RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2017-02272-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02272-02

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02272-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho de la segunda instancia a la parte demandante, las cuales se liquidarán por el Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. 28 Constitución Política, artículo 228: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 29 Constitución Política, artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas./ Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio./ En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 16 Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188) Demandante: Consorcio CVP 2013 TERCERO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente a dicho Tribunal, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-02272-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de abril de 2026

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control : Controversias contractuales
Radicación : 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante : Consorcio CVP 2013
Demandado : Caja de la Vivienda Popular

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 17 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que dispuso negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas
a la demandante. La Sala es competente para resolver el recurso, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante, CPACA 1 y el Tribunal lo
fue para conocer del proceso en primera instancia, según el numeral 5° del artículo 152
del mismo estatuto2-3.

SÍNTESIS4

El Consorcio CVP de 2013 —en adelante, también, el “Consorcio”— solicitó que se
declarara que la Caja de la Vivienda Popular —en adelante “CVP”— incumplió el Contrato
de interventoría No. 579 del 20 de diciembre de 2013 —en adelante, el “Contrato”— o,
en su defecto, que se reconociera la ruptura de su equilibrio económico, con la
consecuente indemnización de los perjuicios que afirma haber sufrido, circunscritos a los
servicios profesionales prestados durante el mayor tiempo de ejecución contractual. El
Tribunal negó las pretensiones en primera instancia al considerar que la ampliación del

1 CPACA, artículo 150 (texto original, previo a la modificación introducida con el artículo 25 de la Ley 2080

de 2021): “Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos (…).”
2 CPACA, artículo 152, numeral 5: “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los

Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)5. De los relativos
a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos
órdenes (…), cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
3 De conformidad con el contenido de las pretensiones de la demanda (cuaderno 1, folios 2 a 24), la

pretensión de mayor valor asciende, para la fecha de su presentación, a la suma de $ 797.357.369,89,
correspondiente a la sumatoria de los numerales 1 al 4 de la pretensión segunda, monto que supera los
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.
4 Temas: Recurso de apelación - Ausencia de argumentación suficiente – Reparos concretos. Principio de

congruencia.

1

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

plazo de ejecución tuvo como causa, entre otros factores, el incumplimiento de la
demandante y que no se acreditaron los presupuestos del desequilibrio económico. La
Sala confirmará la decisión, en tanto el recurso de apelación no formula reparos concretos
frente a los fundamentos de la providencia recurrida y, además, introduce aspectos no
alegados oportunamente, con lo cual se pretende una variación extemporánea de la
causa petendi.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El 4 de diciembre del 20175, el Consorcio CVP 20136 presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la Caja de la Vivienda
Popular, con las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare que la CAJA DE VIVIENDA POPULAR, incumplió el
contrato No. 579 de 2013, celebrado con el CONSORCIO CVP 2013, cuyo objeto era
“EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO [sic] PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A LA ESCALA
BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE, USME,
SAN CRISTÓBAL, BOSA, SANTAFE, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA EN BOGOTÁ D.C.,
DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL PROCESO LICITATORIO CVP.LP-02-2012 –
GRUPO 2”.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior se ordene a la CAJA
DE LA VIVIENDA POPULAR a reconocer y pagar las sumas de dinero a favor del
CONSORCIO CVP 2013, las siguientes cantidades:
1. La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($155.053.648,98) por concepto de los servicios profesionales
causados con ocasión del contrato de interventoría No. 579 de 2013 a favor del
CONSORCIO CVP 2013, correspondiente a la etapa de estudios y diseños.
(…)
2. La suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($139.046.500,65),
por concepto de los servicios profesionales causados con ocasión del contrato de
interventoría No. 579 de 2013 a favor del CONSORCIO CVP 2013, correspondiente
a la etapa de construcción.
(…)
3. La suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($50.879.028,65),
por concepto de los servicios profesionales causados con ocasión del contrato de
interventoría No. 579 de 2013 a favor del CONSORCIO CVP 2013, correspondiente
al IVA del 19% sobre los valores antes mencionados.
4. Que se condene al pago de los daños y perjuicios de esta conducta de la CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR a favor del CONSORCIO CVP 2013 como consecuencia
del desequilibrio económico y los daños y perjuicios que esto ha generado y los
respectivos intereses que esto conlleva en cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA

