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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00379-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2022-00379-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022 de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, para negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en este fallo. SEGUNDO. REMITIR copia del expediente a la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, advirtiendo que no se trata de una condena en su contra, para que realice el acompañamiento y brinde la asesoría pertinente a la señora Ana Elisa Arias Rier en los términos expuestos en la parte considerativa de esta decisión. TERCERO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO. En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2022-00379-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de marzo de 2023

Demandante: Ana Elisa Arias Rier
Demandado: UARIV
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00379-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00379-01
Demandante: ANA ELISA ARIAS RIER
Demandado: UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS – UARIV

Tema: Revoca improcedencia por gasto, en su lugar, niegan
pretensiones.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 7 de diciembre de 2022. En dicha providencia, la Sala de Decisión
Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico «negó por improcedente» la acción
de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Ana Elisa
Arias Rier demandó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV). En el escrito se pretendió ordenar a la autoridad accionada que
acate los artículos 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019 1, con la
finalidad de que se priorice el pago de la indemnización administrativa reconocida
a la parte actora por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y en
atención a la discapacidad que presenta uno de sus hijos.

En los siguientes términos la accionante formuló su pedimento [se transcribe tal
cual, incluso con posibles errores].

Ruego a su señoría se le ordene a la unidad nacional de víctimas y su director
de indemnizaciones que le dé cumplimiento inmediato a los artículos:
ARTÍCULO 4, 10 15, 16 Y 17 DE LA RESOLUCIÓN 1049 DEL 15 DE MARZO DE
2019 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS.

1
«Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015
y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Ana Elisa Arias Rier
Demandado: UARIV
Radicación: 08001-23-33-000-2022-00379-01

Y se priorice el pago inmediato de la indemnización administrativa de mi núcleo
familiar por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO
entregándonos una fecha real, cierta y pronta en el tiempo para su desembolso.

Se le compulsen copias al funcionario que debe atender mi solicitud de priorización
del pago de mi indemnización administrativa individual en cumplimiento de los
artículos: ARTÍCULO 4, 10 15, 16 Y 17 DE LA RESOLUCIÓN 1049 DEL 15 DE
MARZO DE 2019 EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS
VÍCTIMAS.

Por los presuntos delitos de prevaricato por omisión y acción y abuso de la función
pública AL NO ACATAR LAS NORMAS ACUSADAS.

2. Hechos

La señora Arías Rier, cuyo núcleo familiar indicó se encuentra conformado por sus
dos hijos, manifestó que la UARIV le reconoció indemnización administrativa por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado. Sin embargo, no tiene un turno
cierto y su pago no se ha materializado.

Con posterioridad al reconocimiento económico, uno de los hijos de la actora
sufrió de un tumor cerebral, según afirmó la señora Arias Rier, es una enfermedad
de alto costo y conllevó a la discapacidad de su primogénito. En consecuencia,
conforme a las normas invocadas en la demanda, considera que se configuró una
de las causales para que la UARIV priorice el pago de la medida económica.

El 4 de octubre de octubre de 2022, la demandante requirió a la UARIV el
obedecimiento de los artículos 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 de
2019, para que priorizara el pago, estableciera una fecha real y precisa del
desembolso del reconocimiento económico y allegó la historia clínica de su hijo.
Sin embargo, sostuvo que la entidad demandada no contestó. En consecuencia, la
accionante acudió a la acción de cumplimiento.

3. Admisión de la demanda

En auto de 15 de noviembre de 2022, el ponente del Tribunal Administrativo del
Atlántico admitió la demanda y ordenó su notificación a la UARIV.

4. Informe

La UARIV se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demandante. En
primer lugar, manifestó que sí resolvió el requerimiento de la accionante. Sostuvo
que la petición de 4 de octubre de 2022 se atendió de forma negativa por medio
de oficio del día 10 siguiente. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2022,
explicó a la actora que la prueba documental de la epicrisis aportada, con la cual
se sustentó la solicitud de priorización, por el estado de salud de su hijo, no era

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legible y no era posible determinar la discapacidad, por tanto, la señora Arias Rier
debía allegarla nuevamente y de forma clara.

