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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00383-01

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2014-00383-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar el numeral segundo de la sentencia del 11 de abril de 2024, relativo al restablecimiento del derecho, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: «SEGUNDO: Proferir decisión en abstracto para que el demandante o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de sentencia. Para tal efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, en la que se excluya del IBC y del límite del 40% previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, los pagos no constitutivos de salario en los subsistemas de salud, SENA, ARL e ICBF, citados en la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2014-00383-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

10 de diciembre de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2014-00383-01 (28937)
Demandante: Almacenes Éxito S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2014-00383-01 (28937)
Demandante: Almacenes Éxito S.A.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales – UGPP

Temas: Aportes al Sistema de Seguridad Social, julio de 2011 a junio de
2012. Motivación. Valoración probatoria vacaciones
compensadas en dinero. Aprendices. Condena en abstracto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió2:

«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial No. RDO 182
de 29 de julio de 2013 y la Resolución No. RDC 175 de 23 de diciembre de 2013,
proferidas por la Subdirectora de Determinación de Obligaciones y por el Director de
Parafiscales de la UGPP, respectivamente, mediante las cuales se profirió liquidación
oficial a la parte actora por omisión en la afiliación y pago al régimen de subsidio familiar,
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la
Protección Social, por los periodos de julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP realizar una nueva liquidación en la que:

• Reliquidar el IBC para todos los trabajadores en los que se incluyó para la
determinación del ajuste, los pagos que la Administración reconoció como no salariales
referidos en el cargo IV denominado “realizar cotizaciones por un IBC inferior al
registrado en nómina y no inclusión de pagos constitutivos de salario” excluyéndolos.

• Reliquidar el IBC en el periodo y subsistema de los trabajadores sobre los cuales
persistió el ajuste al considerar que el auxilio de transporte debía incluirse para el cálculo
del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.»

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Previo requerimiento para declarar y/o corregir, el 29 de julio de 2013, la UGPP
profirió la Resolución RDO 182, mediante la cual determinó a cargo de la
demandante como obligación pagar $957.774.400, por las conductas de omisión en
la afiliación al régimen de subsidio familiar y mora e inexactitud en los pagos al

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Índice 140 Samai Tribunal.
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Índice 137 Samai Tribunal.

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Radicado: 25000-23-37-000-2014-00383-01 (28937)
Demandante: Almacenes Éxito S.A.

Sistema de la Protección Social de los períodos comprendidos entre julio de 2011 a
junio de 20123.

En la Resolución RDC 175 del 23 de diciembre de 2013, que resolvió el recurso de
reconsideración4, se modificó la liquidación oficial para determinar el valor de
$935.555.0005.

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Almacenes Éxito S.A. en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
formuló las siguientes pretensiones6:

«a. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Período/Año Requerimiento Liquidación Oficial de Revisión Resolución que
Objeto de para Declarar Resuelve el Recurso de
verificación y/o Corregir Reconsideración
2011-2012 249 del 26 de RDO 182 del 29 de julio de RDC No. 175 del 23 de
marzo de 2013 2013 diciembre de 2023

Dichos actos administrativos fueron proferidos por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP,
Dirección de Parafiscales.

b. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
declare en firme las autoliquidaciones de los aportes al sistema de la Protección Social
por los periodos comprendidos entre julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012,
respecto de algunos trabajadores.

c. Se solicita al Señor Magistrado se condene en costas y agencias en derecho a la
parte demandada.»

La demandante indicó como normas violadas los artículos 127, 128, 129, 130 y 132
del Código Sustantivo del Trabajo; 167 del Código general del proceso (CGP); 30
de la Ley 1393 de 2010; 19 y 40 del Decreto 1406 de 1999; 3, 4 y 5 de la Ley 797
de 2003; 3, 4 y 5 del Decreto 1295 de 1994; 17 de la Ley 1562 de 2012; 2, 6, 22,
23, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993; 17 de la Ley 21 de 1982; 30 de la Ley 789 de
2002; 1 del Decreto 933 de 2003; 156 de la Ley 1151 de 2011 y 20 del Decreto Ley
5021 de 2009; 178 de la Ley 1607 de 2012; 42, 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011;
311 de la Ley 1819 de 2016.

Concepto de violación y oposición

Los cargos formulados en la demanda, su sustentación, y los motivos de oposición
aducidos en la contestación, se resumen así:

Primer cargo: Ejercicio de funciones o competencias legales de la UGPP.
Artículos 156 de la Ley 1151 de 2011, 20 del Decreto Ley 5021 de 2009 y 178 de la
Ley 1607 de 2012

1. La demandante consideró que la UGPP asumió funciones jurisdiccionales que
corresponden a los jueces laborales, lo que constituye una vía de hecho. Solicitó la
nulidad de los actos demandados por falta de competencia, violación al debido
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.

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Demandante: Almacenes Éxito S.A.

proceso y exceso en el ejercicio de funciones públicas. La entidad Interpretó
cláusulas de contratos laborales y pactos colectivos, atribuyéndoles efectos
jurídicos como si tuviera competencia para declarar su validez o nulidad.

2. La UGPP, en la contestación de la demanda, aclaró que su función, conforme a
la ley, se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales, lo que
incluye revisar si los pagos tienen naturaleza salarial. Por ello, tiene autonomía para
interpretar cláusulas contractuales y aplicar principios constitucionales como la
primacía de la realidad sobre la forma, sin que ello implique que esté anulando
acuerdos entre las partes.

Segundo cargo: Debido proceso por inaplicación del proceso administrativo
sancionatorio de la Ley 1437 de 2011. Artículos 156 de la Ley 1151 de 2011, 20
del Decreto Ley 5021 de 2009 y artículos 47 y 48 la Ley 1437 de 2011

1. Consideró la demandante que la UGPP violó el derecho fundamental al debido
proceso por no aplicar el procedimiento administrativo sancionatorio. Aunque la
UGPP tiene competencia legal para fiscalizar e imponer liquidaciones -artículo 156 de
la Ley 1151 de 2007 y del Decreto 5021 de 2009-, no existe una norma especial que regule
el procedimiento, por lo que debía seguir el general establecido en la Ley 1437 de
2011 (CPACA).

Así mismo, sostiene que la entidad demandada no permitió ejercer adecuadamente
el derecho de defensa, ya que la actuación administrativa que culminó con los actos
demandados se desarrolló sin cumplir con las etapas procesales mínimas exigidas
por la ley. No se notificó formalmente el inicio de la actuación, no se formularon
cargos claros, ni se otorgó la oportunidad de presentar pruebas o alegatos de
conclusión.

2. La entidad demandada señaló que no es aplicable el procedimiento general del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto
que sí existe un procedimiento legal específico para adelantar las actuaciones de
determinación oficial de las contribuciones parafiscales, previsto en el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007, desarrollado en el artículo 180 de la Ley 1607 de 2012.

Tercer cargo: Motivación de los actos demandados. Artículo 42 de la Ley 1437
de 2011

1. Afirmó la demandante que los actos administrativos demandados deben ser
declarados nulos por estar falsamente motivados. La UGPP sustentó su actuación
en hechos inexistentes o jurídicamente mal calificados, al atribuir naturaleza salarial
a ciertos pagos realizados a sus trabajadores y su inclusión en el IBC sin sustento
legal, ni un análisis detallado que permitiera identificar con claridad cuáles pagos
fueron considerados como salariales. Manifestó desconocer por qué se tomaron
valores distintos a los reportados en nómina, así como la razón por la cual se
exigieron aportes parafiscales respecto de los aprendices, quienes, según la ley, no
están sujetos a dicha obligación.

Adicionalmente, señaló que los actos no contienen una exposición clara, precisa y
suficiente de los hechos que justifican las decisiones adoptadas. La UGPP no
explicó con detalle las razones por las cuales consideró que la demandante incurrió
en omisiones o errores en el pago de aportes al sistema de protección social. Se
trata de afirmaciones genéricas, como la existencia de diferencias en el IBC, pagos
no reportados o aportes sobre valores inferiores, sin especificar los trabajadores

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involucrados, los periodos afectados ni los conceptos salariales cuestionados. Esta
falta de motivación impidió que la empresa pudiera entender con claridad el
fundamento de las decisiones y, por tanto, ejercer su derecho a controvertirlas.

Destacó que la UGPP no realizó una investigación rigurosa ni utilizó herramientas
adecuadas para verificar la información entregada por la empresa. Omisión que no
solo afecta la validez del acto, sino que también genera un perjuicio irreparable, ya
que el pago de lo exigido por la UGPP sería de difícil recuperación.

2. Frente a la motivación, la UGPP, en la contestación de la demanda, señaló que
las resoluciones demandadas fueron debidamente sustentadas. En ellas se
detallaron las razones por las cuales la actora incurrió en omisión, mora e
inexactitud en sus aportes, y que dicha información fue complementada con un cedé
anexo que discriminaba los hallazgos por trabajador, incluyendo una hoja
explicativa de los campos utilizados para calcular el IBC. El desacuerdo del
aportante con la decisión no constituye falsa motivación, ya que esta se fundamentó
en pruebas y en criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza salarial de ciertos
pagos, incluso si fueron pactados como no salariales.

Cuarto cargo: IBC – registros de retiro, ausentismo y pagos posteriores a la
finalización del contrato de trabajo. Artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003; 22, 23
y 157 de la Ley 100 de 1993 y 2 de la Ley 1562 de 2012

1. La demandante sostiene que la UGPP realizó liquidaciones por aportes de
periodos en los que los trabajadores ya habían sido retirados. Ignoró las pruebas
aportadas sobre las novedades de retiro -reportes de pago, registros de retiro y cuadros
detallados por subsistema (salud, riesgos laborales, ICBF, SENA, cajas de compensación)-, que
evidencian que los trabajadores ya no estaban vinculados en los periodos cobrados,
y que fueron informadas oportunamente en las planillas de aportes. Todo acorde
con la legislación vigente -Ley 797 de 2003, Ley 100 de 1993 y Ley 1562 de 2012-, según la
cual la obligación de cotizar cesó al finalizar la relación laboral, por lo que no es
legal exigir pagos indebidos de aportes por periodos no causados.

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, la UGPP menciona una
supuesta reducción en la liquidación, pero no explica ni detalla en qué consistió
dicha corrección. La falta de claridad y rigor en la revisión de la información
demuestra una actuación arbitraria y contraria a derecho, que genera una carga
económica injustificada.

