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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00005-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2022-00005-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho de la segunda instancia a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán de forma concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2022-00005-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

24 de agosto de 2026

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Controversias contractuales- Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable1
Demandados: Departamento del Atlántico

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Unión Temporal Obras
Especiales Agua Potable (en adelante la “Unión Temporal” o la “demandante”)
contra la sentencia del 9 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que dispuso negar las pretensiones de la demanda. La Sala es
competente para proferir esta providencia, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en adelante “CPACA”2, y el Tribunal lo fue para
conocer del proceso en primera instancia, según el numeral 5° de su artículo 1523-
4.

SÍNTESIS5

La demandante consideró que la mayor permanencia en obra, motivada por
suspensiones en la ejecución de las prestaciones y la modificación del valor y del
plazo contractual, así como la inclusión de ítems no previstos al momento de
contratar y la alteración de los precios de los materiales afectaron el equilibrio
económico del contrato que celebró con el Departamento del Atlántico, por lo que
solicitó su restablecimiento mediante el reconocimiento y pago de los sobrecostos
asumidos. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones en primera
instancia tras considerar, de una parte, que el contratista declaró que las
modificaciones contractuales no alteraron la economía del negocio al momento de
suscribirlas y, de la otra, que no aportó pruebas de los gastos e inversiones que tuvo
que asumir como consecuencia del mencionado desequilibrio. La Sala confirmará

1 Integrada por el señor Erwin Castro Salgado y las sociedades HOL S.A.S. y Depuración de Aguas de
Mediterráneo Sucursal en Colombia (DAM).
2 “Artículo 150 (texto original, previo a la modificación introducida con el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021). El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).”
3 “Artículo 152 (texto original, previo a la modificación introducida con el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021).

Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 5. De los relativos
a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes
(…), cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
4 De conformidad con el contenido de las pretensiones de la demanda, el demandante estimó la cuantía en

$2.010.084.634, monto que supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2021.
5 Temas: Equilibrio económico del contrato estatal – Recurso de apelación- Reparos concretos- Principio de

congruencia.

1

Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

la decisión en tanto que el recurso de apelación no formula reparos concretos frente
a los fundamentos de la providencia recurrida e introduce aspectos no alegados
oportunamente, con lo cual se pretende una variación extemporánea de la causa
petendi.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 16 de diciembre de 2021, la Unión Temporal presentó demanda en ejercicio
del medio de control de controversias contractuales en contra del Departamento del
Atlántico, en adelante el “Departamento”, con las siguientes pretensiones6:

En virtud de la ejecución del contrato de obras públicas No. 3011*2018*000007
Se declare el RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y
FINANCIERO en favor de mi representada UNIÓN TEMPORAL OBRAS
ESPECIALES AGUA POTABLE, y en consecuencia se ordene el pago de DOS
MIL DIEZ MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M.L.V. ($2.010.084.634) discriminados así:
DESCRIPCIÓN VALOR
• Valor de costos de mayor $1.065.272.756
permanencia reclamada por
suspensiones no imputables al
contratista (se relaciona con la
administración del 18% del valor del
contrato en un total de 4.25 meses en
la primera suspensión y de 3.90 meses
en la segunda suspensión).
• Costo protocolo de bioseguridad y $5.242.800
dotación inicial.
• Costo de protocolo de bioseguridad $13.735.500
sumados meses.
• Valor de accesorios de acero, PRF, $925.833.578
bombas cuyo excedente reclamado no
fue reconocido en la reformulación
(reconocido en informe de
interventoría).
TOTAL SOLICITADO $2.010.084.634

2. Las pretensiones de la demanda se sustentaron, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El 28 de mayo de 2018, la Unión Temporal y el Departamento suscribieron el
contrato de obra número 3011*2018*000007, cuyo objeto era “la construcción de la
ampliación de la capacidad de tratamiento para la planta de agua potable del
sistema regional Sabanalarga- Ponedera- Departamento del Atlántico”, con un plazo
inicial de doce (12) meses contados a partir del 23 de julio de 2018, día de
suscripción del acta de inicio de la obra, y por un valor de $8.817.273.025.

6 Índice 2 de Samai del Consejo de Estado, anotación “2ED_REMISIONEXPEDIENTE20 (.pdf)., archivo
“001DemandaAnexos.pdf”.

2

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

2.2. Mediante otrosí No. 1 de 22 de noviembre de 2018, las partes modificaron la
forma de pago del contrato y las garantías.

2.3. La ejecución del contrato se suspendió por primera vez el 16 de julio de 2019 y,
luego de tres prórrogas de suspensión suscritas los días 16 de agosto, 16 de
septiembre y 16 de octubre de 2019, se reanudó mediante la firma del acta de
reinicio No. 1 del 18 de noviembre de 2019.