5 Cfr. Acta individual de reparto, cuaderno 1, folio 25.
6 Integrado INGCONSA Ltda. e INFRALAR S.A.S. (cuaderno de pruebas No. 2, folios 16 y 17.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($245.650.876,89) MÁS
IVA DEL 19%, correspondiente a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($46.673.666,61), para un total de
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($292.324.543,50), suma liquidada desde el momento en que la CAJA DE
VIVIENDA POPULAR se constituyó en mora e incumplimiento del referido contrato,
debiéndose liquidar en los términos que establece el artículo 1617 del Código Civil.
(…)
TERCERA. Que por el incumplimiento en las obligaciones contractuales de pago y
ausencia de liquidación del contrato se condene al correspondiente pago por
actualización y cubrimiento de la devaluación de la moneda con base en los intereses
corrientes o interés técnico aceptado por el H. Consejo de Estado de conformidad con
los certificados que expida la Superintendencia Bancaria al momento de su
actualización.
CUARTA. Que las sumas de que tratan los dos numerales anteriores se actualicen
(corrección monetaria), desde la fecha en que se causaron, hasta el día del pago.
QUINTA. Ordenar a la entidad demandada, para que dentro del término de treinta (30)
días contados desde la comunicación de la sentencia, profiera la Resolución
correspondiente, en la cual adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento,
conforme lo dispone el artículo [sic] 187 y 192 del C.P.A.C.A.
SEXTA. Si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada liquidará los
intereses comerciales y moratorios hasta que le de [sic] cabal cumplimiento a la
sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 192 numeral tres del
C.P.A.C.A.
SÉPTIMA. Condenar en costas a la entidad demandada.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA. Que se declare que existió un rompimiento del equilibrio económico del
contrato 579 de 2013 que ocasionó perjuicios al CONSORCIO CVP 2013 y a su
representante legal, por las siguientes razones:
A. La suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($155.053.648,98) por concepto de los servicios profesionales causados con ocasión
del contrato de interventoría No. 579 de 2013 a favor del CONSORCIO CVP 2013,
correspondiente a la etapa de estudios y diseños.
(…)
B. La suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($139.046.500,65), por
concepto de los servicios profesionales causados con ocasión del contrato de
interventoría No. 579 de 2013 a favor del CONSORCIO CVP 2013, correspondiente a
la etapa de construcción.
(…)
C. La suma de CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($50.879.028,65), por
concepto de los servicios profesionales causados con ocasión del contrato de
interventoría No. 579 de 2013 a favor del CONSORCIO CVP 2013, correspondiente al
IVA del 19% sobre los valores antes mencionados.
D. Que se condene al pago de los daños y perjuicios de esta conducta de la CAJA DE
LA VIVIENDA POPULAR a favor del CONSORCIO CVP 2013 como consecuencia del
desequilibrio económico y los daños y perjuicios que esto ha generado y los respectivos
intereses que esto conlleva en cuantía de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($245.650.876,89) MÁS IVA DEL
19%, correspondiente a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y

3

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

UN CENTAVOS ($46.673.666,61), para un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($292.324.543,50), suma liquidada desde el
momento en que la CAJA DE VIVIENDA POPULAR se constituyó en mora e
incumplimiento del referido contrato, debiéndose liquidar en los términos que establece
el artículo 1617 del Código Civil.
(…)
SEGUNDA. Que por el incumplimiento en las obligaciones contractuales de pago y
ausencia de liquidación del contrato se condene al correspondiente pago por
actualización y cubrimiento de la devaluación de la moneda con base en los intereses
corrientes o interés técnico aceptado por el H. Consejo de Estado de conformidad con
los certificados que expida la Superintendencia Bancaria al momento de su
actualización.
TERCERA. Que las sumas de que tratan los dos numerales anteriores se actualicen
(corrección monetaria), desde la fecha en que se causaron, hasta el día del pago.
CUARTA. Ordenar a la entidad demandada, para que dentro del término de treinta (30)
días contados desde la comunicación de la sentencia, profiera la Resolución
correspondiente, en la cual adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento,
conforme lo dispone el artículo [sic] 187 y 192 del C.P.A.C.A.
QUINTA. Si no se efectúa el pago oportunamente, la entidad condenada liquidará los
intereses comerciales y moratorios hasta que le de [sic] cabal cumplimiento a la
sentencia que le puso fin al proceso, conforme lo prevé el artículo 192 numeral tres del
C.P.A.C.A.
SEXTA. Condenar en costas a la entidad demandada7.

2. Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las afirmaciones que enseguida
se sintetizan:

2.1. La CVP y el Consorcio CVP 2013 suscribieron el Contrato de Interventoría No. 579
del 20 de diciembre de 2013, cuyo objeto consistió en la interventoría integral —técnica,
administrativa, financiera, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo— de los
estudios, diseños y obras de intervención física barrial en varias localidades de Bogotá.
El Contrato se celebró por un valor de $251.187.000, con un plazo inicial de doce meses,
contados desde la suscripción del acta de inicio —20 de febrero de 2014—, y se
estructuró en tres etapas: i) estudios y diseños; ii) construcción; y (iii) liquidación.

2.2. La interventoría recaía sobre el Contrato de Obra No. 582 de 2013, celebrado entre
la CVP y el Consorcio CVP G2, encargado de ejecutar los estudios, diseños y obras.
Durante la etapa de estudios y diseños, el contratista de obra incurrió en atrasos
significativos en la entrega de productos, pese a los reiterados requerimientos formulados
por la interventoría. Finalizada la etapa de estudios y diseños el 19 de junio de 2014, la
interventoría solicitó la imposición de multas.

2.3. Según la demanda, la CVP tardó cerca de cinco meses en adoptar la decisión
sancionatoria correspondiente, la cual solo se materializó el 13 de noviembre de 2014, y
entretanto, requirió a la interventoría para continuar prestando sus servicios en la
evaluación de productos entregados de manera extemporánea por el contratista de obra.
Adicionalmente, a través de la supervisión contractual, la CVP formuló reparos a los
productos previamente avalados por la interventoría, los cuales —según se afirma—

7 Cuaderno No. 1, folios 2 a 6.

4

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

fueron posteriormente desvirtuados por un concepto técnico de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros.

2.4. Finalmente, se sostiene que la interventoría desplegó actividades adicionales y
asistió a múltiples reuniones entre enero de 2015 y enero de 2016, con ocasión de las
suspensiones del contrato de obra y de su declaratoria de caducidad, posteriormente
revocada. Esta extensión temporal implicó el mantenimiento del personal profesional
exigido en el contrato por un lapso superior al pactado, lo que —a juicio del demandante—
alteró el equilibrio económico del contrato de interventoría.