2. Por su parte, la UGPP, al contestar la demanda, señaló que, conforme con el
artículo 4 del Decreto 1406 de 1999, los aportantes tienen la obligación de reportar
las novedades laborales en las planillas PILA, incluyendo retiros, por lo que la
entidad no logró comprobar el retiro definitivo en los casos en que luego del recurso
de reconsideración mantuvo los ajustes, ya que no se aportaron pruebas suficientes
para desvirtuar la obligación de cotizar. Esta información fue detallada trabajador
por trabajador en el CD anexo al expediente

Quinto cargo: IBC - Horas extras, bonificaciones y auxilios salariales - Ley 50
de 1990. Nómina mensual de salarios. Artículos 5 de la Ley 797 de 2003, 204
de la Ley 100 de 1993, 17 del Decreto 1295 de 1994 y 17 de la Ley 21 de 1982

1.Almacenes Éxito sostiene que el IBC usado para liquidar los aportes corresponde
exclusivamente a pagos de naturaleza salarial, como lo exige la ley. La empresa no
incurrió en errores al reportar y pagar los aportes, contrario a lo sostenido en los

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actos administrativos demandados. Se consideró en dichos actos que la empresa
omitió incluir los pagos por horas extras, bonificaciones y auxilios salariales en la
base de cotización para el Sistema de Protección Social.

2. La UGPP, en su condición de opositora, explica que la base para calcular los
aportes al Sistema de Seguridad Social es la nómina mensual de salarios, entendida
como toda remuneración directa por el servicio prestado -incluyendo primas,
bonificaciones, comisiones y horas extras. Así como, para los aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensación Familiar)-, son todos los pagos salariales y descansos
remunerados. En el caso de Almacenes Éxito S.A., la UGPP identificó que se cotizó
sobre un IBC inferior al registrado en nómina, lo que generó ajustes por inexactitud
en el proceso de fiscalización.

En el caso de la sociedad demandante, la UGPP verificó que ciertos conceptos
salariales como horas extras y bonificaciones no fueron incluidos en el IBC, por lo
que procedió a realizar los ajustes correspondientes en la liquidación oficial,
conforme a sus competencias legales y jurisprudencia aplicable.

Sexto cargo: IBC - Límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 - Pagos no
salariales

1. Almacenes Éxito sostiene que la UGPP no identificó con claridad cuáles pagos
fueron considerados como salariales ni justificó por qué debían ser incluidos en el
IBC. Lo que a su vez llevó a la unidad a incurrir en el error de incluir pagos por
auxilio de transporte como pagos no salariales sometidos al límite del 40% del
artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Pagos que se pactaron como no salariales
expresamente entre empleador y trabajador, conforme a lo permitido por la Ley 50
de 1990 y el Código Sustantivo del Trabajo.

2. Frente a este cargo, la UGPP, en la contestación de la demanda, afirmó que
aplicó el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, a los pagos que empleador y trabajador
pactaron como ingresos no salariales -auxilios extralegales- y que al superar el 40 %
del total de la remuneración se incluyeron para efectos de calcular IBC en salud,
pensiones y riesgos laborales. Para lo anterior, señaló cómo se aplicó esta regla en
los casos de los trabajadores Viley de Jesús Sánchez Rios, Nelson Mauricio Sánchez
Echeverri y Óscar Javier Pérez Acosta concluyendo que los ajustes realizados fueron
conforme a la ley.

Séptimo cargo: IBC - Vacaciones disfrutadas y compensadas en dinero

1. La demandante sostiene que sí cumplió con la obligación de realizar los aportes
correspondientes sobre las vacaciones disfrutadas y sobre las compensadas en
dinero. Señaló que la Administración ignoró pruebas y mantuvo el cobro, lo que
constituye una actuación arbitraria y contraria a la realidad.

2. La UGPP se opone al cargo formulado en su calidad de contradictor. Indicó que
los ajustes en los actos administrativos se basaron en la información proporcionada
por la demandante. Luego, correspondía al aportante demostrar las condiciones
especiales que justifican la exclusión de pagos o el menor valor liquidado. Ante la
falta de pruebas que desvirtuaran los hallazgos, la entidad concluyó que no había
fundamento para modificar la liquidación, manteniendo los ajustes conforme a lo
evidenciado en el expediente.

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Octavo cargo: IBC - SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar. Aprendices.
Artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 1º del Decreto 933 de 2003

1. La actora señaló que la exigencia de pagar aportes parafiscales al SENA, ICBF y
CCF por los aprendices contradice lo establecido en el artículo 30 de la Ley 789 de
2002 y el Decreto 933 de 2003, que limitan la obligación de cotización de este tipo
de trabajadores únicamente al sistema de salud y riesgos laborales.

2. La demandada indicó que verificó la condición de aprendiz de los trabajadores
señalados por Almacenes Éxito S.A. Al contrastar la información reportada en la
planilla PILA con los registros del SENA no encontró evidencia suficiente de la
calidad de aprendiz o las fechas no coincidían con los ajustes realizados, se
consideró que no aplicaba dicha condición, manteniéndose los aportes
determinados de manera oficial.

Noveno cargo: Devolución de sumas pagadas por aportes al Sistema de
Seguridad Social - Artículo 311 de la Ley 1819 de 2016

1. La contribuyente advirtió que, los mecanismos disponibles para corregir pagos
realizados a través de la Planilla PILA no permiten ajustes que generen saldos a
favor ni devoluciones por valores pagados en exceso. Si pagara los montos
determinados en los actos administrativos, la demandante no tendría forma de
recuperar esos recursos, incluso si posteriormente se demostrara que no eran
procedentes. Tal situación genera un perjuicio económico irreparable, al asumir
pagos sin posibilidad de reembolso, lo que además constituiría un enriquecimiento
sin causa por parte del Estado.

2. La parte demandada se opone al cargo. Aclaró que la sociedad demandante
interpretó erróneamente una respuesta a derecho de petición, ya que esta se refería
al procedimiento para pagar aportes por trabajadores no vinculados en ciertos
periodos, no al proceso de devolución de aportes. Respecto a las solicitudes de
devolución de aportes la Circular Externa 009 de 2011 del entonces Ministerio de la
Protección Social estableció que deben ser tramitadas directamente ante las
entidades administradoras, quienes tienen autonomía para decidir sobre su
procedencia. Por tanto, sí existe un procedimiento legal vigente para solicitar
devoluciones, careciendo de fundamento una afirmación en contrario.

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDANTE

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó a la UGPP realizar una nueva liquidación del IBC para todos
los trabajadores en los que se incluyó los pagos no salariales y el auxilio de
transporte y negó las demás pretensiones de la demanda7. El fundamento jurídico
del fallo respecto de cada cargo, así como los motivos de impugnación de la
parte demandante, como único apelante, son:

Primer cargo: Ejercicio de funciones o competencias legales de la UGPP.
Artículos 156 de la Ley 1151 de 2011 y 20 del Decreto Ley 5021 de 2009

7
Ibidem.

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1. Consideró el Tribunal que la UGPP no ejerció indebidamente sus funciones. Esto
porque actuó dentro del marco de sus competencias legales al determinar la
naturaleza salarial de pagos con fines de fiscalización y liquidación de aportes al
Sistema de Protección Social. Esta facultad no implica resolver controversias
laborales ni interpretar contratos con efectos jurisdiccionales, sino aplicar normas
laborales para establecer correctamente el IBC, lo cual ha sido avalado por el
Consejo de Estado. Por tanto, este cargo no prosperó.

2. La parte demandante reconoció la competencia de la UGPP para verificar el
cumplimiento de las normas del Sistema de Seguridad Social. Sin embargo,
cuestionó que bajo ese pretexto la entidad se extralimitó en sus funciones,
incurriendo en valoraciones propias de los jueces laborales, como calificar la validez
de contratos, pactos de desalarización y convenciones colectivas.

Solicitó la revisión de la jurisprudencia de esta Corporación citada por el Tribunal y
criticó que esta se haya centrado en aspectos formales sin abordar el fondo de las
actuaciones de la UGPP. Considera que, de haberse hecho un análisis material, se
evidenciaría que la entidad actúa como juez y parte. Insistió en que la UGPP puede
aplicar normas laborales para determinar si un pago tiene carácter salarial, pero
insistió en que no puede ir más allá de esa función, sin un control judicial efectivo
sobre el fondo de sus actuaciones. Además, advirtió que la UGPP ha cometido
errores reiterados en la calificación de pagos, lo que ha dado lugar a múltiples
demandas judiciales.

Segundo y tercer cargo: Motivación de los actos. Procedimiento adelantado
por la UGPP. Derechos al debido proceso y defensa - artículos 228 de la
Constitución Política, 42, 47 y 48 del CPACA, 167 del CGP, 180 de la Ley 1607
de 2012 y 712 del Estatuto Tributario

1. Resolvió el a quo que el procedimiento administrativo adelantado por la UGPP
no vulneró los derechos al debido proceso ni al derecho de defensa. La entidad
actuó conforme al procedimiento especial previsto en el artículo 180 de la Ley 1607
de 2012, que establece la emisión de un requerimiento para declarar y/o corregir
antes de proferir la liquidación oficial.

Determinó que los actos administrativos sí estaban debidamente motivados, pues
contenían los fundamentos fácticos y jurídicos exigidos por el artículo 712 del ET,
incluyendo un análisis detallado de los ajustes realizados, soportado en el archivo
de Excel anexo en el que discriminan los valores por trabajador y subsistema. Por
tanto, los cargos por inaplicación de los artículos 47 y 48 del CPACA y por falta de
motivación no prosperaron.

2. La demandante apelante cuestionó que el Tribunal tenga como debidamente
motivados los actos administrativos demandados, basándose únicamente en la
inclusión de archivos de Excel y el cumplimiento de requisitos formales como
considerandos, marco legal y fundamentos jurídicos. A su juicio, eso genera un
desequilibrio en la valoración probatoria, ya que no se atendió el contenido
sustancial de la motivación, como lo exige el artículo 47 del CPACA y el principio
constitucional de primacía de lo sustancial sobre lo formal -artículo 228 de la
Constitución-.

Señaló que el fallo refleja un trato desigual en las cargas probatorias, al habérsele
exigido probar hechos negativos, como no haber realizado ciertos pagos, lo cual
contraviene el artículo 167 del Código General del Proceso. Sostuvo que la UGPP

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no presentó cargos claros y específicos por cada trabajador, mientras que la
empresa sí aportó pruebas detalladas tanto en sede administrativa como judicial. El
Tribunal aceptó sin mayor análisis la información de la entidad demandada, mientras
que se desestimó las pruebas aportadas por la empresa. No fue debidamente
valorado el dictamen pericial que evidenciaba errores de la UGPP, y que se haya
limitado a una revisión parcial de los casos, a pesar del tiempo transcurrido y del
volumen de pruebas disponibles.

