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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00115-02

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00115-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 5 de marzo de 2024 por la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en el presente pronunciamiento. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el 77 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_3_Contrato_Interventoria.pdf 45 Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510) Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI tribunal de primera instancia, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2022-00115-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

27 de febrero de 2026

Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Controversias contractuales
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandantes: GNG Ingeniería S.A.S. y CETING S.A.S., integrantes del
Consorcio INTER-CDI
Demandado: Departamento del Atlántico

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 5 de marzo de 2024 por la Sala de Decisión Oral
“C” del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia porque resuelve un recurso
de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal
administrativo. El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico conoció del
proceso en primera instancia en razón a la cuantía de las pretensiones estimada
en la demanda1.

SÍNTESIS2

Las sociedades GNG Ingeniería S.A.S. y CETING S.A.S., como integrantes del
Consorcio INTER CDI, instauraron demanda de controversias contractuales en
contra del Departamento del Atlántico con el fin de obtener, entre otras
pretensiones, que se ordene el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato de interventoría que las partes celebraron con un plazo inicial de 10
meses, plazo que se prolongó hasta los 61 meses, por causas que el demandante
considera atribuibles a la entidad territorial accionada. La Sala confirmará,
aunque por razones distintas, la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
1 De conformidad con lo normado por el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, modificado por el
artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, los tribunales administrativos son competentes para conocer en primera
instancia de los procesos relativos a contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. A su turno, el artículo 157 ídem preceptúa en sus incisos segundo y tercero que
la cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda y que cuando en ésta se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.
En el caso sub examine la pretensión de mayor valor es la cuarta, en la cual la parte actora solicitó el pago,
por concepto de daño emergente, de la suma de $4.043’072.042,oo y por concepto de lucro cesante, de la
suma de $210’532.372,oo, para un total de $4.253´604614. Si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal
mensual vigente -en adelante SMLMV- para el año 2022 fue la suma de un millón de pesos ($1’000.000,oo)
evidentemente el valor de la citada pretensión cuarta de la demanda supera ampliamente el monto de los
500 SMLMV -equivalentes a $500’000.000,oo- fijado en el referido numeral 4 del artículo 152 del CPACA.
2 Temas: Equilibrio financiero del contrato / incumplimiento contractual / ausencia de salvedades ante la

celebración de contratos adicionales.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. La demanda fue presentada el 19 de abril de 20223 y en ella se elevaron como
pretensiones las siguientes:

PRIMERA: Que se realice la liquidación judicial del contrato de interventoría No.
0167*2014*000147 y se reconozca al CONSORCIO INTER-CDI la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($499.012.800.oo) correspondiente al diez por ciento
(10%) final del contrato según lo estipulado en la cláusula primera del otrosí al
contrato adicional No.5 del contrato de Interventoría N°0167*2014*000147.
Suma que deberá pagarse con intereses moratorios cuya causación comenzará
a correr desde la fecha de presentación del informe final.
SEGUNDA: Que se declare que por causas imputables al Departamento del
Atlántico y no atribuibles al CONSORCIO INTER- CDI se rompió el equilibrio
económico-financiero del contrato de interventoría No. 0167*2014*000147.
TERCERA: Que se declare que el Departamento del Atlántico está en la
obligación de restablecer la ecuación económica del contrato de interventoría
No. 0167*2014*000147 surgida al momento de la presentación de la propuesta
por parte del CONSORCIO INTER- CDI.
CUARTA: Que como consecuencia de dichas declaraciones el Departamento
del Atlántico debe pagar en favor de las sociedades demandantes, integrantes
del CONSORCIO INTER- CDI, las siguientes sumas:
1. Por Concepto de daño emergente, la diferencia entre el valor total requerido
para el desarrollo del contrato y el valor reconocido al contratista, la cual asciende
a la suma de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA
Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/L/C ($4.043.072.042,00), valor a
diciembre 31 de 2021.
2. Por concepto de lucro cesante, el valor de la afectación de la utilidad esperada
y sus rendimientos financieros, el cual asciende a la suma de DOSCIENTOS
DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS M/L/C ($210.532.372,00), valor a diciembre 31 de
2021.
QUINTA: Que el Departamento del Atlántico debe pagar las sumas anteriores
por concepto de daño emergente y lucro cesante debidamente actualizadas de
acuerdo con el IPC de cada año respectivo hasta la fecha en que se produzca
el fallo definitivo por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el
que se ordene su reconocimiento.
SEXTA: Que a la sentencia que ponga fin al presente proceso el Departamento
del Atlántico debe darle cumplimiento en los términos de los artículos 188, 192,
195 y demás concordantes del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las pautas señaladas por la
jurisprudencia constitucional sobre este respecto.
SÉPTIMA: Que el Departamento del Atlántico debe asumir el pago de las costas
judiciales y agencias en derecho que este proceso genere.

2. Las pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

2.1. La Gobernación del Atlántico, mediante Resolución No. 000060 de 2013,
ordenó la apertura de la Licitación Pública GCS No. 001 de 2014, para contratar la

3 Expediente digital del Tribunal, índice 0002 de Samai, archivo 7ED_02ActaRepartopdf(.pdf)

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil, en adelante CDI, en
el departamento del Atlántico. La licitación se dividió en dos grupos: el primero
fue adjudicado mediante Resolución No. 0010 del 20 de agosto de 2014 a la
Unión Temporal “CDI 21” y condujo a la celebración del contrato de obra
N°0167*2014*000138, el día 15 de Octubre de 2014; el segundo fue adjudicado
mediante Resolución No. 0010 del 20 de agosto de 2014, a la Unión Temporal
“CDI Atlántico” y dio lugar a la suscripción del contrato de obra
N°0167*2014*000144, el día 20 de octubre de 2014.

2.2. Para la interventoría de los contratos de obra en mención, la Gobernación del
Atlántico abrió el concurso de méritos No. GCS 001 de 2014, que tuvo por objeto
contratar la “Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para la
obra: construcción y dotación de 21 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en el
departamento del Atlántico”. El contrato de interventoría fue adjudicado al
Consorcio INTER-CDI, que resultó calificado en el primer lugar del orden de
elegibilidad; de esta manera se dio origen al contrato de interventoría
N°0167*2014*000147, suscrito el 22 de octubre de 2014, por valor de tres mil
novecientos veinticinco millones, trescientos ochenta y dos mil pesos m/cte
($3.925`382.000,oo) y un término de ejecución de diez (10) meses, según lo
pactado en la cláusula sexta del referido negocio.

2.3. El día 6 de noviembre de 2014 se suscribió el acta de inicio del contrato de
interventoría N°0167*2014*000147; en consecuencia, la terminación del
contrato, de acuerdo con su redacción inicial, debía tener lugar el día 6 de
septiembre de 2015. No obstante, el 6 de agosto de 2015 se suscribió entre las
partes el acta de suspensión No. 1, en la cual se dejó consignado que dicha
medida se adoptaba habida cuenta de la necesidad, expresada por la entidad
contratante, de realizarle ajustes a los diseños arquitectónicos iniciales de los
CDI.

2.4. El día 13 de octubre de 2015 se suscribió el acta de reinicio de actividades No.
1 del contrato de interventoría N°0167*2014*000147. Seguidamente, el día 13 de
noviembre de 2015, se suscribió el contrato adicional No. 1, a través del cual se
prorrogó por siete (7) meses el plazo de ejecución del contrato de interventoría
N°0167*2014*000147. Asimismo, el día 30 de diciembre de 2015 se suscribió el
segundo contrato adicional, mediante el cual se adicionó en seiscientos treinta y
seis millones sesenta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte
($636’066.833,oo) el valor inicialmente pactado en el contrato de interventoría
N°0167*2014*000147.

2.5.El día 16 de mayo de 2016 se suscribió el contrato adicional 3 -
N°0167*2014*000145*01*7- al contrato de interventoría N°0167*2014*000147,
documento mediante el cual se prorrogó por seis (6) meses el plazo de ejecución
de este último contrato. A su vez, el día 17 de noviembre de 2016 se suscribió el
contrato adicional 4 -N°0167*2014*000145*01*9- al contrato de interventoría
N°0167*2014*000147, mediante el cual se prorrogó por seis (6) meses el plazo
de ejecución del contrato inicial.

2.6. El 10 de abril de 2017 se suscribió el contrato adicional 5 -
N°0108*2017*000013- al contrato de interventoría N°0167*2014*000147,
mediante el cual se prorrogó por seis (6) meses más el plazo de ejecución del
contrato inicial y se adicionaron a éste trescientos ochenta y nueve millones,

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Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

seiscientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte
($389`677.884,oo). El día 7 de diciembre de 2017, a su turno, se suscribió el
contrato adicional 6 -N°0108*2014*000145*01*5-, mediante el cual se prorrogó
por seis (6) meses más el plazo de ejecución del contrato de interventoría
N°0167*2014*000147.

2.7.El día 10 de mayo de 2018 se suscribió el contrato adicional 7 -
N°0108*2014*000145*01*14- mediante el cual se prorrogó por siete (7) meses el
plazo de ejecución del contrato de interventoría N°0167*2014*000147.
Seguidamente, el día 14 de diciembre de 2018 se suscribió el contrato adicional
8 -N°0167*2014*000145*01*16-, mediante el cual se prorrogó por tres (3) meses
más el plazo de ejecución del contrato de interventoría N°0167*2014*000147.

2.8 El día 15 de marzo de 2019 se suscribió el contrato adicional 9 -
N°0108*2014*000145*01*18-, mediante el cual se prorrogó por tres (3) meses
más el plazo de ejecución del contrato de interventoría N°0167*2014*000147; y,
finalmente, el día 2 de julio de 2019, se suscribió el contrato adicional 10 -
N°0108*2014*000145*01*18-, mediante el cual se prorrogó por cinco (5) meses
más el plazo de ejecución del contrato de interventoría N°0167*2014*000147.

2.9 Como resultado de la suscripción de las referidas prórrogas al plazo del
contrato de interventoría N°0167*2014*000147, el plazo contractual inicial se
sextuplicó por razones enteramente ajenas al Consorcio INTER -CDI; ello llevó al
Consorcio a elevar a la entidad contratante, mediante comunicación CIC-ATL-
2019-296 de fecha 18 de septiembre de 2019, una solicitud de arreglo directo
para el restablecimiento de la ecuación económica del contrato de interventoría
N°0167*2014*000147, por valor de cuatro mil trescientos cuatro millones
seiscientos sesenta mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte ($4.304’660.189,oo).

2.10 Posteriormente, mediante comunicación CIC-ATL-2019-300 de fecha 7 de
octubre de 2019 -radicado No.20190500547842- el Consorcio INTER-CDI solicitó
a la entidad contratante la realización de una reunión entre las partes a fin de
lograr un acuerdo amistoso de conformidad con lo que en este sentido se
encuentra pactado en el contrato. A renglón seguido, mediante escrito de fecha
19 de noviembre de 2019 -radicado No.20190500647812 ante el Despacho del
Gobernador y radicado No.20190500647822 ante la Secretaría de
Infraestructura-, el Consorcio INTER- CDI solicitó nuevamente al Departamento
del Atlántico la realización de una reunión entre las partes a fin de lograr un
acuerdo amistoso.

2.11 El Departamento del Atlántico, a través de comunicación calendada el 26 de
febrero de 2020 -radicado No. 20201000002231- y suscrita por la Secretaria de
Infraestructura, no accedió a la solicitud de restablecimiento del equilibrio
económico del contrato de interventoría N°0167*2014*000147 pues, según se
indicó en el mencionado escrito, el requerimiento en tal sentido del Consorcio
resultaba “extemporáneo, impróspero e improcedente”.

2.12 Empero, en esa misma comunicación de fecha 26 de febrero de 2020, con
radicado No. 20201000002231, la Secretaria de Infraestructura Departamental
expresó respecto de las circunstancias que motivaron las sucesivas prórrogas al
plazo contractual, que “(T)ales adiciones se originaron en algunos casos por
demoras en la expedición de licencias de construcción y en otros casos por

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revisión de diseños de algunos CDI, conforme se dispuso en el documento de
adición, suscrito por las partes”; y allí mismo agregó que “(S)i bien las causas
que originaron los retrasos no encuentran su fundamento en hechos
imputables al contratista de interventoría, también es claro que cada prorroga
(sic) y/o extensión en tiempo que se dio dentro del contrato conto (sic) con el aval
del contratista”.

2.13 El día 3 de diciembre de 2019 se suscribió el acta de recibo final del contrato
de Interventoría N°0167*2014*000147.

2.14 Mediante comunicación de fecha 5 de febrero de 2021 el Consorcio INTER-
CDI le expresó a la entidad contratante que ya se habían realizado todas las
entregas finales tanto de los contratos de obra como del de interventoría, de tal
forma que se estaba a disposición del Departamento para llevar a cabo la
liquidación bilateral del contrato. En este escrito el Consorcio recordó que con la
liquidación del contrato el Departamento le debía pagar la suma de
$499’012.800,00 correspondiente al diez por ciento (10%) final del contrato según
lo estipulado en la cláusula primera del otrosí al contrato adicional No.5 del
contrato de Interventoría N°0167*2014*000147.

2.15 Mediante comunicación fechada el 7 de junio de 2021, el Consorcio INTER-
CDI formuló solicitud en ejercicio del derecho de petición a la entidad contratante
en el sentido de llevar a cabo la liquidación del contrato; empero, hasta la fecha
de presentación de la demanda el contrato de Interventoría N°0167*2014*000147,
no ha sido liquidado ni de común acuerdo entre las partes, ni de forma unilateral
por la entidad contratante.

3. Como fundamento de la pretensión de restablecimiento del equilibrio financiero
del contrato, la parte demandante expuso los siguientes argumentos:

3.1 El contrato No.0167*2014*000147 tuvo un incremento exponencial en su
término de ejecución, inicialmente previsto por 10 meses, a 61 períodos
mensuales, lo cual rebasa con creces las condiciones bajo las cuales se presentó
la oferta y se suscribió el contrato, sin que además resultara razonablemente
previsible dicha sextuplicación del plazo contractual. Además, los motivos que
dieron lugar a los diez contratos adicionales se originaron en circunstancias por
completo ajenas al Consorcio INTER-CDI y que no formaban parte de los riesgos
asumidos por el contratista de acuerdo con la matriz de riesgo definida tanto en
los estudios previos como en los pliegos definitivos.

3.2 Ello por cuanto los anotados motivos guardaron relación con variaciones o
modificaciones en el diseño de los CDI; con dificultades para la coordinación con
los distintos municipios en cuanto a la disposición de lotes aptos para la ejecución
de las obras; con la exigencia de obtención de licencias de construcción; con la
necesidad de coordinar con las empresas prestadoras de servicios públicos o con
la realización de mayores cantidades de obra. Y la referida matriz de riesgos
estableció que el riesgo derivado de la extensión del plazo de ejecución a causa
de exigencias de coordinación interinstitucional, como las aquí enunciadas, fue
asumido por la entidad contratante.

3.3 Por consiguiente, al no ser imputables al Consorcio tales circunstancias que
le implicaron la asunción de mayores costos por la provisión tanto de personal

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como de equipos por un plazo seis veces superior al ofrecido y que igualmente
le privaron de percibir la utilidad esperada, se ha producido una ruptura de la
ecuación económica del contrato que la entidad contratante tiene la obligación
tanto contractual4 como legal de restablecer; ello de conformidad con lo normado
por el numeral 1 del artículo 5, por los numerales 8 y 9 del artículo 8 y por el
artículo 27 de la Ley 80 de 1993, así como con base en lo preceptuado por el
artículo 85 de la Ley 1474 de 2011.

3.4 No obstante lo anterior, el departamento del Atlántico efectúo solo dos ajustes
al valor del contrato -adicionales 2 y 5 previamente mencionados- que
representaron un incremento no mayor del 31% de su valor inicial, el cual resultó
abiertamente insuficiente comoquiera que no permitió cubrir siquiera los costos
directos del negocio. Al proceder de este modo, la entidad contratante desconoció
que las circunstancias que generaron el desequilibrio no se encuentran
comprendidas dentro del alea normal del contrato, sino que comportaron una
afectación extraordinaria para el Consorcio contratista derivada especialmente
del ius variandi ejercido por el departamento del Atlántico, así como de la
materialización de riesgos contractuales que éste había asumido.

3.5 En la comunicación de fecha 26 de febrero de 2020 mediante la cual la entidad
contratante negó la solicitud de arreglo directo, adujo que al haberse presentado
la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato dos meses
antes de que venciera su plazo y después de haber firmado las diferentes
adiciones sin formular salvedad u observación alguna, el Consorcio INTER-CDI
desconoció el principio de buena fe y actuó de forma extemporánea. Al así razonar,
la entidad territorial asumió, de forma equivocada, que el Consorcio INTER-CDI
había renunciado tácitamente a reclamar el desequilibrio cuando ello nunca fue
así; desconoció que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el
hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes
suscriben para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del
estudio de fondo de reclamaciones como la que el Consorcio formuló en este
caso y no tuvo en cuenta que, de hecho, tal reclamación se elevó a la entidad
estando aún en ejecución el contrato. No se había presentado antes simplemente
porque se estaban consolidando y determinando los costos y afectaciones
económicas que la sextuplicación del plazo del contrato había producido.

3.6 Los recursos asignados por la entidad contratante para la ejecución del
contrato -esto es, la suma de cuatro mil novecientos cincuenta y un millones
ciento veintiséis mil setecientos diecisiete pesos ($4.951`126.717,00), incluidos
los valores reconocidos en los adicionales No. 2 y 5-, incluso de haberse
producido la ejecución según lo pactado, vale decir la construcción simultánea de
los 21 CDI, solamente alcanzaría para cubrir los costos de catorce (14) de los
sesenta y un (61) meses de ejecución que finalmente tuvo el contrato. Empero,
las condiciones de ejecución del contrato se dieron de manera muy diferente a lo

4 En ese orden de ideas, debe resaltarse lo estipulado en los literales b) y d) de la cláusula séptima del

contrato de interventoría No. 0167*2014*000147, los cuales textualmente rezan: “OBLIGACIONES DEL
DEPARTAMENTO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: (…) b) Cancelar el valor del Contrato
en la forma y términos establecidos en este contrato. (…) d) Asumir los riesgos que le correspondan, de
conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido de acuerdo con las reglas
del Proceso de Contratación”. Esta misma previsión es reiterada en idénticos términos en el numeral “IX.
RIESGOS” de los pliegos definitivos del concurso de méritos abierto GCS No.001 de 2014.

