Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00461-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2023-00461-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00461-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2023-00461-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
23 de octubre de 2025
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Accionante: José David Rodríguez Romero
Accionados: Departamento del Atlántico y otros1
Tesis: Vulnera los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad
y salubridad pública, así como al acceso a los servicios públicos y a que estos sean
prestados de manera eficiente y oportuna, la problemática de vertimientos de aguas
residuales en los arroyos El Platanal y El Salao, si esta situación ha generado la
contaminación de dichos afluentes y ocasionado afectaciones a la salud de la
comunidad residente en sus alrededores.
La empresa de servicios públicos Triple A y el municipio de soledad vulneraron los
derechos colectivos invocados por la accionante, por la ausencia de prestación del
servicio de alcantarillado en los barrios subnormales del municipio de Soledad que
descargan aguas servidas en los arroyos El Salao y El Platanal.
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (en adelante Triple A), el
Municipio de Soledad y el Departamento del Atlántico, en contra de la sentencia del
23 de septiembre de 2024, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor José David Rodríguez Romero, actuando a nombre propio, promovió
la acción popular de la referencia solicitando la protección de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, la
seguridad y salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación se eficiente y oportuna.
1
Municipio de Soledad, Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. “Triple A S.A. E.S.P.”,
Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad-
EDUMAS.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRETENSIONES
Primera. Que se declare que los entes demandados, ALCALDÍA DE
SOLEDAD, GOBENACION (sic), C.R.A Y TRIPLE A representada por su
apoderado general, o por quien haga sus veces, en acción u omisión de sus
funciones, ejerce una actividad que implica daño a la vida, de las familias de la
zona de impacto ambiental, contaminación y daño infecto contagioso, a salud
vida de la población y menores de edad; dejando secuelas para toda su vida de
esta zona y al medio ambiente.
Segunda. Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a la empresa
Triple A repare en forma inmediata la falla en la prestación del servicio
conectando las acometidas sanitarias que salen de Villa Linda las Moras y Villa
Merly al cauce del arroyo de Normandía terminado en el cauce del arroyo el
salado en las Nubes; devuelva en recaudo a barrios enteros del cargo básico
de más de 6 años, por falla en el servicio de alcantarillado; refacturar todo lo
recaudado a los barrios que les factura el servicio de alcantarillado por servicios
no prestado y vertido al arroyo el salado y el platanal, dando el trámite de los
artículos 136,137, 137.1, 137.2,137.3 de la ley 142 de 1994; cese, en forma
inmediata, en las actividades de acción u omisión que realiza, con relación a la
no conexión de las acometidas vertidas a los arroyos, junto con devolución de
recaudo de 10 años; y ordene a la Alcaldía de Soledad intervenir negando los
permisos y ocupaciones de construcción en la zona de afección (sic) y
impidiendo la ocupación de familias de manera permanente la afectación
ejecutando junto con la C.R.A la señalización de la zona afectada, el censo y la
indemnización de la afectación por integrante de cada familia por valor de 30
salarios mínimos mensuales, por la afectación por cuenta de empresas, debido
al sufrimiento y secuelas de salud, que ha soportado esos 10 años afectada;
procediendo a realizar el analices contaminante (sic), para luego ejecutar censo,
campañas de salud, fumigaciones y a dotar de elementos preventivos, para
contrarrestar la afectación, como contingencia mientras se solucionan los
vertederos de aguas residuales en esos arroyos entregando las planillas de los
afectados y la administración de la entrega de la indemnización junto con el
seguimiento, al ente Veedor, como garantías de la reparación.
Tercera. Que los entes demandados acaten inmediatamente la orden que su
despacho le imparta y, según lo dispone el artículo 39 de la ley 472 de 1998, se
ordene un incentivo de 100 salarios mínimos mensuales, por ente; en desarrollo
de lo que, para el efecto, determine la sentencia que se profiera en el proceso.
Cuarta. Que la sociedad demandada sea condenada en costas, a sufragar los
gastos del proceso de la gestión veedora que incluya actividades, videos,
planillas, asesorías, informes y demás que invertido el veedor José David
Rodríguez más de 10 salarios mínimos por ente»2.
1.2. Como fundamento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Señaló que, en el municipio de Soledad – Atlántico, las aguas residuales del sistema
de alcantarillado, provenientes de las urbanizaciones cercanas al terminal de
transportes de ese ente, se estarían vertiendo directamente en los arroyos El Salao
y El Platanal sin ningún tipo de tratamiento previo. Esta situación ha ocasionado un
grave problema de contaminación de dichos afluentes, los cuales recorren más de
2
Visible a folios 5 y 6 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
5 kilómetros, generando riesgos significativos para la salud de los habitantes que
residen en las áreas aledañas a su cauce.
Destacó que, aunque en el año 2010 se adelantaron obras de construcción de
colectores sanitarios, estos nunca fueron conectados a los puntos de vertimientos
objeto de controversia. Tal circunstancia, sin embargo, no ha impedido que la
empresa Triple A continúe recaudando la tarifa correspondiente al servicio de
alcantarillado, a pesar de que dicho servicio, en la práctica, no se presta en las
condiciones exigidas por la normatividad vigente.
Señaló que la situación se agrava si se considera que el municipio continúa
otorgando permisos de construcción en la zona, lo que incrementa la población
expuesta a las consecuencias de la contaminación. A ello se suma la inacción de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en adelante CRA), que no ha
desplegado medidas eficaces para contener ni revertir el problema ambiental, lo que
prolonga e intensifica los riesgos a los que está sometida la comunidad.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 12 de octubre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo
de Barranquilla, admitió la demanda y ordenó notificar al municipio de Soledad, a la
Gobernación del Departamento del Atlántico, a la CRA y a la sociedad Triple A S.A.
E.S.P3.
2.2. A través de memorial del 31 de octubre de 2017, el municipio de Soledad
manifestó carecer de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que la
prestación del servicio de alcantarillado en su jurisdicción corresponde de manera
exclusiva a la empresa Triple A. De igual forma, sostuvo que la responsabilidad
frente a los presuntos daños ambientales debía recaer en el Establecimiento de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (en adelante EDUMAS), entidad
que, aseveró, ostenta las competencias en materia de gestión ambiental y
urbanística en ese ente4.
2.3. En escrito del 3 de noviembre de 2017, la señora Shadia Michelle López
Herrera, solicitó ser tenida como coadyuvante de la parte actora5.
3
Visible a folio 67 del Cuaderno del Tribunal.
4
Visible a folios 85 a 93 del Cuaderno del Tribunal.
5
Visible a folio 108 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
2.4. En memorial del 22 de noviembre de 2017, la CRA manifestó que, si bien cuenta
con facultades en materia de gestión ambiental, no ha recibido queja alguna por
parte de los moradores de la zona objeto de controversia, razón por la cual no le era
posible elaborar un informe detallado sobre los hechos allí desplegados. Con todo,
advirtió que, respecto de la intervención de los arroyos El Salao y El Platanal, ha
ejercido sus competencias en el marco de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo
31 de la Ley 99 de 19936.
2.5. Por su parte, la sociedad Triple A manifestó que el origen de los vertimientos
objeto de controversia proviene del barrio El Milagro, sector que carece de redes
formalizadas de alcantarillado y que, en consecuencia, no se encuentra
comprendido dentro del contrato de operación suscrito por esa empresa. Por ende,
adujo que las obras objeto de controversia deben ser efectuadas por el municipio
de Soledad7.
2.6. Entre tanto, el Departamento del Atlántico señaló que, a través de su
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, en el marco del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PAP-PDA), ha formulado diferentes planes de inversión y mejora de la calidad del
servicio. Precisó que, mediante el contrato de obra 01-11-2011-00001, cuyo objeto
fue la «construcción del canal interceptor y de la estructura de desviación del arroyo
El Salao hacia el arroyo El Platanal, municipio de Soledad, departamento del
Atlántico»8, se ejecutaron obras por un valor de $28.376.818.986, consistentes en
la canalización de 2.846 metros en concreto reforzado y la construcción de 2
estructuras hidráulicas rectangulares, las cuales fueron entregadas en un 100 % de
avance y estado de terminación.
Concluyó señalando que no tenía legitimación en la causa por pasiva ya que la
responsabilidad principal en materia de saneamiento básico y en materia ambiental,
corresponden al municipio.
2.7. El 3 de abril de 2018, se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento 9.
2.8. En auto del 3 de abril de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de
Barranquilla vinculó a EDUMAS. No obstante, esa entidad contestó
extemporáneamente la demanda.
6
Visible a folios 109 a 115 ibidem.
7
Visible a índices 132 a 141 ibidem.
8
Visibles a índices 143 a 155 ibidem.
9
Visible a índices 198 a 199 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
2.9. En fallo del 30 de marzo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de
Barranquilla amparó los derechos colectivos. En contra de esa decisión, el señor
José David Rodríguez Romero, la sociedad Triple A, la CRA, el Departamento del
Atlántico y el Municipio de Soledad presentaron recurso de apelación 10.
2.10. En proveído del 6 de diciembre de 2023, la Sala de Decisión Oral «A» del
Tribunal Administrativo del Atlántico invalidó por falta de competencia la
sentencia de primera instancia y en auto del 22 de agosto de 2024, asumió el
conocimiento del asunto11.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 23 de
septiembre de 2024, dispuso:
«FALLA:
PRIMERO. - Ampárese los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
la seguridad y salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna previstos en los literales a) g) y j) del artículo
4° de la Ley 472 de 1998, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO.- Ordénese al Municipio de Soledad, Departamento del
Atlántico y la empresa Triple A S.A. E.S.P. para que en el término de tres (3)
meses contados desde la Ejecutoria de esta providencia, de forma coordinada
y armónica, inicien el trámite y gestiones administrativas requeridas para la
materialización de obras de infraestructuras relacionadas con el saneamiento
básico, en particular el servicio de alcantarillado, en los barrios y urbanizaciones
Villa Linda las Moras (Carrera 15 con Calle 59); Villa Merly (Carrera 16 con Calle
55 y 55 A); Normandía (Carrera 15 C con Calle 46); La Fe (Carrera 15 B con
Calle 46); Manuela Beltrán; Barrio Tajamar; Las Colonias; Puerta de Oro; El
Oasis (Calle 31 D con Carrera 15 D); El Conjunto Residencial Padua; Edificio
Parques de Bolívar (Carrera 30 con Calle 37); Las Nubes (Carrera 15 B con
Calle 46); y el Sector de los Rosales del Municipio de Soledad, y en las
siguientes direcciones del Municipio de Soledad: Carrera 18 con Calle 14,
Carrera 17 con Calle 14 y Calle 37 con Carrera 30 evitando el vertimiento de
aguas residuales en el cauce de los arroyos el Platanal y el Salado, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
TERCERO.- Ordénese a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
“CRA” y el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de
Soledad “EDUMAS” que en el término de tres (3) meses contados desde la
Ejecutoria de esta providencia, de forma coordinada y armónica elaboren e
implemente un plan de saneamiento ambiental y programas de protección
ambiental, sin aún no lo han estructurado, tendiente a la prevención y mitigación
de la contaminación de los arroyos el Platanal y el Salado y los sectores
adyacentes, conforme fue considerado en precedencia.
10
Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI del Tribunal.
11
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
CUARTO. - niéguense las demás pretensiones de la acción popular.
QUINTO.- CONFÓRMESE un comité de verificación que velará por el correcto
cumplimiento de las órdenes impartidas en este fallo el cual será presidido por
el Dr. CARLOS ALBERTO ARRIETA MARTINEZ, en calidad de Procurador 9
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Barranquilla, y estará
integrado además por el accionante José David Rodríguez Romero y los
accionados Departamento del Atlántico – Municipio de Soledad – Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. “Triple A S.A.
E.S.P.” – Corporación Autónoma Regional del Atlántico “CRA” –
Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad
“EDUMAS”.
SEXTO. - Notifíquese esta providencia por telegrama o por otro medio expedito
que asegura su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido
proferida, tanto al accionante como a los accionados, de igual manera
comuníquese al Procurador Judicial Correspondiente.
SÉPTIMO. - Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente»12.
3.2. Para arribar a dicha conclusión, mencionó que los elementos probatorios
recaudados permitían advertir la existencia de una vulneración a los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad pública, así
como al acceso a los servicios públicos y a que estos se presten de manera eficiente
y oportuna. Lo anterior, en tanto las entidades demandadas han omitido cumplir con
sus deberes relacionados con la promoción y ejecución de las obras necesarias
para la descontaminación del cauce de los arroyos El Salao y El Platanal; así como
con el manejo, recolección y tratamiento de los residuos sólidos provenientes de los
sectores colindantes. Igualmente, se dejó de implementar las obras requeridas para
evitar el vertimiento de aguas residuales en dichos afluentes, situación que expone
a la población a riesgos de seguridad y salubridad. Destacó que esa problemática
afecta directamente a los habitantes de los barrios y urbanizaciones Villa Linda, Las
Moras, Villa Merly, Tajamar, Las Nubes, La Fe, San Antonio, Juan Domínguez
Romero, Manuela Beltrán, Puerta de Oro, El Oasis, y el sector de Los Rosales, así
como a los residentes de los edificios Pádua y Bolívar, todos ubicados en el
municipio de Soledad.
Dijo que, en la inspección judicial se dio cuenta que en los puntos que fueron
señalados en la demanda, existe el vertimiento de aguas residuales directamente
en los anotados arroyos, además de materiales sólidos, arrojados por la comunidad
colindante. Circunstancia que también quedaba acreditada en el Informe Técnico
419 de 2018, presentado 6 de mayo de 2019, por el Establecimiento Público
Ambiental de Barranquilla.
12
Visible en el índice 10 del Sistema de Gestión SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Mencionó que, a pesar de que en el PSMV se contempló la instalación de un
colector de aguas residuales, dicha medida no resulta suficiente para solucionar de
manera integral la problemática, en tanto confluyen diversas situaciones que han
desencadenado un deterioro sostenido de los derechos colectivos. Lo anterior se
ve agravado porque, a lo largo de más de 7 años de trámite del presente proceso,
no se han adoptado medidas efectivas para el mejoramiento de la infraestructura
del servicio de alcantarillado, lo que evidencia la persistencia de omisiones en la
gestión de las autoridades competentes y mantiene vigente el riesgo para la salud
y la seguridad de la comunidad afectada.
Finalmente, emitió las órdenes transcritas en el numeral 3.1. de esta providencia.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. La empresa Triple A presentó apelación en contra de la anotada sentencia,
esgrimiendo los siguientes argumentos13:
4.1.1. Manifestó que el actor no cumplió con la carga de probar la vulneración de
los derechos colectivos. Señaló que, a partir de la inspección judicial realizada el 18
de octubre de 2018, no era posible establecer un nexo causal entre los vertimientos
y las afectaciones a la salud alegadas en la demanda. Agregó que con base en esa
experticia no era posible concluir que existe un vertimiento de aguas residuales en
todo el recorrido del arroyo El Salao y El Platanal, máxime cuando solo se visitaron
6 puntos de esos cuerpos de agua.