La falta de valoración del peritaje, sumada a la aceptación acrítica de los
argumentos de la UGPP, refuerza la percepción de un tratamiento desigual en la
valoración probatoria dentro del proceso.

Cuarto cargo: IBC – registros de retiro, ausentismo y pagos posteriores a la
finalización del contrato de trabajo. Artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003; 22, 23
y 157 de la Ley 100 de 1993 y 2 de la Ley 1562 de 2012

1. El Tribunal, luego de analizar 10 casos de trabajadores de la sociedad
demandante, determinó que la UGPP actuó correctamente al realizar ajustes en los
aportes dadas las inconsistencias entre las novedades de retiro registradas y los
pagos efectuados en los periodos posteriores. La presunción de veracidad de las
autoliquidaciones fue desvirtuada porque, aunque la empresa reportó retiros, en
varios casos los trabajadores seguían recibiendo pagos, lo que justificaba la
obligación de realizar aportes. Además, la empresa no aportó pruebas suficientes
para demostrar que no debía realizar dichos pagos. Este cargo no prosperó.

2. La sociedad aportante cuestionó que el a quo no haya revisado la totalidad de
los 889 registros de nómina aportados, limitándose a una muestra de solo 10 casos
para analizar los cargos relacionados con ausentismos y retiros. Esta labor de
«tamizaje», dejó sin valoración la mayoría de los registros.

Refutó la conclusión según la cual los trabajadores seguían en nómina y recibieron
pagos tras su retiro. Aunque no se hubiera registrado la novedad de retiro (lo cual
afirmó sí fue acreditado por la empresa), ello no implica que se hayan causado pagos. La
UGPP incurrió en un cobro de lo no debido, ya que no existía obligación de cotizar
por trabajadores que ya no estaban vinculados laboralmente.

Quinto cargo: IBC - Nómina mensual de salarios. Artículos 5 de la Ley 797 de
2003, 204 de la Ley 100 de 1993, 17 del Decreto 1295 de 1994 y 17 de la Ley 21
de 1982

1. La UGPP, en su Liquidación Oficial, validó el IBC con base en los conceptos de
nómina reportados por la empresa, incluyendo tanto pagos salariales como no
salariales. Posteriormente, en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, aplicó el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que establece un
límite del 40% para los pagos no salariales que, si se exceden, deben ser incluidos
en el IBC. Sin embargo, la propia UGPP había clasificado muchos de estos pagos
como no salariales, pero igual los sometió al límite, lo que generó una contradicción
en su actuación.

El Tribunal observó que la Administración no discutió si los pagos eran o no
salariales, sino que asumió que, aunque no lo fueran, debían estar sujetos al límite
del 40%. No obstante, acogió la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado,
según la cual los pagos que no retribuyen el trabajo del empleado, como los
previstos en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no deben integrar el

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IBC ni estar sujetos al límite del 40%. En consecuencia, concluyó que la UGPP
aplicó de forma errónea el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, al incluir en el IBC
conceptos que no constituían salario y ordenó la reliquidación del IBC excluyendo
dichos conceptos.

En cuanto al reclamo por supuestas deudas por horas extras, el a quo no se
pronunció de fondo, ya que la empresa no aportó los registros específicos que
permitieran verificar el cumplimiento de esa obligación.

El apartado de la sentencia, en cuanto resuelve este cargo, no fue objeto de
apelación.

Sexto cargo: IBC - Límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 - Pagos no
salariales

1. El Tribunal concluyó que la Administración erró al incluir el auxilio de transporte
dentro del cálculo del “total de la remuneración” para aplicar el límite del 40%
establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Con base en la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado, reiteró que los pagos que no incrementan el
patrimonio del trabajador ni retribuyen su labor, como el citado auxilio, no deben ser
considerados dentro del cálculo del total de la remuneración para efectos del artículo
30 de la Ley 1393 de 2010. El cargo prosperó y se ordenó reliquidar los aportes
excluyendo este rubro del cálculo del límite del 40%.

2. La demandante alega que el a quo inaplicó los lineamientos establecidos en la
sentencia de unificación 2016-02496 del 9 de diciembre de 2021 fijados por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado «en punto de la determinación del Ingreso
Base de Cotización para efectuar los aportes al sistema de seguridad social».

Séptimo cargo: IBC - Vacaciones disfrutadas y compensadas en dinero.
Artículos 17 de la Ley 21 de 1982 y 1.º de la Ley 995 de 2005

1. El Tribunal señaló la viabilidad de compensar vacaciones en dinero y la
obligación de hacer aportes por este concepto al SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar, pero no para salud, pensión ni riesgos laborales conforme
con los artículos 1.º de la Ley 995 de 2005 y 17 de la Ley 21 de 1982. Para el caso
en concreto, concluyó que la empresa no cumplió con su carga probatoria al no
individualizar los errores que atribuía a la UGPP. Aunque la demandante alegó
haber cumplido con los aportes, respecto de las vacaciones disfrutadas y
compensadas en dinero de sus trabajadores para los periodos objeto de
fiscalización, y mencionó que aportó pruebas en CD con registros de vacaciones
pagadas, no identificó de forma precisa los archivos ni los casos. El cargo no
prosperó.

2. La parte demandante cuestionó lo anterior e indicó que los archivos sí fueron
aportados tanto en sede administrativa como judicial. A su entender, el juez tenía
la obligación de analizarlos, incluso decretar pruebas de oficio si lo consideraba
necesario. Esto implica un evidente desequilibrio en la valoración probatoria, ya que
al demandante se le exigió una precisión absoluta, mientras que a la UGPP no se
le aplicó el mismo rigor, a pesar de que existía prueba suficiente en el expediente.
El juez ignoró el dictamen pericial que evidenciaba los errores de la UGPP, y que,
tras nueve años de trámite, no se haya identificado la documentación relevante,
constituye una denegación de justicia.

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El juez no puede excusarse en la naturaleza rogada del proceso para eludir su deber
de valorar la prueba. En la demanda se señaló que los reportes y registros estaban
incluidos en los discos compactos del expediente, y no hubo reparo formal sobre su
admisión. Por tanto, el fallo se basó en un argumento que ni siquiera se debió
considerar como un formalismo válido, y que evidenció una omisión grave en el
cumplimiento de las funciones judiciales.

La interpretación del Tribunal respecto al artículo 17 de la Ley 21 de 1982 es
incorrecta, ya que las vacaciones compensadas no constituyen un descanso
efectivo, sino una forma de pago que responde a situaciones distintas, como la
terminación del contrato. Además, el legislador no contempló estas
compensaciones dentro de la base para calcular aportes parafiscales.

La demandante solicitó la revisión y revaluación del criterio jurisprudencial que
equipara vacaciones compensadas con descansos remunerados. Ello desconoce la
diferencia sustancial entre ambas figuras, tanto en su naturaleza como en su
finalidad. Insistió en que la indebida valoración de la prueba aportada y el dictamen
pericial que respalda su posición, implica una denegación de justicia.

Octavo cargo: IBC - SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar. Aprendices.
Artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 1º y 5 del Decreto 933 de 2003 (Noveno cargo
de la demanda y contestación)

1. Al a quo consideró que los reportes de planilla PILA donde se identificaban los
tipos de cotizante, no eran suficientes para determinar si las personas sobre las que
se exigía aportes mantenían la calidad de aprendices, ya que esas mismas planillas
fueron objeto de revisión por parte de la UGPP. Al no aportar evidencia adicional
que acreditara con certeza la calidad de aprendiz en los periodos cuestionados, el
cargo fue desestimado.

2. La demandante afirmó que en el expediente obra un cedé con múltiples contratos
de aprendizaje y planillas PILA, documentos que acreditan la calidad de los
trabajadores como aprendices, no valorados por el juez de primera instancia.

Consideró que la UGPP omite la presunción de buena fe del administrado, al basar
sus hallazgos en una supuesta inconsistencia con la página web del SENA, sin
desvirtuar formalmente la información contenida en las planillas ni la documentación
aportada por la empresa

Noveno cargo: Devolución de sumas pagadas por aportes al Sistema de
Seguridad Social. Artículo 311 de la Ley 1819 de 2016

1. El Tribunal aclaró que el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016 establece
expresamente el procedimiento para solicitar la devolución de aportes al Sistema
de la Protección Social cuando se declare la nulidad total o parcial de los actos
administrativos. Luego, sí existe un mecanismo legal para recuperar pagos
indebidos, lo que descarta la existencia de un perjuicio irremediable. Además,
advirtió que la empresa no demostró el pago de las sumas reclamadas ni solicitó su
devolución en las pretensiones de la demanda. El cargo no prosperó.

2. La parte demandante no presentó cargos de apelación frente a esta
consideración.

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Décimo cargo: Reliquidación del IBC ordenada en la sentencia de primera
instancia.

Cuestionó que el Tribunal haya delegado a la UGPP la tarea de realizar la
reliquidación del IBC, a pesar de que esta misma entidad fue la que cometió los
errores en los actos administrativos demandados. Señaló que la orden de
reliquidación solo abarca el IBC, pero no los días efectivos de cotización, un aspecto
que fue discutido ampliamente en la demanda mediante la presentación de las 889
inconsistencias ignoradas por el juez.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme al relato de la Sentencia y de los motivos de impugnación específicos, el
alcance de la alzada se limita a determinar lo siguiente:

PROBLEMAS JURÍDICOS

En los términos del recurso de apelación, la Sala deberá en primer lugar resolver
los siguientes cargos de orden procesal:

i) ¿Incurrió la UGPP en una extralimitación de funciones al determinar la
naturaleza salarial de ciertos pagos realizados a los trabajadores de la
demandante?

ii) ¿Los actos administrativos se encuentran debidamente motivados?

