RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-004-2013-00682-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-004-2013-00682-01

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-004-2013-00682-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se dispone: SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y de ANI; así como la indebida representación de los intereses de la Nación por parte del Ministerio de Transporte. TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada. CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. QUINTO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma equivalente a 1 SMLMV, la cual se distribuirá en partes iguales entre las demandadas y será liquidada por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-004-2013-00682-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: SOCORRO PIMIENTA BERNAL
Demandado: NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema: Desbordamiento del “Arroyo Grande” en el municipio de Juan
de Acosta. Afectación a predio rural. No se probó la falla del
servicio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 23 de octubre de 2011 se desbordó el caudal del “Arroyo Grande”, a la altura
del predio “Las Ventanas”, ubicado en zona rural del municipio de Juan de Acosta
(Atlántico), provocando la destrucción de la vivienda, los árboles frutales, aves de
corral y porquerizas que allí se encontraban, así como la “pérdida irrecuperable del
terreno”. Socorro Pimienta de Bernal, propietaria del inmueble referido, considera
que la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, el
departamento del Atlántico, el Instituto Nacional de Concesiones y el municipio de
Tubará deben repararle los daños causados por dicho desbordamiento, pues
aduce que este se ocasionó “a causa de la falla de la administración en no tomar
todas las medidas pertinentes de seguridad al momento de construir ni después
de la canalización del arroyo de Juan de Acosta”.

2

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 1° de octubre de 20131, Socorro Pimienta de Bernal, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional
de Vías – (en adelante INVIAS), el departamento del Atlántico, el Instituto Nacional
de Concesiones (hoy ANI) y el municipio de Tubará, para que se les declarara
patrimonialmente responsables por la destrucción de la vivienda, los árboles
frutales, aves de corral y porquerizas que se encontraban en el predio “Las
Ventanas”, así como la “pérdida irrecuperable del terreno”, luego del siniestro
ocurrido el 23 de octubre de 2011.

Como pretensiones de su demanda, la actora solicita condenar a las entidades
accionadas a pagarle, por daño emergente y lucro cesante, la suma de
$2.520’000.000 y, por perjuicios morales y daño a la salud, el equivalente a 100
SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que en los años
ochenta la Nación – Ministerio de Transporte, el INVIAS, el departamento del
Atlántico, la ANI y el municipio de Tubará realizaron la canalización del “Arroyo
Grande” de Juan de Acosta, desviando su cauce a la altura del predio “Las
Ventanas”, de propiedad de Socorro Pimienta de Bernal.

Indica que la obra no cumplió con las especificaciones técnicas necesarias y a
partir de entonces el caudal del arroyo comenzó a erosionar su predio.

Manifiesta que el 29 de diciembre de 2003 solicitó a la Secretaría de Planeación
de Tubará una inspección ocular al inmueble referido, para que verificara el
deterioro que sufría por el rebosamiento de las aguas del “Arroyo Grande”.

1 Páginas 2 a 13 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
54.pdf”, índice 54, Samai.

3

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Sostiene que el 23 de septiembre de 2011, puso en conocimiento del alcalde de
Tubará los daños que el cuerpo de aguas estaba causando en su predio.
Asimismo, le solicitó infructuosamente que corrigiera su cauce para detener la
afectación que la erosión estaba ocasionando.

Señala que el 23 de octubre de 2011 el caudal del “Arroyo Grande” se desbordó y
arrasó con el predio “Las Ventanas”, destruyendo la vivienda, los árboles frutales,
aves de corral y porquerizas que allí se encontraban y ocasionando la “pérdida
irrecuperable del terreno”.

La demandante, propietaria del inmueble referido, considera que la Nación –
Ministerio de Transporte, el INVIAS, el departamento del Atlántico, la ANI y el
municipio de Tubará deben repararle los daños ocasionados por dicho
desbordamiento, pues aduce que este se ocasionó “a causa de la falla de la
administración en no tomar todas las medidas pertinentes de seguridad al
momento de construir ni después de la canalización del arroyo de Juan de
Acosta”.

Textualmente indica en la demanda que: “si bien es cierto, que la construcción de
la canalización fue una obra pública de la alcaldía de Tubará, por intermedio de
terceros contratistas, no es menos cierto que existe responsabilidad del Estado
[…] puesto que se configura aquí la figura de responsabilidad del Estado por la
actuación de su contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio.
Es por ello que se ve reflejado la responsabilidad extracontractual del Estado
hacia mi poderdante, por motivos de la omisión de las autoridades, al no
desarrollar todas las gestiones pertinentes para controlar el deterioro que estaba
causando a los terrenos aledaños al cauce del arroyo de Juan de Acosta, producto
de unos malos estudios pluviométricos a la hora de construir la respectiva
canalización, a pesar de habérsele informado a tiempo. Cabe manifestar que mi
poderdante y la comunidad advirtieron a las autoridades pertinentes sobre lo que
se estaba generando como consecuencia de la mala canalización del arroyo,
haciendo las autoridades caso omiso a estas advertencias”.