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Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

inicialmente pactado, pues el inicio y culminación de las obras en cada frente tuvo
lugar en momentos muy dispares5.

3.7 Habida cuenta de las condiciones en las que tuvo lugar la construcción de los
CDI y en aras de optimizar los recursos entregados por la entidad contratante
para la ejecución del contrato de interventoría, el Consorcio INTER-CDI realizó
un ejercicio de distribución de recursos en el tiempo, para cada uno de los rubros
que conformaban su propuesta. De este modo, en la medida en que la ejecución
de las obras lo permitía, se fueron optimizando tanto el personal como los equipos
de la forma que se evidencia en las pruebas documentales que acompañan la
demanda, siempre buscando la mayor cobertura en tiempo posible para bien del
desarrollo de los contratos de obra e interventoría. Gracias a esta redistribución,
los recursos alcanzaron a cubrir en promedio hasta el mes 21 de ejecución del
contrato de interventoría; de dicho mes en adelante y para evitar mayores
traumatismos al desarrollo del programa CDI, el Consorcio INTER-CDI tuvo que
afrontar con recursos propios los pagos de personal y demás costos directos para
que la obra pudiese continuar6.

3.8 Fruto de seguir los derroteros descritos en precedencia, al culminar la
ejecución del contrato de interventoría el valor total requerido para el efecto fue
de ocho mil quinientos veintiocho millones doscientos setenta y siete mil
cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte ($8.528’277.498,oo). De esta suma,
5 Así, se relata en este sentido por la parte demandante, lo siguiente:

• En el mes uno (1), noviembre de 2014, se dio el inicio en once (11) frentes de trabajo, los cuales
relacionamos a continuación: Mundo Feliz, Suan, Campo de la Cruz, Ponedera, Candelaria, Manga de Rubio,
Las Mercedes, Tubará, Repelón, Luruaco y Polo Nuevo.
• En el mes ocho (8), junio de 2015, iniciaron tres (3) frentes más: Los Almendros, Juan 23 y Colegio
Candelaria.
• En el mes veinticinco (25), noviembre de 2016, se terminaron actividades en tres (3) frentes: Mundo Feliz,
Manga de Rubio y Las Mercedes.
• En el mes veintiocho (28), febrero de 2017, se terminaron actividades en un (1) frente, Luruaco.
• En el mes treinta y uno (31), mayo de 2017, se iniciaron actividades en un (1) frente, Palmar de Varela.
• En el mes treinta y tres (33), julio de 2017, se iniciaron actividades en cinco (5) frentes; La Central,
Candelaria 2, Centenario, Villa Estadio y Los Robles.
• En el mes treinta y cinco (35), septiembre de 2017, se iniciaron actividades en el último frente, Santo Tomás.
• En el mes cincuenta y tres (53), marzo de 2019, se terminaron actividades en un (1) frente de trabajo,
Palmar de Varela.
• En el mes cincuenta y cuatro (54), abril de 2019, se terminaron actividades en cinco (5) frentes; La Central,
Candelaria 2, Centenario, Villa Estadio y Los Robles.
• En el mes sesenta y uno (61), noviembre de 2019, se terminaron actividades en el último frente de trabajo
Santo Tomás.
6 Así, por ejemplo, en relación con uno sólo de los rubros que debía ser atendido por la interventoría, el

consistente en proporcionar ingenieros civiles o arquitectos residentes, la redistribución se explicó en la
demanda del siguiente modo -la demanda incluyó el detalle de la forma como se buscó la optimización de
recursos expuesta por la parte actora, para cada una de las prestaciones contractuales-: de conformidad
con la propuesta económica y según se estableció en los estudios previos y pliegos de condiciones
definitivos, se tenía previsto el ingreso de veintiún (21) residentes, es decir uno para cada frente, durante
nueve (9) meses, considerando que la duración del contrato inicialmente pactada era de diez meses y que la
ejecución de los veintiún frentes se debía dar de manera simultánea.
Pero teniendo en cuenta que las condiciones de ejecución de las obras resultaron diferentes de lo pactado
inicialmente en el contrato, se incorporaron residentes según se fueron dando las condiciones necesarias
para el inicio de obra en cada frente. Así, el Consorcio se vio en la obligación de optimizar la dedicación para
dichos profesionales a partir del mes 22, agosto de 2016, de suerte que quienes asumieron esta labor, en
algunos casos brindaron su apoyo profesional en más de un frente de trabajo. Esta situación se presentó -
según se explica en la demanda- en los siguientes frentes de trabajo: Mundo Feliz, Manga De Rubio, Las
Mercedes, Tubará, Repelón, Luruaco, Polo Nuevo, Los Almendros, Juan 23, Colegio Candelaria, Palmar De
Varela, La Central, Candelaria 2, Centenario, Villa Estadio, Los Robles, y Santo Tomás.
Con esta forma de proceder se buscó reducir costos de operación y, por ende, aminorar la afectación
económica que la extensión del plazo acarreó, teniendo en cuenta que para la correcta ejecución del objeto
del contrato de interventoría, este personal resultaba necesario e imprescindible.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

al contrato se incorporaron únicamente cuatro mil novecientos cincuenta y un
millones ciento veintiséis mil setecientos diecisiete pesos m/cte
($4.951’126.717,oo), de suerte que quedó pendiente por reconocer la suma de
tres mil quinientos setenta y siete millones ciento cincuenta mil setecientos
ochenta y un pesos m/cte ($3.577´150.781,oo); dicha cifra, con el soporte del
perito financiero, se actualizó con el IPC acumulado a diciembre de 2021, en
cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos veintiún mil doscientos
sesenta y un pesos m/cte ($465`921.261,oo), para alcanzar un total de cuatro mil
cuarenta y tres millones setenta y dos mil cuarenta y dos pesos m/cte
($4.043`072.042,oo). Este monto es el que en las pretensiones se reclama como
daño emergente o valor de gastos no reconocidos, debidamente actualizado.

3.9 De conformidad con lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato No.
0167*2014*000147, “VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO”, la entidad
contratante ha realizado 16 pagos parciales, el último de ellos por ciento
cincuenta y ocho millones ciento veintiún mil seiscientos noventa y tres pesos
m/cte ($158’121.693,oo), cuyo periodo de facturación fue del 1 de febrero de
2016 al 31 de marzo de 2017 (14 meses). Al momento de ser presentada la
demanda, no ha sido pagado el diez por ciento (10%) del valor del contrato, esto
es la suma de cuatrocientos noventa y nueve millones doce mil ochocientos
pesos m/cte ($499’012.800,oo), que debían ser pagados con la liquidación del
contrato.

3.10 Para la obtención del lucro cesante se procedió a calcular, inicialmente, la
utilidad que debió generar el monto de los gastos no reconocidos en los cuales
incurrió el Consorcio en cada uno de los periodos ejecutados (mes 17 a mes 61
de ejecución del proyecto), con la precisión en el sentido de que en la
estructuración de la propuesta inicial se estableció que se obtendría como utilidad
un margen del 15% del valor subtotal de los costos de personal. El anterior
cálculo entregó un valor de utilidad de ciento cincuenta y ocho millones
doscientos noventa y siete mil catorce pesos m/cte ($158`297.014,oo), al que se
sumó el rendimiento financiero del doce por ciento (12%) efectivo anual (EA), que
equivale a veintiocho millones ochocientos nueve mil nueve pesos m/cte
($28’809.009,oo). Este valor se actualizó a diciembre de 2021 con el IPC
acumulado a esa fecha y ello arrojó la suma de doscientos diez millones
quinientos treinta y dos mil trescientos setenta y dos pesos m/cte
($210’532.372,oo). Estos cálculos aparecen soportados en el dictamen pericial
financiero que acompaña la demanda.

B. Posición de la parte demandada

4. El Departamento del Atlántico se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda por considerar, en primer lugar, que ha actuado en estricto
cumplimiento de la ley y, en segundo término, que se echa en falta una
estimación de perjuicios debidamente sustentada por el accionante. Propuso las
siguientes tres excepciones:

4.1. La excepción que denominó “inexistencia de las causales que configuran el
desequilibrio económico del contrato” y fundamentó en que la doctrina y la
jurisprudencia nacionales han identificado como factores determinantes del
desequilibrio económico del contrato (i) el hecho del príncipe, (ii) las potestas
variandi y (iii) la teoría de la imprevisión. Y en que las circunstancias expuestas

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Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

por el consorcio demandante que a juicio de éste configuran un desequilibrio en
la ecuación contractual, no se adecuan a ninguna de las tres mencionadas figuras
en la medida en que no responden a decisiones de la administración de
naturaleza general que hubieran incidido en el contrato, afectándolo
financieramente; en modo alguno las adiciones son producto del ejercicio de
cláusulas exorbitantes por parte de la administración; y, por último, tampoco se
trató de situaciones imprevistas y exógenas a las partes, pues “como lo afirma el
consorcio accionante en su demanda, la situaciones que dieron lugar a las
adiciones fueron previsibles desde la matriz de riesgos diseñada en la fase
precontractual, además de que en el mismo contrato se previó la posibilidad de
adicionarlo de común acuerdo entre las partes”.

4.2 Por el contrario, reseñó la entidad territorial demandada que las adiciones al
contrato inicial, en tiempo y en valor, fueron actos jurídicos bilaterales,
consensuados y aceptados por ambos extremos contractuales, en los que imperó
la autonomía de la voluntad de contratante y contratista y ha de presumirse la
buena fe y la inexistencia de vicios que afecten el consentimiento de las partes.
Por ello el Departamento reprocha que el contratista pretenda desconocer estos
principios, prácticamente a la altura de la finalización del plazo contractual, con
una reclamación por supuesto desequilibrio económico respecto de la cual
guardó silencio durante la ejecución del contrato, lo que supone irrespetar su acto
propio y desconocer el principio de buena fe contractual.

4.3 En segundo lugar, propuso la excepción que tituló “inexistencia de
desequilibrio económico en el contrato bajo la tesis de la oportunidad de las
reclamaciones imperante en la jurisprudencia del Consejo de Estado al momento
de los hechos”. Expuso la accionada que las prórrogas y adiciones al contrato se
originaron en algunos casos por demoras en la expedición de licencias de
construcción y en otros por revisión de diseños de algunos CDI, “causas que
originaron los retrasos no encuentran su fundamento en hechos imputables al
contratista de interventoría”. No obstante, frente a cada adición el Consorcio
manifestó su consentimiento y se mostró conforme con las condiciones
establecidas en cada uno de estos actos jurídicos bilaterales, sin exteriorizar
objeción alguna.

4.4 Ese proceder del contratista debe ser analizado a la luz de la tesis imperante
en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado al momento en
que se presentaron las suspensiones, adiciones o prórrogas al contrato de
interventoría, tesis según la cual la procedencia de las reclamaciones efectuadas
por el contratista por causa del desequilibrio financiero debían realizarse en
oportunidad, es decir, en cada acto bilateral suscrito por las partes. Sin embargo,
incluso bajo la nueva tesis jurisprudencial que permite estudiar tales reclamos
aun si no se realizaron al momento de la adición respectiva, también deberían
estimarse imprósperos los del Consorcio accionante en este caso, toda vez que
según esa nueva postura lo importante es auscultar la intención de las partes con
base en su comportamiento contractual y teniendo como parámetro tanto la
buena fe negocial como el respeto por el acto propio.

4.5 En tercer lugar, planteó la excepción llamada “indemostración (sic) de los
perjuicios presuntamente causados al demandante”. Expuso la demandada que
el dictamen pericial aportado con la demanda “no es un medio de prueba fidedigno
que refleje que ciertamente el personal destinado por el contratista interventor

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

haya estado dedicado exclusivamente para la ejecución del contrato durante todo
el plazo de ejecución”. Señala que la experticia realizó “un ejercicio de proyección
en el tiempo” con base en variables como son los meses que duró la ejecución
del contrato -sesenta y uno-, “el personal que presuntamente estuvo dedicado a
la ejecución del contrato y los valores de sus honorarios o remuneración, pero
ello no es prueba de la real dedicación constante y exclusiva de ese personal en
las labores de la interventoría”.

4.6 El Departamento del Atlántico recordó que la forma de pago al interventor
convenida en el contrato fue de acuerdo con los avances de obra del contratista
de obra y teniendo en cuenta la entrega de un anticipo del treinta por ciento
(30%), el cual se amortizaría en las actas de avance. Y subrayó que en ninguna
de las 16 actas parciales presentadas por el interventor para obtener los
correspondientes pagos, como tampoco en el acta de recibo final, aparece
discriminada mayor permanencia o dedicación de personal del interventor que
desbordara lo costeado en el presupuesto o valor inicial del contrato, más el valor
añadido en los contratos adicionales No. 5 y 10.

C. Actuación procesal relevante en la primera instancia.

5.1 Mediante auto del 1 de diciembre de 20227 se fijó como fecha para la audiencia
inicial el día 1 de febrero 2023; una vez instalada dicha audiencia, se puso en
conocimiento de la parte actora la propuesta de conciliación parcial presentada
por el Departamento del Atlántico, propuesta que fue aceptada por la
demandante. De igual forma, el agente del Ministerio Público manifestó que la
propuesta se apegaba al ordenamiento jurídico8.

5.2 Posteriormente, el despacho sustanciador, mediante auto calendado el 21 de
abril de 2023, resolvió diferir para la sentencia el pronunciamiento respecto de la
aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio parcial logrado por las partes9.
Esta providencia fue impugnada a través del recurso de reposición por la parte
demandante, que solicitó que no se postergara la adopción de la decisión de
fondo respecto de la aprobación del acuerdo conciliatorio y que el punto fuese
resuelto en esa etapa en la que entonces se encontraba la tramitación del
expediente10; dicha solicitud del accionante fue respaldada por el agente del
Ministerio Público11.

5.3 El magistrado ponente en el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico,
mediante auto del 30 de junio de 2023, acogió los argumentos tanto del
recurrente como del Ministerio Público y revocó el auto fechado el 21 de abril de
2023. Corolario de ese pronunciamiento, la Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal
Contencioso Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 14 de
septiembre de 2023, aprobó el acuerdo conciliatorio parcial logrado por las
partes, por considerar que cumple con los requisitos tanto legal como
jurisprudencialmente exigidos. En la parte resolutiva de este proveído se dispuso:

7 Índice No. 00002 de Samai, archivo 22ed_12autofijafechaaudie
8 Índice No. 00002 de Samai, archivo 64ED_Audiencia _17AudienciaInicial_P(.mp4)
9 Índice No. 00002 de Samai, archivo 35ED_28AutoDifiereConcili(.pdf)
10 Índice No. 00002 de Samai, archivo 41ED_33RecursoDeReposicio(.pdf)
11 Índice No. 00002 de Samai, archivo 42ED_34MinisterioPublicoD(.pdf)

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio parcial logrado entre el
CONSORCIO INTER-CDI y el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, durante la
Audiencia Inicial celebrada el primero (1) de febrero del dos mil veintitrés (2023),
respecto a la pretensión: “…PRIMERA: Que se realice la liquidación judicial del
contrato de interventoría No. 0167*2014*000147 y se reconozca al
CONSORCIO INTER-CDI la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($499.012. 800.oo)
correspondiente al diez por ciento (10%) final del contrato según lo estipulado
en la cláusula primera del otrosí al contrato adicional No.5 del contrato de
Interventoría N°0167*2014*000147. Suma que deberá pagarse con intereses
moratorios cuya causación comenzará a correr desde la fecha de presentación
del informe final.”, en los términos indicados en la certificación de fecha treinta
(30) de enero del dos mil veintitrés (2023) expedida por la Secretaria Técnica
del Comité de Conciliación del Departamento del Atlántico que obra en el
expediente digital.
SEGUNDO: El presente medio de control continuará su trámite respecto a las
demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: Por Secretaria EXPEDIR copia de la presente providencia y del
acta de la audiencia inicial del primero (1) de febrero de dos mil veintitrés (2023),
con las precisiones establecidas en el artículo 114 del CGP, las cuales serán
entregadas al apoderado de la parte demandante.

5.4 Teniendo en cuenta que respecto de la pretensión primera de la demanda las
partes arribaron a un acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal a quo
mediante providencia ejecutoriada y que, por consiguiente, se trata de un extremo
de la controversia que quedó definido en esa sede, respecto de esta pretensión
no habrá lugar a emitir pronunciamiento alguno en la presente providencia.

D. Sentencia recurrida

6. Ensentencia proferida el 5 de marzo de 2024, el Tribunal Contencioso
Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda al no encontrar
demostrada alguna de las causales conducentes a la fractura del equilibrio
económico del contrato. En el citado pronunciamiento se dispuso:

PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad con las
consideraciones expuestas en parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante, por
las razones expuestas.
TERCERO.- Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.

A esta decisión arribó con apoyo en los argumentos que a continuación se
sintetizan:

6.1 Los elementos de prueba arrimados al expediente permiten establecer que
desde el inicio del proceso de concurso de méritos que antecedió a la celebración
del contrato en el que se origina esta controversia, se determinó que la
interventoría se encontraría delimitada por un valor y plazo estimados, toda vez
que su término de ejecución estaría supeditado a la duración del contrato de obra.
Además, de la sola lectura tanto de los estudios previos a la apertura del concurso
como del proyecto de pliego de condiciones, los participantes en el proceso de
selección podían conocer los riesgos subyacentes al contrato de interventoría;
esa circunstancia debía anudarse a que, entre las obligaciones del interventor,
se incluía la de disponer siempre de un equipo de trabajo mínimo, de suerte que

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en caso “de requerir más personal para cumplir sus labores, en los términos
pactados, debía contratarlo a su cuenta y riesgo, sin que ese hecho implicara
mayores costos que pudieran ser causa de reclamación ante la administración”.

