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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00053-01

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2026-00053-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 19 de febrero de 2026, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la cual se negó el amparo solicitado en la demanda de tutela. SEGUNDO: EXHORTAR al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que, dentro del ámbito de sus competencias y atendiendo sus condiciones reales de funcionamiento, adopte las medidas de gestión necesarias para imprimir celeridad a la tramitación y decisión de los procesos ordinarios promovidos por Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación, especialmente aquellos que se encuentran en etapa de fallo o pendientes de una decisión sustancial. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2026-00053-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Accionados: Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve, en segunda instancia, la demanda presentada por Electricaribe S.A.
E.S.P. en liquidación (en adelante Electricaribe) en contra del Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla por considerar que esa autoridad judicial
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia.

SÍNTESIS1

La sociedad accionante impugna la sentencia del 19 de febrero de 2026, emitida por la
Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que se negó la
tutela por la mora judicial alegada. No obstante, se exhortó al Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que implementara acciones de
gestión encaminadas a superar dicha mora judicial. Se confirma la sentencia de primera
instancia, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 12 de febrero de 2026, Electricaribe, mediante apoderada2, presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección a sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados por la mora judicial injustificada en que ha incurrido el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Barranquilla en el trámite de “numerosos
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos desde los años 2016 a
2020 contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

“Se declare que el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA presenta mora judicial injustificada en la atención de los procesos del
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentados por

1 Temas: Acción de tutela / mora judicial / nulidad y restablecimiento del derecho / niega el amparo / cargos genéricos

/ exhorto.
2 Grace Dayana Manjarrés González.

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN contra la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

2. Que se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia establecidos en el artículo 29 y 229 de la Constitución Política,
respectivamente, a favor de la accionante, vulnerados por el JUZGADO NOVENO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA en razón a la mora judicial por
omisión en el cumplimiento de sus funciones.

3. Ordenar a la Dra. Jannette Del Socorro Villadiego Caballero en su condición JUEZ
NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA o quien haga sus
veces, para que adopte a la mayor brevedad posible la decisión que en derecho
corresponda para que profiera sentencia dentro del término fijado por el Legislador, dentro
de los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que cursan en ese despacho
judicial, los cuales se describen a continuación:

4. Así mismo ordenar a la JUEZ NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA para que profiera la providencia que en derecho corresponda, de
acuerdo a la etapa procesal en que se encuentra dentro de los procesos de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho que cursan en ese despacho judicial, específicamente en
los siguientes:

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

”

B. Hechos

3.Entre los años 2016 y 2020, Electricaribe interpuso varios medios de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral
del Circuito de Barranquilla.

4. Según la accionante, varios de esos procesos permanecen sin decisión, aunque en
algunos de ellos se corrió traslado para alegar de conclusión desde los años 2021, 2022,
2023 y 2024, de manera que el juzgado accionado habría excedido el término previsto
en el artículo 181 del CPACA para proferir sentencia.

5. El 3 de octubre de 2023, la apoderada de Electricaribe presentó solicitud de vigilancia
judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, debido a
la presunta mora en el trámite de los procesos ordinarios que cursaban ante el Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

6. Mediante Resolución núm. CSJATAVJ23-2636 del 18 de octubre de 2023, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico dio apertura al trámite de vigilancia judicial
administrativa respecto de 21 procesos y requirió al juzgado accionado para que
informara las medidas que adoptaría para normalizar la situación y las fechas probables
en las que se proferirían las decisiones pendientes.

7. El 21 de noviembre de 2023, la apoderada de Electricaribe solicitó información sobre

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

el trámite de vigilancia judicial, al considerar que el juzgado accionado no había
cumplido con la notificación de las providencias anunciadas, pese a que en el informe
rendido se indicó que algunas sentencias serían notificadas, a más tardar, el 3 de
noviembre de 2023.

8. Mediante Resolución núm. CSJATR23-3648 del 1 de noviembre de 2023, notificada
el 23 de noviembre siguiente, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico decidió
no imponer correctivos ni anotaciones a la titular del Juzgado Noveno Administrativo
Oral del Circuito de Barranquilla; sin embargo, solicitó que informara sobre las
actuaciones pendientes y remitiera copia de las decisiones que profiriera dentro de los
procesos objeto de vigilancia.