Refirió que es imposible indemnizar a todas las víctimas en un solo momento en
tanto presupuestalmente no hay los suficientes recursos. Explicó que para el pago
de las indemnizaciones se estableció un mecanismo de priorización, si los
solicitantes no cumplen con esos criterios les será aplicado el método técnico. En
el caso de la accionante, señaló que su núcleo familiar se encuentra dentro de las
categorías de incluido por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y que
se le reconoció la ayuda humanitaria, la cual corresponde al valor de $3.870.000,
conforme se dispuso en la Resolución 04102018-784535 de 23 de septiembre de
2020, que fijó para cada miembro del grupo familiar de la actora el porcentaje de
33.33% de la indemnización a cancelar.

Informó que el 30 de julio de 2021, se realizó estudio anual del método técnico de
priorización, cuyo resultado no fue favorable a la actora, mismo obtenido ante el
estudio de 31 de marzo de 2022 y que, según lo indicado en la respuesta de 11
de noviembre de 2022, se volverá a evaluar en julio de 2023.

5. Sentencia de primera instancia

En decisión de 7 de diciembre de 2022, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico «negó por improcedente la acción». A partir de las
previsones del artículo 9.º de la Ley 393 de 199, el a quo consideró que lo
realmente pretendido por la accionante es el cumplimiento de la Resolución
04102018-784535 de 23 de septiembre de 2020 y que se le pagara la
indemnización administrativa reconocida. Por tanto, concluyó que el medio de
control implica un gasto no presupuestado.

6. La impugnación

La actora solicitó revocar la sentencia de 7 de diciembre de 2022. Reparó que la
autoridad judicial de primera instancia aplicó erróneamente el artículo 9.º de la Ley
393 de 1997. Sostuvo que el pago de la indemnización administrativa fue
presupuestado porque «… ESTÁ GARATIZADO CON LOS CORRESPONDIENTES
DOCUMENTOS COMPES», de acuerdo con las previsiones de la Ley 1448 del 2011
y el Decreto 1084 del 2015. Por tanto, la impugnante considera que el asunto no
deviene en improcedente, como lo ha concluido la Sección Quinta del Consejo de
Estado2.

De otro lado, reiteró que se debe acceder a lo pretendido porque entregó a la
UARIV toda la documentación necesaria para priorizar el pago de la
indemnización administrativa. Precisó que la epicrisis, que aportó a la

2
No se precisó fecha o radicado de alguna providencia judicial.

3
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administración, tiene una marca de agua con el fin de que no fuera modificada o
alterada. A su juicio, dicha prueba es diáfana en su contenido y da cuenta de la
discapacidad de su hijo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7
de diciembre de 2022 de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de
1997, 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
Corporación para conocer de «… las apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7
de diciembre de 2022 de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del
Atlántico, que «negó por improcedente» la solicitud de cumplimiento. Para lo
anterior, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la UARIV, respecto de los artículos 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la
Resolución 1049 de 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

¿Se debe ordenar a la UARIV que determine una fecha real y precisa del
desembolso del reconocimiento económico y priorice el pago de la indemnización
administrativa reconocida a la parte actora por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado y en atención a la discapacidad que presenta uno de sus
hijos?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia y (iv) el caso
concreto.

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3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.

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(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la

5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.

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administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»7.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio9.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,10 a menos que estén apropiados;11 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez

7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
9
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
10
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior12.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este13 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»14.

Igualmente, esta Sección15 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el

12
Sentencia antes citada.
13
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia».
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.

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procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [16] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»17 (se destaca).

En el caso concreto, la actora acompañó con la demanda copia del escrito de 4
de octubre de 2022 en el que requirió a la UARIV el obedecimiento de los
artículos 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019, con la finalidad de
que se priorice el pago de la indemnización administrativa reconocida a su núcleo
familiar por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y en atención a la
discapacidad que presenta uno de sus hijos.