6.2 No hay duda en cuanto a que la falta de estudios y diseños o las deficiencias
de los mismos, al igual que circunstancias como el cambio en las cantidades de
obra o en las especificaciones técnicas pactadas para la construcción de los CDI,
afectaron el adecuado desarrollo de las obras y se originaron en la inobservancia
de la obligación, a cargo del ente territorial, de honrar el deber de planeación.
Empero, ha indicado el Consejo de Estado que lo anterior no obsta para subrayar
que al proponente también le asistían deberes de diligencia, cuidado y seriedad
en la etapa previa a la celebración del contrato, pues su participación en el
proceso de selección parte de la premisa de la experiencia y del conocimiento
que ostenta. Por tanto, al Consorcio demandante le correspondía también la
carga de estructurar su propuesta económica sobre la base de constatar, con
suficiente diligencia y cuidado, los distintos factores que pudieran tener incidencia
en los costos que se vería abocado a enfrentar.

6.3 En ese contexto, el Consorcio INTER-CDI actuó sin la pericia y la diligencia
debidas al estructurar su propuesta pasando por alto que el plazo de 10 meses
primigeniamente calculado, era insuficiente para ejecutar el objeto de los
contratos de obra, pues debió prever que la construcción de los CDI se iba a
extender por mayor tiempo y, por ende, también el contrato de interventoría. Lo
expuesto cobra mayor peso si se tiene en cuenta que, a la firma del contrato, se
estipuló como declaración del contratista que “…acepta la asignación de riesgos
que resultaron dentro del Proceso de Selección y que además, consideró en su
propuesta económica la asunción de tales riesgos…”12.

6.4 En cuanto al silencio o la ausencia de salvedades o de reclamaciones por
parte del Consorcio demandante al momento de suscribir los contratos
adicionales que fueron celebrados en el presente caso, la sentencia de primera
instancia expresó que

… de conformidad con la Sentencia de Unificación del 27 de julio de 2023
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y que
puntualiza los efectos que produce la ausencia de salvedades, cuando se firman
suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos
adicionales u otrosíes, no se desentraña que durante la fase de ejecución del

12 En cuanto a la matriz de riesgos en el presente caso, la sentencia de primera instancia expresó, de manera

que se prefiere transcribir por cuanto resulta confusa, lo siguiente:

… se consignó el riesgo denominado: “Riesgos del contrato ocasionado a causa de la coordinación
interinstitucional, cuando el departamento y/o interventor dependen de decisiones de otras entidades
oficiales, se refiere a los mayores costos asumidos por el interventor debido a demoras ocasionadas por
otras entidades públicas. Riesgo que asume el departamento”- “Demora en el inicio de la ejecución del
contrato”, entonces, muy difícilmente se puede argüir como lo hizo la parte demandante, de estar en
presencia de un panorama imprevisible e incierto; habiendo quedado en el plano de la voluntad del
CONSORCIO INTER CDI, la libre decisión de acogerse a los mismos y su contención.
(…)
… está comprobado, que esa posibilidad -el riesgo de “Demora en el inicio de la ejecución del contrato”- no
era reservada de que pudiera ocurrir, esto es, no se devela que se tratara de un hecho extraordinario,
imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes, entre estas del CONSORCIO INTER CDI que expresó
libremente su voluntad de anuencia respecto del impacto nocivo que ese riesgo pudiera acarrear,
con la suscripción del contrato y sus posibles adicciones (sic) (énfasis añadido).

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Contrato de interventoría No. 0167*2014*000147, las partes hayan querido
regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula mediante demanda.

6.5 Súmese a lo anterior que la prolongación del plazo contractual no fue una
consecuencia imputable únicamente a una conducta de la administración
originada en una posible indebida planeación previa a la convocatoria al concurso
de méritos, sino que fue de igual manera el efecto de solicitudes de prórroga
realizadas por la parte demandante como interventora, a fin de colaborar con el
buen desarrollo de los contratos de obra.

6.6 No se demostró la configuración de un supuesto de ejercicio de su ius variandi
por parte del Departamento del Atlántico en el presente caso, de manera que
surgiera en favor del contratista el derecho al restablecimiento del equilibrio
económico del contrato, más aun si se toma en consideración que en el de
interventoría, como modalidad del contrato estatal de consultoría, está
legalmente proscrita la posibilidad de incluir potestades excepcionales. Las
modificaciones, prórrogas, adiciones y otrosíes al contrato inicial surgieron a la
vida jurídica en virtud de la libre autonomía de la voluntad de las partes y no por
la imposición o el ejercicio de potestades exorbitantes por parte del ente territorial.

6.7 En cuanto al dictamen pericial aportado con la demanda, debe partirse del
hecho de que fue elaborado con base en la información suministrada por la parte
demandante; además, se echa de menos que en la relación de documentos que
fueron analizados por la perito, se hubieran tenido en cuenta los pliegos de
condiciones del concurso de méritos abierto GCS No. 001 de 2014 y sus estudios
previos, pues ellos habrían permitido a la experta concluir que la extensión en el
plazo del contrato de interventoría era susceptible de acaecer, siempre que el
contrato de obra estuviera ejecutándose, como en efecto ocurrió y sin que ello
necesariamente conllevara la constitución de un presupuesto oficial distinto al
acordado.

6.8 La demanda expuso que el personal vinculado por el Consorcio INTER-CDI
brindó su apoyo profesional en más de un frente de trabajo, pero eso no lo
relacionó la perito, cuyo trabajo no explicó cómo el personal era distribuido y fue
optimizada su labor en las actividades de interventoría. El dictamen no permite
establecer el porcentaje de permanencia de los profesionales que formaron parte
de la ejecución del contrato, como tampoco su desempeño exclusivo; en
definitiva, el dictamen de marras no posibilita saber si los gastos en que incurrió
el Consorcio contratista durante la ejecución del contrato, incidieron
negativamente en el resultado de sus utilidades o pérdidas, para colegir que la
ecuación económica del contrato se afectó gravemente, ausencia de prueba que
impide despachar favorablemente las pretensiones de la demanda;

E. Recurso de apelación

7.La parte demandante solicitó la revocatoria de la decisión referida en el
apartado anterior, con fundamento en los siguientes reparos:

7.1. El a quo sí constató que las adiciones se debieron, como fue abiertamente
reconocido por la entidad contratante, a “demoras en el trámite y expedición de
las licencias de construcción en algunos de los frentes por parte de las alcaldías
municipales, revisión y modificación en el diseño arquitectónico de los CDI´s,

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inconvenientes en los predios o lotes por no tener área suficiente para la
construcción de CDI, estando en ocasiones interceptado o no corresponder el
lote al dispuesto por la administración municipal y/o, más tiempo de ejecución por
incremento de cantidades de obra”. Verificado lo anterior y establecido que no
resultaba ni jurídica ni contractualmente posible atribuirle estas circunstancias al
contratista interventor, la sentencia debió ahondar en las implicaciones de esta
conclusión sobre la ecuación contractual, en claro detrimento del Consorcio
demandante, pero la providencia impugnada omitió hacerlo.

7.2 En segundo lugar, el Tribunal desarrolló la tesis según la cual las adiciones No.
2 y No. 5, en las que además de tiempo se contempló un ajuste del valor del
contrato de interventoría, fueron el resultado de mayores cantidades de obra
definidas para los contratos de obra y, corolario de ello, concluyó que las
restantes adiciones al contrato de interventoría estuvieron desprovistas de
ajustes económicos porque los contratos de obra no presentaron adiciones en
su presupuesto.

7.3 No es cierta la premisa según la cual solo a mayor cantidad de obra se genera
un incremento de labor para el interventor que deba ser reconocido
económicamente. La labor de la interventoría reposa fundamentalmente en la
dedicación horas/hombre de su personal especializado; de tal forma que la
mayor o menor ejecución de obra per se no genera un impacto directo en los
costos de dicho personal, ni mucho menos se convierte en factor excluyente de
tal reconocimiento, como así lo concluyó el Tribunal. Los principales costos de la
interventoría se derivan de la nómina y a ella se suman algunos otros gastos
administrativos y operativos, no de las mayores o menores cantidades de obra
ejecutadas en el contrato o contratos que se supervisan.

7.4 Está probado en el expediente que el Consorcio demandante contribuyó de
manera decidida a la buena marcha y finalización de los contratos de obra; los
21 CDI se terminaron y fueron entregados en debida forma. Por otra parte, no fue
nunca puesto en tela de juicio que la parte actora cumplió cabalmente con sus
obligaciones contractuales, jamás la entidad contratante hizo alguna
manifestación en sentido contrario. Lo que ocurrió en este caso, pero el Tribunal
rehusó declararlo, fue un evidente problema de planeación por entero atribuible
a la entidad contratante, sumado a la labor de un contratista interventor que
adelantó las actividades a su cargo más allá de todo deber de colaboración
exigible, al punto que se vio gravemente afectado en lo económico.

7.5 El Tribunal estableció la premisa no probada de acuerdo con la cual los precios
de la propuesta del Consorcio demandante no fueron establecidos con la
suficiente “diligencia y cuidado”; no obstante, dicho ofrecimiento fue calificado en
primer lugar en el orden de elegibilidad por parte de la entidad contratante, de
suerte que asumir que la oferta se formuló mal por parte del contratista no solo
adolece de asidero probatorio, sino que conllevaría asumir que la entidad
contratante hizo una incorrecta evaluación de la propuesta y, por ende, una
indebida adjudicación del contrato.

7.6 Sostener, como se hace en la sentencia apelada, que el contratista debió
haber calculado en su propuesta económica el riesgo a cargo de la entidad
contratante, para además concluir que el Consorcio debe asumir los efectos
adversos derivados de la demora en el inicio de la ejecución del contrato, resulta

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no solo contrario a derecho y al régimen de asignación de riesgos contractuales,
sino completamente desproporcionado. Las causas que el propio ente territorial
reconoció como origen de la referida tardanza y de la necesidad de celebrar los
contratos adicionales, están asignadas dentro de la matriz de riesgos a la entidad
contratante, por formar parte de su ineludible deber de planeación;
contrariamente a lo expuesto por el a quo, esto sí constituye una clara
manifestación del ius variandi.

7.7 Y es que el Tribunal entendió, desacertadamente, que el ius variandi se
manifiesta solo en el ejercicio de potestades exorbitantes, pese a que copiosa
jurisprudencia del Consejo de Estado precisa que también es una manifestación
del referido ius variandi “la existencia de actos o hechos de la entidad
administrativa contratante, como cuando no cumple con las obligaciones
derivadas del contrato o introduce modificaciones al mismo sean estas abusivas
o no”, tal como está probado que sucedió en el presente caso.

7.8 Resulta errada la conclusión del Tribunal en el sentido de que la intención del
Consorcio interventor al suscribir las adiciones fue la de lograr que se culminaran
las obras que supervisaba, sin importarle los costos y su utilidad económica. Está
suficientemente probado en el plenario que el contratista solicitó ante su
contratante el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estando este
aún vigente y en ejecución; así las cosas, mal podía deducirse que su intención al
suscribir las adiciones o prórrogas implicó una renuncia a sus utilidades.

7.9 Así lo puso de presente en su declaración el representante legal del Consorcio
-cuyo dicho fue aceptado por la demandada dado que no formuló
contrainterrogatorio al declarante ni lo controvirtió en su escrito de alegatos de
conclusión-, quien expuso que el desequilibrio se planteó a la demandada
prácticamente desde que se evidenciaron los problemas graves al inicio de la
ejecución contractual, pero los otrosíes que maneja la entidad territorial
accionada son formatos prestablecidos que no permiten incluir comentarios de
ningún tipo. Y se añadió en esa declaración que en las actas de comité nunca se
dejó constancia del tema, porque obviamente a nadie le convenía dentro de la
entidad que salieran a flote los problemas derivados de la falta de planeación.
Además, siempre se le dijo al Consorcio que estos asuntos se abordarían en la
liquidación del contrato.

7.10 Resulta contradictorio que el Tribunal negara las pretensiones de la demanda
a pesar de sostener que “no se desentraña que durante la fase de ejecución
del Contrato de interventoría No. 0167*2014*000147, las partes hayan
querido regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula mediante
demanda”. Con esta aseveración el a quo acepta que las prórrogas o adiciones
al contrato inicial no tuvieron como propósito regular o resolver los asuntos que
dieron lugar al reclamo formulado por parte del contratista interventor, lo que
debió abrir paso a que se estudiara y accediera a la solicitud de restablecimiento
de la ecuación contractual.

7.11 Fue igualmente desacertado que la sentencia impugnada privara de mérito
demostrativo al dictamen pericial; éste, en primer lugar, sí tuvo en cuenta los
documentos del proceso de selección del contratista, de forma que erró el
Tribunal al asegurar lo contrario. En segundo término, no se tuvo en cuenta la
sustentación del dictamen pericial efectuada en audiencia celebrada el 12 de

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agosto de 2023, pues allí la perito, de forma didáctica y clara, explicó por qué su
trabajo no es un “mero ejercicio matemático”, sino que constituyó una labor de
verificación de erogaciones reales, contrastadas con la oferta, con lo pactado en
el contrato y con las condiciones reales en las que tuvo lugar la ejecución de este
último.

F. Trámite en segunda instancia

8. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 14 de agosto de 202413.

II. CONSIDERACIONES

G. Oportunidad de la demanda.

11.1 La demanda que dio inicio al presente proceso fue incoada a través del medio
de control de controversias contractuales; la oportunidad de su presentación
debe ser estudiada con base en lo establecido en el apartado v) del literal j) del
numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA14. Esta disposición es aplicable
en el caso sub judice por cuanto las partes suscribieron, el 6 de noviembre de
2014, el contrato de interventoría No. 0167*2014*00014715 que, por ser de tracto
sucesivo, requiere de liquidación según las voces del artículo 60 de la Ley 80 de
1993.

11.2 En ese orden de ideas, el contrato de interventoría de marras tenía una
duración inicial de 10 meses, que se computó a partir del 6 de noviembre de
2014, fecha de la suscripción del acta de inicio16; empero, como consecuencia
de la suspensión de que fue objeto y de las sucesivas adiciones que se firmaron
a lo largo de su ejecución, el contrato finalizó el 3 de diciembre de 2019, con la
suscripción del acta de recibo final por parte de ambos extremos de la relación
contractual17. La cláusula décimo octava del contrato previó que, para su
liquidación bilateral, se recurriría a lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de
200718; así las cosas, las partes tenían hasta el 4 de abril de 2020 -día siguiente
a la terminación del contrato, más 4 meses- para realizar la liquidación bilateral.
13 Índice 00004 de Samai.
14 Este precepto dispone:

Artículo 164.Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
(…)
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la
administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del
vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4)
meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la
disponga…
15 Indice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_3_Contrato_Interventoria.pdf
16 Idem, folio 12.
17 Indice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_38_Acta_Recibo_Final
18 Que preceptúa lo siguiente:

Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden
las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

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11.3 Empero, toda vez que no se efectuó la liquidación bilateral, el Departamento
del Atlántico contaba con 2 meses más para llevar a cabo la liquidación unilateral,
término que finalizó el 4 de junio de 2020; en consecuencia, esa es la fecha de
expiración del plazo para liquidar el contrato, de manera que desde el 5 de junio
de 2020 debe iniciarse el cómputo del término de caducidad de dos (2) años.
Habida cuenta de que la demanda fue presentada el día 18 de abril de 202219,
se evidencia que su instauración tuvo lugar de manera oportuna.

H. Sentido de la decisión

12. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda por cuanto no se configuró en el presente caso
alguno de los supuestos conducentes a la ruptura del equilibrio financiero del
contrato ni la entidad contratante incurrió en incumplimiento contractual.

I. Los efectos del silencio del Consorcio demandante frente a los
contratos adicionales, respecto de la reclamación de restablecimiento
de la ecuación contractual que posteriormente planteó en sede
judicial.

13. En el presente caso se celebraron varios contratos adicionales que
prorrogaron el plazo o el valor del negocio jurídico inicial, ante los cuales el
contratista no presentó reclamación o hizo salvedad al momento de la suscripción
de cada adicional; con posterioridad, adujo que las referidas modificaciones
contractuales generaron la fractura de la ecuación contractual en detrimento
suyo. Por su parte, la entidad contratante entiende que el silencio de su
cocontratante obedeció a que toda eventual diferencia entre las partes quedó
zanjada precisamente con la celebración de los mencionados contratos
adicionales, de manera que resultan improcedentes las reclamaciones
presentadas por el Consorcio INTER-CDI.

14. En escenarios como el descrito el juez está abocado a atender a las exigencias
que se consignaron en la sentencia de unificación jurisprudencial en la cual la
Sala Plena de la Sección Tercera definió los parámetros con base en los cuales
debe ser analizado el alcance de tales otrosíes y contratos adicionales 20, que no
son otros diversos de la realización, caso por caso, de un estudio respecto de los
alcances de cada pacto, atendida la intención de las partes, sin que pueda
asumirse de antemano que el silencio de una de ellas en los acuerdos
modificatorios, contratos adicionales u otrosíes, constituyó per se una renuncia
automática e inmediata a la posibilidad de formular posteriores reclamaciones.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 136 del C.C.A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada
en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.
19 Indice 00002 de Samai, archivo 9ED_04CorreoRemisoriopdf(.pdf)
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2023, expediente, 05001-

23-31-000-1999-02151-01 (39121), CP Guillermo Sánchez Luque.

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15. Así pues, de conformidad con lo indicado en la providencia de unificación en
comento, debe el sentenciador analizar, respecto de los contratos modificatorios,
el alcance de lo acordado previamente por las partes; el contexto en el que se
produjo la negociación; el iter recorrido de forma previa a la suscripción de cada
acuerdo o el alcance de los tratos y conversaciones preliminares, entre otros
factores que, lejos de resultar indiferentes, integran y orientan la interpretación
del negocio, al punto de servir como medios eficaces para descifrar la intención
de las partes, como lo prevén los artículos 1618 y siguientes del Código Civil, así
como los artículos 23 y 28 de la Ley 80 de 1993.

16. En el marco de los derroteros reseñados, como ha sucedido en algunos casos
decididos por esta Sala en los que se accedió a las pretensiones de la demanda
pese al silencio de las partes frente a la consignación de salvedades u
observaciones respecto de contratos adicionales21, el juez al interpretar tales
acuerdos modificatorios puede encontrar que la voluntad de las partes se limitó
a facilitar la ejecución del contrato, sin que se regularan asuntos relativos al
incumplimiento o al desequilibrio contractual. Esta distinción resulta trascendental
pues, a partir de ella, el juzgador debe determinar si en realidad el contrato
adicional refleja que las partes tuvieron la intención de resolver de manera
definitiva un conflicto existente entre ellas22.