2.4. La Unión Temporal y el Departamento celebraron el contrato adicional número
1 de 22 de noviembre de 2019, con el propósito de adicionar la suma
$1.217.488.243 al valor inicial del contrato de obra número 3011*2018*000007 y de
ampliar el plazo de ejecución por un término de cuatro (4) meses.

2.5. La adición al contrato de obra obedeció a la inclusión de ítems no previstos y a
la ejecución de mayores cantidades; sin embargo, no tuvo en cuenta los costos
generados por las suspensiones no imputables al contratista.

2.6. El 24 de marzo de 2020, y como consecuencia de las medidas adoptadas por el
Gobierno Nacional para gestionar la emergencia sanitaria causada por el COVID-
19, la ejecución del contrato de obra se suspendió por segunda vez, ya que no
estaba permitido realizar obras civiles.

2.7. A pesar de la suspensión, la Unión Temporal tuvo que contratar un equipo de
aseo y de seguridad que se ocupara del cuidado del área de trabajo y de las
maquinarias. Así mismo, se encargó de dotar al nuevo personal con los insumos de
cuidado especial y bioseguridad, lo cual implicó un gasto inicial de $5.242.800 y un
costo de mantenimiento mensual de $4.578.500 que no estaban presupuestados en
el componente de administración de la propuesta económica. Y, finalmente, se vio
en la obligación de asumir el aumento de los precios causado por las variaciones
de la tasa de cambio del dólar.

2.8. La ejecución del contrato de obra se reanudó el 21 de julio de 2020 y se prorrogó
hasta el 21 de octubre de 2020.

2.9. El 18 de diciembre de 2020, las partes suscribieron el Acta de Recibo Final,
donde si bien se estableció un avance del 100% del objeto contratado, no se
incorporaron todos los ítems y valores que tuvo que asumir el contratista.

2.10. Aunque la Unión Temporal, luego de conocer las suspensiones, adiciones y los
otrosíes al contrato de obra número 3011*2018*000007, solicitó de forma reiterada
el reajuste del equilibrio económico y financiero de la relación contractual con
peticiones del 17 de noviembre y 16 de diciembre de 2020, el Departamento no dio
una respuesta de fondo a sus requerimientos.

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

B. Posición de la parte demandada

3. El Departamento se opuso a la prosperidad de las pretensiones 7, por las
siguientes razones:

3.1. En primer lugar, la entidad reconoció la existencia del contrato de obra pública
número 3011*2018*000007; que su ejecución comenzó con la firma del acta de
inicio de obra el 23 de julio de 2018; que se suspendió por primera vez el 16 de julio
de 2019; que, luego de haberse prorrogado en tres ocasiones la suspensión, se
reanudó el 18 de noviembre de 2019; y, finalmente, que, como consecuencia de
una reformulación del proyecto, el 22 de noviembre de 2019 se suscribió un contrato
de adición con el fin de ampliar por cuatro (4) meses el término inicial del negocio y
de aumentar el valor por la suma de $1.217.488.243.

3.2. En segundo lugar, sostuvo que el contratista suscribió de común acuerdo con la
Gobernación del Atlántico i) dos actas de suspensión; ii) tres prórrogas de la primera
suspensión; iii) una adición del contrato; iv) dos actas de reinicio; y v) un acta de
terminación con pendientes y que nunca manifestó el desequilibrio económico y
financiero que dice haber padecido, por lo que no es posible tener en cuenta las
reclamaciones que ahora formula extemporáneamente.

3.3. En tercer lugar, indicó que la primera opción que tenía el contratista para cubrir
los gastos derivados de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 era el
componente de imprevistos del rubro “AIU” de su propuesta económica.

3.4. En cuarto lugar, precisó que lo suscrito por las partes el 20 de octubre de 2020
fue un acta de terminación con pendientes en la que no se consignaron
observaciones o reclamos por parte del contratista y tampoco el fin de la ejecución
del contrato.

3.5. En quinto lugar, luego de reiterar que el demandante nunca manifestó
reclamación u objeción respecto a un presunto desequilibrio económico y financiero
del contrato de obra durante la suscripción de las modificaciones, afirmó que los
gastos y sobrecostos solicitados no están debidamente probados dentro del
expediente, pues no hay facturas o documentos contables que acrediten
erogaciones por mayor permanencia en obra, cumplimiento de protocolos de
bioseguridad y aumento de precios.

3.6. En sexto lugar, la entidad manifestó que en la cláusula séptima de la adición
contractual se estipuló que “EL CONTRATISTA ha convenido renunciar a cualquier
tipo de reclamación que se derive de la suscripción de la presente adición del
contrato No. 3011*2019*000040”.