Añadió que el Informe Técnico 419 de 2018 no se elaboró con base en un recorrido
completo del arroyo El Salao, por lo que dicha prueba no resulta idónea para
evidenciar la existencia de una vulneración de los derechos colectivos. Precisó, que
no se valoró el escrito presentado el 5 de junio de 2019, en el cual esa empresa se
pronunció sobre el citado informe, a pesar de que dicho memorial resultaba
relevante, pues en él se exponían razones que, en su criterio, demostraban la
ausencia de responsabilidad de esa sociedad frente a la presunta afectación de los
derechos colectivos. Por las mismas razones, reprochó que no se hubieran valorado
los testimonios solicitados por esa empresa y que fueron rendidos en el trámite de
instancia.
13
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Resaltó que, en la última evaluación de seguimiento y control efectuada por la CRA,
mediante Auto 824 de 2022, se determinó que la empresa Triple A ha venido
cumpliendo con los planes y programas previstos en el PSMV. En consecuencia, no
se evidenció la comisión de infracción ambiental alguna atribuible a dicha sociedad,
lo cual respalda la continuidad de sus operaciones en el marco de la normatividad
vigente.
4.1.2. Expresó que, si bien es la prestadora de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el municipio de Soledad, lo cierto es que, en el contrato de
concesión suscrito para tal efecto, se estableció expresamente que su obligación se
circunscribe únicamente a la infraestructura que le fue entregada en el marco de
dicho contrato.
Resaltó que las áreas de servicio de esa empresa se encuentran delimitadas por
aquellas zonas en las que el municipio le entregó la infraestructura de alcantarillado
para su operación. De ahí que, el área objeto de controversia se encuentren fuera
del ámbito de su competencia. Mencionó que, además, en la sentencia recurrida se
señalaron unas direcciones que no pudieron ser identificadas, de manera que no
existe claridad respecto de cuáles lugares son objeto de la orden de amparo.
En ese sentido, aludió a las competencias de los entes territoriales en materia de
servicios públicos, señalando que correspondía al municipio de Soledad adoptar las
medidas necesarias para resolver la problemática objeto de atención de la Sala.
Precisó que a dicho ente le incumbía gestionar, en el marco del PSMV, los recursos
para la ejecución de las obras requeridas, en tanto que al prestador del servicio le
correspondía únicamente apoyar con la entrega de los diseños y estudios de
ingeniería necesarios.
Adujo que los vertimientos en los arroyos El Platanal y Salao provienen, en gran
medida, de los generados por barrios subnormales que carecen de redes de
alcantarillado formalizadas, entre los que se encuentran Villa Merly y Las Colinas.
Añadió que, además, contribuye a la problemática el uso inadecuado del sistema
de alcantarillado por parte de la comunidad. Señaló que tales situaciones, por su
naturaleza, deben ser objeto de control y seguimiento por la autoridad ambiental.
Resaltó que, si bien la CRA no tiene la obligación de prestar directamente el servicio
público de acueducto y alcantarillado, sí le compete, en coordinación con los entes
territoriales, la ejecución, administración, operación y mantenimiento de programas
de desarrollo sostenible, así como la realización de obras de infraestructura
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
necesarias para la defensa, protección, descontaminación o recuperación de los
recursos naturales renovables.
4.2. El municipio de Soledad interpuso recurso de alzada con base en las
siguientes consideraciones:
4.2.1. Alegó que no se aportaron pruebas contundentes que acrediten que ese ente
está vulnerando los derechos colectivos y que, por ende, sea el llamado a responder
por la prestación de los servicios públicos.
Refirió que, para la materialización del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente
al periodo 2024-2027, se establecieron proyectos y actividades orientadas a la
canalización de arroyos y al mejoramiento de algunos ya existentes. Añadió que no
es cierto, que durante el trámite de la acción popular no se hubieran adelantado
gestiones tendientes a mejorar el entorno del arroyo El Salao, pues para el año 2022
las obras ejecutadas por la CRA, relacionadas con su canalización, presentaban un
avance del 93 %, lo que evidencia la existencia de actuaciones concretas
encaminadas a mitigar la problemática ambiental de la zona.
Mencionó que en la sentencia se valoró una inspección judicial realizada en el año
2018, sin tener en cuenta que esta resultaba desactualizada frente a la decisión
adoptada en 2024. Lo anterior, pues para ese momento ya se habían iniciado
labores de limpieza de los arroyos que cruzan el municipio de Soledad, a cargo de
la administración municipal y de la empresa EDUMAS, actuaciones que no fueron
ponderadas al momento de resolver el fondo del asunto.
Anotó que tampoco se tuvo en cuenta que la CRA entregó a la comunidad la
recuperación paisajística del arroyo el Salao y su afluente, medida que benefició a
240 familias que habitan en viviendas que colindan con el cauce del arroyo.
Así, resaltó que no se acreditó vulneración alguna de los derechos colectivos
atribuible a ese ente, razón por la cual solicitó la revocatoria de la sentencia
recurrida.
4.2.2. Anotó que no es responsable de la vulneración de los derechos colectivos,
toda vez que la empresa Triple A es la encargada de prestar el servicio público de
alcantarillado en el municipio de Soledad. Agregó que, en todo caso, los presuntos
daños ambientales deben ser asumidos por EDUMAS y por la CRA, en el marco de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
las competencias que les han sido asignadas en materia ambiental y de
saneamiento.
4.3. A su vez, el Departamento del Atlántico indicó que carece de legitimación
en la causa por pasiva para comparecer al proceso, toda vez que la responsabilidad
en materia de saneamiento básico corresponde al municipio, y que, además, la
empresa Triple A es la entidad encargada de la prestación del servicio de
alcantarillado en esa zona.
4.3.1. De otro lado, manifestó que ha ejecutado obras en cumplimiento de sus
funciones de complementariedad frente a la acción municipal, entre ellas, la
construcción del canal interceptor y de la estructura de desviación del arroyo El
Salao hacia el arroyo El Platanal, proyecto que se desarrolló entre los años 2011 y
2013.
4.4. Finalmente, la CRA interpuso recurso de alzada de forma extemporánea.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA14
4.1. Mediante auto del 2 abril de 2025, el Despacho Sustanciador admitió los
recursos de alzada impetrados por Triple A, el municipio de Soledad y el
departamento del Atlántico. Asimismo, rechazó por extemporánea la alzada
radicada por la CRA.
Además, se ordenó dar traslado de los enlaces electrónicos allegados por el
municipio de Soledad en su escrito de apelación, con los cuales buscaba demostrar
el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia.
4.2. La sociedad Triple A descorrió el traslado de los mencionados documentos,
advirtiendo que el municipio de Soledad pretendía desligarse de su responsabilidad
en la protección de los derechos colectivos. Lo anterior, a pesar de que, conforme
al Acuerdo 00015 de 2024, corresponde a ese ente territorial la canalización de los
arroyos y que, en virtud del Acuerdo 152 de 2012, se estableció que EDUMAS debía
ejecutar obras o proyectos orientados a la descontaminación de las corrientes.
14
Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de protección de los derechos
e intereses colectivos.
7.2. Planteamiento
Así las cosas, se evidencia que el debate en esta instancia se centra en los
siguientes puntos: (i) la vulneración de los derechos colectivos y (ii) la
responsabilidad de las entidades demandadas en dicha circunstancia.
En efecto, en primer lugar, para la sociedad Triple A no se acreditó la vulneración
de los derechos colectivos, por las siguientes razones: (a) el demandante no
cumplió con su carga procesal de demostrar la existencia de la afectación alegada;
(b) la inspección judicial y el Informe Técnico 419 de 2018 carecen de idoneidad
para reflejar el estado real de los arroyos; (c) no se valoraron debidamente el escrito
mediante el cual la empresa descorrió el traslado del citado informe ni los
testimonios solicitados en primera instancia, que a su juicio habrían demostrado la
ausencia de responsabilidad de esa sociedad en los hechos objeto de debate; y (d)
Triple A ha venido cumpliendo con las obligaciones impuestas en el marco del
PSMV. A su turno, para el municipio de Soledad: (e) no se allegaron pruebas que
acreditaran de manera suficiente la vulneración de los derechos colectivos, y (f) se
dio un peso determinante a una inspección judicial practicada en 2018, la cual
resultaba desactualizada, toda vez que en la actualidad se han ejecutado obras de
canalización y limpieza de los arroyos. Asimismo, el departamento del Atlántico
anotó que sí ha efectuado obras para superar la mencionada problemática. Por el
contrario, para el Tribunal estaba probado el desconocimiento de los derechos
colectivos, en la medida en que la inspección judicial y el Informe Técnico 419 de
2018 permitían concluir que se estaban arrojando basuras y aguas residuales en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
los arroyos El Salao y El Platanal, situación que incidía en la contaminación de
dichos afluentes y en la afectación de la comunidad residente en sus alrededores.
De otro lado, sobre el segundo punto, la sociedad Triple A sostuvo que no es
responsable de la vulneración de los derechos colectivos porque: (a) en el contrato
de concesión se estableció que su operación se limita a las áreas que cuentan con
infraestructura de alcantarillado, (b) la competencia en materia de prestación de
servicios públicos domiciliarios recae en los municipios y departamentos, y (c) la
problemática ambiental debía ser abordada por la CRA. Por su parte, el municipio
de Soledad adujo que la responsabilidad para superar la controversia recaía en la
empresa Triple A, en su calidad de prestadora del servicio de alcantarillado, y que
los daños ambientales debían ser asumidos por EDUMAS y la CRA. A su turno, el
departamento del Atlántico señaló que los responsables eran tanto la sociedad
Triple A como el municipio de Soledad. En contraposición, el Tribunal concluyó que
dichas entidades debían concurrir en el cumplimiento de los mandatos adoptados
en la sentencia recurrida, toda vez que no habían desplegado acciones suficientes
para solventar la vulneración de los derechos colectivos.
7.3. De la controversia sobre la vulneración de los derechos colectivos
Se deberá establecer, en primer lugar, si es cierto que en la zona objeto de
controversia existe una problemática de vertimientos de aguas residuales en los
arroyos El Platanal y El Salao. En caso de verificarse tal circunstancia,
corresponderá determinar si ello configura una vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, así
como al acceso a los servicios públicos y a que estos sean prestados de manera
eficiente y oportuna.
A efectos de resolver dicho interrogante, se aludirá al material probatorio relevante
obrante en el plenario.
A) Documento denominado «ORGANISMOS PRESENTES EN LAS AGUAS
RESIDUALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD HUMANA»15, en el que se expuso:
«BACTERIAS:
Salmonella typhi: produce fiebre tifoidea: síntomas: fiebre, tos, náuseas, dolor
de cabeza, vómito, diarrea.
15
Visible a folio 13 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Shigella: síntomas: diarrea con sangre, fiebres altas, retortijones, pujo intenso e
incluso convulsiones.
Vibio cholerae: síntomas: diarrea acuosa, vomito, deshidratación.
Leptospira: produce la leptospirosis.
VIRUS:
Enterovirus: síntomas: vomito, dolor abdominal, encefalitis, enfermedades
respiratorias, meningitis, iperanginas, conjuntivitis.
Astrovirus: síntomas, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, fiebre.
Virus de la hepatitis A: síntomas: cansancio, debilidad muscular, problemas
gastrointestinales, con vómito, o síntomas parecidos a la gripa, como dolor de
cabeza, escalofrió y fiebre, sin embargo, los síntomas más llamativos de esta
enfermedad es la ictericia, es decir, el cambio de color que se produce en los
ojos y en la piel.
Además de las bacterias y los virus se pueden encontrar en las aguas residuales
gran variedad de protozoos y metazoos de carácter patógeno para el ser
humano, el más peligroso es la Entamoeba histolytica responsable de la
disentería amebiana, la Giardia lamblia, causante de la giardiasis que provoca
trastornos intestinales, flatulencia, diarrea y malestar general. Los agentes
infecciosos de estos parásitos tienen gran resistencia a la desinfección con
cloro.
También se puede encontrar Helmitos como tricocéfalos, oxiuros, Áscaris
lumbricoides, teia solium etc»16.
B) Contrato de obra 01-11-2011-000001 del 8 de febrero de 2011 y cuya fecha
de finalización fue el 26 de diciembre de 2013, suscrito entre el Departamento del
Atlántico con la Unión Temporal Arroyo El Salao, cuyo objeto era la «construcción
del canal, interceptor y de la estructura de desviación del arroyo El Salao hacía el
arroyo El Platanal en el Municipio de Soledad - Departamento del Atlántico»17.
Además, obra en el plenario copia de un resumen ejecutivo de una obra
denominada «construcción del sifón invertido en el cruce del canal interceptor al
lado del puente de soledad 2000 y construcción del colector la ilusión, del municipio
de Soledad – Departamento del Atlántico»18
C) Petición con radicado 20170500401432 del 10 de julio de 2017, mediante la
cual el actor popular denunció que, por más de 5 años, se habían vertido aguas
residuales en los arroyos El Salao y El Platanal, sin que hasta ese momento se
hubieran adoptado medidas eficaces para remediar dicha situación. Señaló,
además, que esta problemática afectaba directamente a los residentes ubicados en
el tramo comprendido desde el barrio Manuela Beltrán hasta Las Moras, quienes
16
Ibidem.
17
Visible a folios 161 a171 del Cuaderno del Tribunal.
18
Visible a folios 172 a 182 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
padecían las consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de los
vertimientos19.
En ese mismo sentido, fueron radicados memoriales ante la Alcaldía de Soledad 20,
la CRA21 y la empresa Triple A22.
D) Memorial del 17 de agosto de 2017, con radicación 20175000003401, en el que
la Gobernación del Departamento del Atlántico, expuso:
«Cordial saludo.
En atención a lo solicitado en el oficio del asunto le informamos que el
vertimiento de aguas residuales que descargaba en el arroyo El Platanal a la
altura de la calle 30, fue erradicado desde el pasado 8 de agosto de 2017, esto
se pudo lograr luego de que la Triple A, adecuara unos empalmes finales en el
colector que lleva estas aguas a la estación. Estas son obras de gran
envergadura las cuales requirieron grandes esfuerzos administrativos y
financieros para consecución de recursos, adicional a las complicaciones
constructivas por las profundidades que se manejaron y el nivel de aguas
freáticas por la cercanía de la estación El Porvenir, al Río Magdalena. Anexo
registros fotográficos del antes y el después de la descarga del colector
Manuela Beltrán, donde se observa la estructura de descarga sin vertimiento.
En lo que respecta a la delimitación ambiental de la franja del arroyo, son
actividades propias de la autoridad ambiental de Soledad EDUMAS y de la
CRA, a quienes solicitaremos realicen las evaluaciones pertinentes
relacionadas con su solicitud y a quienes enviaremos copia de la misma.
Igualmente enviamos su solicitud a la empresa Triple A, para que revise el tema
relacionado con el cobro del servicio de alcantarillado que usted manifiesta»23.
