Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00348-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2025-00348-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2025-00348-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
12 de febrero de 2026
Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Rad: 08001-23-33-000-2025-00348-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 08001-23-33-000-2025-00348-01
Demandante: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
Demandado: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Tema: Confirma sentencia que declaró improcedencia de la acción
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia de 27 de octubre de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de
cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
1. En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de su apoderado
judicial1, presentó demanda contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
IGAC- y solicitó el cumplimiento «del numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1447
de 2011».
2. Como consecuencia, pidió que se ordene al IGAC remitir la totalidad del
expediente administrativo EE/42 01/13/2009 con destino a las autoridades
competentes para tramitar la actuación administrativa subsiguiente; esto es, a
las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes.
2. Hechos
3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
1 Al respecto ver los anexos de la demanda contenido en el índice 2 de Samai del Consejo de
Estado.
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Demandante: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
Demandado: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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4. La parte actora manifestó que, en cumplimiento de lo ordenado en la
Resolución No. 1270 de 12 de julio de 2005, emitida por los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y el entonces Ministerio de Interior y de Justicia, y
a través de la cual se ordenó el deslinde entre el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia (departamento del
Atlántico), el IGAC dispuso la designación de un ingeniero para realizar la
operación administrativa de deslinde.
5. Indicó que, en acatamiento de dicha orden y como conclusión de la
mencionada operación administrativa de deslinde, el citado funcionario del
IGAC elaboró el «Informe Técnico del Deslinde entre el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia del
Departamento del Atlántico», mediante la cual se trazó una línea limítrofe para
las entidades territoriales involucradas.
6. Afirmó que, en el informe técnico, el cual forma parte del expediente EE/42
01/13/2009, el ingeniero indicó que «realizó el deslinde entre las anteriores
entidades territoriales (…)» y que «al no lograrse un acuerdo sobre una línea
limítrofe común, el IGAC remitió mediante oficio EE 142 de enero 13 de 2009,
el expediente de límite dudoso al Ministerio del Interior y de Justicia para que
éste lo hiciese llegar al competente para el trámite subsiguiente».
7. Refirió que, el mencionado deslinde fue remitido así mismo por el
subdirector de Geografía y Cartografía del IGAC, al Senado de la República,
con base en «lo decido por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia
C-313 de 2009, mediante la cual se ha reconocido que le corresponde al
Congreso de la República, en armonía con el artículo 150.4 de nuestra
Constitución Política, definir la división general del territorio, es decir, la
organización física e institucional de la República a partir de sus entidades
territoriales (…)» con el fin iniciar en el Congreso, con base en ese informe de
delimitación, el proceso para expedir la ley que defina la extensión territorial
que comprende el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
8. Sostuvo que, a pesar de que la citada remisión documental se encuentra
plenamente acreditada, lo cierto es que ante la petición realizada por el IGAC
a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización
y Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, a través de oficio del
12 de junio de 2025, los secretarios de las Comisiones en cada Cámara,
respondieron a la entidad peticionaria que «una vez revisados los archivos
que reposan en las secretarias de estas Comisiones -archivos físicos
digitales-, no se encuentra expediente relacionado con el deslinde entre el
Distrito de Barranquilla y Puerto Colombia 2009».
9. Enseguida, manifestó que, las afirmaciones de los secretarios resultan
contrarias a la evidencia de la remisión del informe técnico de deslinde que
reposa en el Congreso desde el 01 de septiembre de 2009, remitido por el
IGAC a instancias del senador Samuel Arrieta Vuelvas, con el fin de dar
cumplimiento a la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-313 de
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2009 y la cual le otorgó competencia al Congreso de la República para fijar
los límites entre el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
10. Asimismo, indicó que, el Congreso de la República expidió la Ley 1617 del
5 de febrero de 2013, por la cual se expide el Régimen para los Distritos
Especiales, reiterando en su artículo 9.º (en línea con lo que ya había sido
dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-313 del 5 de mayo de
2009), que le corresponde al Congreso de la República, a través de las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, «la determinación o modificación de límites de los distritos
distintos al Distrito Capital de Bogotá, así como la solución de conflictos
limítrofes entre un distrito y un municipio».
11. Concluyó que, el deber incumplido por el IGAC «es claro, expreso y
exigible», de conformidad con el artículo 9.º numeral 3 de la Ley 1447 de 2011,
que lo obliga a remitir los expedientes de límites dudosos al Congreso de la
República para su trámite definitivo. Insistió en que, la remisión efectuada en
2009 no exonera a la entidad, pues la Ley 1447 creó un procedimiento
especial y permanente de custodia y remisión, que exige que el expediente
EE/42 01/13/2009 esté disponible y en poder del Congreso.
