Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01972-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01972-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01972-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
29 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: LUIS TAMARA VIZCAYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE LAS
FUERZAS MILITARES.
Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandada
vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo que confirmó la
decisión de negar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, incurrió en un
defecto procedimental. La Sala amparará los derechos fundamentales, por cuanto se
configuró el defecto invocado.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante en contra de la
sentencia de 9 de abril de 2026 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI, índice 13, primera instancia - negrillas y mayúsculas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 10 de marzo de 20261, el señor Luis Tamara Vizcaya promovió proceso de acción
de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Caquetá, con el fin de que se
protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia y, por tanto, se accediera a las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso
(artículo 29 C.P.), acceso efectivo a la administración de justicia
1 Índice 1, Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
(artículo 229 C.P.), doble instancia y tutela judicial efectiva,
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por la Sala del Tribunal
Administrativo del Caquetá dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 18001333300120180030300.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia del
1 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
18001333300120180030300.
TERCERO: Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE
Tribunal Administrativo del Caquetá proferir una nueva decisión, en la
cual: analice de fondo el recurso de apelación oportunamente presentado,
examinando materialmente los reproches formulados y ejerza el control
integral de legalidad propio del medio de control ejercido.
CUARTO: Las demás que se considere pertinentes para la protección y
amparo de mis derechos fundamentales.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI, índice 3, primera instancia).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Luis Tamara Vizcaya se desempeñó como soldado profesional del
Ejército Nacional desde el año 2010 en el Batallón de Infantería de Montaña no. 36
“Cazadores”.
2) En mayo de 2017, solicitó permiso para acompañar a su compañera permanente
durante el nacimiento de su hijo, permiso que le fue concedido.
3) Su compañera presentó complicaciones médicas posteriores al parto y, según
afirma, ello motivó que se reincorporara siete días después de la fecha prevista.
4) Informó las razones del retardo mediante escritos del 11 de junio y 5 de julio de
2017 y aportó soportes médicos al trámite disciplinario.
5) El Ejército Nacional inició investigación disciplinaria y mediante fallo disciplinario
no. 004-2017 del 28 de junio de 2017 le impuso sanción de separación absoluta del
cargo por considerar la conducta como falta gravísima dolosa.
6) Posteriormente, mediante auto aclaratorio del 5 de septiembre de 2017, se
adicionó una inhabilidad general por quince años y, mediante Resolución 01989 del
10 de octubre de 2017, se ejecutó la sanción.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
7) En contra de dichos actos promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho por violación del debido proceso, falsa
motivación, indebida valoración probatoria, desproporcionalidad de la sanción y
errónea calificación dolosa de la conducta.
8) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia2, mediante
sentencia del 24 de abril de 2023, anuló únicamente el auto aclaratorio que adicionó
la inhabilidad, pero mantuvo la legalidad de la sanción principal.
9) El demandante apeló esa decisión, con fundamento en que sí informó
oportunamente al Ejército Nacional sobre las complicaciones de salud presentadas
por su compañera permanente después del parto y sobre la necesidad de atender
a su núcleo familiar, circunstancias que, a su juicio, estaban respaldadas con la
historia clínica y certificados médicos; además, alegó que el fallo disciplinario no
desarrolló adecuadamente la ilicitud sustancial ni acreditó el dolo, pues no identificó
el deber funcional afectado ni demostró que su conducta hubiera sido injustificada.
10) El 1 de octubre de 20253, el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la
sentencia de primera instancia, pero porque el recurso de apelación no cumplió la
carga mínima de sustentación exigida por los artículos 320, 322 y 328 del Código
General del Proceso -en adelante CGP-, ya que el apelante supuestamente no
controvirtió de manera concreta los fundamentos de la decisión impugnada y,
además, introdujo argumentos nuevos que no habían sido planteados en la
demanda inicial, los cuales no podían estudiarse en segunda instancia, so pena de
vulnerar el principio de congruencia y el derecho de defensa de la demandada.