E) Petición del 23 de octubre de 2017, en la que el demandante respondió lo que
sigue a la Gobernación del Atlántico:
«El objeto de la petición radicada estaba dirigida a declarar la perturbación
ambiental, que ejerce afectación de malos olores infectocontagiosos (sic) de las
aguas residuales que se lanzaron hace 10 años a los causes de los arroyos de
aguas lluvias provenientes de la urbanización VILLA LINDA LAS MORAS y
demás inmuebles, cerca del terminal de transporte de Soledad; contaminando
19
Visible a folios 14 a 15 del Cuaderno del Tribunal.
20
Visible a folios 18 a 19 ibidem.
21
Visible a folios 31 33 ibidem.
22
Visibles a folios 40 a 43 ibidem.
23
Visible a folio 73 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
a una comunidad de más de 10 barrios en donde la Gobernación y otras
instituciones realizo (sic) obras sin que se terminara los empalmes de estos
alcantarillados, del cual se terminó el plazo, sin respuesta y solución, en el que
se peticiono la mora prolongada de más de 5 años, en que se continua vertiendo
aguas residuales al arroyo el Salado y el platanal DESDE VILLA LINDA LAS
MORAS, que tiró sus aguas negras al cauce del arroyo que sale por los barrios
Puerta de Oro, pasa por Villa Merly, atraviesa el barrio Normandía y continúa
por Padua para salir a el barrio La Fe y continuas por Manuel Beltrán a su
desembocadura con un tramo de más de 5 kilómetros»24 (Subrayas de la Sala).
F) Declaración del señor Juan Wilfrido Acosta Salazar en su calidad de gerente
suplente de la sociedad Triple A:
«Magistrado: Sírvase el declarante manifestar el Despacho si usted conoce
¿cuál es la situación ambiental que originó la presente acción popular en
relación con el vertimiento de aguas residuales a los caños que refiere la acción
popular? Responde testigo: Sí señor. Pregunta magistrado: ¿qué me
medidas ha adoptado dentro de las obligaciones y deberes de la sociedad Triple
A para darle solución a las denuncias que se hacen en la acción popular sobre
la vulneración de los derechos colectivos? Responde testigo: Como el origen
de los vertimientos son por sectores que no cuentan con redes de
recolección de aguas servidas, la empresa ha apoyado al municipio o a las
entidades que pueden aportar recursos para darle solución a la problemática
ambiental ocasionada sobre los arroyos El Platanal y El Salao. Pregunta
magistrado: ¿en qué consiste ese apoyo? Responde testigo: se elaboran
proyectos para que las entidades puedan gestionar recursos ya sea si los tienen
o ante otros entes territoriales para poder normalizar el sistema de recolección
a las redes existentes en el municipio. Pregunta magistrado: ¿Qué medidas
ha adoptado la Triple A para solucionar las denuncias que se hacen por la
vulneración a los derechos colectivos en relación con las aguas residuales que
son vertidas en los arroyos a que hace mención la demanda? Responde
testigo: como le manifestamos anteriormente, lo que hacemos es por solicitud
del municipio, le entregamos los proyectos para que se puedan construir las
redes para que se puedan eliminar los vertimientos. Pregunta el actor popular:
En soledad hay una serie de derrames residuales, se aprovechó los canales de
aguas para vertirles aguas residuales, sobre todos los de Villa Linda – Las
Moras, en el que se presenta el derrame mayor, recorre hasta Normandía,
afectando a toda la comunidad, ¿qué acciones ha hecho la empresa respecto
de las afectaciones a la salud de los habitantes ribereños? Responde testigo:
esos vertimientos que tu mencionas son originados por sectores que no cuentan
con redes de alcantarillado, entonces las descargas de aguas servidas corren
por la vía y se dirigen hacía esos cuerpos de aguas, esos sector que tu
mencionas de Villa Linda y Villa Merly vienen de aguas arriba y pasa por debajo
de esa urbanización y lo que se requiere es que a esos sectores se les instalen
redes de recolección que se conecten a nuestras redes, las cuales en su
mayoría se han venido instalado por el municipio o con apoyo con recursos de
la Gobernación pero no es responsabilidad de Triple A realizar esas obras,
porque nosotros somos apenas un operador y no recibimos una tarifa para
aumentar la cobertura en sectores que no están normalizados»25 (Subrayas de
la Sala).
G) Declaración del señor Abad David Sarmiento González, quien funge como
subgerente de redes de alcantarillado, quien señaló:
«Magistrado: Si usted tiene conocimiento de los hechos de la presente acción
popular, por favor haga un relato de lo que le conste. Testigo: entiendo que
24
Ibidem.
25
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
esta acción popular tiene que ver con vertimientos de aguas residuales a los
canales de los arroyos de El Platanal y el Salao, el conocimiento que tengo al
respecto como funcionario de la empresa Triple A, pues es todo lo que se ha
venido adelantando en materia de obras y soluciones a la problemática de
vertimientos existentes en este sector, la empresa desde que tomó la concesión
en este municipio ha venido desarrollado una serie de actividades tendientes a
eliminar y resolver el problema de vertimientos en el municipio en coordinación
con el municipio, la Gobernación, la CRA, en la que se han planteado soluciones
desde hace mucho tiempo, tendientes a eliminar estos vertimientos, para llevar
a cabo esas actividades, existe un documento, denominado PSMV, en el cual
se plasman las actividades obras, presupuestos, para eliminar en el transcurso
del tiempo los vertimientos identificados en coordinación con las autoridades
ambientales, es así como desde el año 2006, se inició un proyecto que incluía
la estación de bombeo el porvenir, que ahora es la de mayor importancia, para
poder iniciar con el proceso de saneamiento (…) esas obras se terminaron
después de muchos inconvenientes en 2016, y el colector Manuela Beltrán
inició operación en 2017, y ahí se eliminó un vertimiento de gran magnitud que
estaba ubicado en la calle 30 en la intercepción del arroyo El Platanal, este
vertimiento tenía muchos años de estar ahí, inclusive antes de que la Triple A
asumiera la operación de los sistemas de alcantarillado del municipio de
Soledad y ahí llegaban las aguas residuales en primera instancia (…)
posteriormente, con el crecimiento del municipio en barrios subnormales como
Villa Lozano, Villa Merly, Los Fundadores, entre otros, y que no tenían solución
de alcantarillado porque no existían los colectores, ni las tuberías para disponer
esas aguas de manera controlada en el cuerpo receptor, a lo largo del tiempo
se han venido ejecutando obras en esos sectores, en el sector de la Colonia ya
gran parte tiene redes de alcantarillado instaladas por el municipio de Soledad,
en Villa Zambrano, Villa Merly, inclusive, y en este momento estamos
recibiendo, porque se requieren obras para conectarlas a las redes de
alcantarillado.
Otro tema, son los vertimientos directos sobre el arroyo El Platanal que
corresponden a muchas casas o personas que tienen tuberías conectadas al
arroyo, otro sector que tiene vertimientos, que es el sector de Los Rosales,
arriba de Villa Linda y que tiene un vertimiento al arroyo, esos son en términos
generales los vertimientos»26 (Subrayas de la Sala).
En similar sentido, declaró el señor Carlos Orlando Juliao Arizmendi, quien es
trabajador de Triple A, quien aseveró conocer que en el municipio de Soledad
existían problemas de saneamiento básico. Particularmente se destaca:
«Pregunta magistrado: Sírvase manifestar si en relación con los derechos o
intereses colectivos que se dicen vulnerados, entre los cuales están los manejos
de las aguas residuales si ello no lleva consigo la vulneración de los derechos
a la salud. Responde testigo: evidentemente un arroyo con aguas residuales,
porque allá evidentemente existe eso, presuntamente se podría decir que a
determinadas distancias, y hay que hacer los respectivos monitoreos para
verificarlo pueda haber una afectación a la salud, por temas respiratorios, el
tema del olor es un tema de percepción, el olor no necesariamente enferma a
nadie pero sí por el tema de partículas viables en el ambiente, pero hay que
hacer una aclaración, eso existe ahí, ese es el problema de saneamiento
básico, mientras no existan esas redes, van a existir esos vertimientos,
precisamente en eso consiste el saneamiento básicamente, seguramente si se
hace un muestreo de partículas viales, que no está asociado al olor sino más
bien, que pueda haber una afección de particular que pueda enfermar a una
persona, pero toca hacer el estudio correspondiente, pero ese es un problema
derivado de que no hay cobertura de servicio»27
26
Ibidem.
27
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
H) Inspección judicial celebrada el 18 de octubre de 2018, en la que se
encontraron vertimientos sin tratamientos en los cuerpos de agua objeto de
controversia en los siguientes puntos: (a) en el puente sobre el arroyo El Salao, (b)
Calle 31 D con Carrera 15 D, en el barrio el Oasis, (c) Carrera 15 B con Calle 46
sobre el puente las nubes, (d) el barrio Normandía y (e) el sector de Villa Merly y
Villa Linda.
I) Documento denominado «informe de encuestas e investigaciones de daño
ambiental por malos olores de aguas residuales de ribereños de canales de aguas
lluvias desde villa linda las moras de Soledad hasta la ciénega de Cavica» 28, en el
que se sostuvo:
«PRESENTACION (sic)
En Soledad Atlántico, hace más de 10 años, se viene tirando aguas negras en
los canales de aguas lluvias; las cuales son nocivas para la salud y vida de las
familias que habitan de las viviendas que se encuentran directamente
asentadas a lo largo de estos canales de aguas lluvias y las viviendas que
indirectamente se encuentran frente a las viviendas nombradas.
El Psicólogo Social José David Rodríguez, ejecutó la tarea de visitar y planillas
(sic) cada vivienda afectada directamente; y cuantificar las viviendas afectadas
indirectamente; observando la afectación de salud en las familias afectadas
directamente, por los nocivos malos olores del correr de estas aguas, desde su
nacimiento en la pared posterior de la urbanización Villa linda Las Moras hasta
su desembocadura en Ciénaga de Cavica.
En su observación encontró que la mayoría de los habitantes de esta zona
contaminada, presentaban afección en la piel, piernas escamadas manchas y
culebrillas en el cuerpo, lo mismo que encontró personas sufriendo de diarreas
cólicos estomacales parasitarios. Por ultimo (sic) encontró personas afectadas
de enfermedades respiratorias y gripas constantes y alergias y en el sector del
barrio Normandía encontró varios casos de bronconeumonía.
DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN
Se encuesto (sic) a lo largo del recorrido de estos canales de aguas lluvias
utilizadas para aguas residuales los siguientes barrios desde su yacimiento en
Villa Linda las Moras: el barrio, PUERTA DE ORO, VILLA VIOLA, LAS
COLONIAS, LAS COLONIAS SUR, LAS COLONIAS 2, VILLA MERLY,
NORMANDIA, TAJAMAR, TAJAMAR SEGUNDA ETAPA, LA FE, CONJUNTO
RECIDENCIAL (sic) EDIFICIOS BOLIVAR, LA FLORESTA, ENVIGADO,
PUMAREJO, JUAN DOMINGO ROMERO»29.
J) Resolución 578 de 2017, emitida por la CRA, «por medio de la cual se
aprueba el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para el sistema de
alcantarillado sanitario del municipio de Soledad correspondiente al periodo 2016-
2016».
28
Ibidem.
29
Visible a folios 385 a 403 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
En dicho acto se identificaron los siguientes vertimientos sobre el Arroyo El
Platanal:
«
»
Además, en ese documento se expuso:
«18.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS (sic) Y
ACTIVIDADES
La prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, hoy día se
encuentra deteriorada por la desbordada tasa de crecimiento poblacional que
presenta por los programas de viviendas informales e invasiones que en su
mayoría son desplazados por la violencia del país.
Adicionalmente existe un número de barrios que no cuentan con los servicios
de acueducto y alcantarillado; y en otros estos servicios es deficiente. Para el
municipio de Soledad la cobertura actual del servicio de alcantarillado es del
73%.
En el municipio de Soledad, el sistema de alcantarillado existente es separativo,
conduciendo las aguas servidas en los cuerpos de agua cercanos, sin que éstas
reciban ningún tipo de tratamiento
(…)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
18.6.1.16 Alcantarillado Sanitario Suroccidente (sic) de Soledad. Barrios
Villa Sol, Villa María, San Vicente del Municipio de Soledad
Debido al crecimiento de la población en el Municipio de Soledad, se han
establecidos (sic) nuevos barrios, los cuales no cuenta (sic) con la
infraestructura de redes secundarias de alcantarillado, por lo tanto, descargan
en la mayoría de los casos las aguas negras generadas por sus viviendas
directamente a las calles. Dentro de esta situación se encuentran los barrios
Villa María, Villa Sol, y San Vicente entre otros, ubicados en el suroccidente de
la mencionada localidad. Se requiere por lo tanto instalar las redes de
alcantarillado sanitario de esta zona»30
Además, se indicaron los siguientes proyectos para el saneamiento del arroyo El
Platanal:
«
»31
K) Informe técnico del 30 de octubre de 2018, elaborado por la empresa
Barranquilla Verde, dentro del trámite de instancia. En ese peritaje se indicó:
«El recorrido inicia a la altura de la carrera 18 con calle 14 10º 54 40. 66 N 74º
46.3.76 O el área inspeccionada corresponde jurisdiccionalmente al municipio
de Soledad y hace parte del área metropolitana de Barranquilla.
En todo el recorrido del arroyo el platanal existen cargas de aguas residuales
domesticas sin tratamiento que llegan hasta su cauce, el cual también presenta
un flujo laminar aguas arriba lo que se comprueba presencia de otras descargas
de aguas a ese arroyo.
30
Visible a folio 471 del Cuaderno del Tribunal.
31
Visible a folio 472 del Cuaderno del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
A pesar de que el flujo del arroyo es intermitente y su mayor flujo se presenta
en épocas de invierno, estas aguas residuales son contaminantes y están
llegando a un cuerpo lagunar y posteriormente al mismo Rio Magdalena
Los sectores donde se evidenció descargas de aguas residuales domesticas
son los siguientes:
• • Barrio o sector el Oasis (Cra 31 con calle 15 D)
• • Sector de Normandía (Calle 41 con Cra 15)
• • Sector las Colonias
• • Sector Puerta de Oro
A lo anterior se suma el manejo inadecuado de residuos sólidos que de igual
forma llegan al arroyo por canales que desembarcan en el mismo, generando
un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de vectores como insectos
voladores, pertenecientes al orden de los dípteros (díptera) y roedores
momorfos de la familia muridae, conocidos vulgarmente como ratas
(…)
Pero evidentemente las aguas que se vierten al arroyo platanal no están siendo
tratadas, lo que implica que estas sean propensas a generar los impactos
ambientales negativos que señalamos anteriormente. Entonces, en aras de
garantizarle a esa comunidad el derecho constitucional de vivir en un ambiente
sano, se debe conminar tanto al operador del servicio de alcantarillado en el
municipio de soledad, como a la alcaldía Municipal a fin de que minimice estos
impactos.
