RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2022-00261-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00261-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2022-00261-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia. 2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y en agencias en derecho en el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 08001-23-33-000-2022-00261-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

27 de agosto de 2026

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Demandantes:
Gabriel Antonio Barrios Martínez
Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN

Temas: Impuesto sobre la Renta. Año 2016. Desconocimiento de costos.
Operaciones simuladas. Sanción por inexactitud. Sanción a los
representantes legales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 13 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que decidió2:

PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. Lo anterior, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

Actuación Administrativa

Excedentes Caribbean Metal S.A.S3 es una sociedad dedicada a la comercialización
de desperdicios, desechos y chatarras.

El 20 de abril de 2017 presentó la declaración del impuesto sobre la renta
correspondiente al año gravable 2016, en la que registró saldo a pagar de $39.871.000
y costos por $13.764.286.000.

En ejercicio de sus facultades de fiscalización, el 21 de septiembre de 2020 la DIAN
profirió el Requerimiento Especial 0223820200000374, mediante el cual propuso
modificar la declaración privada de la sociedad al rechazar costos por $6.145.756.000,
al considerar que las operaciones realizadas con Yeni Adrina Salazar, Jorge
Jhonathan Lievano Rubio, Jonathan Dorado Garcés, Harol Steven Salamanca Castillo,
Ivonn Lorena Guerra Peña, Cristhian Alexander Marulanda Ariza, Lissetd Yohana
Salamanca Castillo, Jesika Paola Cárdena Borbón y Angelica María Valderrama
Gamboa, carecían de realidad económica. Asimismo, propuso imponer la sanción por
inexactitud equivalente al 100% del mayor impuesto determinado, y las sanciones al
representante legal y revisor fiscal.

El 15 de diciembre de 2020, Excedentes Caribbean dio respuesta al Requerimiento
1
Ingresó al despacho el 7 de marzo de 2025.
2
Samai Tribunal, índice 47, folios 1 a 19.
3
En adelante Excedentes Caribbean.
4
Folios 60 a 85 del artículo titulado «07_GO 2016 2019 527 Tomo 3 folio 401 a 495» de los antecedentes administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Especial5. Sostuvo que las operaciones cuestionadas se encontraban soportadas en
los registros contables y en las facturas correspondientes, lo que acreditaba la
procedencia de los costos declarados. Además, alegó que la DIAN practicó
indebidamente las actuaciones de verificación respecto de los proveedores, lo que la
condujo a desconocer la realidad económica tanto de estos como de las operaciones
controvertidas. En consecuencia, afirmó que no era procedente el rechazo de los
costos ni la imposición de la sanción por inexactitud.

Con la respuesta al Requerimiento Especial, la sociedad demandante aportó 2.034
folios de medios de prueba, entre los que se encontraban: (i) certificado de existencia
y representación legal; (ii) anexo sobre la trazabilidad de los inventarios; (iii)
impresiones de Google Maps de las direcciones correspondientes a Ivon Lorena
Guerrero Peña (carrera 8 # 9-18) y a la dirección ubicada en la calle 9 # 7-116 A; (iv)
facturas de compra a los proveedores y facturas de venta; (v) comprobantes de egreso,
recibos de caja general, cheques de pago a proveedores y extractos de la cuenta
bancaria del BBVA.

El 10 de junio de 2021 la DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión No
022412020000316, mediante la cual mantuvo el rechazo de los costos, la sanción por
inexactitud y la sanción al representante legal y revisor fiscal.

Para sustentar esa decisión, la Administración tuvo en cuenta las actuaciones de
verificación adelantadas respecto de los proveedores cuestionados, que incluyeron
visitas a los domicilios registrados en el RUT y, en algunos casos, requerimientos de
información. Asimismo, mediante autos comisorios solicitó al Banco BBVA copia del
anverso y reverso de los cheques girados por Excedentes Caribbean a dichos
proveedores.

Con fundamento en estas actuaciones, concluyó que la mayoría de los proveedores
no pudieron ser ubicados porque las direcciones registradas en el RUT no existían o
correspondían a estos y que la mayor parte de los cheques expedidos a su favor no
fueron cobrado directamente por los beneficios, sino endosados a terceros,
principalmente al señor Luis Carlos Páez Badillo. A partir de estos hallazgos, consideró
que las operaciones carecían de realidad económica y, en consecuencia, confirmó el
rechazo de los costos declarados.

El 17 de agosto de 2021, Excedentes Caribbean Metal S.A.S., Ruby Esther Montaño
Ardila, en calidad de representante legal, y Gabriel Antonio Barrios Martínez, en
calidad de revisor fiscal, interpusieron recurso de reconsideración7 en contra de la
Liquidación Oficial de Revisión. En los recursos interpuestos sostuvieron que el acto
administrativo se encontraba viciado de falsa motivación al desconocer el contenido
del artículo 742 del ET y vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Además
de sostener la improcedencia de la sanción por inexactitud y la sanción impuesta al
representante legal y revisor fiscal.

El 24 de junio de 2022 la DIAN profirió la Resolución 005107 del 24 de junio de 20228,
mediante la cual se resolvieron los 3 recursos de reconsideración interpuestos, y se
confirmó la Liquidación Oficial de Revisión.

5
Folios 91 del artículo titulado «07_GO 2016 2019 527 Tomo 3 folio 401 a 495» a 38 del archivo titulado «37_GO 2016 2019
527 Tomo 13 folio 2481 a 2547» de los antecedentes administrativos.
6 Folios 4 a 43 del artículo titulado «40_GO 2016 2019 527 Tomo 14 folio 2675 a 2733» de los antecedentes administrativos.
7
Folios 45 del artículo titulado «40_GO 2016 2019 527 Tomo 14 folio 2675 a 2733» a 31 del archivo titulado «42_GO 2016 2019
527 Tomo 14 folio 2779 a 2813» de los antecedentes administrativos.
8
Folios 15 a 47 del archivo titulado « 43_GO 2016 2019 527 Tomo 15 folio 2814 a 2839» de los antecedentes administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Actuación judicial

Dentro del término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, Excedentes Caribbean Metal, Ruby Esther Montaño Ardila, en calidad de
representante legal de la sociedad y destinataria de la sanción prevista en el artículo
658-1 del ET, y Gabriel Antonio Barrios Martínez, en calidad de revisor fiscal y
destinatario de las sanciones previstas en los artículos 658-1, 659 y 660 ibidem,
presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en contra de la
Liquidación Oficial de Revisión 022412021000031 del 10 de junio de 2021 y la
Resolución 005107 del 24 de junio de 2022.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Pretensiones y normas violadas

Mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demandante formuló las
siguientes pretensiones:
I. PRETENSIONES