De no prosperar alguno de estos cargos, la Sala deberá entrar a analizar los
siguientes cargos de orden sustancial y probatorio:

iii) ¿Se probó debidamente la calidad de aprendices respecto de los trabajadores
por los cuales la demandante alega que no debía realizar aportes parafiscales?

iv) ¿El Tribunal omitió valorar la totalidad de las pruebas que demostrarían la
improcedencia del cobro de aportes por trabajadores retirados, ausentismo y
pagos posteriores?

v) ¿Hay lugar a realizar aportes parafiscales sobre vacaciones compensadas en
dinero por los trabajadores que recibieron tal pago, según las pruebas
aportadas al expediente, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 21 de
1982?

vi) ¿Es procedente delegar en la UGPP la reliquidación del Ingreso Base de
Cotización (IBC), cuando dicha entidad expidió los actos administrativos que
se encuentran demandados y cuya legalidad está en discusión?

Previamente a resolver el litigio planteado en esta instancia judicial, el magistrado
Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para conocer del
presente proceso, de acuerdo con la causal de impedimento contenida en el
numeral 2 del artículo 141 del Código General del Proceso. Mediante el auto del 31
de octubre de 20258 se declaró fundado el impedimento y se le separó del
conocimiento del presente proceso.

8
Índice 19 Samai.

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Por razones metodológicas, esta sentencia se estructura resolviendo primero los
cargos de orden procesal, luego los de orden sustancial o sustantivo y, finalmente,
los de orden probatorio.

CARGOS DE ORDEN PROCESAL

Primer cargo: Ejercicio de funciones o competencias legales de la UGPP.
Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, 20 del Decreto Ley 5021 de 2009 y 178 de la
Ley 1607 de 2012

El artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 dispone lo siguiente:

“Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: […]

ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa
y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social.
Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades
que administran sistemas de información de contribuciones parafiscales de la
Protección Social y podrá solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás
actores administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime
conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las
obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función
tendrán las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de
cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos
recursos.”

Dentro de la competencia asignada a la UGPP para la determinación y el cobro de
las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el artículo 178 de la Ley
1607 de 2012 estableció las siguientes atribuciones:

“Competencia para la Determinación y el Cobro de las Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social. La UGPP será la entidad competente para adelantar las acciones
de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas
previas por parte de las administradoras.

Parágrafo 1o. Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán
adelantando las acciones de cobro de la mora registrada de sus afiliados, para tal efecto
las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de procesos que fije la
UGPP. La UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que
considere conveniente adelantarlo directamente y de forma preferente, sin que esto
implique que las administradoras se eximan de las responsabilidades fijadas legalmente
por la omisión en el cobro de los aportes.”

Conforme con lo anterior, la UGPP está facultada para adelantar las investigaciones
con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones, comprobar la exactitud
de las declaraciones de autoliquidación y determinar la completa y oportuna
liquidación de aportes. Para ello puede analizar y valorar los medios probatorios
aportados, incluidos los contratos laborales con el fin de establecer los pagos que
integran el IBC de los aportes. Competencia que es independiente de la asignada a
los jueces laborares para dirimir los conflictos que se originen directa o
indirectamente en el contrato de trabajo, pues en estos últimos casos, el análisis se
realiza a partir de la relación trabajador – empleador, y no Autoridad Tributaria –

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aportante como ocurre en la labor de fiscalización que adelanta la UGPP9.

En ese sentido, la UGPP no se extralimitó en sus funciones para determinar las
obligaciones al Sistema de Seguridad Social. La unidad contaba con la competencia
de verificar los pagos que reciben los trabajadores vinculados a la sociedad
demandante para determinar cuáles constituyen o no salario para efectos de
establecer el IBC, a partir de la información aportada al expediente.

Finalmente, se recuerda al apelante que la actividad de la UGPP es amplia en esta
materia; pero, está sujeta a control judicial, a través de la acción impetrada y que,
justamente es objeto de esta decisión. Por tanto, en últimas, las interpretaciones
que realice la UGPP, de las normas de carácter laboral, quedan sujetas al reparo
fundamentado que realice el aportante en la acción de nulidad y restablecimiento
que impetre.

En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

Segundo y tercer cargo: Motivación de los actos. Procedimiento adelantado
por la UGPP. Derechos al debido proceso y defensa. Artículos 228 de la
Constitución Política, 42, 47 y 48 del CPACA, 167 del CGP, 180 de la Ley 1607 de
2012 y 712 del Estatuto Tributario

1. El artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo señala que los actos administrativos deben ser motivados, y su
ausencia o la falsa motivación genera la nulidad del acto en términos de lo previsto
en el artículo 137 ibidem.

Es esta última norma, se prevé que la falta de motivación bajo la causal de
expedición en forma irregular. Este vicio de procedimiento por parte de la autoridad
administrativa corresponde a la omisión en el cumplimiento de su deber de motivar
los actos administrativos que expide, de conformidad con el derecho al debido
proceso previsto en el artículo 29 de la Carta, que es un derecho fundamental y, por
tanto, de aplicación inmediata, que debe ser garantizado en las actuaciones que
adelanta la administración.

2. Respecto de la motivación de los actos expedidos por la UGPP en los procesos
de determinación seguidos por ella, la Sección10 ha considerado que “estos se
entienden motivados en la medida que incluyan los valores y las razones en las que
se sustentan los ajustes”; asimismo, se ha reiterado que dentro de la motivación de
los actos se tenga en cuenta el archivo de Excel que los acompaña, el cual detalla
la liquidación de los ajustes a los aportes al Sistema de la Protección Social en cada
subsistema.

3. Para la Sala, una vez revisados los actos enjuiciados, se encuentra que el archivo
magnético que los acompaña contiene el detalle de los pagos efectuados por la
parte demandante para determinar los ajustes por mora e inexactitud de los aportes
al Sistema de la Protección Social, y especifica el ajuste por trabajador, mes y
subsistema, así como los elementos jurídicos y fácticos que los sustentan.

Es así como los actos administrativos demandados en este caso no adolecen de
falta de motivación; por el contrario, contienen los motivos de orden legal y fáctico

9
Sentencia del 24 de marzo de 2022, exp. 25826. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
10
Sentencia del 2 de octubre de 2019, exp. 24090, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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que justifican la decisión. Además, se extraen las razones claras y suficientes que
lo fundamentan, y que permiten concluir que la UGPP realizó una debida calificación
jurídica de los elementos del tributo para el caso particular de la sociedad
demandante, y valoró de forma objetiva y a la luz de la normatividad rectora, los
medios de prueba allegados por esta.

La esencia de la motivación es que el destinatario conozca las razones y
fundamentos de la decisión, y que a partir del contenido del acto pueda ejercer su
derecho de defensa al atender los requerimientos efectuados por la administración
e interponer el recurso de reconsideración, como ocurre en el presente caso, donde
se observa que la demandante identificó de manera inequívoca los ajustes
realizados al IBC sobre los cuales no está de acuerdo, y respecto de los que plantea
los cargos de violación.

La Sala advierte que en el archivo de Excel se encuentra el detalle de los ajustes
realizados, el cual constituye una hoja de trabajo elaborada por la Administración,
en la que se consignan observaciones específicas por cada trabajador. Aunque
dicho archivo no contiene una motivación normativa explícita, sí refleja que la UGPP
registró 31.197 ajustes en el subsistema de salud, 10.876 en el subsistema de
riesgos laborales (ARL), 948 en el subsistema de cajas de compensación familiar
(CCF), 856 en el subsistema del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 917 en
el subsistema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En cada caso
se indicó el período de inexactitud u omisión, el subsistema afectado y la conducta
observada, explicando además las razones por las cuales dichos ajustes debían
incorporarse en la base de cotización (IBC) de los aportes al Sistema de la
Protección Social.

4. Por lo anterior, atendiendo a la orientación normativa y jurisprudencial expuesta
y una vez analizado el contenido de los actos acusados, encuentra la Sala que estos
cuentan con motivación suficiente para soportar la decisión adoptada en los
mismos, se fundamentan en hechos reales, acreditados en el expediente de la
actuación administrativa, y en normas vigentes y aplicables al asunto.

El cargo de apelación de la demandante no prospera.

CARGOS DE NATURALEZA SUSTANCIAL O SUSTANTIVA

Cuarto cargo: IBC – registros de retiro, ausentismo y pagos posteriores a la
finalización del contrato de trabajo - artículos 3 y 4 de la Ley 797 de 2003; 22,
23 y 157 de la Ley 100 de 1993 y 2 de la Ley 1562 de 2012

1. Frente a la obligatoriedad de cotizar al Sistema de la Protección Social, la Ley
100 de 1993 dispone que durante la vigencia de la relación laboral y del contrato
de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias al Sistema
de la Protección Social por parte de los empleadores, de conformidad con los
artículos 22 y 23 de la Ley 100 de 1993. En virtud de la terminación del contrato de
trabajo a favor del trabajador el empleador debe pagar -la liquidación laboral - el
salario, las prestaciones sociales, vacaciones y los aportes parafiscales.

En caso de que un empleado sea retirado de la empresa, es importante tener en
cuenta que el sistema PILA permite corregir los aportes realizados y presentar los
aportes no pagados a través de una planilla de corrección, lo que afecta el período
correspondiente al que originó el valor pagado al empleado. Esto se puede lograr a

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través de las planillas M y N, las cuales brindan la posibilidad de corregir y pagar los
aportes parafiscales.

2. En el caso concreto, se observa que, dentro de la investigación adelantada por
la UGPP contra la sociedad demandante, esta última allegó 5 archivos de Excel por
subsistema denominados «AP ARL ALMACENES ÉXITO (V2)»; «AP CCF ALMACENES
ÉXITO (V2)»; «AP ICBF ALMACENES ÉXITO (V2)»; «AP SALUD ALMACENES ÉXITO (V2)»; Y
«AP SENA ALMACENES ÉXITO (V2)»11. En ellos, la aportante incluyó en la columna
denominada «Observaciones Almacenes Éxito», los registros donde manifestó que los
empleados enlistados en esos archivos ya no laboran en su organización bajo la
novedad de «Retirado».

Asimismo, se constata que la sociedad demandante, dentro de las distintas pruebas
que entregó en la investigación, allegó los archivos de Excel que contenían la
nómina. Estos contienen datos detallados como los sueldos de los empleados, las
horas extras laboradas, las bonificaciones otorgadas, los días trabajados, los
períodos de vacaciones disfrutados y los días de incapacidad, entre otros aspectos
relevantes, junto con las planillas PILA de cada mes donde se registró la misma
información.