17. Descendiendo los anteriores planteamientos al asunto sub examine, forzoso
resulta concluir que el silencio guardado por el Consorcio INTER-CDI al momento
de la celebración de los acuerdos modificatorios del contrato de interventoría
N°0167*2014*000147, no supuso renuncia por su parte a la formulación de
reclamaciones posteriores por considerar roto el equilibrio económico del
contrato23, como en efecto las plantearía con posterioridad, tanto en sede
administrativa directamente ante la entidad territorial contratante, como en
instancia jurisdiccional al incoar la demanda que dio origen al presente litigio. De
dichos silencios tampoco tiene por qué desprenderse la improcedencia o la
implausibilidad jurídica de tales reclamaciones.

21 Nota original: Cfr. Consejo de Estado, Subsección B, sentencia de 5 de mayo de 2020, Rad. 42.962

[fundamento jurídico 13.5]. subsección C, sentencia de 20 de noviembre de 2020, Rad. 38.097
[fundamento jurídico 12-18], Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, Rad. 46.726 [fundamento
jurídico 3.3.3], sentencia de 7 de mayo de 2021, Rad. 43.055 [fundamento jurídico 3.1].
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de julio de 2023, expediente, 05001-
23-31-000-1999-02151-01 (39121), CP Guillermo Sánchez Luque.
23 En este sentido, conviene tener en cuenta dos consideraciones relevantes: (i) en los dos contratos

adicionales en los cuales se previó un incremento del valor inicial de la interventoría -adicionales No. 2 y No.
5- de forma escueta se indicó que dicho incremento tuvo como fundamento la extensión del plazo de la
interventoría por siete (7) meses acordada en el adicional No. 1, como consecuencia de “la necesidad de
ejecutar mayores y menores cantidades de obra e ítems nuevos” en los contratos de obra vigilados -
cláusulas segunda, tercera y cuarta del adicional No. 2-; y, en el caso del adicional No. 5, a raíz de la prórroga
del plazo inicial de la interventoría por otros seis (6) meses acordada en el contrato adicional No. 3, derivada
de la necesidad de ejecutar “mayores cantidades y obras adicionales” en los contratos de obra vigilados -
cláusulas quinta y sexta del contrato adicional No. 5-. Recuérdese, no obstante, que el plazo de ejecución
del contrato de interventoría terminó extendiéndose a los sesenta y un (61) meses.
(ii) Ni uno sólo de los diez contratos adicionales celebrados por las partes en el presente caso, contiene
estipulación, cláusula o declaración alguna en la que el Consorcio demandante o sus integrantes manifiesten
renuncia expresa a la formulación posterior de reclamaciones económicas como consecuencia de la
ejecución del objeto de la interventoría.

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J. Las diferencias entre la responsabilidad por incumplimiento y el
restablecimiento del equilibrio financiero del contrato: el fundamento
jurídico de la causa petendi estructurada por el accionante en el
presente proceso.

18. El Consorcio INTER-CDI fundamentó las reclamaciones económicas que
formuló con la demanda y que deben ser estudiadas en el presente proveído, en
la fractura de la ecuación contractual que entiende que se produjo en el asunto
sub lite. Pues bien, como lo ha explicado la jurisprudencia de esta Sección24, el
denominado principio de equilibrio financiero del contrato consiste en la exigencia
de garantizar la preservación de la igualdad o de la equivalencia entre los
derechos y las obligaciones surgidos entre las partes al momento de proponer o
de contratar, según el caso, de manera que si dicha equivalencia se rompe por
causas no imputables a quien resulte afectado por la ruptura, las partes deberán
adoptar las medidas necesarias para lograr el restablecimiento del equilibrio
perdido.

19. El principio descrito constituye corolario del carácter conmutativo o
sinalagmático que, por regla general, identifica al contrato estatal, en especial a
aquellos de tracto sucesivo cuya ejecución se proyecta en el mediano o en el
largo plazo, de manera que las prestaciones asumidas por una de las partes se
entienden como equivalentes a las que deben ser honradas por la otra25. De este
modo, el principio en cuestión pretende salvaguardar la estabilidad del
componente económico del contrato frente a las distintas variables que podrían
afectarla, con lo cual procura garantizar tanto al contratante como al contratista,
que cada uno logrará el propósito que le animó a contratar y que el negocio
cumplirá su función económico-social, en el contexto de las condiciones fácticas,
técnicas o, en general, materiales, que se tuvieron en cuenta al tiempo de su
celebración.

20. Síguese de lo anterior que, en virtud del principio de equilibrio financiero del
contrato, las partes, al celebrar un contrato estatal, estiman beneficios y asumen
determinados riesgos que integran su sinalagma o equilibrio material, el cual
debe mantenerse durante la ejecución de su objeto, pero que en manera alguna
se trata de un equilibrio matemático, sino de una equivalencia razonable que
preserve la intangibilidad de las prestaciones, sin desconocer, por supuesto, la
tipificación y asignación que las partes hayan decidido respecto de los riesgos
contractuales.

21. La Ley 80 de 1993 consagró, en su artículo 27, el tantas veces mencionado
principio26 e igualmente impuso a las entidades estatales, en el numeral 14 de su

24 Véase, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente

27001-23-31-000-1997-02953-01(16491), CP Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 25000-23-26-000-2001-02444-
01(29214), CP Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
13 de agosto de 2020, expediente 050012331000200603354 01 (46057), CP María Adriana Marín.
25 En el anotado sentido, establece el artículo 1498 del Código Civil que “(E)l contrato oneroso es

conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente
a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez…”
26 Precepto del siguiente tenor:

Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha

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artículo 25, la exigencia de tomar los recaudos presupuestales necesarios para
hacer frente al impacto que desde este punto de vista pudiere acarrear la
aplicación del multicitado mandato27. Asimismo, ese Estatuto estableció como
deber de las entidades estatales el de preservar dicho equilibrio, con la exigencia
de adoptar las medidas que resultaren necesarias a tal efecto -artículo 4,
numerales 8 y 9 ídem28- y consagró el correlativo derecho de los contratistas a
reclamar su restablecimiento cuando tuviere lugar algún desbalance -artículo 5,
numeral 1 ibídem29-.

22. La redacción de las citadas estas disposiciones de la Ley 80 de 1993 no
permite establecer diferencias claras entre el deber de las entidades estatales de
restablecer el equilibrio económico del contrato cuando éste se ha fracturado, de
un lado y, por otra parte, la responsabilidad por incumplimiento contractual; es
más, los preceptos referidos parecen establecer territorios en común entre los
dos conceptos, incluso dando cabida a la idea de que entre ellos podría existir
una relación de género -la exigencia de preservar el equilibrio financiero del
contrato- a especie -el incumplimiento podría concebirse como uno más de los
supuestos determinantes de la fractura de la ecuación contractual, junto con los
consabidos de la potestas variandi, la teoría del hecho del príncipe y la teoría de
la imprevisión-.

23. Lo anterior si se toma en consideración que (i) el numeral 8 del artículo 4 de
la Ley 80 de 1993 erige a los intereses moratorios -típica sanción aplicable en
supuestos de incumplimiento obligacional- en uno de los mecanismos disponibles

igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán
en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y
forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere
lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo
25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de
estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate.
27 Así, en virtud del principio de economía de que trata el artículo 25 numeral 14, también previó que “(L)as

entidades incluirán en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos
imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen en la revisión de los
precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por
ellas celebrados”.
28 En el elenco de derechos y deberes de las entidades estatales, en el artículo 4 citado se dispuso:

Artículo 4o. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que
trata el artículo anterior, las entidades estatales:
(…)
8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se
hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello
utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y
corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses
moratorios. (…) 9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo
posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que
llegaren a presentarse.
29 Disposición que establece cuanto se transcribe a continuación:

Artículo 5o. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el
artículo 3o. de esta ley, los contratistas:
1o. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la
misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de
la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas
que no sean imputables a los contratistas. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad
estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.

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para restablecer el equilibrio contractual perdido; (ii) el numeral 1, in fine, del
artículo 5 ídem, expresamente califica el incumplimiento contractual como uno de
los escenarios potencialmente conducentes a la ruptura de la ecuación financiera
del contrato; (iii) el numeral 14 del artículo 25 ibídem ordena a las entidades
estatales adoptar las medidas presupuestales necesarias para hacer frente a los
costos imprevistos ocasionados tanto por retardos en los pagos -supuesto de
mora, modalidad de incumplimiento- como en “los cambios o alteraciones en las
condiciones iniciales de los contratos”; y (iv) el artículo 27 ejusdem impone
restablecer la igualdad o equivalencia entre las prestaciones asumidas por las
partes, si la misma “se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado”
y, evidentemente, entre el abanico de causas no imputables al afectado bien
podría incluirse el incumplimiento del cocontratante.

24. La regulación normativa que se acaba de traer a cuento, como en anterior
oportunidad lo puso de presente la Sección Tercera de la Corporación, ha dado
lugar a que

… el tratamiento jurisprudencial en torno al tema de incumplimiento contractual,
como supuesta causal generadora de la ruptura de dicho equilibrio económico,
ha(ya) sido pendular en cuanto en algunas oportunidades se han adoptado
posturas encaminadas a aceptar su ubicación en el terreno de la
responsabilidad contractual30, entendiendo así la inobservancia del contenido
obligacional de uno de los extremos contratantes como causa eficiente de dicho
quebranto, mientras que en otras tantas se ha hecho y se ha mantenido la
distinción para efectos de identificar el equilibrio económico y su ruptura como
un fenómeno ajeno por completo a las nociones de incumplimiento y/o de
responsabilidad contractual31.
Sobre ese particular se impone agregar que esta disparidad en modo alguno ha
obedecido al arbitrio o al desconocimiento del tema por parte de la
Jurisprudencia aludida, sino que puede explicarse en cuanto ha sido la misma
legislación la que quizá sin propiedad o de manera equívoca sobre la materia,
se ha ocupado de generar la confusión en cuanto ha identificado el
incumplimiento contractual como una de las causas generadoras de la ruptura
del equilibrio económico del contrato, tal como lo refleja el tenor literal del
numeral primero del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 en el sentido de establecer
que “si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal
contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del
nacimiento del contrato”.
En igual sentido se encuentra la disposición contenida en el numeral octavo del
artículo 4 del mismo estatuto…32

25. Con todo, en esta oportunidad la Sala reiterará cuanto ha sido explicado ya
por la propia Sección Tercera en el sentido de que si bien es verdad que las
normas legales vigentes parecen propiciar ese tratamiento indiscriminado de la
figura del incumplimiento contractual como uno más de los eventos ubicables en
la génesis del desbalance de la ecuación contractual, no resulta menos verídico
que el instituto del equilibrio económico en la contratación estatal, de un lado y la

30
Nota original: Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
sentencia del 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 21 de junio de 1999, Exp.
14943, C.P Daniel Suárez Hernández; sentencia del 31 de agosto de 2011, Exp.18080, C.P Ruth Stella Correa Palacio.
31
Nota original: Sobre el particular pueden leerse las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado:
26 de febrero de 2004, Exp: 14043, C.P Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 4 de septiembre de 2003, Exp.
10883, C.P Alier Hernández Enríquez; sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 20.524, C.P Carlos Alberto Zambrano
Barrera.
32

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responsabilidad por incumplimiento, de otro, tienen presupuestos, naturaleza y
alcances disímiles, que conviene no entremezclar.

26. Así, como se señaló previamente, el principio de equilibrio económico del
contrato tiene como principal finalidad la de conservar, durante la vida del
contrato, las condiciones financieras existentes al momento del nacimiento del
vínculo, para que el negocio cumpla cabalmente su función económico-social y
el logro de los fines que le animaron a contratar. Precisamente con ese fin es que
la normatividad vigente faculta -e impone como deber- a las entidades estatales
contratantes para que, en sede administrativa, adopten las medidas o
instrumenten los mecanismos encaminados a preservar esas condiciones.

27. En un contexto muy diferente, cuando se estudia el incumplimiento de una de
las partes por razón de la total inobservancia o del cumplimiento tardío o
defectuoso de las obligaciones que de manera libre, voluntaria y vinculante
asumieron al celebrar el contrato, el examen debe acometerse desde la
perspectiva de la responsabilidad contractual. En este escenario, el
ordenamiento faculta al contratante cumplido o que hubiera estado en
disposición de cumplir con las prestaciones a su cargo en la forma y tiempo
debidos, para que, en sede judicial, pueda solicitar la resolución del respectivo
vínculo negocial o su cumplimiento, en ambos casos con la correspondiente
indemnización de los perjuicios causados o incluso, si a ello hubiere lugar,
autoriza a la entidad estatal contratante para sancionar al contratista particular
incumplido mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato o
para declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal que
se hubiere pactado.

28. Lo expuesto explica que esta Sección haya subrayado que cuando se aduce
como fundamento del deber de una de las partes de efectuar reconocimientos
económicos a la otra, la exigencia de restablecer el equilibrio financiero del
contrato, “se trata de una responsabilidad sin falta, cuya reparación obedecerá a
las características y requisitos propios para la configuración de cada una de las
hipótesis que la configuran y de su prueba en la situación negocial en que se
invoquen (imprevisión, hecho del príncipe, etc.)”33. A diferencia de lo anterior,
cuando el fundamento que se invoca es el incumplimiento de alguna obligación
contractual por su falta de ejecución o su ejecución tardía o defectuosa, la parte
incumplida “es sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad
subjetiva y por culpa, que sólo admite exoneración por causas que justifiquen la
conducta no imputable al contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho
de un tercero o culpa del cocontrante)”34. En otros términos,

… la responsabilidad contractual de la entidad pública contratante puede
comprometerse con fundamento en la culpa (art. 50 de la Ley 80 de 1993), es
decir, una responsabilidad con falta, derivada de una conducta de
incumplimiento de las obligaciones contractuales; o con base en un fundamento
objetivo como el derecho del contratista al equilibrio financiero del contrato
(numeral 1 art. 5 ibídem) y el deber de las entidades públicas de mantenerlo y

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 27001-23-31-000-

1997-02953-01(16491), CP Ruth Stella Correa Palacio.
34 Idem.

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restablecerlo (numerales 8 y 9 del art.4 ejusdem), es decir, una responsabilidad
sin falta35.

29. Es por ello que el incumplimiento del contrato otorga al contratante afectado
el derecho a reclamar la satisfacción del débito contractual y la indemnización de
perjuicios, bien con la pretensión de que se realice la prestación in natura, esto
es, el débito primario u original (el dar, hacer o no hacer primigenio), ora con la
pretensión encaminada a lograr el débito secundario, esto es el subrogado o
equivalente pecuniario de la obligación. Lo cierto es que en el evento de
incumplimiento quien incurre en él tiene el deber jurídico de reparar integralmente
los daños que irrogó al contratista cumplido, lo cual no tiene necesariamente
relación con las condiciones económicas iniciales del contrato y, por ende, no ha
de limitarse a la recuperación de la ecuación financiera del mismo36. Así pues,

… conviene aclarar que, si bien la ley hace alusión al incumplimiento de la
entidad contratante - numeral 1º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993-, el mismo
realmente no corresponde a un evento de desequilibrio contractual y, como lo
ha dicho la Sala, “(…) debe manejarse con mayor propiedad, bajo la óptica de

35 Ibídem. 36
En esta misma línea, se han puntualizado del siguiente modo, por parte de la Sección Tercera y con total
claridad, las múltiples diferencias que existen entre la ruptura del equilibrio económico del contrato y la figura
del incumplimiento contractual, así como los efectos que se desprenden en uno y otro caso:
“Para la Sala los supuestos de hecho alegados no son constitutivos de ruptura del equilibrio económico –
financiero del contrato, sino del incumplimiento contractual.
“La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional
(correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la
expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con
relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición
de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que
impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos
imprevistos e irresistibles como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.
“La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en
torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico – financiero del contrato estatal,
señalando que éste puede verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores extraños a
las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina “hecho del príncipe”, y
“potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a los supuestos que emergen de la segunda fuente
se les enmarca dentro de la denominada “teoría de la imprevisión” y paralelamente en la “teoría de la
previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que puede verse alterado por el ejercicio
del poder dentro del marco de la legalidad o por situaciones ajenas a las partes, que hacen más o menos
gravosa la prestación; pero, en ningún caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes
del contrato. El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los
contratantes, esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato
y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la
obligación de soportar; además, el incumplimiento general la obligación de indemnizar integralmente los
perjuicios causados a la parte cumplida.
(…)
Es de anotar que, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 contempla
como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio contractual el incumplimiento de las obligaciones a cargo
de los contratantes, en esencia las dos figuras se diferencian, no solo por el origen de los fenómenos, tal
como quedó explicado en precedencia, sino por las consecuencias jurídicas que emergen en uno u otro
caso. En efecto, la fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado
al momento de proponer o contratar, según el caso, mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos
casos a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos casos, a la reparación
integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido,
tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se
acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el
incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil,
en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998”. Cfr.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de marzo de 2013, expediente 76001233100019960357701 (20.524), CP Carlos Alberto
Zambrano Becerra.

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la responsabilidad contractual, por cuanto, como es bien sabido, se trata de dos
“...instituciones distintas en su configuración y en sus efectos”37, puesto que la
responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es ocasionado
por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el deber de
indemnizar los perjuicios ocasionados en forma plena, es decir, que para el
afectado surge el derecho a obtener una indemnización integral, lo que no
sucede, como se verá, en todos los eventos de rompimiento del equilibrio
económico del contrato38”39.

30. Reiteradas las precisiones que anteceden, recuérdese igualmente que entre
las causas de afectación del equilibrio económico del contrato, dos de ellas se
originan en el quehacer de la entidad estatal. Una es la conocida como potestas
o ius variandi, que se concreta en el ejercicio de las facultades excepcionales de
interpretación, modificación o terminación unilateral del contrato, todas las
cuales, por ministerio de la ley, imponen el deber a la administración de reconocer
las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los contratistas
afectados por tales medidas, con el fin de mantener el equilibrio entre
prestaciones convenido al proponer o al contratar -artículos 14, numeral 1 y 16
de la Ley 80 de 1993-.