(…)
En este orden de ideas se hace necesario conminar por parte de la
autoridad competente para que de forma inmediata la Alcaldía Municipal
inicie un programa de sanemelo(SIC) básico en los sectores que carecen
de sistema de alcantarillado y de igual forma la empresa que opera el
servicio de alcantarillado en el Municipio de Soledad elimine el vertimiento
(descarga de ARD) existentes sobre el cauce del arroyo el Platanal y los
demás sectores señalados en este informe que no figuran en el Plan de
Saneamiento y Manejó de Vertimientos (PSMV) del Municipio de Soledad
y aprobado por la Corporación Regional Autónoma del Atlántico»32
(Subrayas y negrillas de la Sala).
L) Memorial del 5 de junio de 2019, en el que la empresa Triple A, anotó lo que
se transcribe sobre el mencionado estudio:
«1.- Con relación al vertimiento indicado en el informe localizado en la Carrera
18 con Calle 14, tiene la dirección equivocada ya que de acuerdo con las
Coordenadas 10° 54’ 40.66”N, 74° 46’ 3.76”O descrita en el mencionado
documento, correspondería a la Calle 18 con Carrera 15. En el PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE
SOLEDAD- PSMV, del municipio de Soledad, se encuentra declarado un punto
de vertimiento identificado con el Número 0926 (ver anexos - PSMV PAG 19),
con coordenadas 10°54’39.82”N, 74°46’5.9”, el cual se encuentra fuera del área
de prestación de servicio ( APS) de la empresa que represento, es decir, que
es la zona de alcantarillado que no fue entregada por el Municipio de Soledad
en operación en virtud al contrato de concesión suscrito, por no contar dichas
zonas con redes normalizadas. Es de anotar, que en el PSMV presentado por
la empresa que represento fue registrado el vertimiento No. 0926 a fin de que
se tuviese claridad que el manejo del mismo por su condición de barrio
32
Visible a folios 493 a 494 ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Subnormal le compete a la entidad territorial y no a la empresa prestadora de
servicios públicos domiciliarios.
Para Eliminar (sic) este vertimiento, se requiere la construcción del Colector 15
de Agosto, el cual se viene construyendo con recursos del municipio de
Soledad, dadas sus competencias legales con respecto al tema.
2.- Con relación al vertimiento mencionado con dirección carrera 31 con calle
15D, esta se encuentra errada, por lo que suponemos que corresponde al
vertimiento del barrio el Oasis, calle 31ª con carrera 15D, declarado en el PSMV,
con el número 0923 (ver anexos - PSMV PAG 19), el cual se eliminará con la
construcción del proyecto Estación Elevadora El Oasis, cuyas obras fueron
contratadas por la empresa Triple A de Barranquilla S.A.E.S.P, sin embargo por
problemas de destrucción de los taludes del arroyo El Platanal, en el sector
donde se ubicará la estación, el contrato se encuentra actualmente suspendido.
3.- Con relación al vertimiento Calle 41 con carrera 15, no se encuentra
vertimiento registrado con esta dirección, por el cual mi representada deba
pronunciarse.
(…)
4.- Con relación a los vertimientos Sector Las Colonias y la Puerta de Oro.
Corresponde a vertimientos de los barrios las Colonias II, La Alianza, Villa Viola
y la Puerta de Oro. Estos vertimientos se encuentran declarados en el PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV, con los Números
0940 y 0943, los cuales serán eliminados con el Proyecto Instalación de redes
de alcantarillado faltantes en el sector Las Colonias: Barrios Las Colonias II, La
Alianza y Villa Viola, proyecto que está descrito en el PSMV para su ejecución
por parte del Municipio de Soledad, lo cual está previsto para el año 2020 según
cronograma de trabajos.
5.- Con respecto a la disposición de residuos Sólidos en el lecho del arroyo El
Platanal, aclaramos que la empresa Triple A de Barranquilla S.A.E.S.P solo
presta el servicio de ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO en el municipio de
Soledad, el servicio de Aseo lo presta la empresa INTERASEO S.A.E.S.P
siendo dicha entidad la competente para pronunciarse con respecto al tema de
prestación del servicio en mención.
Cabe resaltar (sic), que necesariamente dentro del proceso de operación de
cualquier Sistema de Alcantarillado, van existir vertimientos que son propios del
sistema concesionado, pero los mismos están contemplados dentro del PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS aprobado por la autoridad
ambiental mediante Resolución No. 578 del 2017 de la CORPORACION
REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA (ver anexos), por lo tanto mal podría
afirmar el profesional que rindió el informe técnico que mi representada no está
garantizando la prestación de los servicios públicos domiciliarios bajo las
condiciones técnicas y legales previstas, puesto que dichos vertimientos se
encuentran debidamente declarados ante las autoridades competentes y que
hasta la fecha TRIPLE A DE BARRANQUILLA S.A.E.S.P viene cumpliendo con
el cronograma de actividades de saneamiento planteados en el PSMV.
(…)
7.- Por último, se requiere aclarar al despacho, que los vertimientos por fuera
del PSMV, realizados por viviendas directamente al arroyo y vertimientos de
sectores subnormales que no cuenten con infraestructura para prestar el
servicio, no son competencia de la empresa prestadora del servicio,
correspondiéndole esta obligación a las autoridades competentes y del
Municipio de Soledad de tomar las medidas legales pertinentes.
Es tanto el compromiso que tiene mi representada, con respecto al tema, que
no solo ha declarado los vertimientos antes descrito (sic), sino que viene
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
ejerciendo las acciones requeridas, con las cuales ha logrado además la
eliminación de vertimientos a los cuerpos de aguas dentro del APS en el
municipio de Soledad, lo cual permanentemente venimos notificando a la
CORPORACION REGIONAL DEL ATLANTICO – CRA.
A fin de ilustrar al despacho, sobre lo antes señalado, adjunto copia del
INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD»33 (Subrayas
de la Sala).
M) Documento denominado «informe para el seguimiento y control del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Soledad II Semestre de
2018»34, en el que se indicó que, en los siguientes sectores del ente territorial, se
ha llevado a cabo la reposición de las redes de alcantarillado:
«
»35
N) Inspección ocular llevada a cabo por la Secretaría de Obras Públicas de la
Alcaldía Distrital de Soledad, en cumplimiento de la medida cautelar decretada en
primera instancia, en cuyas conclusiones se expuso:
« DE TODO LO ANTERIOR SE PUEDE CONCLUIR LO SIGUIENTE:
• EL NACIMIENTO DEL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EMANA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA LINDA LAS MORAS
• SE HACE NECESARIO REQUERIR A LA EMPRESA TRIPLE A ESP,
PARA QUE APORTE AL PLENARIO LAS EXPLICACIONES DEL
VERTIMIENTO DE AGUAS NEGRAS A UN CANAL DE AGUAS
LLUVIAS
33
Ibidem.
34
Visible a folio 596 del Cuaderno del Tribunal.
35
Visible en el índice 162 del expediente digital del Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
• REQUERIR AL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA LINDA LAS
MORAS, PARA QUE INDIQUE LAS EXPLICACIONES DEL CASO.
• COMPULSAR COPIAS AL EDUMAS PARA QUE INICIE LAS
ACCIONES DE RIGOR»36
Además, en el marco de dicha medida, en el mes de junio de 2019, EDUMAS llevó
a cabo jornadas de concientización y sensibilización sobre el manejo adecuado de
los vertimientos y de los residuos sólidos.
O) En Auto No. 824 del 24 de octubre de 2024, la CRA requirió al municipio de
Soledad y a la empresa Triple A para que actualizaran el PSMV de esa ciudad.
P) Noticia extraída del link “En un 93% avanzan obras de canalización de arroyo
el Salao en Soledad - Corporación Autónoma Regional del Atlántico”, en la que se
señala que en un 93 % avanzan las obras de la canalización del arroyo El Salao –
Soledad.
Q) Noticia del 14 de febrero de 2024, extraída del enlace “El Edumas lidera
esfuerzos para la limpieza de arroyos en Soledad: alcaldesa encabeza intervención
en El Platanal - Edumas”, en la que se señala que Edumas lidera esfuerzos para la
limpieza del arroyo El Platanal.
7.3.1. En ese orden de ideas, resulta evidente que en este asunto se encuentra
plenamente acreditada la vulneración de los derechos colectivos. En efecto, como
se constató, el acervo probatorio obrante en el expediente demuestra que en los
arroyos El Salao y El Platanal existe una contaminación manifiesta, derivada de las
descargas de aguas residuales sin tratamiento alguno, provenientes de las
urbanizaciones aledañas a dichos cuerpos hídricos, las cuales no se encuentran
conectadas a las redes de alcantarillado.
En efecto, en la inspección judicial de 2018 y los informes técnicos elaborados por
entidades como Barranquilla Verde y la CRA, se constató la existencia de descargas
de aguas domésticas sin tratamiento en múltiples puntos de los mencionados
cuerpos hídricos, así como la proliferación de vectores asociados a la inadecuada
disposición de residuos sólidos. Aspecto que fue corroborado en los testimonios de
los funcionarios de la empresa Triple A. En igual sentido, obran en el expediente
múltiples denuncias ciudadanas y peticiones presentadas ante autoridades locales
y regionales, en las que se puso de presente la permanencia de los vertimientos y
sus efectos sobre barrios como Villa Linda, Las Moras, Normandía, entre otros,
36
Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
De otro lado, si bien se acreditó la ejecución de acciones por las entidades
demandadas, dichas medidas no resultaron suficientes para superar integralmente
la problemática, toda vez que no se probó que en la zona objeto de controversia ya
se hubieran construido las redes de alcantarillado con las que se impida la descarga
de aguas residuales en los arroyos El Platanal y el Salao. Por ende, es evidente que
inclusive con la revisión de las pruebas señaladas como omitidas en los recursos
de apelación de la sociedad Triple A, el municipio de Soledad y el Departamento del
Atlántico, es dable llegar a la misma conclusión a la que arribó el Tribunal, esto es
que existe un grave problema de contaminación en el citado sector.
En suma, la Sala concluye que la contaminación generada por los vertimientos de
aguas residuales en los arroyos El Salao y El Platanal vulnera los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública y al
acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y oportunidad. Ello es
así, pues el deterioro de la calidad del agua, la proliferación de vectores, los malos
olores y las afecciones a la salud documentadas en la comunidad ribereña
evidencian un menoscabo sustancial del equilibrio ecológico y de las condiciones
mínimas de habitabilidad de los sectores afectados.
7.4. De la controversia sobre la responsabilidad de la sociedad Triple A
Al respecto, tendrá que dilucidarse si la empresa de servicios públicos Triple A
vulneró los derechos colectivos invocados por el accionante, por la ausencia de
prestación del servicio de alcantarillado en los barrios subnormales del municipio de
Soledad que descargan aguas servidas en los arroyos El Salao y El Platanal.
A efectos de resolver dicho aspecto, es menester señalar que uno de los pilares
fundamentales perseguidos por el Constituyente de 1991 fue el de asegurar que la
adopción del Estado Social de Derecho consiguiera la prevalencia del interés
general, aspecto éste que se vislumbra desde el artículo primero Superior, veamos:
«Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general». (Subrayas de la Sala).
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado tal aspecto a partir de la concepción
de los servicios públicos como instrumento para alcanzar dichos fines. La siguiente
sentencia es muestra de ello:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
«El concepto de servicio público ha sido objeto de un permanente desarrollo
ligado a la constante evolución de la situación política, económica y social del
mismo Estado. En el momento actual, no ha presentado una modalidad estática,
sino cambiante y adaptable a la praxis económica y social, así como
consecuente con el permanente avance de sus contenidos, entendiéndose el
mismo, en el ámbito jurisprudencial y doctrinario, como aquellas actividades que
el Estado tiene el deber de prestar a todos los habitantes del territorio nacional,
de manera eficiente, regular y continua, en igualdad de condiciones, en forma
directa o mediante el concurso de particulares, con el propósito de satisfacer
necesidades de interés general que la sociedad demanda»37. (Subrayas de la
Sala).
Dentro de la estructura de la Carta Fundamental los servicios públicos han sido
concebidos como actividades indispensables para alcanzar las finalidades
propuestas en el mencionado precepto, pues expresamente han sido plasmados
como inherentes a la finalidad social del Estado:
«Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita». (Subrayas de la Sala).
El artículo 365 ibidem determina que puede ser el Estado directa o indirectamente,
las comunidades organizadas o incluso los particulares, lo cual sin duda responde
a la asimilación en el entorno nacional de la “crisis de los servicios públicos”38, en
37
Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 1997.
38
Como la mayor parte de las instituciones en materia de derecho administrativo lo concerniente a los servicios públicos tiene
su principal origen en Francia. En efecto, el primer antecedente conocido se remonta a la existencia de un servicio real de
correos organizado por Luis XI en 1464, que consistía en la ubicación de caballos en distintas partes del reino para facilitar
las comunicaciones.
Posteriormente, y luego de otros vestigios históricos sobre el particular, viene el conocido Fallo Blanco, que permite evidenciar
elementos nuevos en el derecho administrativo a partir de circunstancias especiales que ameritaban un tratamiento
igualmente específico dada la necesidad de entender el servicio público como parte de esa rama del derecho.
Lo anterior justificaba entonces la existencia de una jurisdicción especial, lo cual fue aún más concluyente como quiera que
también se evidenciaba como nota característica de esa actividad el ejercicio de las potestades exorbitantes o puissance
publique.
Más adelante, los fines sociales y solidarios terminaron por legitimar aún más la consolidación del concepto de servicios
públicos dentro de la concepción de derecho administrativo, todo lo cual explicó de manera más clara la esencia de los
servicios públicos y su consagración normativa. Sin duda, la determinación de si se estaba en presencia de un servicio público,
dependía no sólo de definir si estaba ejerciendo autoridad pública, sino que además se sujetaba a que estuviera de por medio
la necesidad de garantizar el interés general.
Pues bien, el rumbo de toda esa corriente doctrinal y jurisprudencial francesa cambió cuando se propició la participación del
Estado en actividades que no correspondían a la esencia material del mencionado concepto de servicios públicos,
apareciendo lo que se conoció como la “crisis del servicio público”, dada la división alcanzada en ese país entre los llamados
servicios públicos administrativos y los servicios públicos industriales y comerciales.
El énfasis en la inestabilidad de la noción de servicio público logró su mayor punto por el anotado cambio de rol del Estado,
como partícipe en actividades económicas que poco o nada se identificaban con el bien común y el consiguiente régimen de
derecho privado al que se encontraba sometido en ese supuesto, y además por la posibilidad de que los particulares
coadyuvaran en la prestación de, ahora sí, los servicios típicamente públicos, a través de figuras como la concesión.
No obstante lo dicho, y aun cuando el concepto de servicio público ha tenido diferentes matices y ha sido objeto de no pocas
discusiones de todo orden, la mayoría de esas posturas tienden por identificar como carácter preponderante para la
determinación de la existencia de tales servicios la relación entre las actividades de servicio público y las finalidades públicas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
cuanto que permite que personas privadas participen en dicha gestión o que los
entes públicos se comporten como particulares y participen en el mercado en
búsqueda de suficiencia económica.