12. Finalmente, sostuvo que la omisión es actual, dado que en 2025 las
Comisiones del Congreso certificaron no tener el expediente, mientras el
IGAC guarda el deber legal de garantizar su conservación, trazabilidad y
entrega efectiva.
3. Trámite de la solicitud en primera instancia
13. Mediante providencia del 29 de septiembre de 20252, la magistrada
sustanciadora del Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda y
ordenó la notificación al IGAC.
4. Contestación de la demanda
4.1. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi
14. El instituto, a través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no es cierto lo afirmado en
cuanto a que el IGAC incumplió el deber de remitir el expediente del deslinde
de 2009.
15. Precisó que, efectivamente, la Ley 1617 de 2013 en su artículo 9, en
concordancia con el artículo 150.4 de la Constitución Política y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-313 de 2009),
reconoció la competencia del Congreso de la República para definir los límites
de los distritos y resolver los conflictos limítrofes entre estos y los municipios.
2 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado
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En ese marco, el IGAC cumplió con su obligación de remitir en 2009 el
expediente respectivo a las Comisiones de Ordenamiento Territorial del
Senado y de la Cámara de Representantes, como consta en los oficios y
radicaciones allegados al proceso.
16. Señaló que la sola radicación del expediente no equivale a la culminación
del procedimiento legislativo. La definición del límite exige, conforme al
régimen constitucional y legal, el desarrollo de un trámite complejo que incluye
la presentación de ponencias, los debates correspondientes en las
Comisiones y Plenarias del Congreso, y la expedición de una ley en sentido
formal. Dicho trámite legislativo nunca fue agotado, lo que impide considerar
que el deslinde de 2009 se encuentre definido o aprobado.
17. Como argumento de defensa, sostuvo que el legislador estableció reglas
claras en el régimen de transición, previsto en el artículo 16 del Decreto 2381
de 2012 y en el artículo 2.2.2.4.16 del Decreto 1170 de 2015. De conformidad
con estas disposiciones, los expedientes de límites dudosos radicados en el
Congreso que no hubieran culminado su trámite antes del 9 de junio de 2014
debían iniciar un nuevo procedimiento bajo los parámetros de la Ley 1447 de
2011.
18. En cumplimiento de esta normativa, el IGAC expidió la Resolución No.
0518 del 21 de abril de 2025, mediante la cual ordenó la apertura de la
diligencia de deslinde entre el distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto
Colombia, ajustando así su actuación a las competencias y a la normativa
vigente; sin embargo, como consecuencia de dicha resolución, el distrito ha
presentado una serie de peticiones y recursos, de conformidad con el
siguiente recuento.
19 El 4 de junio de 2025, mediante oficio con Radicado No. 3200SAF-
20250025659ER, solicitó la terminación del procedimiento administrativo –
diligencia de deslinde que se abrió a través de la Resolución 518 de 2025
expedida por el IGAC, por «falta de competencia funcional para adelantar el
trámite de que trata el artículo 3 de la Ley 1447 de 2015», junto con el escrito
allegó el Oficio No. 142 EE-O1 del 13 de enero de 2009, dirigido al ministro
del Interior, mediante el cual se envió el expediente y el informe técnico de
deslinde abierto por medio de la Resolución 1270 de julio 12 de 2005.
20. Además, manifestó que, mediante Oficio No. 2420SGEO-
20250001503ER del 19 de junio de 2025, el subdirector de Geografía dio
respuesta a la solicitud de terminación de la operación administrativa de
deslinde por falta de competencia. El IGAC desarrolló el problema jurídico
planteado por parte del distrito, realizó los traslados a las entidades
territoriales intervinientes garantizando el derecho al debido proceso y al de
contradicción, y posterior a análisis y revisión de las intervenciones y los
oficios enviados por el Congreso de la República. Finalmente, resolvió de
manera motiva no accediendo a la solicitud, indicando que la Resolución 518
de 2025, fue expedida en ejercicio legítimo de dicha competencia y con
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fundamento en criterios técnicos, históricos y jurídicos, y en el mismo sentido
se reiteró que el IGAC actúa dentro del marco de la legalidad y en ejercicio de
sus competencias.
