizar de esta manera, un flujo de caja
($4.456.225.548,30) adecuado. De otra parte, con relación a la redefinición de
los hitos, se encontró que la solicitud del contratista está
enmarcada dentro de las nuevas disposiciones de la
entidad y su implementación contribuiría de manera
positiva con el avance del contrato”.

Contrato adicional 03 Prorrogar el plazo de La suscripción de este contrato adicional se fundamentó
suscrito el veintiséis ejecución del contrato en la solicitud presentada por la UT contratista, la cual fue
(26) de diciembre de por un (1) mes, aprobada por la interventoría y avalada por la consultoría,
dos mil siete quedando como fecha bajo el argumento que el normal desarrollo de la obra ha
(2007)59. de finalización el quince sido afectada por dificultades con el suministro de
(15) de abril de dos mil materiales causado por el mal estado de la vía
ocho (2008). Chiquinquirá – Otanche, único acceso a la obra, y por el
fuerte invierno presentado en la zona durante los meses
de octubre y noviembre de 2007, además debido a que los
trabajos fueron afectados por problemas mecánico de los
equipos del contratista y por escaeces de mano de obra
en la región.

Contrato adicional 04 Prorrogar el plazo de La suscripción de este contrato adicional se fundamentó
suscrito el catorce ejecución del contrato en la solicitud presentada por la UT contratista, la cual fue
(14) de marzo de dos por setenta y seis (76) aprobada por la interventoría y avalada por la consultoría,
mil siete (2008)60. días, quedando como bajo el argumento que los retrasos que se viene
fecha de finalización el presentado por la imposibilidad de ingresar materiales
quince (15) de abril de como asfalto, arenas y cementos a la vía, impidieron que
dos mil ocho (2008) se cumpliera con el desarrollo contractual de tiempo.

3.4.6. El treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)61, la UT contratista, el INVIAS, la
interventoría y la consultoría suscribieron el acta de entrega y recibo definitivo de obra,
en la cual se consignó el siguiente resumen financiero del contrato:

ACTA DE MES VR BÁSICO AJUSTES AJUSTES VALOR IVA VALOR TOTAL
OBRA PROV. DEFINITIVOS

#1 May-06 $164.837.440 -------------- ------------------- $26.373.990 $191.211.430
#2 Nov-06 $522.592.999 -------------- $30.038.382 $3.536.841 $556.168.222
#3 Dic-06 $681.062.526 -------------- $33.777.288 $4.574.975 $719.414.789
#4 Dic-06 $769.339.064 -------------- $38.859.649 $5.172.472 $813.371.185
#5 Mar-07 $719.498.525 -------------- $37.575.157 $4.845.272 $761.918.954
#6 May-07 $621.267.882 -------------- $35.027.474 $4.200.290 $660.495.646
#7 Jun-07 $690.150.888 -------------- $39.441.683 $4.669.393 $734.261.964
#8 Ago-07 $643.505.513 -------------- $37.573.443 $4.358.905 $685.437.861
#9 Sept-07 $889.624.560 -------------- $124.349.272 $6.489.432 $1.020.463.264
# 10 Nov-07 $665.246.942 -------------- $93.759.898 $4.257.643 $763.864.483
# 11 Dic-08 $771.138.005 -------------- $108.361.574 $5.628.797 $885.128.376
# 12 Feb-08 $798.282.132 -------------- $111.950.956 $5.812.756 $914.055.844
# 13 Abr-08 $274.263.251 -------------- $38.734.491 $2.003.186 $315.000.928
# 14 Abr-08 $1.425.715.002 -------------- $204.047.805 $10.430.482 $1.640.193.289
# 15 May-08 $211.152.104 -------------- $32.632.412 $1.560.220 $245.344.736
TOTALES $10.906.330.971

58 Folios 789 a 791 del cuaderno 2.
59 Folios 781 a 782 del cuaderno 2.
60 Folios 66 del cuaderno 6.
61 Folios 209 a 212 del cuaderno 12.

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3.4.7. El catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008)62, el INVIAS presentó solicitud
de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación en relación con
el contrato de obra 1613 de 2005 con pretensiones de restablecimiento del equilibrio
económico del contrato por las mismas razones aducidas en la presente demanda.

3.4.8. El veintiocho (28) de noviembre de dos mil ocho (2008)63, la Procuraduría
General de la Nación declaró fracasada la etapa conciliatoria, en razón a la falta de
ánimo conciliatorio del INVIAS.

3.4.9. El veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010)64, la UT contratista y el INVIAS
suscribieron el acta de liquidación bilateral 000109, con el siguiente balance general
del contrato:

DESCRIPCIÓN VALORES PAGADO

Valor total ejecutado por estudios y diseños $164.837.440
Valor total pagado por estudios y diseños $164.837.440
Valor total ejecutado por obra básica $9.680.849.393
Valor total pagado por obra básica $9.680.849.393
Valor ejecutado por ajustes $966.129.484
Valor pagado por ajustes $966.129.484
Valor correspondiente a IVA $94.514.654
Valor pagado por IVA $94.514.654
SUMAS IGUALES $10.906.330.971 $10.906.330.971

3.4.10. En la demanda65, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial con
la intervención de un ingeniero civil para que determine “los motivos del incumplimiento
y el actuar de la empresa durante la construcción y, para efectos de establecer y
comprobar las cifras contables que se plantean en esta demanda”, con este propósito
formuló ocho (8) cuestionamientos que debían ser absueltos por el experto designado
—las preguntas como sus respuestas serán relacionados más adelante—.

3.4.10.1. El Tribunal de primera instancia decretó la práctica del dictamen pericial66 y,
luego, posesionó a la auxiliar de justicia ingeniera de transporte y vías, Sara Inés
Alvarado Carvajal, para rendir el dictamen decretado67.

3.4.10.2. El veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)68, la ingeniera de
transportes y vías rindió el dictamen pericial encargado, dentro del cual se absolvieron
las siguientes preguntas:

“1. Establecer sí era necesario el alquiler de maquinaria adicional y sí los costos asumidos
superaban lo ofertado por el contratista.

[RESPUESTA] Sí era necesario el alquiler de maquinaria adicional por las siguientes razones: Para
conformar varios frentes de trabajo y dar cumplimiento al objeto del contrato, y no solo por eso, sino
que eran ordenes de la Interventoría, las cuales debían ser acatadas por el contratista. // Los costos
asumidos sí superaban lo ofertado [puesto que] cuando se incurre en el alquiler de maquinaria

62 Folios 1319 a 1404 del cuaderno 2.
63 Folios 1405 a 1407 del cuaderno 2.
64 Folios 1409 a 1411 del cuaderno 2.
65 Folios 112 a 113 del cuaderno 1.
66 Folios 1145 a 1146 del cuaderno 3.
67 Folio 1626 del cuaderno 4.
68 Folios 1679 a 1803 del cuaderno 4

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lógicamente se incurre en gastos, y en aras de acatar las órdenes de la interventoría es claro que el
contratista al alquilar maquinaria incurrió en sobrecostos los cuales superaban lo ofertado por él en
su propuesta.

2. Determinar si hubo sobrecosto por incremento de insumos y por la utilización de material
explosivo.

[RESPUESTA] Después de haber leído el expediente minuciosamente se evidencia que el
contratista si incurrió en sobrecostos por incremento de insumos y por la utilización de material
explosivos […] pero el pliego de condiciones es claro en sus apartados 4 y 7 4. Materiales. El
proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar favorecido, utilizará en la
ejecución de la obra; por lo tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de
dichas fuentes de materiales […]. Por lo que era responsabilidad del contratista explotar la fuente
bajo todo costo.

3. Determinar si se incurrió en mayores costos socio ambientales, teniendo en cuenta la diferencia
entre lo solicitado por la entidad y lo propuesto en la oferta formulada por el contratista, con respecto
a dicho costo.

[RESPUESTA] Verificada la propuesta económica presentada por el contratista y el presupuesto
ofertado por la entidad INVIAS, se evidencio que en ninguno de estos presupuestos se oferto la
parte socioambiental, sin embargo, se procedió a analizar el análisis de precios unitarios (APUS)
presentados par el contratista en donde tampoco se contempla la parte ambiental, y aceptados por
el INVIAS.

4. Determinar si por parte del contratista se asumieron costos por stand by de equipos y las razones
por las cuales este se produjo, incluido el análisis acerca de la entrega tardía de los diseños, por
parte del INVIAS, influyó para que el contratista incurriera en tales sobrecostos.

[RESPUESTA] Como bien lo sabe la interventoría […] y INVIAS, la ejecución de este proyecto tuvo
demasiados inconvenientes desde un inicio […]. Y si es indudablemente (sic) el contratista, sí,
asumió los costos por STANBAY de equipo, por la fuerte oleada invernal que sufrió el país en esos
años, oleada que duró aproximadamente tres años. // Esta oleada golpeo fuertemente la zona del
proyecto durante el año 2006 al 2008, pues ocasionó que la vía pasara de un estado transitable a
uno intransitable, el STANBAY, se produjo especialmente por el mal estado de la vía de acceso al
proyecto, donde se presentaban cierres parciales y totales, cierres que a veces se demoraban un
día, días o semanas. Derrumbes, perdida de banca sobre las vías a intervenir, derrumbes sobre la
vía acceso al proyecto, colapso de estructuras de contención, calidad de aludes, dificultades en el
transporte de materias primas entre otras más situaciones. // Como bien es sabido en el gremio de
la ingeniería el stand by es la cantidad mínima de horas a pagar por el cliente (contratista) como
resultado de tener una máquina o equipo a su disposición para el respectivo período de alquiler
contratado. El stand by diario se constituye de seis (6) horas; del mismo modo, se establece que el
stand by semanal es de cuarenta y dos (42) horas y el mensual es de ciento sesenta y ocho (168)
horas. // Pues con las vías cerradas y con la falta de material para trabajar: ¿Que hacían los
operadores y las maquinas? pues estar quietos, sin embargo, el contratista tenía que asumir esta
situación y por ende tenía que asumir los costos de Stand by de los equipos. // En cuanto a la
demora de estudios y diseños, es evidente que las demoras que existieron para definir la estructura
de pavimento a colocar en el sector solo fueron resueltas por parte de interventoría a mediados del
mes de agosto, situación que demoro la ejecución de la obra, como lo manifestó la misma
interventoría en oficio con fecha del 28 de mayo de 2008 […].

5. Determinar si el valor que el contratista pago por concepto de la estampilla pro desarrollo de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia había sido Incluida en la propuesta.

[RESPUESTA] El valor de esta estampilla no se incluyó dentro de la propuesta presentada por el
contratista y la verdad no tenía por qué estar incluido, porque primero el contrato se firmó el 9 de
septiembre de 2005 y la ordenanza Número 30 de 2005, fue firmada el 23 de octubre de 2005 y
publicada el 25 de octubre de 2005.

6. Establecer si corresponde a la realidad contractual los ajustes de precios solicitados.

[ESTE CUESTIONAMIENTO NO FUE RESPONDIDO EN ESTA OPORTUNIDAD]

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7. Establecer si las malas condiciones de la vía objeto del contrato y los accesos viales de la misma,
generaron sobrecostos por la dificultad de trasladar los elementos requeridos para la ejecución de
los trabajos objeto del contrato.

[RESPUESTA] Después de haber leído el expedienta se comprobó que las malas condiciones de
la vía y sus accesos si generaron sobrecostos a la hora de trasladar material y elementos de
construcción del objeto, como se puede evidenciar en los diferentes oficios.

8. Determinar el valor de los sobrecostos asumidos por et contratista, de acuerdo con la pretensión
cuarta principal de esta demanda.

[ESTE CUESTIONAMIENTO NO FUE RESPONDIDO EN ESTA OPORTUNIDAD]”.

3.4.10.3. El doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017)69, el a quo corrió traslado
del dictamen pericial a las partes. Dentro del término de traslado: (i) la parte accionante
solicitó complementación de la experticia al advertir que la perito no resolvió la sexta
(6ª) y octava (8ª) pegunta70; y (ii) el INVIAS formuló objeción por error grave respecto
de cada uno de los puntos absueltos en la experticia, considerando, grosso modo, que
la auxiliar de la justicia no tuvo en cuenta la totalidad de las previsiones incluidas en el
pliego de condiciones, además de omitir valorar algunos documentos emitidos durante
la ejecución del contrato, aspectos que debieron ser tenidos en cuenta para llevar a
cabo juicios de manera imparcial, pues en su concepto “solo refirió situaciones que
benefician a la UT Boyacá”71.

3.4.10.4. El once (11) de octubre de dos mil diecisiete (2017)72, el Tribunal de primer
grado requirió a la ingeniera para que rindiera la complementación al dictamen, de
igual manera advirtió que “por el momento no se le dará curso a la objeción propuesta
por la parte demandada, hasta tanto no se produzca la complementación requerida”.

3.4.10.5. El catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)73, la perito ingeniera
de transportes y vías radicó la complementación al dictamen previamente presentado,
reiterando los puntos ya resueltos, e incluyendo la respuesta de los cuestionamientos
sexto (6º) y octavo (8º), como se pasa a relacionar:

“6. Establecer si corresponde a la realidad contractual los ajustes de precios solicitados.

[RESPUESTA] Es evidente que las actas que fueron pagadas o facturadas al contratista no fueron
afectadas por un IPC actualizado, lo digo […] porque el DANE, se demora por lo menos de uno a
dos meses para recoger y procesar los datos recogidos mes a mes.

8. Determinar el valor de los sobrecostos asumidos por et contratista, de acuerdo con la pretensión
cuarta principal de esta demanda.

[RESPUESTA] Es evidente que el contratista si asumió los sobrecostos, por tener la maquinaria
parada (STANBAY), por dos circunstancias, la primera y la más importantes fue la oleada invernal
por la que tuvo que pasar y la segunda y menos importante la entrega tardía de los diseños con el
visto bueno de la interventoría. // Por lo que a continuación presento el valor de los posibles
sobrecostos que tuvo el contratista por tener en varias ocasiones la maquinarla parada (STANBAY)
y la demora por parte de la interventoría en cuanto a la entrega y definición de la estructura de la vía
[basado en unos cuadros de elaboración propia donde relaciona la maquinaria ofrecida con la

69 Folio 1805 del cuaderno 5
70 Folios 1807 a 1808 del cuaderno 5
71 Folios 1809 a 1820 del cuaderno 5
72 Folios 1823 a 1824 del cuaderno 5
73 Folios 1825 a 1941 del cuaderno 5

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propuesta, la relación de su tarifa horaria y las horas que consideró la maquinaria estuvo paralizada,
esto último sin soporte de cuál fue la fuente para determinar esas horas].

AÑOS COSTO DE MAQUINARIA PARADA (STANDBAY)
2006 $575.176.679
2007 $755.780.906
2008 $6.549.978
TOTAL COSTO $1.337.507.563

3.4.10.6. El primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)74, el a quo corrió
traslado de la complementación del dictamen a las partes, sin embargo, ninguna de
estas realizó observaciones.

3.4.10.7. En virtud de la tramitación conferida al dictamen pericial en primera instancia,
durante dicha fase procesal no fue atendida la objeción por error grave formulada por
el INVIAS. Por consiguiente, en esta oportunidad, la Sala procederá a resolver esa
objeción.

En relación con la objeción por error grave, el artículo 238 del CPC75 —aplicable a la
controversia en análisis—, dispone que tal objeción procede cuando es modificado el
objeto del análisis pericial o sus atributos, lo que lleva necesariamente a conclusiones
erróneas. No procede, entonces, la objeción por error grave cuando se cuestionan las
apreciaciones, inferencia o juicios del perito dado que esto forma parte de la valoración
de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, tal como lo prevé el artículo 241
del CPC76.

En consonancia con lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación77 ha señalado
de manera reiterada que la objeción por error grave debe fundarse en discordancias
o alteraciones del objeto del peritaje, de tal magnitud e identidad, que las conclusiones
derivadas de tales desaciertos resulten igualmente equivocadas, pues, de suyo es que
si se aprecia erróneamente el objeto “necesariamente serán erróneos los conceptos

74 Folio 1943 del cuaderno 5
75 CPC. “Artículo 238. Para la contradicción de la pericia se procederá así: // 1. Del dictamen se correrá traslado

a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error
grave. // 2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y
fijará a los peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días. // 3. Si durante el traslado
se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará curso a la objeción sino
después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas. // 4. De la aclaración o complementación se dará traslado
a las partes por tres días, durante los cuales podrán objetar el dictamen, por error grave que haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el error se haya originado en
éstas. // 5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo […]. // 6. La
objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el dictamen,
salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la objeción
o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado para
que las partes puedan pedir que se complemente o aclare […]”.
76 CPC. "Artículo 241. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus

fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.
77 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 20 de febrero de 2014, exp. 2003-

00002-01 (AP) “el error grave al cual se refiere el artículo 238.4 del Código de Procedimiento Civil es aquel
derivado de una observación equivocada del objeto del dictamen, lo cual ocurre cuando se estudian materias,
objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia; o cuando se altera en forma
ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, es decir, cuando el perito rinde su dictamen a
partir de una percepción evidentemente equivocada del mismo. Ahora, de la norma procesal se infiere
claramente que el presupuesto necesario para la formulación de la objeción por error grave es que éste haya
sido determinante en las conclusiones del dictamen”. Posición reiterada en: CONSEJO DE ESTADO, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de agosto de 2021, exp. 45004.

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que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven […]”78. En esto términos,
es pertinente aclarar que la objeción se predica del objeto del peritaje, y no de las
conclusiones o inferencias realizados por los auxiliares de justicia.

Así, la Sala aprecia que, en el presente asunto, los reparos formulados por el INVIAS
al dictamen pericial se dirigieron a atacar las conclusiones e inferencia a las que llegó
la perito, considerándolas parcializadas al estar fundamentadas solo en algunas de
las previsiones del pliego, que en ultimas solo beneficiaban a la contratista. Estos
reproches, a juicio de este juzgador, no se ajustan a los que se consideran como de
error grave conforme lo dispuesto en el artículo 238 del CPC y a la jurisprudencia
administrativa, pues no atacaron el objeto del peritazgo. Se concluye, por tanto, que
la auxiliar de justicia no excedió el objeto del análisis pericial encomendado o sus
atributos, sino que se limitó a responder, bajo su juicio, lo que se le encomendó. En
consecuencia, las objeciones contra el dictamen practicado en este proceso no
están llamadas a prosperar.

Lo anterior, en todo caso, no implica que el juzgador tenga que ceñirse en su decisión
a lo concluido en el dictamen, ya que, corno se mencionó en líneas anteriores, este es
un medio probatorio que debe ser valorado por el juez. Sobre la eficacia probatoria del
dictamen pericial, esta Sección79, ha considerado que para su análisis deben tomarse
en cuenta los siguientes atributos: (i) que el perito informe de manera razonada lo que
sepa de los hechos, según su conocimiento especializado; (ii) que el dictamen sea
personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no solo
de otras personas, sin que se refiera a cuestiones de mero derecho; (iii) que el perito
sea competente y estar debidamente calificado; (iv) que no exista un motivo serio para
dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave;
(vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras,
firmes y consistentes con las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean
conducentes; (viii) que se haya surtido la contradicción, (ix) que no exista retracto del
mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen; y (xi) que sea claro,
preciso y detallado, evidenciando los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuadas.

En el presente asunto, al analizar el contenido del dictamen pericial, la Sala observa
que, aunque la perito se ciñó a responder los cuestionamientos que se le formularon
con base en los documentos incluidos en el plenario y que consideró relevantes, lo
cierto es que las conclusiones e inferencias expuestas en los puntos primero (1º) al
séptimo (7º) abarcaron cuestiones de derecho que son de competencia exclusiva del
juez, pues la perito excedió su ámbito de competencia al intentar determinar si
conforme las disposiciones del pliego y las cláusulas contractuales, la UT contratista
estaba en la obligación de asumir ciertos sobrecostos o si estos eran atribuibles al ente
contratante, examen que se asemeja a un análisis de desequilibrio económico del
contrato, el cual no puede ser objeto de evaluación pericial al circunscribirse a puntos
de derecho que son objeto de esta controversia. Por lo tanto, forzoso resulta concluir

78 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto del 8 de septiembre de 1993, exp. 3446.
79 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 28 de febrero de 2013, exp. 27959; del 21 de marzo

de 2012, exp. 24250; y del 19 de noviembre de 2021, exp. 51205. Posición reiterada en: COSEJO DE ESTADO,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, exp. 45793.

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que la falta de claridad en la distinción de funciones, producida por desatención de
juez de primera instancia al aceptar la práctica de un dictamen pericial en esos
términos, así como el enfoque que la auxiliar de justicia le dio al dictamen, desde
una perspectiva más de derecho que de ingeniería, que en ultimas era su experticia,
contribuyen a la ineficacia del dictamen.

Ahora bien, respecto al octavo (8º) punto, en el que se le solicitó calcular el monto de
los sobrecostos asumidos por la contratista conforme a la cuarta pretensión principal
de la demanda, este juzgador observa que la perito se limitó a enunciar los posibles
costos por el stand by de la maquinaria para los años 2006, 2007 y 2008, incluyendo
toda la maquinaria relacionada en la propuesta presentada por la UT Boyacá, sin
haber advertido: (i) cual fue la metodología contable que utilizó; (ii) cuales fueron los
periodos en que las actividades de obra estuvieron efectivamente paralizadas; (iii) cual
fue el hecho generador de esta situación; y (iv) cual había sido la maquinaria especifica
que sufrió stand by, y la forma como había identificado los días y las horas de
inactividad. Estas omisiones metodológicas mueven a la Sala a considerar ineficaz lo
concluido por el perito en este punto y, en consecuencia, no será tenido en cuenta en
la resolución de los problemas jurídicos que se pasan a resolver.

Análisis del primer problema jurídico planteado:
El retraso en la aprobación definitiva de estudios y diseños

3.5. La parte accionante afirma haber cumplido con la entrega oportuna de los estudios
y diseños dentro del término que le fue concedido, aún después de haber sido reducido
unilateralmente en una tercera parte, y que, al día siguiente de haber cumplido con su
obligación, la interventoría impartió la orden de iniciación de la etapa de construcción,
con una extensión temporal de dieciocho (18) meses. Por tanto, atribuye a la entidad
demandada, la causa de la dilación que sobrevino en esa etapa de construcción,
habida cuenta del tiempo que aplicó esa interventoría a la revisión de su trabajo —
tiempo de revisión que afirma no fue tomado en consideración por la administración
contratante, ni al elaborar el pliego de condiciones, ni al redactar el contrato, en cuanto
forzó a su contratista a asumir cargas y costos adicionales para dar cumplimiento al
cronograma de obra, circunstancia que determinó, asegura, el desequilibrio de la
ecuación económica del contrato.

3.5.1. Esta parcialidad de la causa de las pretensiones remite a la prueba que da
cuenta de la planeación de la relación contractual, tanto como al clausulado del
contrato, en lo que atañe al desenvolvimiento de su fase inicial o etapa de estudios y
diseños, puesto que, esta era previsiblemente determinante para la razonable
observancia de los plazos en que había de ser adelantada la construcción objeto de
la relación, y por tanto, una adecuada previsión de las cargas que debía soportar cada
extremo de la relación en esa fase, permitirá juzgar, a la luz de la prueba que vino a
este contencioso, el nexo que pueda haber entre su honra y las consecuencias
gravosas sobrevenidas. En tal sentido, la Sala encuentra probado lo siguiente:

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3.5.1.1. De conformidad con el pliego de condiciones de la licitación pública DG-164-
200480, durante el plazo fijado para la etapa de estudios y diseños de cada contrato
proyectado, plazo para ese momento previsto, de tres (3) meses81, al contratista le
correspondía, bajo su entera y exclusiva responsabilidad, elaborar o complementar
y entregar a la interventoría, los estudios y diseños para la ejecución de la obra
encomendada y, a esta última, con el aval de la consultoría, revisarlos y aprobarlos82.