3. El fundamento de la vulneración
La parte demandante señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con
ocasión de la sentencia del 1 de octubre de 2025, por cuanto, a su juicio, incurrió en
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
El tribunal aplicó de manera rígida y formalista los artículos 322 y 328 del CGP y
concluyó erradamente que el recurso de apelación no contenía reparos concretos,
2 Proceso con radicación no. 18001-3333-001 2018-00303-00/01.
3 Decisión que se notificó el 21 de octubre de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
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Acción de tutela – Impugnación fallo
pese a que sí cuestionaba aspectos relacionados con la culpabilidad,
proporcionalidad de la sanción, valoración probatoria y ejercicio del derecho de
defensa.
La sentencia se limitó a un análisis formal de congruencia sin resolver materialmente
los cuestionamientos jurídicos planteados frente a la sanción disciplinaria.
3) Actuación de primer grado
Mediante auto de 13 de marzo de 20264, la Sección Primera de esta Corporación
admitió el proceso de acción de tutela y notificó a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Caquetá, al titular del Juzgado Primero Administrativo de
Florencia y al Ejército Nacional, con el fin de que allegaran un informe sobre los
hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
4. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera de esta Corporación, mediante sentencia de 9 de abril de 20265,
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, en la medida que los argumentos de la parte demandante
no evidenciaban una vulneración real de derechos fundamentales ni una
arbitrariedad judicial, sino, únicamente, su inconformidad con la decisión del tribunal
que consideró insuficientemente sustentado el recurso de apelación.
El tribunal sí expuso de manera razonada y suficiente las razones por las cuales
concluyó que el recurso de apelación no contenía reparos concretos y que
introducía argumentos nuevos no planteados en la demanda inicial.
5. Impugnación
La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 7 de mayo de 20266.
La controversia no busca reabrir el debate propio del proceso contencioso-
administrativo, sino cuestionar la vulneración de sus derechos por parte del Tribunal
4 Índice 4, Samai, primera instancia.
5 Índice 13 Samai, primera instancia.
6 Índice 19 Samai, primera instancia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
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Administrativo del Caquetá, quien incurrió en un exceso ritual manifiesto por aplicar
de manera rígida el artículo 322 del CGP y abstenerse de resolver materialmente el
recurso de apelación, pese a que este sí contenía cuestionamientos concretos sobre
la culpabilidad, la proporcionalidad de la sanción y la valoración probatoria.
El fallo de tutela desconoció la gravedad de la afectación ocasionada, pues, la
decisión cuestionada consolidó una sanción de retiro definitivo del servicio y una
inhabilidad por quince años sin un verdadero examen.
La acción de tutela sí cumplió las cargas argumentativas exigidas por la
jurisprudencia constitucional, ya que identificó los derechos vulnerados, los defectos
atribuidos a la providencia judicial y la incidencia de tales irregularidades en el
resultado del proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
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2. Caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Tribunal Administrativo del Caquetá con el fin de que se protejan
los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia con ocasión del fallo proferido el 1 de octubre de 2025, por cuanto, a su
juicio, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
En la sentencia de primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo invocado por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
En el escrito de impugnación la parte demandada señaló que el asunto sí era
constitucionalmente relevante e insistió en que la autoridad judicial accionada aplicó
de manera rígida el artículo 322 del CGP, lo cual conllevó a que no se resolviera
materialmente el recurso de apelación, pese a que sí contenía cuestionamientos
concretos sobre la culpabilidad, la proporcionalidad de la sanción y la valoración
probatoria.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia, la Sala revocará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, accederá al
amparo, por las razones que procederán a exponerse:
El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional en cuanto a este cargo en específico, por cuanto: (i)
se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la
persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió
con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada7; (iii) el
presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) contrario a
7 La sentencia fue notificada el 21 de octubre de 2025 y la demanda fue presentada el 10 de marzo
de 2026.
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lo resuelto por el a quo constitucional, la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, por cuanto se alegó la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales con ocasión de la sentencia de segunda instancia
en tanto en ella el tribunal consideró que el recurso de apelación presentado por el
recurrente supuestamente no cumplía con la carga mínima de sustentación
establecida por la ley; en esa medida, se trata de un debate con genuina importancia
desde el punto de vista de los derechos de debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia y no constituye una reiteración de lo discutido en la
primera instancia del proceso ordinario.