Frente a este cargo, el a quo tomó como ejemplo el caso de los trabajadores Natalia
Osorno Palacio, Angélica Victoria Fernández Ruíz, Tatiana Muñoz Garzón, Erika Meisel Pérez,
Alejandra Esguerra Zuluaga, Juan Camilo Villegas Torres, Sandra Milena Hormiga Cáceres, Johana
María Gutiérrez Arrieta, Juan Velandia Beto y Tatiana Muñoz Garzón, sobre los cuales analizó
y concluyó que «para algunos casos el aporte se efectuó considerando los días trabajados
que la misma sociedad demandante había reportado en nómina para el respectivo mes y
año; en otros que efectivamente se reportó la novedad de retiro de algunos trabajadores
efectuada en las autoliquidaciones; no obstante, ello no era suficiente para considerar que
la actora no estaba obligada a realizar los aportes correspondientes en tanto que, de
acuerdo con el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, le corresponde a los empleados realizar
los aportes sobre los pagos realizados a sus trabajadores y respecto del periodo en que
esos pagos se realicen».

Es así que incluyó el siguiente cuadro:

NOMBRE TIPO DE SUBSISTEMA DECISIÓN DE LA SALA
TRABAJADOR INCUMPLIMIENTO Y PERIODO
No se determinó un mayor número de días laborados,
Osorno Mora Salud 1 - 2012 lo que la UGPP tuvo en cuenta para determinar el
Palacio, aporte fue el concepto de horas dominicales
Natalia compensadas - Cuenta 510515, por valor de
$20.390, que fueron canceladas en el mes de enero
de 2012. Concepto que la Administración clasificó
como horas extras.
Fernánde Mora Salud 3 - 2012 No se determinó un mayor número de días laborados,
z Ruíz, lo que la UGPP tuvo en cuenta para determinar el
Angélica aporte fue el concepto de Bonificación variable -
Victoria Cuenta 510548, por valor de $ 5.614.933 que fueron
canceladas en el mes de marzo de 2012. Concepto
que la Administración clasificó como bonificación no
constitutiva de salario.
Muñoz Mora Salud 7 - 2011 No se determinó un mayor número de días laborados,
Garzón lo que la UGPP tuvo en cuenta para determinar el
Tatiana aporte fue el concepto de Importe ajuste al salario -
Cuenta 510506, por valor de $ 1.733.160 que fueron
canceladas en el mes de julio de 2011. Concepto que
la Administración clasificó como sueldo.

11
Índice 2 Samai Consejo de Estado

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Meisel Pérez, Mora Riesgos No se determinó un mayor número de días laborados,
Erika Laborales lo que la UGPP tuvo en cuenta para determinar el
6 - 2012 aporte fueron los conceptos de Hora dominical no
compensada
• Cuenta 510515, por valor de $ 591.925, una
incapacidad por valor de $ 2.337.608, vacaciones
pagadas en dinero por $ 3.628.37, Bonificación
ocasional - Cuenta 510548 por $1.420.565, Importe
bonificación por retiro - Cuenta 510548 por $
11.184.050, Aporte Institucional Empleado (CF) -
Cuenta 510570 por $28.051, Aporte institucional
empresa (CF) - Cuenta 510570 por $52.596,
Bonificación Vacaciones en Dinero (CF) - Cuenta
510548 por $1.463.788, Plan computador auxilio
monetario (CF) - Cuenta 510545 por $15.259, Plan
educativo auxilio monetario (CF) - Cuenta 510545
por $768.590 que fueron canceladas en el mes de junio
de 2012.
Esguerra Mora Riesgos No se determinó un mayor número de días laborados,
Zuluaga, Laborales la UGPP tuvo en cuenta para determinar el aporte los
Alejandra 3 - 2012 11 días que registró el demandante en nómina. Por
lo que resulta procedente el ajuste.

Villegas Torres Mora ICBF 9 - 2011 No se reportó en nómina de septiembre, pero sí en la
Juan Camilo Planilla Pila presentada para ese mes, sin que exista
otra prueba que desvirtué su vinculación para
septiembre. Por lo que era procedente el ajuste.
Hormiga Mora SENA 2- 2012 No se determinó un mayor número de días laborados,
Cáceres, la UGPP tuvo en cuenta para determinar el aporte los
Sandra 3 días que registró el demandante en nómina. Por lo
Milena que resulta procedente el ajuste.
Gutiérrez Mora SENA 12- 2011 No se determinó un mayor número de días laborados,
Arrieta la UGPP tuvo en cuenta para determinar el aporte los
Johana 30 días que registró el demandante en nómina. Por lo
María que resulta procedente el ajuste.
Velandia Beto Omisión CCF 10- 2011 No se determinó un mayor número de días laborados,
Juan la UGPP tuvo en cuenta para determinar el aporte los
14 días que registró el demandante en nómina. Por lo
que resulta procedente el ajuste.
Muñoz Mora CCF 7- 2011 No se determinó un mayor número de días laborados,
Garzón lo que la UGPP tuvo en cuenta para determinar el
Tatiana aporte fue los conceptos de Importe ajuste al salario -
Cuenta 510506 por valor de $1.733.160, vacaciones
pagadas en dinero por valor de $1.691.498, que
fueron canceladas en el mes de julio de 2011.

El análisis realizado por el tribunal sobre los 10 casos tomados como muestra le
permitió concluir que la UGPP determinó correctamente los aportes a seguridad
social. Los ajustes tuvieron en cuenta los días efectivamente laborados reportados
en la nómina, esto es, durante la vigencia del contrato de trabajo, así como los
conceptos salariales pagados en los meses previos al retiro de los trabajadores.
Además, se constató que la demandante no incluyó en las autoliquidaciones horas
extras, lo que evidencia que la liquidación se ajustó a la información suministrada
por la propia sociedad y que no hubo errores atribuibles a la administración en la
determinación de las obligaciones parafiscales.

La Sala advierte que, si bien el tribunal no examinó de manera individual los 889
registros en los que se reportó la novedad de retiro de empleados vinculados a la
sociedad demandante, en este evento, correspondía a la sociedad demandante
identificar los casos concretos en los que la administración efectuó
liquidaciones de aportes con base en pagos realizados por fuera de una
relación laboral. Los archivos de Excel denominados «AP ARL ALMACENES ÉXITO
(V2)», «AP CCF ALMACENES ÉXITO (V2)», «AP ICBF ALMACENES ÉXITO (V2)», «AP SALUD

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Demandante: Almacenes Éxito S.A.

ALMACENES ÉXITO (V2)» Y «AP SENA ALMACENES ÉXITO (V2)» no permiten acreditar con
certeza si los ajustes se efectuaron por periodos posteriores a la novedad de retiro.

Además, la parte actora no cuestionó las conclusiones del a quo respecto de los
diez casos que fueron tomados como muestra representativa, lo que refuerza la
solidez del análisis realizado en primera instancia.

5. Por otra parte, en sede judicial, se ordenó12 la práctica de un dictamen pericial
por medio del cual se buscaba corroborar si los ajustes efectuados por la
Administración erran correctos.

El experticio fue incorporado al expediente el 30 de junio de 2022 13 por el perito
contador público Julio Orlando Rodríguez Castillo y se enfocó en establecer, a partir
de un análisis técnico-contable, si los aportes determinados por la UGPP se
ajustaban a los valores registrados en la nómina de Almacenes Éxito S.A. El perito
comparó las liquidaciones efectuadas por la UGPP con los pagos realizados por la
sociedad demandante, identificando posibles inconsistencias en el IBC,
especialmente en relación con la inclusión de pagos no constitutivos de salario,
como subsidios de transporte, auxilios extralegales, horas extras y vacaciones, y
determinar el impacto de dichos factores en el cálculo de los aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales.14

Es importante destacar que el dictamen no se encaminó en el análisis de las
novedades de retiro de los trabajadores, por lo que no abordó aspectos relacionados
con la fecha de desvinculación laboral ni su impacto en la obligación de cotizar.

Se recuerda que los actos administrativos emitidos por la UGPP se centraron en
analizar las conductas de mora e inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones
del Sistema de Seguridad Social durante la vigencia de los contratos de trabajo de
los empleados vinculados a la compañía. Si bien el juez de primera instancia señaló
la ausencia de pruebas suficientes sobre la terminación de dichos contratos y no se
pronunció sobre el dictamen pericial, correspondía a la parte demandante demostrar
que los ajustes realizados por la administración se efectuaron por periodos
posteriores a la vinculación laboral. Esta carga probatoria implicaba acreditar, de
manera clara y específica, que la UGPP determinó aportes al citado sistema sobre
meses en los cuales los trabajadores ya no se encontraban bajo relación
contractual, lo cual no fue debidamente satisfecho en el proceso.

6. Así, se concluye que el empleador es responsable de realizar los aportes al
Sistema de la Protección Social durante el transcurso de la relación laboral. Y
aunque el aportante tiene la obligación de declarar durante la vigencia del contrato
de trabajo, todos los aportes que no se hayan pagado al momento del retiro
del trabajador, dan lugar a ajustes por mora en los subsistemas correspondientes.
Por lo anterior, como la UGPP determinó aportes al Sistema de la Seguridad Social
por meses anteriores a que terminara la relación laboral -lo que no desvirtuó la
demandante-, y estos no fueron corregidos por la sociedad demandante, resultan
procedentes los ajustes de los actos administrativos. El cargo de apelación no
prospera.

12
Audiencia inicial que se realizó el 20 de noviembre de 2015. Índice 27 Samai Tribunal.
13
Índice 90 Samai Tribunal.
14
El 27 de julio de 2022, la sociedad demandante presentó solicitud de aclaración y ampliación del dictamen; sin embargo, el
5 de septiembre del mismo año se desistió de la solicitud.

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Demandante: Almacenes Éxito S.A.

Quinto cargo: IBC - Límite del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 - Pagos no
salariales15

La parte demandante sostiene que el Tribunal de primera instancia desconoció los
lineamientos establecidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación 2016-02496 del 9 de diciembre de 2021, relativos a la
determinación del Ingreso Base de Cotización para realizar los aportes al Sistema
de Seguridad Social.

Conforme a los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe limitar su análisis a los cargos formulados expresamente
por el apelante, sin actuar de oficio salvo disposición legal. En este caso, aunque la
sociedad demandante alegó que el fallo de primera instancia desconoció el
precedente establecido en la sentencia de unificación SU 2021CE-SUJ-4-004 sobre
los factores que integran el IBC y el alcance del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
no explicó las razones por las cuales dicho precedente habría sido inaplicado, lo
que impide a la Sala pronunciarse sobre ese cargo de apelación.

CARGOS PROBATORIOS

Previo a resolver los cargos de orden probatorio, esta Sala deja en evidencia los
inconvenientes probatorios que están suscitando los procesos que adelanta la
UGPP, en empresas altamente intensivas en mano de obra.