B. Posición de la parte demandada

3. La CVP contestó oportunamente la demanda8; se opuso a las pretensiones y,
además, propuso excepciones, entre ellas, la de falta de competencia e ineptitud
sustantiva de la demanda por deficiente estimación razonada de la cuantía9.

3.1. Sostuvo que la CVP cumplió con sus obligaciones contractuales. Sobre este
particular, puso de presente que no omitió iniciar el trámite sancionatorio contra el
contratista de obra y que, por el contrario, le impuso una multa como consecuencia del
informe presentado por la interventoría. Agregó que no efectuó exigencias
extemporáneas a la interventoría y que las comunicaciones de la supervisión buscaban
exigir el cumplimiento de obligaciones pendientes, la entrega de productos definitivos y
la actualización o modificación de garantías. Aseguró que, por el contrario, existieron
incumplimientos y ausencias del personal de interventoría que dieron lugar a decisiones
sancionatorias contra esta —por incumplimiento parcial— y a requerimientos por
inasistencia a reuniones. Estos incumplimientos se encontrarían confirmados en el
informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

3.2. En cuanto al desequilibrio económico, alegó que las suspensiones y la prórroga
del Contrato obedecieron a vicisitudes del contrato de obra y fueron solicitadas o avaladas
sin que el Consorcio dejara salvedades ni reclamara mayores costos al suscribirlas, por
lo que cualquier pretensión posterior sería improcedente.

3.3. Finalmente, señaló que el contrato preveía pagos por etapas y por avance, de
modo que, si no se inició la etapa de construcción, no procedía reconocer sumas
asociadas a esa fase; por ello, calificó como cobro de lo no debido lo pedido por
“construcción” y sostuvo que, en la liquidación bilateral, solo se reconoció $29.026.053,
descontándose $25.118.700 por multa, con saldo a favor del contratista de $3.907.353.

8 Cuaderno No. 1, folios 38 a 54.
9 En la audiencia inicial se declaró no probada la excepción así formulada, decisión contra la que se
interpuso recurso de apelación. Mediante auto del 8 de julio de 2021 la decisión del a quo fue confirmada
por esta Corporación.

5

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

C. La sentencia recurrida

4. En sentencia del 17 de octubre del 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda con base en las siguientes
consideraciones:

4.1. Como cuestión previa, el Tribunal precisó que no se pronunciaría sobre los
planteamientos relativos al abuso de posición dominante, desviación de poder y violación
de los principios de planeación y buena fe en la ejecución contractual, introducidos por el
demandante en los alegatos de conclusión. Lo anterior, teniendo en cuenta que tales
argumentos no integraban los fundamentos iniciales de la demanda y su examen
desconocería los principios de congruencia y de preclusión y el derecho de contradicción
y defensa, en la medida en que implicaban una modificación intempestiva de la causa
petendi.

4.2. No procede declarar el incumplimiento de la CVP ni reconocer mayores costos,
porque se acreditó que la interventoría incurrió en incumplimientos de sus deberes de
control y vigilancia del contrato de obra, circunstancia que incidió para que, dentro del
plazo contractual, solo se ejecutara la etapa de estudios y diseños y no se iniciara la
construcción, lo que tornaba en improcedentes las sumas reclamadas por mayor
permanencia y por la supuesta ejecución de la fase constructiva.

4.3. Se descartó la tesis según la cual la supervisión habría formulado requerimientos
“extemporáneos” o ajenos a lo pactado. Al respecto, sostuvo que los requerimientos
dirigidos a la interventoría durante la etapa de estudios y diseños se enmarcaron en las
obligaciones contractuales.

4.4. Tampoco se acreditó que la aprobación impartida por la interventoría en diciembre
de 2014 hubiera dejado los estudios y diseños en condiciones técnicas y de calidad
suficientes para habilitar el inicio de la construcción, pues el expediente evidenciaba
observaciones, correcciones e inasistencias del equipo de interventoría. Durante el
periodo de revisión de los estudios y diseños la CVP exigió el personal establecido
contractualmente para esa etapa y el proceso de subsanación de los productos
entregados por el contratista de obra tomó parte del plazo previsto para la fase de obra.
En estas condiciones, la extensión de la fase de estudios y diseños obedeció, también, a
incumplimientos del interventor, lo que excluye la procedencia de cualquier
reconocimiento económico adicional.

4.5. No se acreditaron los supuestos para la prosperidad de las pretensiones
subsidiarias por desequilibrio económico del contrato, pues la imposibilidad de ejecutar
la etapa de construcción obedeció, igualmente, a hechos atribuibles a la interventoría.

4.6. El Tribunal condenó al demandante en costas de la primera instancia.

6

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

D. Recurso de apelación

5. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, en la cual se reiteraron,
sustancialmente, los argumentos expuestos en los alegatos de conclusión presentados
en el curso de la primera instancia10, los cuales se sintetizan como sigue:

5.1. En primer lugar, se formula un problema jurídico coincidente con el presentado en
los alegatos de conclusión, centrado en determinar si se produjo la ruptura del equilibrio
económico del contrato de interventoría por hechos no imputables al interventor y si, en
consecuencia, la CVP estaba obligada a restablecer la ecuación contractual y a reparar
los perjuicios derivados del mayor tiempo de ejecución, en particular aquellos asociados
a costos profesionales y permanencias adicionales

5.2. De forma idéntica a la planteada en los alegatos de conclusión de primera
instancia, en la apelación se sostiene que el Consorcio CVP 2013 cumplió las labores de
interventoría a su cargo durante la etapa de estudios y diseños. En tal sentido, se afirma
que verificó productos, formuló observaciones, realizó seguimiento técnico —topográfico,
hidráulico, estructural, geotécnico, urbanístico y social—, radicó comunicaciones e
informes y efectuó control del cronograma.