9. A pesar de la vigilancia judicial administrativa y de los impulsos procesales
registrados en SAMAI, el juzgado accionado no ha decidió los procesos, algunos en
etapa de sentencia anticipada, otros pendientes de resolver conciliaciones,
excepciones, fijación del litigio o de cumplir órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

C. Fundamentos de la vulneración

10. La accionante sostuvo que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, al incurrir en mora judicial injustificada dentro de varios
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por Electricaribe contra
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

11. Indicó que en varios de esos procesos se había corrido traslado para alegar de
conclusión desde los años 2021, 2022, 2023 y 2024, sin que el juzgado accionado
profiriera sentencia dentro del término previsto en el artículo 181 del CPACA. Además,
señaló que en algunos expedientes resultaba procedente dictar sentencia anticipada,
de conformidad con el artículo 182A ibidem, por tratarse de asuntos de puro derecho o
que no requerían práctica probatoria.

12. Agregó que, pese a haber presentado solicitud de vigilancia judicial administrativa e
impulsos procesales registrados en SAMAI, el despacho accionado no adoptó las
medidas necesarias para superar la mora, ni profirió las decisiones pendientes dentro
de los términos anunciados ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico.

13. En ese sentido, consideró que la demora en la resolución de los procesos afectaba
de manera directa el trámite liquidatorio de Electricaribe, por cuanto la definición de las
controversias judiciales pendientes resultaba necesaria para avanzar en el cierre de la
sociedad. Por ello, solicitó que se ampararan sus derechos fundamentales y se ordenara
al juzgado accionado emitir las providencias correspondientes dentro de los procesos
ordinarios en mora.

D. Trámite procesal

14.Mediante auto del 16 de febrero de 20263, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico admitió la demanda de tutela y ordenó la notificación a las

3 Índice 001 del expediente de primera instancia.

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

partes4.

15. El 19 de febrero de 2026, la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del
Atlántico profirió sentencia, mediante la cual negó el amparo solicitado5.

16. El 3 de marzo de 2026, la accionada presentó impugnación en contra de la sentencia
de primera instancia6, la cual fue concedida por auto del 16 de marzo de 20267.

E. Oposiciones e intervenciones

17. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que Electricaribe ha acudido de manera
reiterada a vigilancias judiciales administrativas masivas y acciones de tutela, lo cual, a
su juicio, altera el funcionamiento normal del despacho, afecta los turnos procesales y
genera un trato preferente indebido frente a los demás usuarios de la administración de
justicia.

18. Señaló que la entidad accionante registra un volumen extraordinario de litigios ante
ese despacho, pues ha sido parte en 104 procesos, de los cuales 61 ya fueron resueltos
y 43 continúan en trámite. Agregó que varios de esos asuntos presentan alta
complejidad, debido a la acumulación de numerosos actos administrativos
sancionatorios, lo que exige un estudio jurídico detallado y dificulta la emisión inmediata
de las decisiones reclamadas.

19. Indicó que la mora alegada obedece a circunstancias estructurales y operativas,
entre ellas la pandemia, la suspensión de términos, las dificultades derivadas de la
digitalización de expedientes anteriores a 2020, la carga laboral del despacho, la
inestabilidad del personal de Secretaría, el aumento de acciones de tutela e incidentes
de desacato y la insuficiencia de personal para atender simultáneamente los procesos
ordinarios y las actuaciones constitucionales preferentes.

20. Finalmente, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
cuestionar el trámite de múltiples procesos ordinarios de distinta antigüedad y
complejidad, ni para desplazar los turnos procesales correspondientes. Por ello, solicitó
negar las pretensiones de la solicitud de amparo, al considerar que no existía
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la accionante.

F. La sentencia de primera instancia

21. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó el amparo solicitado por Electricaribe. Al respecto, consideró que, si bien
era evidente el retraso en el trámite de los procesos ordinarios promovidos por la entidad
accionante, no se acreditó que dicha tardanza obedeciera a una actuación caprichosa,
negligente u omisiva del despacho judicial accionado.