Superado dicho análisis pasa la Sala a resolver el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto alegado por la parte demandante.
2.1 Generalidades del defecto procedimental
Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 229 de la Constitución,
los cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal8.
En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra
providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera
del procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce
abiertamente o se aparta por completo del procedimiento, ora ii) cuando el goce
efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales.
En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha
denominado “defecto procedimental absoluto” y en el segundo en un “exceso ritual
manifiesto”.
La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que “(a) el defecto
procedimental absoluto ocurre cuando se aparta por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se
ciñe a un trámite completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o
ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando
8 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
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el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso . (b) El
defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad
judicial (…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en
una denegación de justicia; es decir, el funcionario judicial incurre en esta causal
cuando “(i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la
realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso
concreto, (iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales9”.
De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto
procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere,
principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con
incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y,
además, que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al derecho a un debido
proceso10.
2.2 Análisis del defecto procedimental en el caso concreto
1) La parte demandante puso de presente que la autoridad judicial demandada
aplicó de manera rígida y formalista los artículos 322 y 328 del CGP y concluyó
erradamente que el recurso de apelación aparentemente no contenía reparos
concretos e introdujo argumentos nuevos no planteados en la demanda inicial, pese
a que sí cuestionó aspectos puntuales para oponerse a la decisión de primera
instancia, relacionados con la culpabilidad, proporcionalidad de la sanción, la
indebida valoración probatoria y el ejercicio del derecho de defensa.
2) Para resolver el cargo antedicho, la Sala recuerda que, en efecto, la posición
unificada de la Sección Tercera11 de esta Corporación sobre la materia indica que
el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen
las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen en contra de la
decisión adoptada en primera instancia, razón por la cual no basta con la sola
9 Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-537 de 2017.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21.060, CP Mauricio Fajardo Gómez.
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interposición del recurso, por cuanto, es necesario señalar las razones que
controvierten las conclusiones que sustentan la sentencia impugnada y es por ello
que el artículo 320 del CGP prevé que el superior puede examinar “la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante”.
3) Inclusive, como lo ha reconocido esta misma Sala de Decisión recientemente12,
es cierto que los artículos 320 y 322 del CGP exigen que la apelación contenga
reparos concretos y sobre ellos debe recaer el análisis en segunda instancia, así:
“(…) del artículo 320 del CGP antes citado también se desprende una
regla específica que delimita la competencia del superior, en cuanto
este solo puede examinar los reparos concretos formulados por el
apelante, quien, por lo mismo, tiene la carga de precisarlos en el
recurso, conforme lo dispone expresamente el numeral 3 del artículo
322 ibidem13. Esta limitación se precisa con mayor claridad en el
artículo 328 del mismo estatuto, según el cual el “juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley
En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado
que el apelante debe plantear una argumentación que controvierta
las razones que fundaron la decisión del juez de primera instancia y,
por lo tanto, no es suficiente que el recurrente haga manifestaciones
genéricas en contra de la decisión apelada para cumplir con la carga
de sustentación del recurso14”. (negrillas del texto original).
4) Aclarado lo anterior, la Sala precisa que a partir del examen integral del escrito
de apelación y de la sentencia de primera instancia se desprende que la parte
demandante sí formuló reparos concretos frente a varios de los fundamentos
centrales expuestos por el juzgado para mantener la legalidad del fallo disciplinario,
razón por la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá sí debía emitir un
pronunciamiento de fondo frente a dichos reparos.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de abril de 2026, exp. 25000-
23-36-000-2017-02272-02 (72188), CP Diego Enrique Franco Victoria; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de julio de 2025, exp. 19001-23-33-000-2022-00093-01
(72.203), CP Fredy Ibarra Martínez.