5.3. En relación con las obligaciones contractuales a cargo de la CVP, el demandante
indicó, tanto en los alegatos de conclusión como en el recurso de apelación y en términos
idénticos, que la “Caja de la Vivienda Popular pagó a la Interventoría el Consorcio CVP
2013, Unica [sic] y exclusivamente, el valor por la etapa de estudios y diseños, etapa que
estaba programada para un tiempo de ejecución de 4 meses máximo 5 meses y se alargó
por 14 meses más de duración”. Añadió que, al momento de la liquidación contractual, la
CVP habría reconocido un monto mínimo, equivalente a la etapa inicial, pese a la
prolongación efectiva de dicha fase, lo cual habría generado el desequilibrio económico
alegado.

5.4. En ambos escritos se invoca, en los mismos términos, el concepto técnico de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, para sostener que los diseños inicialmente
presentados y aprobados cumplían las condiciones de ingeniería y la normativa distrital,
y que la prolongación del contrato obedeció a observaciones posteriores y a dinámicas
de revisión que se extendieron hasta el final de la relación contractual.

5.5. Tanto en los alegatos de conclusión como en la apelación se desarrollan
argumentos relativos al abuso de posición dominante y a la violación del principio de
planeación, con el propósito de atribuir responsabilidad contractual a la CVP, en la
medida en que su actuación habría incidido en la extensión del plazo contractual y en la
consecuente alteración de la ecuación económica del contrato de interventoría.

10Archivo “51_250002336000201702272002MemorialWeb2024115212029.pdf”, obrante en el índice
SAMAI 00058 de primera instancia.

7

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

5.6. Finalmente, en ambos escritos se articula la tesis del derecho al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato, con fundamento en la mayor permanencia exigida
al interventor, para afirmar que la prolongación del plazo generó sobrecostos no previstos
ni cubiertos por el precio inicialmente pactado, cuya asunción no resultaría jurídicamente
exigible al contratista cuando la extensión temporal no le es imputable.

6. Como elementos novedosos del recurso de apelación frente a los alegatos de
conclusión de primera instancia se pueden destacar exclusivamente, los siguientes:

6.1. Aunque el constructor venía incumpliendo los plazos contractuales desde junio de
2014, una vez subsanados los productos se produjo la aprobación de los estudios y
diseños por parte de la interventoría, decisión que no fue aceptada por la CVP, la cual
impuso una multa a aquella por haber otorgado dicha aprobación y la conminó a
reversarla; posteriormente, emitida la improbación, la CVP revocó la sanción. Este
proceder incidió de manera determinante en el desequilibrio contractual, al imponer la
elaboración de nuevos diseños y su revisión, pese a que con posterioridad la Sociedad
de Ingenieros concluyó que los diseños inicialmente aprobados se ajustaban a los
requerimientos técnicos previstos en los pliegos.

6.2. Se plantea la ineficacia de pleno derecho de la cláusula que condiciona la
remuneración de la interventoría al avance o ejecución del contrato vigilado, por contrariar
la naturaleza del contrato de interventoría y depender de la actuación de un tercero ajeno
a su esfera de control y lo que sujeta el pago a una condición potestativa.

6.3. Sostiene que los perjuicios por mayor permanencia corresponden a los costos
adicionales en que incurrió el Consorcio CVP 2013 por la extensión del tiempo
inicialmente previsto para los diseños, derivados de la necesidad de mantener la
supervisión y las condiciones indispensables para la continuidad o reinicio de la obra —
costos administrativos, de personal, equipos y eventuales variaciones de precios—,
gastos que no habrían sido asumidos de no mediar la prórroga o suspensión del plazo y
que, por no haber sido calculados al momento de contratar, no pueden entenderse
cubiertos por el precio originalmente pactado.

6.4. Reprocha que el a quo no haya aplicado el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formalidades, al omitir el estudio de los argumentos expuestos en los
alegatos de conclusión sobre abuso de posición dominante, desviación de poder y
vulneración de los principios de planeación y buena fe por parte de la CVP. Sostiene que,
aunque no fueron planteados desde el inicio de la acción, resultaban relevantes para la
decisión y debieron ser analizados, en la medida en que tales conductas inciden —según
se alega— en la ruptura del equilibrio económico del contrato.

E. Trámite en segunda instancia

7. El recurso de apelación de la parte demandante fue admitido mediante providencia
del 19 de diciembre de 2024.

8

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

8. Durante los términos señalados en los numerales 4° y 6º del artículo 247 del
CPACA, las partes y el Ministerio Público, respectivamente, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

9. La demanda fue presentada oportunamente11, así que la Sala emitirá un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia.

F. Sentido de la decisión

10. La Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los reparos formulados en el
recurso de apelación no satisfacen la carga argumentativa exigible en esta instancia,
dado que, mayoritariamente, se limitan a reiterar los argumentos expuestos en los
alegatos de conclusión de la primera instancia; otros no formulan reproches concretos
contra la sentencia apelada y algunos no fueron planteados en las oportunidades
procesales correspondientes, con lo cual se pretende variar la causa petendi.

