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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00178-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00178-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, que declaró la improcedencia de la acción, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 12 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425- 01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000- 2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo. 13 En similar sentido puede consultarse la sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 18001-2333-000- 2024-00007-01. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Demandante: Yesica María Yépez Jiménez Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil Rad: 70001-23-33-000-2025-00178-01 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2025-00178-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

5 de febrero de 2026

Demandante: Yesica María Yépez Jiménez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
Rad: 70001-23-33-000-2025-00178-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00178-01
Demandante: YESICA MARÍA YÉPEZ JIMÉNEZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Tema: Improcedencia de la acción de cumplimiento – no supera el
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala Procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 11 de diciembre de 2025, mediante la cual la Sala
Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre declaró
improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Yésica María Yépez Jiménez presentó demanda contra la Comisión
Nacional del Servicio Civil -CNSC-, con el fin de solicitar el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, compilados
por el Decreto 1075 de 2015, en la que formuló las siguientes pretensiones:

(…) proceda a adelantar los trámite administrativos para mi reubicación por
desplazamiento forzado conforme lo establece de manera taxativa la ley y los
artículos objeto de cumplimiento para lo cual anexo los requisitos de ley
certificado laboral , inscripción en el registro único de víctimas, y la propuesta de
5 entidades territoriales certificadas donde aspiro a ser reubicada requisitos
únicos establecidos en la norma especial reglamentaria.
2. Ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la inclusión
inmediata de la accionante en el Banco de Datos de empleados de carrera
desplazados, conforme al artículo 12 del Decreto 1782 de 2013.
3. Ordenar a la CNSC expedir, en el término de diez (10) días hábiles, el acto
administrativo mediante el cual disponga el traslado de la docente a una de las
entidades territoriales certificadas propuestas en su solicitud.
4. Ordenar a las entidades territoriales nominadora y receptora suscribir el
convenio interadministrativo correspondiente y ejecutar las actuaciones
administrativas necesarias para garantizar la incorporación y posesión de la
docente, sin solución de continuidad.

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Demandante: Yesica María Yépez Jiménez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
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5. Disponer que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo para que ejerzan vigilancia del cumplimiento del fallo 1.

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

3. La actora sostuvo que presentó solicitud de cumplimiento de conformidad
con el artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, para constituir la renuencia
establecida como requisito de procedibilidad en este tipo de asuntos, en la
que le pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- el cumplimiento
de los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, compilados por el
Decreto 1075 de 2015.

4. Informó que interpuso una acción de tutela contra la CNSC, la cual resultó
favorable en primera instancia a sus intereses, pero fue revocada por el
Tribunal Superior - Sala Civil, Familia y Laboral de Sincelejo bajo el argumento
que no existe causalidad entre el desplazamiento y el ejercicio de sus
funciones como educador, lo cual no es un requisito de la ley en el trámite de
desplazamiento, de conformidad con las normas que citó.

5. Afirmó que, que el Tribunal Administrativo de Sucre se ha pronunciado de
manera categórica en relación con la causalidad, confirmando fallos de acción
de tutela contra la CNSC, reconociéndole el derecho de traslado a los
educadores desplazados, al tiempo que se han revocado otras de los
Juzgados Administrativos que negaban la reubicación por desplazamiento a
los educadores.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

6. Mediante providencia del 25 de noviembre de 20252, la magistrada
sustanciadora de la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo
de Sucre admitió la demanda y ordenó la notificación a la CNSC.

4. Contestación de la demanda

7. Manifestó frente al caso en concreto, que la demandante solicitó a la
entidad, mediante oficio de entrada No. 2025RE092495 de 5 de mayo de
2025, traslado en condición de desplazamiento, solicitando su inclusión en el
Banco de Datos de Empleados de Carrera Desplazados por razones de
violencia y traslado a otra entidad territorial certificada en educación distinta a
la cual la misma se encuentra adscrita, es decir la Secretaría de Educación
Departamento de Cesar.

8. Afirmó que la entidad se pronunció mediante oficio de salida
2025RS064570 del 15 de mayo de 2025, a través del cual negó las
pretensiones, por razones de seguridad en condición de desplazamiento

1 Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
2 Índice 6 de Samai, del expediente digital del tribunal.

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presentadas por la señora Yesica María Yépez Jiménez, teniendo en cuenta
que en la solicitud no se evidenció lo referente al literal B. “Certificación laboral
expedida por la entidad territorial nominadora, en el documento no se
evidencia el área de desempeño que ostenta, por lo cual, debe allegar el
certificado laboral por medio del cual se consigne lo referente al literal b”.