13 CGP, artículo 322: “Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo
con las siguientes reglas: (…) 3. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de
interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los
cuales versará la sustentación que hará ante el superior./ Para la sustentación del recurso será
suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia
apelada”. (Cita del texto original)
14 Ibid.
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Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
5) En efecto, en su decisión el juzgado concluyó que el actor “no ejerció dentro de
los términos y tiempos establecidos su derecho de defensa” y que pretendía alegar
tardíamente vulneraciones que no expuso dentro del trámite disciplinario; que el
procedimiento disciplinario se ajustó a la Ley 836 de 2003; que la sanción impuesta
era proporcional a la gravedad de la conducta desplegada por el demandante, y que
el fallo disciplinario contenía análisis suficiente de culpabilidad y legalidad, así:
“Ahora bien, en lo que respecta al fallo proferido en la investigación
disciplinaria por el procedimiento abreviado No. 004-2017 del 28 de
junio de 2017 suscrito por el Teniente Coronel Ángel Fernando
Carvajal Rojas en su condición de Comandante del Batallón de
Infantería de Montaña No. 36 “Cazadores”, a través del cual sancionó
disciplinariamente al actor con separación absoluta de las Fuerzas
Militares, este Despacho considera que, el procedimiento se
encontró ajustado a derecho conforme lo dispuesto en el artículo 173
de la ley 836 de 2003.
En este orden, se tiene que, una vez el Comandante del Batallón es
informado de la situación, según el informe de retardo de soldado
profesional rendido por el Sargento Viceprimero Oscar Javier Forero
Bohórquez26, procedió por medio del auto que ordena apertura de
investigación disciplinaria No. 004 del 09 de junio de 2017 a requerir por
escrito informe sobre los hechos - este requerimiento de informe equivale
a auto de cargos, según el parágrafo 1º del artículo 173 de la ley (sic) 836
de 2003-, que debía rendir en un plazo máximo de 2 días, además de
indicarle en dicho acto las normas presuntamente infringidas, así mismo
de los derechos que le asistían conforme el artículo 124 de la Ley 836 de
2003. Ahora bien, según los informes rendidos por el demandante el
11 de junio y el 05 de julio de 2017 no aportó, ni solicitó la práctica
de pruebas, sólo rindió informe en el cual manifiesta que los días de
retardo ocurridos, fue por motivo del nacimiento de su hijo Luis Elian
Támara, argumentando cuidados especiales a su esposa en el
postparto, por cuanto no tenía ningún familiar cercano.
De otra parte, el fallo que impone la sanción, contiene de manera
sucinta el resumen de los hechos, la relación y análisis de las
pruebas, las normas que se consideran infringidas y de los
descargos, calificación de la falta como gravísima y las normas que
así lo consagran, el grado de culpabilidad, donde se establece que
el implicado teniendo la posibilidad de informar la situación por la
que estaba atravesando, de tener la facultad de acudir a la Brigada
12 de Florencia para poner en conocimiento de su situación
personal, tampoco atendió los requerimiento telefónicos que le
fueron realizados. Este Despacho considera que la graduación de la
sanción, de acuerdo a la naturaleza de la falta, a las circunstancias y
naturaleza de los hechos, la pena a imponer era la separación absoluta
contemplada en el numeral 1º del artículo 62 del Estatuto Disciplinario de
las Fuerzas Militares, Ley 836 de 2003.
Es más, estima el Despacho que, por parte del sancionador se brindaron
las garantías conforme el artículo 124 ibídem tienen los investigados; pues
el actor no interpuso recurso contra el fallo sancionatorio -de
reposición- que, según reza el inciso 2 del artículo 173, era el único
que procedía.
De lo anterior se extrae que el accionante no ejerció dentro de los
términos y tiempos establecidos su derecho de defensa, que ahora
pretende alegar en sede jurisdiccional como vulnerado, pues,
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cuando presenta el informe que le fue requerido no controvierte los
cargos ni solicita la práctica de prueba alguna, ni cuestionó vía
recurso el fallo que le impuso la sanción. Lo que evidencia la
inactividad del accionante dentro del trámite administrativo, que no puede
pretender suplir ante esta instancia judicial.