21. A continuación indicó que, el 27 de junio de 2025, el distrito de Barranquilla
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra de la
respuesta mediante Oficio No. 2420SGEO20250001503-ER del 19 de junio
de 2025. El 09 de julio de 2025, mediante oficio No. 2400DGIG-2025-
0001674-EE, el IGAC resolvió el recurso de reposición.
22. El 11 de julio de 2025, mediante oficio No. 2400DGIG-2025-0001610-EE,
el IGAC resolvió el recurso de apelación indicando que, de acuerdo con los
antecedentes y los aspectos del recurso se pudo constatar que la
Subdirección de Geografía desarrollo todas las actividades posibles para
constatar lo ocurrido con el expediente del deslinde del año 2009, haciendo
referencia a que: «El hecho de que el Congreso de la República no haya
asumido competencia ni adoptado una decisión definitiva sobre el deslinde
del 2009, implica la obligación legal de realizar la revisión de la línea limítrofe
en el marco de la Ley 1447 de 2011 y el Decreto 1170 de 2015».
23. El 29 de julio de 2025, el distrito de Barranquilla, mediante oficio No.
QUILLA-2025- 0167918, con asunto: «Solicitud de tener en cuenta prueba
obrante en el expediente y la consecuente exclusión de visita de campo
programada en el marco del proceso de deslinde entre el distrito de
Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia». En el oficio, solicitó tener por
realizada la diligencia en campo realizada en el 2006, frente a la cual, la
entidad, el 28 de agosto de 2025, mediante oficio No. 3200SAF-2025-
0001998-EE negó la solicitud y mantuvo la programación de la diligencia de
campo para los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2025.
24. El 28 de agosto de 2025, mediante oficio No. 3200SAF-2025-0001997-
EE, se dio respuesta a la «Solicitud de actualización del límite transitorio entre
el distrito Especial, Industrial, y Portuario de Barranquilla y el municipio de
Puerto Colombia trazado sobre cartografía oficial con base en la normatividad
vigente». En este sentido, la entidad sostuvo que se debía continuar con el
desarrollo de la diligencia de deslinde en cada una de las etapas establecidas
en la normativa vigente.
25. El 3 de septiembre de 2025, el distrito de Barranquilla mediante oficio No.
QUILLA2025-0205304, interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra de la respuesta del oficio No. 3200SAF-2025-0001997-
EE. Actualmente se encuentra en revisión.
26. El 4 de septiembre de 2025, el distrito de Barranquilla mediante oficio No.
QUILLA2025-0206935, con asunto: «Respuesta a compromisos adquiridos
en la sesión de deslinde del 15 de julio de 2025», allegaron el listado de los
antecedentes históricos. Actualmente se encuentra en revisión.
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27. El 10 de septiembre de 2025, mediante oficio No. 2420SGEO-2025-
0002035-EE, se dio respuesta con asunto: «Pronunciamiento recurso de
reposición y en Subsidio de apelación. Radicado No. 2400DGIG-2025-
0001997-EE 27». El 11 de septiembre de 2025, mediante oficio No.
2400DGIG-2025-0001699-EE, se dio respuesta con asunto:
«Pronunciamiento recurso de reposición y en Subsidio de apelación.
Radicado No. 2400DGIG-2025-0001997-EE».
28. Finalmente, indicó que la afirmación realizada por la parte actora en
cuanto a que el informe técnico de deslinde de 2009 conserva vigencia de
veinte (20) años de acuerdo con el artículo 2.° de la Ley 1447 de 2011 no es
cierta, por cuanto dicho estudio fue elaborado y remitido al Congreso bajo la
vigencia de la Ley 62 de 1939, normativa que regulaba los deslindes para ese
momento. Por tanto, no puede pretenderse extender retroactivamente los
efectos de la Ley 1447 de 2011 a un procedimiento surtido bajo un marco
jurídico anterior, sin desconocer el régimen de transición expresamente
previsto en el artículo 16 del Decreto 2381 de 2012 y en el artículo 2.2.2.4.16
del Decreto 1170 de 2015.
5. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 27 de octubre de
20253, declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.
30. Sostuvo que, el numeral tercero del artículo 9.° de la Ley 1447 de 2011, si
bien contiene un mandato que se encuentra efectivamente a cargo del IGAC,
y que consiste en la remisión del expediente administrativo relacionado con
los límites entre los entes territoriales en controversia al Congreso de la
República para el trámite legislativo correspondiente, atendiendo la fecha en
que fue elaborado el informe y adelantado el expediente -año 2009-, se
encuentra condicionado por una reglamentación posterior.