4

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

2. Contestaciones

El 28 de febrero de 20142, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la
demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio
Público.

2.1. El Ministerio de Transporte3 manifestó que no realizó la obra de canalización
referida en la demanda y que el daño ocurrió por una fuerza mayor. Propuso las
excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,” falta de legitimación
en la causa por activa”, “fuerza mayor o caso fortuito”, “pleito pendiente”,
“caducidad” e “inexistencia de la obligación e imposibilidad jurídica del Ministerio
de Transporte para responder por las pretensiones de la demanda”.

2.2. El departamento del Atlántico4 se opuso a las pretensiones de la demanda
señalando que no realizó la obra de canalización del “Arroyo Grande”. Formuló
como excepciones las de “ausencia de responsabilidad”, “falta de legitimación en
la causa por pasiva” y “fuerza mayor o caso fortuito”.

2.3. El INVIAS5 indicó que la vía que colindaba con el predio, que de Cartagena
conducía a Barranquilla, era responsabilidad de la ANI. Propuso como
excepciones las de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “fuerza mayor”.

2.4. La ANI contestó de forma extemporánea.

2.5. El municipio de Tubará guardó silencio.

2 Páginas 51 a 53, 63 y 64 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
3 Páginas 67 a 85 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
4 Páginas 104 a 113 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
5 Páginas 137 a 148 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.

5

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

3. Audiencia inicial

El 15 de abril de 20156 el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó la audiencia
inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del
litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se
circunscribiría a determinar “si el daño que denuncia la señora Socorro Pimienta
de Bernal existe, si existe, si es antijurídico y si se comprueba que lo es, si es
endilgable a uno o alguno de los demandados. Y determinado ello, si se encuentra
configurada causal de exoneración alguna. En estos términos queda fijado el
litigio”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 14 de febrero de 20177 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El Departamento del Atlántico8, el Ministerio de Transporte9 y el INVIAS10
reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda,
respectivamente.

4.2. La ANI señaló que en la demanda no se le atribuyó hecho alguno relacionado
con la indebida canalización del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta11.

4.2. El municipio de Tubará y el Ministerio Público guardaron silencio.

6 Páginas 294 a 306 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
7 Fl. 485 a 496, C.1.
8 Fl. 468, C.1.
9 Fl. 497 a 511, C.1.
10 Fl. 512 a 517 C.1.
11 Fl. 518 a 524, C.1.

6

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 14 de agosto de 201712 el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó
cuál fue la obra de canalización realizada en el “Arroyo Grande” de Juan de
Acosta, así como tampoco la omisión en el mantenimiento de dicho canal de
aguas.

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó que: “en la demanda se establece a priori
que las demandadas realizaron la canalización del Arroyo Grande de Juan de
Acosta en los años ochenta (1980), no obstante, no se acreditó la existencia de
dicha obra pública de canalización. […] Si bien la demanda predica una omisión
en el mantenimiento de la canalización del arroyo, es deficiente en probar la
misma. No se identificó cuál de las cinco autoridades demandadas era la
responsable de la presunta omisión que determinó la inundación y destrucción del
predio de propiedad de la demandante, y pese a que se demostró la existencia de
un daño no se probó en el sub examine cuál fue la causa eficiente de su
producción.

6. Recurso de apelación

El 9 de octubre de 201713 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 17 de octubre de 201714 y admitido el 7 de diciembre de 201715.

6.1. La parte actora16 manifestó que el a quo no tuvo en cuenta la palpable omisión
del municipio de Tubará al que antes de los hechos se le requirió para que
corrigiera el cauce del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta, pero no tomó medida

12 Índice 43, Samai. Expediente Digital.
13 Páginas 35 a 39 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 2 APAELACION SENTENCIA

(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
14 Página 41 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 2 APAELACION SENTENCIA (.pdf)

NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
15 Páginas 48 y 49 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 2 APAELACION SENTENCIA

(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
16 Páginas 35 a 39 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 2 APAELACION SENTENCIA

(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.

7

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

alguna para prever o mitigar el riesgo de desbordamiento advertido y, de no ser el
responsable de ello, tampoco informó de la situación a la autoridad competente.
Con todo, consideró que al a quo le correspondía determinar cuál de las
demandadas era la responsable del mantenimiento del mencionando arroyo.