En el presente asunto, observa la Sala que, en los actos administrativos, la UGPP
informa varios conceptos o rubros generales objeto de ajuste -vacaciones, auxilios
y bonificaciones- y los fundamentos jurídicos, citados de manera general, para la
reliquidación del IBC por subsistema, acompañada de un archivo digital con más de
30.000 registros solo para el subsistema de salud. Por su parte, la demandante
aporta la nómina con el detalle de sus pagos por empleado, -alrededor de 500
contratos de aprendices-, las novedades y las planillas de autoliquidación, entre
otras, sin los cruces necesarios que permitan el análisis de esa información.

En virtud del principio general de la carga de la prueba -artículo 167 CGP16,
corresponde al aportante, allegar las pruebas de manera clara, sencilla, concreta y
depurada, de los hechos que desencadenan la aplicación de las normas alegadas,
para facilitar que la jurisdicción realice una valoración de manera eficiente. No se
satisface la carga de la prueba con la simple remisión de cientos de folios o el
suministro de miles de registros, sin identificar y precisar su alcance, sin relacionar
su contenido con las glosas contenidas en los actos administrativos analizados, ni
con las otras pruebas que obran en el expediente.

No debe ignorarse que es el aportante quien conoce el detalle de su nómina, las
novedades de esta y las dinámicas de contratación. Por tanto, frente a la

15
Corresponde al sexto cargo resuelto en la sentencia de primera instancia.
16
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario
para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”

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Demandante: Almacenes Éxito S.A.

información que produce la UGPP, el aportante está en la obligación y capacidad
de llegar al máximo nivel de concreción y precisión en la prueba. Si no se cumple
con esta carga, el debate con la UGPP se torna en altamente ineficiente para todos
los intervinientes, porque cada una de las partes limita su actividad procesal a remitir
registros en cedés y cientos de imágenes, defiriendo al juez el procesamiento real
de la prueba (que no la valoración), función esta (el procesamiento de la prueba)
que no está a cargo de este.

Por ello, esta Sala echa de menos que, además de las pruebas aportadas, el
demandante hubiese allegado: (i) las conciliaciones, comparación y cruce de
datos; y, (ii) la síntesis y análisis de la información depurada, cruzada con
técnicas de auditoría, todo debidamente certificado por el contador o revisor
fiscal. Tales cuadros de cruce habrían permitido al Tribunal una eficiente
valoración de las pruebas, técnicamente aportadas, con coherencia y
conexión de lo alegado, de forma tal que pueda evidenciarse claramente los
cálculos realizados para determinar los aportes pagados, y su diferencia con los de
su contraparte.

Sexto cargo: IBC - SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar. Aprendices.
Artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 1º y 5 del Decreto 933 de 200317

1. La demandante cuestiona la sentencia de primera instancia al considerar que en
el expediente obran las pruebas necesarias en las que se incluyen contratos de
aprendizaje y demás documentos que acreditan la calidad de aprendiz de varios
trabajadores, los cuales fueron ignorados por el juez de primera instancia.

No existe diferencia de criterio entre las partes sobre la correcta interpretación del
artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 5 del Decreto 933 de 2003. Así, para
las partes es claro que: (i) durante la fase lectiva, la empresa patrocinadora debe
asumir únicamente los aportes al sistema de salud; (ii) en la fase práctica del
contrato de aprendizaje, se debe efectuar aportes tanto al sistema de salud como
al sistema de riesgos laborales. No hay una obligación legal de hacer
contribuciones a los subsistemas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) o el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante ninguna etapa del
contrato de aprendizaje, ya sea la lectiva o la práctica. Esta exclusión se basa en la
particular naturaleza del contrato de aprendizaje, que no es una relación laboral en
sí misma.

El cuestionamiento a la sentencia de primera instancia se centra en que en el
expediente obran las pruebas necesarias, que incluyen contratos de aprendizaje y
demás documentos que acreditan la calidad de aprendiz de varios trabajadores, con
los cuales se soportaba el error de la interpretación de hecho de las relaciones con
los aprendices, lo que desembocó en la liquidación incorrecta de los aportes a la
seguridad social y parafiscales. Se queja el recurrente de que las pruebas fueron
ignoradas por el juez de primera instancia. Al respecto, se constata:

De las pruebas obrantes en el expediente, concretamente del dictamen pericial
rendido por el contador público Julio Orlando Rodríguez Castillo, que no fue
objetado por las partes, se extrae:

«o. Sírvase Informar si la UGPP ha establecido pagos de aportes parafiscales sobre
cotizantes tipo 12 y 19 (aprendices en fase lectiva y práctica).”

17
Corresponde al cargo octavo que resolvió la sentencia de primera instancia.

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RESPUESTA O: La UGPP estableció aportes a ARL para los aprendices en fase práctica.
En los demás parafiscales la UGPP no liquidó aportes, salvo la trabajadora Fernández
Chicangana, Karen Vanessa, identificada con cédula N° […], aduciendo que no es
aprendiz porque el contrato finalizó con anterioridad (No aprendiz - contrato finaliza con
anterioridad // Consulta Sispro)

“p. Sírvase informar a que valor ascienden los pagos de aportes parafiscales establecidos
por parte de la UGPP sobre cotizantes tipo 12 y 19 (aprendices en fase lectiva y práctica).”

RESPUESTA P: APORTES A ARL: La UGPP sobre un IBC por la suma de
$17.657.000.00, liquidó por aportes de riesgos (ARL) la suma de $174.800.00. Respecto
a la trabajadora Fernández Chicangana, Karen Vanessa, identificada con cédula N° […],
liquidó y cobró la suma de $12.600.00 por concepto de aportes a caja de compensación;
$9.500.00 a ICBF; y SENA, $6.300.00.»

Es así como el experto concluyó que la UGPP actuó conforme a la normativa vigente
al establecer aportes al sistema de riesgos laborales (ARL) únicamente para los
aprendices en fase práctica, tal como lo exige el artículo 30 de la Ley 789 de 2002
y el artículo 5 del Decreto 933 de 2003.

En cuanto a los demás subsistemas, indicó que no se realizaron liquidaciones, salvo
en el caso puntual de una trabajadora respecto de la cual la UGPP consideró que
no tenía la calidad de aprendiz por haberse terminado su contrato previamente. Esta
actuación específica, para el perito, no contradice el marco legal aplicable, y los
valores liquidados por la UGPP se encuentran debidamente sustentados en los
registros del expediente. Por tanto, no advirtió irregularidad alguna.

En relación con los 500 contratos de aprendizaje aportados (aproximadamente),
permiten establecer con claridad la naturaleza jurídica de la relación existente entre
la empresa y los trabajadores vinculados bajo dicha modalidad. Sin embargo, en los
actos administrativos objeto de análisis no se debatió la naturaleza contractual de
los aprendices frente a la sociedad demandante. Por el contrario, las autoridades
se centraron en cuestionar las conductas de mora e inexactitud en el cumplimiento
de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social durante la vigencia de
los respectivos contratos de aprendizaje en los subsistemas de Salud y ARL.

La revisión exhaustiva de los contratos no entra en contradicción con la prueba
pericial, ni deriva en la pérdida de valor probatorio de esta. Como ya se advirtió
párrafos atrás, la obligación de probar no se agota con remitir contratos sin el
análisis pertinente. Los contratos son el soporte; pero, la demandante ha debido
preparar una matriz breve de análisis con las cláusulas pertinentes y sus notas
explicativas, si consideraba que –de alguna manera- ello desvirtuaba el análisis de
la UGPP. Las partes incurren aparentemente en la misma falencia que se imputan
mutuamente y que no ayuda a la administración de justicia: remitir múltiples
registros o contratos, sin hacer un análisis específico, defiriendo al juez la extracción
de los hechos relevantes. Como ya se dijo, en sana lógica, la UGPP hace
planteamientos, pero el desarrollo y detalle de la prueba, por la carga dinámica de
esta, siempre compete al aportante.

Ahora bien, lo cierto en este caso es que el dictamen pericial, que es la única
prueba directa y clara que obra en el expediente sobre la forma y criterios con
los que la demandada liquidó los aportes, evidencia que la UGPP liquidó
correctamente los aportes, según los fundamentos legales en los que las partes
coinciden. El cargo de apelación no prospera.

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20

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Séptimo cargo: Vacaciones disfrutadas y compensadas en dinero -
artículos 17 de la Ley 21 de 1982, 70 del Decreto 806 de 1998 y 1.º de la Ley
995 de 200518

1. En relación con las vacaciones compensadas en dinero la demandante cuestionó
que el juez de primera instancia desestimara el cargo por falta de pruebas, pese a
que estas fueron aportadas tanto en sede administrativa como judicial. No se exigió
el mismo rigor a la UGPP en la valoración probatoria y se desconoció el dictamen
pericial que evidenciaba los errores en la liquidación de aportes.

2. Para resolver se tiene que el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 806 de
1998 establece que «[l]as cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se
causarán en su totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base
de cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado
el disfrute de las respectivas vacaciones o permisos».

El artículo 1.º de la Ley 995 de 200519 permite el reconocimiento en dinero de las
vacaciones que el trabajador no disfrutó mientras la relación laboral estaba vigente
de manera proporcional al tiempo trabajado. Dicho pago de las vacaciones después
de la terminación del contrato laboral no implica la pérdida de su significado de
descanso remunerado, ya que se generaron de manera constante y proporcional al
tiempo trabajado en la relación laboral anterior.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, contempla que “[…] se entiende por
nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes
elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su
denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y
convencionales o contractuales”, de suerte que se deben incluir en la base para liquidar
los aportes al SENA, ICBF y CCF. Pero su compensación no es base para el pago
de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos
laborales20. Así lo ha considerado la Sección21 cuando señaló que “los pagos de
aportes parafiscales al SENA, ICBF y cajas de compensación deben realizarse por los
descansos remunerados o por su compensación de dinero a manera de sustitución, en
consideración con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982 […]”.

3. De acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional22, las vacaciones son un
pago derivado del contrato laboral que depende del tiempo efectivamente trabajado
por los empleados, por lo que no tiene incidencia si el contrato laboral se terminó,
ya que se generaron previamente.

4. De manera que, en las vacaciones compensadas en dinero, al tratarse de pagos
derivados del contrato laboral que dependen del tiempo efectivamente trabajado por
los empleados, no es relevante si el contrato laboral se termina.