PRIMERA. Que son nulas las actuaciones administrativas contenidas en la
LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN No. 022412021000031 de fecha junio 10 de
2021, proferida por División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuesto de Barranquilla (DIAN), mediante la cual se modificó a EXCEDENTES
CARIBBEAN METALS S.A.S. su liquidación privada No. 91000416680654 de fecha
abril 20 de 2017 del Impuesto sobre la Renta del año gravable 2016, se impuso a la
sociedad sanción por inexactitud y se impuso a mis poderdantes RUBY ESTHER
MONTAÑO ARDILA y GABRIEL ANTONIO BARRIOS MARTÍNEZ sanción pecuniaria
por valor de $76.822.000 de conformidad con el artículo 658-1 del Estatuto Tributario
y, la RESOLUCIÓN DE RECURSO No. 005107 de fecha junio 24 de 2022, “por la cual
se resuelven tres (3) recursos de reconsideración”, proferida por el Subdirector de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por la cual se falló el recurso de
Reconsideración, confirmando la Liquidación Oficial y las sanciones antes
mencionadas.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se restablezca en su
derecho a la sociedad EXCEDENTES CARIBBEAN METALS S.A.S., declarando que
la liquidación privada No. 91000416680654 de fecha abril 20 de 2017 del Impuesto
sobre la Renta del año gravable 2016 se encuentra en firme y en consecuencia la
sociedad no está obligada a pagar el mayor impuesto determinado ni la sanción que
por inexactitud se le impuso, al igual que la impuesta a mis poderdantes RUBY
ESTHER MONTAÑO ARDILA y GABRIEL ANTONIO BARRIOS MARTÍNEZ con base
en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario.

Indicó como normas vulneradas los artículos 29 de la Constitución Política y los
artículos 683, 708, 742, 744, 771-2 y 869 del Estatuto Tributario9.

Concepto de violación y oposición

Los cargos del concepto de violación expuestos por la demandante y las
correspondientes oposiciones formuladas en la contestación se resumen así:

Primer cargo: Nulidad de los actos demandados por infracción de las normas en
que debían fundarse, expedición irregular y falsa motivación, por
desconocimiento del principio de correspondencia y vulneración del debido
proceso.
9
En adelante ET.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

1. La parte demandante sostuvo que los actos demandados fueron expedidos con
infracción de las normas en que debían fundarse, falsa motivación y vulneración del
debido proceso. Explicó que la DIAN desconoció los costos asociados a nueve
proveedores con fundamento en visitas de verificación practicadas varios años
después del período gravable investigado, en las que no fue posible ubicarlos en los
domicilios registrados en el RUT.

Advirtió que, una vez notificado el requerimiento especial y presentada su respuesta,
la DIAN continuó adelantando actuaciones probatorias, cuyos resultados fueron
incorporados en la Liquidación Oficial de Revisión sin que pudiera controvertirlos
previamente. A su juicio, ello vulneró el principio de correspondencia entre el
requerimiento especial y la liquidación oficial, pues esta última adicionó nuevos
fundamentos probatorios sin acudir a la ampliación del requerimiento especial prevista
en el artículo 708 del ET, con la consecuente vulneración del debido proceso y del
derecho de defensa.

2. La DIAN señaló que no desconoció el principio de correspondencia, debido a que el
requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión y la resolución que decidió el
recurso de reconsideración se sustentaron en la misma glosa, relativa al rechazo de
costos por $6.145.756.000 asociados a operaciones que consideró carentes de
realidad económica. En ese sentido, afirmó que la parte demandante no fue
sorprendida con hechos o glosas nuevas, sino que la liquidación oficial desarrolló y
complementó la valoración probatoria expuesta en el requerimiento especial.

Agregó que las circunstancias relacionadas con la imposibilidad de ubicar a los
proveedores y con el cobro de los cheques constituían elementos de valoración
probatoria y no hechos nuevos. Finalmente, indicó que no practicó pruebas con
posterioridad a dicho acto, sino que incorporó documentos provenientes de otros
expedientes administrativos que fueron puestos en conocimiento de la parte
demandante.

Segundo cargo: Nulidad de los actos demandados por infracción de los artículos
742 y 771-2 del ET e indebida valoración probatoria.

1. La parte demandante sostuvo que los actos demandados desconocieron los
artículos 742 y 771-2 del ET, debido a que la DIAN rechazó los costos declarados con
fundamento en una indebida valoración de la prueba indiciaria y sin desplegar una
actividad probatoria suficiente para demostrar la inexistencia de las operaciones.
Señaló que, si bien la Administración está facultada para verificar la realidad de las
transacciones, el rechazo de los costos exige acreditar, mediante pruebas idóneas,
que estas carecieron de realidad económica.

Indicó que la DIAN sustentó la supuesta simulación principalmente en las visitas de
verificación practicadas a los proveedores, de las cuales concluyó que no pudieron ser
ubicados en las direcciones registradas en el RUT. No obstante, afirmó que dichas
diligencias, realizadas aproximadamente tres años después de efectuadas las
operaciones, resultaban insuficientes para desvirtuar su realidad, pues la
Administración omitió adelantar otras actuaciones tendientes a establecer el paradero
de los proveedores o a verificar la información registrada en el RUT.

Finalmente, sostuvo que las operaciones se encontraban soportadas en facturas que
cumplían los requisitos previstos en el artículo 771-2 del ET, así como en registros
contables, comprobantes de pago y demás documentos allegados durante la actuación
administrativa. Agregó que la DIAN no desvirtuó la contabilidad ni la trazabilidad de los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

inventarios, por lo que incumplió la carga probatoria que le correspondía y desconoció
el material probatorio obrante en el expediente.

2. La DIAN sostuvo que las pruebas recaudadas durante la actuación administrativa
desvirtuaban la presunción de veracidad de la declaración privada y acreditaban la
inexistencia de las operaciones cuestionadas. Señaló que las visitas de verificación no
constituyeron el único sustento de la glosa, sino que, junto con los autos de
verificación, las declaraciones del contribuyente, la información bancaria y los demás
elementos probatorios obrantes en el expediente, permitieron concluir que los
proveedores no pudieron ser ubicados, carecían de capacidad operativa y económica,
no fueron reportados por terceros y que los cheques girados a su favor fueron
cobrados, en su mayoría, por una misma persona.

Agregó que no se encontraba obligada a consultar otras fuentes para verificar las
direcciones registradas en el RUT, debido a que tales direcciones correspondían a la
información reportada por los propios proveedores. Asimismo, sostuvo que las
facturas, los registros contables y los demás documentos allegados por la parte
demandante únicamente demostraban la existencia formal de las operaciones, mas no
su efectiva realización, la cual había sido desvirtuada con el material probatorio
recaudado.

Finalmente, afirmó que, una vez desvirtuada la presunción de veracidad de la
declaración, correspondía a la parte demandante demostrar la realidad de las
operaciones y la procedencia de los costos declarados. Sin embargo, consideró que
las pruebas aportadas, resultaban insuficientes para acreditar la existencia material de
las transacciones controvertidas.

Tercer cargo: Nulidad de los actos demandados por desconocimiento del
procedimiento especial previsto para el abuso en materia tributaria.

1. La parte demandante sostuvo que los actos acusados vulneraron los artículos 869
a 869-2 del ET y el debido proceso, debido a que la DIAN fundamentó el rechazo de
los costos en supuestos de fraude fiscal y abuso en materia tributaria que no fueron
planteados en el requerimiento especial. A su juicio, ello desconoció el principio de
correspondencia entre dicho acto y la liquidación oficial de revisión, al impedirle ejercer
su derecho de defensa respecto de esos argumentos.