7. Trámite en segunda instancia

El 2 de mayo de 201817 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y
al Ministerio Público para que emitiera concepto.

7.1. La parte actora18 reiteró los argumentos señalados en la primera instancia.

7.2. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor19 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta

17 Página 21 del archivo “ED_C07_02 OTROS-ACTUACIONES SEGUNDA INSTANCIA(.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
18 Páginas 61 y 62 del archivo “ED_C2_01 OTROS - CUADERNO 2 APAELACION SENTENCIA

(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa

impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.

8

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Corporación20.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la indemnización de perjuicios por omisiones imputables a la Nación –
Ministerio de Transporte, el INVIAS, el departamento del Atlántico, la ANI y el
municipio de Tubará.

3. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer

20 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $2.520’000.000, lo cual es
superior a 500 SMLMV ($294’750.000) para el año en que ésta se presentó (2013).
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,

9

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,

la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

10

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

resultando como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo26, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
teniendo en cuenta: i) que el 23 de octubre de 2011 ocurrió el desbordamiento del
“Arroyo Grande” que afectó al predio “Las Ventanas” según dan cuenta los
testimonios rendidos en este proceso27; ii) que el 13 de septiembre de 2012 la
parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial la cual se declaró

24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
26 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
27 Video audiencia de pruebas CD 4 y acta páginas 336 a 343 del archivo “ED_C1_01 OTROS -

CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.

11

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

fallida el 4 de diciembre de 201228; y iii) que la demanda se presentó el 1° de
octubre de 2013.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis29.

4.1. Socorro Pimienta de Bernal es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa,
pues está acreditado que es la propietaria del predio “Las Ventanas”, identificado
con matrícula inmobiliaria No. 045-1090230, ubicado en el municipio de Juan de
Acosta, que linda con la vía que de Cartagena conduce Barranquilla y que aduce
fue arrasado el 23 de octubre de 2011 por el desbordamiento del “Arroyo Grande”
(hecho probado 7.1.2.).

4.2. El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva, pues en
el 2008 realizó la rectificación y adecuación de taludes en el “Arroyo Grande” del
municipio de Juan de Acosta (hecho probado 7.1.5.).

4.3. El municipio de Tubará está legitimado en la causa por pasiva, pues un mes
antes del desbordamiento del “Arroyo Grande”, fue requerido para que corrigiera
el cauce de dicho cuerpo de agua, a fin de evitar posibles daños a bienes y
personas residentes en el sector “Las Ventanas”. Igualmente, ese municipio
incluyó en el censo de damnificados al hermano de la demandante, quien vivía
con ella en el predio “Las Ventanas”, por el desbordamiento del “Arroyo Grande”
ocurrido el 23 de octubre de 2011 (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.).

28 Páginas 40 a 42 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
29 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
30 Páginas 165 y 166 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -DEMANDA

Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

12

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

4.4. El INVIAS no se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues, aunque
celebró el contrato de concesión 503 del 24 de agosto de 1994, cuyo objeto
contemplaba, entre otras, las obras de rehabilitación de varias calzadas de la vía
Cartagena - Lomita Arena – Barranquilla, este no incluyó obras de mantenimiento
del “Arroyo Grande” del municipio de Juan de Acosta. Además, en el 2008 cedió
dicho contrato al INCO hoy ANI, esto es, antes de los hechos del 23 de octubre de
2011 (hechos probados 7.1.1. y 7.1.4.).

4.5. La ANI no se encuentra legitimada en la causa por pasiva pues, aunque se
subrogó como parte contratante del contrato de concesión 503 de 1994 a partir de
2008, este no tenía por objeto realizar obras de mantenimiento del “Arroyo
Grande” del municipio de Juan de Acosta (hechos probados 7.1.1. y 7.1.4.).

4.6. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Transporte,
pues en su contra no se esgrime ni se prueba acción u omisión alguna que lo
relacione con los hechos que dieron lugar a la presente controversia, ni que a
priori comprometa su responsabilidad patrimonial. Además, no se demostró que
esa entidad hubiera realizado alguna actividad de intervención del “Arroyo
Grande” del municipio de Juan de Acosta.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar: i) si el municipio de Tubará y el departamento
del Atlántico incurrieron en una falla en el servicio “al no tomar todas las medidas
pertinentes de seguridad al momento de construir ni después de la canalización
del arroyo de Juan de Acosta”; y ii) si en el evento de haberse acreditado alguna
falla de la Administración, ésta fue la causa eficiente de la afectación alegada por
la demandante.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.