G. Análisis del caso concreto

Congruencia en el recurso de apelación

11. El artículo 281 del Código General del Proceso —CGP, aplicable por remisión del
artículo 306 del CPACA12 al sub lite, establece el principio de congruencia, conforme con
el cual “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”
y agrega que “[n]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”.

12. Por su parte, el artículo 320 del CGP dispone:

Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

13. Una lectura concordante de las normas previamente citadas delimita la
competencia del juez de segunda instancia, quien se encuentra llamado a examinar
exclusivamente la “cuestión decidida”, esto es, el objeto específico del litigio, estructurado
a partir de los hechos y las pretensiones de la demanda —la causa petendi—, así como
de las excepciones debidamente alegadas y probadas. En tales condiciones, la sentencia

11 Conforme al artículo 164, numeral 2, literal j), inciso iii), del CPACA, en los contratos que requieren

liquidación bilateral el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente a la firma del acta. En el caso,
el contrato de interventoría No. 579 de 2013 fue liquidado bilateralmente el 15 de septiembre de 2017; por
tanto, al haberse presentado la demanda el 4 de diciembre de 2017, esta fue oportuna.
12 CPACA, artículo 306: “Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

9

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

que resuelve el recurso de apelación debe respetar el principio de congruencia, por
manera que, tal como lo ha sostenido esta Subsección, el juez de segunda instancia no
puede pronunciarse “sobre nuevos cargos y hechos que no fueron aducidos en el libelo
introductorio, no se discutieron en el proceso ni la parte demandada tuvo la oportunidad
de controvertirlos, de modo que tenerlos en cuenta en esta instancia, se traduciría en una
vulneración del debido proceso, en cuanto ello comporta una variación de la causa
petendi”13.

14. Por lo indicado en precedencia, la Sala no se pronunciará sobre los cargos
formulados en la apelación relacionados con la ineficacia de pleno derecho de la cláusula
de pago del contrato (cfr. párrafo 6.2, ut supra), por cuanto dicha “cuestión” no fue objeto
de ninguna de las pretensiones formuladas, no se planteó en los fundamentos fácticos y
jurídicos de la demanda ni fue introducida al litigio en las oportunidades procesales
pertinentes para integrar la causa petendi del asunto sub judice. En efecto, revisadas las
piezas procesales correspondientes, la Sala no puede, so pena de adoptar una decisión
extra petita y de afectar gravemente el debido proceso de la parte demandada —al
privarla de espacios para el ejercicio efectivo de su derecho de contradicción—, abordar
el estudio de la ineficacia alegada respecto de la cláusula de pago pactada en el contrato.

Reparos concretos en el recurso de apelación

15. Ahora bien, del artículo 320 del CGP antes citado también se desprende una regla
específica que delimita la competencia del superior, en cuanto este solo puede examinar
los reparos concretos formulados por el apelante, quien, por lo mismo, tiene la carga de
precisarlos en el recurso, conforme lo dispone expresamente el numeral 3 del artículo
322 ibídem14. Esta limitación se precisa con mayor claridad en el artículo 328 del mismo
estatuto, según el cual el “juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley” (se destaca).

16. En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que el apelante
debe plantear una argumentación que controvierta las razones que fundaron la decisión
del juez de primera instancia y, por lo tanto, no es suficiente que el recurrente haga
manifestaciones genéricas en contra de la decisión apelada para cumplir con la carga de
sustentación del recurso. En efecto:

A partir del contenido de los citados artículos, resulta diáfano que la carga de
sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la simple
manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia

del 18 de noviembre de 2024, radicación 47001-23-31-000-2012-00036-01 (65337). M.P. Alberto Montaña
Plata.
14 CGP, artículo 322: “Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las

siguientes reglas: (…) 3. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso
en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o
a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve,
los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante
el superior./ Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de
su inconformidad con la providencia apelada”. (Se destaca)

10

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

que se revoque para que, en su lugar, se acceda a los intereses de la parte inconforme
o mucho menos, con la mera reiteración o remisión de las razones expuestas en el curso
de la primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación. Ello es así, en
tanto lo que la ley determina, bajo la garantía de la doble instancia, es que se ataquen o
cuestionen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la
providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la decisión sea
contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque exista de por medio un juicio,
una razón o una ponderación que conduzca a considerar que lo definido en primera
instancia no corresponde, en derecho, a una decisión acertada, lo cual, por tanto,
delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia recurrida.
En ese sentido, con identidad de criterio al expuesto, se ha pronunciado la Corte
Suprema de Justicia al señalar que “el deber de sustentar este recurso [el de apelación]
consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto
que se ha tenido para interponer el recurso, o sea para expresar la idea con un criterio
tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica se
acusa la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y
alcanzar por ende su revocatorio o modificación”15.
Esta Corporación tampoco ha sido indiferente frente al cumplimiento de esta exigencia
y, sobre este aspecto, ha señalado que “el recurso de apelación se encuentra
establecido para que el afectado con una decisión judicial formule reparos,
inconformidades o cuestionamientos, lo que conlleva a que la parte que lo interponga
dirija su sustentación a esos aspectos”16 (…).
Con tales derroteros, esta Subsección en varias oportunidades ha señalado que “el
marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los cargos
planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual, no basta con la simple
interposición del recurso o con la manifestación general de no estar conforme con la
decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de
fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de
primera instancia al resolver la litis presentada”17.
(…)
De manera convergente con lo anterior, las distintas Secciones que integran la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han reiterado que, cuando no se
satisface la carga de sustentar adecuadamente el recurso, se impone confirmar la
decisión impugnada. Por ejemplo, en providencia del 1 de agosto de 2018, la Sección
Segunda señaló que “(…) en atención a que la parte demandada no controvirtió en
absoluto la sentencia de primera instancia, esta Corporación no puede resolver a su
favor el recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el fallador de
primera instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de
apelación interpuesto”18.
En el mismo sentido, en la sentencia del 23 de enero de 2020, la Sección Primera afirmó
que “[e]l recurrente no hace, en lo absoluto, motivación alguna que refute las
consideraciones expuestas por el a quo en el fallo recurrido, con lo cual deja a esta Sala,
desprovista de todo elemento que le permita revisar la sentencia, en esa medida, la Sala
no puede efectuar ningún juicio de valor respecto del fallo objeto de apelación por lo que
habrá de confirmarse la sentencia del Tribunal.”19
Esta Subsección ha seguido este criterio, como ocurrió en la sentencia del 19 de junio
de 2020, en la que afirmó: “Así las cosas, esta Subsección, en reiteración de múltiples

