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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00168-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2025-00168-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de 27 de noviembre de 2025 de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 70001-23-33-000-2025-00168-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de enero de 2026

Demandante: Arleth Patricia Pineda García
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00168-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de cumplimiento
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00168-01
Demandante: Arleth Patricia Pineda García
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil

Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 27 de noviembre de 2025, por medio de la cual la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre que declaró improcedente la acción
de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Arleth
Patricia Pineda García demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en
adelante CNSC. En el escrito, formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1.Solicito respetuosamente al señor juez del conocimiento de la presente
acción se ORDENE a la CNSC se sirva darles cumplimiento a los artículos 2 y 12 y
13 del decreto 1782 de 2013 compilado por decreto 1075 de 2015 y en
consecuencia proceda a adelantar los trámite administrativos para mi reubicación
por desplazamiento forzado conforme lo establece de manera taxativa la ley y los
artículos objeto de cumplimiento para lo cual anexo los requisitos de ley certificado
laboral , inscripción en el registro único de víctimas, y la propuesta de 5 entidades
territoriales certificadas donde aspiro a ser reubicada requisitos únicos establecidos
en la norma especial reglamentaria.

2. Ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la inclusión inmediata
de la accionante en el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados,
conforme al artículo 12 del Decreto 1782 de 2013.

3. Ordenar a la CNSC expedir, en el término de diez (10) días hábiles, el acto
administrativo mediante el cual disponga el traslado de la docente a una de las
entidades territoriales certificadas propuestas en su solicitud.

4. Ordenar a las entidades territoriales nominadora y receptora suscribir el convenio
interadministrativo correspondiente y ejecutar las actuaciones administrativas

1
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Demandante: Arleth Patricia Pineda García
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00168-01

necesarias para garantizar la incorporación y posesión de la docente, sin solución
de continuidad.

5. Disponer que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y a la
Defensoría del Pueblo para que ejerzan vigilancia del cumplimiento del fallo.

2. Hechos

2.1. Del expediente se observa que la accionante solicitó a la CNSC su inclusión
en la base de datos de docentes desplazados. La solicitud fue negada por la
accionada, mediante radicado 2025RS027621 de 7 de marzo de 2025, porque
revisado el Registro Único de Víctimas la inclusión de la demandante fue por un
hecho de desplazamiento ocurrido en el departamento de Sucre en el año 2001 y
actualmente labora en el departamento de Bolívar. En consecuencia, no existía
causalidad directa entre las condiciones de desplazamiento y el ejercicio de las
actividades o funciones sindicales, públicas, sociales o humanitarias de
conformidad con el artículo 2.4.1.2.2. consagrado en el Decreto 1066 de 2015.

2.2. Luego, la accionante solicitó a la CNSC el obedecimiento de los artículos 2,
12 y 13 del Decreto 1782 de 2013 y, en consecuencia, pidió que fuera incluida en
la base de datos de docentes desplazados a efectos de ser trasladada. La entidad,
el 30 de octubre de 2025, por medio del radicado 2025RS178280, respondió que
no podía acceder al pedimento, reiterando las consideraciones expuestas en la
respuesta negativa de 7 de marzo de 20251.

3. Admisión de la demanda

En auto de 13 de noviembre de 2025, el ponente del Tribunal Administrativo de
Sucre admitió la demanda y ordenó la vinculación de la CNSC.

4. Informe

La CNSC se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento, solicitó que se
declare improcedente el medio de control, porque no ha desatendido ninguna
obligación legal o administrativa; alegó que, si la accionante pretende controvertir
la decisión adversa a sus intereses, cuenta con otros medios judiciales idóneos y
eficaces, en particular el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del artículo 138 del CPACA. Además, indicó que la actora ya promovió
acción de tutela con el mismo objeto por lo que esta acción sería una reiteración
que desconoce los principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica, y
que en realidad busca que se ordene a la CNSC tramitar un traslado por su
condición de víctima de desplazamiento.