Además, advierte el Despacho que, revisado el expediente administrativo,
el demandante gozó durante la investigación disciplinaria de plenas
garantías constitucionales y legales de orden sustantivo y procesal
para ejercer su defensa, de modo que la sanción impuesta no resultó
injusta, desproporcionada o arbitraria, por el contrario, está provista
de justificación legal; fue razonada y razonable, motivada en lo que
objetivamente se demostró durante la investigación administrativa;
desvirtuándose con ello los argumentos expuestos en la demanda,
manteniéndose incólume la presunción de legalidad del acto
administrativo contenido en el auto de fallo de investigación
disciplinaria procedimiento abreviado No. 004-2017 del 28 de junio de
2017 suscrito por el Teniente Coronel Ángel Fernando Carvajal Rojas en
su condición de Comandante del Batallón de Infantería de Montaña No.
36 “Cazadores.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI, índice 9- mayúsculas y negrillas del original).
6) Por su parte, se observa que, en el recurso de apelación, frente a la premisa del
juzgado según la cual no ejerció del derecho de defensa en el proceso disciplinario,
el apelante formuló un reparo concreto en tanto señaló que el fallador no tuvo en
cuenta los informes que presentó ante el Ejército Nacional el 11 de junio y el 5 de
julio de 2017, mediante los cuales explicó detalladamente las razones de su retardo
y allegó soportes médicos relacionados con las complicaciones de salud de su
compañera permanente y el cuidado de sus hijos menores.
7) A su vez, respecto de si el procedimiento disciplinario se ajustó o no a la Ley 836
de 2003 y si la sanción impuesta era proporcional a la gravedad de la conducta
desplegada, el recurrente cuestionó expresamente que no se hubiese verificado si
la ausencia estaba o no materialmente justificada y alegó que el operador
disciplinario omitió valorar las circunstancias familiares excepcionales que rodearon
el caso concreto, particularmente, i) el estado de salud de su compañera, ii) el
nacimiento de su hijo y iii) la ausencia de apoyo familiar, sin que pueda considerarse
que ello constituye un asunto completamente nuevo, pues lo que hizo fue
controvertir directamente la valoración realizada por el juzgado respecto de la
justificación de la conducta y la proporcionalidad de la sanción, precisamente de
cara a la tesis del juzgado.
8) Igualmente, el recurso de apelación también formuló cuestionamientos concretos
frente a la conclusión del juzgado según la cual la sanción disciplinaria se
encontraba debidamente motivada y ajustada a derecho, en la medida que la parte
demandante alegó que no existía prueba suficiente para afirmar que hubiese
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
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actuado dolosamente ni mucho menos para imponer la sanción más gravosa
prevista en el régimen disciplinario militar, e insistió en que su ausencia obedeció a
circunstancias humanamente apremiantes y no a una decisión caprichosa o
deliberada de incumplir sus deberes funcionales o ausentarse deliberadamente del
servicio.
9) Además, sostuvo que el juzgado omitió valorar circunstancias de atenuación
relacionadas con su buena conducta anterior, su desempeño profesional y los
motivos familiares que originaron la conducta investigada.
10) De igual manera, el apelante sí cuestionó concretamente la valoración efectuada
respecto de las supuestas circunstancias de agravación, cuando afirmó que la
entidad disciplinaria hizo referencia a retardos previos, llamados de atención y
omisión de contestar llamadas, sin que existiera prueba documental que acreditara
tales afirmaciones.
11) En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que el apelante controvirtió
expresamente las conclusiones del fallador de primera instancia, para lo cual
señaló, en suma, a) que sí informó y acreditó las razones de su ausencia mediante
informes y soportes médicos, b) que no se acreditó que la conducta hubiese sido
injustificada, c) que no se demostró el dolo exigido para imponer la sanción más
gravosa, y d) que no fueron valoradas circunstancias de atenuación relacionadas
con el estado de salud de su compañera permanente, el nacimiento de su hijo y la
ausencia de antecedentes disciplinarios; asimismo, e) controvirtió la
proporcionalidad de la sanción de separación absoluta y solicitó expresamente la
revocatoria parcial de la sentencia y la nulidad del fallo disciplinario principal.