Agregó que, si la Administración pretendía reclasificar las operaciones como
constitutivas de abuso en materia tributaria, debía adelantar el procedimiento especial
previsto en los artículos 869 a 869-2 del ET, mediante la expedición de un
emplazamiento especial previo al requerimiento especial. En consecuencia, afirmó que
los actos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debían
fundarse y con falsa motivación.

2. Frente a este cargo, la DIAN solicitó que no estaba obligada a adelantar el
procedimiento previsto en los artículos 869 a 869-2 del ET, por cuanto en ningún
momento imputó a la demandante una conducta constitutiva de abuso en materia
tributaria ni recaracterizó las operaciones cuestionadas. Señaló que el proceso se
adelantó en ejercicio de las facultades generales de fiscalización y determinación
oficial del tributo, con el único propósito de verificar la realidad material de las
operaciones declaradas como costos, para lo cual resultaba procedente el
procedimiento ordinario de revisión, sin que se vulnerara el debido proceso.

Cuarto cargo: Improcedencia de la sanción por inexactitud y de la sanción
prevista en el artículo 658-1 del ET.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

1. La parte demandante sostuvo la improcedencia de la sanción por inexactitud,
debido a que no se configuraban los presupuestos previstos en los artículos 647 y 648
del ET. Al efecto, señaló que la DIAN no demostró la existencia de datos o factores
falsos, equivocados, incompletos o desfigurados con incidencia en la determinación
del tributo. Agregó que los costos rechazados se encontraban soportados en facturas
que cumplían los requisitos del artículo 771-2 ibidem y en la contabilidad de la
sociedad.

Asimismo, sostuvo que tampoco procedía la sanción prevista en el artículo 658-1 del
ET impuesta al representante legal y al revisor fiscal, dado que esta depende de la
configuración de la sanción por inexactitud. Añadió que, en todo caso, la DIAN
desconoció el carácter anual de dicha sanción al imponerla con ocasión de los
procesos de determinación del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la renta
para la equidad (CREE) correspondientes al año gravable 2016, y por lo cual, solicitó
que se revocara la sanción impuesta en los actos de determinación del CREE, por
estimar que la sanción debía subsistir únicamente respecto del procedimiento de
determinación del impuesto sobre la renta.

2. Frente a este cargo, la DIAN sostuvo que la sanción por inexactitud era procedente,
debido a que se configuró el supuesto previsto en el artículo 647 del ET al haberse
demostrado que la demandante incluyó costos cuya realidad material no fue
acreditada, lo que dio lugar a un menor impuesto a cargo. En consecuencia, afirmó
que el rechazo de dichos costos justificaba la imposición de la sanción por inexactitud.

Señaló que la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET fue correctamente impuesta
al representante legal y al revisor fiscal, por cuanto aprobaron la declaración de renta
con las irregularidades advertidas por la Administración. Agregó que no existió una
indebida acumulación de sanciones, dado que el impuesto sobre la renta y el impuesto
sobre la renta para la equidad (CREE) son tributos autónomos y de periodicidad anual,
lo que permitía imponer la sanción en cada uno de los respectivos procesos de
determinación.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, atendiendo las consideraciones que
se exponen adelante. Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de la alzada
son los siguientes:

Primer cargo: Valoración probatoria de las operaciones realizadas por
Excedentes Caribbean Metal. Procedencia del rechazo de los costos declarados.

1. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la DIAN logró
desvirtuar la realidad de las operaciones comerciales que la sociedad demandante
afirmó haber celebrado con nueve proveedores, las cuales respaldaban los costos de
ventas por valor de $6.145.756.000, declarados en el impuesto sobre la renta del año
2016.

Señaló que la DIAN en ejercicio de sus facultades de fiscalización acreditó, por medio
de la realización de visitas de verificación, inspecciones, cruces de información,
testimonios, y demás elementos de prueba recaudados, que varios de los proveedores
no fueron ubicados en los domicilios registrados, carecían de infraestructura física y
capacidad operativa para desarrollar la actividad económica reportada y presentaban
inconsistencias que constituían indicios de la inexistencia de las operaciones
investigadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Con fundamento en la valoración conjunta del material probatorio, el Tribunal concluyó
que las facturas y demás soportes contables allegados únicamente acreditaban la
existencia formal o documental de las transacciones, mas no su efectiva realización.
En consecuencia, consideró que la DIAN demostró, a través de prueba indiciaria, la
simulación de las operaciones controvertidas y, por ende, encontró procedente el
rechazo de los costos declarados.

2. La parte demandante insistió en que el Tribunal valoró indebidamente la prueba
indiciaria recaudada durante la actuación administrativa, debido a que la supuesta
inexistencia de las operaciones se sustentó principalmente en las visitas de verificación
practicadas a los proveedores, las cuales, a su juicio, resultaban insuficientes para
desvirtuar la realidad de las transacciones. Reiteró que la DIAN incumplió el deber de
agotar una actividad probatoria suficiente y que, en consecuencia, incurrió en falsa
motivación al fundamentar el rechazo de los costos en hechos indicadores que no se
encontraban debidamente acreditados.

Además, sostuvo que las operaciones estaban soportadas en facturas, registros
contables, comprobantes de pago y en la trazabilidad de los inventarios, sin que la
Administración hubiera desvirtuado dichos medios de prueba. Agregó que la DIAN
debió adelantar actuaciones adicionales para ubicar a los proveedores y efectuar una
valoración integral del material probatorio aportado.

Segundo cargo: Nulidad de los actos demandados por desconocimiento del
principio de correspondencia y omisión del procedimiento especial previsto para
el abuso en materia tributaria.

1. En relación con la utilización de un procedimiento que no correspondía (pues se
estaba argumentando un abuso en materia tributaria) y el desconocimiento del
principio de correspondencia, el Tribunal no se pronunció en la sentencia de primera
instancia.

2. La parte demandante reiteró que la Liquidación Oficial de Revisión vulneró el
principio de correspondencia, al incorporar consideraciones relacionadas con fraude
fiscal y abuso en materia tributaria que no habían sido planteadas en el requerimiento
especial, lo que, a su juicio, vulneró su derecho de defensa. Sostuvo que, si la DIAN
pretendía calificar las operaciones como constitutivas de abuso en materia tributaria,
debía adelantar el procedimiento especial previsto en los artículos 869 a 869-2 del ET.

Tercer cargo: Improcedencia de la sanción de inexactitud y la sanción al
representante legal y revisor fiscal.

1. En relación con las sanciones impuestas a los demandantes, el Tribunal no se
pronunció en la sentencia de primera instancia.

2. En cuanto a este cargo, la parte demandante reiteró la improcedencia de la sanción
por inexactitud, por cuanto la DIAN no demostró la existencia de datos o factores
falsos, equivocados, incompletos o desfigurados con incidencia en la determinación
del tributo. Sostuvo que los costos cuestionados se encontraban soportados en
facturas que cumplían los requisitos previstos en el artículo 771-2 del ET, así como en
la contabilidad y demás soportes de la sociedad, por lo que no se configuraban los
presupuestos previstos en los artículos 647 y 648 ibidem.