3.5.1.2. En el contrato 1613 de 2005 celebrado entre el INVIAS y la UT Boyacá83, cuyo
objeto era “el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y/o repavimentación de la
vía Otanche – Borbur […], con una longitud de 15.00 kilómetros”, se estableció, en la
cláusula cuarta84, que el plazo para la etapa de estudios y diseños sería de dos (2)
meses, contados a partir de la orden de iniciación del contrato impartida por el INVIAS
y que, una vez aprobados los estudios y diseños por parte de la interventoría y avalado
por la consultoría, el INVIAS impartiría la orden de inicio de la etapa de construcción,
por un plazo de dieciocho (18) meses.

3.5.1.3. Determinado el marco de la relación negocial, se observa que el veintidós (22)
de noviembre de dos mil cinco (2005), esto es, en la misma fecha que se impartió la
orden de iniciación del contrato por el INVIAS85, se dio apertura formal a la etapa de
estudios y diseños por un término de dos (2) meses. En consecuencia, la contratista

80 Apartado 3.4.1.
81 Folios 211 (anverso) a 214 del cuaderno 7. “ADENDO 2 a la licitación pública DG 164-2004 […] 25. Se

modifica el plazo para la etapa de Estudios y Diseños de 3 a 2 meses, para los grupos […] 27 […]. Lo anterior
por cuanto la actividad a ejecutar es ajuste de diseños existentes que se relacionan en el archivo anexo”.
82 PLIEGO DE CONDICIONES. “1.5.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO. […] El contratista deberá
elaborar los estudios y diseños y/o complementar los diseños existentes, para la ejecución de las obras de
reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación para el programa de infraestructura vial de integración y
desarrollo regional, incluidas en el proyecto, teniendo en cuenta que estos diseños siempre serán de
responsabilidad exclusiva del contratista. Los diseños deberán ser aprobados por la interventoría y avalados
por la supervisión del INVIAS. En cualquier caso estos diseños deben ajustarse a los términos para la
elaboración de diseños definitivos para construcción, contenidos en el régimen de especificaciones generales
aplicables – ANEXO TÉCNICO, además de permitir el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
su cargo. // El contratista será el único y exclusivo responsable de los diseños definitivos y de cualquier error
contenido en los mismo. En consecuencia, deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento de la ejecución
del contrato los diseños definitivos presentados, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de dar
cumplimiento a los resultados previstos en el presente pliego y en el contrato. De estas adecuaciones o
modificaciones el contratista dará noticia al interventor, entregándoles los documentos técnicos que
correspondan, para su correspondiente aprobación. // El contratista deberá ejecutar, dentro de los plazos y
condiciones señalados en el contrato de obra, los estudios y diseños, obras de reconstrucción, pavimentación
y/o repavimentación, necesarias para que el programa de infraestructura vial de integración y desarrollo regional
cumpla: con las especificaciones generales de construcción de INVIAS y las particularidades del presente pliego
consignadas en el ANEXO TÉCNICO”.
83 Apartado 3.4.3.
84 CONTRATO DE OBRA 1613 DE 2005. “CLÁUSULA CUARTA. PLAZO. EL plazo máximo previsto para la

ejecución del contrato es de hasta veinte (20) meses, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación que
impartirá el secretario general técnico del instituto […]. El plazo aquí señalado se discriminará de la siguiente
forma: dos (2) meses para la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS y hasta dieciocho (18) meses para la ETAPA
DE CONSTRUCCIÓN […]. PARÁGRAFO TERCERO: ORDEN DE INICIACIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS
Y DISEÑOS: La orden de inicio de la etapa de estudios y diseños, se entiende dada con la orden de iniciación
del contrato impartida por el secretario general técnico del instituto. PARÁGRAFO CUARTO: ORDEN DE
INICIACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. El secretario general técnico del Instituto impartirá orden de
iniciación de la etapa de construcción, una vez se tengan aprobados los estudios y diseños y el programa de
obra por parte de la interventoría y el aval del consultor de apoyo a la gestión, de al menos un tramo del grupo
de tramos, actividad de aprobación que debe cumplirse dentro del plazo establecido para la etapa de estudios
y diseños. No obstante, el contratista deberá entregar, dentro del plazo previsto en este contrato para la
ejecución de la etapa de estudios y diseños, los estudios y diseños de todos los tramos viales para aprobación
de la interventoría”.
85 Apartado 3.5.3.

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tenía hasta el veintidós (22) de enero de dos mil seis (2006) para realizar la entrega
a la interventoría de los documentos atinentes a los estudios y diseños del proyecto.

3.5.1.4. El nueve (9) de diciembre de dos mil cinco (2005)86, las partes suscribieron
la primera modificación al contrato, con el objeto de incrementar el rubro de anticipo,
dado que por la concepción económica del negocio jurídico que preveía la facturación
por hitos terminados, no sería posible facturar el valor del Hito 1 correspondiente a los
estudios y diseños en la vigencia presupuestal en curso.

3.5.1.5. El veintiuno (21) de enero de dos mil seis (2006)87, la UT contratista
presentó ante la interventoría los siguientes documentos: (i) los estudios y diseños
de la obra contenidos en nueve (9) volúmenes88; y (ii) el Programa de Obra Revisión
0, el cual contempla como fecha inicial el veintidós (22) de enero de dos mil seis
(2006) y tiene como fecha final el veintiuno (21) de julio de dos mil siete (2007).

3.5.1.6. El veintidós (22) de enero de dos mil seis (2006)89, la UT contratista y la
interventoría suscribieron el “Acta de Terminación y Entrega de Estudios y Diseños”,
en la que se dejó constancia que “con fecha del 21 de enero de 2006, el contratista
presentó los estudios y diseños a la interventoría, cumpliendo con la cláusula cuarta.
plazo del contrato”.

3.5.1.7. El veintidós (22) de enero de dos mil seis (2006)90, la interventoría, con
aquiescencia de la UT contratista, impartió la “Orden de Iniciación de la Etapa de
Construcción”, advirtiendo que tanto los estudios y diseños como el Programa de
obra Revisión 0 recibidos el día anterior serían revisados por esta, “acordando con
el contratista las modificaciones para que sean aprobados y sean avalados por la
consultoría”. Asimismo, en el acta contentiva de esta orden se dejó constancia que
la interventoría verificó que el personal y la maquinaria se encontraran a disposición
en el sitio de obra.

3.5.1.8. El trece (13) de febrero de dos mil seis (2006)91, la interventoría, mediante
oficio C.613.7.3/OB.028/06, informó a la UT contratista que el Volumen II. Estudios y
diseño geométrico” no cumpl[ía] con los criterios de diseño establecidos en el apéndice
B del pliego de condiciones […], por lo que se debe ajustar”.

3.5.1.9. El veintiuno (21) de febrero de dos mil seis (2006)92, la UT contratista y la
interventoría suscribieron el “Acta de Recibo Final y Aprobación de Estudios y
Diseños”, en la cual además de establecer que la etapa de revisión de los estudios

86 Apartado 3.4.5.
87 Folio 794 del cuaderno 2.
88 Los estudios y diseños presentados por la parte contratista comprenden nueve (9) volúmenes, a saber:

Volumen I. Estudio de Tránsito Capacidad y Niveles de Servicio; Volumen II. Estudio de Diseño Geométrico;
Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia; Volumen IV. Estudio de Suelos para Diseño de
Fundaciones; Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes; Volumen VI. Estudio Geotécnico
para Diseño de Pavimentos; Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación; Volumen VIII. Estudio
Estructural para Diseño de Puentes; y Volumen IX. Cantidades de Obra: Presupuesto, Unitarios, Programación
de Obra
89 Folios 795 a 796 del cuaderno 2.
90 Folios 792 a 793 del cuaderno 2.
91 Folios 797 a 799 del cuaderno 2.
92 Folios 800 a 801 del cuaderno 2.

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y diseños se había pactado en un plazo de un (1) mes —que corrió entre el veintidós
(22) de enero de dos mil seis (2006) y el veintiuno (21) de febrero de dos mil seis
(2006)— se dejó constancia de lo siguiente:

“[…] que la interventoría revisó y aprobó las memorias de cálculo, las cantidades de obra y los
planos correspondientes a los diseños, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de INVIAS.
// Para el efecto, el contratista hace entrega formal a la interventoría de los documentos
contemplados en el Pliego de Condiciones [contentivos de los nueve (9) volúmenes de los
estudios y diseños más el plan de manejo ambiental].

[…] el contratista ejecutará los siguientes ajustes para cumplir con el Hito de Estudios y Diseños:

Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio: El Contratista debe
presentar el cálculo de la Capacidad y Niveles de Servicio de acuerdo con la metodología
de INVIAS.

Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos: El Contratista debe
incorporar lo acordado durante la reunión celebrada el 16 de febrero de 2006, así: (i)
identificar los tramos inestables y los tramos posiblemente estables; (ii) explicar los
argumentos para omitir el uso de la subbase; (iii) incluir la posibilidad de reducir en 2.5
cm los espesores de la estructura de pavimentos de la mezcla asfáltica; y (iv) adicionar
la posibilidad de adelantar una sectorización con base en los ensayos de campo y
presentar las estructuras de pavimentos para diferentes CBR.

[…] el contratista será el único y exclusivo responsable de los diseños definitivos y cualquier error
contenido en los mismos. En consecuencia, deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento
de la ejecución del Contrato los diseños definitivos presentados, a su costo y bajo su
responsabilidad, con el objeto de dar cumplimiento a los resultados previstos en el Contrato. El
Contratista presentará estas adecuaciones y/o modificaciones a la Interventoría para su
aprobación correspondiente”.

3.5.1.10. El veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006)93, la UT contratista y la
interventoría suscribieron el “Acta de Recibo y Aprobación de Estudios y Diseños”,
en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“[…] que la interventoría revisó las memorias de cálculo, cantidades de obra y los planos
correspondientes a los Estudios y Diseños presentados por el contratista y los resultados fueron:

• Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio: Para aprobar este estudio,
el Contratista debe presentar el cálculo de la Capacidad y Niveles de Servicio de acuerdo
con la metodología de INVIAS.
• Volumen II. Estudio de Diseño Geométrico: Se ajusta a las exigencias del INVIAS.
• Volumen III. Estudio de Geología para Ingeniería y Geotecnia: Se ajusta a las exigencias de
las Especiaciones Técnicas y del Anexo Técnico.
• Volumen IV. Estudio de Suelos para Diseño de Fundaciones: Se ajusta a las exigencias de
las Especiaciones Técnicas y del Anexo Técnico.
• Volumen V. Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes: Se ajusta a las exigencias
de las Especiaciones Técnicas y del Anexo Técnico.
• Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos: Para aprobar este estudio, el
Contratista debe incorporar lo acordado durante la reunión celebrada el 16 de febrero de
2006, así: (i) iidentificar los sectores de falla geológica y que no se intervendrán durante el
desarrollo del Proyecto; (ii) identificar los sectores de posibles fallas geológicas que se
intervendrán en forma parcial; (iii) explicar los argumentos para omitir el uso de la subbase;
(iv) reducir en los diseños de la estructura de pavimentos la mezcla asfáltica tipo MDC-2 en
2.5 cm; y (v) adicionar la posibilidad de adelantar una sectorización con base en los ensayos
de campo y presentar las estructuras de pavimentos para diferentes CBR.
• Volumen VII. Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación: Se ajusta a las exigencias de
las Especiaciones Técnicas y del Anexo Técnico.

93 Folios 802 a 803 del cuaderno 2.

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• Volumen VIII. Estudio Estructural para Diseño de Puentes: Se ajusta a las exigencias de las
Especificaciones Técnicas y del Anexo Técnico
• Plan de Manejo Ambiental: Se ajusta a las exigencias de las Especificaciones Técnicas y del
Anexo Técnico.

[…] que el contratista debe hacer los ajustes al Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y
Niveles de Servicio y al Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos durante el
siguiente plazo: 22 de febrero al 15 de abril de 2006 y la Interventoría revisará dichos ajustes
durante el plazo: 16 al 21 de abril de 2006, teniendo en cuenta que el Programa de Inversiones
Revisión N 1 programó el reconocimiento del Ítem de Estudios y Diseños para el mes 5°, el cual
vence el 21 de abril de 2006.

[…] que la revisión de los Estudios y Diseños presentados por el Contratista el 21 de enero de
2006 y terminados por la interventoría el 21 de febrero de 2006 no alteraron el Plazo Final del
Contrato y no modificaron el Programa de Obra Revisión N 1, el cual contempla como fecha
inicial el 22 de enero 2006 y como fecha final el 21 de julio de 2007”.

3.5.1.11. El veintitrés (23) de febrero de dos mil seis (2006)94, la interventoría,
mediante oficio C.613.5.3/OB.038/06, informó a la UT contratista que debía hacer
unos ajustes al volumen IX. Cantidades de obra, para que este fuera aprobado.

3.5.1.12. El dos (2) de marzo de dos mil seis (2006)95, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-055, remitió a la interventoría los ajustes solicitados.

3.5.1.13. El siete (7) de abril de dos mil seis (2006)96, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-064, puso de manifiesto a la interventoría las actuaciones
que había realizado hasta esa fecha para ajustar los volúmenes de los estudios y
diseños de la obra, por tanto, solicitó «se realice la aprobación definitiva de los diseños,
puesto que la Unión Temporal con gran esfuerzo realizó los diseños completamente
nuevos en el plazo contractual de dos (2) meses y a la fecha han transcurrido dos
meses y medio (2.5) en periodo de revisión, pese a que los ajustes requeridos se han
atendido oportunamente […]. Debido a los compromisos adquiridos y al tiempo
transcurrido se nos vuelve urgente realizar la facturación de este hito […]. Nos
permitimos citar lo contenido en los pliegos de condiciones “se podrán realizar los
ajustes y complementaciones a que haya lugar a los estudios y diseños, conforme
vayan evolucionando las obras". Entendido en la etapa de construcción».

3.5.1.14. El diecisiete (17) de abril de dos mil seis (2006)97, la UT contratista y la
interventoría suscribieron el “Acta de Recibo Final y Aprobación Final de Estudios y
Diseños”, en la cual además de establecer que la etapa de ajustes de los estudios
y diseños se había pactado en un plazo de dos (2) mes —comprendido entre el
veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006) y el veintiuno (21) de abril de dos mil
seis (2006)— se dejó constancia de lo siguiente:

“[…] que la contratista presentó el 11 de abril de 2006 los ajustes al Volumen I. Estudio de
Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio y al Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de
Pavimentos y la interventoría terminó el 11 de abril de 2006 la revisión de dichos ajustes de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

94 Folios 805 a 809 del cuaderno 2.
95 Folio 804 del cuaderno 2.
96 Folios 810 a 812 del cuaderno 2.
97 Folios 813 a 814 del cuaderno 2.

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Con base en lo anterior y la constancia descrita en el Acta de Recibo y Aprobación firmada el 22
de febrero de 2006 los siguientes Estudios y Diseños se ajustan a las exigencias del INVIAS: [se
relacionaron cada uno de los volúmenes]. La aprobación de dichos Estudios y Diseño serán
avalados por la Consultoría de Apoyo a la Gestión.

[…] el Contratista será el único y exclusivo responsable de los diseños definitivos y cualquier
error contenido en los mismos. En consecuencia, deberá adecuar y/o modificar en cualquier
momento de la ejecución del Contrato los diseños definitivos presentados, a su costo y bajo su
responsabilidad, con el objeto de dar cumplimiento a los resultados previstos en el Contrato. El
Contratista presentará estas adecuaciones y/o modificaciones a la Interventoría para su
aprobación correspondiente.

Se deja constancia que los ajustes al Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de
Servicio y al Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos de los Estudios y
Diseños presentados por el Contratista el 11 de abril de 2006 y terminados por la Interventoría
el 11 de abril de 2006, no alteraron el Plazo Final del Contrato y no modificaron el programa de
Obra Revisión 1, el cual contempla como fecha inicial el 22 de enero 2006 y como fecha final el
21 de julio de 2007”.

3.5.1.15. El doce (12) de mayo de dos mil seis (2006)98, la interventoría, mediante
oficio C.613.7.3/OB.105/06, comunicó a la UT contratista su inconformidad con el
Volumen VI. correspondiente al diseño estructural de pavimentos, pues “con base en
el recorrido realizado el 10 de mayo de 2006 al tramo K5+000 - K7+000, en concepto
de está interventoría, el CBR de diseño adoptado por el contratista de 7%, se
encuentra sobredimensionado, debido a que se observa en campo el afloramiento de
la roca en gran parte del sector […]. Por lo tanto, solicitamos determinar conjuntamente
los espesores de la estructura de pavimento de dicho tramo con mayor brevedad
posible, con base en nuevos ensayos de CBR. Lo anterior es de urgente ejecución
debido a la premura del tiempo para cumplir el compromiso adquirido por el contratista
de entregar pavimentado un kilómetro de vía a finales de junio de 2006”.

3.5.1.16. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil seis (2006)99, la UT contratista y
la interventoría suscribieron el “Acta de Aprobación del pago Hito 1. Estudios y
Diseños”, por ciento noventa y un millones doscientos once mil cuatrocientos treinta
pesos ($191.211.430); de igual manera, se dejaron las siguientes observaciones: (i)
que en lo atinente al volumen V. Estudio geotécnico para diseño del pavimento, la
contratista se compromete a que durante el desarrollo de la obra “va a contemplar
la observación de la interventoría relacionada con la disminución de 2.5. cm de la
carpeta asfáltica, con lo cual se aumentará en 5.0 cm la base granular”; (ii) “que el
valor estimado para las obras no es suficiente para cubrir las metas físicas del
contrato que son de 15.00 Km, de acuerdo con el valor contractual, alcanzan para
ejecutar las obras necesarias en 13.15 Km, quedando pendiente por ejecutar las
obras necesarias en 1.85 Km”; y (ii) “la meta adicional necesaria para cumplir con
las metas físicas del contrato es de aproximadamente $1.424.542,250”.

3.5.2. En virtud de lo expuesto, la Sala comprende que el pliego de condiciones100 fue
explícito en asignar a la contratista la responsabilidad de elaborar y/o complementar
los estudios y diseños para la reconstrucción, pavimentación y/o repavimentación del
proyecto de infraestructura vial, cuyo contenido debía ajustarse a las especificaciones

98 Folio 815 del cuaderno 2.
99 Folios 817 a 818 del cuaderno 2.
100 Apartado 3.5.1.1.

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generales de construcción del INVIAS y a las particularidades dispuestas en el Anexo
Técnico. Asimismo, se estipuló que la verificación de los volúmenes que conformarían
los estudios y diseños recaía en la interventoría, quien con el aval de la consultoría,
los debía aprobar.

De acuerdo con estas previsiones negociales, y en consonancia con las directrices
planteada en el problema jurídico que se examina101, es posible concluir, en primer
lugar, que efectivamente ni en el pliego de condiciones ni en el contrato se contempló
un plazo determinado para que la firma interventora verificara la conformidad de los
estudios y diseños presentados por la UT contratista con respecto a los documentos
técnicos referidos en el párrafo anterior. Esta omisión, si bien podría denotar una
deficiente planeación durante la etapa precontractual, no permite, por mera lógica,
develar que la interventoría hubiera tardado excesivamente en la verificación y
aprobación de los estudios y diseños; comoquiera que, al no haberse fijado un plazo
predeterminado para dicha aprobación, resulta a priori disruptivo concluir que hubo un
retraso injustificado.

Con todo, la interpretación que la demandante hace de ese plazo parece indicar que
los dos (2) meses previstos en el pliego de condiciones englobaban tanto la entrega
de los estudios y diseños como su aprobación definitiva, perspectiva hermenéutica
que haría admisible el juicio relativo al exceso del tiempo empleado por la interventoría
para revisar y aprobar estos documentos. Sin embargo, esta situación tendría que ser
analizada en función de la completitud y razonabilidad del cumplimiento de las
obligación impuestas a la UT contratista, esto es, que hubiera entregado los estudios
y diseños en un tiempo adecuado para que la firma interventora pudiera llevar a cabo
la verificación correspondiente respecto de los demás documentos técnicos incluidos
en el pliego (Anexo Técnico y Especificaciones Generales de Construcción INVIAS);
así como demostrar que la dilación injustificada en la aprobación de los volúmenes I,
VI y IX le impidió avanzar con al menos uno de los hitos que componían el objeto
contractual y que debían ejecutarse durante la etapa de construcción.

No obstante, este juzgador observa que la actuación de la UT contratista al entregar
los volúmenes que componían los estudios y diseños un día antes del vencimiento del
plazo contraviene tal interpretación, pues es razonable inferir que no era factible que
la interventoría revisara los estudios y diseños en un solo día. Por otro lado, haría falta
para adelantar ese juicio, medios de prueba que permitieran determinar con certeza
que la UT contratista no pudo ejecutar alguno, siquiera, de los quince (15) hitos que
constituían el objeto contractual. En tal sentido, sin embargo, se echa de menos el
cronograma de obra, instrumento con el que se hubiera podido analizar la secuencia
y los presupuestos de esos hitos; en su defecto, la bitácora de trabajos, medio que
habría permitido determinar cuáles fueron las actividades realizadas por la contratista
durante el periodo considerado excesivo. Tampoco se incorporaron a este contencioso
las especificaciones generales de construcción del INVIAS o las particularidades
incluidas en el Anexo Técnico con las que se hubiera podido evidenciar la magnitud
de las deficiencias en los estudios y diseños presentados y determinar si, en efecto, la
interventoría superó el tiempo razonable para su verificación.

101 Apartado 3.3.1.

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Finalmente, debe concluirse que aun cuando, en efecto, el pliego no incluyó un término
específico para que la interventoría acometiera la verificación y aprobación de los
estudios y diseños presentados por la contratista, lo cierto es que este debía responder
por su contenido en cualquier momento de la ejecución contractual, incluso una vez
finalizado el plazo otorgado para la etapa de estudios y diseños, por lo tanto, en caso
de errores, aquel estaba en la obligación de ajustarlo, adecuarlo o modificarlo a su
costo y riesgo, cuestión que se revela fue entendida y aceptada por la UT contratista,
que, en principio, firmó a conformidad las actas de entrega, con las que aceptó la futura
verificación de dicho estudios y diseños102 y; posteriormente, remitió un documento en
el que solicitó se aprobaran definitivamente los estudios y diseños, recordando que el
pliego permitía ajustar y complementar estos conforme fuera evolucionando la obra103.

Con todo lo anterior, la Sala considera que la parte accionante no cumplió con la carga
probatoria exigida para demostrar que el alegado tiempo excesivo lo hubiera llevado
a asumir cargas y sobrecostos que no estaba en la obligación de soportar, pues solo
demostró lo siguiente:

3.5.2.1. La UT Boyacá entregó los nueve (9) volúmenes que integraban los estudios y
diseños a la interventoría el veintiuno (21) de enero de dos mil seis (2006), esto es a
falta de un día para que se cumpliera el plazo concedido para la etapa de estudios y
diseños104, en consecuencia al día siguiente, dicha firma impartió la orden de inicio de
la etapa de construcción, con la advertencia que cada uno de los volúmenes serían
revisados por la interventoría y en caso que se encontraran inconsistencias estas
debían ser ajustadas por la contratista, cuestión que, se reitera, aceptó expresamente.

Fue así como a partir de ese momento la interventoría, en su ejercicio de verificación,
comenzó a aprobar algunos de los volúmenes que integraban los estudios y diseños,
así como a rechazar otros por incumplir con los criterios técnicos requeridos, instando
a la UT contratista a corregirlos en el menor tiempo posible y recordándole su exclusiva
responsabilidad por el contenido de estos y su obligación de adecuarlos asumiendo
sus costos. Particularmente, la firma interventora rechazó y solicitó la corrección de
los siguientes documentos: (i) El trece (13) de febrero de dos mil seis (2006) devolvió
el Volumen II. Estudios y Diseños Geométricos105; (ii) el veintiuno (21) de febrero de
dos mil seis (2006) devolvió el Volumen I. Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles
de Servicio, y el Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de Pavimentos106; (iii)
el veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006) devolvió nuevamente el volumen I.
Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio, y el Volumen VI. Estudio
Geotécnico para Diseño de Pavimentos107; y (iv) el veintitrés (23) de febrero de dos
mil seis (2006) devolvió el volumen IX. Cantidades de obra108.