9. Señaló que, de acuerdo con el intercambio de información suscrito entre la
CNSC y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la
entidad realizó la consulta electrónica en la Red Nacional de Información, a
través del Sistema “VIVANTO”, constatando que la señora YESICA MARÍA
YÉPEZ JIMÉNEZ, se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas por
un hecho de desplazamiento forzado ocurrido, el 14 de junio de 2002,
declarado el 08 de octubre del 2024 y valorado el 30 de diciembre de 2024,
REGISTRADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR sin que a la fecha de
la presente se haya generado alguna otra anotación adicional por la condición
de desplazamiento forzado que involucre sus actividades como educador a
partir de enero de 2024.

5. Sentencia de primera instancia

10. La Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre,
en sentencia del 11 de diciembre de 20253, declaró la improcedencia de la
acción.

11. En este caso, concluyó que, si la demandante consideraba que las
respuestas a sus solicitudes de traslado le eran desfavorables, podía presentar
los recursos procedentes.

6. La impugnación4

12. La parte actora solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en
su lugar, que se profiriera decisión en su favor.

13. Adujo que esta acción de cumplimiento no persigue la protección de
derechos fundamentales, sino forzar el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley; además, sostuvo que las acciones de tutelas instauradas no
decidieron sobre el contenido del Decreto 1782 de 2013 compilado por el
Decreto 1075 de 2015 y no hay identidad de objeto ni de causa dada la
diferencia de ley de la tutela y la acción de cumplimiento.

14. A continuación, sostuvo que las normas invocadas contienen un deber
claro, expreso y exigible a la CNSC, según el cual, al cumplirse con los 3
requisitos de ley la entidad debe adelantar el trámite de reubicación docente

3 Índice 2 de Samai, del expediente digital del Consejo de Estado.
4 La sentencia del 11 de diciembre de 2025 fue notificada el 16 de diciembre de 2025, y el

escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 18 de diciembre de 2025,
término que se encuentra oportuno.

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por desplazamiento forzado y no por razones de seguridad como indicó el
Tribunal.

15. Finalmente, afirmó que la acción de cumplimiento es el mecanismo natural
para exigir la ejecución de deberes legales como la inclusión en el banco de
datos y el trámite del traslado. Sostuvo que la nulidad y restablecimiento es un
mecanismo posterior, que únicamente permite cuestionar un acto
administrativo, pero no garantiza la materialización inmediata del traslado, lo
que haría nugatoria la protección.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

16. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 11 de diciembre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, según lo dispuesto en los artículos
1505 y 1526 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado7.

2. Objeto de la decisión

17. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de 11 de diciembre
de 2025, que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

18. Con tal fin, deberá absolverse la siguiente pregunta:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
CNSC, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997?

19. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá
determinarse, si se cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual,
advertir si:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada el cumplimiento de los

5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, compilados por el Decreto
1075 de 2015?

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

20. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

21. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].

22. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

23. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

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4. La constitución de la renuencia

24. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

25. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

26. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.

27. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.

28. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

29. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

30. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, allegó
dos escritos sin fecha, dirigidos a la CNSC en los que solicitó el cumplimiento
de los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013 y su inclusión en la base
de datos de docentes desplazados forzosamente.

31. Si bien no obra constancia del envío de los escritos a la entidad, al proceso
se allegó la respuesta otorgada por esta, el 9 de septiembre de 2025, en la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de

octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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cual transcribió apartes de la solicitud de la actora, en la que consta la
constitución en renuencia de la entidad respecto de los artículos enunciados,
reiterando las consideraciones expuestas en la respuesta negativa de 15 de
mayo de 2025.

32. Así las cosas, para la Sala se encuentra acreditado el requisito de
procedibilidad respecto de la entidad demandada.

5. De la procedencia de la acción de cumplimiento

33. La parte actora, con el ejercicio de este medio de control, persigue que se
le ordene a la parte demandada que cumpla lo establecido en los artículos 2,
12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, compilados por el Decreto 1075 de 2015.

34. En cuanto a la vigencia de la citada norma, se consultó el Sistema Único de
Información Normativa del Estado colombiano SUIN – JURISCOL11, se
consultó el Decreto 1782 de 2013 que se encuentra vigente y establece en sus
artículos 2, 12 y 13, lo siguiente:

DECRETO 1782 DE 2013
(agosto 20)
por el cual se reglamenta los traslados por razones de seguridad de
educadores oficiales de las entidades territoriales certificadas en
educación y se dictan otras disposiciones.