Asimismo, insistió en la improcedencia de la sanción prevista en el artículo 658-1 del
ET, al depender esta de la configuración de la sanción por inexactitud. Agregó que la
DIAN desconoció el carácter anual de dicha sanción al imponerla con ocasión de los
procesos de determinación del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la renta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

para la equidad (CREE) correspondientes al año gravable 2016 y, por tal razón, solicitó
que se revocara la sanción impuesta en el procedimiento de determinación del CREE,
al estimar que la sanción debía subsistir únicamente respecto del procedimiento de
determinación del impuesto sobre la renta.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES

1. La DIAN solicitó confirmar la sentencia apelada, al considerar que el Tribunal valoró
adecuadamente el material probatorio y concluyó acertadamente que las operaciones
cuestionadas carecían de realidad económica. Reiteró que las pruebas recaudadas
durante la actuación administrativa desvirtuaron la presunción de veracidad de la
declaración privada y demostraron el carácter ficticio de las operaciones. En ese
sentido, sostuvo que la parte demandante no logró desvirtuar los indicios acreditados
por la Administración ni demostrar la existencia material de las compras cuestionadas.

Señaló que no se vulneró el principio de correspondencia, por cuanto la liquidación
oficial de revisión se sustentó en las mismas glosas propuestas en el requerimiento
especial, sin introducir hechos nuevos, sino desarrollando y complementando la
valoración probatoria que soportaba el rechazo de los costos. Agregó que la
Administración no calificó las operaciones como constitutivas de abuso en materia
tributaria, razón por la cual no era procedente el procedimiento previsto en los artículos
869 a 869-2 del ET.

Finalmente, sostuvo que eran procedentes tanto la sanción por inexactitud como la
sanción prevista en el artículo 658-1 del ET impuesta a la representante legal y al
revisor fiscal, por cuanto se acreditó la inclusión de costos inexistentes en la
declaración y se configuraban los presupuestos previstos en los artículos 647 y 658-1
ibidem.

2. El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

PROBLEMAS JURÍDICOS

En los términos de los artículos 287, 320 y 328 del CGP, compete a esta Sala resolver
los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿Desvirtuó la DIAN la realidad de las operaciones realizadas por Excedentes
Caribbean con los proveedores cuestionados y, en consecuencia, era
procedente el rechazo de los costos declarados en el impuesto sobre la renta
del año gravable 2016?

ii) ¿Desconocieron los actos demandados el principio de correspondencia y
vulneraron el debido proceso al incorporar nuevos medios de prueba que no
fueron planteados en el requerimiento especial? ¿Debía la Administración
adelantar el procedimiento especial previsto en los artículos 869 a 869-2 del
ET?

iii) ¿Eran procedentes la sanción por inexactitud impuesta a Excedentes Caribbean
Metal S.A.S. y la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET impuesta a la
representante legal y al revisor fiscal?

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Análisis del caso concreto

1. Valoración probatoria de las operaciones realizadas y procedencia del rechazo
de los costos declarados.

La DIAN rechazó costos por valor de $6.145.756.000, al considerar que las
operaciones que los sustentaban carecían de realidad económica. Para ello, señaló
que: i) varios de los proveedores no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados
en el RUT, debido a que las direcciones no existían, correspondían a predios baldíos
o funcionaban terceros distintos de los reportados como proveedores; ii) la mayoría de
los cheques girados por la demandante a favor de dichos proveedores fueron cobrados
mediante endoso por terceros, principalmente por una misma persona.

Con fundamento en esos elementos, concluyó que las operaciones cuestionadas eran
inexistentes o simuladas y rechazó los costos declarados. El Tribunal confirmó la
actuación administrativa al considerar que los indicios recaudados por la DIAN
desvirtuaban la realidad de las operaciones y que los documentos aportados por la
contribuyente únicamente acreditaban su existencia formal, mas no su efectiva
realización.

La parte demandante afirmó que el Tribunal valoró indebidamente la prueba indiciaria
recaudada por la DIAN, principalmente, en la imposibilidad de ubicar a los proveedores
en las direcciones registradas en el RUT y en el cobro de los cheques por terceros. A
su juicio, tales circunstancias resultaban insuficientes para desvirtuar la realidad de las
operaciones, máxime cuando la Administración no agotó una actividad probatoria
suficiente ni valoró las facturas, los registros contables, los comprobantes de pago y
los documentos relacionados con la trazabilidad de los inventarios.

Además, reiteró que los actos demandados desconocieron el principio de
correspondencia y que, de considerar que las operaciones configuraban un supuesto
de abuso en materia tributaria, la DIAN debía adelantar el procedimiento especial
previsto en los artículos 869 a 869-2 del ET. Finalmente, insistió en la improcedencia
de la sanción por inexactitud y de la sanción prevista en el artículo 658-1 del ET.

De acuerdo con el artículo 746 del ET, las declaraciones tributarias se encuentran
amparadas por la presunción de veracidad, en virtud del cual se presumen ciertos los
hechos consignados por el contribuyente mientras no sean desvirtuados mediante
prueba en contrario. No obstante, dicha presunción es de carácter legal y, por tanto,
admite prueba en contrario cuando la Administración demuestra que los hechos
declarados no corresponden a la realidad económica de las operaciones reportadas.10

En ese sentido, la presunción de veracidad puede desvirtuarse mediante cualquiera
de los medios de prueba legalmente previstos. En particular, ocurre cuando se
demuestra que las operaciones declaradas no existieron o que el negocio jurídico
presentado por las partes corresponde a una apariencia distinta de la realidad. Entre
esas hipótesis se encuentra la simulación, definida por esta Sección como «una anomalía
negocial en la que las partes dan al negocio que procuran celebrar una apariencia jurídica distinta, con
el propósito de no revelar ante terceros el verdadero contenido del negocio llevado a cabo 11».

El artículo 771-2 del ET exige que los costos, deducciones e impuestos descontables
se encuentren soportados en facturas o documentos equivalentes que cumplan los
requisitos legales. Sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias formales no

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 13 de marzo de 2025, exp. 27873,
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de agosto de 2021, exp. 23823,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

restringe las facultades de fiscalización de la DIAN, que puede verificar la realidad de
las operaciones declaradas y, de ser el caso, rechazar los costos cuando establezca
que carecen de sustento económico real12.

En ejercicio de dichas facultades, la Administración puede acudir a pruebas directas e
indirectas con el fin de verificar la realidad de las operaciones reportadas por el
contribuyente13. La Sala ha precisado que la simulación constituye una situación que,
por su propia naturaleza, difícilmente se acredita mediante prueba directa, pues
quienes intervienen en el negocio aparente procuran precisamente ocultar la realidad
económica subyacente.

Precisamente porque los acuerdos simulatorios, por regla general, no dejan evidencia
directa de la verdadera intención de las partes, la prueba de la simulación suele
descansar en un conjunto de indicios graves, concordantes y convergentes y su
relación con los demás medios de prueba que, apreciados en su conjunto, permitan
inferir razonablemente que la realidad económica difiere de la apariencia jurídica
exteriorizada14. Por ello, un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente
para desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración tributaria y demostrar la
simulación de las operaciones15.