Por su parte, a través del oficio del 10 de octubre de 2022, la entidad resolvió de
forma negativa lo solicitado por la accionante porque la documental aportada no
era legible y, por ende, no se pudo determinar la discapacidad de su hijo. Por
tanto, la actora debía aportar la prueba nuevamente y de forma clara. No
obstante, indicó que, en todo caso, en el mes de julio de 2023 se realzaría el
estudio anual del método técnico de priorización para efectos de determinar la

16
[En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
17
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

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materialización de la indemnización administrativa reconocida al núcleo familiar de
la señora Arias Riev.

Lo anterior resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, toda
vez que lo resuelto resulta contrario al querer de la ciudadana.

3.4. Normas que se piden cumplir.

La demandante invocó como disposiciones incumplidas los artículos 4.º, 10.º, 15,
16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019 que disponen:

RESOLUCIÓN 1049 DE 2019
(marzo 15)
Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización
por vía administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las
Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones.

[…]
Artículo 4. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para
los efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:

A. Edad. Tener una edad igual o superior a los setenta y cuatro (74) años. El
presente criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad para las
Víctimas, de acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este
grupo poblacional.

B. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de
alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.

C. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones
e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo 1. Si con posterioridad a la presentación de la solicitud de indemnización
una víctima advierte que cumple alguna de las situaciones definidas en los literales
B y C del presente artículo, deberá informarlo a la Unidad para la Atención y
Reparación integral a las Víctimas para ser priorizada en la entrega de la
indemnización.

Parágrafo 2. Las víctimas residentes en el exterior podrán acreditar la discapacidad,
dificultad del desempeño y/o enfermedad(es) huérfanas, ruinosas, catastróficas o de
alto costo, a través de cualquier documento suscrito por el profesional de la salud
tratante que sea válido en el país extranjero. La documentación que se aporte a la
Unidad para las Víctimas, para los fines descritos en el presente parágrafo, deberá
traducirse por el aportante en el idioma español o inglés.

[…]
Artículo 10. Fase de análisis de la solicitud. Se trata de una fase en la cual se
analizará en los diferentes registros administrativos la identificación de la víctima
solicitante, la información sobre indemnizaciones reconocidas con anterioridad, los

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soportes que acrediten la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
así como los demás documentos pertinentes y conducentes para resolver la
solicitud. Adicionalmente a lo anterior, se verificará:

a) La conformación del hogar y que su inclusión en el Registro Único de Víctimas
guarde relación cercana y suficiente con el conflicto armado 1 cuando la solicitud
trate sobre desplazamiento forzado.

b) El parentesco de los destinatarios de la indemnización, respecto de la víctima
directa, de acuerdo con la normatividad aplicable a la solicitud, cuando la
solicitud trate sobre hechos victimizantes de homicidio y desaparición forzada.

c) La acreditación de las lesiones personales que generaron discapacidad o
incapacidad en caso de los hechos victimizantes de lesiones que no generaron
incapacidad permanente, lesiones que generaron incapacidad permanente,
atentados, actos terroristas, combates y/o hostigamientos, tortura o tratos
inhumanos o degradantes y accidentes sufridos por MAP/MUSE/AEI.

Parágrafo: Si durante la fase de análisis de la solicitud se concluye que la víctima se
encuentra en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
conforme a lo previsto en el artículo 4 de la presente resolución, se priorizará el
pago de la medida en su favor, sin que por ello, dicha medida se haga extensiva a
las demás personas que hagan parte de la solicitud.

[…]
Artículo 15. Método Técnico de Priorización. Crease el Método Técnico de
Priorización conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del presente acto administrativo
y adáptese a través del anexo técnico que hace parte integral de la presente
resolución.

Artículo 16. Definición del Método Técnico de Priorización. El Método es un
proceso técnico que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la
Subdirección de Reparación Individual para determinar la priorización anual del
desembolso de la indemnización administrativa.