31. Concluyó que no es posible ordenar el cumplimiento de la disposición
invocada por la parte actora porque el mandato en ella contenido resulta
objetable por la entidad, en atención al régimen de transición previsto ante el
cambio normativo relacionado con la definición de limites dudosos entre entes
territoriales, porque, la obligación prevista está condicionada a la validez o no
del trámite que se desarrolló en relación con el expediente administrativo No.
EE/42 01/13/2009.
32. Finalmente, en cuanto a la discusión de la vigencia del expediente
administrativo No. EE/42 01/13/2009, y si el mismo puede o no ser tomado
como insumo para un eventual trámite legislativo, indicó que el juez de la
acción de cumplimiento no es el competente para definirlo, porque esto implica
un pronunciamiento respecto de aspectos que subyacen dentro de un
procedimiento administrativo que da origen a la pretensión.
3 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado.
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6. La impugnación4
33. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de cumplimiento.
34. Adujo que el fallo incurre en un error de interpretación sustancial respecto
de la naturaleza imperativa del mandato contenido en el artículo 9 numeral 3
de la Ley 1447 de 2011, teniendo en cuenta que la referida disposición legal
establece, de manera clara, que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
remitirá el expediente de límite dudoso a las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, sin
dejar margen de discrecionalidad o condicionamiento alguno.
35. Sostuvo que el expediente EE/42 01/13/2009, contentivo de la acción de
deslinde adelantada por el IGAC, cuyas piezas y actuaciones hacen parte
integral de la operación administrativa iniciada para definir el límite dudoso
entre el municipio de Puerto Colombia y el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla mantiene plena vigencia, teniendo en cuenta que,
conforme con lo establecido en el artículo 2 de la misma Ley 1447 de 2011, no
han transcurrido veinte (20) años desde su elaboración, y no han ocurrido
eventos naturales que alteren la posición de los elementos que conformaron
el límite propuesto en ese expediente por el IGAC.
36. En relación con el contenido del artículo transitorio del Decreto 2381 del
2012, precisó que el precepto no afecta validez ni cobija en sus efectos el
trámite especifico del expediente administrativo de deslinde de 2009, ni limita
o condiciona el envío de tal actuación por parte del IGAC a las Comisiones
Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, porque únicamente
hace alusión a la gestión de los expedientes de deslinde radicados y en trámite
antes del 9 de junio de 2011 en el Senado de la República.
37. En ese sentido, sostuvo que, se podía concluir que la aplicación de dicha
norma transitoria está condicionada a un hecho fáctico específico: «que el
expediente estuviera radicado en el Senado antes del 9 de junio de 2011». Sin
embargo, afirmó que esa condición no se cumple en el caso concreto, puesto
que, como se puede evidenciar en los anexos de la demanda, la certificación
emitida por el Senado de la República, indica que el expediente No. EE/42
01/13/2009 contentivo del deslinde entre el municipio de Puerto Colombia y el
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla del Departamento del
Atlántico, hasta el momento, no se encuentra radicado en el Senado de la
República.
4 La sentencia del 27 de octubre de 2025 fue notificada el 6 de noviembre de 2025 a través de
correo electrónico, y el escrito de impugnación fue radicado mediante ese mismo medio el 13
de noviembre de 2025, término que se encuentra oportuno.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
38. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 27 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.
2. Objeto de la decisión
39. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 27 de octubre
de 2025, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
40. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del
IGAC de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?
41. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
42. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
43. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].
44. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
45. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
46. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
47. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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48. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.
49. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.
50. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
51. Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no
está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al
menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza
material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la
disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en
el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [11] (Negrillas fuera de texto).
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
11 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia
del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
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52. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
53. En el caso concreto se encuentra la solicitud ante el IGAC del 11 de agosto
de 2025, en la que la parte actora solicitó el cumplimiento del numeral 3 del
artículo 9 de la Ley 1447 de 2011.
54. En el proceso obra constancia de la respuesta otorgada por la entidad, el
20 de noviembre de 2025, en la que se negó a dar aplicación a lo solicitado.
55. Por tanto, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de constitución
en renuencia. Como consecuencia, se pasará al estudio de procedencia de
este medio de control.
5. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción
56. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo
que impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es
decir, su objeto es el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. La parte
demandante invocó como disposición incumplida el artículo 9 de la Ley 1447
de 2011, que no ha sido derogado. Es decir, nos encontramos ante una norma
vigente y cuyo tenor es el siguiente:
57. Artículo 9 Ley 1447 de 2011:
Artículo 9°. Procedimiento para límites dudosos. Para solucionar casos
de límites dudosos, se seguirá el siguiente procedimiento, previa
conformación del respectivo expediente por el IGAC.
1. Si se trata de límite dudoso entre municipios de un mismo departamento
se procederá de esta manera.
El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a iniciativa del
Gobernador o de los mismos miembros de la Asamblea Departamental.
La anexión de un área territorial de un municipio a otro no podrá afectar la
categoría del municipio de donde ella se segregue, ni menguarle a este
las condiciones mínimas exigidas por el artículo 8° de la Ley 136 de 1994
para la creación de municipios.
La correspondiente oficina de Planeación Departamental realizará en la
respectiva zona de conflicto intermunicipal una investigación histórica y
técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio documentado
y escrito que definitivamente en el territorio en conflicto, se presentan
aspectos e indefinición de límites o problemas de identidad natural, social,
cultural o económica que hagan aconsejable el anexamiento y la
consiguiente agregación de áreas territoriales.
2. Si se trata de límite dudoso en que esté implicada alguna entidad
territorial indígena se remitirá el expediente al Ministerio del Interior y de
Justicia para que lo defina de acuerdo con el procedimiento que se
convenga con sus representantes.
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3. Si se trata de límite dudoso en que esté implicado alguna región
territorial, departamento, distrito, o municipio integrante de una área
metropolitana, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi remitirá el
expediente de límite dudoso a las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial, para que dentro de un término razonable según la complejidad
del caso, soliciten conceptos técnicos a órganos consultivos del Gobierno
Nacional, especialmente al IGAC, y adelante todas las actividades y
diligencias necesarias, con intervención de las partes y el apoyo de
profesionales expertos en la materia, proponga un trazado para definir el
límite dudoso o en conflicto. La decisión tomada al respecto por las
Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República
y Cámara de Representantes, se considerará como propuesta definitiva
para ser presentada ante la Plenaria de Senado.
Parágrafo 1°. Mientras se surten los procedimientos de definición de
límites dudosos entre las entidades territoriales involucradas, estas
conservan sus competencias constitucionales y legales para todos los
efectos.
Parágrafo 2°. Cuando los límites dudosos involucren varios municipios,
departamentos o distritos, deberá solicitarse al IGAC, dentro del mes
siguiente a la recepción del expediente, una delimitación provisional de la
zona en disputa, lo cual se hará con base en los documentos históricos y
catastrales que posea el instituto. Esta delimitación provisional deberá
hacerse en un plazo máximo de tres (3) meses. Mientras se surten estos
trámites, las entidades territoriales involucradas conservarán sus
competencias constitucionales y legales para todos los efectos legales.
Una vez hecha la delimitación provisional, se aplicará lo dispuesto en el
parágrafo 1° del presente artículo (subrayas de la Sala).
58. Sin embargo, la Sala advierte que, más allá del obedecimiento del artículo
invocado en la demanda, y de la obligación de remitir un expediente para que
surta un trámite, la parte actora propone un debate que escapa al objeto de
este medio de control.
59. En efecto, de los documentos allegados al proceso y especialmente de la
contestación de IGAC se advierte que desde el año pasado existe un debate
jurídico entre la parte actora y la entidad en torno a si el expediente No. EE/42
01/13/2009 contiene la delimitación provisional o definitiva y, por tanto, si es
este el expediente que debe ser remitido a las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes o el resultante del
nuevo trámite iniciado con la Resolución 518 de 2025.
60. Al respecto, a través de la Resolución 518 de 2025 el IGAC dio apertura a
la diligencia de deslinde, en aplicación de la Ley 1447 de 2011; sin embargo,
la parte actora consideró que dicha entidad carecía de competencia para
proferir ese acto administrativo; como consecuencia, interpuso recurso de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos en su oportunidad de forma
negativa al distrito, de conformidad con los siguientes argumentos:
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(…) se confirma que la operación administrativa de deslinde iniciada mediante la
Resolución No. 0518 de 2025 sigue el marco normativo y está dentro de las
competencias del IGAC, por lo tanto se reitera que la actuación del IGAC no
contraviene ninguna disposición aplicable, ya que, como se explicó, el informe
técnico de 2009, aunque relevante, no surtió su trámite final ante el competente
y la falta de resolución legislativa por parte del Congreso en ese proceso, deja
abierto el camino para que el IGAC continúe con el deslinde, en el marco de la
Ley 1447 de 2011 y el Decreto 1170 de 2015.