1
El extremo demandante indicó que acudió a la acción de tutela con el fin de que se ordenara a la CNSC que
la incluyera en la base de datos de docentes desplazados a efectos de ser trasladada. Asimismo, aportó y citó
múltiples acciones de tutela en las que a otros docentes se les amparó sus derechos fundamentales y se le
ordenó a la CNSC que volviera a realizar el estudio de inclusión en el registro o el traslado laboral.
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En el fondo, la CNSC afirmó que no existe nexo causal entre el hecho del
desplazamiento y el ejercicio de funciones de la accionante como docente: aunque
adquirió derechos de carrera especial, su inscripción en el registro único de
víctimas por desplazamiento corresponde a otro momento, lo que mostraría una
separación de tiempo y contexto que impide vincular el hecho victimizante con su
labor actual. Señaló que analizó los hechos y documentos aportados, garantizó el
debido proceso y respondió oportunamente, concluyendo que no le es atribuible el
incumplimiento del Decreto 1075 de 2015, porque los traslados por razones de
seguridad no dependen de un ajuste meramente normativo, sino de un análisis
proporcional y razonable; el traslado sería una medida de protección que exige
actuaciones estatales eficaces, oportunas y contextualizadas para salvaguardar
los derechos del docente y asegurar la continuidad del servicio educativo.

5. Sentencia de primera instancia

En decisión de 27 de noviembre de 2025, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre concluyó que la acción de cumplimiento era
improcedente, porque la parte actora pretendía que se ordenara a la CNSC
adelantar el trámite de traslado por desplazamiento conforme al Decreto 1782 de
2013, pero estimó que existían otros medios judiciales idóneos para controvertir la
negativa administrativa y que, en todo caso, la CNSC sí respondió mediante acto
con motivación, sin que se acreditara una omisión exigible por esta vía.

6. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, sostuvo que el
Tribunal se equivocó al declarar improcedente la acción de cumplimiento, reprochó
que se acogiera el criterio de la CNSC sobre una supuesta causalidad entre
desplazamiento y funciones docentes, porque ese requisito no está previsto en los
artículos cuyo cumplimiento se exige; por tanto, sería una exigencia ilegal, un
exceso ritual y contraria al principio pro víctima y a los artículos 84 y 230 de la
Constitución. Sostuvo que la acción de cumplimiento no pretende solo una
respuesta motivada, sino el cumplimiento estricto de la norma; afirmó que sí se
satisfacen los requisitos de procedencia, por lo que pide revocar el fallo y ordenar
a la CNSC cumplir los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, tramitando
su solicitud de traslado sin imponer requisitos adicionales.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de
27 de noviembre de 2025 de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.º de la
Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así como en el artículo 13, numeral
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7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 2019 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta
corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».

2. Problemas jurídicos a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
27 de noviembre de 2025. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes aspectos
a dilucidar:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la accionada, respecto del cumplimiento de los artículos 2, 12 y 13 del
Decreto 1782 de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley
393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

De ser superados los anteriores interrogantes, ¿debe revocarse la sentencia de
primera instancia y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales invocadas
por la parte actora?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto; y (iv) el fondo del asunto.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo2 para que toda persona pueda «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

2 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación: 20001-23-33-000-2016-00371-01 (ACU),
sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación: 25000-23-41-000-2016-00814-01 (ACU), MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación: 11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia de 23 de junio de 2022, radicación: 25000-23-41-000-
2022-00203-01 (ACU), MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
4
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Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo3.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]4.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta

3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
4 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.
5
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que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos
[ii., iii. y iv.], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de lo pretendido.

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control son tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la
óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados
por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por
los artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política5.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta
acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»6.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado7.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, providencia

de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
6
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación: 44001-23-31-000-
2004-0047-01(ACU), MP. Darío Quiñones Pinilla.
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación: 76001-23-31-000-

2011-00891-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia (E).
6
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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,8 a menos que estén apropiados;9 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior10.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este11 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que «el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»12. Igualmente, esta Sección13 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

8 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación: 05001-23-31-000-2000-

4673-01(ACU). MP. Darío Quiñones Pinilla.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación: 25000-23-41-000-

2015-00493-01 (ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro.
10 Sentencia antes citada.
11Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir en

renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas,
es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá
precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible».
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación: 2011-01063
(ACU), MP. Mauricio Torres Cuervo.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación: 47001-23-31-000-

2011-00024-01 (ACU), MP. Susana Buitrago Valencia.
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Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[14] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, «aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del
ciudadano»15.