Ahora bien, el hecho de que el artículo 365 Superior prevea que la regulación,
control y vigilancia se encuentra a cargo del Estado se vislumbra como una clara
fórmula de intervención en la economía, particularmente en los servicios públicos,
que viene dada desde el artículo 334 ibidem, que es del siguiente tenor:
«Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar
la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco
de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes,
la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal
deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los
objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público
social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los
bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público,
dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.
El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una
vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones
judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo
trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los proponentes sobre las
consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan
concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o
diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la
sostenibilidad fiscal. En ningún caso se afectará el núcleo esencial de los
derechos fundamentales» (Subrayas de la Sala).
Esa intervención debe desarrollarse dentro de los límites del bien común,
respetando los derechos a la libre competencia económica y la iniciativa privada, tal
y como lo ordena el artículo 333 ibidem:
«Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
o la preeminencia del interés general en la actividad desplegada ya sea por la Administración o por los particulares en los
contextos anotados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación». (Subrayas de
la Sala).
Ha estimado la Corte que el núcleo esencial de esa garantía39 radica en la
posibilidad de acceso al mercado por parte de los oferentes sin que medien barreras
injustificadas. La misma jurisprudencia ha explicado que existe libre competencia
en un mercado cuando un conjunto de empresarios (sean estos públicos o
privados), en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos,
factores empresariales y de producción, en la conquista de un mercado
determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras
prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita40.
En sentencia C-815 de 2001, el máximo Tribunal Constitucional sostuvo que se
trataba de un derecho con doble matiz, uno individual y otro colectivo. Con aquel,
se busca la obtención del lucro del empresario; y con este, se pretende garantizar
la promoción de los oferentes y también que el consumidor se beneficie con bienes
y servicios de mejor calidad. Así, cuando ello no acontece el Estado interviene para
corregir la irregularidad que presenta el mercado. El siguiente es el tenor de lo
anunciado:
«se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual y a
la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es alcanzar un
estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del
lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el
consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y
a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del
mercado, no actúa sólo como garante de los derechos económicos
individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan
del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.
Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también como
objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de
salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o
promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el
derecho a la libre elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la
conformación de monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o
eventuales abusos de posiciones dominantes que produzcan distorsiones en
el sistema económico competitivo. Así se garantiza tanto el interés de los
competidores, el colectivo de los consumidores y el interés público del
Estado»(Subrayas de la Sala).
39
C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
40
C-815/01, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Se ha agregado que la libre competencia tiene carácter relacional, es decir, su
satisfacción depende, en primer lugar, del ejercicio de las funciones de inspección,
vigilancia y control de las actuaciones de los agentes que se involucran en el
mercado, con el fin de evitar que incurran en comportamientos abusivos que afecten
la competencia, o, de llegarse a constatar tal tipo de actuaciones, imponer las
sanciones que prevea la ley41. En esa medida, es la satisfacción de las garantías
de los participantes en el mercado (oferentes, competidores y consumidores), la que
explica la intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su
eficacia y competitividad42.
En segundo lugar, tal derecho apareja límites materializados en la responsabilidad
social o pública consistente en que los agentes auto restrinjan sus actividades
(manuales de buenas prácticas), con el fin de evitar que un uso abusivo de las
libertades constitucionales impidan el goce efectivo de los derechos vinculados con
dichos bienes43.
Tales consideraciones han sido útiles para demarcar las libertades básicas de los
participantes en el mercado, a saber: «a) la necesidad que los agentes del mercado
puedan ejercer una actividad económica libre, con las excepciones y restricciones
que por ley mantiene el Estado sobre determinadas actividades. b) la libertad de los
agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las condiciones y ventajas
comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o usuarios
para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que
requieren»44.
41
C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
42
La sentencia C-870 de 2003 propuso el siguiente alcance del derecho a la libre competencia económica: “Los artículos
333 y 13 de la Constitución se relacionan con particular énfasis al permitirle a todas las personas ejercer libremente la
actividad económica que tengan a bien asumir, dentro de los límites del bien común. Consecuentemente, todos tienen
derecho a la iniciativa privada y a la libre competencia, con las responsabilidades que ello apareja. Por su parte, la ley puede
delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación. Vale decir, jurídicamente la libertad económica está garantizada por la Constitución en armonía con el derecho a la
igualdad de los potenciales agentes económicos; por lo tanto, siempre que el legislador pretenda establecer limitaciones,
exigencias o prerrogativas en torno a esa libertad, deberá examinar previamente los supuestos viables a la concreción de
este derecho en un plano de igualdad material, sin perjuicio de las distinciones que pueda hacer entre unas personas y otras,
al amparo de claros criterios de razonabilidad y proporcionalidad. || En relación con el derecho que tienen las personas a
ejercer la libertad de empresa y a percibir las utilidades que le son inherentes, el Estado se erige como director de la economía
con dos fines específicos: de una parte, debe regular, vigilar y controlar los procesos económicos en orden a fomentar y
estimular la gestión empresarial, impidiendo al efecto que se obstruya o restrinja la libertad económica y evitando o
controlando cualquier abuso de la posición dominante; y de otra, promoviendo y exigiendo a la empresa el cumplimiento de
su función social a través de su intervención en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados; igualmente, actuando como
empresario directo, ya con capital totalmente estatal, ora en alguna de las modalidades de la asociación mixta. Función
social que se debe concretar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y en la preservación de un ambiente sano. En este espectro le corresponde al
Estado propender por la vigencia efectiva del derecho a la igualdad, tanto en la esfera de los empresarios, como en la de los
trabajadores y consumidores de sus productos. Asimismo le compete a las autoridades públicas, en sus diferentes campos
de acción, resolver las tensiones que se presentan entre la libertad de empresa y la primacía del interés general, dado que,
en cuanto base del desarrollo la empresa debe producir y exhibir positivos balances de rentabilidad económica y social, los
que a su vez habrán de ser, en lo económico-fiscal, representativos de mejores bases gravables y por tanto de mayores
tributos; y en lo social, indicativos de su participación en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.”.
43
Sentencia C-032 de 2017.
44
Sentencia C-616 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Así pues, el régimen de prestación de servicios públicos comporta en el Estado
colombiano la necesidad de garantizar que se cumplan las finalidades sociales
trazadas desde el preámbulo de la Carta Fundamental pero también que se asegure
la libertad de empresa y actividad económica, aspectos estos de los que se encargó
al Legislador, según se desprende del artículo 365 de la Constitución 45, intención
que fue reiterada en los artículos 367 a 370 ibidem, tal y como se evidencia a
continuación:
«Artículo 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios
de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las
conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos
cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas». (Subrayas
de la Sala).
«Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las
entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos
presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las
tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades
básicas».
«Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el
régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y
fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente
definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las
entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios».
«Artículo 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con
sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia
de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y
vigilancia de las entidades que los presten».
Respondiendo a tal mandato, la Ley 142 de 1994 definió así el ámbito de aplicación:
«Artículo 1o. Ámbito de aplicación de la ley. Esta Ley se aplica a los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica
conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que
realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo
15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el
45
Todo lo relacionado con la estructuración de servicios públicos en nuestro país fue objeto de amplio debate al interior de la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, como quiera que a ella se presentaron 224 propuestas, 39 de ellas de origen
constituyente, La Asamblea optó por consagrar en la nueva Carta los lineamientos generales que regulan los servicios
públicos. De ello dan muestra las Gacetas de 16 de abril y 29 de mayo de 1991: “Introducir en la Carta Constitucional materias
que son susceptibles de un desarrollo legislativo detallado, puede crear, en el tema que nos ocupa, una camisa de fuerza que
impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o la ausencia de normatividad en otros servicio que, por su
misma naturaleza, requieren un tratamiento especial”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas
especiales de esta Ley». (Subrayas de la Sala).
El artículo 15 de esa misma norma previó quiénes estarían habilitados para prestar
esos servicios o desplegar esa actividad, así:
«Artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar los
servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o
como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y
servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas
urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los
períodos de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional
que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los
servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17».
La Corte Constitucional se ha referido de la manera que a continuación se enuncia
al mencionado precepto:
«Así, es claro que la prestación de los servicios públicos puede ser realizada
tanto por las autoridades públicas como por los particulares o comunidades
organizadas, pero en todo caso el Estado siempre tendrá bajo su cargo la
regulación, control y vigilancia de estos servicios, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los fines que le competen (CP art. 365). Esta regulación,
control y vigilancia de tales servicios armoniza además con la facultad general
que la Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e intervenir en los
servicios públicos y privados para racionalizar la economía y mejorar la calidad
de vida de los habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento de la
libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334). Por consiguiente, la Carta, a pesar
de que reconoce la posibilidad de que los particulares presten servicios
públicos, reserva funciones esenciales al Estado en esta materia, y en especial
le atribuye una competencia general de regulación (CP art. 365). Nótese que
esta norma atribuye genéricamente esa función de regulación al Estado, sin
señalar explícitamente que ésta corresponde a una determinada institución
específica. Ahora bien, esta Corte ha señalado que en general la palabra
Estado se emplea en la Carta para designar al conjunto de órganos que
realizan las diversas funciones y servicios estatales, ya sea en el orden
nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales. Por ende, cuando una
disposición constitucional se refiere al Estado, y le impone un deber, o le
confiere una atribución, debe entenderse prima facie que la norma
constitucional habla genéricamente de las autoridades estatales de los distintos
órdenes territoriales46. Por ende, la competencia de regulación de los servicios
46
Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 8 y 9.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
públicos es genéricamente estatal, lo cual obviamente no significa que esa
facultad pueda ser atribuida por la ley a cualquier entidad estatal, por cuanto la
Constitución delimita, en materia de servicios públicos domiciliarios, algunas
órbitas específicas de actuación de las distintas ramas de poder, las cuales
deben ser respetadas»47 (Subrayas de la Sala).
Como correlato del marco constitucional y legal expuesto, lo que la Sala observa es
que toda la actividad relacionada con la prestación de servicios públicos en
Colombia hace parte de la esencia misma del Estado Social de Derecho, cuestión
que no se desvanece por el hecho de que los particulares los presten, que el Estado
los intervenga o que sea un ente público el que participe en ese mercado. Dicho de
otra forma, las finalidades públicas o sociales que se buscaron desde un primer
momento en la Carta Política con la introducción de los servicios públicos como una
actividad que hiciera parte de los propósitos sociales del Estado, no se desdibuja
por el papel de éste o de los privados, pues el fin último de la garantía del bien
común trasciende el aspecto orgánico de los servicios públicos, teniendo siempre
como límite la libertad económica.
Así, cuando una empresa, sea esta pública o privada, entra en el mercado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios, lo hace buscando, por supuesto,
eficiencia económica, y de acuerdo a ello resuelve invertir o no; todo lo cual debe
acompasarse con las reglas de definición del régimen tarifario cuyos criterios
orientadores son la eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad,
redistribución, simplicidad y transparencia, cada uno de los cuales son definidos en
el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, con la idea de que la participación de éstos se
propicie en los términos que el mercado ofrece; veamos:
«Artículo 87. Criterios para definir el régimen tarifario. El régimen tarifario
estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad,
solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará
que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo;
que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los
aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la
empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las
fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión
ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades
provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios
públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el
nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la
demanda por éste.
87.2. Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a
tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de
los costos que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El
ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios
47
Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que
convenga a sus necesidades.
87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el
régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de
solidaridad y redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los
usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a
pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas.
87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas
garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación,
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar
el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría
remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y
permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la
mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.
87.5. Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se elaborarán en
tal forma que se facilite su comprensión, aplicación y control.
87.6. Por transparencia se entiende que el régimen tarifario será explícito y
completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, y para
los usuarios.
87.7. Si llegare a existir contradicción entre el criterio de eficiencia y el de
suficiencia financiera, deberá tomarse en cuenta que, para una empresa
eficiente, las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta
la suficiencia financiera.
87.8. Toda tarifa tendrá un carácter integral, en el sentido de que supondrá una
calidad y grado de cobertura del servicio, cuyas características definirán las
comisiones reguladoras. Un cambio en estas características se considerará
como un cambio en la tarifa.
87.9. Cuando las entidades públicas aporten bienes o derechos a las empresas
de servicios públicos, podrán hacerlo con la condición de que su valor no se
incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios de los
estratos que pueden recibir subsidios, de acuerdo con la ley. Pero en el
presupuesto de la entidad que autorice el aporte figurarán el valor de éste y,
como un menor valor del bien o derecho respectivo, el monto del subsidio
implícito en la prohibición de obtener los rendimientos que normalmente habría
producido.
Parágrafo 1o. Cuando se celebren contratos mediante invitación pública para
que empresas privadas hagan la financiación, operación y mantenimiento de
los servicios públicos domiciliarios de que trata esta Ley, la tarifa podrá ser un
elemento que se incluya como base para otorgar dichos contratos. Las fórmulas
tarifarias, su composición por segmentos, su modificación e indexación que
ofrezca el oferente deberán atenerse en un todo a los criterios establecidos en
los artículos 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, de esta Ley. Tanto éstas
como aquellas deberán ser parte integral del contrato y la Comisión podrá
modificarlas cuando se encuentren abusos de posición dominante, violación al
principio de neutralidad, abuso con los usuarios del sistema. Intervendrá,
asimismo, cuando se presenten las prohibiciones estipuladas en el artículo
98 de esta Ley. Con todo las tarifas y las fórmulas tarifarias podrán ser revisadas
por la comisión reguladora respectiva cada cinco (5) años y cuando esta Ley
así lo disponga.
Parágrafo 2. Para circunstancias o regímenes distintos a los establecidos en
el parágrafo anterior, podrán existir metodologías tarifarias definidas por las
comisiones respectivas. Para tal efecto, se tomarán en cuenta todas las
disposiciones relativas a la materia que contiene esta Ley». (Subrayas de la
Sala).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
7.4.1. Bajo esa perspectiva, es menester indicar que, en la cláusula primera del
contrato de concesión, se determinó expresamente que Triple A era responsable de
la expansión de las redes de alcantarillado en el municipio de Soledad, veamos:
«CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO, PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato
es entregar en concesión, para la financiación, ampliación, rehabilitación,
mantenimiento y operación, la infraestructura de los servicios de acueducto
y alcantarillado y de sus actividades complementarias en el Municipio de
Soledad.
Será responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO la administración y
operación de toda la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado entregada en concesión» (Subrayas de la Sala).
Ahora, no se pasa por alto que la empresa recurrente intenta desligarse de su
responsabilidad señalando que en el parágrafo segundo de la cláusula 25 del
contrato de concesión se estableció expresamente, que la anotada empresa, no era
responsable de la construcción de obras para el tratamiento de obras residuales.
Dicha cláusula prevé:
«CLÁUSULA 25. RESPONSABILIDADES FRENTE A TERCEROS. EL
MUNICIPIO no será responsable frente a terceros por las obligaciones que
asumiere o debiere asumir el CONCESIONARIO ni por los daños que este
cause, directa o indirectamente en el cumplimiento del objeto contractual, ni sus
empleados, agentes, representantes o contratistas. En todo caso, el
CONCESIONARIO es el responsable de los daños y perjuicios que se
produjeren, con ocasión de la ejecución del contrato, por su conducta, la de sus
dependientes y el personal que vincule bajo cualquier modalidad.