En ese contexto, esta Sección ha señalado que para desvirtuar la realidad de las
operaciones declaradas no es indispensable demostrar de manera directa la existencia
de un acuerdo simulatorio entre las partes ni acreditar individualmente cada uno de los
elementos de la operación cuestionada. Basta que el acervo probatorio se revele que
los indicios, apreciados de manera conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica,
pueden ser suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones
tributarias y acreditar la inexistencia o simulación de las operaciones examinadas16.

Al respecto, los artículos 240 y 242 del Código General del Proceso reconocen que la
prueba indiciaria constituye un medio probatorio autónomo y plenamente valorable, no
residual ni subsidiario de la prueba directa, que le permite al juez formar convicción
sobre hechos relevantes del proceso cuando se presentan indicios graves, precisos,
concordantes y convergentes. Su valoración debe efectuarse de manera conjunta,
atendiendo a su gravedad, precisión, concordancia y convergencia, así como a su
relación con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.

En ese orden de ideas, la valoración judicial no debe recaer aisladamente sobre cada
hecho indicador, sino sobre la fuerza demostrativa que surge de su apreciación
conjunta. Por ello, cuando concurren simultáneamente conforman una secuencia
lógica capaz de desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración tributaria. En
estos eventos, las facturas y registros contables acreditan la existencia de soportes
documentales y registros de la operación, pero no necesariamente la efectiva
ocurrencia del hecho económico. Por lo tanto, le corresponde al contribuyente aportar
elementos de convicción aptos para desacreditar el indicio, cuestionar la inferencia
lógica construida por la Administración o demostrar la efectiva realización de las
operaciones cuestionadas. En ese sentido, el artículo 167 del Código General del

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 15 de octubre de 2021, exp. 24937,
M.P. Milton Chaves García.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 19 de mayo de 2016, exp. 21185,
M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en la sentencia del 23 de mayo de 2024, exp. 27647, M.P. Wilson Ramos Girón.
14
Artículo 242 de la Ley 1564 de 2012: «El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad,
concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso».
15
Sentencia del 23 de mayo de 2024. Exp. 27419. C.P. Milton Chaves García. sentencia del 23 de marzo de 2023. Exp. 27092,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 5 de mayo de 2022, exp. 25759,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 18 de noviembre de 2021, exp. 25474, M.P. Milton Chaves García; y del 29 de julio de
2021, exp. 24827, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
cuya aplicación invocan17.

Por lo tanto, atendiendo a la carga dinámica de la prueba, inicialmente, corresponde
al contribuyente acreditar los hechos y factores que sustentan los conceptos que
disminuyen el impuesto a cargo. Si este acredita inicialmente, en principio, la existencia
de las operaciones corresponde a la Administración desvirtuarlas mediante un acervo
probatorio suficiente. No obstante, cuando la DIAN aporta pruebas directas o un
conjunto de indicios que cuestionan fundadamente la realidad de las operaciones
declaradas, la carga probatoria retorna al contribuyente, quien deberá demostrar,
mediante elementos de convicción suficientes, que dichas operaciones efectivamente
ocurrieron y que los valores registrados en la declaración corresponden a la realidad
económica. De ahí que el Juez tendrá que verificar si las partes asumieron la carga
probatoria a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 1564
de 201218.

En el caso en concreto, la DIAN rechazó costos por valor de $6.145.756.000, al
considerar que carecían de realidad económica, con fundamento en los siguientes
medios de prueba:

Impuesto sobre la renta. Vigencia 2016
Proveedor – Costo rechazado Indicios de la Administración
(i) Auto de Verificación o Cruce No. 022382019000041
(29/01/2019), devuelto por causal «No reside» y publicado en
la web de la DIAN; (ii) visita al domicilio registrado en el RUT,
donde funcionaba otra sociedad; (iii) recepción de copia de
Yenni Adriana Salazar
cheques y relación de facturas; (iv) consulta de información
$775.974.175
exógena, encontrando que el 83 % de las compras provenían
de un único proveedor (Rodolfo Antonio Ortega Rodríguez),
quien no fue reportado por terceros por el monto de ingresos
declarado.
(i) Auto No. 322392019000106 (06/02/2019); (ii) visita al
Jonathan Dorado Garcés domicilio registrado en el RUT, estableciendo que
$1.636.626.100 correspondía a un predio baldío sin nomenclatura, por lo que
no fue posible ubicar al proveedor.
Jorge Jonathan Liévano (i) Auto No. 322392019000108 (06/02/2019); (ii) visita al
Rubio domicilio registrado en el RUT, concluyendo que la dirección
$1.176.574.663 no existía y que el contribuyente era imposible de localizar.
Harol Steven Salamanca (i) Auto No. 322392019000108 (06/02/2019); (ii) visita al
Castillo domicilio registrado en el RUT, constatando que el proveedor
$403.064.906 no se encontraba en la dirección.
(i) Auto No. 322392019000884 (20/08/2019); (ii) visita al
Ivonn Lorena Guerrero Peña
domicilio registrado en el RUT, donde no fue ubicado el
$1.394.758.531
proveedor.
Cristian Alexander Marulanda (i) Auto No. 322392019000882 (12/08/2019); (ii) visita al
Ariza domicilio registrado en el RUT, verificando que la dirección no
$393.881.588 existía en Chía.

Lizzetd Yohana Salamanca (i) Auto No. 322392019000883 (12/08/2019); (ii) visita al
Castillo domicilio registrado en el RUT, concluyendo que la dirección
$132.130.000 no existía y que el municipio no cuenta con transversales.
Jesika Paola Borbon (i) Auto No. 322392019000880 (12/08/2019); (ii) visita al
Cárdenas domicilio registrado en el RUT, verificando que la dirección no
$139.050.000 existía y que no fue posible ubicar a la contribuyente.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 27057,
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Angélica María Valderrama (i) Auto No. 322392019000881 (12/08/2019); (ii) visita al
Gamboa domicilio registrado en el RUT; la vivienda estaba cerrada y
$93.695.000 una residente manifestó no conocer a la contribuyente.
(i) Autos Comisorios 002, 003, 004 y 005 (21/04/2021) al BBVA
para obtener copia del anverso y reverso de los cheques; (ii) la
Otras actuaciones
mayoría de los cheques fueron endosados a terceros,
principalmente a Luis Carlos Páez Badillo.

La Sala advierte que los indicios no tienen idéntica intensidad respecto de todos los
proveedores cuestionados. Sin embargo, ello no desvirtúa la conclusión alcanzada,
puesto que en cada uno de los casos se acreditaron hechos objetivos que
razonablemente permitían cuestionar la realidad económica de las operaciones
declaradas. En algunos eventos tales hechos se relacionaron con inconsistencias en
la información registral, imposibilidad material de ubicación de los proveedores,
ausencia de infraestructura mínima o inconsistencias detectadas en la información
tributaria reportada; y en otros, además, con la forma atípica en que fueron canalizados
los pagos. Por consiguiente, aun analizados individualmente, los elementos
recaudados resultaban suficientes para trasladar nuevamente al contribuyente la carga
de demostrar la efectiva realización de las operaciones.

Con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, la Sala considera que la
DIAN logró desvirtuar la presunción de veracidad de la declaración del impuesto sobre
la renta presentada por Excedentes Caribbean correspondiente al año 2016. En efecto,
la Administración acreditó una serie de circunstancias objetivas que, apreciadas en
conjunto, constituyen indicios graves, concordantes y convergentes de la inexistencia
de las operaciones que soportan los costos cuestionados.