12) Para mayor ilustración sobre el particular, la Sala se permitirá transcribir los
argumentos del recurso de apelación, así:
“Se establece por parte del fallador de primer instancia que el actor ‘no
ejerció dentro de los términos y tiempos establecidos su derecho de
defensa, que ahora pretende alegar en sede jurisdiccional como
vulnerado’, desconociendo los informes presentado por el
demandante al EJÉRCITO NACIONAL el 11 de junio y 5 de julio de
2017, respectivamente, en los que manifestó de manera clara y
detallada que el motivo de su retardo fue el nacimiento de su
segundo hijo, las complicaciones de salud postparto de su
compañera y la atención de su otra menor hija, lo cual impidió
presentarse el día y hora establecida por la autoridad demandada,
situación corroborada con la historia clínica y certificado de nacido
vivo obrante en el proceso, en donde se indicó:
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
(…).
Por lo que en el presente asunto, el operador disciplinario no
desarrolló este juicio de valoración, toda vez que, en el fallo no se
indica cuál fue el deber funcional afectado, ni se realizó el más
mínimo análisis de si la inasistencia del demandante tenía
justificación alguna o no, máxime que desde el inicio de la
investigación disciplinaria tuvo conocimiento de las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, por las cuales el actor no se reintegró
fenecido el permiso concedido por Ley María. Bajo este argumento,
tanto la entidad demandada en la investigación disciplinaria como el
fallador de primera instancia, se saltan el análisis sobre los hilos
conductuales que provocaron la inasistencia de LUIS TAMARA
VIZCAYA, por cuanto no se discute que el accionante se haya
ausentado del servicio por 7 días, pues es un hecho que está
demostrado. Lo que se cuestiona es que no se verificó que dicha
ausencia ciertamente fuera “injustificada”, si bien el demandante
faltó a su deber de prestar el servicio, ello ocurrió debido a que se
encontraba atendiendo las necesidades de sus familiares, que
estaban en una situación de suma vulnerabilidad y necesidad, en la
que no debía, por deber moral y vínculo de padre, dejar a su hija menor,
hijo recién nacido, y a su compañera permanente solos. Razón por la cual
el elemento de la antijuridicidad NO se configuró, en tanto ni siquiera se
analizó.
(…).
Además de lo anterior, la autoridad demandada indica que no es la
primera vez que el demandante presenta retardos con los permisos y que
tiene una sanción impuesta consistente en suspensión por 50 días, sin
embargo, son aseveraciones que en el proceso disciplinario no
cuenta con soporte documental, tanto así que no aportan certificado
de antecedentes disciplinarios, ni mencionan a qué se debió la
suspensión por 50 días, es decir, sueltamente aseveran que el
demandante es reiterativo en los retardos, pero no aprueban prueba
alguna que lo sustente. Aun así, de toda la prueba documental allegada
a este proceso judicial, incluyendo el expediente prestacional que
aportara el mismo EJÉRCITO NACIONAL, no se evidencia en ninguna
parte, un llamado de atención, una anotación negativa o un mal
actuar del señor LUIS TAMARA VIZCAYA durante la prestación del
servicio militar, sumado a ello la autoridad demandada ni siquiera
con la contestación de la demanda aporta prueba de los supuestos
retardos o suspensión previa del actor. Además, indican que
llamaron al actor, pero que este no contestó las llamadas,
aseveración de la que tampoco aportan prueba.
(…).
“Entonces, se tiene que el ente disciplinario - EJÉRCITO NACIONAL -
valoró negativamente las motivaciones que el señor LUIS TAMARA
VIZCAYA expuso en el trámite disciplinario por las cuales no se
presentó a la entidad al vencimiento del permiso de la Ley María, no
analizando las causas que motivaron su actuar, graduando la
conducta en la modalidad de dolosa, errando la entidad demandada
en el juicio de valoración de la culpabilidad, puesto que de las
pruebas que obran en el expediente se puede colegir que el
disciplinado no se pudo reintegrar, no porque no quisiera, o por
capricho, sino conforme quedó acreditado en el trámite disciplinario,
como en el judicial, era de conocimiento de sus superiores los
problemas familiares por los que atravesaba”.