[Compilado DECRETO 1075 de 2015]

[…]
Artículo 2°. Campo de aplicación. El traslado por razones de seguridad se
aplicará a los educadores como servidores públicos que prestan sus servicios en
instituciones educativas oficiales de preescolar, básica, media y ciclo
complementario de las entidades territoriales certificadas en educación.

Las disposiciones definidas en este decreto deben ser aplicadas, en el marco de
sus competencias, por la autoridad nominadora de los educadores oficiales, la
Unidad Nacional de Protección, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

[…]
Artículo 12. Traslado por condición de desplazado. El traslado por condición de
desplazado que regula el presente capítulo se aplica a los educadores oficiales

11 SUIN – JURISCOL - Es el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano,

que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto como
las constituciones de 1886 y de 1991, actos legislativos, leyes, decretos, directivas
presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros, a partir de 1886, con sus respectivas
concordancias y afectaciones normativas y jurisprudenciales. Igualmente se pueden realizar
consultas de jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferidas por la
anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desde 1910 hasta 1991, por el
Consejo de Estado y por la Corte Constitucional.
Este sistema se ha implementado a través de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, en cumplimiento de sus
funciones de conformidad con el artículo 18, numerales 1, 2, 3, 7 y 8 del Decreto 1427 de
2017. El sistema contiene información de más de 85.000 disposiciones normativas y
jurisprudenciales. Información que puede ser consultada en el siguiente link http://www.suin-
juriscol.gov.co/suinjuriscol.html

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con derechos de carrera que cumplan con los preceptos que establece el artículo
1° de la Ley 387 de 1997 y el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011.

El traslado por condición de desplazado se efectuará dentro o fuera de la entidad
territorial nominadora, según las reglas que establecen los artículos siguientes.

Artículo 13. Trámite cuando el traslado es a otra entidad territorial certificada en
educación. El educador que cumpla con lo previsto en el inciso 1° del artículo 12
del presente decreto, y aspire a ser trasladado a otra entidad territorial certificada,
deberá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil su inclusión en el Banco
de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia. En la
solicitud se deberá anexar:

1. La certificación expedida por la entidad territorial nominadora en la que se haga
constar la vinculación en propiedad del educador, el grado o nivel en el cual se
encuentre inscrito en el escalafón docente, el cargo que desempeña y el tiempo
de servicio.

2. La propuesta de cinco (5) entidades territoriales, en orden de prioridad, a donde
aspira a ser trasladado.
Recibida la solicitud, la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes, solicitará ante la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que certifique la inscripción del
educador en el Registro Único de Víctimas.

Una vez constada la inscripción de que trata el inciso anterior, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con el reporte de autorizaciones que haya
dado a las entidades territoriales certificadas para la provisión temporal de
empleos mediante la figura del encargo o el nombramiento provisional, procederá
en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, y teniendo en cuenta el orden de
prelación dispuesto por el educador según lo señalado en el numeral 2 del
presente artículo, a expedir el acto administrativo mediante el cual ordene a la
entidad territorial certificada en educación receptora la reubicación del educador,
a través de los procedimientos legales aplicables.

El acto administrativo de que trata el inciso anterior, deberá ser comunicado por
la Comisión Nacional del Servicio Civil a las entidades territoriales certificadas de
origen y de destino por cualquier medio idóneo y expedito, sin que ello implique
la publicación del mismo en la página web de la Comisión o la utilización de
cualquier otro mecanismo que viole el principio de reserva previsto en el numeral
9 del artículo 3° del presente decreto.

Así mismo, el acto administrativo al que hace referencia el inciso 3° de este
artículo, deberá ser remitido vía correo electrónico institucional a los secretarios
de educación respectivos, al educador, a los Procuradores y Defensores de
Pueblo Regionales, al Presidente de la Federación Colombiana de los
Trabajadores de la Educación o al presidente del sindicato al cual esté afiliado el
educador.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales certificadas de origen y de destino, en un
plazo no mayor a diez (10) días a la comunicación de la decisión de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, procederán a suscribir el convenio interadministrativo
de que trata el artículo 22 de la Ley 715 de 2001.

Parágrafo 2°. Suscrito el convenio, en un plazo no superior a tres (3) días, la
entidad territorial certificada de origen, mediante acto administrativo, ordenará el
traslado por razones de seguridad del educador, y la entidad territorial certificada
de destino, previa escogencia del educador de la plaza en la institución educativa
donde exista vacante definitiva, mediante acto administrativo, procederá a
ordenar la incorporación y posesión del educador sin solución de continuidad.