(…).
Adicional a lo anterior, es importante recalcar que quedó debidamente soportado,
mediante los oficios No. COT-CS-081-2025 y CESPDOT 3-14.3 061/25, que en
el despacho del Congreso de la República, no reposa expediente alguno
relacionado con el informe técnico de 2009, como tampoco se adelantó tramite
alguno para el respectivo debate legislativo de este diferendo limítrofe, por lo
tanto, en aplicación del artículo 2.2.2.4.16 del Decreto 1170 de 2015, es deber
legal del IGAC continuar con la operación administrativa de deslinde (Resolución
No. 0518 del 21 de abril de 2025).
61. Así las cosas, para la Sala es claro que, en la actualidad, existe una
discusión entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el
IGAC en torno al expediente que el distrito pretende que sea remitido al
Congreso de la República en aplicación de lo establecido en el artículo 9 de la
Ley 1447 de 2011 y que debe ser resuelta a través de otros mecanismos
judiciales.
62. Al respecto, se recuerda que la subsidiariedad implica la improcedencia de
la acción, si se cuenta o contó con otros mecanismos de defensa jurídica para
lograr el efectivo cumplimiento de ley o del acto administrativo, salvo que se
esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que haga desplazar el
instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable.
Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales
residuales y no principales.
33. Lo anterior se explica en «[…] garantizar que la resolución de las
diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el
ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar la alteración de las
competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No
puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento
como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la
causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción,
la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la
existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la
solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio […]»12.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejero ponente, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de
2012, radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
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64. Es decir, no basta con endilgar el incumplimiento de la disposición legal
invocada y procurar a través de esta vía que el juez interfiera en las
competencias del IGAC; para la Sala, la actuación solicitada, ordenar la
remisión de un expediente al Congreso de la República cuyo contenido está
siendo cuestionado y que incluso tiene pendiente actuaciones, de acuerdo con
el informe rendido por el IGAC, no es jurídicamente exigible por este medio,
correspondiéndole; por tanto, acudir ante el juez natural, a través de los
medios de control ordinarios como la nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de que se realice el estudio correspondiente de legalidad sobre
Resolución 518 de 2025 que ordenó la apertura de la diligencia de deslinde
porque consideró que el expediente EE/42 01/13/2009 no surtió su trámite, por
tanto, se dio continuidad al proceso.
65. En otras palabras, a través de esta acción constitucional no se puede
desvirtuar la presunción de legalidad del mencionado acto administrativo o de
los demás que han resuelto las peticiones a través de las cuales el distrito
pretende que se tenga como expediente para remitir al Congreso el EE/42
01/13/2009, discusión que debe ser definida por el actor a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede formular
la respectiva medida provisional, desvirtuar la presunción de legalidad de la
decisión de la administración y lograr el restablecimiento del derecho, que
implícitamente aquí está proponiendo, esto es, el uso del expediente EE/42
01/13/2009 para que sea remitido como la delimitación que aquel contiene y
no la que se ordenó adelantar en el año 2025 al Congreso de la República.
66. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia13 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial»,
como causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite
un perjuicio irremediable.
67. En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia
que impide abordar el análisis de fondo de la pretensión del demandante 14.
Esto es, el obedecimiento del artículo 9 de la Ley 1447 de 2011, por cuanto
implica directamente un asunto relacionado con la legalidad de los actos
administrativos que negaron su pedimento, cuya legalidad debe ser objeto de
análisis por esta jurisdicción a través de otros medios idóneos y eficaces.
68. Finalmente, no se alegó ni se encuentra configurado un perjuicio
irremediable que permita excepcionar el requisito de procedencia de la
subsidiariedad y, en todo caso, lo cierto es que, según los parágrafos de la
13 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-
01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-
2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
14
En similar sentido puede consultarse la sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 18001-2333-000-
2024-00007-01.
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norma invocada, mientras se surten los procedimientos de definición de
límites dudosos entre las entidades territoriales involucradas, estas conservan
sus competencias constitucionales y legales para todos los efectos.
69. Como consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido el 27 de octubre
de 2025, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero, de conformidad con
los argumentos en la parte motiva de esta sentencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 27 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró improcedente la acción de
cumplimiento, de conformidad con los argumentos expuestos en este fallo.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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