En primer lugar, se encuentra demostrado que varios de los proveedores reportaron
en el RUT direcciones que no existían, correspondían a predios baldíos o no podían
ser ubicadas dentro de la nomenclatura oficial de los municipios correspondientes. Es
decir, correspondían a información falaz. Tales circunstancias no evidencian
simplemente la imposibilidad de ubicar a los proveedores varios años después de
realizadas las operaciones, sino inconsistencias objetivas en la información registrada
por estos ante la Administración Tributaria que, si bien corresponde a un registro de la
DIAN, es la información mínima, junto con el certificado de existencia y representación
legal, que usualmente es valorada al momento de hacer el estudio de conocimiento de
un proveedor. En consecuencia, se trata de hechos indicadores que exceden la mera
falta de localización posterior de los contribuyentes y cuestionan la realidad misma de
los sujetos con quienes se afirmó haber realizado las operaciones.

En segundo lugar, se encuentra acreditado que la mayoría de los cheques girados a
favor de los proveedores fueron endosados a terceros, principalmente al señor Luis
Carlos Páez Badillo. Dicha circunstancia constituye un indicio relevante de la ausencia
de normalidad económica en las operaciones declaradas, especialmente porque dicho
fenómeno se presentó de manera reiterada respecto de distintos proveedores.

La Sala precisa que el cuestionamiento no recae sobre la validez jurídica del endoso,
figura legítimamente prevista por el ordenamiento mercantil. Lo relevante para el caso
es que múltiples proveedores distintos habrían endosado reiteradamente los pagos a
una misma persona, sin que en el expediente exista un intento de análisis de la
circunstancia o explicación comercial, contractual o económica que permita
comprender dicha circunstancia. Es precisamente la reiteración de ese patrón respecto
de diversas operaciones y proveedores lo que constituye un hecho indicador relevante
dentro de la valoración conjunta de la prueba, por lo que el demandante debió procurar
generar una prueba para desvincular a sus beneficiarios finales de ese tercero al que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

los proveedores endosaron los cheques con los que realizó el pago, con lo que se
habría diluido el indicio.

Adicionalmente, se aclara que no se trasladó al contribuyente una carga probatoria
originaria de demostrar nuevamente la realidad de todas las operaciones declaradas.
Tal deber surgió únicamente después de que la Administración acreditó, mediante
elementos objetivos e indicios suficientemente consistentes, circunstancias aptas para
cuestionar fundadamente la realidad económica de las transacciones reportadas.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, una vez acreditados
esos hechos indicadores por la Administración, correspondía a la parte demandante
aportar elementos de convicción suficientes para desacreditar la inferencia construida
por la DIAN o explicar razonablemente las circunstancias advertidas. Sin embargo, no
obra prueba que permita establecer que los beneficiarios finales de la demandante son
totalmente ajenos al tercero que recibió los cheques de sus proveedores por endoso.

Adicionalmente, aunque la demandante aportó facturas, registros contables,
comprobantes de pago, extractos bancarios y documentos internos relacionados con
la trazabilidad de los inventarios, la Sala observa que tales elementos corresponden,
en esencia, a soportes documentales elaborados o conservados por la propia
contribuyente. Si bien dichos documentos acreditan la existencia formal de registros
contables y comerciales, no resultan suficientes para desvirtuar los indicios
acreditados por la Administración ni para demostrar, por sí solos, la efectiva realización
de las operaciones cuestionadas.

Tampoco resulta suficiente la información aportada sobre la trazabilidad de inventarios.
Si bien tales documentos pretenden mostrar la correspondencia entre compras y
ventas efectuadas por la sociedad, no permiten establecer con certeza que las
mercancías hubiesen sido adquiridas precisamente a los proveedores cuestionados.
En efecto, dichos registros evidencian movimientos de inventario dentro de la actividad
económica de la contribuyente, pero no acreditan de manera autónoma la identidad
del proveedor que suministró los bienes cuya adquisición fue objeto de glosa.

Asimismo, tales documentos únicamente acreditan la existencia formal de registros
documentales y contables asociados a las operaciones cuestionadas, mas no
desvirtúan por sí solos los hechos indicadores acreditados por la Administración
respecto de la capacidad operativa de los proveedores, la trazabilidad de las
mercancías comercializadas, el origen de los bienes, las inconsistencias de la
información reportada ni las demás circunstancias que llevaron a cuestionar la realidad
económica de las transacciones declaradas.

La Sala también advierte que la demandante no aportó elementos de prueba
provenientes de terceros que permitieran corroborar la realidad material de las
operaciones controvertidas, tales como certificaciones de los proveedores,
documentos relacionados con el transporte de las mercancías, constancias de entrega,
soportes de bodega u otros medios de convicción para explicar las inconsistencias
advertidas por la Administración y demostrar que las transacciones ocurrieron en la
forma declarada.

En particular, esta Sección reitera que las facturas aportadas por la demandante dan
cuenta de una manifestación documental de la operación, pero no permiten establecer
por sí mismas que las mercancías fueron efectivamente adquiridas, entregadas o
comercializadas en las condiciones informadas. De igual manera, los registros
contables acreditan el reconocimiento de la operación en la contabilidad del
contribuyente, pero no controvierten las circunstancias advertidas por la DIAN sobre la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

ausencia de infraestructura, la imposibilidad de verificar el origen de la mercancía o las
inconsistencias detectadas en la actividad económica de los proveedores19.

Además, la demandante no explicó de manera concreta ni sustentó cómo los
documentos aportados desvirtuaban cada uno de los hallazgos formulados por la
DIAN. Particularmente, omitió desarrollar una argumentación dirigida a demostrar que
los proveedores contaban con la capacidad económica, financiera, administrativa,
logística y operativa necesaria para ejecutar las operaciones cuestionadas. Y, lo más
importante, no probó la falta de conexidad entre sus beneficiarios finales y el tercero
endosatario de los cheques con los que pagó a sus proveedores, máxime cuando
dichos proveedores ni siquiera podían ser ubicados en las direcciones inexistentes
reportadas.

En esas condiciones, la valoración conjunta del material probatorio permite concluir
que los hechos indicadores acreditados por la DIAN poseen la gravedad, concordancia
y convergencia necesarias para desvirtuar la presunción de veracidad de la
declaración tributaria. Aunque la demandante aportó diversos soportes formales de las
operaciones, no logró desacreditar los indicios recaudados por la Administración ni
demostrar de manera suficiente la realidad económica de las transacciones
cuestionadas.

En ese sentido, la actividad de fiscalización adelantada por la DIAN estuvo
encaminada a verificar si las operaciones registradas por la demandante tenían
correspondencia con una actividad comercial efectivamente desarrollada por sus
proveedores. Como resultado de esa actuación se obtuvieron diversos indicios que,
apreciados de manera conjunta, permitían cuestionar razonablemente la existencia de
las transacciones reportadas.