3.7. Finalmente, con fundamento en lo anterior, la entidad formuló las excepciones
de mérito de "inexistencia de las causales que configuran el desequilibrio económico

7 Índices 2 de Samai del Consejo de Estado, archivo “13ED_011ContestacionDeman(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, y

8 de Samai del tribunal

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

del contrato”; “inexistencia de desequilibrio económico en el contrato No.
30*11*2018*000007 según lo expuesto por la línea jurisprudencial del Consejo de
Estado”; y “ausencia probatoria de los perjuicios presuntamente causados al
demandante”.

C. La sentencia apelada

4. El 9 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió sentencia
de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda8, con
fundamento en los siguientes argumentos:

4.1. La ruptura del equilibrio económico del contrato denunciada por el demandante
se sustentó en las mismas causas que propiciaron las prórrogas, adiciones y
suspensiones contractuales, y como en todas ellas las partes convinieron
expresamente que las modificaciones no afectaban la ecuación financiera del
negocio, no resulta procedente estudiar dicha “pretensión indemnizatoria” en sede
judicial.

4.2. En efecto, tras analizar las pruebas documentales aportadas, el Tribunal
encontró que las partes estipularon en los distintos actos contractuales que las
variaciones del programa obligacional no afectaban la conmutatividad de las
prestaciones. En ese sentido, resaltó que en el acta de suspensión No. 1 del 16 de
julio de 2019, los contratantes acordaron que la suspensión no generaba gastos
adicionales de administración por mayor permanencia en obra o lucro cesante a
cargo del Departamento. Del mismo modo, observó que en la cláusula séptima de
la adición No. 1 del 22 de noviembre de 2019, el contratista renunció a cualquier
tipo de reclamación derivada de la suscripción del documento. También, que en la
prórroga No. 2 del 22 de marzo de 2020, en la suspensión No. 2 del 24 de marzo
de 2020 y en la prórroga No. 3 del 20 de agosto de 2020, el constructor reconoció
expresamente que las modificaciones no afectaban el equilibrio económico del
contrato y no generaban mayores costos por permanencia en obra. Y finalmente,
detalló que en el acta de terminación con pendientes del 20 de octubre de 2020, las
partes precisaron los avances de la ejecución del contrato sin hacer salvedades o
reclamaciones.

4.3. Sobre lo consignado en los documentos contractuales, el Tribunal precisó que
tales manifestaciones, que obedecieron al querer de las partes, deben ser
respetadas por las autoridades judiciales, ya que son consecuencia de un claro y
legítimo ejercicio de su libertad negocial.

4.4. Por último, indicó que, en todo caso, la parte demandante no aportó ninguna
prueba que demostrara la configuración del desequilibrio económico del contrato
por mayor permanencia en obras, por el costo de los protocolos de bioseguridad y
dotación inicial ni por el aumento del valor de los accesorios a los que hace mención
en la demanda.

8 Índices 2 de Samai del Consejo de Estado, archivo “39ED_37SentenciaDeseqEcon(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, y

37 de Samai del tribunal.

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

D. El recurso de apelación

5.La parte demandante solicitó la revocatoria de la decisión referida en el apartado
anterior, con fundamento en los siguientes reparos9:

5.1. Sostuvo que la sentencia de primera instancia no estudió de fondo los criterios
del desequilibrio contractual y tampoco la incidencia que tuvo cada una de las
situaciones denunciadas por el contratista durante la ejecución del negocio. En su
criterio, el a quo no hizo un análisis detallado frente a los hechos expuestos en la
demanda, los conceptos económicos reclamados ni los documentos que acreditan
los sobrecostos asumidos. Por tal motivo, además de insistir en los argumentos
expuestos en el libelo introductorio, aportó una serie de pruebas documentales con
el fin de brindar una explicación más completa sobre la alteración de la economía
del contrato10.

5.2. Afirmó que, por no haberse pronunciado sobre el incumplimiento contractual
imputado al demandado, la providencia impugnada no solo resultó incongruente
respecto a la demanda, sino que, además, pasó por alto que el núcleo esencial de
las pretensiones radicaba en el hecho de que el contratista no está obligado a
soportar las consecuencias económicas derivadas de la infracción del deber de
prestación de la entidad contratante. Según el recurrente:

[E]n este caso apelamos al criterio del restablecimiento sobre la idea [de] que existiendo
incumplimiento, el estado responde sobre la idea de responsabilidad del estado [sic], de
no ser así el incumplimiento es cierto y se reclamó en derecho, es cierto que se generó
un desfase en la economía del contrato en demerito [sic] del contratista de la obra (…).
Por causa de incumplimiento por el deber del estado [sic] de cumplir sus obligaciones,
se presentaron causas que tipifican el desequilibrio económico, que desata un grave
perjuicio para el contratista de la obra.
El ejecutor de la obra sufrió una afectación gravísima en la economía del contrato y que
[sic] el departamento no resolvió sus reclamos.
Se trata del reclamo del equilibrio del contrato por causas ajenas a su voluntad, por
incuria contractual, que fueron evidentes como la reformulación del proyecto por la
gobernación, pero expresado por el contratista unión temporal desde el inicio (…).