15 [Cita del original] Corte Suprema de Justicia, providencia del 30 de agosto de 1984. M.P. Humberto

Murcia Ballén. Tomado Consejo de Estado, auto del 17 de marzo de 1995, exp. 3250.
16 [Cita del original] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

del 3 de julio de 2015, exp. 25000 23 24 000 2004 00228 01.
17 [Cita del original] Al respecto se pueden consultar las sentencias del 14 de mayo del 2014 (exp. 31.469)

y del 31 de enero de 2019, (exp. 52663).
18 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 1 de agosto de

2018. Exp. 3026-15. C.P. William Hernández Gómez.
19 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 23 de enero de 2020. Rad. 25000-

23-25-000-2012-90514-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

de sus precedentes, considera necesario aplicar al caso objeto de estudio las pacíficas
subreglas jurisprudenciales antes expuestas consistentes en que, de no constatarse una
sustentación material, suficiente o adecuada del recurso de apelación, habrá lugar a que
se confirme la providencia recurrida por carencia de objeto de la alzada.”20-21.

17. En relación con el recurso de apelación interpuesto, tal como se dejó indicado
anteriormente (cfr. párrafo 5, ut supra), el impugnante reiteró, sustancialmente, los
argumentos expuestos en los alegatos de conclusión presentados en el curso de la
primera instancia, esto es, anteriores a la sentencia22.

17.1. Si bien la sola reiteración de planteamientos previamente formulados no resulta,
por sí misma, incompatible con la técnica del recurso de apelación, tales argumentos
necesariamente deben articularse en el recurso, por manera que permitan confrontar
efectivamente los fundamentos de la providencia impugnada.

17.2. En el presente caso, el escrito de apelación se limitó a reiterar, mayoritariamente
e incluso de forma literal, afirmaciones expuestas con antelación a la expedición del fallo,
sin establecer su relación directa y crítica con las razones decisorias del a quo, lo que
evidencia la desatención de la carga procesal consistente en formular reparos concretos
contra la sentencia, esto es, un juicio, una razón o una ponderación que permita entender
que la decisión de primera instancia es desacertada, circunstancia que, por contera,
impide a esta instancia adelantar un examen de inconformidades puntuales en los
términos establecidos en el artículo 320 del CGP.

17.3. Proceder al estudio de las razones expuestas en los alegatos de conclusión,
reiteradas en la apelación, supondría adelantar un examen ilimitado e improcedente de
la controversia, en la medida en que el recurrente no estructuró su inconformidad a partir
de la identificación concreta de los errores de juicio atribuibles al fallador de primera
instancia. En efecto, la sustentación del recurso no precisa si la sentencia apelada
incurrió, por ejemplo, en una indebida valoración del material probatorio, en la preterición
de pruebas obrantes en el expediente, en la inaplicación de normas jurídicas llamadas a
gobernar el caso, en la aplicación indebida de disposiciones ajenas al supuesto fáctico
acreditado, en la errónea interpretación de las normas relevantes, en la falta de
correlación entre los hechos demostrados y la decisión adoptada, o en cualquier otro
yerro de juicio susceptible de ser identificado como fundamento del recurso. La ausencia
de esa identificación impide a la Sala circunscribir su competencia funcional a los puntos
específicos de disenso con la sentencia de primera instancia, en los términos de los
artículos 320 y 328 del CGP y la enfrenta a una impugnación inespecífica que, en la
práctica, pretende la reapertura integral del debate surtido ante el a quo, en desmedro
del carácter dispositivo y rogado del recurso de apelación.

20 [Cita del original] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020.

Exp. 49.572. C.P. María Adriana Marín.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 11 de octubre de 2021, radicación 68001-23-31-000-2012-00368-01(52711), M.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
22 Archivo “51_250002336000201702272002MemorialWeb2024115212029.pdf”, obrante en el índice

SAMAI 00058 de primera instancia.

12

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

17.4. Ciertamente, la apelación no exige una técnica rigurosa ni formalizada equiparable
a uno cualquiera de los recursos extraordinarios procedentes contra sentencia judiciales,
en tanto que en tales casos se establecen causales taxativas, exigencias de proposición
y cargos cuya inobservancia conduce a improcedencia. Sin embargo, esa diferencia de
rigor formal no exonera al apelante de la carga mínima de argumentación orientada a
delimitar con claridad los aspectos concretos del fallo que considera errados y las razones
por las cuales, a su juicio, la decisión debe ser revocada o modificada. Esta carga cumple
una doble función procesal: de un lado, habilita válidamente el ejercicio de la competencia
del juez de segunda instancia dentro de los límites objetivos que el propio recurso le traza;
y, de otro, garantiza que los demás sujetos procesales _—en particular, quien resultó
favorecido total o parcialmente con la decisión— conozcan de manera cierta y precisa las
inconformidades planteadas, de modo que puedan ejercer, oportunamente, su derecho
de contradicción y defensa frente a los argumentos que efectivamente delimitan el objeto
de la segunda instancia.