102 Apartado 3.3.1.
103 Apartado 3.3.1.13.
104 Apartado 3.5.1.5 y 3.5.1.6.
105 Apartado 3.5.1.8.
106 Apartado 3.5.1.9.
107 Apartado 3.5.1.10.
108 Apartado 3.5.1.11.

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Así las cosas, solo fue hasta el diecisiete (17) de abril de dos mil seis (2006)109, luego
de haber recibido los volúmenes atrás mencionados con los ajustes solicitados110, que
la firma interventora aprobó definitivamente los estudios y diseños presentados por la
contratista, recordándole nuevamente no solo la responsabilidad asumida en el caso
de que esos volúmenes contuvieran errores sino también su obligación de corregirlos
o ajustarlos en cualquier momento de la ejecución contractual. Cuestión que ocurrió
con posterioridad en relación con el Volumen VI. Estudio Geotécnico para Diseño de
Pavimentos111 y sobre el que se convino a ir discutiendo durante el desarrollo de las
obras de conformidad con las necesidades que fueran surgiendo, como quedó
plasmado en el Acta de Aprobación del Hito 1. Estudios y Diseños, suscrita el treinta
y uno (31) de mayo de dos mil seis (2006)112.

3.5.3. Para la Sala, no cabe duda que, si bien la revisión y aprobación definitiva de los
estudios y diseños por parte de la interventoría se prolongó por aproximadamente tres
(3) meses —veintidós (22) de febrero de dos mil seis (2006) hasta el treinta y uno (31)
de mayo de dos mil seis (2006)—, tiempo que indudablemente estaba ligado a la etapa
constructiva, lo cierto es que los sobrecostos que la parte accionante reclama le sean
reconocidos por el tiempo que consideró excesivo en la aprobación definitiva de tales
documentos serán negados, pues de acuerdo con la ausencia de material probatorio
que permita demostrar que fue imposible avanzar en la ejecución de al menos uno de
los hitos contractuales, aunado a los compromisos adquiridos negocialmente, debe
concluirse que a la contratista le correspondía, bajo su entera responsabilidad y propio
costo, ajustar los estudios y diseños conforme a los requerimientos de la interventoría;
es más, se observa que con el propósito de alivianar la carga económica que por
causa de este trámite —verificación y aprobación definitiva de los estudios y diseños—
pudiera afectar el programa de inversión presentado por la contratista, los extremos
de la relación contractual firmaron un acuerdo modificatorio con el fin de entregar un
mayor valor de anticipo113.

Análisis del segundo problema jurídico planteado:
Errada apreciación de los estudios previos del INVIAS en torno a las fuentes de
materiales relacionadas con las rocas sedimentarias

3.6. La parte demandante reclama el desequilibrio económico del contrato producto
de lo que consideró una errada apreciación de los estudios incluidos en el pliego de
condiciones en torno a las fuentes de materiales para la extracción de las rocas
sedimentarias, pues —afirmó— al momento de presentar su propuesta económica
calculó su monto con base en las fuentes de material aludidas en un estudio previo
que el INVIAS puso a disposición de todos los proponentes (Anexo 1 del pliego), sin
embargo, una vez se le adjudicó el contrato comprobó que los materiales sustraídos
de las fuentes sugeridas no cumplían con las condiciones técnicas y de volúmenes
que se requerían para la pavimentación de la vía, debiendo encontrar otras fuentes
de suministro de material, proceder que le ocasionó nueva cargas y costos que bajo

109 Apartado 3.5.1.14.
110 Apartado 3.5.1.12 y 3.5.1.13.
111 Apartado 3.5.1.15.
112 Apartado 3.5.1.16.
113 Apartado 3.5.1.4.

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ninguna circunstancia estaba en la obligación de asumir, tales como: (i) modificar el
método de extracción pues este debía realizarse mediante explosivos; (ii) aumentar
las operaciones de trituración de material; y (iii) alquilar una vibrocompactadora,
debido a la dificultad de trabajar en esos terrenos.

3.6.1. Para acometer el análisis del posible rompimiento de la ecuación económica
del contrato por los motivos expuesto en precedencia, la Sala considera necesario
relacionar las disposiciones que sobre las fuentes de materiales fueron incluidas en
el pliego de condiciones y determinar la parte sobre la que recaía la responsabilidad
en su escogencia; para luego, exhibir cuales fueron las actuaciones que la UT
contratista realizó tanto para encontrar nuevas fuentes de materiales como para
proceder a su extracción —incluso se relacionará el trámite para la consecución de
los permisos de intervención y las licencias ambientales, cuestión que, además, será
de suma relevancia para resolver el cuarto y quinto problema jurídico—.

3.6.1.1. El pliego de condiciones114 estableció claramente que uno de los aspectos
que debían ser tenidos en cuenta por los proponentes para calcular el monto de su
propuesta económica era el relativo a las fuentes de donde pretendía extraer los
materiales que utilizaría en la ejecución de la obra, las cuales debía seleccionar con
base en el examen del sitio de obra y sus alrededores. Apartes del pliego que por
su relevancia se pasan a transcribir:

“[…] 3.8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA. El valor de la
propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública […]. Por ser relevante, a continuación
se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar
el precio de la oferta:

[…] MATERIALES. El proponente establecerá las fuentes de materiales que, en caso de resultar
favorecido, utilizará en la ejecución de la obra: por lo tanto, el instituto no reconocerá costos
adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. Igualmente, el proponente en caso de
salir favorecido, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de
Minas para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios
unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías,
arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y
descargue de los materiales.

El costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsión asfáltica y los
materiales pétreos utilizados en la construcción de afirmado, subbase, base, concreto asfáltico,
concretos hidráulicos y obras de arte, deberá incluirse dentro de los análisis de precios unitarios
respectivos, toda vez que no habrá pago por separado para el transporte de los mismos.

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse
preferiblemente con tecnología limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los
ítems de pago de las obras de qué trata la presente licitación pública. El proponente favorecido con
la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros
que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad
suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de
materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este
numeral.

114 Apartado 3.4.1.

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[…] EXAMEN DE LOS SITIOS. El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores de la obra e informarse, la forma y características del sitio, las cantidades, localización
y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de
obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las
vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y,
en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su
propuesta.

[…] Es responsabilidad del proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales
serán ejecutados los trabajos, con se considerará como excusa válida para posteriores
reclamaciones”.

Este apartado del pliego de condiciones permitiría afirmar a priori que la
determinación de las fuentes de materiales que habría de tomar en consideración
el proponente para la presentación de su oferta, en cuanto, de resultar favorecido
con la adjudicación, habría de valerse de ellas, era una carga que pesaba sobre el
proponente y eventualmente futuro contratista, al punto que se advertía a todos los
interesados en el llamado de la administración, que esta no reconocería costos
adicionales por el cambio de dichas fuentes, y que pesaba sobre el futuro contratista
la obligación de cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del
Código de Minas para adelantar el aprovechamiento a que hubiere lugar.

3.6.1.2. Se dice, a priori, por cuanto no desconoce este juzgador que el pliego de
condiciones incluyó el documento denominado Anexo 1. “Localización y descripción
general de los grupos de tramos – Presupuesto oficial”, dentro del cual se pusieron
en conocimiento de los interesados en ofertar, con relación a cada una de las vías
proyectadas, los estudios y en general, la información a su alcance que podían
servir de base para que cada proponente realizara su oferta. Particularmente, se
observa que para la vía Otanche – Borbur se adjuntó el “Estudio de Mejoramiento y
Pavimentación de la Carretera Puerto Boyacá – Otanche, Volumen III” elaborado en
septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996) por Ingenieros Consultores
Ltda.115, dentro del cual se estableció que “se preseleccionaron las siguientes
fuentes de material [en total fueron seis], para que se hagan los respectivos ensayos
de laboratorio sobre la calidad de los materiales y los estimativos confiables de
volúmenes: […] Fuente I.C -004-96 – Aguanegro (agregado de origen aluvial de
cantos, gravas y arenas) y Fuente I.C. - 001-96 – Agua Fría (agregados cretáceos
de limolitas silíceas, con concreción calcáreas)”.

3.6.1.3. Pues bien, fue durante la etapa de estudios y diseños, que la UT Boyacá
comprobó, luego de realizar múltiples pruebas, que la fuente de Agua Fría para la
extracción de rocas sedimentarias, y sobre la cual había confeccionado su oferta
económica, no cumplía con las especificaciones técnicas y de volúmenes
requeridas para la pavimentación de la obra, contrario a lo establecido en el estudio
previo incluido por el INVIAS en el pliego de condiciones116. Con fundamento en lo
anterior, puso de manifiesto a la interventoría que se vio en la necesidad de buscar
y estudiar nuevas fuentes de materiales que cumplieran con las especificaciones
requeridas, encontrándose la cantera La Chapa (Calamaco), sitio apto para la

115 Folios 830 a 834 del cuaderno 2.
116 Folios 840 a 841 del cuaderno 2.

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explotación del material triturado (piedra caliza) para sub bases, bases y mezcal
asfáltica y de concreto117.

3.6.1.4. Fue así como el diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005)118,
con el propósito de radicar ante INGEOMINAS la solicitud de autorización temporal
para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en el municipio
de San Pablo de Borbur (Sector Rosa Blanca – Fuente la Chapa), la contratista
solicitó al INVIAS una constancia que incluyera la trayectoria de la vía, la duración
de los trabajos y la cantidad máxima de materiales que se pretendían explotar.

3.6.1.5. El dieciocho (18) de noviembre de dos mil cinco (2005), el INVIAS, por
intermedio de la interventoría, expidió el documento requerido119. Ese mismo día,
la contratista radicó la solicitud ante INGEOMINAS; quien mediante la Resolución
GKI-152 del tres (3) de febrero de dos mil seis (2006) concedió la autorización
temporal para la explotación de cincuenta y cinco mil metros cúbicos (55.000 m3)
de materiales de construcción120.

3.6.1.6. El quince (15) de febrero de dos mil seis (2006)121, la contratista informó a
la interventoría que si bien había obtenido por parte de INGEOMINAS la
autorización temporal para explotación de materiales de la fuente la Chapa, faltaba
la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental emitido por CORPOBOYACA, cuya
solicitud no podía realizarse antes de tener la autorización temporal de explotación.

3.6.1.7. El veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006)122, la UT contratista informó,
por medio de la comunicación UT-O1613-054 dirigida a la interventoría, que “las
fuentes de material recomendadas por el INVIAS en los estudios y diseños iniciales
entregados con el contrato (es importante precisar que se contrató una revisión y
actualización de los mismos), NO son aptas para la construcción de las capas de
pavimentos, pues tal y como se documentó en el desarrollo del contrato los
desgastes obtenidos en la máquina de los Ángeles entre un 40 y 80%, no permiten
su uso. Fue necesario entonces, estudiar nuevas fuentes de materiales,
encontrándose calizas de muy buena calidad en el K15+000 [Cantera La Capa], las
cuales se encuentran en una matriz rocosa que requiere explotación masiva con
explosivos y un sistema de trituración primario, secundario y terciario. En otras
palabras, NO se cuenta con los materiales suficientes para la construcción de
grandes capas de pavimentos, por tanto se recomienda construir unas estructuras
más esbeltas, sin sub base granular, que permitan no solo optimizar las
explotaciones con explosivos, sino disminuir los posibles impactos ambientales al
utilizar menores volúmenes de material”.

3.6.1.8. El veintiuno (21) de febrero de dos mil seis (2006), la contratista presentó
los estudios de impacto ambiental ante CORPOBOYACA, entidad que, mediante

117 Folios 835 a 839 del cuaderno 2.
118 Apartado 3.6.1.2.
119 Folio 842 del cuaderno 2.
120 Folios 843 a 846 del cuaderno 2.
121 Folio 847 del cuaderno 2.
122 Folio 849 a 851 del cuaderno 2.

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Resolución 0366 del treinta y uno (31) de marzo de dos mil seis (2006), aprobó el
“plan de manejo ambiental a nombre de la UT Boyacá en el 2500 […] para la
actividad de explotación de cincuenta y cinco mil metros cúbicos (55.000 m3) de un
yacimiento de materiales para la construcción destinados a la reconstrucción y
pavimentación del tramo 1 de la vía Otanche – Borbur”123. Esta decisión fue
notificada, el seis (6) de abril de dos mil seis (2006)124.

3.6.1.9. El siete (7) de abril de dos mil seis (2006)125, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-065, informó a la interventoría que fueron los problemas
con las fuentes de material las que le habían impedido cumplir con el programa de
obra inicialmente fijado, a saber:

“[…] es importante aclarar que la unión temporal ha tenido permanencia en el proyecto desde el
mes de octubre de 2005, adelantando programas de exploración de fuentes de materiales que
cumplieran las características de calidad y volumen establecidas por el contrato. Para ello
desplazo un equipo completo de laboratorio […] lo cual pudo constatar la interventoría en visita
realizada el 5 de diciembre. Una vez finalizado el proceso de exploración de fuentes se solicitó
a INGEOMINAS el 18 de noviembre permiso minero para la explotación de materiales, el cuál
80 días después fue concedido, el 3 de febrero de 2006.

Se solicito al municipio de San Pablo de Borbur certificado del uso del suelo y se procedió a
realizar la evaluación ambiental y forestal del predio, así como limpieza del mismo y adecuación
del patio. Estando en esta actividad funcionarios del municipio se presentaron en el sitio de
trabajo el 4 de febrero y no permitieron continuar con la adecuación del sitio debido a que la
zona de limpieza y explotación se encontraba dentro del POT como reserva forestal, ante este
incidente y habiéndose pronunciado por parte del municipio cosa contraria en certificado
expedido, se solicitó presencia de funcionarios de CORPOBOYACA los cuales solo asistieron
el 6 de marzo de los corrientes y recomendaron no seguir con las actividades hasta que no se
produjera el acto administrativo que amparaba la viabilidad, acto que finalmente se produjo el
día 31 de marzo de los corrientes, como se puede observar y siguiendo los lineamientos
contractuales no se puede iniciar obras sin los permisos correspondientes, cabe la pena
destacar que así como lo establece el pliego tampoco será motivos para sustentar demoras o
atrasos, pero esta es una situación especial ya que en la zona no existen fuentes de materiales
adecuadas.

[…] Las actividades de mejoramiento de subrasante y la actividad de material filtrante no se
comenzaron debido a lo anteriormente expuesto, es preciso aclarar que ha existido voluntad por
parte de la Unión Temporal, pero no se podían realizar obras sin tener materiales porque el
mejoramiento de la subrasante también lo requería. Así las cosas, con las actividades del sitio
de explotación suspendidas por CORPOBOYACA y el MUNICIPIO con la incertidumbre que
esto generó para la continuidad de las actividades de adecuación del patio para almacenes,
explotación de materiales y producción de agregados no se pudieron adelantar los trabajos
programados”.

3.6.1.10. El doce (12) de mayo de dos mil seis (2006)126, la interventoría, en oficio
C.613.7.3/OB.106/06, informó a la UT contratista que “de acuerdo con las visitas
realizadas a la cantera La Chapa […] se observa con preocupación que las rocas
calizas presentes en el macizo rocoso contienen intercalaciones de lutitas, material
que de acuerdo con sus características mecánica, no es adecuado para su uso como
material de construcción […]. Por lo anterior, se solicita al contratista confirmar la
calidad de los materiales a utilizar en la estructura del pavimento, filtros, estructuras
de concreto y demás actividades, con el fin de garantizar el buen comportamiento de

123 Folios 856 a 863 del cuaderno 2.
124 Folio 863 del cuaderno 2.
125 Folios 853 a 855 del cuaderno 2.
126 Folios 864 a 865 del cuaderno 2.

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los agregados pétreos frente a las condiciones del medio amiente a que serán
sometidos durante su procesamiento y/o el periodo de servicio de las obras en que
se utilicen”:

3.6.1.11. El treinta (30) de mayo de dos mil seis (2006)127, en respuesta al anterior
oficio, la contratista, mediante comunicación UT-01613-106, reiteró a la interventoría
que no pudo utilizar las fuentes de material sugeridas en el pliego de condiciones y
que, por ende, debió buscar nuevas fuentes, encontrándose la Chapa (Calamaco)
como una fuente de material adecuada. Así las cosas, afirmó que la UT “se encuentra
a la fecha realizando los laboratorios correspondientes a los materiales a utilizar para
la estructura de pavimento, estructuras de concretos y material drenante, que en caso
de no cumplir con las condiciones establecidas en las especificaciones INVIAS
realizara ajustes con el fin de garantizar el buen comportamiento y la calidad final de
las mezclas que garanticen el buen comportamiento frente a las condiciones del
medio ambiente a que serán sometidas durante su procesamiento y/o el periodo de
servicio de las obras que se utilicen”.

3.6.1.12. El diecinueve (19) de abril de dos mil seis (2006)128, se realizó la segunda
modificación al contrato 1613 de 2005, en el sentido de conceder a la contratista un
porcentaje mayor de anticipo al pactado inicialmente, en razón a que debía invertir
recursos adicionales en la fuente de materiales, cuya explotación necesariamente
debía hacerse con explosivos.

3.6.2. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera, en primer término y con
fundamento en los apartes del pliego de condiciones transcritos anteriormente129,
que la UT Boyacá desde el momento de presentar su oferta sabía que la escogencia
de las diferentes fuentes de materiales a utilizar para la ejecución del proyecto era
de su entera y exclusiva responsabilidad, y que si bien es cierto en dicho pliego el
INVIAS incluyó unos estudios previos (Anexo 1.) donde se refirieron varias fuentes
de materiales cercanas a la zona que se pretendía intervenir, en ningún momento
se exigió a los proponentes confeccionar su oferta tomando en consideración esas
fuentes de materiales.

En contraste, para este juzgador la información suministrada en los estudios previos
debía ser tomada por los oferentes como una herramienta de apoyo que el INVIAS
había decidido compartirles y, por tanto, la decisión de si soportaban su propuesta
con las fuentes de materiales allí relacionada estaba a su entera discreción, sin que
como lo quiere hacer ver la parte demandante, haberlas seleccionado los eximiera
de responsabilidad por la escogencia de las fuentes de materiales, máxime cuando
los mismos estudios no eran concluyentes respecto a la calidad y los volúmenes de
los materiales allí contenidos, pues para determinar esto debían hacerse estudios
y ensayos de laboratorio130.

127 Folios 866 a 867 del cuaderno 2.
128 Apartado 3.5.4.
129 Apartado 3.6.1.1.
130 Apartado 3.6.1.2.

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En suma, no puede desconocerse que desde el pliego se instó a los proponentes
a inspeccionar y examinar el lugar de intervención y los alrededores de la obra, con
el propósito de, entre otras cosas, que estos consiguieran mayor información sobre
las fuentes de materiales y pudieran decidir la viabilidad de incluir en su propuesta
las relacionadas en el Anexo 1 y/o otras fuentes cercanas al proyecto. La inclusión
del apartado denominado “examen de los sitios”, a juicio de este juzgador, refuerza
aún más el argumento de que el INVIAS en ningún momento exigió a los oferentes
incluir las fuentes relacionadas en los estudios previos, pues, en contraste, les abrió
la puerta para investigar motu proprio cual fuente consideraba apta y conveniente
para presentar precios unitarios competitivos, con lo cual no puede afirmarse que
el INVIAS indujo a error a los proponentes.

3.6.3. Demostrado, como ha quedado, que la responsabilidad en la escogencia de
las fuentes de materiales recaía de manera exclusiva sobre la contratista, viene
consecuente inferir que la obligación de encontrar una fuente diferente a la ofrecida
inicialmente —como en efecto ocurrió131— y de asumir los sobrecostos que de este
proceder se pudieran derivar, también recaía sobre aquella, pues claramente se
había establecido en el pliego de condiciones: “el instituto no reconocerá costos
adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales”.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente, cómo la parte demandante realizó
un esfuerzo mayúsculo para demostrar la incidencia que tuvo la necesidad de
modificar las fuentes de materiales en el retraso de la programación de obra
inicialmente propuesta, como consecuencia de las dilaciones derivadas de la
tramitación de permisos de intervención y licencias ambientales132; pero, además,
el impacto que ello tuvo sobre los costos para la explotación de la nueva fuente de
material elegida, (Cerro La Chapa), pues debía utilizar para ese efecto explosivos
y aumentar las operaciones de trituración133.

Sobre los permisos de intervención y las licencias ambientales, la Sala observa que
el pliego de condiciones también estableció de manera prístina que su obtención
era de entera responsabilidad de la contratista y que las demoras en su tramitación
no eran causa validad para justificar atrasos o incumplimiento134. En lo relativo a
los sobrecostos que generó la explotación de la nueva fuente de material, el pliego,
igualmente, indicó que los precios unitarios refrentes a los materiales debían cubrir
todos los costos de explotación, por consiguiente, no se “aceptaría ningún reclamo
del constructor por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de
construcción”.

131 Apartado 3.6.1.3.
132 Apartado 3.6.1.4, 3.6.1.5, 3.6.1.6, 3.6.1.8 y 3.6.1.9.
133 Apartado 3.6.1.7. 3.6.1.10 y 3.6.1.11.
134 PLIEGO DE CONDICIONES. PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA. […] La obtención de los

permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son
requisito indispensable para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención
conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no
serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos”.

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3.6.4. Con todo lo anterior, la Sala concluye que el cambio de fuentes de materiales
no puede considerarse como una circunstancia determinante de desequilibrio
económico del contrato, pues la responsabilidad de su elección estaba en cabeza de
la contratista y los costos que se derivaron de ese cambió deben ser asumidos por
esta.

Análisis del tercer problema jurídico planteado:
El cambio de la fuente de materiales para el suministro de arena

3.7. La parte accionante sostiene que, al momento de presentar su oferta tomó como
fuente de materiales para la extracción de arena la denominada fuente de Aguanegro,
ubicada a 86 KM del centro de gravedad del proyecto vial, sin embargo, debido a la
severa temporada invernal que afectó el primer semestre de dos mil seis (2006) y el
consecuente deterioro de la vía de acceso a dicha fuente, la contratista se vio en la
necesidad de localizar nuevas fuentes de abastecimiento, concretamente, encontró la
de Pescadero para arena de rio y la de Sopó para arena amarilla. Empero, estas
nuevas fuentes se encontraban ubicadas a una distancia considerablemente mayor a
la originalmente propuesta, lo que generó costos adicionales de acarreo que alteraron
el sinalagma funcional que se pactó al inicio de la relación contractual.

3.7.1. Pasa la Sala a relacionar las pruebas que han venido a este contencioso
contractual para dar cuenta de este particular motivo de alteración del equilibrio
contractual, para luego determinar si, en efecto, las circunstancias relacionadas en
inmediata precedencia tuvieron ese efecto:

3.7.1.1. El veintiuno (21) de noviembre de dos mil seis (2006)135, la contratista,
mediante comunicación UT-O1613-224, puso en conocimiento de la interventoría,
entre otras cosas, que “el suministro de arenas (de Rio y Amarilla) debido al aumento
de la lluvias (problemas de explotación de las fuentes de rio) y difícil acceso a algunas
de las fuentes que los suministran debido a la afectación de las vías (Arena Amarilla y
Arena de Río) se ha tenido la necesidad de utilizar materiales de diferentes fuentes
[no se especifica cuales]”.