5.3. Indicó que, por mandato legal, el contratista tiene derecho al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato cuando la afectación provenga de una
situación imprevista y que no le sea imputable, como lo es el incumplimiento de la
entidad estatal, causa eficiente de la alteración económica del contrato de obra
número 30*11*2018*000007.

5.4. Finalmente, precisó que el incumplimiento contractual del Departamento del
Atlántico se configuró, en primer lugar, cuando fijó el valor de administración de

9 Índices 2 del Consejo de Estado, archivo “42ED_40RecursoApelacion(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, y 40 de Samai

del Tribunal.
10
Las pruebas aportadas por el demandante con el recurso de apelación fueron: i) actas de suspensión y
prórroga de suspensión; ii) actas de reinicio; iii) acta de terminación; iv) desglose administración de contrato;
v) relación mayor permanencia suspensión y prórroga; vi) oficios enviados por contratista; vii) oficios enviados
por interventoría; viii) oficio enviado por secretaría jurídica del departamento del Atlántico; ix) reformulación del
proyecto; x) cuadros soporte de estimación afectaciones; xi) análisis de precios unitarios de suministros en
reclamación; y xii) facturas y cotizaciones.

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suministros en 18%, pese a que en realidad lo mínimo que se necesitaba era un
22%; en segundo lugar, al calcular los precios con valores del año 2015, a pesar de
que la ejecución del contrato inició en el 2018; en tercer lugar, con la reformulación
del proyecto para hacerlo viable, toda vez que en ese momento se generaron las
suspensiones de la obra y los mayores costos por la parálisis de la maquinaria; y
finalmente, en cuarto lugar, cuando se negó a liquidar el contrato.

E. Actuación surtida en segunda instancia

6. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de octubre de 202511.

7.El Departamento del Atlántico no emitió pronunciamiento alguno sobre el recurso
de apelación durante el término señalado en el numeral 4 del artículo 247 del
CPACA12.

8. Por su parte, dentro de la oportunidad establecida en el numeral 6 del
mencionado artículo 247 del CPACA13, el Ministerio Público rindió concepto con el
que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia pues, a su juicio, no solo
está demostrado que el contratista declaró a lo largo de la relación contractual que
las modificaciones del programa obligacional no afectaron la ecuación financiera del
negocio, sino que además los argumentos del recurso de apelación relacionados
con las proyecciones económicas del proceso de selección son incongruentes con
el debate procesal surtido ante el a quo y no pueden ser estudiados en segunda
instancia14.

9.Mediante auto del 26 de marzo de 202615, el despacho del Magistrado Ponente
negó la incorporación como prueba en segunda instancia de los documentos
aportados por la parte demandante junto con el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

F. Oportunidad de la demanda

10. La oportunidad de la presente demanda de controversias contractuales debe ser
estudiada con base en lo establecido en el inciso v) del literal j) del numeral 2° del
artículo 164 del CPACA16, pues el contrato de obra número 3011*2018*000007, que

11 Índice 5 de Samai del Consejo de Estado.
12 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de

acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta
la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación
con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes”.
13 “6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese

el proceso al despacho para sentencia”.
14 Índice 11 de Samai del Consejo de Estado.
15
Índice 13 de Samai del Consejo de Estado.
16 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) j) En las relativas a contratos el término para
demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. (…) v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre
por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos

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suscribieron las partes el 28 de mayo de 2018, es de tracto sucesivo y, aunque
requería de corte de cuentas según las voces del artículo 60 de la Ley 80 de 199317,
no fue liquidado por las partes.

10.1. Frente a la liquidación, la cláusula trigésima primera del contrato dispuso que
las partes debían liquidarlo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
suscripción del acta de recibo final y que, en caso de que el contratista se oponga
o no exista la mencionada acta, la entidad contratante podría liquidarlo
unilateralmente.

10.2. En el caso concreto, si bien el demandante se refirió en el hecho cuatro (4) de
la demanda a un acta de recibo final del 18 de diciembre de 2020, tal afirmación no
solo está desprovista de prueba dentro del expediente, sino que además fue negada
expresamente por la entidad demandada en su contestación, quien precisó que lo
que se suscribió en realidad fue un acta de terminación con pendientes de 20 de
octubre de 2020. En ese sentido, la Sala no encuentra configurado el supuesto de
hecho previsto en la cláusula trigésima primera y deberá dar aplicación a la norma
integrativa prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 200718 para determinar el
plazo de liquidación y de caducidad del medio de control.

10.3. El contrato tuvo un término de ejecución inicial de doce (12) meses contados a
partir de la suscripción del acta de inicio del 23 de julio de 2018, el cual fue
suspendido dos veces, mediante actas No. 1 del 16 de julio de 2019 y No. 2 del 24
de marzo de 2020, y prorrogado tres veces con la adición No. 1 del 22 de noviembre
de 2019 y las actas de prórroga No. 2 del 20 de marzo de 2020 y No. 3 del 20 de
agosto de 2020, hasta llegar al acta de terminación con pendientes del 20 de octubre
de 2020.