18. Observa la Sala, además, que los pocos argumentos que la parte actora presenta
como novedosos en la apelación —esto es, aquellos que no corresponden a la
reproducción literal de los alegatos de conclusión— tampoco contienen reparos
específicos contra la sentencia impugnada, en la medida en que no tienen siquiera por
objeto confrontar los fundamentos expuestos por el juez de primera instancia. En efecto,
dichos planteamientos se limitan a formular afirmaciones genéricas, sin estructurar un
reproche concreto frente a las valoraciones fácticas o normativas del a quo. No obstante
lo anterior, a continuación se precisa su análisis.

18.1. Por una parte, tal como se dejó indicado en el párrafo 6.1., el apelante reiteró la
tesis de un eventual incumplimiento de la CVP en relación con la aprobación y posterior
improbación de los estudios y diseños.

18.1.1.Dicha afirmación no constituye un reparo concreto frente a la sentencia
impugnada, ni resulta idónea para revertir la presunción de acierto que la ampara,
particularmente en lo atinente a la valoración de las pruebas practicadas, pues ningún
reproche o razón se formuló en su contra. En este punto, el Tribunal confrontó las
declaraciones de los señores Alex Gaviria —residente de apoyo técnico— y Freddy
Humberto Pérez Suárez —director general de la interventoría—23 con los otros medios
de prueba obrantes en el expediente24 y concluyó:

68. La supervisión del contrato de interventoría realizó varios requerimientos sobre la
oportunidad y forma en que debía entregar los productos aprobados, la ausencia de
seguimiento, control y requerimientos al contratista de obra, las falencias en las
aprobaciones a las subsanaciones y el impacto de la demora en la entrega de productos
y los informes mensuales de interventoría, con la advertencia de iniciar el
correspondiente proceso de imposición de multas en el desarrollo del objeto contractual
(…).
77. (…) contrario a lo afirmado en la demanda, la etapa II correspondiente a la
construcción de obras, no fue ejecutada por causas imputables a la contratista de obra

23 Cfr. párrafos 56 a 62 de la sentencia de primera instancia.
24 Cfr. párrafos 63 y ss. de la sentencia de primera instancia.

13

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

y a la interventoría, que incumplió el control vigilancia [sic] respecto del contrato de obra,
como se acreditó con los procedimientos sancionatorios que culminaron con la
expedición de las Resoluciones 418 y 484 de 2014 y 3055 de 22014 y 0043 de 2015,
pues son actos administrativos respecto de los cales no se desvirtuó la presunción de
legalidad y veracidad, y, si bien las multas fueron revocadas, esa situación obedeció a
una subsanación de los incumplimientos y no así a que hayan sido desvirtuados.
78. En ese contexto, es importante destacar que la supervisión del contrato de
interventoría, puso de presente desde octubre de 2014, la imposibilidad de dar inicio a
la etapa de construcción ante la ausencia de aprobación del consolidado final de
productos entregados por el contratista de obra y desde el 15 de diciembre del mismo
año, refirió que pese a la aprobación impartida a los productos desde el 2 de diciembre
de 2014, debían realizarse correcciones porque no cumplían las especificaciones
técnicas y de calidad.

18.1.2.De los análisis efectuados por el a quo se desprende con claridad que las
sanciones impuestas por la demandada a la interventoría no estuvieron determinadas,
como lo señala la apelante, por la aprobación que ésta efectuó de los estudios y diseños,
pues previo a esa circunstancia y, de manera reiterada, se efectuaron requerimientos
para que la interventoría diera cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales. En
estos términos, el reproche no tiene vocación de prosperidad, en tanto no contiene ningún
elemento que permita revertir las valoraciones del a quo, al poner de presente, por
ejemplo, un análisis inadecuado o la omisión de otras pruebas obrantes en el proceso.

En relación con el concepto de la Sociedad Colombia de Ingenieros, en la
18.1.3.
sentencia impugnada se precisó:

79. La Sala destaca que, si bien la demandante aseguró que dicha situación quedó
desvirtuada con el Concepto Técnico emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros
en enero de 2016, en relación con el contrato de obra 582 de 2013, dicha sociedad sí
consideró que la etapa de estudios y diseños técnicos fue cumplida de acuerdo con los
productos entregados, respecto de los cuales se cumplían las condiciones de calidad,
precisando que “aquellos que tenían reparos se complementaron con la subsanaciones
atendidas por el contratista y recibidas por la caja de vivienda popular y la interventoria.”.
80. Por lo tanto, no es viable afirmar que desde el 2 de diciembre de 2014, cuando la
interventoria impartió aprobación a los productos entregados por el contratista de obra,
se cumplieron con los requisitos técnicos y de calidad exigidos para dar inicio a la etapa
II, pues de conformidad con lo que se acreditó en el expediente, los diseños fueron
objeto de diversas observaciones por parte de la supervisión del contrato.