31. La otra causa de desequilibrio atribuible a la entidad contratante es el hecho
del príncipe, teoría que se basa en que la fractura de la ecuación contractual
proviene de la adopción, con posterioridad a la celebración del contrato, de una
medida lícita, conforme a derecho, de carácter general, impersonal y abstracto
por parte de la entidad contratante, en ejercicio de sus facultades como autoridad
pública y no como parte del contrato. Dicha medida resultaba imprevisible cuando
el contrato se celebró y, de manera indirecta, afecta al contratista, para quien
comporta un detrimento grave de sus intereses económicos.

32. En los casos en los cuales tiene lugar el rompimiento del equilibrio económico
del contrato por las causas atribuibles a la entidad contratante que se viene de
referir, el contratista afectado tiene derecho a que se le reconozcan tanto los
mayores costos en los cuales tuvo que incurrir para ejecutar el objeto contractual
-daño emergente- como las utilidades dejadas de percibir -lucro cesante-; en
otros términos, procede la indemnización integral de los perjuicios materiales
causados al contratista40.

33. La tercera causa de ruptura de la ecuación financiera del contrato, exógena a
las partes intervinientes en él, comprende los eventos que pueden ser
clasificados dentro de la teoría de la imprevisión. Esta hace alusión al
acaecimiento de hechos extraordinarios, ajenos a las partes, sobrevinientes a la
celebración del contrato y que se presentan durante su ejecución, que no eran
razonablemente previsibles cuando se suscribió el acuerdo de voluntades, pero

37 Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del

14 de abril de 2005, expediente 28.616, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar”.
38 Nota original: “Sobre las diferencias entre el incumplimiento del contrato y el rompimiento del equilibrio

económico del contrato, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente 29214, C.P. Mauricio
Fajardo Gómez; sentencia del 27 de enero de 2016, expediente 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y
sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 46297, entre otras”.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de enero de 2019, expediente

25000232600020030065001(37910), CP María Adriana Marín.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de septiembre de 2003, expediente

70001233100019960563101(15119), CP Jesús María Carrillo Ballesteros

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afectan de manera grave el cumplimiento de las obligaciones, que se torna
significativamente más oneroso para alguna de las partes. En este caso hay lugar
a restablecer la ecuación contractual mediante el reconocimiento de los mayores
costos en los que hubiere tenido que incurrir la parte afectada, a la cual, como lo
establece la ley, se debe llevar a un punto de no pérdida -inciso 2 del artículo 5
de la Ley 80 de 199341-.

34. Pese a la trascendencia que revisten las precisiones conceptuales que se han
recordado, entre otras razones tomando en consideración las dificultades
interpretativas y aplicativas derivadas de la confección de las normas de la Ley
80 de 1993 que regulan el principio de equilibrio económico del contrato, así como
las oscilaciones jurisprudenciales a las que este escenario normativo ha dado
lugar, la Sección Tercera ha entendido que cuando el demandante invoca como
fundamento de sus pretensiones la ruptura de la ecuación contractual, pero la
causa petendi de la demanda realmente describe un escenario de incumplimiento
contractual, o viceversa, el juez debe dar prevalencia al derecho sustancial, al
derecho fundamental de acceso a la administración de Justicia y aplicar el
principio iura novit curia para abrir paso al estudio de fondo de la controversia
respectiva. En tal sentido se ha expresado lo siguiente:

No obstante, la Sala precisa que el hecho de que en el acta de liquidación no
se haya hecho mención a reclamaciones por hechos reprochables ocurridos en
gran parte durante la etapa precontractual consistentes en la tardanza para
adjudicar y suscribir el contrato así como para dar inicio a su ejecución, todos
ellos imputables a la entidad estatal contratante, sino por la ruptura del equilibrio
económico, no impide que se aborde el análisis del caso desde la óptica jurídica
que en derecho corresponde.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que en
aplicación del principio iura novit curia, corresponde al juez, frente a los hechos
alegados y probados por la parte demandante, definir la norma o el régimen
jurídico aplicable al caso, sin que ello comporte la modificación de la causa
petendi, es decir sin variar los hechos que se enuncian en la demanda como
fundamento de sus pretensiones42.
(…)
En consecuencia, a pesar de que en la referida salvedad el contratista hizo
alusión a la ruptura del equilibrio económico, lo cierto es que sus pretensiones
y los fundamentos fácticos que le sirven de sustento se centran en reprochar la
conducta en que en que incurrió la entidad por la inobservancia de los plazos
establecidos en los términos de referencia para adjudicar y suscribir el contrato
e iniciar la ejecución contractual, circunstancia que aun cuando a la luz de los
conceptos previamente examinados no resultaría ajustada jurídicamente, la
Sala, en aplicación del principio iura novit curia, con el propósito de garantizar
la efectividad del derecho fundamental de la sociedad contratista de acceso a
la administración de justicia y en virtud del principio constitucional de
prevalencia del derecho sustancial, abordará el examen del caso concreto
desde la perspectiva de la conducta antijurídica que observó la entidad durante
la etapa precontractual para indagar si existió retardo en la adjudicación,
suscripción del contrato e inicio de su ejecución y, en caso afirmativo, si ello le

41 En este sentido puede verse, entre otros pronunciamientos, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente 050012331000200603354 01 (46057), CP
María Adriana Marín.
42
Nota original: Sección Tercera del Consejo de Estado, 7 de octubre de 2009, Exp: 17629.

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ocasionó al demandante perjuicios que la entidad estuviera en el deber de
reparar43.

35. Con fundamento en cuanto hasta aquí se ha explicado, para la Sala resulta
claro que en un caso como el sub judice, en el cual el entramado fáctico traído a
colación por la parte actora como fundamento de sus pretensiones -según se
precisará en el apartado siguiente- permite interpretarlas y estudiarlas como un
supuesto de incumplimiento contractual más que como alguno de aquellos que
activan la exigencia de restablecer el equilibrio económico del contrato, nada
obsta para estudiar de fondo la vocación de prosperidad del petitum contenido en
el libelo demandatorio aun cuando el accionante no lo hubiera sustentado en la
noción de incumplimiento. Es esta figura jurídica y no la de la ruptura de la
ecuación contractual, la que la Sala evidenciará en el siguiente acápite que podría
configurarse en el presente litigio, claro está, siempre y cuando pueda tenerse
por acreditada la concurrencia de los presupuestos determinantes de su
aplicabilidad.

K. El análisis del presente caso a la luz de los derroteros conceptuales
precedentemente expuestos.

36. Descendiendo los anteriores planteamientos al entramado fáctico del caso que
aquí se enjuicia, se tiene que está demostrado en el expediente que los motivos
que llevaron a las partes a celebrar los contratos adicionales mediante los cuales
se varió en plazo y, en el caso de dos de los acuerdos modificatorios, en valor, el
contrato de interventoría N°0167*2014*000147, estuvieron relacionados con la
necesidad de introducir modificaciones en el diseño de los CDI; con dificultades
para la coordinación con los distintos municipios en cuanto a la disposición de
terrenos aptos para la ejecución de las obras; con la tardanza en la obtención de
licencias de construcción; con dificultades para coordinar con las empresas

43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente

25000-23-26-000-2001-02444-01(29214), CP Mauricio Fajardo Gómez. En este mismo pronunciamiento, la
Sección Tercera expresó cuanto se transcribe a continuación, de especial relevancia para la decisión del
presente caso:
Así mismo, el Consejo de Estado ha considerado que la aplicación del principio iura novit curia comporta la
necesidad de realizar una interpretación armónica y sistemática de todo el texto demandatorio con el
propósito de desentrañar el querer del libelista y la fuente de su reclamación, so pena de quebrantar el
principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre lo puramente:
“Con fundamento en el principio “iura novit curia” -exponed el hecho que el juez conoce el derecho-, el juez
está facultado para interpretar si la acción es o no de naturaleza contractual, respetando la causa petendi,
con el fin de que la inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para
emitir un fallo de fondo. Asumir una posición contraria sería rendirle un culto injustificado a la forma por la
simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial
consagrado en el artículo 288 superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la
demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma” Sección Tercera del Consejo de
Estado, 29 de enero de 2009, EXp.15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
En la pasada anualidad esta Sección se pronunció frente a su aplicación en los siguientes términos:
En aplicación del principio del iura novit curia se analiza el caso adecuando los supuestos fácticos al régimen
de responsabilidad patrimonial del Estado que se ajuste debidamente, sin que esto implique una suerte de
modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje
de la realidad material del caso, ni que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria” -
Sección Tercera Subsección C, Consejo de Estado, 18 de enero de 2012, Exp. 19959, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa-.
En el contexto jurisprudencial planteado se impone concluir que por ningún motivo puede dejarse de lado la
responsabilidad que entraña el ejercicio de administrar justicia, que entre muchos otros deberes y/o
facultades determina al fallador la necesidad de realizar una interpretación armónica y sistemática de todo
el texto demandatorio con el fin de desentrañar el propósito real del libelista y la fuente de su reclamación,
so pena de desconocer el principio constitucional que ordena la prevalencia del derecho sustancial, todo
aquello naturalmente sin poner en riesgo el debido proceso.

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prestadoras de servicios públicos la instalación de los mismos en los
correspondientes predios o con la necesidad de ejecutar, por diversas razones,
mayores cantidades de obra.

37. Ello se desprende del tenor literal de lo consignado en la mayoría de los
contratos adicionales o modificatorios en mención, en los cuales se hicieron
explícitas las razones que justificaron la suscripción de tales acuerdos
complementarios al contrato de interventoría N°0167*2014*00014744.

44 Enseguida se relacionan los motivos que se dejaron consignados en cada uno de los modificatorios en

mención, en lo aquí pertinente: 1. Acta de suspensión del 6 de agosto de 2015. Se motivó la suspensión del contrato tomando en
consideración las siguientes circunstancias: 1. Que se han presentado inconvenientes con los lotes dispuestos para la construcción de los Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) en el municipio de Soledad, debido a que se ha hecho necesario realizar
una serie de modificaciones en el Diseño Arquitectónico inicial, modificaciones que requieren de un tiempo
considerable y que deben presentarse ante la Curaduría Urbana del Municipio para obtener la licencia de
construcción respectiva. 2. Que se están realizando numerosas consultas al diseñador del proyecto en temas de especificaciones
técnicas y detalles relacionados con diseños arquitectónicos para los cuales no se tenía claridad, además
de la definición de materiales y procesos para algunas de las actividades del proyecto para los frentes en los
Municipios de Ponedera, Candelaria, Campo de la Cruz y Suan, los cuales presentan el mayor avance, pero
se han visto obligados a suspender la ejecución de actividades. Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_4_Acta_Suspension_1.pdf
2. Contrato adicional 1. Se motivó la ampliación de plazo en siete meses más, textualmente del siguiente
modo: SEGUNDA: (…) Demoras en el trámite y expedición de las licencias de construcción en algunos de los
frentes por parte de las Alcaldías Municipales. Revisión y modificaciones en el diseño arquitectónico de los
CDI´s Centenario y Los Robles en el Municipio de Soledad, conforme lo explica el contratista en su solicitud. Inconvenientes con el predio donde se construiría el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villa Estadio en el
municipio de Soledad, puesto que el lote dispuesto no posee el área suficiente para la implantación de este
proyecto y además, se encuentra interceptado por una vía vehicular. A la fecha no ha sido posible dar inicio
a la ejecución de las actividades y se conoce que la Gerencia de Capital Social se encuentra en la búsqueda
de la solución que permita subsanar estos inconvenientes.
(…)
TERCERA: (…) Demoras en el trámite y expedición de las licencias de construcción en algunos de los frentes
por parte de las Alcaldías Municipales, aun cuando se ha contado con el apoyo de la Gobernación de
Atlántico.
(…)
Inconvenientes con los predios donde se construirían los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) La Candelaria
en el Municipio de Soledad, El Carmen en el Municipio de Santo Tomás y Sagrado Corazón en el Municipio
de Palmar de Varela, puesto que los lotes dispuestos no poseen el área suficiente para la implantación de
los respectivos proyectos. Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_6_Contrato_Adicional_1.pdf
3. Contrato adicional 2. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en seis meses más y
la adición de su valor inicial, textualmente del siguiente modo: “TERCERA: Que la Interventoría Externa del
Contrato junto con el Supervisor de la Secretaría de Infraestructura han presentado ante el Organismo
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Caribe) el informe de Aval Técnico y balances de obra
resultantes de la revisión de cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar para cada uno de los frentes de
obra”. Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_7_Contrato_Adicional_2.pdf
4. Contrato adicional 3. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en seis
meses más, de la siguiente forma: “CUARTA: (…) debido a los ajustes que se realizan en los diseños de los
Municipios de Santo Tomás y Palmar de Varela y a la espera de las respectivas licencias de construcción
para los CDI ubicados en los Barrios Villa Estadio, Candelaria II y los Robles del Municipios de Soledad…”
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_8_Contrato_Adicional_3.pdf
5. Contrato adicional 4.

Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en seis meses más,
así: “QUINTA: (…) debido a la revisión y ajustes de los diseños en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
La Central y Candelaria II, Villa Estadio y Los Robles ubicados en el Municipio de Soledad; Sagrado Corazón
en el Municipio de Palmar de Varela; Y El Carmen en el Municipio de Santo Tomas. Y debido además al
tiempo de espera requerido para el trámite y posterior expedición de la Licencias de Construcción por parte
de las respectivas Secretarías de Planeación Municipales y Curaduría Urbana en el municipio de Soledad”. Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_9_Contrato_Adicional_4.pdf
6. Contrato adicional 5. Se justificó la ampliación del término de duración del contrato en seis meses más y
la adición de su valor inicial, textualmente del siguiente modo: “SEXTA: (…) la adición de mayores cantidades
y obras adicionales para los contratos de Obra N°.0167*2014*000138 y 0167*2014*000144, en los Centros

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38. Adicionalmente, así lo reconoció de forma expresa la Gobernación del
Atlántico, en la comunicación mediante la cual dio respuesta desfavorable a la
solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato que le
presentara el Consorcio contratista, documento aquel suscrito por la Secretaria
Departamental de Infraestructura en el que se manifestó, tras relacionar cada uno
de los multicitados acuerdos adicionales, que “(T)ales adiciones se originaron en
algunos casos por demoras en la expedición de licencias de construcción y en
otros casos por revisión de diseños de algunos CDI, conforme se dispuso en el
documento de adición, suscrito por las partes”45.

39. La matriz de riesgos estableció que el riesgo derivado de la extensión del plazo
de ejecución a causa de exigencias de coordinación interinstitucional, como las
aquí enunciadas dificultades que dilataron el inicio de la ejecución del objeto de
los contratos de obra supervisados por el Consorcio INTER CDI, fue asumido por
la entidad contratante. Sobre el particular, de manera textual en la referida matriz
de riesgos se estableció lo siguiente46:

“7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
Conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, respecto
del proceso de selección la Gobernación ha tipificado, estimado y asignado
los siguientes riesgos:

de Desarrollo Infantil (CDI) La Central y Candelaria II, Villa Estadio y Los Robles ubicados en el Municipio
de Soledad; Sagrado Corazón en el Municipio de Palmar de Varela; Y El Carmen en el Municipio de Santo
Tomás…”
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_10_Contrato_Adicional_5.pdf
7. Contrato adicional 6. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en seis meses, así:
“CLAUSULA PRIMERA: El presente contrato adicional tiene por objeto adicionar el plazo para la ejecución
del Contrato de interventoría No. 0167*2017*000147, suscrito el 22 de octubre de 2014, en SEIS (6) MESES
más”.
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_12_Contrato_Adcional_6.pdf
8. Contrato adicional 7. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en siete meses más,
principalmente de la siguiente forma: “Inconvenientes servicio de energía: Se identificó la necesidad de
realizar obras adicionales para dar solución de conexión eléctrica a algunos CDI´s entre los que se
encuentran, Colegio Candelaria y Juan XXIII en el municipio de Malambo; Centenario, Los Almendros y
Candelaria 2 de Soledad y Sagrado Corazón en Palmar de Varela…”
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_13_Contrato_Adicional_7.pdf
9. Contrato adicional 8. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en tres meses más, de
la siguiente manera:
OCTAVA: Que de acuerdo al comité de obra realizado en las instalaciones de las Secretaria de Infraestructura
el dieciocho (18) de abril de año 2018, reunión en la que participaron los contratistas y la interventoría, junto
con el equipo de funcionarios designados para la supervisión de este proyecto, se analizaron las diferentes
circunstancias que se están presentando en los diferentes frentes de obra, respecto a las demoras en la
instalación de las conexiones finales por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, gas natural y energía eléctrica, de otra parte, se tiene que el avance
de obra de los diferentes frentes no permite culminar los mismos dentro del actual cronograma…
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_14_Contrato_Adicional_8.pdf
10. Contrato adicional 9. Se justificó la ampliación del término de duración del contrato en tres meses más,
de esta forma: “Debido a las solicitudes de cambio de diseño en los cerramientos por parte del ICBF y
operadores de los CDI se realiza cambio al diseño del cerramiento lo cual motiva un nuevo balance al contrato
para la inclusión de estas actividades”.
Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_15_Contrato_Adicional_9.pdf
11. Contrato adicional 10. Se motivó la ampliación del término de duración del contrato en cinco (5) meses más,
con base en lo siguiente: “DECIMA PRIMERA: (…) haberse presentado ajustes en los diseños, los cuales
han sido subsanados entre el contratante, contratista e interventoría, como es de conocimiento de las partes,
de otra parte se tiene identificado la existencia de actividades no previstas, mayores y menores
cantidades…”
45 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo
Prueba_40_Copia_Oficio_Respuesta_Gobernación_Atlantico.pdf.
46 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo
Prueba_21_Análisis_Riesgo_Forma_Mitigarlo.pdf

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40. Es evidente que los motivos que dieron lugar a la suspensión del contrato
inicial de interventoría, así como a la celebración de los diez contratos adicionales
que le sucedieron, se originaron en circunstancias por completo ajenas al
Consorcio INTER-CDI y que no formaban parte de los riesgos asumidos por el
contratista de acuerdo con la matriz de riesgo definida tanto en los estudios
previos como en los pliegos definitivos. Además, este importante extremo de la
controversia fue abiertamente reconocido por el Departamento del Atlántico en la
comunicación mediante la cual negó la solicitud de restablecimiento de la
ecuación contractual que le dirigió el ahora demandante, escrito en el que la
Secretaria de Infraestructura de ese ente territorial expresó que “(S)i bien las
causas que originaron los retrasos no encuentran su fundamento en
hechos imputables al contratista de interventoría, también es claro que cada
prórroga y/o extensión (…) contó con el aval del contratista”47 (negrillas
añadidas).