Por lo tanto, pese a que la demandante invocó la existencia de facturas y registros
contables para sostener la realidad de las operaciones cuestionadas, su actividad
argumentativa se limitó a reiterar la existencia de dichos documentos. En efecto, tanto
en sede administrativa como judicial, la sociedad demandante no desarrolló una
explicación concreta sobre el alcance demostrativo de esos medios de prueba ni indicó
de qué manera estos desvirtuaban los hechos indicadores acreditados por la
Administración. Por el contrario, se limitó a afirmar que las operaciones estaban
soportadas documentalmente, sin construir un razonamiento probatorio orientado a
desacreditar los indicios que sirvieron de fundamento a los actos acusados.

En este sentido ya se ha manifestado esta Sala al señalar que « no se satisface la carga
de la prueba con la simple remisión de cientos de folios o el suministro de miles de registros, sin
identificar y precisar su alcance, sin relacionar su contenido con las glosas contenidas en los actos
administrativos analizados, ni con las otras pruebas que obran en el expediente»20.

Así las cosas, valorado el material probatorio en su conjunto y conforme a las reglas
de la sana crítica, la Sala encuentra que la demandante no logró desvirtuar los hechos
indicadores acreditados por la DIAN ni aportar elementos de convicción que
permitieran reconstruir objetivamente la realidad económica de las operaciones
cuestionadas.

La parte demandante centra gran parte de su argumentación en cuestionar
aisladamente algunos de los hechos indicadores identificados por la Administración,
especialmente aquellos relacionados con las visitas. Sin embargo, el fundamento de

19
Sentencias del 21 de junio de 2018, exp. 22154, M.P. Milton Chaves García; del 27 de mayo de 2021, exp. 23330, M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; del 23 de mayo de 2024, exp. 27223, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y del 9 de julio de 2026,
exp. 30627, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
20
Sentencia 25000-23-37-000-2014-00383-01 (28937) del 10 de diciembre de 2025; C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

los actos administrativos no descansa en un hallazgo individualmente considerado,
sino en la valoración conjunta de todos los elementos probatorios recaudados durante
la fiscalización. Por ello, aun cuando alguno de los indicios examinados pudiera
carecer aisladamente de fuerza demostrativa suficiente, su apreciación integral
mantiene la consistencia de la inferencia construida por la Administración.

Por lo tanto, la Sala concluye que los indicios recaudados por la DIAN desvirtuaron la
presunción de veracidad de la declaración privada del impuesto sobre la renta del año
2016, y la parte demandante no aportó elementos de convicción suficientes para
acreditar la realidad de las operaciones. En consecuencia, no prospera el cargo de
apelación.

2. Desconocimiento del principio de correspondencia y vulneración del debido
proceso al incorporar nuevos medios de prueba que no fueron planteadas en el
requerimiento especial. Procedimiento de abuso tributario.

El artículo 703 del ET dispone que, previo a la expedición de la liquidación de revisión,
la administración enviará por una sola vez, un requerimiento especial que contenga
todos los puntos que propone modificar, con la explicación en que se sustenta.

Acorde con lo anterior, el artículo 711, ibidem, exige que la liquidación oficial de
revisión se contraiga exclusivamente a la declaración privada del contribuyente y a los
hechos que hubieran sido planteados en el requerimiento especial, o su ampliación,
debido a que en éste se fijan por primera vez los puntos que se consideran inexactos
del denuncio rentístico y sobre los cuales girará la controversia. Este principio también
opera en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, debido a que es la
actuación que da cierre a la sede administrativa, y por tanto debe guardar coherencia
con los hechos controvertidos en la actuación21.

Lo anterior garantiza el respeto de los derechos al debido proceso y a la defensa del
administrado, en la que medida en que, si existe identidad en las glosas, aquel podrá
discutirlas con argumentos y pruebas que justifiquen los datos que registró en su
liquidación privada, excluyendo así la posibilidad de que se realicen ajustes frente a
los cuales no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción 22.Lo anterior
no impide que la Administración de Impuestos en la liquidación oficial de revisión
incluya o mejore los argumentos que le sirvieron de fundamento a una glosa propuesta
en el requerimiento especial23.

Ahora bien, la parte demandante sostuvo que la DIAN desconoció el principio de
correspondencia al incorporar en la Liquidación Oficial de Revisión elementos
probatorios que no fueron planteados en el requerimiento especial y, adicionalmente,
que adelantó un análisis propio del abuso en materia tributaria sin observar el
procedimiento previsto en los artículos 869 a 869-2 del ET. La Sala no comparte dicho
planteamiento.

En efecto, del análisis del requerimiento especial, de la liquidación oficial de revisión y
de la resolución que resolvió los recursos de reconsideración, se observa que durante
toda la actuación administrativa la glosa se mantuvo invariable y consistió en el

21
Sentencia del 10 de junio de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 24283, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto;
Sentencia del 18 de marzo de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23743, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
22
Sentencia del 15 de julio de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23964, C.P. Milton Chaves García. Reiterada
en: Sentencia del 15 de octubre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 25148, C.P. Milton Chaves García.
23
Sentencia del 20 de mayo de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 23396, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
Reiterada en: Sentencia del 29 de agosto de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp. 24440, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello. En el mismo sentido: Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Sección Cuarta del Consejo de Estado. Exp.
22652, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

rechazo de costos por valor de $6.145.756.000, al considerar que las operaciones
realizadas con los proveedores cuestionados carecían de realidad económica.

Así, desde el requerimiento especial la Administración puso en conocimiento de la
contribuyente que cuestionaba la realidad de las operaciones registradas como costos
y que, por tal razón, proponía su rechazo. En consecuencia, la demandante tuvo la
oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa, controvertir los hechos
planteados por la Administración y aportar las pruebas que estimó pertinentes para
demostrar la realidad económica de las operaciones cuestionadas.

Ahora bien, aunque con posterioridad al requerimiento especial la DIAN incorporó
nuevos elementos probatorios a la actuación administrativa, particularmente aquellos
relacionados con la verificación del cobro de los cheques girados a los proveedores,
la Sala observa que tales actuaciones no modificaron la glosa inicialmente propuesta
ni introdujeron hechos nuevos en la controversia. Por el contrario, constituyeron
elementos de juicio adicionales destinados a respaldar y fortalecer la motivación de la
misma glosa planteada desde el requerimiento especial, esto es, la inexistencia de
realidad económica de las operaciones cuestionadas.

En ese sentido, la Administración no varió los fundamentos fácticos ni jurídicos del
rechazo de los costos, sino que complementó el acervo probatorio con el propósito de
sustentar la conclusión inicialmente propuesta. Por tanto, no era necesaria la
ampliación del requerimiento especial prevista en el artículo 708 del ET, pues esta solo
procede cuando se incorporan nuevas glosas o se modifican las inicialmente
propuestas, circunstancia que no ocurrió en el presente caso.

Además, no se advierte afectación material del derecho de defensa. Los elementos
probatorios incorporados con posterioridad al requerimiento especial hicieron parte del
expediente administrativo y fueron puestos en conocimiento del contribuyente durante
el trámite de determinación y reconsideración, de manera que este contó con la
posibilidad de pronunciarse respecto de ellos y cuestionar su alcance demostrativo.