18.1.4.De lo que se deja transcrito, no solo resulta evidente la ausencia total de reparos
concretos y específicos en la apelación —en cuanto nada se indica sobre la eventual
incorrección de la valoración efectuada—, sino que tampoco ninguna de las afirmaciones
del impugnante permite desvirtuar el análisis desarrollado por el a quo, según el cual del
concepto técnico se derivaba que, para el 2 de diciembre de 2014, no se encontraban
cumplidos los requisitos técnicos y de viabilidad de los estudios y diseños. Dicha
conclusión no es objeto de controversia en el recurso, circunstancia que determina
despachar desfavorablemente del cargo.

18.2. Por otra parte, en la apelación se insiste en la procedencia del reconocimiento de
mayores costos por mayor permanencia derivados de la extensión del plazo contractual
(cfr. párrafo 6.3, ut supra).

14

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

18.2.1.En este aspecto, nuevamente se observa que la impugnación se formula en
términos generales, que no permite identificar el reparó concreto y razonado en contra
de la sentencia de primer grado. Para el a quo, la extensión de la etapa de diseños y
obras durante todo el plazo contractual “obedeció al incumplimiento del interventor, por
lo que no hay lugar a reconocimiento económico alguno por ese concepto, sumado a que
la presencia de la interventoría estaba justificada en la necesidad de corregir las falencias
advertidas por la supervisión y que conllevaron finalmente al aval de los diseños, tal como
lo conceptuó la Sociedad Colombiana de Ingenieros”25.

Dado que el recurrente no aporta elemento alguno que permita revertir esta
18.2.2.
consideración específica en cuanto a su propio incumplimiento, resulta inocuo adelantar
un estudio relativo a eventuales costos en los que haya podido incurrir, pues tales
mayores erogaciones, de existir, serían atribuibles exclusivamente a su conducta.

19. Finalmente, el único reproche que, en principio, se sujetaría a las exigencias
normativas propias del recurso de apelación —esto es, el relativo a la aplicación del
principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades—, con el cual se
pretende controvertir la decisión del a quo de no estudiar los argumentos introducidos en
los alegatos de conclusión sobre abuso de posición dominante, desviación de poder y
vulneración de los principios de planeación y buena fe por parte de la CVP (cfr. párrafo
6.4, ut supra), no está llamado a prosperar, por las razones que se exponen a
continuación.

19.1. Por una parte, en atención a las consideraciones expuestas en esta providencia
acerca de la congruencia que debe guardar la sentencia con la causa petendi y el debate
procesal (cfr. párrafo 11, ut supra), la Sala comparte la decisión del Tribunal de descartar
el estudio de tales tópicos (cfr. párrafo 4.1, ut supra), pues ello implicaría desconocer la
regla de congruencia prevista en el artículo 281 del CGP y vulnerar, de manera
correlativa, el derecho de defensa y contradicción de la parte demandada, además de los
principios de preclusión y congruencia.

19.2. En este sentido se ha pronunciado esta Corporación, en cuanto la etapa de
alegaciones no constituye la oportunidad procesal para introducir argumentos nuevos que
no fueron planteados en la demanda o en el escrito de contestación, so pena de afectar
garantías constitucionales como los derechos de defensa y contradicción de los sujetos
procesales26.

19.3. No puede perderse de vista que las normas procesales son de orden público27 y,
por tanto, las oportunidades procesales no quedan a la libre disposición de las partes ni
del juez, dado que la ley es la encargada de establecer los términos y etapas para que
los sujetos procesales y demás intervinientes ejerzan las prerrogativas y facultades

25 Cfr. párrafo 85 de la sentencia de primera instancia.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 14 de agosto

de 2013, radicación 73001-23-31-000-2006-01785-01(18580), M. P. Hugo Fernando Bastidas.
27 CGP, artículo 13: “Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden público y,

por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o
sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”.

15

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

procesales que tienen a su disposición. Su observancia constituye una carga procesal
del interesado y su desatención acarrea consecuencias desfavorables, como la adoptada
por el a quo al no considerar tales argumentos por extemporáneos.

19.4. En este orden de ideas, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.)28 no habilita al juez para soslayar las reglas de orden público que
estructuran el proceso, en particular las que materializan la preclusión y la congruencia.
Tales reglas no constituyen ritualidades inocuas, sino garantías sustantivas del debido
proceso, del derecho de defensa y contradicción (artículo 29 C.P.)29. En consecuencia,
la exclusión del examen de argumentos introducidos extemporáneamente no entraña
sacrificio del derecho sustancial como lo asegura el impugnante; por el contrario, lo
salvaguarda, en la medida en que preserva la plenitud de las garantías en el debate
judicial, y evita que se desborden los márgenes del litigio en detrimento de la contraparte.

H. Costas

20. La Sala condenará en costas y agencias en derecho al recurrente porque se le
resolvió desfavorablemente la apelación, de acuerdo con los numerales 1° y 3° del
artículo 365 del Código General del Proceso, al que remite en esta materia el inciso
primero del artículo 188 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo,
costas que deberán incluir las agencias en derecho y liquidarse de manera concentrada
por el Tribunal de primera instancia.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho de la segunda instancia a la
parte demandante, las cuales se liquidarán por el Tribunal de origen, de conformidad con
lo establecido en la parte motiva de esta sentencia.

28 Constitución Política, artículo 228: “La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son

independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley
y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
29 Constitución Política, artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas./ Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio./ En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable”.

16

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02272-02 (72188)
Demandante: Consorcio CVP 2013

TERCERO. En firme esta providencia, devuélvase el expediente a dicho Tribunal,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Presidente de la Subsección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Aclaración de voto)

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.