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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07781-01

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la acción de tutela presentada por Mónica Isabel Vargas Tovar contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-07781-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07781-01
Accionante: Mónica Isabel Vargas Tovar
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia de tutela proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

La accionante considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en
mora judicial en la adopción de una decisión de segunda instancia en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado núm. 18001-33-33-
004-2023-00230-01, lo cual le vulnera sus garantías fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y acceso a la administración de justicia. Se confirma la decisión de primera
instancia, que negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 5 de diciembre de 20252, la señora Mónica Isabel Vargas Tovar presentó, en
nombre propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a
la administración de justicia. En criterio de la accionante, dichas garantías
constitucionales fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al
no decidir oportunamente la segunda instancia del medio de control y restablecimiento
del derecho radicado con el núm. 18001333300420230023001, lo cual configura una
mora judicial.

2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Primero. Admitir la presente acción de tutela presentada contra la Sala Transitoria 601
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y ordenar el trámite correspondiente
conforme a lo señalado en el Decreto 2591 de 1991.

1 Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / mora judicial / mora en proferir sentencia de segunda

instancia / se confirma primera instancia / se niega el amparo / exhorto.
2 Samai, expediente primera instancia, índice 001.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07781-01
Accionante: Mónica Isabel Vargas Tovar
Se confirma decisión que negó el amparo

Segundo. Tutelar mis derechos fundamentales a la igualdad; debido proceso, acceso a
la administración de justicia pronta, oportuna, eficaz y eficiente; al respeto por el principio
de celeridad, consagrados en los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución Política, así
como en las Leyes 270 de 1996 y 1437 de 2011, los cuales están siendo vulnerados por
la mora judicial atribuible al Consejo de Estado en la resolución de la segunda instancia
del proceso 18001333300420230023001.

Tercero. Ordenar a la Sala Transitoria 601 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, dentro de un término perentorio y razonable, resuelva la segunda instancia de dentro
de mi proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
18001333300420230023001, garantizando así la protección de mis derechos
fundamentales y el cumplimiento del principio de celeridad, además del sistema de turnos.
[Negrillas del texto citado].

B. Hechos

3. El 26 de mayo de 2023, la señora Mónica Isabel Vargas Tovar, a través de
apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con la pretensión
principal de obtener el reconocimiento y pago de la “prima de productividad de la parte
proporcional correspondiente a 24 días del primer semestre de 2020, así como la
correspondiente al segundo semestre del mismo año”.

4. El 24 de julio de 2024, el Juzgado 040 Administrativo Transitorio del Circuito de
Villavicencio3 profirió sentencia de primera instancia, en la cual accedió a las
pretensiones de la demanda. La decisión fue apelada por la Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial.

5. El 21 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió el recurso
de alzada.

6. Posteriormente, con ocasión de las medidas transitorias adoptadas por medio del
Acuerdo No. PCSJA25-12255 del 24 de enero de 20254, el 28 de marzo de 2025 el
proceso fue remitido a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

C. Fundamentos de la vulneración

7. La accionante aseguró que el tribunal accionado ha incurrido en mora judicial,
debido a que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la tutela
ingresó para fallo el 9 de abril de 2025, pero a la fecha de interposición de la acción de
tutela -5 de diciembre de 2025-, no se ha proferido sentencia.

8. Agrega que la inactividad procesal en que ha incurrido la autoridad accionada
transgrede los derechos fundamentales por ella invocados, así como la transgresión del
principio de celeridad que rige las actuaciones judiciales.

9. Asimismo, sostiene que se ha vulnerado su derecho a la igualdad, en tanto no se

3 Proceso circuito judicial administrativo Florencia (Caquetá).
4 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en algunos tribunales, juzgados y dependencias de

apoyo a nivel nacional”.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07781-01
Accionante: Mónica Isabel Vargas Tovar
Se confirma decisión que negó el amparo

ha respetado el sistema de turnos, toda vez que tiene conocimiento de procesos que
ingresaron con posterioridad al suyo y ya cuentan con decisión de fondo.

10. Finalmente explica que las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en la que se ha producido la mora judicial están
relacionadas con la falta de pago de una prestación social durante su licencia de
maternidad, circunstancia que constituyó un acto de revictimización por parte de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y que, a su juicio, se ha prolongado con
la omisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

D. Trámite procesal

11. El 12 de diciembre de 20255, se admitió la acción de tutela. En esa providencia se
ordenó notificar a la demandante, a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Caquetá, al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, a la
secretaría del tribunal y del referido juzgado, al Juzgado 404 Administrativo Transitorio
del Circuito Judicial de Villavicencio- o quien asumió los procesos de su conocimiento-
y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

12. El 12 de febrero de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó fallo de
primera instancia6, en el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela7.

13. El 19 de febrero de 20268, la accionante impugnó la decisión proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, la cual fue concedida por auto del 26 de febrero9
siguiente.

E. Oposiciones e intervenciones

14. El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia envió el enlace correspondiente al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 18001-33-33-004 2023-
00230-00.

15. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las pretensiones de la solicitud de
amparo están dirigidas a que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que profiera sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

16.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Transitoria guardó silencio,
pese a haber sido notificado en debida forma.