En el caso concreto, el accionante acompañó con la demanda copia de un escrito,
sin fecha de radicación, en el que solicitó a la demandada el obedecimiento de los
artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013 y su traslado, en atención a que se
encuentra en el registro único de víctimas.

14 En la providencia se citó «Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.

ACU-2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla».
15 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,

radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17
de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en
todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
8
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Demandante: Arleth Patricia Pineda García
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00168-01

La entidad, el 30 de octubre de 2025, por medio del radicado 2025RS178280,
respondió que no podía acceder al pedimento, reiterando las consideraciones
expuestas en la respuesta negativa de 7 de marzo de 2025. Lo anterior, resulta
suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de constitución en
renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto de los artículos
invocados en las pretensiones de la demanda.

3.4. Normas que se piden cumplir y procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
el acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013 que
disponen:

DECRETO 1782 DE 2013
(agosto 20)
por el cual se reglamenta los traslados por razones de seguridad de educadores
oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación y se dictan otras
disposiciones.

[Compilado DECRETO 1075 de 2015]

[…]
Artículo 2°. Campo de aplicación. El traslado por razones de seguridad se aplicará
a los educadores como servidores públicos que prestan sus servicios en
instituciones educativas oficiales de preescolar, básica, media y ciclo
complementario de las entidades territoriales certificadas en educación.

Las disposiciones definidas en este decreto deben ser aplicadas, en el marco de
sus competencias, por la autoridad nominadora de los educadores oficiales, la
Unidad Nacional de Protección, la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

[…]

Artículo 12. Traslado por condición de desplazado. El traslado por condición de
desplazado que regula el presente capítulo se aplica a los educadores oficiales con
derechos de carrera que cumplan con los preceptos que establece el artículo 1° de
la Ley 387 de 1997 y el artículo 156 de la Ley 1448 de 2011.

El traslado por condición de desplazado se efectuará dentro o fuera de la entidad
territorial nominadora, según las reglas que establecen los artículos siguientes.

Artículo 13. Trámite cuando el traslado es a otra entidad territorial certificada en
educación. El educador que cumpla con lo previsto en el inciso 1° del artículo 12 del
presente decreto, y aspire a ser trasladado a otra entidad territorial certificada,
deberá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil su inclusión en el Banco de
Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia. En la
solicitud se deberá anexar:
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Demandante: Arleth Patricia Pineda García
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil
Radicación: 70001-23-33-000-2025-00168-01

1. La certificación expedida por la entidad territorial nominadora en la que se haga
constar la vinculación en propiedad del educador, el grado o nivel en el cual se
encuentre inscrito en el escalafón docente, el cargo que desempeña y el tiempo de
servicio.

2. La propuesta de cinco (5) entidades territoriales, en orden de prioridad, a donde
aspira a ser trasladado.

Recibida la solicitud, la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes, solicitará ante la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que certifique la inscripción del
educador en el Registro Único de Víctimas.

Una vez constada la inscripción de que trata el inciso anterior, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, de acuerdo con el reporte de autorizaciones que haya dado a las
entidades territoriales certificadas para la provisión temporal de empleos mediante
la figura del encargo o el nombramiento provisional, procederá en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles, y teniendo en cuenta el orden de prelación dispuesto por
el educador según lo señalado en el numeral 2 del presente artículo, a expedir el
acto administrativo mediante el cual ordene a la entidad territorial certificada en
educación receptora la reubicación del educador, a través de los procedimientos
legales aplicables.

El acto administrativo de que trata el inciso anterior, deberá ser comunicado por la
Comisión Nacional del Servicio Civil a las entidades territoriales certificadas de
origen y de destino por cualquier medio idóneo y expedito, sin que ello implique la
publicación del mismo en la página web de la Comisión o la utilización de cualquier
otro mecanismo que viole el principio de reserva previsto en el numeral 9 del
artículo 3° del presente decreto.

Así mismo, el acto administrativo al que hace referencia el inciso 3° de este artículo,
deberá ser remitido vía correo electrónico institucional a los secretarios de
educación respectivos, al educador, a los Procuradores y Defensores de Pueblo
Regionales, al Presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la
Educación o al presidente del sindicato al cual esté afiliado el educador.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales certificadas de origen y de destino, en un
plazo no mayor a diez (10) días a la comunicación de la decisión de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, procederán a suscribir el convenio interadministrativo de
que trata el artículo 22 de la Ley 715 de 2001.