22. En ese sentido, el a quo consideró que la existencia de un atraso fáctico no era

4 Tomado de la sentencia impugnada, dado que en el expediente de SAMAI no aparece el auto admisorio.
5 Índice 006 del expediente de primera instancia.
6 Índice 011 del expediente de primera instancia.
7 Índice 015 del expediente de primera instancia.

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

suficiente, por sí sola, para tener por configurada una mora judicial injustificada, pues
también era necesario valorar las condiciones reales de funcionamiento del despacho,
la carga procesal, la complejidad de algunos asuntos, la acumulación de procesos
promovidos por Electricaribe, las dificultades administrativas y el volumen de acciones
constitucionales e incidentes de desacato tramitados por el juzgado. Por esa razón,
concluyó que no procedía ordenar, por vía de tutela, la alteración de los turnos ordinarios
de decisión.

23. No obstante, el Tribunal Administrativo del Atlántico estimó pertinente exhortar al
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla para que, dentro del
ámbito de sus competencias, adoptara las medidas de gestión necesarias dirigidas a
imprimir celeridad a la tramitación y decisión de los procesos ordinarios promovidos por
Electricaribe S.A. E.S.P. En Liquidación, especialmente aquellos que se encontraban
en etapa de fallo.

G. La impugnación

24. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que el
Tribunal reconoció la existencia de un retraso prolongado en los procesos promovidos
por Electricaribe, pero, pese a ello, negó el amparo solicitado. A su juicio, esa conclusión
desconoce que la mora judicial se encuentra acreditada, pues existen expedientes cuya
última actuación corresponde a los años 2019, 2021 y 2023, así como múltiples impulsos
procesales y una vigilancia judicial administrativa previa que no habrían generado una
respuesta efectiva del despacho accionado.

25. La impugnante sostuvo que la acción de tutela es procedente, en la medida en que
Electricaribe no cuenta con otro medio judicial eficaz para obtener el impulso de los
procesos ordinarios y porque la dilación alegada afecta sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En particular, señaló que no
se pretendía desplazar los medios ordinarios, sino obtener que el juzgado accionado
profiriera las decisiones que correspondían dentro de los términos legales

26. Además, precisó que, de los 19 procesos cuestionados, 14 se encontraban
pendientes de sentencia de primera instancia, pese a que el artículo 181 del CPACA
establece que el fallo debe dictarse dentro de los 20 días siguientes al vencimiento del
término para alegar.

27. Finalmente, la parte accionante resaltó que la demora judicial incide directamente
en el proceso liquidatorio de Electricaribe, pues la culminación de los litigios pendientes
constituye un presupuesto relevante para avanzar en la extinción jurídica de la sociedad.

H. Competencia

28. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por
Electricaribe contra el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado
(Acuerdo 80 de 2019).

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

I. Sentido de la decisión

29. La Sala confirmará la decisión de la Sala de Decisión Oral A del Tribunal
Administrativo del Atlántico que negó el amparo invocado, pero exhortó al juzgado
accionado “para que adopte las medidas de gestión necesarias, dentro del ámbito de sus
competencias, dirigidas a poner fin a la mora en la tramitación y decisión de los procesos
ordinarios promovidos por la entidad accionante”.

J. La mora judicial

30. Esta Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Sobre el particular en reiterada jurisprudencia se ha señalado que existen causas
externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas y actúen diligentemente8.

31. Por su parte, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de
los plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura
cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto de “plazo
razonable”, para evaluar si el juez transgredió las garantías judiciales de una persona al
omitir resolver un proceso judicial sometido a su conocimiento, dentro de un plazo
razonable. Dicho análisis abarca tanto la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta del operador judicial, así como la afectación generada en la
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso9.

K. El caso concreto

32. La accionante considera que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla incurrió en mora judicial injustificada, debido a que no ha proferido las
decisiones correspondientes dentro de varios procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho promovidos por Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

33. La Sala comparte los argumentos de la sentencia de primera instancia, en cuanto
concluyó que, si bien se advierte un retraso en el trámite de algunos de los procesos
relacionados por la accionante, no se acreditó que este obedeciera a una conducta
negligente, caprichosa o injustificada atribuible al juzgado accionado. Al respecto, se
reitera10 que la mora judicial no se configura por el solo transcurso del tiempo, sino
cuando se demuestra que la autoridad judicial desconoció los términos procesales sin
una razón objetiva que explique la tardanza.