Asimismo, tampoco prospera el argumento relativo al supuesto desconocimiento del
procedimiento especial previsto para el abuso en materia tributaria. Lo anterior, porque
la DIAN no calificó las operaciones cuestionadas como constitutivas de abuso tributario
ni pretendió reconfigurar o reclasificar los efectos jurídicos de negocios válidamente
celebrados. La controversia administrativa se limitó a establecer si las operaciones
declaradas por la contribuyente tenían o no realidad económica y, por ende, si los
costos registrados cumplían los requisitos para su reconocimiento fiscal.

En efecto, mientras el régimen de abuso en materia tributaria presupone la existencia
de actos o negocios jurídicos reales cuyos efectos fiscales son reconfigurados por la
Administración debido a la obtención artificiosa de ventajas tributarias, la presente
controversia se refiere a un asunto distinto: la verificación de la efectiva existencia de
las operaciones invocadas como soporte de costos. Por lo tanto, la discusión no versa
sobre la recalificación de negocios jurídicos válidamente celebrados, sino sobre la
acreditación misma del hecho económico declarado.

En consecuencia, la actuación administrativa no se sustentó en las disposiciones
relativas al abuso en materia tributaria, sino en las facultades ordinarias de
fiscalización y determinación oficial del tributo previstas en el Estatuto Tributario. Por
ello, no era procedente la expedición de un emplazamiento especial ni la observancia
del procedimiento regulado en los artículos 869 a 869-2 del ET.

Así las cosas, la Sala concluye que la DIAN no vulneró el principio de correspondencia
ni el derecho de defensa de la contribuyente, además que no estaba obligada a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

adelantar el procedimiento especial de abuso tributario. En consecuencia, no
prospera el cargo de apelación.

3. Procedencia de la sanción de inexactitud y la sanción prevista al representante
legal y al revisor fiscal.

La parte demandante sostuvo que no era procedente la sanción por inexactitud
prevista en el artículo 647 del ET, debido a que la DIAN no demostró la inclusión de
datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados con incidencia en la
determinación del tributo.

Para la época de los hechos, el artículo 647 del ET establecía que constituía
inexactitud sancionable, entre otras conductas, la inclusión en las declaraciones
tributarias de costos inexistentes o improcedentes que generaran un menor impuesto
a cargo o un mayor saldo a favor. En estos eventos, la sanción procede cuando la
Administración demuestra que los conceptos declarados carecen de sustento fáctico
o jurídico y que dicha circunstancia incide en la determinación del tributo.

Como se expuso al resolver el primer problema jurídico, la DIAN logró desvirtuar la
presunción de veracidad de la declaración privada mediante un conjunto de indicios
graves, concordantes y convergentes que permitieron concluir que los costos
declarados no correspondían a operaciones cuya realidad económica hubiera sido
acreditada por la contribuyente. En consecuencia, resultó procedente el rechazo de
los costos cuestionados por valor de $6.145.756.000.

En efecto, la Sala concluyó que los costos declarados con fundamento en las
operaciones invocadas por la demandante no lograron acreditarse, toda vez que los
indicios recaudados por la DIAN desvirtuaron la realidad económica de dichas
transacciones, sin que la contribuyente aportara elementos de convicción suficientes
para demostrar su efectiva realización.

En consecuencia, el rechazo de los costos declarados produjo una modificación de la
base gravable del impuesto sobre la renta, circunstancia que incidió directamente en
la determinación del tributo. Por ello, se encuentra acreditado el presupuesto objetivo
previsto en el artículo 647 del ET para la imposición de la sanción por inexactitud.

Tampoco se configura una diferencia de criterios jurídicos que excluya la sanción. La
controversia no versó sobre la interpretación de las normas tributarias aplicables ni
sobre el alcance de una disposición susceptible de interpretaciones razonables. Por el
contrario, el debate se centró en la acreditación de los hechos que servían de
fundamento a los costos declarados y, específicamente, en la demostración de la
realidad económica de las operaciones invocadas por la contribuyente.

En esas condiciones, la inclusión de costos cuya procedencia fiscal no fue demostrada
dio lugar a una disminución improcedente del impuesto a cargo, razón por la cual se
configura el supuesto previsto en el artículo 647 del ET para la imposición de la sanción
por inexactitud.

En relación con la procedencia de la sanción al representante legal y al revisor fiscal,
la parte demandante afirmó que tampoco procedía la sanción prevista en el artículo
658-1 del ET impuesta a la representante legal y al revisor fiscal, al depender esta de
la configuración de la sanción por inexactitud. Asimismo, sostuvo que la Administración
desconoció el carácter anual de dicha sanción al imponerla con ocasión de los
procesos de determinación del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre la renta
para la equidad (CREE) correspondientes al año gravable 2016.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se dejara sin efectos
la sanción impuesta dentro del procedimiento de determinación del CREE, al
considerar que la sanción debía mantenerse únicamente de renta, al corresponder al
primer proceso de determinación adelantado por la Administración para esa anualidad.

Sobre el particular, la Sala advierte que el análisis de este cargo debe circunscribirse
a los actos administrativos objeto de control en el presente proceso. En efecto, la
controversia sometida a consideración de la jurisdicción recae exclusivamente sobre
la legalidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de determinación oficial
del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2016, los cuales fueron
individualizados en la demanda y delimitan el ámbito del control judicial.

En esas condiciones, la Sala no puede emitir un pronunciamiento sobre la legalidad
de la sanción impuesta dentro del procedimiento de determinación del CREE, pues
ello implicaría extender el control judicial a actos administrativos distintos de aquellos
que constituyen el objeto del presente litigio. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte
interesada pueda formular y obtener un pronunciamiento sobre dicho argumento
dentro del proceso judicial que eventualmente se haya promovido o se promueva
contra los actos expedidos en el procedimiento de determinación del impuesto sobre
la renta para la equidad (CREE).

Al respecto, se aclara que si bien la parte demandante allegó copia de la liquidación
oficial correspondiente al impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y alegó que
en dicho procedimiento también se impuso la sanción prevista en el artículo 658-1 del
ET, lo cierto es que no suministró elementos que permitan establecer la situación
jurídica actual de dicho acto administrativo, esto es, si adquirió firmeza, si fue objeto
de recursos en sede administrativa, si fue demandado ante esta jurisdicción o, en caso
de haberlo sido, cuál fue el resultado del respectivo proceso judicial.

Por consiguiente, cualquier análisis relacionado con la procedencia de la sanción
impuesta en dicho trámite excede los límites de la controversia planteada y el marco
de competencia de la Sala en este asunto. En consecuencia, no prospera el cargo
de apelación.

Costas

Se condena en costas a la parte apelante al no prosperar el recurso de apelación, de
conformidad con el numeral 3 del artículo 365 del CGP. De conformidad con las reglas
previstas en los numerales 1° a 8° del artículo 365 del CGP, el artículo 188 del CPACA
y el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de
la Judicatura, se condenará a la parte demandante en agencias en derecho en esta
instancia con un (1) salario mínimo legal mensual vigente, en cuanto se confirmará en
su totalidad la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia.

2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y en agencias en derecho
en el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En
consecuencia, se ordena al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicado: 08-001-23-33-000-2022-00261-01 (29922)
Demandante: Excedentes Caribbean Metal S.A.S, Ruby Esther Montaño Ardila y
Gabriel Antonio Barrios Martínez

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.