10.4. Así las cosas, en vista de que el plazo supletivo que tenían las partes para
efectuar la liquidación del contrato, de mutuo acuerdo o de forma unilateral,
transcurrió entre el 21 de octubre de 2020 y el 22 de abril de 2021, se tiene que el
término de caducidad comenzó a contabilizarse a partir del 23 de abril de 2021 y
venció el 23 de abril de 2023. Y como la demanda se radicó ante el Tribunal

(2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto,
del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene
o del acuerdo que la disponga (…)”.
17 “Ley 80 de 1993. Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo,

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto
de liquidación (…)”.
18 “Ley 1150 de 2007. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de

mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le
haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del
C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”

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Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

Administrativo del Atlántico el 16 de diciembre de 2021, según consta en el acta
individual de reparto visible en el expediente digital19, se puede concluir que el
derecho de acción se ejerció oportunamente.

G. Cuestión previa

11. Antes de abordar el caso concreto, la Sala considera necesario realizar una serie
de precisiones sobre el alcance de la demanda y los reparos formulados en el
recurso de apelación, toda vez que la revisión del escrito de impugnación permite
concluir que mientras un grupo de argumentos reitera los fundamentos expuestos
en el libelo introductorio sin cuestionar puntos concretos de la sentencia apelada,
otro no fue planteado en la oportunidad procesal correspondiente y su inclusión en
esta instancia pretende variar la causa petendi.

11.1. En efecto, la Unión Temporal solicitó con la demanda el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato de obra número 30*11*2018*000007. En su
criterio, “en este caso surgieron circunstancias posteriores a la celebración del
contrato y no imputables a las partes”, que no constituían riesgos propios de la
actividad contratada y que afectaron la conmutatividad de las prestaciones. Por tal
motivo, sus pretensiones estaban dirigidas únicamente a obtener el reconocimiento
y pago de los costos asumidos por mayor permanencia, ítems no previstos y
sobrecostos de los materiales, sin entrar a formular imputaciones de incumplimiento
de obligaciones contractuales al Departamento en relación con tales
acontecimientos.

11.2. Por su parte, con el recurso de apelación la Unión Temporal planteó dos tipos
de argumentos.

11.2.1. Por una parte, censuró la sentencia de primera instancia por no estudiar de
fondo los hechos expuestos en la demanda, los criterios de desequilibrio contractual
presentados por el contratista y las condiciones que rodearon la ejecución del
contrato, y aunque pretendió desarrollar a profundidad cada uno de los reparos con
las documentales que allegó con el recurso, lo cierto es que tales pruebas fueron
desestimadas en segunda instancia mediante auto del 26 de marzo de 2026 20.

11.2.2. En el segundo grupo de argumentos manifestó que fue el incumplimiento de
la entidad contratante la causa eficiente de los sucesos que fracturaron la ecuación
contractual, pues la reformulación del proyecto, el desfase en los precios, los errores
en los cálculos de los costos indirectos y la falta de liquidación obedecieron al actuar
negligente del contratante en las fases de planeación y ejecución, razón por la cual,
además de reprochar que la sentencia del a quo no se hubiera pronunciado sobre
ese asunto, solicitó la indemnización plena de los perjuicios causados por la culpa
contractual del Departamento del Atlántico.

19 Índice 1 de Samai del Tribunal.
20 Índice 13 de Samai del Consejo de Estado.

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Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

11.3. Esa situación, vista a la luz de lo establecido en los artículos 32021, 322 numeral
3°22 y 32823 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante
“CGP”, implica que la parte recurrente no solo desatendió la carga de formular
reparos concretos contra la sentencia, sino que, además, la impugnación resulta
contraria al principio de congruencia que está previsto expresamente en el artículo
28124 del citado estatuto procesal y que delimita la competencia del juez, toda vez
que introdujo una cuestión que no fue objeto de las pretensiones formuladas y que
no fue discutida expresa o tácitamente durante el trámite de la primera instancia,
como lo es la responsabilidad contractual por el supuesto incumplimiento de la
entidad demandada.