F. La sentencia impugnada

5 Samai, expediente primera instancia, índice 004.
6 La consejera de Estado Myriam Stella Gutiérrez Argüello presentó salvamento de voto, al considerar que

debió concederse el amparo.
7 Samai, expediente primera instancia, índice 015.
8 Samai, expediente primera instancia, índice 021.
9 Samai, expediente primera instancia, índice 023.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07781-01
Accionante: Mónica Isabel Vargas Tovar
Se confirma decisión que negó el amparo

17. La decisión impugnada negó las pretensiones de la demanda de tutela. Al respecto,
indicó el a quo que no se configuró la mora judicial injustificada alegada por la accionante,
porque se ha surtido el debido trámite procesal, razón por la que el presunto retraso en
dictar la sentencia de segunda instancia no obedece a la negligencia o descuido por parte
del despacho sustanciador, pues se advirtió que el proceso ingresó para dictar fallo
definitivo el 12 de diciembre de 2025.

18. Además, precisó la Sección Cuarta del Consejo de Estado que el solo transcurso del
tiempo no puede ser considerado caprichoso y vulnerador de derechos fundamentales y
que la acción de tutela no es procedente para ordenar la prelación o alteración de turnos
en que los expedientes pasaron al despacho, salvo que se demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, lo cual no ocurrió en el presente caso.

G. La impugnación

19. La accionante discrepa de la decisión de primera instancia, al considerar que entre
la asignación del proceso a la ponente -9 de abril de 2025- y la fecha en que ingresó para
fallo - 12 de diciembre de 2025- transcurrieron ocho meses, lo cual es excesivo si se tiene
en cuenta que el trámite de ese asunto inició en el año 2023 y que se trata de un asunto
en el que el debate es de puro derecho.

20. Además, precisa que el ingreso del proceso para fallo ocurrió con posterioridad a la
presentación de la acción tutela, pero que, para ese momento, a su juicio, ya se había
configurado la mora y, en consecuencia, la lesión a las garantías fundamentales que
motivaron la presentación de esta acción.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora
Mónica Isabel Vargas Tovar contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de
2019).

G. Sentido de la decisión

22. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, que negó el amparo por cuanto
no se acreditó la existencia de una mora judicial imputable al tribunal accionado.

H. La mora judicial

23. Esta Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado y
negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Sobre el particular en reiterada jurisprudencia se ha señalado que existen causas

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07781-01
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Se confirma decisión que negó el amparo

externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura básica en los
despachos judiciales impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas y actúen diligentemente.10

24. Por su parte, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de
los plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura
cuando el juez no puede justificar su retardo. Así, ha integrado el concepto de “plazo
razonable”, para evaluar si el juez transgredió las garantías judiciales de una persona al
omitir resolver un proceso judicial sometido a su conocimiento, dentro de un plazo
razonable. Dicho análisis abarca tanto la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta del operador judicial, así como la afectación generada en la
situación jurídica de la persona involucrada en el proceso11.

H. El caso concreto

25. La accionante considera que el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca ha
incurrido en mora judicial, debido a que no ha emitido sentencia de segunda instancia
en el medio de control de nulidad y restablecimiento radicado con el núm. 18001-33-33-
004 2023-00230-00, el cual ingresó al despacho de la ponente para dictar fallo el 9 de
abril de 2025.

26. En primer lugar, la Sala comparte los argumentos de la sentencia de primera
instancia, que negaron el amparo solicitado, en cuanto a que no se configuró la mora
judicial injustificada alegada por la accionante, porque las etapas del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado con el núm. 18001-33-33-004 2023-00230-00
se han surtido dentro de un término razonable y no se vislumbra una negligencia o
descuido por parte del despacho sustanciador.

27. Es cierto que el expediente del referido medio de control entró al despacho para
fallo una vez la accionante radicó la presente acción de tutela ante el Consejo de Estado,
sin embargo, esa circunstancia, per se, no configura la mora judicial. Este fenómeno,
como se explicó en precedencia, se concreta cuando se verifica un desconocimiento
injustificado y negligente de los términos legales por parte de las autoridades judiciales,
sin que exista un motivo razonable que lo justifique.

28. Tampoco el hecho de que entre la fecha en la que se admitió la apelación de la
sentencia de primera instancia y la de entrada al despacho del asunto para fallo hayan
transcurrido aproximadamente ocho meses configura la mora judicial alegada, pues
como es ampliamente conocido, incluso para la accionante, que ha trabajado en la
Rama Judicial, muchos despachos judiciales afrontan cargas laborales excesivas y ello
impide que los funcionarios de la justicia cumplan a cabalidad los términos establecidos
en los códigos procesales.

29.Se reitera, la mora no es sinónimo de tiempo trascurrido, sino de negligencia,
descuido o abandono de un proceso judicial por parte de la autoridad judicial.

10 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016. Rad No. 11001-03-15-000-2016-

01884-00.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07781-01
Accionante: Mónica Isabel Vargas Tovar
Se confirma decisión que negó el amparo

30. Por último, como también lo precisó la sentencia de primera instancia, la accionante
no demostró un perjuicio irremediable a partir del cual se pudiese justificar el
adelantamiento del turno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que está
a punto de ser decidido en segunda instancia, de modo tal que no se acreditan
circunstancias excepcionales que habiliten la intervención del juez constitucional para
alterar el orden de decisión previamente establecido, ni se configura una vulneración
actual de derechos fundamentales que torne procedente el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó
la acción de tutela presentada por Mónica Isabel Vargas Tovar contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: COMUNÍQUESELE este fallo a la Sala que resolvió la controversia en
primera instancia y remítasele copia.

CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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