41. En ese orden de ideas, resulta de la mayor importancia tener en cuenta que
en el contrato de interventoría N°0167*2014*000147, en la cláusula séptima, se
encuentran estipuladas las obligaciones del Departamento del Atlántico, entre las
cuales tiene capital trascendencia para efectos de dirimir el litigio del que se
ocupa la Sala en este pronunciamiento, la incluida en el literal d), en los siguientes
términos: “d) Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo
establecido en el cuadro de asignación de riesgos contenido de acuerdo (sic) con
las reglas del proceso de contratación”48.

42. Con base en cuanto se ha expuesto, para la Sala resulta claro que la causa
petendi planteada en la demanda que origina el presente proceso no resulta
ubicable en alguno de los supuestos que la jurisprudencia de esta Corporación
ha identificado como generadores de la ruptura de la ecuación contractual. Ello
en la medida en que la afectación económica alegada por el contratista no tiene
su origen en el ejercicio de sus potestades por parte del Departamento, ni de las
excepcionales previstas en el Estatuto de Contratación Estatal, ni de las que

47 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo
Prueba_40_Copia_Oficio_Respuesta_Gobernación_Atlantico.pdf
48 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_3_Contrato_Interventoria.pdf

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ostenta en su condición de autoridad pública. La causa petendi en cuestión
tampoco encaja en un evento encuadrable en la teoría de la imprevisión.

43. El fundamento jurídico de las pretensiones encaminadas a lograr el
reconocimiento, por una parte, de los mayores costos en los que el Consorcio
demandante alega que tuvo que incurrir para ejecutar cumplidamente el objeto
contractual -daño emergente- y, por otra, de la utilidad que dejó de percibir -lucro
cesante-, sin duda puede resultar constitutivo de un supuesto de incumplimiento
de obligaciones contractuales exigibles de la entidad contratante. Desde esa
perspectiva estudiará la Sala la vocación de prosperidad de tales pedimentos, en
aplicación del principio iura novit curia al que previamente se hizo referencia, con
el propósito dar prevalencia al derecho sustancial y de garantizar eficaz acceso
a la administración de Justicia, a lo cual no obsta que el título jurídico invocado
por el accionante para sustentar sus solicitudes en el libelo demandatorio hubiera
sido diferente.

44. Y centrado el análisis del caso en el anotado terreno, para la Sala el proceder
de la entidad territorial demandada en el presente caso implicaría el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, siempre que se demuestre
que con él hizo incurrir en mayores costos al Consorcio accionante para ejecutar
el objeto de la interventoría y/o le privó de la posibilidad de obtener la utilidad que
legítimamente esperaba percibir, por las siguientes razones:

44.1 En primer lugar, como reiteradamente se ha señalado ya, las circunstancias
que propiciaron las demoras en la ejecución del objeto del contrato de
interventoría, son enteramente atribuibles a la entidad pública accionada. Y es
que la necesidad de introducir modificaciones a los diseños de los CDI; las
dificultades para disponer de terrenos aptos para su construcción; la tardanza en
la obtención de licencias de construcción o la instalación de servicios públicos
domiciliarios, entre otras, parecen ser el resultado de fallas en la planeación de
los contratos de obra objeto de supervisión por parte del Consorcio interventor
que actúa como demandante en este proceso.

44.2 No obstante, establecer si tuvo lugar, o no, el que se antoja como posible
desconocimiento del deber de planeación respecto de los contratos de obra
supervisados, es asunto que desborda el objeto del presente litigio, no sólo
porque no es ese el propósito al cual apuntan las pretensiones de la demanda,
sino porque el expediente de este proceso está huérfano de elementos
demostrativos relacionados con el íter recorrido por el Departamento del Atlántico
para la estructuración, celebración y ejecución de esos contratos, lo que
inviabiliza toda tentativa de acometer un examen mínimamente serio y riguroso
del mencionado asunto.

44.3 Similar razonamiento se impone para advertir el desacierto en el que incurrió
la entidad territorial accionada al esgrimir como argumento en su defensa en este
encuadernamiento, que el Consorcio INTER-CDI obró sin la suficiente diligencia
y cuidado al estructurar su ofrecimiento en el concurso de méritos que antecedió
a la celebración del contrato de interventoría que dio origen a este litigio. Resulta
improcedente y desproporcionado que el Departamento exija al proponente en el
mencionado concurso, que realice un análisis pormenorizado de las condiciones
de estructuración, celebración y ejecución de un proceso contractual distinto de
aquel en el que tiene interés en presentar oferta, en el que no ha participado -de

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modo que hipotéticas deficiencias en la planeación no podrían válidamente serle
enrostradas- y respecto de cuya conformidad a derecho debe dar garantías la
entidad contratante, tanto de la obra, como de la interventoría. Contraría
asimismo el principio de necesidad de la prueba aseverar, como se planteó en el
fallo apelado sin el sustento demostrativo de rigor, que el contratista debía
anticiparse a prever toda posible eventualidad que pudiere acaecer durante el
curso de la ejecución del contrato.

44.4 Toda vez que, se itera, las deficiencias y dificultades que entorpecieron y
dilataron la ejecución del objeto del contrato de interventoría son atribuibles a la
entidad contratante y constituyen, en su mayor parte, riesgos por ella asumidos,
según en este proveído se puso ya de presente, correspondía al Departamento
del Atlántico efectuar el reconocimiento al interventor, tanto de los mayores
costos que hubiere tenido que asumir como efecto de las anotadas dilaciones,
cuanto de la utilidad que esperaba legítimamente obtener y que no hubiere
podido percibir, pese a que tanto el contrato como la ley imponían a la entidad
contratante asumir las consecuencias aludidas.

44.5 Por cuanto respecta al contrato, se citó en precedencia la estipulación
negocial -letra d) de la cláusula séptima del contrato de interventoría
N°0167*2014*000147- que obligaba a la entidad contratante a hacer frente a las
consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos que asumió, entre
los cuales estaban las demoras originadas en que interventor y entidad
dependieran de decisiones de otras entidades oficiales. La concreción de este
riesgo en el caso sub judice forzaba al Departamento a efectuar los
reconocimientos económicos a que hubiera lugar, por este motivo, al contratista,
de suerte que no proceder de este modo implicaría incurrir en incumplimiento
contractual.

44.6 Tampoco resulta razonable pretender, como igualmente lo planteó la entidad
demandada en el presente proceso, que el interventor asumió a todo costo la
responsabilidad de garantizar la ejecución del objeto del contrato de interventoría,
incluso ante un escenario tan imprevisible como el de la extensión del plazo
contractual en seis veces su duración inicial -de los 10 meses inicialmente
previstos a los 61 que a la postre se tomó la culminación de las obras por
supervisar-. Ni uno sólo de los riesgos tipificados y asignados al contratista en
este proceso contractual, permitirían arribar a semejante conclusión.

44.7 También la ley aplicable al contrato49 -que ha de ser considerada por el juez
siempre que así lo imponga el entramado fáctico del caso, expuesto y acreditado
por el accionante, sin que ello comporte modificar la causa petendi de la
demanda, precisamente como corolario de la aplicación del reseñado principio
iura novit curia- obligaba al Departamento del Atlántico a efectuar los
reconocimientos económicos a que hubiera lugar al Consorcio demandante, por
razón de la afectación que para éste pudiere haber representado la demora en el
inicio y ejecución de las obras por supervisar. Así lo impone la exigencia legal de
49 Que hace parte del contenido del negocio en virtud de lo normado por los artículos 1603 del Código Civil

y 871 del Código de Comercio, del siguiente tenor: “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena
fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella” (se destaca).
“Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no
sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
según la ley, la costumbre o la equidad natural” (énfasis añadido).

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responder por el incumplimiento contractual consagrada en el artículo 1546 del
Código Civil50, aplicable a la contratación estatal por virtud de la integración
normativa planteada en el primer inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 199351.

44.8 Adicionalmente, téngase en cuenta que el Legislador se interesó, de forma
explícita, porque la continuidad de las labores de interventoría esté garantizada
en aquellos casos en los cuales se amplíe el plazo de ejecución del contrato
objeto de supervisión. Tal es el propósito al cual apunta el artículo 85 de la Ley
1474 de 2011 cuando dispone que “(L)os contratos de interventoría podrán
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de
vigilancia”. No obstante, precisamente con el propósito de salvaguardar el
derecho del interventor a percibir integralmente la justa remuneración a la que
tiene derecho en estos eventos, la misma disposición en cita añade que “(E)n tal
caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de
interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40
de la Ley 80 de 1993”. Esta previsión normativa tampoco habría sido tenida en
cuenta por la entidad accionada en el presente asunto, se itera, siempre que con
su proceder hubiere hecho incurrir en mayores costos o privado de la utilidad
esperada al contratista.

45. Los anteriores argumentos resultan suficientes para concluir que el
Departamento del Atlántico habría incumplido la obligación, tanto contractual
como legal, de reconocer al Consorcio INTER-CDI los mayores costos en los que
éste se hubiere visto precisado a incurrir con el propósito de desarrollar las
labores de interventoría por un plazo que sextuplicó el inicialmente previsto por
las partes, así como la utilidad que legítimamente esperaba obtener, en caso de
que el Consorcio logre demostrar, claro está, que efectivamente tan significativa
ampliación del término contractual trajo consigo las afectaciones económicas que
aduce y que debían serle integralmente resarcidas.

L. La falta de acreditación del menoscabo que la significativa extensión
del plazo contractual, por circunstancias no imputables al Consorcio
demandante, habría comportado para los derechos e intereses del
contratista.

46. Acreditada la existencia de fundamento tanto normativo como fáctico
suficiente para declarar la responsabilidad por incumplimiento contractual de la
entidad demandada en el presente caso, siempre que su proceder hubiere
acarreado afectación patrimonial para el contratista, corresponde establecer si el
demandante consiguió demostrar que efectivamente tuvo lugar el alegado
menoscabo patrimonial originado en la sextuplicación del plazo contractual por
causas atribuibles a la entidad territorial contratante. Esta carga demostrativa,
indudablemente, debía ser atendida por el Consorcio accionante.

47. A tal efecto, el Consorcio INTER CDI aportó junto con la demanda los
siguientes documentos:

50 De acuerdo con el cual “(E)n los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no

cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. // Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su
arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”.
51 Precepto que establece que “(L)os contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del

presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta ley”.

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47.1 Tabla titulada “Relación de gastos mensuales”, en la cual se discriminan y
totalizan, desde noviembre de 2014 hasta noviembre de 2019, los que en dicho
documento se expresa que fueron costos asumidos mensualmente por el
Consorcio INTER-CDI para ejecutar el contrato de interventoría
N°0167*2014*000147, en el que se origina la presente controversia. Los
conceptos que ocasionaron tales gastos, según la tabla en mención, son los
siguientes: personal -profesional, técnico, administrativo y auxiliar técnico-;
alquiler de equipos -vehículos, equipos de topografía, ensayos de laboratorio- y
otros costos -oficina/campamentos, reproducción de documentos, edición de
informes y comunicaciones52-. Esta tabla no aparece firmada por persona alguna
ni se expresa en ella quién la elaboró o quién se responsabiliza de que su
contenido es veraz, fidedigno y exacto -por ejemplo, contador público, revisor
fiscal, representante legal o trabajador responsable de esta labor en el consorcio
o en alguna de las personas jurídicas que lo integraron-.

47.2 Documento titulado “Soportes de pago Director”, en el cual se incluyen 42
comprobantes de pago efectuados por la firma GNG Ingeniería S.A.S., en favor
de quien allí se expresa es el señor Guillermo Emilio Narváez Vélez, entre los
meses de marzo de 2016 y agosto de 2019, por concepto de “Sueldo mensual” y
con “centro de costo: Inter-CDI (…) Administrativo”. En cada uno de los 42
documentos en mención aparece una firma ilegible que sigue a la expresión
“Recibido de conformidad”. Ninguno de tales documentos -u otro arrimado al
expediente- expresa quién lo elaboró o quién se responsabiliza de que su
contenido es veraz, fidedigno y exacto -por ejemplo, contador público, revisor
fiscal, representante legal o trabajador responsable de esta labor en el consorcio
o en alguna de las personas jurídicas que lo integraron-.

47.3 Documentos contentivos de relaciones mensuales de pagos de nómina de
personal53. Se trata de archivos en los cuales se incluyó la siguiente información
y documentos:

(i) cuadros en los que se enlistan, para cada período mensual comprendido
dentro del plazo de ejecución del contrato, nombres de personas que, según en
cada cuadro se expresa, serían trabajadores del Consorcio; números de
documentos de identidad y relaciones de sumas de dinero que por distintos
conceptos (“básico”, “subsidio de transporte”, “prima de transporte”, “auxilio de
alimentación y vivienda”, entre otros) corresponden a cada uno de los integrantes
de la lista. Tales cuadros carecen de firma alguna, aunque se mencionan los
nombres de quienes, según en su texto se afirma, las elaboraron, revisaron y
aprobaron;

52 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo titulado
Prueba_22_Relación_Gastos_Mensuales_.pdf
53 Se trata de los siguientes archivos, incluidos en el Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):

Prueba_25_Soportes_Pago_Coordinadores.pdf;
Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_1;
Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_2;
Prueba_27_Relación_Gastos_Especialista_SISO;
Prueba_28_Relación_Gastos_Especialista_Ambiental;
Prueba_29_Relación_Gastos_Ingeniero_Eléctrico;
Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_1 (1);
Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_1;
Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_2;
Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_3.

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(ii) planillas integradas de autoliquidación de aportes al sistema general de
seguridad social, pagadas por el Consorcio INTER-CDI, para cada período
mensual de los comprendidos en el plazo de ejecución del contrato de
interventoría;
(iii) fotocopias de recibos de caja menor, de comprobantes de egreso, de
referencias, certificaciones o consignaciones bancarias sin un orden constante y
estándar, en muchos casos ilegibles, que impiden establecer, de manera
completa, clara, organizada y sistemática, a quién se efectuaron pagos, por qué
montos y conceptos y en qué fechas específicas.

47.4 Estas relaciones de documentos tampoco aparecen avaladas, certificadas o
soportadas por el nombre y la rúbrica de contador público, revisor fiscal,
representante legal o trabajador responsable de esta labor en el consorcio o en
alguna de las personas jurídicas que lo integraron. A continuación se da cuenta
de cuáles son los archivos en mención y de las deficiencias más específicas que
en cada uno de ellos fueron evidenciadas, que impiden tenerlos como soporte
fidedigno, completo y organizado de las sumas totalizadas en la tabla titulada
“Relación de gastos mensuales”, referida en el párrafo 47-1 del presente
pronunciamiento:

47.4.1 Archivo titulado “Soportes Pago Coordinadores”54.
47.4.2 Archivo titulado: “Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_1” 55.

54 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip); archivo
Prueba_25_Soportes_Pago_Coordinadores.pdf.
Este documento, de 189 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
noviembre de 2016 y junio de 2019. En cada una de tales tablas se resalta en color amarillo el nombre “Sindy
Leonor Puello Gómez”, de quien cada tabla expresa que tiene como “Cargo” el de “Coordinador”.
b. En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, quién y cuándo lo
recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en la tabla referida en el párrafo
anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de la “Coordinadora” “Sindy Leonor Puello
Gómez”; en cada “comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles que no
corresponden con el pago de la remuneración de la mencionada señora. Así, por ejemplo, en el
“comprobante” incluido al folio 6 del archivo, en el cual se escribió la que parece ser la fecha “2016 11 28”,
como concepto se expresa: “Nómina 1-30 Nov/16 de Jose Luis Sandoval, Luis Maldonado, Amalia
Maldonado, Liliana Contreras, Luis Narvaez” -no aparece el nombre de la señora Puello-; el valor que se
incluyó en ese comprobante es el siguiente: “6’962.838”, al paso que en la tabla de marras se indica que el
total devengado para ese mes por la señora Puello López sería la suma de “$2’675.000”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo.
Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con los incluidos a los folios 22 y 58 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para cada mes el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Además, varios de ellos aparecen total o parcialmente ilegibles, como ocurre
con los obrantes a los folios 39, 51, 52, 65 y 73.
e. Por lo demás, el archivo no incluye “Registro de Operación” alguno correspondiente a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019, pese a que para todos estos meses sí se anexó la
correspondiente tabla de “Nómina de pago de personal” en la cual se incluyó el nombre de la
plurimencionada coordinadora y se expresó el que sería su “sueldo básico del mes”.
f. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de la mencionada señora Puello
Gómez, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el valor de la remuneración mensual que
se le pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron los correspondientes pagos.
55 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_1.
Este documento, de 156 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:

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47.4.3 Archivo titulado: “Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_2”56.

a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
agosto de 2016 y julio de 2017. En cada una de tales tablas se resaltan en color amarillo los nombres de
tres personas, de quienes cada tabla expresa que tienen como “Cargo” el de “Ingeniero Residente”, dos de
ellas e “Ingeniero auxiliar residente”, la restante.
b. En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, quién y cuándo lo
recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas referidas
en el párrafo anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de los “Ingenieros Residentes”;
en cada “comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles que no corresponden
específicamente con el pago de la remuneración de los mencionados “Ingenieros residentes”. Asimismo, el
valor que se incluyó en los anotados “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas de
marras –“Nóminas de pago de personal”- se indica como el total devengado para el mes respectivo por los
“Ingenieros residentes”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo. Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con los incluidos a los folios 9, 36,133, 139 y 150 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para cada mes el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Además, varios de ellos aparecen total o parcialmente ilegibles, como ocurre
con los obrantes a los folios 10, 14, 23, 24, 27, 28, 37, 38, 42, 43, 68, 122, 123, 126 y 134. En algunos de
los comprobantes de transacción bancaria en comento, con similares características a las descritas, figura
el nombre de otras entidades financieras como “Banco de Bogotá” -por ejemplo, a folio 40-.
e. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de las personas relacionadas
como “Ingenieros residentes”, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el valor de la
remuneración mensual que se les pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron los
correspondientes pagos. 56 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_26_Relacion_Jornales_Mensuales_Residentes_Parte_2. Este documento, de 186 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
agosto de 2017 y junio de 2019. En cada una de tales tablas se resaltan en color amarillo los nombres de
las personas de quienes cada tabla expresa que tienen como “Cargo” el de “Ingeniero Residente” o
“Arquitecto residente”. El número de personas en esta condición es variable en las tablas mencionadas.
b.