11.3.1. En cuanto a los reparos concretos en el recurso de apelación, la jurisprudencia
de esta Corporación ha indicado que el apelante debe plantear una argumentación
que controvierta las razones que fundaron la decisión del juez de primera instancia,
que identifique con claridad los puntos específicos de la sentencia que considera
errados y que brinde las razones por las cuales, a su juicio, la determinación del a
quo debe ser revocada o modificada25. Así mismo, ha dicho que la carga de
sustentación no se satisface con manifestaciones genéricas de disenso frente a la
providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que, en su
lugar, se acceda a los intereses del recurrente y mucho menos con la reiteración o
remisión de las razones expuestas en la primera instancia26. En ese orden de ideas,
argumentos como los expuestos en la primera parte del recurso, con los que se
censura la sentencia del tribunal por la opacidad de su argumentación, evidencian
una desatención de la mencionada carga procesal, pues su vaguedad y amplitud no
solo impide realizar un examen de inconformidades puntuales en los términos
establecidos en el artículo 320 del CGP, sino que, de hacerlo, supondría adelantar
una revisión ilimitada e improcedente de la controversia con la que, en la práctica,
se resultaría reabriendo de forma integral el debate surtido en primera instancia, en
desmedro del carácter dispositivo y rogado del recurso de apelación.

21 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la

cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión (…)”.
22 “Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes

reglas: (…) 3. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia,
si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la
que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos
que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior./ Para la
sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con
la providencia apelada”. (Se destaca).
23 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre

los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley (…)”.
24 “Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones

aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último (…)”
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2026, expediente número

25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188), C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente número

68001-23-31-000-2012-00368-01(52711), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

11.3.2. Respecto a la congruencia en el recurso de alzada, esta Subsección ha
sostenido que el juez de segunda instancia no puede pronunciarse “sobre nuevos
cargos y hechos que no fueron aducidos en el libelo introductorio, no se discutieron
en el proceso ni la parte demandada tuvo la oportunidad de controvertirlos de modo
que tenerlos en cuenta en esta instancia, se traduciría en una vulneración del debido
proceso, en cuanto ello comporta una variación de la causa petendi”27. En el caso
concreto, tal modificación se presentó a partir del momento en que el recurrente
atribuyó, en la apelación, el desequilibrio económico del contrato al incumplimiento
de la entidad contratante, pues con tal proceder, además de introducir una cuestión
que no fue objeto de ninguna pretensión, como lo es la indemnización de perjuicios
por la insatisfacción culposa del débito contractual, resultó alterando por completo
los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, toda vez que el instituto del
equilibrio económico en la contratación estatal y la responsabilidad por
incumplimiento tienen presupuestos, naturaleza y alcances disímiles que conviene
no entremezclar. Sobre el particular, ha dicho esta Corporación:

26. Así, como se señaló previamente, el principio de equilibrio económico del
contrato tiene como principal finalidad la de conservar, durante la vida del contrato,
las condiciones financieras existentes al momento del nacimiento del vínculo, para
que el negocio cumpla cabalmente su función económico-social y el logro de los
fines que le animaron a contratar. Precisamente con ese fin es que la normatividad
vigente faculta -e impone como deber- a las entidades estatales contratantes para
que, en sede administrativa, adopten las medidas o instrumenten los mecanismos
encaminados a preservar esas condiciones.
27. En un contexto muy diferente, cuando se estudia el incumplimiento de una de
las partes por razón de la total inobservancia o del cumplimiento tardío o defectuoso
de las obligaciones que de manera libre, voluntaria y vinculante asumieron al
celebrar el contrato, el examen debe acometerse desde la perspectiva de la
responsabilidad contractual. En este escenario, el ordenamiento faculta al
contratante cumplido o que hubiera estado en disposición de cumplir con las
prestaciones a su cargo en la forma y tiempo debidos, para que, en sede judicial,
pueda solicitar la resolución del respectivo vínculo negocial o su cumplimiento, en
ambos casos con la correspondiente indemnización de los perjuicios causados o
incluso, si a ello hubiere lugar, autoriza a la entidad estatal contratante para
sancionar al contratista particular incumplido mediante la declaratoria de caducidad
administrativa del contrato o para declarar el incumplimiento con el fin de hacer
efectiva la cláusula penal que se hubiere pactado.
28. Lo expuesto explica que esta Sección haya subrayado que cuando se aduce
como fundamento del deber de una de las partes de efectuar reconocimientos
económicos a la otra, la exigencia de restablecer el equilibrio financiero del contrato,
“se trata de una responsabilidad sin falta, cuya reparación obedecerá a las
características y requisitos propios para la configuración de cada una de las
hipótesis que la configuran y de su prueba en la situación negocial en que se
invoquen (imprevisión, hecho del príncipe, etc.)”28. A diferencia de lo anterior, cuando
el fundamento que se invoca es el incumplimiento de alguna obligación contractual
por su falta de ejecución o su ejecución tardía o defectuosa, la parte incumplida “es
sancionada por el orden jurídico a título de responsabilidad subjetiva y por culpa,
que sólo admite exoneración por causas que justifiquen la conducta no imputable al

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2024, expediente

número 47001-23-31-000-2012-00036-01 (65337), C.P. Alberto Montaña Plata.
28 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, expediente número

27001-23-31-000-1997-02953-01(16491), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

contratante fallido (fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa del
cocontrante)”29.30.