5. En el caso concreto, en cuanto a los ajustes por vacaciones compensadas en
dinero, al verificar el archivo de Excel anexo a la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración denominado «RDC 175 ALMACENES EXITO-1»23, la entidad

18
Que corresponde al séptimo cargo resuelto en la sentencia de primera instancia.
19
Artículo 1. Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio o terminación del contrato de trabajo. Los
empleados públicos, trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o hayan terminado
sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrán derecho a que estas se les
reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado.
20
Sentencia del 3 de agosto de 2016, Exp. 20487, C.P. Martha Teresa Briceño.
21
Sentencia del 3 de septiembre de 2020, Exp. 24466, C.P. Milton Chaves García, reiterada en la sentencia del 21 de agosto
de 2021, Exp. 24735. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
Sentencia C-669 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
23
Índice 2 Samai Consejo de Estado.

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21

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Demandante: Almacenes Éxito S.A.

demandada determinó ajustes a los aportes al Sistema de Seguridad Social, en
aquellos casos donde la demandante, en su nómina, reportó pagos por vacaciones
compensadas, incluyó en las columnas «CONCEPTO AJUSTE PARAFISCALES»
como observación que la aportante «Cotizó por IBC menor del registrado en
nómina», para los siguientes trabajadores:

Subsistema Novedad Año mes Nombre Trabajador Concepto ajuste parafiscales

Cotizo por IBC menor al registrado en
SALUD INEXACTOS 2012 1 Orozco Suarez, Carlos Mario nómina
SALUD Cotizo por IBC menor al registrado en
INEXACTOS 2012 1 Vuillemenot , Mathilde Violaine nómina
SALUD Cotizo por IBC menor al registrado en
INEXACTOS 2012 2 Deconninck , Romain Andre Philipp nómina
SALUD Cotizo por IBC menor al registrado en
INEXACTOS 2012 2 Portelli , Romain Matthieu nómina
SALUD Salario Integral menor al mínimo (13
INEXACTOS 2011 12 Deconninck Romain Andre Philipp SMLV)
SALUD Salario Integral menor al mínimo (13
INEXACTOS 2011 12 Portelli Romain Matthieu SMLV)
Cotizo por IBC menor al registrado en
CCF INEXACTOS 2012 1 Vuillemenot , Mathilde Violaine nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
CCF INEXACTOS 2012 2 Deconninck , Romain Andre Philipp nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
CCF INEXACTOS 2012 2 Portelli , Romain Matthieu nómina
Salario Integral menor al mínimo (13
CCF INEXACTOS 2011 12 Deconninck Romain Andre Philipp SMLV)
Salario Integral menor al mínimo (13
CCF INEXACTOS 2011 12 Portelli Romain Matthieu SMLV)
Damelincourt Josephine Marie Salario Integral menor al mínimo (13
CCF INEXACTOS 2011 12 Valentine SMLV)
Cotizo por IBC menor al registrado en
SENA INEXACTOS 2012 1 Vuillemenot , Mathilde Violaine nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
SENA INEXACTOS 2012 2 Deconninck , Romain Andre Philipp nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
SENA INEXACTOS 2012 2 Portelli , Romain Matthieu nómina
Salario Integral menor al mínimo (13
SENA INEXACTOS 2011 12 Portelli Romain Matthieu SMLV)
Damelincourt Josephine Marie Salario Integral menor al mínimo (13
SENA INEXACTOS 2011 12 Valentine SMLV)
Salario Integral menor al mínimo (13
SENA INEXACTOS 2011 12 Deconninck Romain Andre Philipp SMLV)
Cotizo por IBC menor al registrado en
ICBF INEXACTOS 2012 1 Vuillemenot , Mathilde Violaine nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
ICBF INEXACTOS 2012 2 Deconninck , Romain Andre Philipp nómina
Cotizo por IBC menor al registrado en
ICBF INEXACTOS 2012 2 Portelli , Romain Matthieu nómina
Damelincourt Josephine Marie Salario Integral menor al mínimo (13
ICBF INEXACTOS 2011 12 Valentine SMLV)
Salario Integral menor al mínimo (13
ICBF INEXACTOS 2011 12 Portelli Romain Matthieu SMLV)
Salario Integral menor al mínimo (13
ICBF INEXACTOS 2011 12 Deconninck Romain Andre Philipp SMLV)

Por su parte, en el dictamen pericial24 rendido por el contador público Julio Orlando
Rodríguez Castillo, se dio respuesta detallada al cuestionario decretado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, compuesto por diecisiete preguntas
formuladas por la parte demandante. En las que tenían relación con las vacaciones
compensadas en dinero (preguntas m y n) el experto respondió la siguiente:

«“m. Sírvase informar si en la contabilidad de ALMACENES ÉXITO S.A., se registran
pagos por concepto de vacaciones compensadas en dinero.”

RESPUESTA M: SI, de los comprobantes y soportes de la nómina se desprende que
en la contabilidad de ALMACENES ÉXITO S.A, se registraron pagos por concepto de
vacaciones compensadas en dinero.

24
Índice 90 Samai Tribunal.

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“n. Sírvase manifestar si existe alguna inconsistencia entre los registros contables de
pagos de vacaciones compensadas en dinero con los aportes parafiscales realizados
por ALMACENES ÉXITO S.A, por estos conceptos.”

RESPUESTA N: NO, de las pruebas de auditoría y cálculos en Excel podemos
determinar con certeza que en los registros de pagos de aportes a seguridad social y
parafiscales, se incluyó el valor de vacaciones compensadas en dinero en la base de
liquidación, en consecuencia, no existen inconsistencias en los registros contables de
ALMACENES ÉXITO S.A, por los pagos de aportes donde incluye vacaciones
compensadas en dinero.»

En particular, el perito concluyó que dichos pagos sí fueron registrados
contablemente por Almacenes Éxito S.A., y que no se evidenciaron inconsistencias
entre esos registros y los aportes parafiscales realizados por la empresa.

Cabe resaltar que el dictamen se centró en verificar la correspondencia entre los
valores liquidados por la administración y la nómina reportada por la sociedad, sin
abordar si la administración los había tenido en cuenta o los excluyó para determinar
los aportes al Sistema de Seguridad Social, así como tampoco indicó los casos en
los cuales se reportaba esa novedad.

Como la sociedad demandante no indicó sobre qué trabajadores se efectuaron los
ajustes cuando se les pagó las vacaciones compensadas, y ni la entidad
demandada ni el Tribunal mencionaron casos específicos, se tomará como ejemplo
el caso del trabajador Romain Andre Philipp Deconninck por el período 2 del año
2012.

En la nómina reportada por la demandante por el período 2 del año 2012, para el
citado trabajador, en el archivo «2. Febrero de 2012»25 se registró la siguiente
información:

Nombre trabajador Período Año
Romain Andre Philipp Deconninck 2 2012
Días trabajados 30 Días vacaciones 0
Sueldo (se incluye en IBC) $5.569.800
Vacaciones compensadas en dinero (se incluye en
IBC) $412.837
Bonificación (NO se incluye en IBC) $5.950.790
Total $6.302.000

En el archivo de Excel anexo a la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, la UGPP determinó ajustes por el periodo 2 del año 2012 por el
subsistema de Salud para el citado trabajador, y registró la siguiente información:

Nombre trabajador Período Año
Romain Andre Philipp Deconninck 2 2012
Días trabajados 30 Días vacaciones 0
Sueldo (se incluye en IBC) $5.569.800
Vacaciones compensadas en dinero (se incluye en
IBC) $412.837

25
Índice 2 Samai Consejo de Estado.

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Auxilios no constitutivos de salario (NO se incluye en
IBC) $364.468
Bonificación (NO se incluye en IBC) $5.950.790
«Salario flexibilizado limitado 40% de la remuneración»
(se incluye en IBC) $1.396.100
Total IBC $7.378.73726

Por su parte, en el archivo de Excel anexo al dictamen pericial
«38_2500023370002014003830010RECIBEMEMORIAL20220704063159» en la
hoja «PRUEBA CAL. UGPP», el experto técnico incluyó los siguientes datos para el
periodo 2 del año 2012 por el subsistema de Salud para el citado trabajador:

Nombre trabajador Período Año
Romain Andre Philipp Deconninck 2 2012
Días trabajados 30 Días vacaciones 0
Sueldo (se incluye en IBC) $5.569.800
Vacaciones compensadas en dinero (se incluye en
IBC) $412.837
Auxilios no constitutivos de salario (NO se incluye en
IBC al 100%) $364.468
Bonificación (NO se incluye en IBC al 100%) $5.950.790
«Salario flexibilizado limitado 40% de la remuneración»
(se incluye en IBC) $1.396.100
Total IBC $7.379.00027

Para el experto, con base en la anterior información, para calcular los aportes por el
periodo de febrero de 2012 se debe hacer de la siguiente manera:

«IBC= pagos salariales del mes + valor obtenido por la novedad de vacaciones
compensadas en dinero + «Salario flexibilizado limitado 40% de la remuneración».

Con todo, el perito contador determinó que el IBC lo integrarían el salario por
$5.569.800, más las vacaciones compensadas por $412.837, más el valor del
«Salario flexibilizado limitado 40% de la remuneración» de $1.396.100, para un total
de $7.379.000.

De lo anterior, se constata que en los casos en que se determinaron ajustes por
concepto de vacaciones compensadas, la administración procedió a incluirlas de
manera correcta y conforme a lo establecido en la normativa vigente, lo cual se
encuentra debidamente acreditado en el dictamen pericial que obra en el
expediente.

No obstante, aunque el perito confirmó la coincidencia entre la nómina y los datos
usados por la UGPP y aceptó la inclusión (que efectuó la UGPP) del valor de
$1.396.100 «salario flexibilizado limitado 40% de la remuneración» en el IBC, que, en
últimas, corresponde al exceso del 40% de los pagos no salariales del total de la
remuneración, pagos que el a quo ordenó excluir, este aspecto no se considerará
al momento de fallar, porque no fue apelado por la UGPP. Es decir, se mantendrá
lo ordenado por el a quo.

26
En el total no se incluyó el 100% de las bonificaciones y auxilios.
27
En el total no se incluyó el límite del 40% de las bonificaciones y auxilios.

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6. De lo anterior, se concluye que la administración determinó correctamente los
ajustes en los casos donde se pagaron vacaciones compensadas, lo cual está
acreditado en el dictamen pericial.