Parágrafo 2°. Suscrito el convenio, en un plazo no superior a tres (3) días, la
entidad territorial certificada de origen, mediante acto administrativo, ordenará el
traslado por razones de seguridad del educador, y la entidad territorial certificada de
destino, previa escogencia del educador de la plaza en la institución educativa
donde exista vacante definitiva, mediante acto administrativo, procederá a ordenar
la incorporación y posesión del educador sin solución de continuidad.

Parágrafo 3°. La entidad territorial certificada de origen remitirá a la entidad
territorial certificada de destino, el acto administrativo de traslado del educador y
enviará copia de todos los documentos que reposan en su hoja de vida que
demuestren la vinculación, el escalafón docente, situaciones administrativas y
demás documentación que conforme su historia laboral.

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Parágrafo 4°. El grado o nivel de escalafón en el cual se encuentre inscrito el
educador no será motivo para la no suscripción del convenio interadministrativo de
que trata el presente artículo.
[…].

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de normas, cuya
vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión judicial
y, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encontraría
satisfecho.

No obstante, más allá del obedecimiento del mencionado artículo, el debate
propuesto por la actora encuentra relación estrecha con el acto administrativo por
medio del cual se dispuso que no era posible acceder a su solicitud de traslado a
otra entidad territorial certificada, según se indica en la respuesta de 7 de marzo
de 2025, mediante radicado 2025RS027621, porque revisado el Registro Único de
Víctimas la inclusión de la demandante fue por un hecho de desplazamiento
ocurrido en el año 2001 en Sucre y, actualmente, labora en el departamento de
Bolívar.

En efecto, la Sala observa que, junto con la demanda de cumplimiento, la parte
actora allegó copia del acto administrativo del 7 de marzo de 2025 (radicado
2025RS027621) por medio del cual la CNCS, previa consulta del Registro Único
de Víctimas, negó la solicitud de inclusión en el banco de datos de empleados de
carrera desplazados por razones de violencia y por ende de traslado a la
accionante. Tal y como se mencionó en la respuesta del 30 de octubre de 2025
(2025RS178280)._

En consecuencia, la CNSC señaló que no existía causalidad directa entre las
condiciones de desplazamiento y el ejercicio de las actividades o funciones
sindicales, públicas, sociales o humanitarias de conformidad con el artículo
2.4.1.2.2. consagrado en el Decreto 1066 de 2015.

Así las cosas, se advierte que la parte actora no actúa en ejercicio de un interés
público, sino en procura de un intereses particular y subjetivo, correspondiéndole,
por tanto, acudir ante el juez natural, a través de los medios de control ordinarios,
con el fin de que se realice el estudio correspondiente de legalidad sobre los actos
que pretende cuestionar que, por subsidiariedad, escapa a la órbita de
conocimiento de este juez constitucional.

En otras palabras, a través de esta acción constitucional no se puede desvirtuar la
presunción de legalidad del mencionado acto administrativo, discusión que debe
ser definida por la actora a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual puede formular la respectiva medida
provisional, desvirtuar la presunción de legalidad de la decisión de la
administración y lograr el restablecimiento del derecho, que implícitamente aquí
está proponiendo, esto es, el traslado laboral.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido
otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la
disposición. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia16 ha desarrollado
«la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en
aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia que
impide abordar el análisis de fondo de la pretensión de la demandante17. Esto es,
el obedecimiento de los artículos 2, 12 y 13 del Decreto 1782 de 2013, por cuanto
implica directamente un asunto relacionado con derechos subjetivos de la actora y
la legalidad del acto administrativo que negó su pedimento, cuya legalidad debe
ser objeto de análisis por esta jurisdicción a través de otros medios idóneos y
eficaces.

En consecuencia, lo anterior, conlleva a que la Sala confirme la la sentencia
impugnada que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por
las razones expuestas en esta providencia. Finalmente, no se alegó ni se
encuentra configurado un perjuicio irremediable que permita excepcionar el
requisito de procedencia de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de 27 de noviembre de 2025 de la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, por las razones expuestas en
esta providencia.

SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

16 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP. Alberto

Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P.
Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-
01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
17 En similar sentido puede consultarse la sentencia de 18 de abril de 2024, radicado 18001-2333-000-2024-

00007-01.
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GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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