11.4. Así las cosas, la Sala no se pronunciará sobre los cargos estructurados a partir
del supuesto incumplimiento contractual del Departamento del Atlántico planteado
en la apelación, por cuanto dicha cuestión no fue objeto de ninguna de las
pretensiones formuladas, no se planteó en los fundamentos de hecho y de derecho
de la demanda ni fue introducida al litigio en las oportunidades procesales
pertinentes para integrar la causa petendi. Y aunque tal decisión también debería
predicarse de las afirmaciones genéricas que estructuran el primer grupo de
reparos, la Sala procederá a su análisis.

H. Sentido de la decisión

12. La Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los reparos que se ajustan a la
causa petendi no satisfacen la carga argumentativa exigible en esta instancia.

I. Análisis del caso concreto

13. El apelante planteó, en primer lugar, que la sentencia del tribunal no estudió de
fondo los criterios de desequilibrio económico presentados por el contratista, no
valoró las condiciones en las que se desarrolló la relación contractual y no hizo un
análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda.

13.1. Dichas afirmaciones no constituyen reparos concretos frente a la sentencia
impugnada y carecen de la idoneidad suficiente para revertir la presunción de
acierto que ampara las decisiones judiciales, pues no contienen ningún elemento
que ponga de presente un análisis inadecuado del problema jurídico planteado en
la respectiva instancia, que el tribunal haya omitido pronunciarse sobre alguno de
los puntos del litigio y tampoco una indebida valoración de las pruebas obrantes en
el proceso.

13.2. Sin embargo, frente a esos puntos específicos, la Sala encuentra que el Tribunal
Administrativo del Atlántico consideró cada uno de los eventos de ruptura de la
ecuación económica del contrato, es decir, los sobrecostos por mayor permanencia
en obra debido a las suspensiones no imputables al contratista, el costo de los
protocolos de bioseguridad, el aumento de precio de los materiales y el valor de la
parálisis de la maquinaria, los confrontó con los acuerdos contractuales suscritos
por las partes durante la ejecución del negocio y concluyó que en todos ellos los
contratantes aceptaron que las modificaciones del programa obligacional no
afectaron el equilibrio económico del negocio ni generaron gastos de administración
adicionales o mayores costos de permanencia en obra. En la sentencia se precisó:

Visto lo anterior, observa el Tribunal que en las prórrogas del contrato, las partes
además de definir el tiempo adicionado, las causas que las motivaron, de forma clara
dispusieron y aceptaron que su celebración no afectaba el equilibrio económico del

29 [Cita del original] Idem.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2026, expediente número

08001-23-33-000-2022-00115-02 (71510), C.P. Diego Enrique Franco Victoria.

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

contrato y gastos de administración adicionales y/o mayores costos de permanencia
en obra. Lo propio se hizo en punto a su adición. (…)
En virtud de lo anterior, como el sustento de la ruptura del equilibrio económico del
contrato de obra pública se sustenta en costos por mayor permanencia en obras por
motivo de las suspensiones, costos por protocolo de bioseguridad y dotación,
además del valor accesorio del acero, PRF y Bombas, no resulta procedente
estudiar dicha pretensión indemnizatoria, en la medida en que se basan en las
mismas causas que propiciaron las prórrogas pactadas y las adiciones a las que se
ha hecho mención.

13.3. En consecuencia, no solo resulta evidente la ausencia total de reparos
concretos y específicos en la apelación, sino también que ninguna de las
afirmaciones del impugnante permite desvirtuar el análisis desarrollado por el a quo,
según el cual lo consignado en los documentos contractuales sobre la
conmutatividad del negocio obedeció al querer de las partes y debe ser respetado
por las autoridades judiciales, en la medida en que fue consecuencia del ejercicio
legítimo y libre de vicios de su libertad negocial.

14. En segundo lugar, en la apelación se afirma que el tribunal no se pronunció sobre
las pruebas aportadas, las cuales, según el demandante, evidencian un
desequilibrio contractual en cuanto al desfase en los precios, ni frente a los
conceptos técnicos explicados con la demanda y que presentan claramente los
valores reclamados.

14.1. En este aspecto, nuevamente se observa que la impugnación se formuló en
términos generales, que no permiten identificar el reparo concreto y razonado en
contra de la sentencia de primer grado, dado que el recurrente no precisó cuáles
fueron las pruebas omitidas por el tribunal, no planteó argumentos que permitieran
controvertir la valoración efectuada frente a los acuerdos logrados por los
contratantes sobre el precio y el plazo de la obra, y no describió el contenido de los
conceptos técnicos que presuntamente presentan los valores reclamados.