(…)
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Es entendido que el contrato de concesión no
incluye la construcción de obras para el tratamiento de las aguas
residuales. En consecuencia, EL MUNICIPIO continúa siendo responsable
ante las autoridades competentes por el vertimiento de dichas aguas. En
cualquier caso, EL MUNICIPIO mantendrá indemne al CONCESIONARIO
frente a reclamaciones y/o sanciones que puedan ser formuladas o
impuestas, respectivamente, por cualquier autoridad administrativa o
judicial en razón de con ocasión de tales vertimientos» (Subrayas y
negrillas de la Sala).
Sin embargo, en criterio de la Sala no puede confundirse la exclusión contractual
relativa a la construcción de obras para el tratamiento de las aguas residuales con
la obligación de ampliar y optimizar las redes de alcantarillado, que fue pactada
expresamente en la cláusula primera del citado contrato. De esta manera, resulta
claro para la Sala que la sociedad Triple A S.A. E.S.P. cuenta con las facultades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
necesarias para la ampliación y optimización del sistema de alcantarillado, razón
por la cual se encuentra en posibilidad de prestar dicho servicio en los barrios
subnormales objeto de controversia. En consecuencia, se concluye que a dicha
entidad le asiste responsabilidad en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos cuya protección se solicita en este proceso.
Por ende, es evidente que la anotada empresa es responsable de la vulneración de
los derechos colectivos.
7.5. De la controversia sobre la responsabilidad del municipio de Soledad
De otro lado, tendrá que definirse si el municipio de Soledad vulneró los derechos
colectivos invocados en el libelo introductorio, debido a la falta de prestación del
servicio de alcantarillado en los barrios subnormales de ese ente, que descargan
aguas servidas en los arroyos El Salao y El Platanal.
7.5.1. Pues bien, como se vio en el acápite precedente en el artículo 365 de la Carta
Fundamental, la prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la
finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso su regulación,
control y vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los
particulares.
Ahora, el artículo 311 ibidem señala que a los municipios les corresponde la
prestación de los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que
demande el progreso local y promover el mejoramiento social de sus habitantes,
entre otras.
«Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división
politico<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes».
En similar sentido, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
contemplaron:
«Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
(…)
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis
en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los
demás sujetos de especial protección constitucional.
(…)
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en
materia de servicios públicos domiciliarios» (Subrayas de la Sala).
Ahora, se desprende de lo dicho que la prestación de los servicios públicos quedó
supeditada a lo que definiera el Legislador, quien, como ya quedó atrás explicado,
lo llevó a cabo cuando expidió la Ley 142 de 1994, concibiendo un régimen que
respondía a la línea trazada para la época dada la corriente denominada “crisis de
los servicios públicos”. Particularmente, en el artículo 5º de esa norma determinó
que era deber de los Municipios asegurar la prestación eficiente de los servicios
públicos en su territorio, ya sea a través de una empresa o directamente cuando no
existan sociedades interesadas en ejercer esa actividad; veamos:
«Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de
los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente»
En línea con lo anterior, el artículo 26 ibidem previó que los municipios deben
permitir que las empresas de servicios públicos instalen las redes permanentes que
estén destinadas a la prestación de los servicios públicos. Y, además, señaló que a
esos entes les está prohibido favorecer monopolios o limitar la competencia en ese
sector. La disposición en comento es del siguiente tenor:
«Artículo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación
urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y
tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías
adecuadas a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a
las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los
mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de
las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas
serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen
por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición
fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser
consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de
permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la
competencia» (Subrayas de la Sala).
Lo hasta aquí expuesto, fue reiterado por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que,
al definir las competencias de los Municipios, dispuso literalmente:
«Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de
las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos».
En ese orden, lo que se advierte es que, aun cuando los Municipios no asuman la
prestación directa del servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus deberes
el de garantizar que tal actividad se efectúe de manera eficiente, esto es,
asegurando: (i) universalidad en el acceso a los servicios, (ii) optimización de los
niveles de consumos, (iii) la ampliación de la cobertura, y (iv) evitando crear
condiciones que puedan limitar o restringir la competencia en ese sector dentro del
área de su jurisdicción.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C-186 de 2022, señaló:
«Los servicios públicos domiciliarios y su dogmática actual constituyen una
manifestación de la cláusula de Estado Social de Derecho contenida en el
artículo 1º de la Carta Política48. También están ligados al respeto de la dignidad
humana, a la prevalencia del interés general y a la solidaridad que debe imperar
entre quienes integran la República.
En virtud del artículo 2º, constituye un fin esencial del Estado promover la
prosperidad y garantizar los derechos y principios consagrados en la
Constitución49, incluyendo el acceso a los servicios públicos. A su turno, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios de todas las personas que habitan
48
Constitución Política. Artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
49
Constitución Política. Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo
(…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
Colombia materializa el principio de igualdad material consagrado en el artículo
13 de la Carta Política50.
Puntualmente, el artículo 33451 superior señala que la dirección general de la
economía está a cargo del Estado. En consecuencia, éste debe intervenir, por
mandato de la ley, en los servicios públicos y privados con el fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del país, así como para lograr la distribución
equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre todos, en un
marco de sostenibilidad fiscal y de preservación de un ambiente sano. En
cualquier caso, el gasto público social es siempre prioritario.
El segundo inciso del mencionado artículo 33452 establece que el Estado, de
manera especial, se asegurará de que todas las personas y, especialmente, las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios
básicos. De forma concomitante a esta garantía, es deber del Estado promover
la productividad y competitividad.
A su turno, el artículo 36553 de la Carta Política establece que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que éste debe
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y
pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por particulares.
En cualquier caso, el Estado tiene el deber de regular, controlar y vigilar estos
servicios y de prestarlos en aquellos lugares o comunidades de Colombia en
donde no exista empresa o persona dispuesta a garantizarlos54.
El artículo 36755 de la Carta Política establece que la ley fijará las competencias
y responsabilidades concernientes a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Esto supone regular su cobertura, calidad, financiación y el
régimen tarifario aplicable. El régimen tarifario deberá tener en cuenta los
criterios y principios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. El
inciso final de este artículo señala que será la ley la encargada de determinar
cuáles son las entidades competentes para fijar las tarifas de los servicios
públicos.
Por su parte, el artículo 36856 superior estipula que la Nación, los
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
50
Constitución Política. Artículo 13º “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
51
Constitución Política. Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización
y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el
plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco
de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social
de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.”
52
Ibídem. Inciso segundo. “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y
asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al
conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico
de las regiones.”
53
Constitución Política. Artículo 365. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos
al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas,
o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa
y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
54
Sentencia C-558/01 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
55
Constitución Política. Artículo 367 “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de
los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán
directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales
lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades
competentes para fijar las tarifas.”
56
Constitución Política. Artículo 368. “La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos
puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
pueden conferir subsidios, con cargo a sus respectivos presupuestos. Esto con
el fin de que garantizar que las personas de menores ingresos puedan pagar
las tarifas de los servicios públicos que cubren sus necesidades básicas.
Desde temprana jurisprudencia, la Corte Constitucional determinó que los
servicios públicos, como finalidad social del Estado, constituyen un mandato en
virtud del cual debe garantizarse su prestación y acceso efectivo a todos los
habitantes del país. Esto, a partir del vínculo intrínseco que existe entre los
servicios públicos y la efectividad de los derechos fundamentales a la vida, la
dignidad humana y la salud57.
Este mandato se lee de la mano con el artículo 366 constitucional, el cual prevé
que son finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población. En desarrollo de este principio, esta Corte
determinó que la prestación de los servicios públicos está esencialmente ligada
al thelos estatal, como fórmula constitucional destinada a fomentar el desarrollo
humano de todos los habitantes del país58.
La Corte Constitucional también ha destacado que uno de los fundamentos de
la obligación Estatal de velar por la prestación de los servicios públicos se deriva
de su deber de proteger la dignidad humana. Así, la realización de los derechos
fundamentales está supeditada de manera intrínseca a la adecuada prestación
de los servicios públicos de agua, salud, saneamiento básico, energía,
combustible, transporte, gas, telecomunicaciones, entre otros59. Tener acceso
continúo y de calidad a estos servicios le permite al ser humano llevar una vida
digna.
A partir de todo lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal ha definido
los siguientes criterios respecto del deber del Estado de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos60: (i) universalidad, que se
traduce en garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos a todas
las personas que habitan el país; (ii) eficiencia, entendida como la
optimización del consumo de los servicios públicos para lograr unos
niveles determinados de confort y de servicio, es decir, servicios que
satisfagan las necesidades reales de los usuarios; (iii) eficacia, la cual
implica alcanzar los objetivos del sistema de servicios públicos mediante
un uso óptimo de todos los recursos que se requieren para su adecuada
prestación; (iv) calidad, que supone garantizar servicios públicos que
cumplan con unos estándares mínimos establecidos por la autoridad
competente, y (v) ampliación de cobertura, lo cual conlleva elevar el
número de personas que tienen acceso a los servicios públicos, con miras
a lograr un sistema universal.
En conclusión, la prestación de los servicios públicos domiciliarios se orienta a
cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las personas que habitan
Colombia. Ello, con el fin de asegurar condiciones mínimas de existencia que
sean acordes con la dignidad inherente a todo ser humano. La jurisprudencia
constitucional ha hecho explícito que los servicios públicos domiciliarios tales
como el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento básico, la electricidad y
el gas combustible son fundamentales para garantizar una vida digna, pues son
medios necesarios para la conservación y cocción de alimentos, para la higiene
y aseo personal, para la ventilación o calefacción del hogar e incluso para la
comunicación, la educación, el acceso a la información o el entretenimiento, a
través de medios digitales»61.
57
Sentencias C-247 de 2007 (M.P Hernando Herrera Vergara), C-565 de 2017 (M.P Diana Fajardo Rivera) y C-187 de 2020
(M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
58
Sentencia C-565 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
59
Sentencia C-353 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
60
Sentencias C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-565 de 2017, M.P Diana Fajardo Rivera.
61
Sentencia T-701 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
7.5.2. Así es evidente que el municipio de Soledad también es responsable de la
vulneración de los derechos colectivos ya que no ha adoptado medidas que permita
la ampliación de las redes de alcantarillado en la zona objeto de controversia, de
modo que el cargo no prospera.
7.6. De la responsabilidad del Departamento del Atlántico
El artículo 288 Superior dispuso que «Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley». Así, el artículo
298 ibidem previó que «los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes».
A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201262 definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:
«Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el
artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los
siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben
ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre
sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los
municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
62
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;»
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos en la prestación
de los servicios públicos cuando, por razones técnicas y económicas, sea necesario:
«Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los
servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con
los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella
expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de
energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan
asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con
participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones
de su competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de
servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo
aconsejen,<sic> la organización de asociaciones de municipios para la
prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios
interadministrativos para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley».
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 determinó que los departamentos,
en cumplimiento de los anotados principios, deben:
«Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental» (Subrayas de la Sala).
Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación de los servicios
públicos en el régimen colombiano parte de la posibilidad de que el interesado en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
llevarlo a cabo puede desarrollar esa actividad, independientemente de cuál sea la
naturaleza de sus recursos (pública o privada), y que el Municipio deberá asegurar
que se efectúe de manera eficiente; en tanto que los departamentos ostentan
potestades de carácter complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios
en esa materia, cuando así lo requieran.
7.6.1. Visto lo anterior, y en atención a lo resuelto por el Tribunal, se advierte que
el Departamento del Atlántico no es responsable por la vulneración de los derechos
colectivos en el presente asunto, en la medida en que no se acreditó que el
municipio ni la empresa Triple A hubieran acudido a esa entidad con el fin de solicitar
su auxilio en la construcción del sistema de alcantarillado en la zona objeto de
controversia.
No obstante, la Sala considera que, en virtud de los principios de coordinación y
complementariedad, anotado ente sí debe ser vinculado como parte de la solución
a la problemática que ocupa la atención de la Sala y, por consiguiente, en el marco
de sus competencias, dicho ente debe concurrir en la implementación definitiva para
solventar la problemática del presente asunto en la forma que se verá enseguida:
7.7. De las órdenes a adoptar
Al respecto, es pertinente señalar que, para la implementación o ampliación del
sistema de alcantarillado, el municipio puede optar por dos alternativas: (i) acudir al
régimen general de prestación del servicio, o (ii) adoptar esquemas diferenciales
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en áreas de difícil gestión,
de conformidad con lo previsto en el Decreto 1077 de 2015 y las normas que lo
desarrollan.
7.7.1. En efecto, frente a los primeros, es menester señalar que dichas obras
pueden ser financiadas con los Planes Departamentales de Agua (en adelante
PDA). Así es preciso señalar que el artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015,
los definió así:
«Artículo 2.3.3.1.1.2. Definición de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Son
un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de
recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que
garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta
las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de
regionalización y asociativos comunitarios».
A su vez, el artículo 2.3.3.1.4.1. determinó que los siguientes eran los requisitos
para la participación en los PDA por parte de los departamentos y municipios:
«Artículo 2.3.3.1.4.1. Requisitos para la participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA). Para participar de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), que se
señalan a continuación, los diferentes participantes deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Los departamentos. Los departamentos deberán suscribir un convenio con
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen
a:
1.1. Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
1.2. Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos
para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
1.3. Tomar las medidas que se requieran para facilitar la implementación y
garantizar la ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y realizar el
seguimiento al gestor, cuando este sea una empresa de servicios públicos.
1.4. Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades
municipales y fuerzas vivas del mismo, para su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
2. Los municipios y distritos. Para que un municipio o distrito participe en los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento (PDA) debe cumplir con los siguientes requisitos:
2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el gestor y el
departamento, mediante el cual se compromete a:
a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo y el presente capítulo.
b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos.
c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
d) Implementar el esquema para el aseguramiento de la prestación de los
servicios que se defina en desarrollo del mismo.
e) Tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la
infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento básico de su propiedad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
2.2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este
artículo al respectivo instrumento para el manejo de los recursos.
El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) el municipio o distrito puede prescindir de los requisitos
previstos en los literales b y c del numeral 2.1 y el numeral 2.2. de este artículo,
de acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo del que trata el artículo
2.3.3.1.5.2 del presente capítulo. En estos casos, previo a la firma del convenio,
el Comité Directivo aprobará la vinculación del municipio.
3. Las autoridades ambientales. Las autoridades ambientales con jurisdicción
en los municipios y distritos ubicados en el territorio del respectivo
departamento, podrán participar en los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Para ello deberán
suscribir un convenio con el departamento respectivo, precisando las
actividades que se comprometen a desarrollar, los recursos que destinarán para
cumplir con los compromisos adquiridos, así como los demás aspectos
necesarios para asegurar una adecuada articulación de la autoridad ambiental
con el Plan Departamental y sus estructuras operativas.