Artículo 17. Objeto del Método Técnico de Priorización. El Método tiene como
objetivo generar unas listas ordinales que indicarán la priorización para el
desembolso de la medida de indemnización administrativa y se aplicará anualmente
para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a los recursos
apropiados en la respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco
de Gasto de Mediano Plazo del Sector.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de normas, cuya
vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión judicial
y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
satisfecho.

3.5. De las causales de improcedencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un
perjuicio grave e inminente para el accionante.
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Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia18 ha desarrollado «… la
existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de los artículos
de 4.º, 10.º, 15, 16 y 17 de la Resolución 1049 de 2019 y que, en consecuencia, la
UARIV determine una fecha real y precisa del desembolso del reconocimiento
económico del núcleo familiar de la demandante y priorice su pago. Asimismo, lo
solicitado no involucra la protección de derechos fundamentales toda vez que no
fueron invocados en las pretensiones de la demanda.

Por otra parte, contrario a lo definido por el Tribunal a quo, la Sala considera que
el presente caso no deviene en improcedente, por gasto, como lo ha sostenido en
asuntos similares19. En efecto, resulta necesario destacar, que esta Sección ha
concluido que esa causal puede ser superada cuando dicho gasto está
debidamente presupuestado, es decir, una vez elaborado un presupuesto o
apropiado el mismo porque debe ser efectivamente destinado a la satisfacción de
la función para el cual está concebido, y será en esos casos, en los cuales, la
acción de cumplimiento devendrá procedente.

En este asunto, lo que se reclama son obligaciones de hacer consistentes en
priorizar y fijar una fecha del desembolso de la indemnización administrativa,
contenida en la Resolución 04102018-784535 de 23 de septiembre de 2020. En
ese sentido, si bien se puede entender que se persigue un pago, el gasto fue
presupuestado por la entidad desde el momento mismo de la emisión de la
resolución que reconoció la medida económica, lo que hace procedente la acción.

En consecuencia, como los presupuestos mínimos se cumplen en este asunto, la
Sala procederá al estudio del fondo del asunto.

3.6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de

18
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n°
05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias de 21 de
noviembre de 2021, radicado n.º 25000-23-41-2021-00805-01; y de 10 de marzo de 2022,
radicado n.º 25000-23-41-000-2021-01068-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes20.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, un mandato imperativo e inobjetable en
los términos de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por
ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se
cumplirá el requisito bajo estudio.

De los artículos de la Resolución 1049 de 2019 invocados en la demanda, la Sala
observa que describen las situaciones de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad para efectos de anticipar el pago de las medidas administrativas,
reconocidas por la UARIV [artículo 4.º]; señalan el trámite de la fase de análisis de
las solicitudes de indemnización y de priorización ante los escenarios apremiantes
antes mencionados [artículo 10.º]; y determinan el objeto y definición del
denominado método técnico de priorización [artículos 15, 16 y 17].

Sin embargo, la priorización y desembolso de la indemnización por las situaciones
de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, que es lo que se pretende en este
asunto, se encuentran supeditados al cumplimiento y verificación de las
condiciones establecidas en los artículos invocados en la demanda, entre ellas, la
de determinar la discapacidad del primogénito de la actora como se deriva del
literal C del artículo 4.º de la Resolución 1049 de 2019, «… se certifique bajo los
criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el
Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud».

Como se deriva de los antecedentes descritos en esta providencia, la UARIV
reconoció a la actora y sus hijos la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado desde el 2020, Sin embargo, con
posterioridad, uno de los hijos de la accionante sufrió de un tumor cerebral que,
según se afirmó, conllevó a su discapacidad. De acuerdo con las normas
invocadas, la demandante considera que se configuró una de las causales para
que la UARIV priorice el pago de la medida económica.