14.2. En este punto, observa la Sala que el Tribunal sí valoró las pruebas
documentales aportadas por las partes, incluso aquellas que se allegaron por medio
del enlace del sistema SECOP I31, y que con fundamento en su poder demostrativo
concluyó que los contratantes acordaron i) en el acta de suspensión No. 1 del 16 de
julio de 201932, que la pausa en la ejecución no generaba gastos adicionales por
permanencia en obra o lucro cesante a cargo de la entidad; ii) en la cláusula séptima
de la adición No. 1 del 22 de noviembre de 201933, que el contratista renunciaba a
toda reclamación derivada de la suscripción del acuerdo, incluidas las condiciones
que motivaron la reformulación del proyecto, pues esa fue la causa de tal
modificación contractual; iii) en la cláusula cuarta de la prórroga No. 2 del 20 de

31 El Tribunal Administrativo del Atlántico, en audiencia inicial celebrada el 6 de junio de 2023, decretó como

pruebas los documentos que fueron allegados válidamente al proceso por las partes, incluido el enlace del
sistema SECOP I aportado con la contestación del Departamento. Documentos visibles en el índice 2 de Samai
del Consejo de Estado, anotaciones “22ED20GrabacionAudiencia(.mp4)” y
“23ED_21ActaDeAudienciaIni(.pdf)”, y en el índice 19 de Samai del tribunal de primera instancia.
32 Archivo “ACTA DE SUSPENSIÓN 1” de SECOP I. Disponible en: Detalle del proceso: LP-DG-003-2017.
33 Folios 38 y 39 del archivo “001DemandaAnexos.pdf”, visible en el del Índice 2 de Samai del Consejo de

Estado, anotación “2ED_REMISIONEXPEDIENTE20 (.pdf).

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Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

marzo de 202034, que el contratista reconoce que la modificación no afecta el
equilibrio económico del contrato; iv) en el acta de suspensión No. 2 del 24 de marzo
de 2020, que la suspensión no genera mayores costos por permanencia en obra ni
otros adicionales; v) en la cláusula cuarta de la prórroga No. 3 de 20 de agosto de
202035, una declaración de equilibrio similar a la de la prórroga anterior; y vi) en el
acta de terminación con pendientes del 20 de octubre de 2020 36, que la obra
presentaba un avance financiero del 97.3%, un avance físico total de 96.04%, y que
el contratista contaba con un plazo de dos (2) meses para realizar las correcciones
del objeto contratado.

14.3. Se advierte, también, que Tribunal se pronunció sobre la precariedad probatoria
de la demanda y resaltó la ausencia de elementos de convicción que acreditaran
los mayores gastos generados por mayor permanencia, el costo de los protocolos
de bioseguridad y el aumento del valor de los materiales de la obra, lo cual no solo
le impidió tener por demostradas las causas del desequilibrio económico del
contrato, sino, también, la incidencia que dichas erogaciones tuvieron en la
conmutatividad de las prestaciones.

15. Finalmente, en tercer lugar, la Sala advierte que el apelante no controvirtió el
fundamento central de la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, pues no
formuló reparo alguno frente a la interpretación que el a quo hizo de los acuerdos
contractuales mediante los cuales las partes regularon expresamente los efectos
económicos de las suspensiones, prórrogas y adiciones del contrato. Ese
razonamiento constituyó la ratio decidendi de la providencia impugnada y, al no
haber sido rebatido —ni siquiera mencionado— en el recurso de alzada, conserva
incólume la presunción de acierto que lo ampara.

15.1. En efecto, la denegación de las pretensiones no obedeció a que los hechos
sobrevenidos durante la ejecución del contrato fueran previsibles o imputables a
alguna de las partes, sino a que sus efectos económicos fueron expresamente
regulados por aquellas en los respectivos acuerdos modificatorios.

15.2. En consecuencia, como el recurso de apelación no desvirtuó el fundamento
central de la decisión impugnada, esta será confirmada.

J. Costas

16. La Sala condenará en costas y agencias en derecho al recurrente porque se le
resolvió desfavorablemente la apelación, de acuerdo con el numeral 3° del artículo
365 del Código General del Proceso, al que remite en esta materia el inciso primero
del artículo 188 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo,

34
Archivo “PRÓRROGA 2 AL CONTRATO DE OBRA” de SECOP I. Disponible en: Detalle del proceso: LP-DG-
003-2017.
35 Archivo “PRÓRROGA 3 AL CONTRATO DE OBRA” de SECOP I. Disponible en: Detalle del proceso: LP-DG-

003-2017.
36 Archivo “ACTA DE TERMINACIÓN CON PENDIENTES” de SECOPI. Disponible en: Detalle del proceso: LP-

DG-003-2017

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Expediente: 08001-23-33-000-2022-00005-01 (73296)
Demandante: Unión Temporal Obras Especiales Agua Potable

costas que deberán incluir las agencias en derecho y deberán tasarse y liquidarse
de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho de la segunda instancia
a la parte demandante, las cuales se fijarán y liquidarán de forma concentrada por
el Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Aclara voto

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