En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, o quién y cuándo
lo recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas referidas
en el párrafo anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de los “Ingenieros Residentes”
o “Arquitectos residentes”; en cada “comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles
que no corresponden específicamente con el pago de la remuneración de los mencionados “Ingenieros o
arquitectos residentes”. Asimismo, el valor que se incluyó en los anotados “comprobantes” no coincide con
el que en cada una de las tablas de marras –“Nóminas de pago de personal”- se indica como el total
devengado para el mes respectivo por los “Ingenieros residentes” o “Arquitectos residentes”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo. Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con el incluido al folio 52 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para cada mes el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Además, varios de ellos aparecen total o parcialmente ilegibles, como ocurre
con los obrantes a los folios 5, 13, 15, 17, 29, 60, 61 y 66.
e. Por lo demás, el archivo no incluye “Registro de Operación” alguno -en ocasiones tampoco “comprobantes
de egreso”- correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2018; enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2019, pese a que para
todos estos meses sí se anexó la correspondiente tabla de “Nómina de pago de personal” en la cual se
incluyó el nombre de los respectivos “Ingeniero residente” o “arquitecto residente” y se expresó el que sería
el “sueldo básico del mes” de cada uno de ellos.
f. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de las personas relacionadas
como “Ingenieros o arquitectos residentes”, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el valor
de la remuneración mensual que se les pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron los
correspondientes pagos.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

47.4.4 Archivo titulado: “Prueba_27_Relación_Gastos_Especialista_SISO”57.
47.4.5 Archivo titulado: “Prueba_28_Relación_Gastos_Especialista_Ambiental”58.
47.4.6 Archivo titulado: “Prueba_29_Relación_Gastos_Ingeniero_Eléctrico”59.
47.4.7 Archivo titulado: “Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_1” 60.

57 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_27_Relación_Gastos_Especialista_SISO

Este documento, de 23 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye un “contrato de suministro de personal” en el que actúan, como proveedor, la firma “JAG ingeniería
SAS” y como suministrado, el Consorcio INTER CDI, por valor de $12’615.000, cuya cláusula primera,
relativa al objeto, expresó “El presente contrato tiene por objeto el suministro por parte del proveedor a favor
del cliente de personal (sic), de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación y utilizando
sus propios medios, para la correcta ejecución del contrato No. 0167*2014*000147 con la Gobernación del
Atlántico” -folios 16 a 19-. El contrato no especifica ni el perfil ni el nombre del personal que se proporciona
al Consorcio por parte de la firma proveedora.
b. Contiene comprobantes de pago en favor de Anyera Sofía Payarse Contreras, en el “cargo” de “profesional
SISO”, para los meses de diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre y octubre de 2018; mayo, junio, julio y agosto de 2019, emitidos por la firma GNG Ingeniería
SAS, esto es, por la que parece ser una persona jurídica diferente de la que suscribió el contrato referido en
el párrafo anterior. Llama la atención que la sumatoria del valor de estos comprobantes de pago -superiores a los 26 millones
de pesos- desborda ampliamente el valor del “contrato de suministro de personal” relacionado en el párrafo
anterior.
c. También incorpora certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social efectuados por la
firma en cuestión en favor de la mencionada trabajadora, por los meses referidos en el párrafo anterior. 58 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_28_Relación_Gastos_Especialista_Ambiental
Este documento, de 30 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye el que parece ser el mismo “contrato de suministro de personal” aludido en el pie de página
anterior, en el que actúan, como proveedor, la firma “JAG ingeniería SAS” y como suministrado, el Consorcio
INTER CDI, por valor de $12’615.000, cuya cláusula primera, relativa al objeto, expresó “El presente contrato
tiene por objeto el suministro por parte del proveedor a favor del cliente de personal (sic), de manera
independiente, es decir, sin que exista subordinación y utilizando sus propios medios, para la correcta
ejecución del contrato No. 0167*2014*000147 con la Gobernación del Atlántico” -folios 16 a 19-. El contrato
no especifica ni el perfil ni el nombre del personal que se proporciona al Consorcio por parte de la firma
proveedora.
b. Contiene comprobantes de pago en favor de Laura María Escorcia Bolívar, en el “cargo” de “profesional
ambiental”, por los meses de diciembre de 2017; enero a diciembre de 2018; enero a agosto de 2019,
emitidos por la firma JAG Ingeniería SAS. Llama la atención que la sumatoria del valor de estos comprobantes de pago -superiores a los 44 millones
de pesos- desborda ampliamente el valor del “contrato de suministro de personal” relacionado en el párrafo
anterior.
c. También incorpora certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social efectuados por la
firma JAG INGENIERÍA SAS en favor de la mencionada trabajadora, por los meses referidos en el párrafo
anterior. Como se aprecia, las pruebas documentales relacionadas tanto en este como en el anterior pie de
página de presente pronunciamiento, evidencian llamativas inconsistencias que no pueden ser
pasadas por alto al establecer su mérito demostrativo dentro del presente encuadernamiento. 59 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_29_Relación_Gastos_Ingeniero_Eléctrico
En este archivo se incluyeron, entre otros documentos, copias de varias facturas de venta presentadas al
Consorcio INTER CDI por parte de la firma BL INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS. 60 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):

Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_1 (1)
Este documento, de 148 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
agosto de 2016 y junio de 2017. En cada una de tales tablas se resaltan en color amarillo los nombres de
las personas de quienes cada tabla expresa que tienen como “Cargo” el de “Inspector” en diversos
municipios en los cuales se encontraban en construcción los respectivos CDIs. El número de personas en
esta condición es variable en las tablas mencionadas.
b. En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, o quién y cuándo
lo recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas referidas
en el párrafo anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de los “Inspectores”; en cada
“comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles que no corresponden
específicamente con el pago de la remuneración de los mencionados “Inspectores”. Asimismo, el valor que
se incluyó en los anotados “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas de marras –

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

47.4.8 Archivo titulado: “Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_2”61.
47.4.9 Archivo titulado: “Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_3” 62.

“Nóminas de pago de personal”- se indica como el total devengado para el mes respectivo por los
“Inspectores”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo. Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con los incluidos a los folios 7 y 36 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para cada mes el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Además, varios de ellos aparecen total o parcialmente ilegibles, como ocurre
con los obrantes a los folios 8, 25, 26, 28, 29, 37, 38, 42, 43, 96, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139 y
141. En algunos de los comprobantes de transacción bancaria en comento, con similares características a
las descritas, figura el nombre de otras entidades financieras como “Banco de Bogotá” -por ejemplo, a folios
40, 53 y 54-.
e. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de las personas relacionadas
como “Inspectores” en el mencionado archivo, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el
valor de la remuneración mensual que se les pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron
los correspondientes pagos. 61 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_2
Este documento, de 161 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
julio de 2017 y agosto de 2018. En cada una de tales tablas se resaltan en color amarillo los nombres de las
personas de quienes cada tabla expresa que tienen como “Cargo” el de “Inspector” en diversos municipios
en los cuales se encontraban en construcción los respectivos CDIs. El número de personas en esta condición
es variable en las tablas mencionadas.
b. En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, o quién y cuándo
lo recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas referidas
en el párrafo anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de los “Inspectores”; en cada
“comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles que no corresponden
específicamente con el pago de la remuneración de los mencionados “Inspectores”. Asimismo, el valor que
se incluyó en los anotados “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas de marras –
“Nóminas de pago de personal”- se indica como el total devengado para el mes respectivo por los
“Inspectores”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo. Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con los incluidos a los folios 1, 7, 19, 30 y 31 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para cada mes el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco.

Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Además, varios de ellos aparecen total o parcialmente ilegibles, como ocurre
con los obrantes a los folios 32, 40, 43, 44, 46, 47, 57 y 103. En algunos de los comprobantes de transacción
bancaria en comento, con similares características a las descritas, figura el nombre de otras entidades
financieras como “Banco de Bogotá” -por ejemplo, a folios 23, 42, 62 y 100-.
e. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de las personas relacionadas
como “Inspectores” en el mencionado archivo, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el
valor de la remuneración mensual que se les pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron
los correspondientes pagos. 62 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip): Prueba_30_Relación_Jornales_Mensuales_Inspector_Parte_3
Este documento, de 86 folios en formato PDF, presenta las siguientes particularidades:
a. Incluye una tabla titulada “Nómina de pago de personal”, por cada uno de los meses comprendidos entre
septiembre de 2018 y mayo de 2019. En cada una de tales tablas se resaltan en color amarillo los nombres
de las personas de quienes cada tabla expresa que tienen como “Cargo” el de “Inspector” en diversos
municipios en los cuales se encontraban en construcción los respectivos CDIs. El número de personas en
esta condición es variable en las tablas mencionadas.
b. En la gran mayoría de los casos, a la tabla en mención correspondiente a cada mes, sigue la copia del
que dice ser un “comprobante de egreso”, manuscrito, con fechas y valores variables para cada mes, que
no especifica por quién es emitido, de qué forma tuvo lugar el pago que dice representar, o quién y cuándo
lo recibió; el valor de los referidos “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas referidas

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

47.5 Los documentos en comento se aportaron con el propósito de acreditar los
gastos de personal en los cuales habría incurrido el Consorcio, sin duda el
componente más robusto de las erogaciones a las que afirmó haber tenido que
hacer frente para ejecutar el objeto contractual. No obstante, la forma como se
intentó demostrar la realización de estos pagos por concepto de remuneración al
personal, impide establecer con certeza -salvo en lo que respecta al pago de las
cotizaciones al sistema general de seguridad social- qué salarios o
remuneraciones fueron efectivamente pagadas, a qué personas y en qué
momento. Tampoco se probó que el personal en favor del cual el Consorcio
INTER CDI realizó cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, hubiere
estado dedicado en exclusiva a la ejecución del objeto del contrato de
interventoría que motivó esta controversia. Ello conduce a concluir que los
mencionados documentos no constituyen prueba idónea de los gastos de
personal en los que efectivamente incurrió el Consorcio para desarrollar las
labores de interventoría objeto del contrato que da origen al presente litigio.

48. Con el fin de demostrar los costos en los que dijo haber incurrido por concepto
de alquiler de vehículos, la parte demandante aportó los siguientes documentos
que, en criterio de la Sala y por las razones que se exponen enseguida, carecen
de la fuerza de convicción suficiente para tener por acreditado este extremo de
la litis:

48.1 Archivo titulado “Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_1.pdf ”63.

en el párrafo anterior se expresa que es el correspondiente a la remuneración de los “Inspectores”; en cada
“comprobante” se incluyen, a título de “concepto”, expresiones disímiles que no corresponden
específicamente con el pago de la remuneración de los mencionados “Inspectores”. Asimismo, el valor que
se incluyó en los anotados “comprobantes” no coincide con el que en cada una de las tablas de marras –
“Nóminas de pago de personal”- se indica como el total devengado para el mes respectivo por los
“Inspectores”.
c. Las características descritas están presentes en la mayoría de los “comprobantes” incluidos en el archivo.
Por lo demás y no menos importante, varios de la tales “comprobantes de egreso” resultan parcial o
totalmente ilegibles, como ocurre con los incluidos al folio 57 del archivo en comento.
d. Junto con los documentos en mención, para algunos meses el archivo incluyó copias de documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa.
e. Por lo demás, el archivo no incluye “Registro de Operación” alguno -en ocasiones tampoco “comprobantes
de egreso”- correspondientes a los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2018; enero, febrero,
marzo, abril y mayo de 2019, pese a que para todos estos meses sí se anexó la correspondiente tabla de
“Nómina de pago de personal” en la cual se incluyó el nombre de los respectivos “Inspectores” y se expresó
el que sería el “sueldo básico del mes” de cada uno de ellos.
f. En definitiva, los documentos incluidos en este archivo permiten evidenciar que el Consorcio INTER CDI
efectuó pagos mensuales al sistema general de seguridad social en favor de las personas relacionadas
como “Inspectores” en el mencionado archivo, pero no posibilitan establecer con certeza cuál fue el
valor de la remuneración mensual que se les pagó, en qué momento y por parte de quién se realizaron
los correspondientes pagos.
63 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_1.pdf
Este archivo, de 24 folios en formato PDF, contiene una serie de cuentas de cobro presentadas por el señor
Jorge Ernesto Fontalvo Alonso al Consorcio INTER CDI, por distintos valores, con el concepto de alquiler
de un vehículo automotor al citado Consorcio. También recibos de caja menor que no expresan quién los
emite y por valores que no coinciden con el de una sola de las cuentas de cobro en mención -folios 7, 18 y
22-; asimismo, documentos denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de
transacciones bancarias efectuadas por la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en
depósitos a cuentas abiertas en dicho Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el
cual se lleva a cabo el depósito respectivo ni quién lo efectúa. Varios de dichos documentos, por lo demás,
resultan parcial o totalmente ilegibles -folios 8, 11, 14, 18 y 24-.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

48.2 Archivo titulado “Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_2.pdf”64.
48.3 Archivo titulado “Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_3.pdf ”65.
48.4 Archivo titulado “Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_4.pdf ”66.

49. Llama poderosamente la atención de la Sala el contenido del documento
obrante al folio 10 del último archivo en cita -
“Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_4.pdf ”-, por cuya relevancia
se ha estimado oportuno transcribir integralmente su contenido, a continuación:

CONSORCIO INTER-CDI
EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO JANELLY FADUL BOLÍVAR CON T.P.
118405-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES E IDENTIFICADA CON
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 22 (…)
CERTIFICA:
Que a la fecha en nuestros registros contables se encuentra una cuenta por
pagar por valor de DOSCIENTOS VEINTI CINCO (sic) MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
M/L ($225’932.178) correspondiente a las facturas B-105 y B-141 a nombre de

En este orden de ideas, los documentos incluidos en este archivo dan cuenta de varios cobros al parecer
efectuados al Consorcio INTER CDI por los anotados conceptos, pero no de la realización de los pagos
correspondientes.
64
Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_2.pdf
Este archivo, de 51 folios en formato PDF, contiene una serie de cuentas de cobro presentadas por los
señores Jorge Ernesto Fontalvo Alonso y Guillermo Salcedo Bustillo al Consorcio INTER CDI, por distintos
valores, con el concepto de alquiler de vehículos automotores al citado Consorcio. También recibos de caja
menor y comprobantes de egreso que no expresan quién los emite y por valores que no coinciden con el de
una sola de las cuentas de cobro en mención -folios 16 18, 32, 36, 42, 44 y 47-; asimismo, documentos
denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por
la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho
Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo el depósito
respectivo ni quién lo efectúa. Varios de dichos documentos, por lo demás, resultan parcial o totalmente
ilegibles -folios 13 y 51-.
Así las cosas, los documentos incluidos en este archivo dan cuenta de varios cobros al parecer efectuados
al Consorcio INTER CDI por los anotados conceptos, pero no de la realización de los pagos
correspondientes.
65 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_3.pdf
Este archivo, de 108 folios en formato PDF, contiene una serie de cuentas de cobro presentadas por los
señores Eduardo José Gámez Díaz, Cristóbal Villanueva Rosales e Iván Olivares Algarín, al Consorcio
INTER CDI, por distintos valores, con el concepto de alquiler de vehículos automotores al citado Consorcio.
También recibos de caja menor y comprobantes de egreso que no expresan quién los emite y por valores
que no coinciden con el de una sola de las cuentas de cobro en mención -folios 23, 27, 41, 45, 51, 53, 62,
64, 66, 69, 82, 86, 92, 94 y 100-; asimismo, documentos denominados “Registro de Operación”, que parecen
dar cuenta de transacciones bancarias efectuadas por la institución financiera “Bancolombia”, al parecer
consistentes en depósitos a cuentas abiertas en dicho Banco. Los documentos en cuestión no expresan el
concepto por el cual se lleva a cabo el depósito respectivo ni quién lo efectúa. Varios de dichos documentos,
por lo demás, resultan parcial o totalmente ilegibles -folios 6, 12, 60 y 68-.
De tal modo, los documentos incluidos en este archivo dan cuenta de varios cobros al parecer efectuados
al Consorcio INTER CDI por los anotados conceptos, pero no de la realización de los pagos
correspondientes.
66 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_4.pdf
Este archivo, de 16 folios en formato PDF, contiene una serie de cuentas de cobro y facturas presentadas
por el señor Cristóbal Villanueva Rosales y por la empresa GNG INGENIERÍA SAS al Consorcio INTER CDI,
por distintos valores, con el concepto de alquiler de vehículos automotores al citado Consorcio. También
documentos denominados “Registro de Operación”, que parecen dar cuenta de transacciones bancarias
efectuadas por la institución financiera “Bancolombia”, al parecer consistentes en depósitos a cuentas
abiertas en dicho Banco. Los documentos en cuestión no expresan el concepto por el cual se lleva a cabo
el depósito respectivo ni quién lo efectúa y los valores que en ellos se expresan no coinciden con los de las
cuentas de cobro y facturas en mención.
Así pues, los documentos incluidos en este archivo dan cuenta de varios cobros al parecer efectuados al
Consorcio INTER CDI por los anotados conceptos, pero no de la realización de los pagos correspondientes.

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Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

GNG INGENIERIA SAS con nit 830.515.117-5, por concepto de alquiler de
vehículos.
Se expide la presente certificación a los dieciséis (16) días del mes de
septiembre de 2019.
Agradeciendo de antemano la atención prestada.
(Firma ilegible)
JANELLY FADUL BOLÍVAR
Contador Público

50. Esta certificación, expedida por contador público cuya tarjeta profesional
igualmente se incorporó al archivo en comento67, pone de presente que, al
parecer, el Consorcio INTER CDI, demandante en el presente caso, llevó una
contabilidad respecto de su actividad, tarea de la cual estuvo a cargo la
correspondiente contadora pública titulada. No se entiende entonces por qué
razón los diferentes medios de prueba que se han traído a colación hasta este
punto -al igual que los que se referirán enseguida-, que se allegaron junto con la
demanda con el fin de demostrar los gastos en los que tuvo que incurrir el
Consorcio para ejecutar el objeto del contrato de interventoría, no fueron
aportados con el aval del contador público respectivo y de forma ordenada,
sistemática, clara y completa, con apego a las normas técnicas de la contabilidad
aplicables. Tan clamorosa falta de rigor en su quehacer probatorio evidencia la
desatención, por parte de los accionantes, de la carga probatoria que debían
honrar en relación con tan relevante extremo de la litis.