7. Ahora bien, el apelante único pide que se reconsidere la posición con
equiparación de las vacaciones compensadas con el descanso remunerado y la
indebida inclusión de las vacaciones compensadas en dinero dentro de la base de
liquidación de aportes parafiscales. No hay lugar a acceder a lo solicitado en tanto
la interpretación realizada por el Tribunal se ajusta al marco normativo vigente y a
la finalidad de los aportes parafiscales, que buscan proteger al trabajador, sin que
ello implique una distorsión del concepto de descanso remunerado.

El artículo 1 de la Ley 995 de 2005, ordena lo siguiente:
“DEL RECONOCIMIENTO DE VACACIONES EN CASO DE RETIRO DEL SERVICIO
O TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. Los empleados públicos,
trabajadores oficiales y trabajadores del sector privado que cesen en sus funciones o
hayan terminado sus contratos de trabajo, sin que hubieren causado las vacaciones por
año cumplido, tendrán derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero
proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado.” (Subraya la Sala)

En relación con el mencionado artículo, la Corte Constitucional en sentencia de 16
de agosto de 2006, explicó lo siguiente28:
“[…] Por ello, las vacaciones y su compensación son derechos propios del trabajador
público o privado, que el legislador no puede eliminar o sujetar a plazos
desproporcionados para su reconocimiento. Por regla general, el trabajador tendrá
derecho a recibir en dinero el pago del descanso que no llegó a disfrutar mientras
estuvo vigente la relación laboral, cualquiera sea el tiempo trabajado, salvo que el
legislador haya fijado un plazo para el nacimiento de ese derecho, el cual no podrá
exceder el límite temporal ya señalado.

Con relación a este aspecto, la Ley 995 de 2005 optó por no exigir un período mínimo
para acceder a la compensación de las vacaciones no disfrutadas cuando se termina
la relación laboral y, en su contexto, el derecho al descanso remunerado se entiende
causado día a día y proporcionalmente “por el tiempo efectivamente trabajado” (art. 1).
[…]” (Subraya la Sala)

De acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional, las vacaciones son un
concepto que se deriva del tiempo efectivamente trabajado por los empleados, por
lo que no tiene incidencia si el contrato laboral se terminó, ya que se generaron
previamente.
En cuanto a la relación de pago de aportes parafiscales y las vacaciones pagadas,
esta Sala ha explicado de forma reiterada, lo siguiente29:
“[…]5.5.3. Sin embargo, conforme con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, para efectos
de la liquidación de aportes, entre otros, al ICBF, en el concepto de nómina mensual
de salarios se incluyen los pagos verificados por descansos remunerados de ley y
convencionales o contractuales, es decir, por vacaciones, ya sea, en la modalidad de
descanso remunerado o en la de compensación en dinero a manera de
sustitución30.[…]”

28
Corte Constitucional. C – 669 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis
29
Sentencia de 13 de diciembre de 2017. Exp. 20527. C.P. Milton Chaves García
30
En la Sentencia de esta Sección, del 4 de diciembre de 2003, radicado 25000-23-27-000-2000-00024-01 (13144), C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié, se afirmó que “el pago de las vacaciones en dinero debe hacer parte de la base para liquidar
los aportes al SENA”, criterio que fue expuesto con anterioridad en las Sentencias del 17 de noviembre de 1994, radicado
5767 C.P. Consuelo Sarria Oleos y del 17 de octubre de 1995, radicado 7255, C.P. Julio E. Correa Restrepo. Con

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De acuerdo con el criterio expuesto, los pagos de aportes parafiscales deben
realizarse por los descansos remunerados o por su compensación de dinero a
manera de sustitución, en consideración con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982,
lo cual ocurre en el presente caso31.
De lo anterior, se concluye que la compensación en dinero de las vacaciones,
aunque no implique un descanso efectivo, sí representa una contraprestación
derivada de un derecho laboral que sustituye el tiempo de reposo no disfrutado.
Esta sustitución no desnaturaliza su origen ni su finalidad, pues el pago conserva
su carácter salarial y, por tanto, debe ser incluido en la base de aportes parafiscales.

Además, del análisis del expediente y del dictamen pericial no se desprende una
afectación sustancial que desvirtúe la liquidación realizada por la UGPP. Por el
contrario, se evidencia que los aportes fueron calculados conforme a los registros
contables y a la normativa aplicable, sin que se haya demostrado un error técnico o
jurídico que amerite la revocatoria del fallo.

8. En consecuencia, no se configura una denegación de justicia ni una omisión en
la valoración probatoria que justifique la modificación de la decisión adoptada en
primera instancia. El cargo de apelación no prospera.

Octavo cargo32: Reliquidación del IBC ordenada en la sentencia de primera
instancia.

La parte demandante ha cuestionado la decisión del Tribunal de delegar a la UGPP
la reliquidación del IBC, alegando que dicha entidad fue la responsable de los
errores que motivaron la controversia.

No obstante, esta Sala considera que, si bien la UGPP incurrió en una aplicación
errónea del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 —al incluir conceptos no salariales
dentro del límite del 40% de la remuneración—, dicha circunstancia no impide que
la entidad ejerza sus funciones legales de verificación y fiscalización, siempre que
se ajuste a los parámetros establecidos por la jurisdicción contencioso
administrativa.

En este sentido, la UGPP conserva la competencia para realizar la reliquidación de
los aportes al Sistema de Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos
156 de la Ley 1151 de 2007 y 178 de la Ley 1607 de 2012. Esta facultad no se ve
desvirtuada por los errores cometidos en los actos administrativos objeto de control,
máxime cuando estos han sido corregidos por el juez de primera instancia y
ratificados por esta Sala.

Adicionalmente, es importante considerar que los actos administrativos objeto de
análisis contienen más de treinta mil registros únicamente en el subsistema de
salud, información que se encuentra discriminada y cargada en las bases de datos
de la entidad. Esto justifica la aplicación de la condena en abstracto prevista en el

posterioridad, en la Sentencia del 25 de septiembre de 2008, radicado 25000-23-27-000-2004-90723-01 (16015), C.P. Ligia
López Díaz, se dijo que: “la compensación monetaria de las vacaciones hace parte de la base para el cálculo de los aportes
parafiscales”. En este mismo sentido se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil el 8 de febrero de 2011, radicado
11001-03-06-000-2010-00069-00 (2013), C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
31
“ARTICULO 17. Para efectos de la liquidación de los aportes al régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, Escuela Superior de Administración Pública, (ESAP), Escuela Industrial e Institutos Técnicos, se entiende
por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del
salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos
remunerados de Ley y convencionales o contractuales.”
32
Corresponde al décimo cargo de la apelación.

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artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que señala: “cuando la condena se haga en abstracto se liquidará
por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y específica de su cuantía”. En tal liquidación se deberá excluir
los pagos reconocidos como no salariales, conforme a los lineamientos fijados por
el juez de primera instancia y esta Sala.

En consecuencia, el cargo de apelación formulado por la parte demandante no está
llamado a prosperar, toda vez que la delegación de la reliquidación a la UGPP no
constituye una convalidación de los errores cometidos, sino una aplicación legítima
de sus competencias legales, bajo el control judicial que garantiza la legalidad,
proporcionalidad y respeto por los derechos del administrado.

Por todo lo anterior, se modificará el numeral segundo de la sentencia apelada y en
su lugar de condenará en abstracto y a título de restablecimiento del derecho se
ordenará realizar una nueva liquidación de las contribuciones parafiscales al
Sistema Integral de Seguridad Social por los periodos diciembre de 2011 a junio de
2012, previo incidente promovido por la sociedad demandante o la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, donde se excluyan del IBC y del límite del 40% previsto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, los pagos no constitutivos de salario en
los subsistemas de salud, SENA, ARL e ICB, así como los que se relacionan a
continuación33:

Concepto Clasificación TRIBUNAL
Aguinaldo días Auxilio no constitutivo de Salario
Ahorro AFC Pago no constitutivo de salario
Ajuste de prima vacacional Auxilio no constitutivo de Salario
Aporte institucional empleado Pago no constitutivo de salario
Aporte institucional empresa Pago no constitutivo de salario
Aporte voluntario adicional Pago no constitutivo de salario
Aportes voluntario Institucional Empleado Pago no constitutivo de salario
Aporte voluntario institucional Plus Pago no constitutivo de salario
Auxilio de defunción Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio de maternidad Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio económico por continuidad Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio educativo empleados posgrado Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio escolar Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio oftalmológico de lentes Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio oftalmológico montura Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio universitario, Auxilio no constitutivo de Salario
Auxilio brigada de bomberos Auxilio no constitutivo de Salario
Beca mejor de la clase Auxilio no constitutivo de Salario
Bonificación por reemplazo convención, Auxilio no constitutivo de Salario
Bonificación por reemplazo no convención, Auxilio no constitutivo de Salario
Bonificación EBITDA Auxilio no constitutivo de Salario
Bonificación por jubilación, Auxilio no constitutivo de Salario

33
Estos son los pagos que el Tribunal excluyó en la sentencia de primera instancia al resolver los cargos denominados
«realizar cotizaciones por un IBC inferior al registrado en nómina y no inclusión de pagos constitutivos de salario» y «Pagos
no salariales por encima del límite establecido en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.»

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Concepto Clasificación TRIBUNAL
Bonificación por trabajo en puestos de pago, Auxilio no constitutivo de Salario
Bonificación vacaciones en dinero, Bonificación no constitutiva de salario
Bono alimentación, Bonificación no constitutiva de salario
Complemento al plus, Pago no constitutivo de salario
Auxilio de transporte Auxilio no constitutivo de Salario

Costas

Teniendo en cuenta que en esta instancia se confirmó la sentencia de primera
instancia que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, la
Sala se abstendrá de imponer condena en costas, en aplicación de lo dispuesto en
el numeral 5.° del artículo 365 del Código General del Proceso, y las reglas
establecidas por esta Sección34 según el cual el juez podrá abstenerse de condenar
en costas cuando la demanda prospere parcialmente, siempre que se expresen los
fundamentos de la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: Modificar el numeral segundo de la sentencia del 11 de abril de 2024,
relativo al restablecimiento del derecho, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el cual quedará así:
«SEGUNDO: Proferir decisión en abstracto para que el demandante o la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP promueva incidente de liquidación de sentencia. Para tal
efecto, deberá el peticionario presentar escrito que contenga la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, en la que se excluya del IBC y del límite del 40% previsto
en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, los pagos no constitutivos de salario en los
subsistemas de salud, SENA, ARL e ICBF, citados en la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

34
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón.

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(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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