A su turno, se observa que, por medio de oficios de 10 de octubre y 11 de
noviembre de 2022, la UARIV no accedió a la priorización y explicó a la actora que
la documental aportada, con la cual se sustentó la solicitud por el estado de salud
de su hijo, no era legible y no se pudo determinar la discapacidad. Por tanto, la
entidad indicó a la señora Arias Rier que allegara los soportes nuevamente y de
forma clara. Asimismo, señaló que, desde que se reconoció la medida económica,
el 30 de julio de 2021 se realizó el estudio anual del método técnico de
priorización, cuyo resultado no fue favorable, mismo que se efectuó el 31 de
20
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).

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marzo de 2022 y que se volverá a evaluar en julio de 2023.

En la misma respuesta se aclaró que la UARIV realizaría dicho procedimiento
[evaluación del método de priorización] cada año hasta que el resultado permita el
desembolso de la prestación económica y le informó a la accionante que aplicaría
el método de priorización solo a su hijo, cuando acredite uno de los tres criterios
de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenido en el artículo 4.º de la
Resolución 1049 de 2019, para lo cual le reiteró que podrá adjuntar en cualquier
tiempo, la certificación o documentos necesarios, de forma clara, con los requisitos
establecidos para anticipar la entrega de la misma.

Lo referido en precedencia le permite a esta Sala establecer que no se evidencia
el incumplimiento aducido por la demandante frente a las obligaciones que tiene la
autoridad accionada, lo que se advierte es que la parte actora no ha logrado
acreditar las exigencias que le permitirían acceder a la priorización del pago que
reclama con esta acción de cumplimiento.

En efecto, no desconoce la Sala que la demandante alega que su hijo presenta
una discapacidad, lo que ocurre es que la epicrisis que allegó no es diáfana para
la administración, porque tiene una marca de agua, que aceptó la actora que la
documental la contiene; bajo el argumento de que tuvo como finalidad que no
fuera modificada o alterada. Sin embargo, esa circunstancia no permite que el
documento sea legible para que la UARIV pueda tener por configurada la situación
de urgencia.

Es decir, no se advierte que los documentos aportados por la actora a la
demandada no hayan sido objeto de estudio por parte de la UARIV, al momento
de decidir la priorización a la que dice tener derecho la accionante. Lo que parece
devenir de la presunta imposibilidad es la ilegibilidad del diagnóstico de su hijo, no
obstante, la valoración de dicha prueba escapa al objeto de la acción de
cumplimiento que para el preciso caso se limita al análisis del supuesto
incumplimiento de los artículos invocados, que valga reiterar no se presenta, como
ya se explicó en debida forma.

Sin embargo, este juez constitucional, como ha determinado en otras
oportunidades21, ordenará que, por Secretaría General se remita copia del
expediente a la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, advirtiendo que no se
trata de una condena en su contra, para que realice el acompañamiento y brinde
la asesoría pertinente a la señora Ana Elisa Arias Rier, a fin de aportar la
documentación requerida en debida forma para que acredite la circunstancia de
discapacidad del hijo de la demandante, con la cual podrá acudir nuevamente ante
la UARIV, en procura de lograr la priorización del pago de la indemnización que ya
le fue reconocida desde 2020.

21
Pueden consultarse los pronunciamientos citados en el píe de página 19 de esta providencia.

14
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En conclusión, la Sala revocará la negativa por improcedencia del Tribunal y, en
su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda porque no se evidencia el
incumplimiento aducido por la demandante frente al pago de la indemnización
pues, como se demostró, lo que ocurre es que dicha obligación está supeditada al
cumplimiento de otras exigencias que la demandante no ha podido acreditar.

III FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022 de la Sala de
Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, para negar las
pretensiones de la demanda por las razones expuestas en este fallo.

SEGUNDO. REMITIR copia del expediente a la Defensoría del Pueblo, Regional
Atlántico, advirtiendo que no se trata de una condena en su contra, para que
realice el acompañamiento y brinde la asesoría pertinente a la señora Ana Elisa
Arias Rier en los términos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

TERCERO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

CUARTO. En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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