(…).
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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01972-01
Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
“Por todo lo anterior, atendiendo que ciertamente no se configuraron
los elementos de la ilicitud sustancial (antijuridicidad) y la
culpabilidad, toda vez que no se demostró o probó un actuar doloso
por parte del investigado, siendo contrario a derecho que, sin la
configuración de estos elementos, se le sancionara severamente al
LUIS TAMARA VIZCAYA con la separación absoluta del cargo por
falta gravísima dolosa.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI, índice 9, primera instancia- mayúsculas y negrillas del
original).
13) Con todo, la Sala no pasa por alto que no todos los planteamientos desarrollados
en el recurso de apelación correspondían estrictamente a reparos formulados desde
la demanda inicial ni al debate jurídico efectivamente trabado durante la primera
instancia.
14) En efecto, aunque desde la demanda el actor sostuvo, en términos generales,
que la sanción disciplinaria era desproporcionada, que no se valoraron
adecuadamente las circunstancias familiares que motivaron su ausencia y que
existía una causal eximente de responsabilidad, lo cierto es que en dicha
oportunidad no estructuró cargos autónomos y técnicamente desarrollados
relacionados con la ilicitud sustancial, la antijuridicidad disciplinaria o la culpabilidad
a título de dolo o culpa.
15) Solo en el recurso de apelación la parte demandante incorporó un desarrollo
dogmático específico sobre el ‘juicio de antijuridicidad’, la necesidad de acreditar la
afectación injustificada del deber funcional, la proscripción de responsabilidad
objetiva en materia disciplinaria y la ausencia del elemento volitivo propio del dolo.
16) En ese orden, si bien tales planteamientos guardaban relación temática con los
hechos narrados y con algunas inconformidades generales planteadas desde la
demanda, lo cierto es que no fueron formulados ni desarrollados como cargos
autónomos de nulidad durante la primera instancia, razón por la cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá no estaba obligado a emitir un pronunciamiento de fondo
respecto de dichos argumentos novedosos, pues ello habría implicado desbordar el
marco de congruencia fijado por la demanda y alterar el debate procesal adelantado
ante el juez de primera instancia.
17) No obstante, ello no habilitaba al tribunal para concluir que el recurso de
apelación carecía absolutamente de reparos concretos, pues, como quedó
expuesto, sí existían cuestionamientos directos frente a aspectos expresamente
decididos por el juzgado y que habían sido planteados desde el libelo inicial,
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Acción de tutela – Impugnación fallo
particularmente, en relación con la valoración de los informes rendidos por el actor,
la justificación de la ausencia, la proporcionalidad de la sanción y la valoración de
las circunstancias personales y familiares alegadas en el proceso.
18) Por consiguiente, para la Sala se encuentra configurado el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, en la medida que el tribunal debía
resolver materialmente dichos reparos, sin que pudiera abstenerse totalmente de
efectuar un estudio de fondo con el argumento de ausencia absoluta de
sustentación.
19) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, accederá al amparo invocado.
20) No sobra destacar que el amparo aquí ordenado no implica que el tribunal deba
automáticamente declarar la ilegalidad de los actos, pues, como se indicó, la orden
se dirige estrictamente a que el tribunal analice de manera expresa los reparos
vertidos en el recurso de alzada y adopte la decisión que en derecho corresponde,
en el marco de la autonomía judicial que le es propia, sin que ello en manera alguna
signifique que deba automáticamente acceder a las súplicas de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela. En su lugar:
1°) Concédese el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2º) Déjase sin efectos la providencia del 1 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, en el proceso con radicación no. 18001-3333-
001 2018-00303-01.
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Demandante: Luis Tamara Vizcaya
Acción de tutela – Impugnación fallo
3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Caquetá que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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