3.7.1.2. El veintiséis (26) de febrero de dos mil siete (2007)136, la UT contratista,
mediante comunicación UT-O1613-276, solicitó a la interventoría restablecer el
equilibrio económico de contrato mediante la aprobación de nuevos precios unitarios,
entre otras razones, debido a que “para la evaluación económica se proyectó traer
arenas desde la FUENTE IC-004-96-Aguanegro, ubicada a 86 Km del centro de
gravedad del proyecto vía Puerto Boyacá, pero debido al invierno que se presentó en
el primer trimestre de 2006 se cortó el paso por esta vía nacional sin que a la fecha se
haya dado solución, lo cual implica llevar arenas a la obra desde pescadero esto
significa transportar este material 190 Km adicionales a lo presupuestado inicialmente,
lo que implica un costo adicional por m3 de arena de $121.600, lo que afecta los
precios más representativos del contrato”.

135 Folios 964 a 965 del cuaderno 2.
136 Folios 966 a 983 del cuaderno 2.

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3.7.1.3. El treinta (30) de abril de dos mil siete (2007)137, la interventoría consideró,
mediante oficio C.613/OB.0416/07/5.3. dirigido a la contratista que “efectivamente
cambiaron las condiciones físicas de acceso a la obra después de presentada la
propuesta del contratista, y que el contratista tiene un costo de acarreo de arena mayor
al que previó cuando calculó los precios unitarios de su propuesta económica, por
razones que no son de su responsabilidad. En consecuencia, esta Interventoría
considera justificada la solicitud del contratista de restablecer el equilibrio económico
del contrato por este mayor costo. La Interventoría por otra parte, considera que es
inconveniente modificar los precios unitarios de mezcla densa en caliente MDC-2,
Concretos Clase D, F y G y cunetas por este motivo, y solicita al contratista que
presente un precio unitario nuevo, correspondiente al sobre acarreo de arena desde
Pescadero, por m3 de arena transportada y colocada en la obra. Los volúmenes de
arena ya colocados se calcularán mediante las fórmulas de las mezclas asfálticas y
de concreto que se utilizan en la obra”.

3.7.1.4. El seis (6) de junio de dos mil siete (2007)138, la UT contratista adjuntó,
mediante comunicación UT-O1613-316 dirigida a la interventoría, los precios no
previstos en relación con el acarreo de arenas en una cantidad estimada de 6000 M3
con su respectivo análisis de precios unitario.

3.7.1.5. El doce (12) de junio de dos mil siete (2007)139, la interventoría envió con
destino a la consultoría mediante oficio 613/OB.0430/07/5.4 el visto bueno de la
solicitud de aprobación de trabajos no previstos respecto al sobre acarreo de la arena,
en los siguientes términos:

“Durante el desarrollo de la obra se han presentado las siguientes actividades que son necesarias
para el proyecto y que no estaban contempladas en el Formulario 4 del Contrato: […] transporte de
arenas por acarreo superior a 86 km, por lo tanto se solicitó al contratista proponer los precios
unitarios y las especificaciones técnicas, la interventoría analizó dicha información y se procedió a
cuantificar las cantidades de obra.

[…] La actividad de Transporte de arenas por acarreo superior a 86 km, se requiere, teniendo en
cuenta que el contratista en sus análisis de precios unitarios contempló suministrar arenas desde la
cantera Agua Negro localizada a 86 km del centro de gravedad del Proyecto por la vía Otanche -
Puerto Boyacá. Esta vía ha estado inhabilitada para el tránsito de vehículos pesados desde el primer
semestre de 2006, a causa de las fuertes lluvias que se presentaron en la zona, situación que obligó
al contratista a suministrar arenas de río desde el sector de Pescadero localizado aproximadamente
a 276 km del centro de gravedad del proyecto por la vía Chiquinquirá - Bucaramanga y arenas de
peña desde el sector de Sopó, localizado a 180 Km aproximadamente del centro de gravedad del
proyecto, ocasionado sobrecostos no previstos y desequilibrio económico del contrato”.

3.7.1.6. El catorce (14) de junio de dos mil siete (2007)140, la UT contratista envió con
destino a la interventoría la comunicación UT-01613-320 en la que refirió que “De
acuerdo a la necesidad de aprobación de precios no previstos y con el fin de dar
trámite para la adición del contrato de la referencia, manifestamos que una vez
aprobados los precios no previstos y cantidades estimadas correspondientes de: […]
Transporte de arena para distancias mayores de 86 Km: Cantidad estimada: 6000 M3
– 8000 M3. Dada la aprobación de los ítems anteriores la Unión Temporal considera

137 Folios 984 a 989 del cuaderno 2.
138 Folios 990 a 996 del cuaderno 2.
139 Folios 998 a 1000 del cuaderno 2.
140 Folio 76 a 78 del cuaderno 6.

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reestablecido el equilibrio económico del contrato”. Junto con esta comunicación se
incluyó el análisis de precios unitarios con un precio aproximado de $840 por M3-Km.

3.7.1.7. El veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008)141, las partes contratantes,
junto con la interventoría y la consultoría, suscribieron el “Acta de fijación de precios
no previstos”, incluyendo el ítem denominado “transporte de Arena por Acarreo
superior a 86 Km”, por una cantidad aproximada de 906.147 m3-km y un precio unitario
de $850.

3.7.1.8. El treinta (31) de marzo de dos mil ocho (2008)142, la consultoría remitió al
INVIAS, mediante oficio 796-BTA-257, sus consideraciones sobre la reclamación por
desequilibrio económico del contrato por el acarreo de arena superior a 86 Km, al
punto manifestó:

“Una vez analizados los conceptos por los que la Unión Temporal Boyacá en el 2500 argumentó un
desequilibrio económico en la ecuación económica y financiera del contrato 1613 de 2005, esta
consultoría considera que tiene viabilidad jurídica el restablecimiento de la ecuación por parte del
INVIAS, por concepto de los mayores costos de trasporte de las arenas provenientes de la fuente
de materiales del Pescadero (Santander). Toda vez que el contratista al momento de la presentación
de su oferta, calculó el transporte de estas arenas, con relación a la fuente de materiales de Agua
Negro ubicada en la carretera Otanche – Puerto Boyacá a 86 Km del proyecto, y por razones
exógenas al él de previsión que diligentemente el contratista debió haber asumido, se hizo necesario
el cambio de la fuente de materiales, por una fuente que se encuentra aproximadamente a 276 Km
de distancia del proyecto, generando al contratista un mayor costo por concepto de trasporte desde
la fuente de Pescadero (Santander).

Como consecuencia de lo anterior y toda vez que dentro de los ítems contractuales aprobados no
es posible reconocer el sobre acarreo del material Arena Limpia de Río, la consultoría recomendó a
la entidad, como uno de los posibles mecanismos administrativos y contractuales para restablecer
el equilibrio económico del contrato, autorizar la creación de este ítem de acuerdo a la realidad
contractual presentada tanto por el contratista, avalada por la interventoría y la Consultoría de Apoyo
a través del presente concepto.

[Así las cosas] para realizar el cálculo del restablecimiento, se tiene en cuenta el precio unitario de
$850/m3-Km; el cual fue acordado entre contratista e interventoría en el mes de junio de 2007. En
el siguiente cuadro se muestra el valor total a reconocer:

MATERIAL FUENTE VOLUMEN DISTANCIA DE SUBTOTAL
SOBRE ACARREO
(KM)

Arena de rio Pescadero 2.781.51 190 $528.487
Arena de peña Sopó 3.776.60 100 $377.660
Total (m3 -Km) $906.147

Concepto Valor

Precio unitario $850
Totales $770.224.950
Ajustes 2006 $49.171.904
Ajustes 2007 $61.833.671
Total incluyendo ajustes $881.230.525

3.7.1.9. El treinta y uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008)143, las partes del contrato
suscribieron el “Acta de Modificación de Cantidades de Obra 5”, de las que se puede
141 Folio 67 del cuaderno 6.
142 Folios 80 a 88 del cuaderno 6.
143 Folios 1003 a 1006 del cuaderno 6.

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Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

constatar que se incluyó el transporte de arenas por acarreo superior a 86 Km, bajo la
unidad de medida de M3 – KM, por un valor unitario de $850, por una cantidad de
906.147 M3 – KM y un valor total de $770.224.950, sin incluir los ajustes.

3.7.2. En virtud de las pruebas relacionadas en precedencia, la Sala encuentra
probado que la solicitud presentada por la contratista durante la ejecución del contrato,
orientada al restablecimiento de equilibrio económico derivada del sobreacarreo de
arenas144, fue debidamente aceptada por el INVIAS145, con la aprobación de la
interventoría y la consultoría, mediante la inclusión de un nuevo ítem denominado
“Transporte de Arena por Acarreo Superior a 86 Km”. Es más, cabe destacar, que fue
la propia UT contratista quien presentó la relación de volúmenes y distancia
aproximada146, en función de las cuales fundamentó el monto que debía ser restituido,
dada la imposibilidad de utilizar la fuente de Aguanegro propuesta inicialmente para el
suministro de arenas y que se encontraba a solo a 86 Km del centro de gravedad del
proyecto vial.

Asimismo, se observa que la UT contratista advirtió que, de ser aceptada su solicitud
—como en efecto ocurrió— consideraría restablecido el equilibrio económico en este
aspecto147. Por tanto, no comprende la Sala que la parte demandante ahora pretenda
reclamar mayores costos por un acarreo superior de arena, advirtiéndose, que si lo
que pretendía la parte actora era obtener un reconocimiento por una mayor distancia
recorrida o porque el precio unitario convenido no resultó suficiente, debe decirse que
las pruebas aportadas —facturas de cobro y comprobantes de egreso por el transporte
de arena148— resultan insuficientes para sustentar tal petición.

En definitiva, la reclamación que la parte demandante formula en esta sede judicial
por concepto de desequilibrio económico por transporte de arena por un acarreo
superior a 86 Km será desestimada, pues fue un hecho ya superado durante la
ejecución del contractual.

Análisis del cuarto problema jurídico planteado
Stand by de maquinaria por causa de los índices inusualmente altos de
precipitaciones y el grave deterioro de las vías de acceso a la obra

3.8. La parte actora sostiene que la fuerte temporada invernal que se presentó durante
la ejecución del contrato 1613 de 2005, junto con los consecuentes cierres de las vías
de acceso al proyecto debido a múltiples derrumbes, taponamientos y falla de taludes,
y sin que el INVIAS realizara oportunamente las acciones de intervención necesarias,
provocaron que los trabajos encomendados a la contratista se ralentizaran e, incluso,
en ocasiones se detuvieran. Esto generó sobrecostos por el stand by de maquinaria
durante los periodos de inactividad y, consecuencialmente, desequilibró la ecuación
económica del contrato. Por esta razón, la demandante reclama restablecimiento por
causa de los mayores costos que asumió por Stand By que se relacionan en el

144 Apartado 3.7.1.2.
145 Apartado 3.7.1.5; 3.7.1.6 y 3.7.1.8.
146 Apartado 3.7.1.7 y 3.7.1.8.
147 Apartado 3.7.1.7.
148 Apartado 217 a 363 del cuaderno 1.

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siguiente cuadro, elaborado de conformidad con los datos presentados junto con la
demanda149:

PERIODO DE TIEMPO O CONCEPTO COSTOS RECLAMADOS POR STAND BY

Febrero, marzo, abril y mayo de 2006 $101.997.035
Octubre, noviembre y diciembre de 2006 y 2007 $519.903.000
Diciembre de 2006 y 2007 $281.866.885
Equipo alquilado que permaneció en obra $52.878.366

3.8.1. Como pueda apreciarse, la parte demandante mezcló sus pretensiones
económicas derivadas del stand by de maquinaria en periodos de tiempo no
continuos. Por ello, en un ejercicio de claridad y conveniencia metodológica, se
procederá a separar cada periodo de la siguiente manera:

• Primer periodo: febrero, marzo, abril y mayo de dos mil seis (2006)

• Segundo periodo: octubre, noviembre y diciembre de dos mil seis (2006)

• Tercer periodo: octubre, noviembre y diciembre de dos mil siete (2007)

Tomando en consideración esta periodización, debe advertirse que la parte actora
únicamente puede sacar avante sus pretensiones de desequilibrio económico del
contrato por el stand By de maquinaria si demuestra lo siguiente : (i) que durante cada
uno de los periodos de tiempo referidos se presentaron temporadas invernales
consideras imprevisibles, que ocasionaron el cierre de las vías de acceso a la zona
de intervención de la obra; (ii) que esta situación paralizó temporalmente la ejecución
de los trabajos aun cuando la maquinaria se encontraba en el sitio de obra; y, (iii)
acreditar el impacto financiero que el stand by de maquinaria tuvo en la economía del
contrato.

3.8.2. Antes de iniciar el estudio propuesto, es necesario destacar que el pliego de
condiciones150 estableció que entre los aspectos que debían considerar la totalidad
de los proponentes, para calcular el valor de sus ofertas económicas, estaban los
concernientes a los costos derivados, por una parte, de la construcción, conservación
y mejoramiento de las “vías de acceso y otras obras provisionales” necesarias para
acometer los trabajos proyectados y, por otra parte, el suministro y permanencia de
los “equipos” en cada uno de los frentes de trabajos. Costos que debían ser asumidos
por la UT contratista durante la totalidad del tiempo que permaneciera en obra, y los
cuales debieron preverse de acuerdo con lo establecido en el acápite denominado
“examen de los sitios”. Para mayor claridad se transcribirá lo pertinente:

[…] ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA. El valor de la propuesta
deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la
obra objeto de la presente licitación pública para el grupo de tramos seleccionado y cada uno de
los tramos que lo conforman. Por ser relevante, a continuación se relacionan algunos de los
aspectos que el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

149 Folios 401 a 402 del cuaderno 1.
150 Apartado 3.4.1.

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[…] VÍAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS PROVISIONALES. Durante su permanencia en
la obra serán de su cargo la construcción, mejoramiento y conservación de las obras
provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como: vías
provisionales, vías de acceso a las fuentes de materiales y las demás que considere
necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, las obras necesarias para la protección del medio
ambiente y de propiedades y bienes del instituto o de terceros que puedan ser afectados
por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra
provisional relacionada con los trabajos […].

[…] EXAMEN DE LOS SITIOS. El proponente deberá inspeccionar y examinar el sitio y los
alrededores de la obra e informarse, la forma y características del sitio, las cantidades,
localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución,
transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su
explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias
que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

[…] EQUIPO. El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra en cada
frente de trabajo el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y
tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y
ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en
el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

3.8.2.1. De igual manera, el pliego de condiciones determinó que el proponente que
resultara adjudicatario de la licitación pública estaba en la obligación de presentar ante
la administración, entre otros documentos, el programa de ejecución de la obra, donde
debía relacionar los trabajos y los tiempos para acometer cada uno de los hitos que
componían el objeto contractual, y el cual estaba en el deber de mantener actualizado
durante toda la ejecución contractual. Documento que, adicionalmente, servía como
herramienta para verificar el cumplimiento de la obra por parte de la contratista, pues
el INVIAS, por intermedio de la interventoría, realizaría un seguimiento semanal a la
ejecución del contrato según el contenido del programa de obra. Prescripciones que
por su importancia la Sala transcribe in extenso:

[…] 5.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Comprenden
los documentos que se detallan a continuación […]:

[…] PROGRAMA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA. Es la declaración, en forma gráfica,
del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, representada en
cantidades de obra en función del plazo establecido en el numeral 1.2 de este pliego de
condiciones. Este programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos
y debe ser entregado a la interventoría, una vez finalizada la Etapa de Estudios y Diseños
y antes de iniciar la etapa de construcción para su revisión y aprobación.

Alcance. El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la
obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que exista entre ellos.

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de
adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para
el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras
provisionales.

Asimismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las
especificaciones técnicas establecidas para la obra, las condiciones climáticas y
topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la
obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de
infraestructura.

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Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar
proyectos de manejo ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En
especial, deberá programar su secuencia de acuerdo a la interrelación que exista entre las
diferentes actividades.

La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales así como los sitios de disposición de
sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisito indispensable para
que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve
deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos
permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.

[…] 5.15. EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN. Durante la ejecución de la obra,
el instituto efectuará un seguimiento a los programas de estudios y diseños y de obra, como
uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el
contratista deberá mantener los programas actualizados de manera que en todo momento
representen la historia real de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de
obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando
los programas de estudios y diseños y obra actualizados para establecer en qué condiciones
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros
residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los
trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se
plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución
de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente
establecido.

Cuando fuere necesario suscribir Actas de modificación de cantidades de obra o modificar el
valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha
modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del Instituto, a través del consultor de
apoyo a la gestión, y con el visto bueno de la interventoría, el nuevo programa de obra, previo
a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho de que el contratista no ejecute, por
lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra”.

Pues bien, en función de esta normativa del pliego, esta Subsección procederá a
analizar la alegada alteración del sinalagma funcional que se pactó al inicio de la
relación contractual, producto de los sobrecostos en los que la UT contratista debió
incurrir por el stand by de la maquinaria durante los distintos periodos de lluvias y
cierres de las vías de acceso al proyecto. El primer periodo será analizado de forma
independiente, mientras los otros dos de manera conjunta porque se derivan de
situaciones constantes—, no sin antes recordar que la ejecución del contrato de obra
1613 de 2005 inició el veintidós (22) de noviembre de dos mil cinco (2005), de modo
que, en principio, los veinte (20) meses que se fijaron como plazo inicial debían
finalizar el veintiuno (21) de julio de dos mil siete (2007)151.

Primer periodo (febrero, marzo, abril, mayo de 2006)

3.8.3. Para acometer este primer estudio, viene pertinente relacionar las múltiples
comunicaciones, oficios, acuerdos y demás documentos que se hubieren cruzado las
partes contratantes, la interventoría y la consultoría de apoyo durante el periodo
comprendido entre febrero y julio de dos mil seis (2006) y que permiten auscultar tanto
la magnitud de la temporada invernal como el efecto negativo que tuvo esta

151 Apartado 3.4.4.

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inclemencia climática en las vías de acceso al proyecto para con ello determinar si,
en efecto, por causa de esto se presentó el stand by de maquinaria en el periodo en
referencia

3.8.3.1. El siete (7) de febrero de dos mil seis (2006)152, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-044, informó a la interventoría que “en el tramo del contrato,
se han presentado derrumbes y se encuentran sectores con problemas de estabilidad
que comprometen la banca de la vía”; de igual manera, manifestó “su preocupación
debido a que en reunión efectuada en la territorial INVIAS Boyacá se nos dejó en claro
que este tipo de inconvenientes no se podían manejar con recursos del Plan 2500, y
por ello no podían ser intervenidos con recursos asignados para el contrato de la
referencia. Por lo anterior solicito muy respetuosamente se informe al INVIAS, para
que se proceda con la intervención de estas actividades en obra, que de no ser
atendidas pueden afectar el normal desarrollo de las obras”.

3.8.3.2. El veintiséis (26) de mayo de dos mil seis (2006)153, la UT contratista,
mediante comunicación UTC 1613-056, solicitó a la interventoría que intercediera
“ante la regional del INVIAS para adecuar la carretera Otanche – Puerto Boyacá, lugar
donde se deben traer las arenas para utilizarlas en la producción de mezcla asfáltica”.

3.8.3.3. El cuatro (4) de mayo de dos mil ocho (2008)154, la UT contratista, mediante
comunicación UTC-1613-064, solicitó a la interventoría su colaboración “ante las
autoridades que correspondan, para la evacuación de los derrumbes que afectan la
transitabilidad de la vía, principalmente en el sector de desarrollo del proyecto del que
es objeto el contrato, porque en esta situación no podemos garantizar el cumplimiento
del programa de obra. Ese mismo día155, la contratista, mediante comunicación UTC-
1613-065, informó que el Bulldozer que atendía el paso por el PR2+900 y el PR3+100
suspendió labores, por lo tanto, la vía de acceso a Otanche se encuentra cerrada,
“imposibilitando el acceso de material y demás elementos para adelantar obras”.

3.8.3.4. El quince (15) de mayo de dos mil seis (2006)156, la interventoría, mediante
oficio C.613.7/OB.109/06, informó a la consultoría de apoyo que la UT contratista “por
medio de la comunicación UTC-1613-053, solicita la colaboración del INVIAS para
adecuar la vía Otanche - Puerto Boyacá, la cual se encuentra en algunos sectores con
derrumbes que impiden el paso de vehículos pesados, teniendo en cuenta que
requiere transportar desde Puerto Boyacá arenas para la producción de mezcla
asfáltica”.

3.8.3.5. El siete (7) de abril de dos mil seis (2006)157, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-065 [citada también en el problema jurídico atinente a las
fuentes de materiales158], puso en conocimiento de la interventoría que la dificultad
en el cumplimiento del programa de obra no solo era consecuencia de problemas

152 Folio 882 del cuaderno 2.
153 Folio 1032 del cuaderno 2.
154 Folio 1029 del cuaderno 2.
155 Folio 1030 del cuaderno 2.
156 Folio 883 del cuaderno 2.
157 Folios 1015 a 1017 del cuaderno 2.
158 Apartado 3.6.1.9.

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con la búsqueda de fuentes de materiales y los respectivos permiso de intervención
y licencias ambientales, sino que además, “a la fecha y con las intensas lluvias que
se están presentando en la región se ha ocasionado taponamiento de la vía y
derrumbes que hacen prácticamente imposible transitar entre el PR 0+000 al PR
44700” por lo tanto, solicitó “se autorice al contratista manejar derrumbes menores
en la zona, los cuales ya se presentaron en el PR 6+400 y taponaron la vía,
dificultándose el traslado de equipo, y funcionarios desde la fuente de materiales
hasta el sitio donde la UT va a realizar la pavimentación de los dos primeros
kilómetros (PR 4+700 al PR 6+700)”.

3.8.3.6. El quince (15) de mayo de dos mil seis (2006)159, la interventoría, mediante
oficio C.613.7/OB.109/06, informó a la consultoría que había venido recibiendo
múltiples solicitudes por parte de la contratista donde requería “colaboración del
INVIAS para adecuar la vía Otanche - Puerto Boyacá, la cual se encuentra en algunos
sectores con derrumbes que impiden el paso de vehículos pesados, teniendo en
cuenta que requiere transportar desde Puerto Boyacá arenas para la producción de
mezcla asfáltica”.

3.8.3.7. El veintitrés (23) de mayo de dos mil seis (2006)160, la contratista, mediante
comunicación UT-O1613-104, informó a la interventoría que a la fecha se encontraba
en obra el equipo necesario para cumplir con los requerimientos contractuales, que
relacionó:

MAQUINARIA Y EQUIPO

• Planta de Asfalto Barber Greene. En proceso de Montaje.
• Planta de Trituración. En la actualidad produciendo material filtrante.
• Motoniveladora Jhon Deere 670 A
• Compactador Muller VAP - 70.
• Cargador Komatsu
• Retrocargador JCB
• Retro de Orugas Komatsu PC-200-5.
• Terminadora de Asfalto Barber Greene.
• Compactador Tandem Bomag.
• Compactador de llantas Roadtec.
• 2. Compresores
• 2. Compactadores Manuales.
• 3. Volquetas.
• Equipo de Laboratorio
• Equipo Topográfico

Además de lo anteriormente citado se encuentra laborando a la fecha el personal aprobado para el
proyecto de la referencia, así como vehículos para movilización interna.

Sin perjuicio de lo anterior, expresó que: (i) la UT contratista requiere de producción
urgente de materiales pétreos y avance de obra “con el fin de no generar más gastos
y pérdidas por stand by de equipos y maquinaria, producido por el intenso invierno
que está padeciendo el occidente de Boyacá desde el mes de enero de 2006”; (ii) los

159 Folio 883 del cuaderno 2.
160 Folio 1018 a 1019 del cuaderno 2.

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retrasos en la ejecución de la obra no se debe a que la contratista no haya dispuesto
de recursos logísticos, humanos, de maquinaria y materiales, sino más bien por “el
inconveniente presentado con la obtención de la licencia ambiental lo que retasó en
más de 20 días la explotación de la fuente de materiales e instalación de trituradora y
fuente de asfalto, sumado al intenso invierno que a la fecha se ha registrado en la
región, declarada en emergencia por el gobierno nacional”; y (iii) en caso de que no
disminuya la intensidad de lluvias “no se podría presentar una reprogramación pues
estaríamos nuevamente sujetos a eventos externos que impedirían que la contratista
ejecutara las actividades con normalidad, para lo cual solicitaría en caso de que el
invierno no cese la suspensión temporal del contrato”.