Las autoridades ambientales que hayan suscrito con los respectivos
departamentos el Convenio Marco de Vinculación a los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA), se entenderán participantes de los Planes
Departamentales, durante el tiempo que el convenio permanezca vigente.
Parágrafo 1°. Se entenderán participantes de los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) los
departamentos que suscribieron el convenio de cooperación técnica; asimismo
se entenderán participantes de los PDA los municipios y distritos que a la
entrada en vigencia del presente decreto suscribieron el Convenio de
Cooperación y Apoyo Financiero con el departamento y el Gestor.
Parágrafo 2°. Podrán participar, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros o técnicos o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo» (Subrayas de la Sala).
A su vez, el numeral 11 del artículo 2.3.3.1.2.3. ibidem contempló que los Distritos
y Municipios podrán presentar sus proyectos ante el mecanismo nacional o
departamental de viabilización proyectos para el estudio de su financiación:
“Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:
(…)
11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del
sector agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y
presentación de los proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así
como, las correcciones o modificaciones necesarias de los mismos. No
obstante, lo anterior, los municipios y distritos podrán presentar los proyectos
ante el mecanismo nacional o departamental de viabilización de proyectos»
(Subrayas de la Sala).
7.7.2. En cuanto al mecanismo departamental para la viabilización de proyectos, el
artículo 2.3.3.2.1.2. ibidem y el numeral 6.1. del artículo 2.3.3.2.1.6. ibidem indicaron
que los municipios podrán presentar, entre otros, proyectos para la construcción,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, con el fin de que sean
financiados con los recursos del departamento.
Las normas en contexto prevén:
«Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de
proyectos. A través del Mecanismo Departamental de Viabilización de
Proyectos se evaluarán y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico que han sido priorizados en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el
manejo de agua potable y saneamiento básico de que trata el Artículo primero
del presente capítulo y cuya financiación no incorpore recursos provenientes de
la Nación.
Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su
Viabilización. A través del Mecanismo de Viabilización Departamental, se
presentarán para su viabilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente
de recursos establezcan la ley, decretos, Resoluciones o Acuerdos, los
proyectos orientados a:
6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo» (Subrayas de la Sala).
Para la aprobación y financiación de dichos proyectos, estos deberán cumplir con
los requisitos definidos para su inclusión en el banco de proyectos del
correspondiente PDA. Asimismo, se deberán acreditar las exigencias contempladas
en la “Guía Para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el
Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos”, que fue
emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 672 de
2015.
Y finalmente, en los artículos 2.3.3.2.3.11., 2.3.3.2.3.12. y 2.3.3.2.3.13. se
determinaron los procedimientos para la evaluación, viabilización y aprobación de
los proyectos por parte del citado Mecanismo Departamental, siendo éstos:
«Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización
y aprobación. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos
de agua potable y saneamiento básico presentados en el marco del presente
decreto, se atenderá el siguiente procedimiento:
11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá
ser radicado para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos.
11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del
Municipio.
11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador
quien deberá emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días
hábiles.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador,
se convocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador
designado sustentará el respectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto
recomendando o no la viabilización del mismo.
11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto
técnico, el Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial
correspondiente y al Gestor la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde
con la carta de Viabilización modelo prevista en la Guía de que trata el artículo
2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de
viabilización.
11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto
al Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan
Departamental de Agua, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor
a fin de que éste último de inicio al trámite de contratación en los términos
previstos por el artículo 2.3.3.2.4.15 del capítulo 1 del título 3 de este Libro o la
norma que lo sustituya o derogue y para que se le comunique a la entidad
responsable de la administración de los recursos, para que expida los
respectivos Certificados de Disponibilidad de Recursos – CDR, que permitan
dar inicio a los procesos de contratación» (Subrayas de la Sala).
«Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los
proyectos regionales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional
contratado o vinculado por el Mecanismo Departamental de Viabilización de
Proyectos del respectivo departamento, de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del
presente capítulo, el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan
en la guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas
jurídicas y naturales que hayan participado en la formulación, diseño o
planificación de los proyectos.
Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los
proyectos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las
actividades de evaluación y viabilización del mismo, con capacidad de voto.
Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser
funcionarios o contratistas.
Parágrafo segundo. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación
de Proyectos podrán ser asumidos con cargo a recursos propios del
Departamento o del SGP del Departamento (Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico), con previa aprobación del Comité Directivo del PAP -
PDA, y acorde con las directrices que para tal efecto defina el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.”
“Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua
potable y saneamiento básico que presenten las entidades territoriales y el
Gestor en el marco del presente decreto podrán declararse viables por parte del
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, una vez se hayan
cumplido los requisitos y documentos de presentación, el Comité Técnico
Departamental haya emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente
con los recursos disponibles para su financiación» (Subrayas de la Sala).
7.7.3. Frente al mecanismo para la financiación de proyectos por parte de la Nación,
en la Resolución 661 de 2019 se establecieron los requisitos para esos fines. El
artículo 1º ibidem dispuso:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
«Artículo 1o. Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el
mecanismo y los requisitos para la presentación, viabilización, reformulación
y expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico que sean presentados por las entidades
territoriales que soliciten apoyo financiero de la Nación y se adoptan las guías
para presentación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento
básico».
Además, el artículo 9 ibidem señaló que la financiación de dichos proyectos por
parte de la Nación, entre otros, podrá ser solicitada por los departamentos,
municipios o el Gestor del PDA; veamos:
«Artículo 9o. Presentación de proyectos. Para efectos de la presente
resolución, podrán presentar proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico como entidad formuladora responsable del proyecto los
Departamentos, Municipios y Distritos.
En los casos en que sea el Gestor de los Planes Departamentales de Agua,
El Operador o Persona Prestadora de los Servicios, o cualquier entidad
diferente al municipio o distrito beneficiado quien realice el trámite para que
se surta el proceso de evaluación y viabilización del proyecto, deberá estar
avalado por el (los) municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) del mismo como
solicitante del apoyo financiero de la nación.
El procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos se
presentarán en el artículo 13 de la presente resolución» (Subrayas de la Sala).
Ahora, para la presentación de los aludidos proyectos ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, se deben cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 13
ibidem, siendo estos los que se transcriben enseguida:
«Artículo 13. Requisitos para la presentación de proyectos. Los proyectos
que presenten las entidades, deberán hacer parte de las políticas y/o de los
programas implementados o que implemente la Nación para el sector de agua
potable y saneamiento básico, en concordancia con la normativa aplicable al
sector. La entidad solicitante deberá presentar la totalidad de los documentos
exigidos en la presente resolución en los formatos establecidos en la Guía de
Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida
en Anexo número 1 de la presente y cumplir los siguientes requisitos:
13.1. Documentales: Los proyectos deberán ser radicados con la totalidad de
la documentación que se relaciona en la Guía de presentación de proyectos
de agua potable y saneamiento básico, organizados en carpetas tamaño
oficio, debidamente foliadas.
13.2. Legales: Los proyectos deberán estar acompañados de los permisos
que exijan las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza del
proyecto.
Para el caso de proyectos que se presenten a evaluación por etapas, la
entidad solicitante presentará los documentos de soporte siguiendo la Guía de
Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida
en Anexo número 1 de la presente resolución.
Para el caso de conceptos favorables (sin plan financiero definido o conceptos
para mitigación de riesgo o situación de desastre), el requisito establecido en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
el numeral de la Guía 2.2.3. (Permiso para el uso, la ocupación y la
intervención temporal de la infraestructura vial carretera concesionada y
férrea), no será exigido. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s)
de financiación del proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se
deberán verificar los requisitos, de conformidad con lo establecido en la Guía
de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico.
En cuanto al numeral de la Guía 2.2.5.2. (Consulta Previa) este podrá
encontrarse en trámite únicamente en los casos de proyectos que surjan como
consecuencia de una situación de desastre o de emergencia. En tal caso, se
deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento
mediante el cual se solicitó la consulta, debidamente radicado ante la
autoridad correspondiente.
13.3. Institucionales: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados
en la Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento
básico, incluyendo el esquema organizacional, el diagnóstico de la entidad
prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de
fortalecimiento institucional y la acreditación de pago de subsidios al
prestador.
13.4. Técnicos: Los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo tanto para
la zona rural como urbana, presentados por las entidades territoriales deberán
contar con estudios y diseños de conformidad con lo establecido en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
que aplique, contenido en las Resoluciones números 0330 de 2017, 501 de
2017 y 844 de 2018 o las normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o
sustituyan, con la correspondiente aprobación de quien realizó la interventoría
o supervisión técnica de los mismos y de la Entidad contratante de los diseños,
exceptuando los proyectos de pre-inversión que deberán presentar de forma
explícita dentro del alcance de sus términos de referencia la realización de los
estudios y diseños siguiendo lo establecido en el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) que le aplique o las
normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.
En el caso de los proyectos rurales, enmarcados en la Resolución
números 844 de 2018 y 501 de 2017 o las normas que la modifiquen,
adicionen, denominados como abastos, puntos de suministro y soluciones
individuales, deberán seguirse los requisitos técnicos establecidos en esta
Resolución en cuanto a población, dotaciones para consumo humano y
subsistencia de la familia rural, incluyendo los entornos. Así mismo, se debe
tener en cuenta la evidencia sobre el proceso de planeación realizada para
este tipo de proyectos, iniciando por la etapa de “Perfil de proyecto” y
evidencia sobre todo el proceso de participación de las comunidades a
beneficiar en la zona de actuación.
Cuando los proyectos presentados al mecanismo de viabilización hagan parte
de un proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo
funcionamiento dependa de la funcionalidad de las etapas precedentes, el(los)
representante(s) legal(es) de la(s) entidad(es) responsable(s) del proyecto,
deberá(n) certificar que las etapas anteriores se encuentran funcionando
adecuadamente. Si la(s) etapa(s) anterior(es) se encuentran en construcción
a la fecha de presentación del proyecto, la certificación deberá indicar el
estado de avance de la construcción y la fecha programada de terminación y
puesta en funcionamiento de la misma, debidamente avalados por la
Interventoría de la Obra.
Las entidades territoriales contratantes responsables de las consultorías de
diseño deberán, desde la fecha de publicación de la presente resolución,
adjuntar una copia de la póliza de calidad vigente de los diseños, debidamente
constituida por el Consultor Responsable de los Diseños, que ampare el
diseño presentado como mínimo un (1) año más, posterior a la fecha de su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
radicación en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manteniendo como
asegurado o beneficiario a la Entidad Responsable del proyecto.
13.5. Financieros: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en
la Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo el presupuesto detallado del proyecto, los soportes presupuestales
de las fuentes de financiación y el plan financiero. La información contenida
respecto de Análisis de Precios Unitarios y precios será en todo caso
responsabilidad de la entidad formuladora.
13.6. Ambientales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, para la
presentación de los proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos
estos deberán contar con los actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente correspondientes a licencias ambientales, concesión
de aguas y/o permisos de exploración o prospección de aguas subterráneas,
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, permiso de vertimientos,
permiso de ocupación de cauce, autorización de canteras para la provisión de
materiales, autorización de escombreras para la disposición del material
sobrante (según corresponda), de conformidad con la normatividad vigente.
Para los demás permisos deberán presentar como mínimo soporte de
radicado de solicitud ante la entidad y/o autoridad competente. En el caso de
los proyectos de pre- inversión, estos deberán presentar de forma explícita
dentro del alcance de sus términos de referencia que deberán cumplir con las
necesidades de estudios y diseños para la obtención de licencias y permisos
requeridos por el proyecto, según autoridad ambiental competente, por parte
de la Entidad formuladora.
Para el caso de conceptos favorables (sin financiación o para proyectos de
pre-inversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o
mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo,
menores a 450 SMMLV), este requisito podrá encontrarse en trámite ante la
respectiva autoridad ambiental. En tal caso se deberá indicar el estado actual
del trámite y adjuntar copia del documento mediante el cual se solicita el
permiso o licencia, debidamente radicado ante la autoridad correspondiente.
En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del
proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se deberá contar con
el acto administrativo de la autoridad ambiental competente que lo otorgue.
Para el caso de proyectos presentados para el proceso de evaluación por
etapas, los requisitos de permisos de ocupación de cauce, licencias
ambientales, autorizaciones de canteras para la provisión de materiales y
autorizaciones de escombreras para la disposición del material sobrante
(según corresponda), podrán encontrarse en trámite ante la respectiva
autoridad ambiental. En tal caso se deberá indicar el estado actual del trámite
y adjuntar copia del documento mediante el cual se solicita el permiso o
licencia, debidamente radicado ante la autoridad correspondiente. En todo
caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del proyecto, previo
a la emisión del concepto de viabilidad, se deberá contar con el acto
administrativo de la autoridad ambiental competente que lo otorgue.
En cualquiera de los casos mencionados, cuando la financiación del proyecto
sea otorgada por una entidad diferente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, este no se hará responsable por el cumplimiento de los requisitos
ambientales normativos.
13.7. Prediales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, y de los
proyectos que incluyan la adquisición de predios y el pago de los derechos de
servidumbre conforme lo establecido en los numerales 22 y 23 del numeral
10.1 del artículo 10 de la presente resolución, los demás proyectos deben
contar con los predios, permisos de paso y/o servidumbres prediales según
corresponda y dicha documentación deberá ser anexada al proyecto en su
presentación de acuerdo con lo estipulado en la guía de presentación de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
proyectos de agua potable y saneamiento básico, incluyendo la certificación
de propiedad de los predios (certificado de libertad y tradición a nombre del
municipio y/o del prestador en el caso de que el municipio sea accionista
mayoritario de la empresa prestadora para lo cual se deberá garantizar que la
infraestructura será propiedad del municipio) y las servidumbres necesarias
para su ejecución. En el caso de los proyectos de pre-inversión, estos deberán
presentar de forma explícita dentro del alcance de sus términos de referencia
el grado de acompañamiento requerido por la Entidad formuladora para la
obtención de los predios y/o servidumbres definidas dentro del diseño.
Parágrafo. Las Entidades Formuladoras podrán presentar los proyectos de
agua y saneamiento básico de forma digital previa reglamentación del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio» (Subrayas de la Sala).
Asimismo, en el Capítulo V ibidem se reguló el procedimiento para la evaluación y
viabilización de la propuesta por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
7.7.4. A su vez, mediante la Resolución No. 661 del 23 de septiembre de 2019, se
fijaron los requisitos y procedimientos para la presentación, evaluación y
viabilización de los proyectos de saneamiento básico y agua potable que soliciten
apoyo financiero de la Nación. Dicho acto reglamenta las condiciones técnicas,
ambientales y administrativas que deben cumplir las entidades territoriales o
prestadores del servicio para acceder a dichos recursos.
7.7.5. De otro lado, en cuanto a los esquemas diferenciales para la prestación
del servicio en áreas de difícil gestión (medidas a corto y mediano plazo), es
menester señalar que éstos se encuentran previstos en el artículo 2.3.7.2.2.1.1. del
Decreto 1077 de 2015, en los siguientes términos:
«Artículo 2.3.7.2.2.1.1. Áreas de difícil gestión. Son aquellas áreas dentro del
suelo urbano de un municipio o distrito que reciben un tratamiento de
mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial; o hayan sido
objeto o sean susceptibles de legalización urbanística; en donde no se
pueden alcanzar los estándares de eficiencia, cobertura o calidad para la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo, en los
plazos y condiciones establecidas en la regulación expedida por la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Para el efecto, la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo se
podrá realizar en las condiciones diferenciales establecidas en el artículo
2.3.7.2.2.1.6. de esta subsección» (Subrayas y negrillas de la Sala).
