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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00007-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2024-00007-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia de 22 de febrero de 2024 del Tribunal Administrativo del Caquetá, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción 17 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095- 01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo. 10 Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luis Francinet Duarte Echeverry Demandada: Fiscalía General de la Nación Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01 de cumplimiento por subsidiariedad, conforme las previsiones de la Ley 393 de 1997. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 18001-23-33-000-2024-00007-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de abril de 2024

Demandante: Luis Francinet Duarte Echeverry
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01
Demandante: LUIS FRANCINET DUARTE ECHEVERRY
Demandados: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Revoca negativa de pretensión, en su lugar, declara
improcedencia por subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 22 de febrero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Caquetá negó la pretensión de la demanda de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Luis
Francinet Duarte Echeverry demandó a la Dirección Ejecutiva y Subdirección de
Talento Humano de la Fiscalía General de la Nación. En el escrito, formuló la
siguiente pretensión:

[…] [S]e ordene a la señora Directora Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación
o a quien corresponda, de cumplimiento al artículo 94 del Decreto Ley 021 de 2014
en lo que tiene que ver con mi caso.

2. Hechos

2.1. El actor se encuentra vinculado en la Fiscalía General de la Nación, Dirección
Nacional de Instrucción Criminal, desde el 1.° de julio de 1992, fue nombrado en el
año 2010 como fiscal especializado en carrera administrativa, y ubicado en la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la
ciudad de Neiva –Huila–. Posteriormente, mediante Resolución núm. 1-0230 del
12 de junio de 2018, fue trasladado a la Dirección Seccional del Caquetá, sede
Florencia.

1
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Demandante: Luis Francinet Duarte Echeverry
Demandada: Fiscalía General de la Nación
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2.2. Con ocasión del traslado, instauró acción de tutela la cual le fue resuelta
favorablemente el 18 de enero de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá,
decisión que fue revocada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia
el 28 de febrero de 2019. A su vez, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que ordenó su traslado,
asunto que cursa en el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia, bajo el
radicado 18001-33-33-004-2019-00053-00.

2.3. El actor argumentó que el 1.° de abril de 2019 se presentó ante la Fiscalía
Seccional del Caquetá, fue adscrito el 5 de abril a la Fiscalía 7 Especializada,
transcurriendo a la fecha en la que se radicó la demanda, 4 años, 7 meses y 20
días. Calificó como injusta su reubicación y la señaló como una persecución
laboral. Sostuvo que, desde el año 2013, tiene su residencia familiar en la ciudad
de Neiva, lugar donde se encuentran su esposa y sus dos hijos, quienes estudian
en la universidad.

Señaló que, según lo dispone el artículo 94 del Decreto Ley 021 de 2014, la figura
de reubicación laboral tiene un término de 4 años. El 29 de junio de 2023, solicitó
el obedecimiento de dicha disposición a la autoridad accionada y, en
consecuencia, que fuera reubicado en la ciudad de Neiva. La entidad el 8 de
septiembre de 2023, respondió que no podía acceder al pedimento y que, por
necesidades del servicio, el actor debería continuar en el municipio de Florencia.

3. Admisión de la demanda

En auto de 28 de noviembre de 2023, el Juzgado Tercero Administrativo de
Florencia admitió la demanda, tuvo como pruebas los documentos aportados por
el demandante, y ordenó la notificación de lo decidido al actor y a la Fiscalía
general de la Nación. Posteriormente, en auto de 29 de enero de 2024, el Juzgado
advirtió la falta de competencia funcional, declaró la nulidad de la sentencia que
había proferido y ordenó remitir el asunto al Tribunal Administrativo del Caquetá
en atención a que la autoridad judicial accionada es del orden nacional.

4. Informes

La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de la acción de
cumplimiento, argumentó que la Resolución 1-2330 del 12 de junio de 2018,
encuentra sustento en la delegación realizada por el Fiscal General de la Nación,
a partir de lo previsto en el Decreto 016 de 2014. Refirió que la reubicación del
demandante obedeció a la necesidad del servicio, mas no a una irregularidad,
arbitrariedad o incumplimiento de la norma invocada, está ajustada a derecho y es
un acto administrativo, cuya legalidad debe ser definida en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 18001-33-33-004-2019-
00053-00, por parte del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia; por tanto, a
partir del debate judicial propuesto en esta acción constitucional, sostuvo que se
2
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genera un desgaste para la administración de justicia por lo que este medio resulta
improcedente al existir otros mecanismos de defensa judicial.

5. Sentencia de primera instancia

En decisión de 22 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del Caquetá negó
la pretensión de la demanda al concluir que, a partir de las razones expuestas por
la FGN en la respuesta a la renuencia, esto es; por necesidad del servicio y las
previsiones del Decreto Ley 016 de 2014, justificaban la permanecía del actor en
el municipio de Florencia –Caquetá–, pese a que han transcurrido más de cuatro
años desde que él fue trasladado.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, señaló que en la
sentencia se confunden las figuras del traslado [Decreto Ley 016 de 2014] que
encuentran sustento en las necesidades del servicio y en las de reubicación
[Decreto Ley 021 de 2014] cuya naturaleza es transitoria y, por ende, el termino
previsto en la disposición que se pidió acatar conlleva un imperativo legal que se
encuentra incumplido por lo que se debe acceder a la pretensión planteada.
Aunado a que resulta contradictorio que se indique que se acreditó el presupuesto
de procedibilidad de la acción [renuencia], pero a partir de la respuesta emitida por
la autoridad concluyó que era justificada.