3.8.3.8. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil seis (2006)161, la UT contratista y las
firmas interventora y consultora realizaron el comité de seguimiento al programa de
obras de los Hitos 2 y 3, donde aquel expresó que “debido a las fuertes lluvias
producidas en la zona del proyecto durante los meses de abril y mayo de 2006,
catalogadas como el invierno más fuerte en los últimos 20 años, no pudo producir el
material granular necesario para la construcción de las obras y por consiguiente no
podía cumplir con la construcción del Hito 2 en la fecha establecida [21 de junio de
2006], proponiendo trasladar el vencimiento del plazo para el 21 de julio de 2006,
entregando simultáneamente con el Hito 3”.

3.8.3.9. El seis (6) de junio de dos mil seis (2006)162, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-114 dirigida a la interventoría, justificó las razones por medio
de las que fundamentaba la reprogramación de la obra, estableciéndose el
cumplimiento del Hito 2 en el mes correspondiente al Hito 3, lo que daría un
cumplimiento conjunto el 21 de julio de 2006, sin que esto afectara el plazo
contractual. Las razones fueron: (i) el programa presentado el ocho (8) de mayo de
dos mil seis (2006), se vio afectado por las intensas lluvias ocurridas en el mes de
mayo, catalogadas como el tercer invierno más fuerte en veinte (20) años [en dicha
comunicación anexó recortes de prensa que también fueron incluidos en este
contencioso163]; (ii) el trámite de las licencias ambientales ha tomado mayor tiempo
de lo esperado debido a la necesidad que surgió de encontrar nuevas fuentes de
materiales; y (iii) como consecuencia de lo anterior, se presentaron inconvenientes
en la fuente para explotación de materiales, debido a que el sitio de explotación
permaneció inaccesible; se redujo el rendimiento en la producción de agregados
pétreos necesarios para la base granular y concretos; se presentaron inconvenientes
en el traslado y adecuación de la planta de asfalto, debido al cierre temporal de las
vías por pérdida de calzada y derrumbes .

3.8.3.10. El dieciséis (16) de junio de dos mil seis (2006), la interventoría, mediante
comunicación C.613.7.1/OB.130/06, respondió a la contratista la comunicación UT-
01613-104164 atinente a la falta de materiales pétreos generó gastos y pérdidas por
stand by del equipo, en los siguientes términos:

161 Folios 1048 a 1049 del cuaderno 2.
162 Folios 868 a 881 del cuaderno 2.
163 Folios 870 a 877 del cuaderno 2.
164 Apartado 3.8.3.7

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“El contratista manifiesta que para el avance de la obra se requiere la producción urgente de
materiales pétreos con el fin de no generar más gastos y perdidas por stand by del equipo, añade
que el atraso de la producción se debe al intenso invierno que está padeciendo la zona del occidente
de Boyacá desde el mes de enero de 2006.

En relación con lo anterior, se anota que esta interventoría ha insistido varias veces que el
contratista debe de disponer urgentemente de material, para no atrasar las actividades de filtros y
conformación de la base granular, tal como lo expresamos en nuestra comunicación
C.613.7.1/OB.103/06 enviada al contratista el 12 de mayo de 2006.

Se añade que la falta de materiales pétreos genera gastos y pérdidas por stand by del equipo,
anotando que la demora en la instalación de la planta trituradora, por circunstancias propias del
contratista, ha incrementado la parálisis de los equipos.

Lo concerniente al invierno que está padeciendo la zona del proyecto, se menciona que
indudablemente está alterando el desarrollo de la obra, anotando que la zona es de alta pluviosidad,
lo cual debió tenerse en cuenta al preparar la Licitación”.

3.8.3.11. El cinco (5) de julio de dos mil seis (2006)165, la UT contratista, a través de
la comunicación UT-01613-134, aclaró a la interventoría algunas cuestiones
referentes al cumplimiento de la programación detallada para el Hito 2 y el Hito 3, de
las que se consideran relevantes las siguientes:

“[…] De fecha junio 6 en comunicación UT-01613-114 solicitamos se estudiara para aprobación
una nueva programación de obra del contrato de la referencia, sustentada sobre los inconvenientes
presentados en obra hasta esa fecha, la firma contratista agradecería conocer si está ya fue
aceptada como programación contractual”

[…] Las cantidades establecidas a corte 28 de junio de 2007, determinan que a la fecha la obra
programada es fácilmente recuperable debido al material acopiado en patio y materiales
almacenados en la población de San Martín que son: 35 Ton Cemento, 20 Ton Acero y 5000 M2
de Geotextil.

El proyecto se encuentra en una situación crítica respecto a las vías de acceso, puesto que con el
invierno quedo inhabilitada la vía hacia el Magdalena medio y a la fecha no hay paso para vehículos
de carga, de la misma forma la vía hacia Chiquinquirá presenta paso restringido para mulas con
material (cemento, asfalto, etc.) lo que redunda en transbordos, sobrecostos de transporte y
demoras en los suministros. Adicionalmente dentro del proyecto se presentan derrumbes, que
afectan directamente las actividades de obra”.

La ejecución de este tipo de contrato como la interventoría conoce posee un grado de dificultad
mayor a cualquier contrato normal debido a la falta de disponibilidad de materiales, puesto que la
única fuente (situación no tenida en cuenta en los estudios preliminares suministrados) presenta un
alto grado de dificultad en el proceso de explotación de materiales, a los cuales se les están
realizando los respectivos ensayos de laboratorio. Cabe anotar que para la producción de base
granular y agregados se cuenta en el patio trabajando en horas extras y festivos el siguiente equipo
y personal: 1 Una Retroexcavadora Komatsu PC-200-5, 1 un Cargador Komatsu, Una planta de
Trituración compuesta por una primaria Cedarapis y una segundaria de cono de dos pies Symons,
adicionalmente una trituradora de Impactor Parker III, Saranda vibratoria. Dos (2) Compresores con
martillos para barrenos, Cuatro (4) Operadores, Cinco (5) Obreros de perforación y limpieza,
obreros de selección de material y un jefe de Patio. Siendo este un método de explotación mixto
(explosivos, mecánico y manual), en donde los rendimientos se han bajado de una forma
considerable, no siendo esto imputable al contratista, puesto que se dispone de los recursos
necesarios para realizar esta actividad.

La unión temporal solicita muy respetuosamente a la interventoría se tomen de una manera más
expedita decisiones en obra que ayuden a la firma contratista a aumentar su rendimiento, tal es el
caso de la definición de la estructura de pavimento, muros y métodos constructivos, los cuales
pueden ser resueltos en forma conjunta en el campo a través de los ingenieros residentes
dispuestos para ello.

165 Folios 884 a 886 del cuaderno 2.

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Creemos que si se mejoran los anteriores procesos y se toman en cuenta nuestras sugerencias, la
UT aumentara sus rendimientos, ya que debido al equipo dispuesto en obra y a las actividades
realizadas se entiende que de parte de la firma contratista se han dispuesto los recursos necesarios
y que a la fecha nos estamos recuperando a marchas forzadas del anterior invierno que afecto el
contrato de la referencia”.

3.8.3.12. El veintiuno (21) de julio de dos mil seis (2006)166, la interventoría, mediante
oficio 613-015706-050300-UTB, puso de presente a la UT contratista que incumplió
su compromiso de entregar “pavimentados los dos kilómetros de la vía, o sea los Hitos
2 (K4+670/K5+670) y 3 (K5+670/K6+670), por causas de su responsabilidad, pese a
las diferentes advertencias realizadas por la interventoría en comités de seguimiento
del proyecto y comunicaciones, indicando que no acató las órdenes de la interventoría
respecto a tomar las acciones pertinentes que conllevarían al cumplimiento de los
Hitos 2 y 3 el 21 de julio de 2006”. Particularmente, estableció que el incumplimiento
conduce a la imposición de multas, pues radica en:

1. Producción de la Planta de Trituración: El rendimiento real es alrededor de los 85 m3/d sueltos,
anotando que el contratista no alcanzó el promedio previsto de producción de los materiales de 275
m3/d sueltos, por causas de su responsabilidad, tales cornos deficiencia de las voladuras, daños de
la planta de trituración y otros. En el Anexo 2 se presenta la producción diaria de agregados pétreos.

2. Mejoramiento de la subrasante: El contratista inició el mejoramiento de la subrasante el 4 de julio
de 2006, ejecutando un promedio diario de 1.293 m2, en 6 días trabajados, anotando que el
contratista no trabajó continuamente en esta actividad debido a fallas en la motoniveladora y falta
de material de base granular para la conformación de la plataforma. En el Anexo 3 se observan los
días trabajados y el rendimiento diario ejecutado.

3. Colocación de base granular: La producción de la base granular apenas alcanzó para realizar el
mejoramiento de la subrasante, o sea que el contratista no inició la conformación de la base granular
por la falta de material, debido al bajo rendimiento de la planta de trituración. Para contrarrestar los
atrasos, el contratista anunció que traería la segunda motoniveladora, de acuerdo con lo
manifestado en la Reunión de Seguimiento N. 15 realizada el 5 de julio de 2006, para conformar un
segundo grupo el cual iba a extender la base granular. Al respecto, se indica que hasta la fecha,
esto no ha ocurrido, presentándose el atraso respectivo.

4. Producción de Concreto: El contratista no alcanzó el rendimiento previsto de 5 m3/d y en su lugar
tuvo un rendimiento real de aproximadamente 2.5 m3/d, por motivos de su responsabilidad, como
son la subvaloración del tiempo previsto para las actividades de excavación, colocación de concreto
ciclópeo, colocación de formaleta y colocación de concreto, tal como se observa en el Anexo 4”.

3.8.3.13. El veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006)167, la interventoría,
mediante oficio 613-015806.05300.COC, informó al INVIAS que la UT contratista no
entregó pavimentados los Hitos 2 y 3 en la fecha que se comprometió, por ende, no
realizó la inversión programada para julio de 2006 y considera que hay lugar a la
imposición de multas. Al punto, indicó:

“[…] que el estado de la obra en las actividades más críticas de los Hitos 2 y 3, con fecha 21 de julio
de 2006, eran:

• Mejoramiento de la subrasante: Avance 52%, atraso 8 días.
• Conformación de la base granular: Avance 0%, atraso 14 días.
• Conformación de mezcla densa en caliente: Avance 0%, atraso 9 días.
• Concreto: Avance 30%, atraso 20 días.
• Cunetas revestidas en concreto: Avance 0%, atraso 9 días.

166 Folios 1045 a 1047 del cuaderno 2.
167 Folios 1042 a 1043 del cuaderno 2.

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Estos atrasos y el incumplimiento de los plazos, fueron causados por hechos imputables al mismo
contratista, lo cual se indicó al contratista en la comunicación 613-015706-050300-UTB remitida el
21 julio de 2006 [relacionado en el apartado anterior]. De acuerdo con lo anterior, es conducente
tramitar las sanciones previstas en el contrato de la referencia, en su parágrafo: incumplimiento de
lo ordenado de la cláusula quinta: vigilancia y control de la ejecución del contrato y la aplicación de
la cláusula decima multas”.

3.8.3.14. El veinticinco (25) de julio de dos mil seis (2006)168, la UT contratista,
mediante comunicación UT-O1613-144, solicitó a la interventoría que realizara las
siguientes valoraciones antes de tramitar cualquier tipo de sanción al contratista:

“Las reprogramaciones solicitadas por el contratista y estudiadas por la interventoría se debieron
exclusivamente al trámite de las licencias y al invierno que afectó la zona. Por lo anterior no es
posible que una vez reconociendo los problemas que tuvo el contratista para iniciar labores, sea la
UT quien asuma los costos de dobles turnos, incremento de equipo, personal, horas extras y demás
por el hecho de tener que reprogramar el proyecto en el mismo tiempo contractual, cuando se sabe
que el invierno nos perjudico en más de cuatro (4) meses, situación no imputable al contratista.

[…] Se presentaron emergencias en la zona que no fueron debidamente atendidas por quien
corresponda, de lo cual fue notificada la interventoría en campo y nuevamente afectada la UT.

Es claro y así la interventoría lo reconoce que el problema de la UT radica en el proceso de
explotación, situación para lo cual la contratista presenta desequilibrio económico y grandes
pérdidas acumuladas por el invierno representadas en administración, stand by de equipos y
procesos de voladuras.

La UT mantendrá el equipo que ofreció en el numeral 5.2, en el caso de una nueva Motoniveladora
no es viable ya que el rendimiento actual es bueno, y ese no es el problema, el problema radica
que la UT llego a la zona con las expectativas de producir materiales en canteras establecidas en
estudios realizados por consultores, contratados por INVIAS y los cuales se referenciaron en el
proceso de la licitación pública DG-164 que origino el contrato de la referencia. (Cod Archivo 10445
A 10454, 13012 A 13018 y 8189 A 8205 muchos de estos inexistentes, otros incompletos y algunos
que no podían ser aplicables al objeto contractual que nos ocupa).

Referente a la producción de concreto efectivamente tal como lo establece la interventoría
subvaloramos el tiempo previsto para actividades de excavación, colocación de formaleta y
fundición de concreto, para lo cual y para actividades de realce de cabezotes donde una cuadrilla
armando formaleta y fundiendo este tipo de estructuras se demora 2 jornales para facturar en
muchos de los casos 0.5 m3 de concreto. Situación bastante conocida por interventoría para lo cual
solicitamos un nuevo precio no previsto entregado en comunicación UT-01613-143”.

3.8.3.15. De acuerdo con las pruebas relacionadas previamente, para la Sala no existe
duda de que, durante el primer semestre del dos mil seis (2006), se registraron altas
precipitaciones tanto en la zona de intervención del proyecto como en sus alrededores,
las cuales afectaron la transitabilidad y dificultaron el acceso de materiales a la obra,
dada la ocurrencia de múltiples derrumbes. Estas dificultades que indefectiblemente
entorpecieron, en algún grado, el progreso de los trabajos a cargo de la UT contratista,
conforme al cronograma de obra presentado, fueron puestas en conocimiento de la
interventoría169, quien además de consentirlas, se las comunicó a la consultoría, con
el propósito de que el INVIAS adoptara las acciones necesarias para intervenir las vías
afectadas170.

Así, entonces, aun cuando en el pliego de condiciones se exigió a la contratista que
incluyera en su propuesta económica los posibles costos derivados del mantenimiento

168 Folios 232 del cuaderno 7.
169 Apartados 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.3, 3.8.3.5 y 2.8.3.11.
170 Apartados 3.8.3.4.

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de la vías de acceso tanto a las fuentes de materiales como al punto de gravedad de
la obra171; así como que considerara, al momento de presentar su programa de
ejecución de obras las condiciones climáticas y topográficas de la región172, lo cierto
es que la temporada invernal presentada y el efecto negativo que tuvo en las vías de
acceso al proyecto superó cualquier previsión realizada, pues aun cuando era de
conocimiento general que la zona de Otanche tenía un alto grado de pluviosidad, los
indicies fueron superados con creces, circunstancia que fue consensuada por todas
las partes involucradas en la ejecución del contrato, al aceptar la reprogramación de
los trabajos con la entrega del Hito 2 y el Hito 3 en la misma fecha173, constándose
entonces la imprevisibilidad de esta situación.

Ahora bien, no debe pasarse por alto que la adversidad derivada de las condiciones
climáticas no fue la única causa que incidió en el retraso en el avance de la actividades
a la que se había comprometido la contratista durante el primer semestre del dos mil
seis (2006), ya que también concurrieron circunstancia imputables a esta, tales como:
(i) el deber de corregir los estudios y diseños, (ii) la necesidad de encontrar nuevas
fuentes de materiales para la roca sedimentaria y (iii) las dificultades en la obtención
de los permisos de intervención y licencias ambientales —atribución que, como fue
constatado al resolver los dos primeros problemas jurídicos, recaía en la UT Boyacá—.
Esta convergencia de situaciones, pone en relieve la necesidad de determinar cuál fue
la incidencia autónoma y real de la temporada invernal y el consecuente cierre de las
vías en el alegado stand by de maquinaria, en virtud de la obligación que tenía la UT
contratista de suministrar y mantener en obra el equipo necesario para cumplir con el
programa de obra durante toda la ejecución del contrato174.

Conforme lo anterior, en algunas comunicaciones, la contratista manifestó que la falta
de avance en la producción de materiales pétreos se debió al intenso invierno que se
presentó en la zona, junto con el cierre en las vías de acceso y la falta de intervención
del INVIAS, generándole costos adicionales por el stand by de maquinaria175. Sin
embargo, en dichas comunicaciones no se especifica a qué maquinaria se refirió, ni
cuál fue el periodo de extensión de esa parálisis, lo que dificulta la evaluación de su
reclamo en esta sede judicial, y aun cuando no se desconoce que la parte accionante
aportó al plenario dos (2) cuadros en los que relaciona supuestos costos de obra176 y
maquinaria177 que se vio paralizada durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo
de dos mil seis (2006), acompañado de las facturas que lo respaldan, esta pruebas
devienen insuficientes para demostrar el daño alegado, pues no se puede establecer
con certeza que la maquinaria y equipos allí incluidos hubieran estado en función de
la actividad que afirmó no pudo realizar, a causa de la temporada invernal, esto es, el
detenido avance en la producción de materiales pétreos.

3.8.3.16. Entonces, la parte accionante no probó los costos adicionales en los que
afirmó haber incurrido por el stand by de maquinaria durante los meses de febrero,

171 Apartados 3.8.2.1.
172 Apartados 3.8.2
173 Apartados 3.8.3.11, 3.8.2.12, 3.8.3.13
174 Apartados 3.8.21.
175 Apartado 3.8.7.1, 3.8.3.10 y 3.8.3.14.
176 Folio 407 del cuaderno 2.
177 Folio 453 del cuaderno 2.

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marzo, abril y mayo de dos mil seis (2006), y por lo tanto, su reclamación por este
concepto será negada.

Segundo periodo (octubre, noviembre, diciembre de 2006) y tercer periodo
(octubre, noviembre y diciembre de 2007)

3.8.4. Con posterioridad a los hechos relacionados en precedencia, la UT contratista
solicitó, a través de diversas comunicaciones dirigidas tanto a la interventoría como al
INVIAS, que se tomaran acciones correctivas para atender los puntos críticos de las
vías de acceso a la zona de intervención que se vieron afectados por las fuertes lluvias
que se presentaron en el primer semestre del dos mil seis (2006) y que reiniciaron en
octubre de la misma anualidad, dificultando el suministro de material necesario para
acometer los trabajos y, en consecuencia, afectando el normal desarrollo de la obra.
Acciones correctivas que afirmó le correspondía adelantarlas al INVIAS, quien estaba
encargado del mantenimiento de estas vías al ser estas de carácter nacional —como
constató con la respuesta a diversos derechos de petición presentados ante distintas
autoridades178—. Al punto se relacionan algunas de las comunicaciones referidas:

3.8.4.1. El catorce (14) de septiembre de dos mil seis (2006)179, la UT contratista,
mediante comunicación UT-01613-186, reiteró que desde el inicio de ejecución del
contrato se venían presentando inconvenientes con el transporte de materiales sobre
las vías de acceso a la obra, lo que había afectado el normal suministro de materiales.
Por lo tanto, solicitó: se “comunique esta situación ante el INVIAS ya que se presentan
sitios críticos en las vías de acceso que de llegar a colapsar interrumpirían de manera
permanente el tránsito, el suministro de materiales y el normal desarrollo de la obra”.

3.8.4.2. El quince (15) de septiembre de dos mil seis (2006)180, la contratista, mediante
comunicación UT-01613-187 y UT-01613-188, informó a la interventoría que: (i) la
fuerte temporada invernal que se presentó a principios del año afectó gravemente las
condiciones de transitabilidad y estabilidad en las vías de acceso al proyecto, “debido
a lo anterior el sector Otanche - Puerto Boyacá quedó incomunicado parcialmente para
pasajeros y totalmente para carga (situación que se mantiene a la fecha) y en el sector
Otanche - Chiquinquirá después de ser recuperada parcialmente la transitabilidad
permite el paso de pasajeros y parcialmente para carga (la vía se deteriora cada vez
más con el paso del tiempo), lo que ha afectado el normal abastecimiento de
materiales y suministros al contrato de la referencia”; (ii) la situación referida se había
venido informando y, en consecuencia, se habían solicitado acciones correctivas, sin
que hasta la fecha se hubiere dado solución, afectando gravemente a la UT contratista,
“por los sobrecostos generados en los materiales, insumos, transporte de equipos y la
afectación directa en los rendimientos de la obra, con el cambio de las condiciones

178 En el mes de noviembre de dos mil seis (2006), la UT Boyacá envió derechos de petición a la Gobernación

de Boyacá (folio 891 del cuaderno 2), a la alcaldía de San Pablo de Borbur (folio 893 del cuaderno 2), y a la
alcaldía de Otanche (folio 894 del cuaderno 2) para que informara que gestiones había realizado cada entidad
para mejorar la gestiones de transitabilidad de la vía que comunica los municipios de San pablo de Borbur –
municipio de Otanche y la vía que comunica los municipios de Puerto Boyacá con Otanche. No obstante, al
unisonó todas estas entidades respondieron que al ser esta una vía de carácter nacional, el mantenimiento o el
mejoramiento le corresponde al INVIAS (folios 929 a 939 del cuaderno 2).
179 Folio 887 del cuaderno 2.
180 Folios 888 a 890 del cuaderno 2.

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climáticas en el sector, estamos a portas de quedar totalmente aislados, generando la
parálisis total de los trabajos por causas no imputables al contratista”; y (ii) que con el
inicio de la nueva temporada invernal, se hacía imprescindible la intervención de los
sitios críticos “correspondientes al K1+750 y al K2+900 [pues], en esta época ya
deberían estarse ejecutando los trabajos respectivos para evitar que con las lluvias se
interrumpa el paso y se presenten situaciones similares o más graves a las
presentadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2006, en donde quedo
totalmente suspendido el tráfico vehicular en esta importante vía”.

3.8.4.3. El veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006)181, la UT contratista solicitó
directamente al INVIAS, mediante comunicación UT-O1613-210, que “atienda los
sitios críticos comprendidos entre el municipio de Pauna y el Municipio de San Pablo
de Borbur, los cuales se vieron afectados con el intenso invierno que se produjo en
los primeros meses del año, afectando considerablemente el flujo de materiales
como cemento, hierro y asfalto […]. // Así mismo con los torrenciales aguaceros que
se han presentado en la zona en las últimas semanas se ha dificultado
enormemente el transporte de arenas que se requieren para la base granular y para
la producción de la mezcla densa en caliente para la carpeta de rodadura, así como
el asfalto y las mulas de cemento que nos toca trasbordar en el municipio de Pauna
a más de cuarenta (40) kilómetros del proyecto. Agradecemos sus buenos oficio
para que se intervenga estas obras ya que en repetidas ocasiones se ha solicitado
por intermedio de la interventoría y a la fecha no se han ejecutado ningún tipo de
obra que ayude a minimizar los inconvenientes presentados en las vías de acceso
al proyecto de diseño, reconstrucción pavimentación y/o repavimentación de la vía
Grupo de Tramos No. 25 Otanche - Borbur”.