A su vez, el artículo 2.3.7.2.2.1.2. ibidem señaló los siguientes requisitos para
aplicar esquemas diferenciales en esas áreas:
«Artículo 2.3.7.2.2.1.2. Requisitos para aplicar un esquema diferencial en
áreas de difícil gestión. La persona prestadora interesada en aplicar un
esquema diferencial en áreas de difícil gestión, deberá cumplir con los
siguientes requisitos, los cuales deberá reportar en el Sistema Único de
Información (SUI) administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
1. Indicar el servicio o servicios que serán sujetos del esquema diferencial.
2. Las condiciones en que se prestarán los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado o aseo, conforme lo establecido en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. de la
presente subsección.
3. Certificación expedida por el Alcalde Municipal o Distrital o por el funcionario
municipal o distrital competente para ello, donde se señalen las áreas de difícil
gestión que serán objeto de procesos de mejoramiento integral o de legalización
urbanística conforme al Plan de Desarrollo Municipal o Distrital y al Plan de
Ordenamiento Territorial, para lo cual deberá contar con el soporte de la
ubicación geográfica.
4. Convenio suscrito entre la persona prestadora y la entidad territorial, donde
se determinen las obligaciones de las partes en la aplicación del esquema
diferencial, acorde con las medidas adoptadas en el municipio para la
legalización urbanística o mejoramiento integral.
En aquellos casos en que la prestación de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado o aseo, esté a cargo del municipio o distrito como prestador
directo, y no proceda la celebración del convenio, el Alcalde Municipal o Distrital
fijará mediante acto administrativo las condiciones especiales en que se
prestará el respectivo servicio.
Cuando exista un contrato de operación y se proyecte la aplicación de un
esquema diferencial en donde se comprometan recursos públicos, se deberán
realizar las modificaciones que se requieran al contrato de operación existente
donde se incorporen las metas establecidas en el plan de gestión señalado en
el artículo 2.3.7.2.2.1.8. de la presente subsección.
5. Estudio de costos y tarifas a aplicar en el área de difícil gestión para cada
servicio que será sujeto del esquema diferencial, el cual deberá ajustarse de
acuerdo con la regulación que para el efecto defina la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Mientras la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
expide la regulación para este esquema, el prestador podrá definir sus costos,
los cuales en todo caso, no deberán superar los costos de referencia, teniendo
en cuenta para ello las condiciones diferenciales de prestación. La adopción de
estos costos deberá sujetarse a lo dispuesto en la Sección 5.1.1 del Capítulo 1
del Título V de la Resolución CRA 151 de 2001 o el acto administrativo que lo
adicione, modifique o sustituya.
6. El contrato de condiciones uniformes que se aplicará en el esquema
diferencial.
7. El plazo de aplicación del esquema diferencial y la justificación del mismo.
8. El plan de gestión en donde se definan las metas, indicadores, plazos,
objetivos, acciones y fuentes de financiación para el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 2.3.7.2.2.1.6. de la presente subsección
y de los estándares de prestación de los servicios públicos definidos por la
regulación vigente.
Parágrafo. Adicional a los requisitos señalados en el presente artículo, para
aquellas áreas de difícil gestión que se incluyan en el Plan de Desarrollo
Municipal o Distrital vigente a la fecha de reporte en el Sistema Único de
Información (SUI), se deberá contar con un plan que contenga las metas y su
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
gradualidad, para que se logre el cumplimiento de los estándares señalados por
la regulación para la prestación de los servicios públicos domiciliarios»
7.7.5.1. Además, es pertinente señalar que dichos planes pueden ser
financiados con recursos del PDA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2.3.3.1.5.4 del Decreto 1077 de 2015, subrogado por el Decreto 1425 de 2019 63, y
en la Resolución 0002 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. De igual forma, la Nación también puede concurrir a su financiación, en
virtud de lo establecido en el numeral 16 del artículo 10 de la Resolución 661 de
201964 de la misma cartera ministerial. Además, el artículo 2.3.7.2.2.1.9. del Decreto
1077 de 2015, prevé que es obligación de los municipios prestar ayuda técnica y
financiera a esa clase de proyectos65.
7.7.6. En tal contexto, es menester modificar el ordinal segundo de la providencia
recurrida, toda vez que para su imposición el tribunal no atendió a juicios de
suficiencia y adecuación. Lo anterior, como quiera que se ordenó la construcción en
un plazo de 3 meses de las redes de alcantarillado en un área de difícil gestión, sin
considerar las alternativas que se ofrecen ni los costos que ello implica; veamos:
SEGUNDO.- Ordénese al Municipio de Soledad, Departamento del
Atlántico y la empresa Triple A S.A. E.S.P. para que en el término de tres (3)
meses contados desde la Ejecutoria de esta providencia, de forma coordinada
y armónica, inicien el trámite y gestiones administrativas requeridas para la
materialización de obras de infraestructuras relacionadas con el saneamiento
básico, en particular el servicio de alcantarillado, en los barrios y urbanizaciones
Villa Linda las Moras (Carrera 15 con Calle 59); Villa Merly (Carrera 16 con Calle
55 y 55 A); Normandía (Carrera 15 C con Calle 46); La Fe (Carrera 15 B con
Calle 46); Manuela Beltrán; Barrio Tajamar; Las Colonias; Puerta de Oro; El
Oasis (Calle 31 D con Carrera 15 D); El Conjunto Residencial Padua; Edificio
Parques de Bolívar (Carrera 30 con Calle 37); Las Nubes (Carrera 15 B con
Calle 46); y el Sector de los Rosales del Municipio de Soledad, y en las
siguientes direcciones del Municipio de Soledad: Carrera 18 con Calle 14,
Carrera 17 con Calle 14 y Calle 37 con Carrera 30 evitando el vertimiento de
aguas residuales en el cauce de los arroyos el Platanal y el Salado, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
63
« Artículo 2.3.3.1.5.4. Plan de Aseguramiento de la Prestación.(…) Parágrafo 4°. Los departamentos a través de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) podrán apoyar financiera,
técnica y administrativamente los procesos de entrega a terceros de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado
y aseo, así como la implementación efectiva de esquemas asociativos regionales de prestación de los servicios públicos de
agua potable y saneamiento básico».
64
«Artículo 10. Financiación de proyectos. Los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico presentados
ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio podrán ser financiables con recursos de la Nación o con recursos de tasa
compensada.
10.1. Proyectos financiables con recursos de la nación. Son proyectos financiables con recursos de la Nación, los siguientes:
16. Proyectos vinculados a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en
zonas rurales, zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares
no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la ley».
65
«Artículo 2.3.7.2.2.1.9. Apoyo de los municipios y distritos. Los municipios, distritos y departamentos, acorde con su
obligación constitucional y legal, priorizarán el apoyo técnico y financiero para la estructuración e implementación de las
acciones derivadas de los planes de gestión en áreas de difícil gestión y apoyarán técnica y financieramente los proyectos
para mejorar la prestación de dichos servicios públicos.
Estos proyectos se incluirán en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del municipio o distrito de que trata la Ley 152
de 1994 y en el convenio que suscriba la entidad territorial y la persona prestadora».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
En su lugar, se ordenará al Municipio de Soledad, al Departamento del Atlántico y
a la empresa Triple A que, en el marco de sus competencias, dentro de los 5 meses
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realicen los estudios técnicos
en los que se analicen las distintas herramientas definidas en el ordenamiento
jurídico y se determine cuál es el esquema más adecuado para la prestación del
servicio de alcantarillado en los barrios y urbanizaciones del anotado ente que
vierten directamente aguas residuales en los arroyos Platanal y El Salao al no contar
con infraestructura de alcantarillado. Particularmente, en dicho estudio se deben
establecer medidas a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a garantizar la
prestación de dichos servicios en condiciones de calidad, permanencia y eficiencia,
así como un cronograma para su realización. El anotado análisis técnico tendrá que
ser allegado dentro de ese mismo plazo al comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia, y el cronograma de ejecución comenzará a contar a partir de la
fecha de esta presentación.
Para la financiación de las obras determinadas en el estudio técnico, se ordenará al
municipio de Soledad, el Departamento del Atlántico y a la Triple A que, de acuerdo
con el cronograma definido para cada uno de los planes a corto, mediano y largo
plazo, presenten los respectivos estudios ante la dependencia encargada del PDA
de ese departamento y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su
evaluación y financiamiento.
En caso de que alguna de esas entidades solicite información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el municipio de Soledad y la
empresa Triple A dentro de los dos (2) meses siguientes
Una vez aprobado el financiamiento de las obras, éstas deberán ser realizadas por
la empresa Triple A, en los términos definidos en los respectivos cronogramas para
cada uno de los planes.
7.7.6.1. De otro lado, en cuanto al mandato previsto en el ordinal tercero de la
sentencia recurrida66, la Sala se abstendrá de realizar algún pronunciamiento ya
que no fue objeto de apelación.
7.8. Del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
66
«TERCERO.- Ordénese a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico “CRA” y el Establecimiento de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente de Soledad “EDUMAS” que en el término de tres (3) meses contados desde la Ejecutoria de
esta providencia, de forma coordinada y armónica elaboren e implemente un plan de saneamiento ambiental y programas de
protección ambiental, sin aún no lo han estructurado, tendiente a la prevención y mitigación de la contaminación de los arroyos
el Platanal y el Salado y los sectores adyacentes, conforme fue considerado en precedencia»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
En este punto, la Sala observa que la sentencia de primera instancia en lo que
respecta a la conformación del Comité de Verificación del cumplimiento del fallo,
ordenó en el ordinal quinto de la providencia recurrida que el comité de verificación
del cumplimiento de la sentencia estaría conformado por la parte actora, el
Ministerio Público y los demandados sin incluir dentro del mismo al Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia veamos:
«QUINTO.- CONFÓRMESE un comité de verificación que velará por el correcto
cumplimiento de las órdenes impartidas en este fallo el cual será presidido por
el Dr. CARLOS ALBERTO ARRIETA MARTINEZ, en calidad de Procurador 9
Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Barranquilla, y estará
integrado además por el accionante José David Rodríguez Romero y los
accionados Departamento del Atlántico – Municipio de Soledad – Sociedad de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. “Triple A S.A.
E.S.P.” »
Así, es menester señalar que el inciso 4 del artículo 34 de Ley 472 de 1998, indica
sobre este preciso aspecto que:
«Artículo 34. Sentencia.
(…)
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance
de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución
de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de
Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las
partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo,
el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en
el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que,
en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento
del fallo» (Subrayas y resaltado de la Sala).
Además, conforme a la anterior disposición, esta Sección67 definió que era menester
no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió sentencia de
67
Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación Número: 52001-23-33-
000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de un comité de
verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual
deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con
las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de
velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades
en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su competencia, colaboren en
orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el Municipio de Mocoa; ii) la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo es el
Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión en la
anotada instancia como Ponente de la misma68.
En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el ordinal
quinto de la sentencia de primera instancia, con el fin de que el Magistrado Ponente
del Tribunal Administrativo de Atlántico haga parte del mencionado Comité y lo
presida.
Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 de la
Ley 1564 de 12 de julio de 201269 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 70, no se
condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.
Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo
de Nariño. Este Comité será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
68
“Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la facultad de conformar
un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad
pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo. La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de acudir al incidente de
desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución
de las medidas de amparo previstas en la sentencia y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el
juez y demás personas interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado que dichas
autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que conduzcan a hacer
efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el de la acción popular puedan convocar a las entidades
encargadas de ejecutar las órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los
motivos de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos.68
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación del comité para la
verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció previamente (Supra 4.5.) cumple la función de
asesorar al funcionario judicial en la formulación de propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además,
permite hacer un seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han
adoptado con ese objeto.68
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la responsabilidad del juez de la
acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos jurídicos de los que él y las partes pueden valerse
para impulsar el cumplimiento de las órdenes de protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto para su ejecución y
que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas que conduzcan a la pronta y efectiva
materialización de la protección concedida. Esto significa que puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que
obstaculizan la concreción del amparo, requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar
los correctivos que conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia de
acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque opera como un espacio para la
elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la sentencia y el segundo porque permite que, ante la
inminencia de una sanción disciplinaria, las autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad
el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección, la competencia que
se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar el cumplimiento del fallo, la labor que en
aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control y los intereses que están en juego tratándose de derechos
colectivos cuya protección, por definición, concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en
efecto, el juez de la acción popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar
el goce efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”. Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe ser revocado, pero
sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá.”68 (Negrillas del original)
(Subrayas de la Sala)
69
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 70
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva sentencia
recurrida, en los siguientes términos:
«SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Soledad, al Departamento del
Atlántico y a la empresa Triple A que, en el marco de sus competencias, dentro
de los 5 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realicen
los estudios técnicos en los que se analicen las distintas herramientas
definidas en el ordenamiento jurídico y se determine cuál es el esquema más
adecuado para la prestación del servicio de alcantarillado en los barrios y
urbanizaciones del anotado ente que vierten directamente aguas residuales
en los arroyos Platanal y El Salao, al no contar con infraestructura de
alcantarillado. Particularmente, en dicho estudio se deben establecer medidas
a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a garantizar la prestación de dichos
servicios en condiciones de calidad, permanencia y eficiencia, así como un
cronograma para su realización. El anotado análisis técnico tendrá que ser
allegado dentro de ese mismo plazo al comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia, y el cronograma de ejecución comenzará a contar a partir de
la fecha de esta presentación.
Para la financiación de las obras determinadas en el estudio técnico, se
ordenará al Municipio de Soledad, el Departamento del Atlántico y a la Triple
A que, de acuerdo con el cronograma definido para cada uno de los planes a
corto, mediano y largo plazo, presenten los respectivos estudios ante la
dependencia encargada del PDA de ese Departamento y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para su evaluación y financiamiento.
En caso de que alguna de esas entidades solicite información adicional o
requiera correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio Soledad
y la Triple A dentro de los dos (2) meses siguientes
Una vez aprobado el financiamiento de las obras, éstas deberán ser realizadas
por la empresa Triple A, en los términos definidos en los respectivos
cronogramas para cada uno de los planes.»
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, en los siguientes términos:
«QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación que velará por el correcto
cumplimiento de las órdenes impartidas en este fallo el cual estará integrado por el
magistrado ponente de la decisión de primera instancia, quien lo presidirá, el
Procurador 9 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Barranquilla, el
accionante y los accionados Departamento del Atlántico, Municipio de Soledad, y la
Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P.»
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Radicado: 08001 23 33 000 2023 00461 01
Demandante: José David Rodríguez Romero
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala el 23 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.