8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016. Radicación. 11001-03-15-000-2016-

01884-00.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 12 de febrero de 2026. Radicación. 11001-03-

15-000-2026-00064-00.

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

34. Ahora bien, en el sub examine no puede perderse de vista la situación particular del
Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, ni la cantidad de
procesos promovidos por Electricaribe que cursan en ese despacho. Según lo informado
por la autoridad accionada, la entidad ha sido parte en un volumen significativo de
litigios, varios de los cuales revisten una complejidad mayúscula por la acumulación de
numerosos actos administrativos sancionatorios, lo que exige un estudio individual,
detallado y cuidadoso antes de adoptar la decisión correspondiente.

35. Esa circunstancia también fue advertida en el trámite de vigilancia judicial
administrativa promovido por la accionante, en el que el Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico decidió no imponer correctivos ni anotaciones a la titular del
despacho judicial, precisamente por las condiciones especiales de funcionamiento del
juzgado, la carga laboral existente y las dificultades operativas que incidían en el trámite
de los procesos.

36. En adición, la Sala advierte que la accionante formuló sus reparos de manera
genérica, pues se limitó a relacionar los procesos en los que, a su juicio, existía mora
judicial y a indicar los años en los que se había corrido traslado para alegar de
conclusión. Sin embargo, no desarrolló de forma concreta la situación procesal de cada
expediente, ni explicó, caso por caso, cuáles actuaciones estaban pendientes, desde
cuándo resultaban exigibles, qué circunstancias permitían descartar una justificación
razonable y de qué manera el retardo podía atribuirse a una omisión negligente del
despacho accionado.

37. En ese sentido, la sola referencia al año en que se corrió traslado para alegar de
conclusión, junto a pantallazos de las actuaciones que se registran en SAMAI, no resulta
suficiente para tener por configurada la mora judicial injustificada, pues era necesario
precisar mayores elementos que permitieran establecer la situación concreta de cada
proceso, su nivel de complejidad, las actuaciones surtidas con posterioridad, las
eventuales suspensiones, incidencias procesales o circunstancias que hubieran podido
incidir en la oportunidad de la decisión.

38. Por tanto, aunque se reconoce la existencia de retrasos en algunos de los asuntos
relacionados por la accionante, no se encuentra acreditado que estos provengan de una
omisión arbitraria, caprichosa o negligente del Juzgado accionado. Por el contrario, los
elementos obrantes en el expediente permiten concluir que la tardanza alegada se
explica, al menos en parte, por factores estructurales, operativos y por la complejidad
propia de los procesos promovidos por Electricaribe.

39. En consecuencia, la Sala concluye que no se configuró la mora judicial injustificada
alegada, ni se acreditaron circunstancias excepcionales que habiliten la intervención del
juez de tutela para impartir órdenes concretas de decisión dentro de los procesos
ordinarios.

40.En todo caso, aunque el a quo ya exhortó al juzgado accionado para que adoptara
medidas de gestión orientadas a superar la situación advertida por la accionante, esta

Radicado: 08001-23-33-000-2026-00053-01
Accionante: Electricaribe S.A. E.S.P. en liquidación
Se confirma decisión que negó el amparo

Sala considera pertinente reiterar11 dicho llamado en esta instancia, con el fin de que,
dentro del ámbito de sus competencias y atendiendo sus condiciones reales de
funcionamiento, imprima celeridad a los asuntos promovidos por Electricaribe,
especialmente aquellos que se encuentran pendientes de fallo o de una decisión
sustancial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 19 de febrero de
2026, por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, mediante la
cual se negó el amparo solicitado en la demanda de tutela.

SEGUNDO: EXHORTAR al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla para que, dentro del ámbito de sus competencias y atendiendo sus
condiciones reales de funcionamiento, adopte las medidas de gestión necesarias para
imprimir celeridad a la tramitación y decisión de los procesos ordinarios promovidos por
Electricaribe S.A. E.S.P. en Liquidación, especialmente aquellos que se encuentran en
etapa de fallo o pendientes de una decisión sustancial.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

11 Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, Sentencia del 29 de abril de 2026, radicación núm. 11001-

03-15-000-2025-07781-01 M.P. Diego Enrique Franco Victoria.

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