3.8.4.4. El veintitrés (23) de enero de dos mil (2007)182, la contratista reiteró, mediante
comunicación UT-O1613-266 dirigida a la interventoría, que los programas de
contingencia presentados se habían implementado, pero que, sin embargo, las
desatenciones de las vías de acceso por el INVIAS, habían afectado y seguían
afectando el normal suministro de materiales y rendimientos, lo que afectaba en forma
directa al contrato. De igual manera, indicó que la UT dispuso en obra una nueva
unidad de trituración y un segundo frente de extensión y compactación de base
granular de acuerdo a lo ordenado por la interventoría, sin embargo sostuvo que esto
fue consecuencia del atraso NO IMPUTABLE al contratista.

3.8.4.5. El quince (15) de marzo de dos mil siete (2007)183, la UT contratista informó,
mediante comunicación UT-1613-378, a la interventoría que en los días corridos del
mes “nuevamente arrecian las lluvias, atrasando considerablemente el transporte,
instalación y compactación de la base granular en los hitos 5 y 6, así como las
demás obras”; de igual manera insistió en la necesidad de atender pasos críticos en
las vías de acceso a la zona de intervención del proyecto.

181 Folio 1023 a 1026 del cuaderno 2.
182 Folios 1027 a 1028 del cuaderno 2
183 Folios 925 a 927 del cuaderno 2

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3.8.4.6. Aun cuando al plenario no fueron allegadas todas las respuestas a las
comunicaciones anteriores, se observa que el veinticinco (25) de abril de dos mil
siete (2007)184, la interventoría comunicó, mediante oficio C-613/OB.0410/07/7, a la
UT contratista que:

“Atendiendo sus comunicaciones […] donde reportan el cierre temporal de la vía de acceso a
Otanche desde Chiquinquirá a causa del mal estado de la vía en el sector a la altura del PR37+800,
les comentamos lo siguiente: (i) la obstrucción de la vía se presentó en el PR37+800 y no en el
PR34+000, como se menciona en su comunicación UTC 1613-397; (ii) el INVIAS está haciendo
trabajos en la vía entre el PR31+000 y el PR38+000, con el fin de recuperar y estabilizar este sector
de la vía de acceso al proyecto. Estas intervenciones son la respuesta a las solicitudes realizadas
por parte del contratista y la interventoría al instituto, y es posible que los trabajos causen
restricciones en la vía; (iii) la vía no había sufrido interrupciones del tránsito desde mediados de
2006, por lo tanto se trató de una interrupción puntual; (iv) la interventoría pudo verificar que a causa
de este cierre temporal, que duró aproximadamente seis horas, el contratista vio afectado el
suministro de materiales, repuestos y la puesta en obra de la tercera motoniveladora, con la cual se
espera superar los inconvenientes ocurridos por fallas mecánicas de las otras motoniveladoras; (v)
a la fecha la vía está abierta al tránsito y no se han presentado nuevas interrupciones; (vi) la
interventoría continuara solicitando al INVIAS el mejoramiento a la obra”.

3.8.4.7. El nueve (9) de julio de dos mil siete (2007)185, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-328, solicitó una prórroga reiterando las graves condiciones
de las vías de acceso que habían dificultado la entrada de maquinaria y materiales a
la zona de intervención, retrasando el cronograma de obra.

3.8.4.8. El diecinueve (19) de julio de dos mil siete (2007)186, las partes suscribieron el
contrato adicional 01, mediante el cual prorrogaron el plazo de ejecución del contrato
por dos (2) meses debido a que “régimen de lluvias que se presentó durante el año
2006 fue mayor que el régimen normal de lluvias para la región donde se ejecuta el
proyecto y la vía de acceso al proyecto presentó varios sitios críticos que impidieron
el tránsito de vehículos pesados hasta el municipio de Otanche”.

3.8.4.9. El diecisiete (17) de septiembre de dos mil siete (2007), la interventoría,
mediante oficio C.613/OB.0496/07/5.3, informó al INVIAS que la vía Chiquinquirá -
Otanche era el único acceso para el suministro de materiales y transporte de equipos
para la construcción de la obra de la referencia, pero las lluvias que se habían
presentado en la zona durante septiembre habían deteriorado el estado general de la
vía, generado desprendimientos de material de los taludes, hundimientos y fisuras en
la banca de la vía que afectaban el normal acceso de los vehículos. Específicamente
“en el tramo del PR15+000 al PR25+000 no se ha realizado mantenimiento durante
los 22 meses que lleva de ejecución el proyecto, situación que se evidencia con la
pérdida complete de los materiales te afirmado de la vía. Igual situación sucede entre
el PR26+000 al PR43÷000, anotando que en este sector se realizó algún
mantenimiento hace aproximadamente un año, y desde entonces se ha venido
deteriorando aceleradamente y en varios momentos”. Así, concluyó que la situación
requería atención inmediata “y se evite una parálisis en el suministro de materiales”,
pues estaban afectando los rendimientos de los trabajos de la contratista y si las lluvias

184 Folios 1040 a 1041 del cuaderno 2
185 Folio 1263 del cuaderno 2.
186 Apartado 3.4.5.

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se incrementaban en octubre, tal como se esperaba, se corría el riesgo de que por la
vía solo pudieran circular vehículos livianos.

3.8.4.10. El veintiuno (21) de septiembre de dos mil siete (2007)187, las partes
suscribieron el contrato adicional 02, a través del cual adicionaron el valor del contrato
por tres mil quinientos ochenta y ocho millones cuatro mil setecientos ochenta y ocho
pesos ($3.588.004.788) y prorrogaron el plazo de ejecución del contrato por tres (3)
meses y nueve (9) días. Lo anterior para compensar los atrasos no imputables a la
contratista y ejecutar mayores cantidades de obra, pues de acuerdo con los cálculos
realizados por la interventoría, las cantidades de obra contempladas originalmente
solo alcanzaban para pavimentar 10 Km de los 15 Km requeridos, a los cuales se les
descontó 1.7 Km referentes a zonas inestables que de conformidad con el pliego no
debían intervenirse, por lo tanto, la contratista debía ejecutar 13.3 Km en total.

3.8.4.11. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), la interventoría,
mediante oficio C.613/OB.0525/07/5.3, comunicó al INVIAS que las lluvias que se
habían venido presentado en la zona durante el mes de octubre continuaron
deteriorando el estado general de la vía Chiquinquirá – Otanche, único acceso para el
suministro de materiales y transporte de equipo para la construcción de la obra. Debido
a lo anterior, la contratista había remitido varias comunicaciones informando que por
estas causas había tenido inconvenientes con el suministro de asfalto, combustible y
arena, entre otros y solicitaba colaboración para que se rehabilitara la vía de acceso.
Con todo lo anterior, la interventoría consideró “que esta situación requiere de atención
inmediata, pues se están afectando los rendimientos de los trabajos de la contratista,
y existe la posibilidad de que, debido a las lluvias que se esperan en el mes de
noviembre, se paralice la obra porque por la vía solo pueden circula vehículos
livianos”.

4.8.4.12. El diecisiete (17) de diciembre de dos mil siete (2007)188, la UT contratista,
mediante comunicación UTC 1613-582, informó a la interventoría que las vías de
acceso al proyecto continuaban en malas condiciones de tráfico pesado y por lo tanto
el ingreso de insumos como asfalto, combustible, A.C.P.M, arenas, cementos se hacía
cada día más complicado, por lo tanto, solicitaba nuevamente el mantenimiento
urgente de la vía.

3.8.4.13. El veintiséis (26) de diciembre de dos mil siete (2007)189, las partes
suscribieron el contrato adicional 03, mediante el cual acordaron prorrogar el plazo de
ejecución del contrato por un (1) mes debido a que el normal desarrollo de la obra
había sido afectada por dificultades con el suministro de materiales causado por el mal
estado de la vía Chiquinquirá – Otanche, y por el fuerte invierno presentado en la zona
durante los meses de octubre y noviembre de 2007, además debido a que los trabajos
fueron afectados por problemas mecánico de los equipos de la contratista y por
escaeces de mano de obra en la región.

187 Apartado 3.4.5.
188 Folio 13 del cuaderno 6.
189 Apartado 3.4.5.

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3.8.8.14. El treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008)190, la UT contratista, mediante
comunicación UT-01613-386, informó a la interventoría sobre las continuas
dificultades presentadas en las vías de acceso al proyecto dificultando el suministro
de asfaltó, cemento, geotextil, arenas, sin que hasta la fecha se hubieren intervenido
de manera oportuna estas vías

3.8.8.15. El catorce (14) de febrero de dos mil ocho (2008)191, la UT contratista solicitó
directamente al INVIAS, mediante comunicación UT-O1613-393, una prórroga de dos
(2) meses con el fin de recuperar los atrasos de obras que se venían presentando por
las siguientes razones:

“[…] independientemente que la unión temporal se le exigiese contractualmente solo un frente de
equipo compuesto por motoniveladora y vibrocompactador, desde hace doce (12) meses la firma
contratista tenía al frente de su actividades dos (2) frentes de este tipo de equipo, llegando a tener
tres (3) frentes durante casi cuatro (4) meses, por solicitud de interventoría, así mismo y con el único
fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos se contó con sistemas adicionales de trituración,
voladuras, frentes de trabajo en concretos especialmente en cuentas.

La contratista a la fecha ha puesto a disposición los suficientes recursos físicos, económicos y
humanos con el único propósito de ejecutar el proyecto en el menor tiempo posible, tal como se
puede comprobar por la misma interventoría y consultoría de apoyo pero desafortunadamente estos
esfuerzos económicos no dieron los resultados esperados debido a que factores externos que se
salen del manejo de la UNIÓN TEMPORAL BOYACA EN EL 2500 no permitieron que el contrato
se desarrollara de una manera normal.

Sea esta la oportunidad para agradecer al INVIAS el mantenimiento realizado a la vía de acceso la
Chapa - Calamaco que a partir del 01 de febrero mejoró la transitabilidad de la vía, sin embargo el
material adicionado contiene un alfo contenido de finos lo que hace que la superficie de la vía ante
la presencia de lluvias ligeras se torna peligrosamente deslizante, por lo que el problema de acceso
de los tractocamiones se sigue presentando

Es preciso tener en cuenta que los últimos retrasos presentados en el proyecto se debieron única y
exclusivamente a la imposibilidad de ingresar materiales como asfalto, arenas y cementos a la vía,
lo que impidió que se cumpliera con el desarrollo contractual de tiempo, y nos vimos en la necesidad
imperiosa de ir prescindiendo de equipos que generaban sobrecostos, debido que la unión temporal
a la fecha financieramente no los puede seguir sosteniendo”.

3.8.4.16. El cuatro (4) de marzo de dos mil ocho (2008)192, la UT contratista solicitó a
la interventoría, mediante comunicación UT-O1613-404, una prórroga por dos (2)
meses aduciendo los mismos argumentos atrás referenciados.

3.8.4.17. El doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008)193, la interventoría de apoyo,
mediante oficio C.613/OB.0621/08/5.2, informó al INVIAS sobre como avanzó la
ejecución del contrato, entre lo que se destaca:

“Los atrasos de la obra a lo largo del desarrollo del contrato han sido analizados en diferentes
comunicaciones de la interventoría. A continuación se presenta un resumen de dichos análisis:

2.1. […] En el año 2006 se presentaron los mayores atrasos del proyecto. En la comunicación
C.613/08.0419/07/5.2 del 11 de mayo de 2007, la interventoría presentó un análisis para evaluar el
atraso de la obra durante ese año. En resumen, se consideró que al finalizar el año 2006 la obra
presentaba un atraso de 7.5 meses, de los cuales 1.5 meses de atraso no serían imputables al

190 Folios 1291 a 1294 del cuaderno 2.
191 Folios 49 a 50 del cuaderno 6.
192 Folios 52 a 53 del cuaderno 6.
193 Folios 135 (anverso) a 137 del cuaderno 6.

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Contratista. El análisis se hizo, con respecto al Programa de Inversiones Revisión N° 0, presentado
por el contratista con la comunicación UT-O1613-072 del 10 de abril de 2006.

A la fecha, el análisis debe hacerse con respecto al Programa de Inversiones N° 4, vigente
contractualmente, para lo cual debe tenerse en cuenta que el 13 de junio de 2007 se presentó la
solicitud de prorrogar el contrato de obra en cinco meses y adicionar el valor del contrato de obra en
$3.758.458.770 pesos para ejecutar mayores cantidades de obra y completar una meta física de
13.3 km de vía pavimentada, y para compensar los atrasos no imputables al contratista ocurridos
durante el año 2006. La 1ª y 2ª prórroga del contrato, y el contrato Adicional N° 1 se aprobaron por
estos conceptos el 19 de julio de 2007 y el 20 de septiembre de 2007. El Programa de inversiones
N° 3 tuvo en cuenta los atrasos no imputables al Contratista, y por lo mismo el Programa de
Inversiones N° 4, por lo cual los atrasos mensuales de la inversión durante ese año, con respecto
al Programa de Inversiones N° 4, son totalmente imputables al Contratista.

2.2. […] Durante el 2007 se presentó menor inversión a la programada durante los meses de enero,
marzo, abril, junio, octubre, noviembre y diciembre. Para analizar las sanciones correspondientes a
estos meses debe tenerse en cuenta que durante el año 2007, se presentaron situaciones que
afectaron los rendimientos de obra y que por ende no permitieron al contratista alcanzar la inversión
mensual prevista en el Programa de Inversiones N° 4. Estas situaciones fueron las siguientes:

• Cierre total de la vía de acceso entre el 5 y el 10 junio de 2007 por derrumbes entre el PR20 y
el PR22. La normalización del tránsito vehicular por dichos sectores se produjo una semana
después de abierto el paso vehicular, es decir hasta el 17 de junio de 2007, por lo tanto 12 días
no son de responsabilidad del contratista. Este cierre produjo desabastecimiento de cemento,
arena, asfalto y combustibles.

• Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007 con el incremento de las lluvias
por el periodo invernal, a vía de acceso volvió a presentar inconveniente para el ingreso de
tracto mulas y otros vehículos pesados, situación que fue documentada por el contratista y
corroborada por esta interventoría.

• La 3ª prórroga del contrato se solicitó y se aprobó por las fuertes lluvias del periodo invernal de
octubre y noviembre, pues las malas condiciones climáticas no solo disminuyeron los
rendimientos del contratista sino que deterioraron aún más el estado, de la vía, de acceso, al
Proyecto (Chiquinquirá - Otanche). La dificultad de acceso, al proyecto a su vez causó demoras
en el suministro de asfalto y otros materiales, y por escasez de mano de obra no calificada en
la región, pues el estado contrató gente para desarraigar sembrados de coca en otras zonas
[…]”.

3.8.4.18. El catorce (14) de marzo de dos mil ocho (2008)194, las partes suscribieron
el contrato adicional 04, mediante el cual pactaron prorrogar el plazo de ejecución del
contrato por setenta y seis (76) días debido a que los retrasos que se venían
presentado por la imposibilidad de ingresar materiales como asfalto, arenas y
cementos a la vía, impidieron que se cumpliera con el desarrollo contractual de tiempo.

3.8.4.19. De acuerdo con las pruebas relacionadas en precedencia, la Sala no puede
ignorar el impacto significativo que la intensa temporada invernal presentada durante
los últimos trimestres de los años dos mil seis (2006) y dos mil siete (2007) tuvo en el
cumplimiento del cronograma de las obras. Este impacto negativo se evidencia en las
múltiples comunicaciones enviadas por la UT contratista a la interventoría195, en las
que informó de manera constante y reiterada los inconvenientes surgidos debido a las
adversas condiciones climáticas, que no solo ocasionaron el deterioro de la vía de
acceso al proyecto, sino que comprometieron el suministro de material esenciales para
ejecutar los trabajos encomendados, tales como cemento, arena y asfalto, entre otros.

194 Apartado 3.4.5.
195 Apartados 4.8.4.1; 4.8.4.2; 4.8.4.4, 4.8.4.5; 4.8.4.12, 4.8.4.14

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Adicionalmente, se aprecia que la UT contratista en esas mismas comunicaciones
solicitó la colaboración de la interventoría para que instara al INVIAS, ente responsable
del mantenimiento de la vías de acceso a la obra, a realizar las acciones correctivas
necesarias para garantizar la transitabilidad de los vehículos pesados requeridos para
transportar material; incluso, en varias ocasiones, aquella solicitó dicha colaboración
de manera directa196, sin que dicho ente las adelantara de manera oportuna. Por lo
tanto, la evidente falta de intervención por parte del INVIAS, no en su condición de
contratante sino en su rol de administración vial, influyó negativamente en el deterioro
de las vías y agravó las dificultades que venía enfrentando la contratista en cuanto al
cumplimiento del cronograma de las obras.

Así las cosas, es evidente que la combinación de las condiciones climáticas adversas
y la falta de mantenimiento de las vías de acceso a la obra condujo a que la contratista
tuviera que enfrentar una serie de dificultades para ejecutar las obras encomendadas,
pues, a pesar de haber asumido el riesgo relacionado con el mantenimiento de dichas
vías197, la situación presentada excedió cualquier previsión razonable. Cuestión que
fue respaldada por la interventoría en algunos oficios198, donde puso de presente dicha
situación al INVIAS y le solicitó su intervención inmediata en los puntos críticos de la
vía que impedían la transitabilidad de vehículos pesados.

No puede obviarse, que las partes contratantes, con el respaldo de la interventoría y
la consultoría de apoyo, en un claro esfuerzo conjunto suscribieron cuatro (4) contratos
adicionales mediante los cuales prorrogaron el plazo de ejecución en ocho (8) meses
y veinticinco (25) días199 con el objetivo de mitigar no solo los efectos negativos de la
grave temporada invernal, sino también los problemas mecánicos que presentaron los
equipos suministrados por la contratista, así como la escases de mano de obra, todas
situaciones que venía afectando significativamente el desarrollo del proyecto. Incluso,
en el contrato adicional 03 se adicionó el valor del contrato original y se dejó constancia
que la ejecución de la obra se limitaría a 13.3 Km. De este proceder consensuado, la
Sala puede inferir que, aunque las partes siempre reconocieron que los trabajos se
vieron entorpecidos por el invierno y otras circunstancias, lo que impedía cumplir con
los tiempos inicialmente pactados, nunca se desconoció que los diferentes Hitos del
contrato se venían ejecutando, aunque de manera lenta, de forma continua.

En síntesis, la Sala concluye que, a pesar de que la UT contratista debió enfrentar
condiciones climáticas adversas y la falta de mantenimiento de las vías de acceso, en
ningún momento se demostró la paralización total del contrato, ni tampoco el stand by
de maquinaria. Por el contrario, los informes y comunicaciones evidencian que, en
lugar de una detención completa de las actividades, hubo esfuerzos conjuntos y
significativos para reconfigurar el enfoque del proyecto, incluso movilizando recursos
adicionales y prorrogando el plazo de ejecución. Esto implica que, aunque existieron
períodos de dificultades donde se ralentizaron los trabajos, estos no se tradujeron en
una paralización que justifique la reclamación de sobrecostos por el stand by de la

196 Apartado 3.8.4.3
197 Apartados 3.8.2.
198 Apartados 3.8.4.9 y 3.8.4.11.
199 Apartados 3.8.4.8, 3.8.4.10, 3.8.4.13 y 3.8.4.18.

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maquinaria, o al menos las pruebas aportadas al plenario no permiten evidenciar la
ocurrencia de dicha situación.

3.8.4.20. En consecuencia, las reclamaciones económicas por el stand by de
maquinaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil seis
(2006) y dos mil siete (2007) tampoco prosperan.

Análisis del quinto problema jurídico planteado:
Las solicitudes de reprogramación desatendidas por el INVIAS y el ajuste de precios
en consonancia con la realidad contractual

3.9. La demandante sostiene que los precios unitarios no fueron ajustados de acuerdo
con la realidad contractual, debido a que el INVIAS desatendió las múltiples solicitudes
de reprogramación de las obras presentadas por la contratista, las cuales estuvieron
fundamentadas en: (i) el retraso en la aprobación definitiva de los estudios y diseños
por parte de la interventoría; (ii) la necesidad de buscar nuevas fuentes de materiales
para la extracción de roca sedimentaria y el suministro de arenas; (iii) las dificultades
en la obtención de los permiso de intervención y licencia ambientales; y (iv) los índices
excepcionalmente altos de precipitación, así como el grave deterioro de las vías de
acceso al proyecto, sin que el INVIAS llevara a cabo las intervenciones pertinentes en
un plazo razonable. De igual manera, la parte accionante afirmó que, como resultado
de dicha omisión, incurrió en sobrecostos derivados de la necesidad de arrendar
maquinaria adicional para cumplir con los cronogramas de obra establecidos.

3.9.1. En forma preliminar al estudio de la prueba relacionada con este pedimento, la
Sala estima necesario recordar, en primer lugar, que los retrasos en la aprobación
definitiva de los estudios y diseños, la búsqueda de nuevas fuentes de materiales y
las dificultades en la obtención de permisos y licencias fueron situaciones imputables
únicamente a la UT contratista de acuerdo con las previsiones del pliego de
condiciones —como se dejó expuesto en la resolución del primer y segundo problema
jurídico planteado—, y solo lo referente a los altos índices de precipitaciones y la
ausencia de una atención oportuna a la vías de acceso al proyecto que se vieron
afectadas por esta inclemencia climática pueden considerarse como situaciones
imprevisibles, pues aun cuando la contratista debió considerar la posible ocurrencia
de estas situaciones al calcular el valor de si propuesta y realizar el programa de obra,
esta superó cualquier previsión200.

3.9.2. Aclarado lo anterior, la Sala observa que aun cuando la contratista solicitó en
diversas oportunidades la reprogramación de las obras por las razones expuestas en
el párrafo inmediatamente anterior —como se ha venido relacionando a lo largo de
este proveído—, contrario a las afirmaciones surtidas por la parte accionante, puede
evidenciase que las partes contratantes y las firmas involucradas en la interventoría y
consultoría del contrato, en un esfuerzo conjunto, acordaron varias reprogramaciones
de las obras, mediante la aceptación de los planes de contingencia elaborados por la
contratista con el fin de cumplir con los diferentes hitos que componían el proyecto y,
en otras ocasiones, con la suscripción de prórrogas y la adición al valor del contrato.

200 Apartado 3.8.3.15 (segundo párrafo)

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Actuaciones que se pasaran a exponer, tomando como base un informe suscrito por
la interventoría y dirigido al INVIAS, mediante oficio C.613/OB.0877/08/5.2 suscrito el
siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008)201, donde relacionó todas las acciones
ejercidas durante la ejecución del contrato para cumplir con su objeto, las cuales se
sintetizarán y se complementarán con otros documentos aportados al plenario:

3.9.2.1. Durante el desarrollo del contrato fueron presentados cinco (5) programas de
contingencia, a saber:

• El programa de contingencia 1 fue presentado por la UT contratista el seis (6) de
junio de dos mil seis (2006) con la propuesta de desplazar la entrega del Hito 2 un
(1) mes y cumplir con su ejecución en la misma fecha estimada para la entrega del
Hito 3202, esto es, el veintiuno (21) de julio de dos mil seis (2006). Sin embargo,
este compromiso fue incumplido y, en consecuencia, se inició el procedimiento de
imposición de multas203.

• El programa de contingencia 2 fue presentado por la UT contratista el treinta y uno
(31) de julio de dos mil seis (2006), con el propósito de recuperar el atraso surgido
en la entrega de los Hitos 2 y 3, sin afectar el plazo contractual pactado, y, además,
evitar la imposición de multas, estableciéndose como nueva fecha de entrega el
veintiuno (21) de agostos de dos mil seis (2006), para lo cual se comprometió a
adelantar las siguientes medidas correctivas: (i) adecuar el sistema de trituración
implementado la unidad primaria; (ii) suministrar más personal necesario para
alcanzar los rendimientos previstos; y (iii) suministrar una segunda motoniveladora
en caso que los bajos rendimientos lo ameritaran. Sobre estos compromisos la
interventoría informó al contratista que en caso de cumplirlos se suspendería el
procedimiento de multas204, no obstante, dicho programa también fue incumplido.