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Parágrafo 3°. La entidad territorial certificada de origen remitirá a la entidad
territorial certificada de destino, el acto administrativo de traslado del educador y
enviará copia de todos los documentos que reposan en su hoja de vida que
demuestren la vinculación, el escalafón docente, situaciones administrativas y
demás documentación que conforme su historia laboral.

Parágrafo 4°. El grado o nivel de escalafón en el cual se encuentre inscrito el
educador no será motivo para la no suscripción del convenio interadministrativo
de que trata el presente artículo.
[…].

35. De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de
normas, cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa
o decisión judicial y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la
acción se encontraría satisfecho.

36. No obstante, más allá del obedecimiento del mencionado artículo, el
debate propuesto por la actora encuentra relación estrecha con el acto
administrativo por medio del cual se dispuso que no era posible acceder a su
solicitud de traslado a otra entidad territorial certificada, según se indica en la
respuesta de 15 de mayo de 2025, mediante radicado 2025RS064570 en la
que se le indicó que era porque en la solicitud no se evidenció lo referente al
literal B. “Certificación laboral expedida por la entidad territorial nominadora,
en el documento no se evidencia el área de desempeño que ostentaba y en
la respuesta del 9 de septiembre mediante radicado 2025RS149067, porque
revisado el Registro Único de Víctimas la inclusión del demandante fue por
un hecho de desplazamiento ocurrido en el departamento de Bolívar en el
2002 sin que a la fecha se haya generado alguna otra anotación adicional por
la condición de desplazamiento forzado que involucre sus actividades como
educador a partir de enero de 2024.

37. En efecto, la Sala observa que, junto con la demanda de cumplimiento, la
parte actora allegó copia de los actos administrativos por medio de los cuales
la CNCS, teniendo en cuenta que una vez revisado el Registro Único de
Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, a través del
sistema de información VIVANTO, en virtud del acuerdo de intercambio de
información suscrito entre la CNSC y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, negó la solicitud porque constató su inclusión en el
Registro Único de Víctimas por un hecho de desplazamiento.

38. Como consecuencia, la CNSC señaló que no existía causalidad directa
entre las condiciones de desplazamiento y el ejercicio de las actividades o
funciones sindicales, públicas, sociales o humanitarias de conformidad con el
artículo 2.4.1.2.2. consagrado en el Decreto 1066 de 2015.

39. Así las cosas, se advierte que la parte actora no actúa en ejercicio de un
interés público, sino en procura de un intereses particular y subjetivo,
correspondiéndole, por tanto, acudir ante el juez natural, a través de los
medios de control ordinarios, con el fin de que se realice el estudio
correspondiente de legalidad sobre los actos que pretende cuestionar que,

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Demandante: Yesica María Yépez Jiménez
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil
Rad: 70001-23-33-000-2025-00178-01

por subsidiariedad, escapa a la órbita de conocimiento de este juez
constitucional.

40. En otras palabras, a través de esta acción constitucional no se puede
desvirtuar la presunción de legalidad del mencionado acto administrativo,
discusión que debe ser definida por la actora a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual puede formular la respectiva
medida provisional, desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión de la
administración y lograr el restablecimiento del derecho, que implícitamente
aquí está proponiendo, esto es, el traslado laboral.

41. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997,
este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada
jurisprudencia12 ha desarrollado «la existencia de otro mecanismo judicial»,
como causal de improcedencia, en aquellos casos en los que no se acredite
un perjuicio irremediable.

42. En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia
que impide abordar el análisis de fondo de la pretensión del demandante13.
Esto es, el obedecimiento de los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de
2013, por cuanto implica directamente un asunto relacionado con derechos
subjetivos de la actora la legalidad del acto administrativo que negó su
pedimento, cuya legalidad debe ser objeto de análisis por esta jurisdicción a
través de otros medios idóneos y eficaces. Finalmente, no se alegó ni se
encuentra configurado un perjuicio irremediable que permita excepcionar el
requisito de procedencia de la subsidiariedad

43. Como consecuencia, esta Sala confirmará la decisión de la Sala Segunda
de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, del 11 de diciembre de
2025, de conformidad con las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por
la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, que
declaró la improcedencia de la acción, según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

12 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.

Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-
01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-
2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 En similar sentido puede consultarse la sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 18001-2333-000-

2024-00007-01.

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Demandante: Yesica María Yépez Jiménez
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SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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