7. Impedimento

El 15 de abril de 2024, el magistrado, Dr. Omar Joaquín Barreto Suárez, consideró
estar incurso en causal de impedimento prevista en el numeral 3.º del artículo 130
del CPACA, por cuanto su señora cónyuge se desempeña «como fiscal adscrita a
una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que integró la parte
ejecutada en el proceso en mención»1.

En auto de 18 de febrero de 20242, la Sala, sin la participación del por el Dr. Omar
Joaquín Barreto Suárez, declaró infundado el impedimento manifestado.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
22 de febrero de 2024 del Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad

1
Índice 19 de SAMAI.
2
Se precisa que esta sentencia y el auto que declaró infundado el impedimento manifestado por el Dr. Omar
Joaquín Barreto Suárez datan del mismo día en atención a los principios de celeridad y economía procesal
que impera en este tipo de acciones constitucionales.
3
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con lo dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del
CPACA, así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
22 de febrero de 2024. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento del artículo 94 del Decreto
Ley 021 de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393
de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de la disposición legal y acto
administrativo invocados por la parte actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo3 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

3
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
4
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Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo4.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta

4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
5
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
5
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que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política6.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»7.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado8.

6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia
de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
7
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
8
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-
2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
6
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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,9 a menos que estén apropiados;10 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior11.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este12 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»13. Igualmente, esta Sección14 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

9
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-
4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
10
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-
2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
11
Sentencia antes citada.
12
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en
renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-
2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[15] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, «aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»16.

En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
29 de junio de 2023, en el que solicitó a la demandada el obedecimiento del
artículo 94 del Decreto Ley 021 de 2014 y su traslado a la ciudad de Neiva –Huila–
, en atención a que ya transcurrieron más de cuatro años desde que fue

15
En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
16
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
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Demandante: Luis Francinet Duarte Echeverry
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01

trasladado en la ciudad de Florencia –Caquetá– para desempeñar sus funciones
como fiscal.

La entidad, el 8 de septiembre de 2023, respondió que no podía acceder al
pedimento y que, por necesidades del servicio, el actor debería continuar en el
municipio de Florencia. Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda
agotado el requisito de constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la
Ley 393 de 1997, respecto del artículo 94 del decreto Ley 021 de 2014, toda vez
que la respuesta de la accionada fue posterior al límite temporal previsto en el
artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 y, en todo caso, resulta contraria al querer del
ciudadano.

3.4. Norma que se pide cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposición legal incumplida el artículo 94 del Decreto Ley 021 de 2014 que
dispone:

DECRETO <LEY> 21 DE 2014
(enero 9)
Diario Oficial No. 49.028 de 9 de enero de 2014
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los
servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.
[…]
ARTÍCULO 94. TÉRMINO. La reubicación es una situación temporal del empleo. En consecuencia, el
término máximo de reubicación es de cuatro (4) años. […].

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de una norma,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encontraría satisfecho. No obstante, más allá del obedecimiento del mencionado
artículo, el debate propuesto por el actor encuentra relación estrecha con el acto
administrativo por medio del cual se dispuso que desempeñaría sus funciones
como fiscal en la ciudad de Florencia –Caquetá– [Resolución núm. 1-0230 del 12
de junio de 2018] –el cual, según se indica en la respuesta de 8 de septiembre de
2023 mantiene su vigencia pese a que han transcurrido más de 4 años de la
reubicación–.

En otras palabras, a través de esta acción constitucional no se puede desvirtuar la
presunción de legalidad del mencionado acto administrativo, discusión que está
pendiente de ser definida por el Juzgado Quinto Administrativo de Florencia,
dentro del medio de control identificado con el radicado 18001-33-33-004-2019-
00053-00, el cual, verificado el sistema SAMAI, se encuentra ad portas de resolver
en sentencia de primera instancia, mecanismo judicial al cual el actor ya acudió y

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Demandante: Luis Francinet Duarte Echeverry
Demandada: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01

en el cual puede formular la respectiva medida provisional, desvirtuar la
presunción de legalidad de la decisión de la administración y lograr el
restablecimiento del derecho, que implícitamente aquí está proponiendo, esto es,
retornar laboralmente a la ciudad de Neiva.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia17 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de la pretensión del demandante. Esto es, el
obedecimiento del artículo 94 del Decreto Ley 021 de 2014, por cuanto implica
directamente un asunto relacionado con la vigencia del acto administrativo que
ordenó la remisión del actor a la ciudad de Florencia, cuya legalidad es objeto de
análisis por esta jurisdicción y, en criterio, de la demandada mantiene su vigencia
a través de un medio de control, y que el demandante informó que está en curso,
trámite en el que tiene a su alcance los mecanismos jurídicos [medida cautelar]
para lograr lo que realmente propende, esto es, retornar a desempeñar sus
funciones a la ciudad de Neiva.

En consecuencia, lo anterior, conlleva a que la Sala revoque la negativa de la
sentencia impugnada y, en su lugar, se declare la improcedencia de la acción.
Finalmente, no se encuentra configurado un perjuicio irremediable, sumado a que
en la medida cautelar el actor puede formular tal argumentación dentro del
proceso judicial que ya promovió ante esta jurisdicción. Por tanto, la Sala revocará
la sentencia de 22 de febrero de 2024, para declarar la improcedencia porque
cursa un medio de control en el que se debate la legalidad del acto administrativo
cuya vigencia no puede ser definida en esta acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia de 22 de febrero de 2024 del Tribunal
Administrativo del Caquetá, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción

17
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
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Radicación: 18001-2333-000-2024-00007-01

de cumplimiento por subsidiariedad, conforme las previsiones de la Ley 393 de
1997.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
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