• El programa de contingencia 3 fue presentado por la contratista el catorce (14) de
agosto de dos mil seis (2006), con el único propósito de garantizar la entrega del
Hito 2 para el cinco (5) de septiembre de dos mil seis (2006), sin que esto afectara
el cumplimiento de los demás hitos, los cuales se comprometió a entregar en las
fechas originalmente acordadas. Sobre esta propuesta, la firma interventora
consideró que, para lograr este compromiso, la UT Boyacá debía “adecuar el
sistema de trituración […], aumentar el personal para alcanzar los rendimientos
previstos […], e incorporar una segunda motoniveladora para conformar un
segundo grupo de trabajo”205. Sin embargo, se observa que si bien este programa
fue aprobado, la contratista incumplió los compromisos adquiridos, pues no logró
alcanzar los rendimientos previstos y necesarios para la producción materiales en
la planta de trituración y, tampoco, aumentó el personal necesario para la
construcción cunetas. De igual manera, se observa que la UT contratista tampoco
entregó los Hitos 3 y 4 en las fechas convenidas originalmente, por lo tanto, la

201 Folios 216 a 244 del cuaderno 2.
202 Folios 868 a 881 del cuaderno 2.
203 Folios 1045 a 1047 del cuaderno 2.
204 Folio 1044 del cuaderno 2.
205 Folios 822 a 823 del cuaderno 2.

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interventoría inició un nuevo procedimiento para la imposición de multas206 y
advirtió al INVIAS sobre la posibilidad de que no se cumpliera con el plazo del
contrato, debido principalmente a los bajos rendimientos en la trituración de
material. Finalmente la contratista entregó el Hito 2 el veinte (20) de noviembre de
dos mil seis (2006), esto es, con un atraso de setenta y cinco (75) días.

• El programa de contingencia 4 fue presentado por la contratista el veintidós (22)
de noviembre de dos mil seis (2006), con el propósito de recuperar los atrasos
registrados en las entregas de los Hitos 3, 4, sin afectar el plazo contractual
pactado, realizando una serie de compromisos con respecto a mejorar la eficiencia
en la producción del sistema de trituración y aumentar el personal de la obra. En
una reunión posterior se analizó de manera conjunta el programa y se convino que
debido a la fuerte temporada invernal presentada en los meses de octubre y
noviembre había lugar a reformular el programa de contingencia, con la inclusión
de los Hitos 5, 6 y 7. No obstante, una vez revisado por parte de la interventoría la
programación de los Hitos encontró que las cantidades de obra relacionadas por
la UT contratista diferían de los cálculos efectuados por aquella, en consecuencia,
le solicitó que realizara las correcciones pertinentes y remitiera un nuevo programa
de contingencia, hasta la primera semana 2007.

• El programa de contingencia 5 fue presentado por la UT contratista el dieciséis (16)
de enero de dos mil siete (2007), por medio del cual relacionó la meta física del
contrato de acuerdo con las cantidades de obra establecidas para los hitos 4, 5, 6
y 7 y que se comprometió a entregar el dos (2) de febrero de dos mil siete (2007),
el veintiocho (28) de febrero de dos mil siete (2007), el treinta (30) de marzo de dos
mil siete (2007) y el nueve (9) de abril de la misma anualidad, respectivamente.

3.9.2.2. Continuando con el análisis propuesto, la Sala observa que el catorce (14) de
febrero de dos mil siete (2007)207, la interventoría, en oficio C.613./OB.0356/07/7.1,
remitió a la consultoría de apoyo un informe detallado del estado de ejecución del
contrato con solicitud de apertura del procedimiento para la imposición de multa,
indicando que: (i) de acuerdo con el programa de obra 1, el porcentaje programado
de obra para la fecha debía ser del 84%, que correspondería a la ejecución del Hito 1
"Estudios y Diseños", 7 Hitos ejecutados y un Hito en proceso, sin embargo, el avance
real de la obra era del 34%, que correspondía al Hito 1 "Estudios y Diseños", dos Hitos
ejecutados y dos Hitos en proceso de ejecución. Así las cosas, la obra presentaba un
atraso del 50%, en relación con el programa de obra 1, que correspondía
aproximadamente a 7.5 meses de atraso; (ii) según el programa de inversión 1, el
valor programado para la fecha debía ser de $ 5.312.000.000, pero lo ejecutado tenía
un valor de $1.904.200.000, o sea el atraso de la inversión era del 64%; (iii) durante
el desarrollo de la obra, la UT contratista había presentado cinco planes de
contingencia, indicando que se habían presentado continuos incumplimientos por
razones imputables al contratista; y (iv) de acuerdo con lo anterior, debía aplicarse
multa por no cumplir con el programa de obra, multa que debía ascender al 2.5% del
valor del contrato.

206 Folio 1050 a 1051 del cuaderno 2.
207 Folios 1168 a 1169 del cuaderno 2.

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3.9.2.3. El veinte (20) de febrero de dos mil siete (2007) 208, la consultoría de apoyo
ratificó el concepto de la interventoría y recomendó al INVIAS adelantar el proceso de
requerimiento de multa.

3.9.2.4. El dos (2) de marzo de dos mil siete (2007)209, el INVIAS, basada en los oficios
anteriores, conminó a la UT contratista a rendir descargos por posible incumplimiento
del programa de inversiones.

3.9.2.5. El ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007) 210, la contratista rindió descargos
en los siguientes términos: “las demoras en la ejecución del contrato se deben a
causas no imputables al contratista que desde el mismo inicio cumplió con lo
establecido en el pliego de condiciones, y cumplió con las fechas previstas de inicio y
finalización de le Etapa de Estudios y Diseños así como la disponibilidad de los
recursos necesarios para el inicio de la etapa de construcción una vez fuesen
aprobados los estudios correspondientes y los ha mantenido e incrementado a lo largo
del contrato, por lo cual y en razón de justicia el contratista por el contrario se ha visto
perjudicado por la mala información recibida, no se han atendido las solicitudes que
ha realizado para que se atiendan los aspectos que afectan el desarrollo del contrato
y que no son imputables al contratista”. En consecuencia, solicitó al INVIAS
abstenerse del trámite sancionatorio, que atendiera y solucionara los puntos críticos
del contrato y que atendiera y mantuviera los accesos a la obra por las dos carreteras
disponibles.

3.9.2.6. El nueve (9) de marzo de dos mil siete (2007)211, la contratista, mediante
comunicación UT-O1613.284, solicitó a la interventoría una nueva programación de
obra, debido a que: (i) los equipos destinados a este proyecto habían sufrido deterioros
debido a los grandes y repetitivos desplazamientos a que se habían sometido,
situación que se generó por la fata de continuidad de los trabajo en frentes específicos,
puesto que por los problemas geotécnicos, de suelos y sociales fácilmente se
trasladaban estos equipos más de seis (6) kilómetros, pasando por algunos sectores
prácticamente inestables y poniendo en riesgo los equipos y operadores; (ii) que la
cama baja no podía transitar por los puntos críticos; (iii) que se generó la necesidad
de incrementar los recursos de equipo de trituración, sin embargo, una vez disponibles
no fue posible transportarlos por el mal estado de las vías a cargo del INVIAS; (iv) no
había accesibilidad al proyecto para el transporte de materiales y equipos, así como
demora en la aprobación de los estudios y diseños. Denotó especialmente la falta de
mantenimiento de las vías de acceso, cuya responsabilidad pesaba sobre el INVIAS,
situación que dijo, llevó a que los insumos utilizados superaran en gran medida los
inicialmente requeridos. Esta solicitud fue reiterada el doce (12) de abril de dos mil
siete (2007), mediante comunicación UT-O1613-293B212.

208 Folios 1162 a 1167 del cuaderno 2.
209 Folio 1161 cuaderno 2.
210 Folios 1171 a 1177 del cuaderno 2.
211 Folios 1178 a 1181 del cuaderno 2.
212 Folios 1182 a 1186 del cuaderno 2.

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3.9.2.7. El tres (3) de mayo de dos mil siete (2007)213, con basamento en conceptos
emitidos de la interventoría y la consultoría, el INVIAS conminó a la UT contratista a
rendir descargos por posible incumplimiento relacionado “con la ejecución de las
cantidades de obra programadas para el mes de marzo y la entrega de los hitos 5 y 6
por causas imputables en su totalidad al mismo contratista”.

3.9.2.8. El diez (10) de mayo de dos mil siete (2007) 214, la contratista rindió descargos
en los siguientes términos: “La medición de incumplimiento del programa de
contingencia No 05 para la entrega de los Hitos 4, 5 y 6 así como del inicio del contrato
debieron realizarse sobre la base de cantidades reales, para lo cual se debió contar
con un programa de obra real y ajustado a las condiciones del contrato, procedimiento
claramente definido en los pliegos de condiciones, pero que no se aplicó a pesar que
en repetidas ocasiones la UT solicito reprogramación de obra ajustada a la realidad
del proyecto”.

3.9.2.9. El cinco (5) de julio de dos mil siete (2007)215, la UT contratista, mediante
comunicación UT-O1613-324, solicitó al INVIAS la adición, prórroga y aprobación de
precios no previstos, por las siguientes y textuales razones:

“Respecto […] a los porcentajes de avance de obra, se vuelve a desconocer la realidad contractual
ya que se presenta información de una programación totalmente desactualizado, que pese a las
constantes solicitudes del contratista no se le ha permitido realizar las reprogramaciones respectivas
(Derecho del contratista establecido en la cláusula sexta del contrato), tal como se ha venido
insistiendo desde hace más de un (1) año con la primera modificación a las cantidades de obra
realizadas al contrato de la referencia y tratadas en anteriores comunicaciones (UT-01613-144 de
Julio 13 de 2006, UT-01613-293 Abril 10 de 2007, UT-01613-306 de 10 de Mayo de 2007) muy a
pesar que a la fecha se han tramitado tres (3) actas de modificación.

Evidentemente existen circunstancias NO IMPUTABLES al contratista que afectaron el programa
de obra y estas circunstancias y muy a pesar de nuestras constantes y reiteradas comunicaciones
al respecto desde febrero de 2006 no fueron atendidas y a la fecha todavía la firma que represento
y la comunidad estamos esperando una respuesta. De acuerdo a lo anterior era lógico de esperar
que se conceptuara favorablemente y se suspendiera el proceso de sanción de la entrega del Hito
2 y del Hito 3, lo que no era lógico esperar por el contratista es que estas situaciones se prolongaran
a través del desarrollo del plazo contractual, y se solicitasen nuevas sanciones por los mismos
hechos, teniendo así mismo como referencia programas no ajustados a la realidad constructiva que
varió desde el inicio.

Si bien es cierto y como lo ha realizado la UT desde el inicio del contrato, ajustándose a derecho y
cumpliendo con los plazos contractuales se solicitó con suficiente tiempo de anticipación la prórroga,
adición y reconocimiento del pago de precios NO previstos para lo cual nos permitimos esbozar de
la siguiente manera, toda vez que el contrato vence su plazo el día 21 de julio de 2007:

La adición y sus condiciones se iniciaron a través de comunicación escrita enviada a
interventoría UT-0163-314 de junio 05 de 2007, fundamentada en reuniones realizadas en
las oficinas del INVIAS, con la asistencia de todos los interesados, la primera el 16 mayo de
2007 y posteriormente en reunión del 30 de mayo de 2007 después de analizar la situación
del contrato se dieron instrucciones precisas para que se realizara la adición y prórroga del
contrato dentro de unos plazos perentorios. Realizadas reuniones posteriores entre la
consultoría de apoyo, interventoría y contratista se realizó la revisión de todos los
documentos y fueron radicados por interventoría en su totalidad los documentos de adición
y prórroga en las oficinas de la Consultoría de Apoyo (C.613/0B.0430/07/5.4 y
C.613/OB.0431/07/5.2, de fechas 12 y 13 de junio Respectivamente).

213 Folios 1223 a 1224 del cuaderno 2.
214 Folios 1225 a 1236 del cuaderno 2.
215 Folios 1260 a 1262 del cuaderno 2.

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Así mismo mediante solicitud verbal la Consultoría de apoyo el día 26 de junio de 2007
solicita aclaración respecto a un ítem no previsto igual solicitud realiza la interventoría
mediante oficio el día 27 de junio de 2007, documento que fue radicado a cada uno de los
solicitantes el 29 de junio de 2007, siendo en un 95% recopilación de información ya
conocida por consultoría e interventoría desde el inicio del contrato y a la fecha no se ha
recibido respuesta ni tramite a dicha solicitud, dilatando y causando demoras a las
actuaciones que no pueden ser imputadas al contratista.

[…] Por ello y ante la necesidad de respuestas claras, nos permitimos […] reiterar
nuevamente nuestras solicitudes de adición, prórroga y aprobación de precios no previstos,
tal como se ha establecido con anterioridad y como se manifestó en ultima comunicación
enviada de junio 28 de 2007”.

3.9.2.10. Con posterioridad a esta última comunicación las partes suscribieron cuatro
(4) contratos adicionales (varias veces referidos en este proveído), cuyo objeto y
justificación resume la Sala a continuación:

• Contrato Adicional 01 (19 de julio de 2007)
Objeto: Prórroga de dos (2) meses en el plazo de ejecución.
Justificación: Aumento en el régimen de lluvias que dificultó el acceso y tránsito de
vehículos pesados hacia el proyecto.

• Contrato Adicional 02 (21 de septiembre de 2007)
Objeto: Adición de tres mil quinientos ochenta y ocho millones cuatro mil
setecientos ochenta y ocho pesos ($3.588.004.788) al contrato y prórroga de tres
(3) meses y nueve (9) días.
Justificación: Insuficiencia en las cantidades de obra incluidas en la propuesta para
alcanzar la meta física convenida, pues solo alcanzaba para pavimentar 10 KM de
15 Km inicialmente convenidos, pero que conforme a lo convenido entre las partes
fue reducido a 13.3 kilómetros debido a que algunas zonas padecían de fallas
geológicas y de acuerdo con el pliego no había lugar a su intervención216.

• Cuarta Modificación (20 de diciembre de 2007)
Objeto: Incremento del anticipo en $1.643.000.000.
Justificación: Necesidad de garantizar suministro de materia prima y mejorar el
flujo de caja mediante modificaciones en la forma de pago.

• Contrato Adicional 03 (26 de diciembre de 2007)
Objeto: Prórroga de un mes en el plazo de ejecución.
Justificación: Dificultades con el suministro de materiales y problemas mecánicos
en los equipos.

• Contrato Adicional 04 (14 de marzo de 2008)
Objeto: Prórroga de 76 días en el plazo de ejecución.
Justificación: Retrasos en el ingreso de materiales debido a condiciones de la vía,
afectando el avance del contrato.

216 PLIEGO DE CONDICIONES. “1.5.3.2. Zonas de no intervención. Se entiende que en la pavimentación y /o

repavimentación para el programa de infraestructura vial de integración desarrollo regional no se hará ninguna
intervención en zonas en las que exista una falla geológica”.

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3.9.2.11. En atención al recuento realizado sobre el discurrir contractual, este juzgador
no desconoce que durante su ejecución se presentaron un cumulo de situaciones que
impactaron el cumplimiento oportuno de los plazos originalmente convenidos para la
entrega de los hitos que conformaban el objeto contractual. Situaciones que estuvieron
relacionadas con el deber que tenía la UT contratista de ajustar los estudios y diseños
para su aprobación definitiva aun durante la etapa de construcción; con la necesidad
de cambiar la fuente de materiales originalmente propuesta para la extracción de rocas
sedimentarias, cuya selección siempre fue responsabilidad de la UT contratista; con
las dificultades presentadas en la gestión y tramitación de permisos de intervención y
licencias ambientales, así como con las adversas condiciones del clima derivadas de
la fuerte temporada invernal que deterioro las vías de acceso al proyecto, sin que se
tomaran acciones correctivas para su mejoramiento217.

Justamente, con el propósito de remediar los atrasos que registraba la entrega de
los distintos hitos, como consecuencia de las situaciones sobrevinientes antedichas,
la UT contratista presentó cinco (5) programas de contingencia218, cada uno de los
cuales contenía compromisos específicos, orientados a ajustar los plazos sin afectar
el cronograma original y a evitar la imposición de multas por incumplimiento. No
obstante, este juzgador no puede pasar por alto que, pese a que las propuestas de
reprogramación se fundaron en medidas para corregir y enmendar las contingencias
sobrevenidas —tales como la adecuación del sistema de trituración, el incremento
de personal y la provisión de maquinaria adicionales— todas estas iniciativas, una
vez acogidas y concertadas, fueron incumplidas de manera reiterada por la UT, lo
que imposibilitó la recuperación de los atrasos en las entregas de los hitos y generó
un ciclo de reprogramaciones de obra con las consecuentes reactivaciones de
procedimientos sancionatorios.

Particularmente, se entreve cómo, una vez cumplido el plazo propuesto y otorgado
para todos los programas de contingencia, la interventoría hubo de dejar constancia
de que, a pesar de las promesas de adecuar los sistemas y aumentar los recursos,
la ejecución real de la obra estaba muy por debajo de lo programado, con un atraso
del 50% respecto al avance proyectado219. Este incumplimiento no solo impidió
alcanzar las metas pactadas, sino que también llevó a que se reiniciara el trámite
para la imposición de multas220, agravando aún más la situación contractual, y
reflejando la ineficacia en la gestión de la contratista de cara a la lograr la efectividad
de las acciones correctivas que propuso, cuyo cumplimiento hubiera podido evitar
los retrasos ulteriores.

Con posterioridad, la contratista solicitó a la interventoría reprogramar nuevamente
el cronograma de los trabajos221, iniciativa que explicó con una nueva alusión a la
intensa ola invernal y a la falta de mantenimiento por parte del INVIAS a la vías de
acceso al proyecto, circunstancias que, manifestó, provocaron deterioro en los
equipos por causa de los desplazamientos repetidos al que fueron sometidos;

217 Apartado 3.9.1.
218 Apartado 3.9.2.1.
219 Apartado 3.9.2.2.
220 Apartado 3.9.2.3, 3.9.2.4, 3.9.2.5, 3.9.2.7, 3.9.2.8.
221 Apartado 3.9.2.6.

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imposibilidad de tránsito de la cama baja por puntos críticos, dificultad en el
transporte de recursos de trituración, e inaccesibilidad al proyecto para el transporte
de material.

Como puede observarse, las razones que expuso la UT contratista para solicitar
una nueva reprogramación de las obras estuvieron fincadas en los mismos hechos
que habían dado lugar a los programas de contingencia y, en línea con estos, a las
reprogramaciones infructuosas, vale decir, los altos índices de precipitación y el
grave deterioro de las vías de acceso al proyecto por falta de intervención oportuna
de su responsable (el INVIAS en su calidad de administrador), circunstancias que
era de esperar, tuvieran solución con la suscripción de los programas de
contingencia, originados como estuvieron en la iniciativa de la UT contratista, previa
su consideración.

Por esta razón, la Sala encuentra plausible el proceder del INVIAS, en cuanto este
se revela abierto a evaluar todas las posibilidades para garantizar el cumplimiento
del objeto contractual, con una actitud que le llevó, no sólo a la aprobación de los
programas de contingencia que propuso la contratista, sino a la posterior
celebración de acuerdos modificatorios222 mediante los que se entregó a la UT
contratista un mayor valor de anticipo para ayudarla a enfrentar la ocurrencia de
situaciones sobrevinientes, y en la suscripción de contratos adicionales223, que
extendieron los plazos de ejecución e incluyeron ajustes financieros significativos
para abordar las insuficiencias en la ejecución.

En conclusión, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte accionante,
el INVIAS no desconoció la realidad contractual y estuvo siempre dispuesto a
adoptar las medidas necesarias para subsanar los retrasos ocurridos durante la
ejecución del contrato. El juicio que haya merecido la suficiencia de estos remedios
no podía, por supuesto, partir del supuesto de la existencia de una obligación a
cargo del INVIAS, de reconocer ajustes de precios distintos a los efectuados conforme
al parágrafo segundo de la cláusula séptima del contrato de obra 1613 de 2005224,
que establecía que aunque los precios se actualizarían anualmente en función de la
variación del ICCP, las obras no ejecutadas en el programa anual se pagarían
al precio del año en que debieron ejecutarse.

El procedimiento de ajuste referido fue cumplido a cabalidad por el INVIAS quien
reconoció por cada Hito entregado los ajustes de precios a los que había lugar, como
se dejó plasmado en la suscrición de cada acta de pago con su respectivo ajuste, tal
cual se establece en el siguiente cuadro:

222 Apartado 3.4.5.
223 Apartado 3.9.2.9, 3.9.2.10.
224 CONTRATO DE OBRA 1613 DE 2005. “CLAUSULA SÉPTIMA. FORMA DE PAGO […]. PARÁGRAFO

SEGUNDO: AJUSTE DE PRECIOS. Los precios serán actualizados para cada ítem cada doce meses con base
en la variación de los respectivos grupos del ICCP, correspondiente al periodo comprendido entre la fecha del
cierre de la licitación y los doce meses siguientes y así sucesivamente hasta el vencimiento del plazo del
contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del programa anual de intervenciones no estarán
sujetas a la actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios de la anualidad en la
cual debieron a ver sido ejecutado. Las anualidades se entienden como periodos de doce (12) meses contados
a partir de la fecha de cierre de la licitación”.

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ACTA DE OBRA MES VR BÁSICO AJUSTES VALOR IVA VALOR TOTAL
Y DE AJUSTE DEFINITIVOS

Hito 1225 May-06 $164.837.440 ------------------- $26.373.990 $191.211.430
Hito 2226 Nov-06 $522.592.999 $30.038.382 $3.536.841 $556.168.222
Hito 3227 Dic-06 $681.062.526 $33.777.288 $4.574.975 $719.414.789
Hito 4228 Dic-06 $769.339.064 $38.859.649 $5.172.472 $813.371.185
Hito 5229 Mar-07 $719.498.525 $37.575.157 $4.845.272 $761.918.954
Hito 6230 May-07 $621.267.882 $35.027.474 $4.200.290 $660.495.646
Hito 7231 Jun-07 $690.150.888 $39.441.683 $4.669.393 $734.261.964
Hito 8232 Ago-07 $643.505.513 $37.573.443 $4.358.905 $685.437.861
Hito 9233 Sept-07 $889.624.560 $124.349.272 $6.489.432 $1.020.463.264
Hito 10234 Nov-07 $665.246.942 $93.759.898 $4.257.643 $763.864.483
Hito 11235 Dic-08 $771.138.005 $108.361.574 $5.628.797 $885.128.376
Hito 12236 Feb-08 $798.282.132 $111.950.956 $5.812.756 $914.055.844
Hito 13237 Abr-08 $274.263.251 $38.734.491 $2.003.186 $315.000.928
Hito 14238 Abr-08 $1.425.715.002 $204.047.805 $10.430.482 $1.640.193.289
Hito 15239 May-08 $211.152.104 $32.632.412 $1.560.220 $245.344.736
TOTALES $10.906.330.971

3.9.2.12. Finalmente, la Sala considera prudente advertir que, si bien la contratista
fue instada por la interventoría, en varias oportunidades, a proporcionar equipo
adicional para la aprobación de los programas de contingencia y el cumplimiento de
las metas físicas, cuyos costos de alquiler actualmente reclama le sean
reconocidos, esos requerimientos vinieron determinados por la necesidad de
recuperar los atrasos acumulados en la entrega de los diferentes hitos, atrasos que,
en muchas ocasiones, se originaron en situaciones atribuibles a la contratista (como
se ha denotado en precedencia). Además, resulta imposible soslayar, por la
incidencia que pudo tener en la maquinaria necesaria para evitar y luego superar
los atrasos, el hecho cierto de la notable diferencia que hubo, a la baja, entre el
presupuesto oficial (que ascendía a nueve mil setecientos ocho millones doscientos
doce mil trecientos sesenta y tres pesos ($9.708.212.363)240), y la oferta económica
que presentó la contratista y merced a la cual resultó finalmente favorecida con la
adjudicación del contrato, y que ascendió a siete mil ciento tres millones trecientos
noventa y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos ($7.103.394.765)241.