51. Con el fin de demostrar los gastos en los que manifestó incurrir el Consorcio
demandante por concepto de edición de informes -rubro por el cual en la relación
de gastos mensuales que se refirió previamente en este proveído se incluyó para
cada mes, con contadas excepciones, entre diciembre de 2014 y noviembre de
2019, un valor de tres millones de pesos ($3’000.000,oo)-, se aportó una tabla
que, en un folio, enlista el número y fecha de presentación de los informes de
interventoría que se habrían entregado, por parte del contratista, al Departamento
del Atlántico68. Dicho cuadro no refleja, en modo alguno, los costos o gastos que
demandó la elaboración de tales informes, de suerte que los valores por este
concepto incluidos en la relación de gastos elaborada por la parte actora no
pasan de constituir una mera afirmación por ella formulada, pero desprovista de
todo sustento probatorio.

52. A efectos de probar los gastos en los que manifestó incurrir el Consorcio
INTER CDI por concepto de comunicaciones -rubro por el cual en la relación de
gastos mensuales que se refirió previamente en esta providencia se incluyó para
cada mes, con contadas excepciones, entre diciembre de 2014 y noviembre de
2019, un valor de tres millones quinientos mil pesos ($3’500.000,oo)-, se aportó
un archivo de 119 folios en el cual se insertaron cuentas de cobro mensuales
presentadas por la empresa Movistar a la firma GNG INGENIERÍA SAS69. Tales
documentos, que dan cuenta de los cobros pero no de la realización de los pagos
respectivos, no refleja costo alguno en el que hubiere incurrido el Consorcio
demandante por este rubro sino, quizás, la empresa a la cual le fueron efectuados
los cobros correspondientes, de manera que los valores por este concepto

67 Folio 15 del citado archivo titulado “Prueba_32_Relación_Gastos_Vehículos_1300_2000_Parte_4.pdf”
68 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_33_Relación_Gastos_Edición_Informes.pdf
69 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip):
Prueba_34_Relacion_Gastos_Comunicaciones.pdf

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

incluidos en la relación de gastos elaborada por la parte actora tampoco pasa de
constituir una mera afirmación que ella efectúa en este proceso, pero que se
encuentra huérfana de todo soporte demostrativo.

53. Junto con la demanda la parte actora aportó un dictamen pericial elaborado
por una perito ingeniera industrial, cuyo objeto fue el de realizar la
“(D)eterminación de la cuantía de perjuicios económicos generados al consorcio
INTER-CDI en contrato de interventoría con la Gobernación del Atlántico”70.

54. En lo atinente a la valoración de esta prueba debe observarse lo dispuesto en
el artículo 232 del Código General del Proceso -en adelante, CGP- que regula la
valoración del dictamen pericial. La norma en cita preceptúa que el “juez
apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las
demás pruebas que obren en el proceso”71.

55. Al interpretar las normas citadas, la jurisprudencia ha señalado que la
peritación debe ser personal y que ha de recurrir directamente a las fuentes de
información relevantes; esto es, el peritaje debe estar fundado en los conceptos
propios del perito, quien debe dar cuenta de las investigaciones que realiza. En
efecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia del 31 de mayo de 2016, señaló lo siguiente:

La Sala ha considerado que la eficacia probatoria del dictamen de expertos
requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los
hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal
y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de
otras personas, por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar
auxiliares o solicitar el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y
responsabilidad; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el
desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su
imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el
dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean
claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus
conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya
surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x)
otras pruebas no lo desvirtúen; (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir,
que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuadas72 (destacado fuera del texto).

56. En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del 9 de octubre de 2023, precisó que el dictamen
pericial debe estar acompañado de “específicos documentos que respalden los
fundamentos” y que “debe satisfacer los requisitos de claridad, precisión,

70 Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), subcarpeta 2_DICTAMEN_PERICIAL-
20220425T213239Z-001, archivo Dictamen_Pericial_Financiero.pdf
71 Esta norma resulta aplicable al presente proceso porque el CPACA no regula la valoración probatoria. Por

ende, ha de tenerse en cuenta la remisión que en materia probatoria se establece en el artículo 211 de dicho
Estatuto, en los siguientes términos: “Régimen Probatorio. En los procesos que se adelanten ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se
aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016, radicación: 47001-

23-31-000-1999-00704-01(37684), CP Danilo Rojas Betancourth.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

exhaustividad y detalle de cara a su fuerza demostrativa”. En ese sentido, la
jurisprudencia civil ha indicado lo siguiente:

(…) la experticia debe estar acompañada de específicos documentos que
respalden los fundamentos, imparcialidad e idoneidad requeridas; así mismo
debe satisfacer los requisitos de claridad, precisión, exhaustividad y detalle de
cara a su fuerza demostrativa, y debe plasmar en su contenido las explicaciones
de los métodos utilizados y la justificación que, desde la técnica, la ciencia o el
arte, sustenta las conclusiones del perito.
(…)
Por lo anterior, el juez no puede aceptar sin más las conclusiones del
experto por el simple hecho de versar su investigación sobre un campo
de conocimiento que no domina. Estando, como está, investido de la facultad
de emitir la sentencia que pone fin al conflicto, tiene la correlativa obligación de
controlar la prueba mediante el riguroso análisis de su verosimilitud y
fundamentación, de la razonabilidad y adecuación de los métodos utilizados y
de la ponderación racional de las conclusiones plasmadas en la experticia73
(negrillas propias).

57. De acuerdo con lo anterior, el perito debe verificar directamente los
documentos en que se basa la opinión que rinde en el proceso. Además, su
peritación debe permitir seguir la línea argumentativa, de forma tal que el juez
pueda entender el fundamento de las conclusiones que presenta.

58. Retornando al análisis de la peritación aportada por la parte actora en el asunto
sub lite, a efectos de cuantificar el daño emergente -mayores costos a los que
adujo haber tenido que hacer frente el Consorcio-, en el dictamen se incluyeron
los costos directos de personal, que la perito afirma haber calculado con base en
la documentación que al respecto obra en el expediente. No obstante, tales
documentos adolecen de las abundantes deficiencias que fueron explicitadas
precedentemente en este pronunciamiento.

59. Por consiguiente, con base en tales documentos la perito tampoco habría
podido llevar a cabo el ejercicio -que, en efecto, no llevó a cabo- consistente en
depurar o precisar, mes a mes, los gastos de personal que fueron realizados en
el marco de la ejecución del contrato, correlacionando las planillas de seguridad
social pagadas, con los comprobantes de egreso, los recibos de caja menor, las
consignaciones o depósitos bancarios -desordenados, imprecisos, muchas veces
ilegibles, según se precisó con todo detalle previamente en esta providencia-,
etcétera. Todo a fin de establecer el número de trabajadores que fueron
ocupados en las actividades propias del objeto de la interventoría, sus perfiles, el
monto de la remuneración que se les pagó y la identificación de los momentos en
los cuales les fueron realizados los correspondientes pagos.

60. Similar es el análisis que debe realizarse en punto del acogimiento que el
dictamen realiza de los planteamientos de la parte actora en relación con gastos
que adujo haber realizado, como los relativos a alquiler de vehículos, elaboración
de informes y comunicaciones, que la perito cuantifica con base en los
documentos que se han descrito y examinado en precedencia en esta decisión,
los cuales presentan las deficiencias amplia y detalladamente reseñadas, que les

73 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de octubre de 2023, radicación: 05001-

31-03-010-2018-00315-01 (SC364-2023), MP Luis Alonso Rico Puerta.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

privan de mérito demostrativo -aparecen en desorden, con información
incompleta, en no pocas oportunidades ilegibles o son evidentemente inidóneos
para acreditar los hechos (costos o erogaciones) que a través suyo se pretende
demostrar-.

61. El dictamen pericial sólo presenta unos valores totales por concepto de gastos
de personal y otros costos como los recién mencionados -alquiler de vehículos,
elaboración de informes y comunicaciones74-, pero no explica ni menos
demuestra qué procedimiento técnico y contrastable se siguió con el fin de
justificar el origen y fundamento de tales cifras totales esbozadas.

62. Tales deficiencias de la experticia impiden atribuirle mérito demostrativo. Esta
conclusión no se modifica con apoyo en lo expresado por la perito en la audiencia
de pruebas, en la cual tuvo lugar la contradicción del peritaje; en esa diligencia la
perito expuso de qué forma calculó los costos de personal e hizo referencia a que
contrastó los documentos que se viene de enunciar, con los informes de
interventoría presentados por el Consorcio, pero lo cierto es que estos informes
-salvo el final, en el cual no se aborda de manera pormenorizada el asunto- no
forman parte del caudal probatorio arrimado al expediente de este proceso75.

63. Un elemento demostrativo que habría podido aportar la claridad que no ofrece
el acervo probatorio obrante en el expediente en relación con los costos de
personal y otros asumidos por el Consorcio, habría sido la contabilidad ora del
Consorcio mismo, ora de las personas jurídicas que lo integraron. Como bien se
sabe, los consorcios y las uniones temporales, de acuerdo con la normatividad
vigente, no constituyen personas jurídicas diferentes de los sujetos de derecho
que los integran; en ese orden de ideas, legalmente no están obligados a llevar
contabilidad ni a registrar libros contables en las Cámaras de Comercio, aun
cuando sí que se encuentran facultados para llevar su propia contabilidad,
independiente de la de las personas jurídicas que los conforman. En este último
evento, podrían registrar los libros respectivos en la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-. Así lo ha explicado dicha Entidad en su doctrina76.

74 Folios 9 a 13 y 17 del peritaje. Cfr. Índice 0002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), subcarpeta

2_DICTAMEN_PERICIAL-20220425T213239Z-001, archivo Dictamen_Pericial_Financiero.pdf
75 En esa audiencia -minutos 53:10 a 1:02:05- la perito explicó que el peritazgo se basa en información

histórica, no en información proyectada. Dijo que se revisaron los documentos del contrato de interventoría,
las actividades que propuso realizar en su oferta el interventor, los pliegos, la información histórica que
permitió concluir que el contratista no fue remunerado integralmente. Esto se condensa en el acta de recibo
final. Se revisaron las actividades realizadas a lo largo de los 61 meses de ejecución del contrato, yendo
mes por mes para contrastar el alcance de la oferta contra lo efectivamente ejecutado. Se identificaron los
costos adicionales en los que incurrió el interventor, mes a mes, representados en dos grandes rubros:
personal y otros relacionados con las actividades como alquiler de vehículos, comunicaciones, entre otros.
Los costos de personal se establecieron con base en el examen de los soportes de pago a cada trabajador
del Consorcio, planillas de liquidación de aportes al sistema de seguridad social e informes de interventoría
recibidos por la Gobernación.
Agregó la perito -minutos 1:07:30 a 1:15:40- que revisó que los costos de personal sustentados
documentalmente, se correspondieran con el número de CDIs en los que se estaba cada mes trabajando,
lo cual está reflejado en los informes parciales de interventoría entregados a la Gobernación, siempre con
base en los soportes que permitieran corroborar que fueron gastos reales. Cfr. Índice 00002 de Samai,
archivo 66ED_Audiencia _26AudienciaPruebas1m(.mp4)
76 Cfr. Concepto tributario 47847 de 2003; Oficio DIAN 38893 de 2007. Documento contenido en la

Compilación Jurídica de la UAE-DIAN Co-creación, mantenimiento, actualización y ajustes de estructura
relacionados con la consulta jurídica y contenido del Normograma, realizado por Avance Jurídico Casa
Editorial SAS. ISBN 978-958-53111-3-8 Última actualización: 17 de enero de 2025 Disponible en:
https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/pdf/concepto_tributario_dian_0047847_2003.pdf
En el documento en cita, se explica cuanto se transcribe a continuación:

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

64. Lo cierto es que la ley exige que de los ingresos, costos y gastos en los que
incurran los integrantes de un consorcio o unión temporal, con ocasión de la
ejecución del objeto del mismo, se lleve registro contable para fines tributarios.
Así lo prevé el artículo 18 del Estatuto tributario, norma del siguiente tenor:

Artículo 18. Contratos de colaboración empresarial. Artículo modificado por el
artículo 20 de la Ley 1819 de 2016. Los contratos de colaboración empresarial
tales como consorcios, uniones temporales, joint ventures y cuentas en
participación, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios. Las partes en el contrato de colaboración empresarial,
deberán declarar de manera independiente los activos, pasivos, ingresos,
costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación
en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en desarrollo del
contrato de colaboración empresarial. Para efectos tributarios, las partes
deberán llevar un registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del
contrato de colaboración empresarial que permita verificar los ingresos, costos
y gastos incurridos en desarrollo del mismo.

65. De una u otra forma, como se ve, de los ingresos, costos y gastos que tengan
lugar con ocasión de la ejecución del objeto del contrato estatal que dio lugar a
la conformación de un consorcio, deben existir soportes o registros contables,
bien porque el consorcio lleve su propia contabilidad, bien porque lo hagan, de
forma correctamente discriminada, las personas que los integran. Esos soportes
contables podrían ser un medio de prueba que aportara la certeza, que en el
presente caso se echa en falta, respecto de las erogaciones del Consorcio
INTER-CDI con ocasión de la ejecución del contrato de interventoría en el que se
originó la controversia sub judice.

66. Con fundamento en lo expuesto, forzoso resulta concluir que el material
probatorio disponible en el expediente impide establecer, con mínimas certeza y
rigor, cuáles fueron los costos que tuvo que asumir el Consorcio demandante
para ejecutar las labores propias del objeto del contrato de interventoría

De esta manera, es claro que los consorcios no comerciales no se encuentran obligados a registrar su
constitución, o los libros de contabilidad en las Cámaras de Comercio. Para efectos fiscales el artículo 33
del decreto 836 de 1991 dispone que para determinar la renta gravable de los miembros del consorcio,
podrán optar por una de las siguientes alternativas: 1. Los miembros del consorcio deberán llevar en su
contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan,
de acuerdo con su participación, en los ingresos, costos y deducciones del consorcio. 2. El consorcio
contabilizará los ingresos, costos y deducciones que se deriven del respectivo contrato, e informará de
manera agregada la parte que le corresponda a los miembros del consorcio en dichos valores, con el fin de
que estos los contabilicen e incorporen en la declaración de renta.
Para efectos contables, y de manera coincidente con la norma fiscal el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública en pronunciamiento de 9 de julio de 2002, señala que cada consorcio es autónomo para definir si
lleva o no contabilidad y en caso de llevarla organizarla de acuerdo con la estructura del Plan Único de
Cuentas que le sea aplicable en desarrollo de los hechos económicos realizados como consecuencia de la
ejecución del contrato, de tal forma que permita el adecuado reconocimiento, medición, registro,
sistematización, valuación, causación, clasificación, revelación e interpretación de la información contable.
En concepto del consejo técnico es importante y conveniente llevar su propia contabilidad.
El consorcio o unión temporal dirige su actuación hacia sus integrantes o miembros y no hacia terceros y
éste debe ser el enfoque de su contabilidad. Mensualmente el contador público del consorcio o unión
temporal debe expedir una certificación con destino a cada uno de los consorciados o miembros de la unión
temporal en la cual se indiquen los ingresos, costos y gastos totales y los que le corresponden de acuerdo
con su porcentaje de participación. Considera el Despacho que para efectos fiscales como contables es
opcional para el consorcio llevar contabilidad. No obstante, si con el fin de establecer claridad sobre los
negocios y su participación, los integrantes deciden que el consorcio lleve contabilidad, para efectos de darle
valor probatorio en los términos del artículo 774 del Estatuto Tributario los libros de contabilidad deben
registrarse en la Administración de Impuestos Nacionales del domicilio del operador del consorcio.

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

N°0167*2014*000147. Consecuentemente, no existe forma de determinar si tales
erogaciones superaron, o no, el valor final del mencionado contrato, incluidos sus
adicionales 2 y 5, lo que significa que no hay prueba del daño que pudiere haberle
ocasionado al demandante la sextuplicación del plazo del contrato por causas
atribuibles al Departamento del Atlántico.

67. De este modo, debe concluirse que tampoco está probado el incumplimiento
contractual que por razón de sus acciones y omisiones en el presente caso, pudo
configurarse en relación con la entidad estatal contratante. Si no se demostró que
la ampliación del plazo de ejecución del contrato implicó mayores costos para el
contratista, mal podría derivarse de tal circunstancia corolario distinto de que la
entidad contratante no incumplió la previsión incluida en el literal d) de la cláusula
séptima del contrato de interventoría N°0167*2014*000147, que enlista las
obligaciones del Departamento del Atlántico, en el sentido de “(A)sumir los
riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de
asignación de riesgos contenido de acuerdo (sic) con las reglas del proceso de
contratación”77.

68. En el escenario descrito, por falta de acreditación del incumplimiento
contractual del Departamento del Atlántico y del daño cuya reparación se reclama
por la parte actora, se impone negar las pretensiones de la demanda.

M. Costas

69. Habida cuenta de que la decisión de no condenar en costas en la primera
instancia no fue apelada, se mantiene.

70. Como el recurso de apelación no prospera, los apelantes deben ser
condenado en costas y agencias en derecho de conformidad con lo ordenado en
el artículo 188 del CPACA. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365
y 366 del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 5 de marzo de 2024 por la
Sala de Decisión Oral “C” del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico,
por las razones expuestas en el presente pronunciamiento.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho a la parte
demandante, las cuales se fijarán y liquidarán en forma concentrada por el

77 Índice 00002 de Samai, carpeta 4ED_01Anexoszip(.zip), archivo Prueba_3_Contrato_Interventoria.pdf

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Radicado: 08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510)
Demandante: Integrantes Consorcio INTER-CDI

tribunal de primera instancia, de conformidad con lo establecido en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Aclara voto

(Con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA (Con firma electrónica)
Magistrado ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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