3.9.2.13. En definitiva, la Sala no accederá a las pretensiones económicas derivadas
de la alegada desatención del INVIAS en reprogramar las obras de conformidad con
la realidad contractual también serán desestimadas, pues las pruebas relacionadas en
precedencia demuestran todo lo contrario, vale decir, una actitud proactiva y
conciliadora del INVIAS, quien pese a los diversos incumplimientos de la contratante

225 Folios 610 a 612 del cuaderno 10.
226 Folios 614 a 617 del cuaderno 10.
227 Folios 717 a 720 del cuaderno 2.
228 Folios 618 a 625 del cuaderno 10.
229 Folios 626 a 630 del cuaderno 10.
230 Folios 631 a 635 del cuaderno 10.
231 Folios 636 a 639 del cuaderno 10.
232 Folios 640 a 646 del cuaderno 10.
233 Folios 647 a 654 del cuaderno 10.
234 Folios 656 a 660 del cuaderno 10.
235 Folios 661 a 663 del cuaderno 10.
236 Folios 250 a 256 del cuaderno 7.
237 Folios 258 a 261 del cuaderno 7.
238 Folios 349 a 350 del cuaderno 8.
239 Folios 432 a 438 del cuaderno 8.
240 Apartado 3.4.1.
241 Apartado 3.4.2.

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en la entrega de las obras siempre intentó encontrar una solución adecuada ya fuere
mediante la implementación de planes de contingencia o mediante la suscripción de
acuerdos modificatorios y contratos adicionales.

Análisis del sexto problema jurídico planteado:
Costos socioambientales

3.10. La parte demandante aduce que el presupuesto oficial incluido en el pliego de
condiciones y sobre el que se debía basar cada participante para confeccionar su
oferta económica no incluyó, en ninguno de sus rubros, los costos correspondientes
al manejo de la actividad socioambiental. Costos que —afirmó— pese a no haber
sido contemplados, le fueron descontados a la UT Boyacá durante la ejecución del
contrato con cargo a los gastos de administración sin que hubiese sustento para
ello, con lo cual se quebró la ecuación económica del contrato que ahora pretende
sea restablecida.

Particularmente, la demandante adujo que los sobrecostos en que debió incurrir por
este concepto fueron: (i) pagos a gestores sociales, trabajadores sociales e
ingenieros ambientales que adelantaron labores de gestión socioambiental, por un
valor de treinta y siete millones seiscientos noventa mil trescientos doce pesos
(37.690.312)242; y (ii) pago a Rafael Herrera Farfán por la ejecución del estudio de
impacto ambiental para la cantera La Chapa, por la asesoría en el trámite de la
licencia ambiental-minera, ejecución del Plan de Manejo Ambiental y elaboración
de los soportes técnico de los permisos ambientales ante CORPOBOYACA, para
el contrato 1613 de 2005, por un valor de diecisiete millones cuatrocientos ochenta
mil pesos ($17.480.000)243.

3.10.1. Al punto, la Sala denota que en el presupuesto oficial no se incluyó un rubro
especifico que se denominara costos ambientales244, sin embargo, en los pliegos
de condiciones245 se estableció que en el valor de la propuesta se debían incluir
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la
obra, incluyendo los costos socioambientales, como se pasa a exponer:

[…] 3.8.3. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL VALOR DE LA PROPUESTA. El valor de
la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada
ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública para el grupo de tramos
seleccionado y cada uno de los tramos que lo conforman. Por ser relevante, a continuación
se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener en cuenta para
determinar el precio de la oferta:

[…] ASPECTO AMBIENTAL. Durante la ejecución del contrato el contratista está
obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean
compatibles con los requerimientos técnico necesarios para adelantar en forma
sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus
normas reglamentarias, así como su Decreto reglamentario 1220 de 2005, las normas
especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos
requeridos para el uso y aprovechamiento de los recurso naturales y la Resolución
003000 del 5 de junio de 1998, emanada de la dirección general del Instituto […].

242 Folios 372 a 400 del cuaderno 1.
243 Folios 366 a 371 del cuaderno 1.
244 Folio 173 del cuaderno 12.
245 Apartado 3.4.1.

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El constructor debe solicitar ante la autoridad ambiental previamente a la iniciación de
las actividades correspondiente los permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y que
apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervención
de cauce, concesión de aguas superficiales y/o subrasantes, permiso de vertimientos,
instalación de campamentos, premiso de disposición de residuos sólidos, permiso de
emisiones atmosféricas, permiso de explotación de fuentes de material e instalación y
funcionamiento de plantas asfalto y concreto, entre otro), para lo cual oportunamente el
contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha gestión. Los
costos que dichas acciones demande serán asumidos directamente por el contratista,
así como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las
fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación […].

El inicio de la obra está condicionada a la obtención de los permisos anteriores.

Durante el primer mes de desarrollo del contrato el contratista presentará al INVIAS
unas fichas de Manejo Ambiental para la obra, el cual debe contener los programas,
obras y adiciones descritos a continuación y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:
(i) Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras: (ii)
Manejo de obras de concreto y materiales de construcción; (iii) Manejo de residuos
líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas; (iv) Manejo y control de
emisiones atmosféricas; (v) Manejo de tránsito y señalización; (vi) Obras, medidas y
actividades de protección y manejo de aguas; (vii) Sistemas para la remoción y
disposición de lodos producidos en la operación de las plantas de asfalto y concretos;
(viii) Programa de explotación y recuperación de fuentes de materiales; (ix) Programa
de estabilidad y restauración morfológicas de cortes y terraplenes; (x) Programa de
Manejo y recuperación de la cobertura vegetal; (xi) Estrategias de contratación de
personal; (xii) Plan de Contingencia; y (xiii) Manejo de higiene, seguridad y salud
ocupacional.

[…]. 5.2. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Comprenden los documentos que se detallan a continuación; la aprobación de los mismos, por
parte del Interventor y el supervisor del INVIAS, constituye requisito previo para que se imparta
la orden de iniciación de la ejecución del contrato; por lo tanto el proponente a quien se le
adjudique el contrato deberá entregarlos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de la suscripción del contrato y la entidad verificará que los mismos se ajusten a las
exigencias del presente pliego, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato
sancionable en la forma establecida en la minuta del contrato.

[…] COMPONENTE AMBIENTAL. El constructor debe solicitar ante la autoridad
ambiental previamente a la iniciación de las actividades correspondiente los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto
(aprovechamiento forestal, intervención de cauce, concesión de aguas superficiales y/o
subrasantes, permiso de vertimientos, instalación de campamentos, premiso de
disposición de residuos sólidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de
explotación de fuentes de material e instalación y funcionamiento de plantas asfalto y
concreto, entre otro), para lo cual oportunamente el contratista deberá contar con los
soportes técnicos necesarios para dicha gestión. Los costos que dichas acciones
demande serán asumidos directamente por el contratista, así como los costos que
demande la restauración morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una
vez se culmine la explotación […].

3.10.2. De igual manera, se observa que en el contrato de obra 1613 de 2005246, se
estipuló, en línea con lo previamente fijado en el pliego de condiciones que, durante
la ejecución del contrato, la contratista debía asumir los costos relacionados con el
manejo de la actividad socioambiental, como se pasa a exponer:

[…] CLÁUSULA CUARTA. PLAZO […]. PARÁGRAFO QUINTO. La obtención de los
permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento

246 Apartado 3.4.3.

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de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la
responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que, en calidad de
constructor, pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse
dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa
válida para justificar atrasos o incumplimientos.

[…] CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: IMPACTO AMBIENTAL. Durante la ejecución del
contrato el contratista está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos
aplicados sean compatibles con los requerimientos técnico necesarios para adelantar en forma
sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas
reglamentarias, así como su Decreto reglamentario 1220 de 2005, las normas especiales para
la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recurso naturales y la Resolución 003000 del 5 de junio de 1998,
emanada de la dirección general del Instituto […]. El contratista debe solicitar ante la autoridad
ambiental previamente a la iniciación de las actividades correspondiente los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto […], para lo cual
oportunamente el contratista deberá contar con los soportes técnicos necesarios para dicha
gestión. Los costos que dichas acciones demande serán asumidos directamente por el
contratista, así como los costos que demande la restauración morfológica y paisajística de las
fuentes de materiales, una vez se culmine la explotación […]. El inicio de la obra está
condicionada a la obtención de los permisos anteriores.

3.10.3. Puesto de manifiesto lo anterior, se observa que, durante la ejecución del
contrato, específicamente el veintitrés (23) de febrero de dos mil seis (2006)247, la
interventoría, mediante oficio C.613.5.3/OB.038/06, informó a la UT contratista que
debía hacer unos ajustes al volumen IX. Cantidades de obra, para que este fuera
aprobado, de igual manera expresó que “los costos de manejo ambiental y manejo de
tránsito debían estar incluidos en la administración”.

3.10.4. El veintisiete (27) de febrero de dos mil seis (2006)248, la interventoría,
mediante oficio C.613.7.3/OB.040/06, realizó varias observaciones a los ajustes
realizados a los estudios y diseños por parte de la contratista. Particularmente expresó
sobre el plan de manejo ambiental que “una vez revisado el Plan de Manejo Ambiental
presentado, se observa que una vez surtidas las observaciones de la interventoría,
éstas fueron acatadas por el contratista e incorporadas en el Plan de Manejo
Ambiental definitivo, sin embargo se observa que está pendiente anexar a dicho plan
los permisos ambientales expedidos por la autoridad competente, por lo tanto se
solicita, una vez se obtengan los mencionados permisos anexarlos al documento. Por
lo anterior, se aprueba el plan de manejo ambiental quedando como compromiso del
contratista anexar los permisos ambientales”.

3.10.5. El dos (2) de marzo de dos mil seis (2006) 249, la contratista acusó recibido
al oficio C.613.5.3/OB.038/06 y manifestó que “respecto a los precios unitarios se
realizan las correcciones establecidas en comunicación enviada y se adjunta a la
presente comunicación, más sin embargo es importante tener en cuenta que los
costos de manejo ambiental no están incluidos en la administración solamente se
incluyen estrictamente los costos establecidos en los pliegos de licitaciones”.

247 Folios 1304 a 1308 del cuaderno 2.
248 Folios 1309 a 1313 del cuaderno 2.
249 Folio 1314 del cuaderno 2.

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3.10.6. El nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006), la interventoría, mediante
oficio C.613.5.3/OB.047/06 dirigida a la UT contratista, estableció que “todos los
costos del componente ambiental y manejo de tránsito y todos los demás costos,
están incluidos en los precios unitarios de cada uno de los ítems presentados y
serán asumidos directamente por el contratista, así como la restauración
morfológica y paisajística de las fuentes de materiales, una vez se culmine la
explotación”.

3.10.7. Derivado de lo expuesto, este juzgador considera que desde el pliego de
condiciones, reiterado en el contrato de obra, se estableció que las obligaciones
socioambientales, así como lo costos que su cumplimiento generaran, debían ser
asumidas enteramente por la contratista, quien además debió preverlas al momento
de calcular el valor de la propuesta económica que presentó ante el INVIAS. Así,
pues, no es de recibo el aserto de la parte demandante concerniente a que por el
simple hecho que en el presupuesto oficial no se presentó como ítem independiente
los costos socioambientales estos no podían cobrarse con cargo al contrato, pues
en todo momento la contratista supo que dichos costos estaban a su cargo, y si por
algún motivo olvidó incluirlos o los subvaloró en la propuesta presentada ante la
administración esta omisión solo es imputable a su propia culpa.

En particular, para la Sala la conducta desplegada por la UT contratista al tratar de
reclamar los costos en que debió incurrir por manejo de la actividad socioambiental
no se revela acorde con el principio de buena fe negocial, que en el ámbito de la
contratación estatal impone a las partes emplear una conducta caracterizado por la
confianza mutua, diligencia y colaboración250, pues es bien sabido que los costos
socioambientales son parte fundamental de este tipo de contratos y si no había un
ítem específico para calcularlo lo debió advertir en la etapa procedente, esto es, en
la audiencia para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones 251, lo
que de suyo también desconoce la carga de autorresponsabilidad negocial que se
le exige a todas las personas que hagan parte de una relación contractual252.

250 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 21 de octubre de 2021, exp. 36697.

“En el ámbito de los contratos, los artículos 1603 CC y 871 CCO prescriben —en perfecta simetría con el artículo
83 de la CN— que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sola a lo que en
ellos se expresa, sino a todas las cosas que emana precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por
ley pertenece a ella (artículo 1501 CC). // […] En el ámbito de la contratación estatal la buena fe impone un
proceder caracterizado por la mutua confianza, diligencia, prudencia y colaboración en la construcción del
vínculo jurídico para la satisfacción de la necesidad colectiva y de interés público, que se extiende a su ejecución
y terminación (arts. 3 Ley 80 de 1993 y 2 CN)”.
251 PLIEGO DE CONDICIONES. “2.3 ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS. Si los proponentes encontraren

discrepancias u omisiones en los documentos de la presente licitación pública o tuvieren dudas acerca de su
significado o interpretación, deberán darlos a conocer al instituto en la audiencia para precisar el contenido y
alcance del pliego de condiciones de que trata el Numeral 1.9. de la cual se levantará un acta. Lo anterior no
impide que dentro del plazo establecido para la presentación de propuestas, los proponentes puedan solicitar
por escrito, otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas en dicha audiencia”.
252 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de diciembre de 2012, exp. 22642.

“[la carga de la autorresponsabilidad negocial impone que] cada parte debe desarrollar una conducta activa y
diligente en relación con el iter contractual […] y por consiguiente ha de procurar informarse para luego informar
y como quiera que ha de conocer suficientemente sus derechos y sus obligaciones, así como las cosas sobre
las que estos recaen, se sigue que no se debe informar todo aquello que la otra parte ha podido saber por sí
misma con normal diligencia, como tampoco lo atinente a la naturaleza, medida o extensión de sus derechos,
sus obligaciones o sus cosas puesto que, se repite, cada uno debe conocer lo suyo, a menos que el
conocimiento de lo propio requiera de especiales conocimientos que el titular no tenga y que no deba tener en
razón de su profesión u oficio”.

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Con todo lo anterior, debe concluirse que la súplica de restablecimiento del equilibrio
económico por haber sufragado los costos socioambientales tampoco prospera.

Análisis del séptimo problema jurídico planteado:
El pago de la estampilla pro desarrollo de la UPTC

3.11. En este punto, la parte demandante reclama la ruptura del equilibrio económico
del contrato 1613 del nueve (9) de septiembre de dos mil cinco (2005) derivada del
pago que tuvo que sufragar por concepto de la estampilla pro desarrollo de la UPTC
dispuesta por la Asamblea de Boyacá mediante Acuerdo 030 del veinticinco (25) de
octubre de dos mil cinco (2005), pues —advirtió— dicho tributo departamental fue
proferido con posterioridad a la suscripción del contrato referido, sin que su imposición
tuviera efectos retroactivos, y, en consecuencia, mal podría imponérsele al contratista
asumir una carga a la que no se había obligado desde el inicio de la relación negocial.

Para la Sala el referido reproche si bien proviene de un acto de carácter general lo
cierto es que el mismo no fue proferido por el ente contratante sino por la Asamblea
Departamental de Boyacá, lo que de suyo descartaría la procedencia del desequilibrio
económico por la teoría denominada hecho del príncipe, sin embargo, este reproche
podría encuadrar en los supuestos de la teoría de la imprevisión, por ser un hecho
externo y ajeno a ambas partes del contrato y de acuerdo con el cual, en principio, la
administración está llamada a restablecer el equilibrio económico del contrato253.

3.11.1. Con el propósito de acometer el estudio del posible desequilibrio económico,
debe establecerse, en primer lugar, si el pago derivado de la estampilla pro desarrollo
resultaba, en efecto, imprevisible y, en segundo lugar, si su asunción alteró de manera
grave el equilibrio financiero del contrato. Finalmente, y con el único fin de responder
de manera integral los reproches formulados por la parte actora, deberá analizarse la
legalidad de las retenciones realizadas por este concepto, debido a que la UT Boyacá
considera que, en forma indebida, se le aplicó retroactivamente la Ordenanza 030 del
veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005), por medio del que se “ordenó la
emisión de la estampilla pro desarrollo de la UPTC”.

3.11.1.1. No hay duda que para la fecha en que se presentó la propuesta económica
y se celebró el contrato de obra1613 , esto es, el nueve (9) de septiembre de dos mil
cinco (2005), aun no existía la obligación de acometer pago alguno por concepto de
la estampilla pro desarrollo de la UPTC, pues, se itera, esta fue creada mediante el
Acuerdo 030 del veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005), por lo tanto, debe
concluirse que si bien en el contrato se estipuló que la contratista estaría a cargo de
todos los impuestos establecidos por las diferentes autoridades254, lo cierto es que al
momento de calcular su propuesta económica no podía prever la creación de ese
tributo departamental, lo que hace que esta situación se considere como imprevisible.

253 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2022, exp 57676.
254 CONTRATO DE OBRA 1613 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005. “CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL

CONTRATO. […] PARÁGRAFO TERCERO. El contratista acepta que estarán a su cargo todos los impuestos
tasas, gravámenes y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción
de los que estrictamente correspondan al Instituto”.

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Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

Ahora bien, siguiendo los lineamiento de la Sección Tercera de esta Corporación255,
debe recordarse que la sola demostración del descuento o pago por concepto de la
imposición de la estampilla pro desarrollo no da lugar a acoger de manera automática
las pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues el
interesado debe demostrar, adicionalmente, que tales descuentos representaron un
quebramiento grave de la ecuación contractual salida de toda previsión y que le
represente una mayor onerosidad a la calculada, incluso debiendo exceder lo que
hubiera calculado por concepto de imprevistos (i) en el AIU propuesto.

Así las cosas, la Sala observa que la UT Boyacá calculó dentro del AIU incluido en la
propuesta los imprevistos (i) en un cinco por ciento (5%)256, porcentaje que aplicado
al valor inicial del contrato, sin considerar adiciones, ascendía a trecientos cincuenta
y cinco millones cientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con
veinticinco centavos ($355.169.738,25), monto que claramente resulta suficiente para
absorber el hecho imprevisible alegado —pago de la estampilla pro desarrollo— como
fuente de desequilibrio, pues se encuentra probado que la UT Boyacá tuvo que
sufragar la suma de treinta y cinco millones ciento veinte mil seiscientos cuarenta
pesos ($35.120.640) por el pago de dicho tributo257, suma muy inferior a la calculada
para imprevistos. En consecuencia, se concluye que los reclamos de desequilibrio
económico del contrato por este concepto no están llamados a prosperar.

3.11.1.2. Como se dejó expuesto en líneas anteriores, la parte demandante también
controvierte la legalidad de la aplicación retroactiva de la Ordenanza 030 del
veinticinco (25) de octubre de dos mil cinco (2005), por medio del que se “ordenó la
emisión de la estampilla pro desarrollo de la UPTC”, cuestión que será analizada de
acuerdo al contenido de esta ordenanza, para lo cual se transcribirán sus artículos
relevantes:

«ARTÍCULO 1º.- EMISIÓN ESTAMPILLA. - Ordénase la emisión de la estampilla “Pro
Desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia” […], como lo autoriza la
Ley 699 de 2001.

255 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 2003, exp 15119. “No basta con

probar que el Estado -entidad contratante u otra autoridad- profirió una medida de carácter general mediante la cual
impuso un nuevo tributo, y que el mismo cobijó al contratista, que tuvo que pagarlo o se vio sometido a su descuento
por parte de la entidad contratante, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio
económico del contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un quebrantamiento grave de la ecuación
contractual establecida ab - initio, que se sale de toda previsión y que le representó una mayor onerosidad de la
calculada y el tener que asumir cargas excesivas, exageradas, que no está obligado a soportar, porque se trata de
una alteración extraordinaria del alea del contrato; y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de
las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, constituyen
rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad
contractual, que deben ser asumidos por él”.
256 Apartado 3.4.2.
257 Folios 672 a 682 del cuaderno 2. Las pruebas contenidas en los folios referidos se resumen en el siguiente

cuadro que elaboró de manera propia la parte demandante:

FECHA CONCEPTO VALOR

24/04/2008 Liquidación estampillas UPTC $6.839.640
15/05/2008 Liquidación estampillas UPTC $12.213.000
15/07/2008 Liquidación estampillas UPTC $14.688.295
01/08/2008 Liquidación estampillas UPTC $1.379.705
TOTAL $35.120.640

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Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

[…] ARTÍCULO 3º.- HECHO GENERADOR.- Lo constituye los contratos que celebren todas
las personas naturales y jurídicas con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
la Empresa de Energía de Boyacá, los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y de Economía Mixta del Orden Nacional, las Corporaciones
Autónomas Regionales con jurisdicción en el Departamento de Boyacá, la Contraloría General
de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y demás
entidades del Orden Nacional que realicen actividades u operaciones en el Departamento
cuando el objeto del contrato, actividad u operación se contrate y/o ejecute en el territorio del
Departamento de Boyacá”.

ARTÍCULO 4º.- SUJETO PASIVO. Lo constituye las personas naturales y jurídicas que
contraten en el Departamento de Boyacá, con las Entidades señaladas en el Artículo Tercero
de esta Ordenanza.

ARTÍCULO 5º.- SUJETO ACTIVO. El Sujeto Activo de la contribución de que trata la presente
Ordenanza, será la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC.

ARTÍCULO 6º.- CAUSACIÓN. Esta contribución se causa en el momento de la orden de pago
de la respectiva cuenta de cobro a título de estampilla “pro desarrollo de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia”.

ARTÍCULO 7º.- BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor neto de cada Contrato o el
valor adicional. Entiéndase por valor neto, el valor del Contrato o su adicción, excluyendo los
impuestos y demás descuentos a que haya lugar.

ARTÍCULO 8º.- TARIFA. - La tarifa aplicable es el uno por ciento (1%) del valor neto de cada
Contrato o adición.

[…] ARTÍCULO 16º.- La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias».

De una lectura integral del articulado transcrito en precedencia, debe concluirse que
no es cierto que la Ordenanza 030 de 2005 gravó con la estampilla pro desarrollo
únicamente los contratos suscritos a partir de su vigencia; pues independientemente
de la fecha de suscripción de tales negocios jurídicos esta contribución se causa en
el momento de la orden de pago de la respectiva cuenta de cobro presentada por la
contratista, en un monto equivalente al uno por ciento (1%) de su valor.

Con todo lo anterior se constata que los descuentos correspondientes a retención por
concepto de estampilla los realizó el INVIAS en vigencia la Ordenanza 030 de 2005,
cuando procedió al pago de actas parciales de obra suscritas entre el siete (7) de
diciembre de dos mil seis (2006) y el primero (1) de abril de dos mil ocho (2008)258,
producto de las correspondientes facturas que emitió la UT Boyacá, de donde se
colige que no hubo aplicación retroactiva de dicha Ordenanza ni se practicaron
retenciones ilegales que puedan comprometer la responsabilidad de la demandada,
por lo cual las pretensiones no pueden prosperar.

3.12. En definitiva, la Sala revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas a lo largo de este
proveído.

258 Folios 675 y 678 del cuaderno 2.

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Demandante: Unión Temporal Boyacá en el 2500

IV. COSTAS

4.1. No hay lugar a la imposición de costas debido a que en el presente asunto no se
evidenció actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 171 del
CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para proceder de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

REVOCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 4, que declaró probada la caducidad de la acción y, en consecuencia, se
inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda. En su lugar,
se dispone:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones formuladas en la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen, una vez esta
providencia este en firme.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
ATA/17C+2CD

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