13

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199131 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho32, que contraría el orden legal33 o que está desprovista de una
causa que la justifique34, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida35, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,

31 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
33 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
35 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

14

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros36.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 14 de
agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante manifestó que el municipio de
Tubará no tomó medida alguna para corregir el cauce del “Arroyo Grande” de Juan
de Acosta y que, incluso, de no ser el responsable de ello, tampoco informó de la
situación a la autoridad competente; igualmente, que al a quo le correspondía
determinar cuál de las demandadas era la responsable del mantenimiento del
mencionando arroyo.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte actora presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del
Código General del Proceso, únicamente se resolverán aquellos reparos
concretos formulados por la parte accionante en el recurso presentado37. Por ello,
a continuación, se analizará si el municipio de Tubará y el departamento del
Atlántico son patrimonialmente responsables por la destrucción de la vivienda, los
árboles frutales, aves de corral y porquerizas que se encontraban en el predio “Las
Ventanas”, así como por la “pérdida irrecuperable del terreno”, luego del siniestro
ocurrido el 23 de octubre de 2011.

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
37 “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a
quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.”

15

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante38 no se les dará el valor probatorio, de acuerdo con el criterio
uniforme de esta Sala39, pues se desconocen las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en las que fueron tomadas, pues no tienen registro de quién las tomó ni
cuándo lo hizo, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar.

En cambio, si se dará valor probatorio a las fotografías tomadas en la diligencia de
inspección judicial realizada el 8 de mayo 201540, pues se tiene certeza del lugar,
la fecha y por quién fueron tomadas.

Igualmente, y por la misma razón, se dará valor probatorio a las 9 fotografías41
tomadas por el perito ingeniero civil el 2 de septiembre de 2015, durante la visita
que realizó al predio “Las Ventanas” con el fin de rendir el dictamen que le fue
encomendado.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

38 Del archivo “ED_C1_CD1_FOLIO 51A_DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 54.zip”, índice 54,

Samai.
39 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, exp. 28.832
40 Páginas 365 a 397 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
41 Páginas 430 a 432 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.

16

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

7.1.1. Se demostró que el 24 de agosto de 1994 el INVIAS, Consultores del
Desarrollo S.A. y Edgardo Navarro Vives celebraron el contrato de concesión 503
de 1994, cuyo objeto era “realizar por el sistema de concesión los estudios,
diseños definitivos, obras necesarias para la rehabilitación de las calzadas
existentes y el mantenimiento y la operación del tramo de carretera Lomita Arena
– Puerto Colombia – Barranquilla de la ruta 90A y del empalme ruta 90 (La
Cordialidad) – Lomita Arena y el mantenimiento y la operación del tramo
Cartagena – Lomita Arena en los departamentos de Bolívar y Atlántico”. De ello da
cuenta copia de dicho contrato42.

7.1.2. Se comprobó que desde el 9 de septiembre de 2003, Socorro Pimienta de
Bernal es propietaria del predio “Las Ventanas”, identificado con matrícula
inmobiliaria No. 045-48829, ubicado en el municipio de Juan de Acosta, que
colinda con la vía que de Cartagena conduce a Barranquilla. Así consta en el
certificado de tradición de dicho bien y en la copia de la escritura pública No. 4.006
del 9 de septiembre de 200343. Igualmente, sobre la ubicación y pago del impuesto
predial, de dicha escritura se destaca:

“[…] Objeto. Que vende a favor de Socorro Pimienta de Bernal el derecho de
dominio y posesión material del siguiente bien inmueble: globo de terreno
denominado Las Ventanas ubicado en el municipio de Juan de Acosta, constante de
22 hectáreas 3.290.17 metros cuadrados sobre la autopista del mar que de
Cartagena conduce a Barranquilla […] Agrega los siguientes documentos:
certificado de paz y salvo del impuesto predial No. 1.948 expedido por la alcaldía de
Juan de Acosta el 28 de mayo de 2003 […]”

7.1.3. Se constató que el 29 de diciembre de 2003, Socorro Pimienta de Bernal
solicitó a la Secretaría de Planeación de Tubará una inspección ocular al predio
“Las Ventanas”, pero se desconoce con qué propósito. Así consta en la
certificación expedida el 3 de enero de 2004 por la secretaria de planeación
municipal de Tubará44.

42 Páginas 174, 191 a 218 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf)
NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
43 Páginas 15 a 22 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
44 Páginas 23 a 29 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.

17

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

7.1.4. Se verificó que el 24 de septiembre de 2008 el INVIAS cedió el contrato de
concesión 503 del 24 de agosto de 1994 al INCO hoy ANI. De ello da cuenta copia
de la Resolución No. 3728 de la misma fecha45, expedida por el director general
del INVIAS.

7.1.5. Se demostró que en 2008, -se desconoce la fecha exacta- el departamento
del Atlántico realizó obras de rectificación y adecuación de taludes en el “Arroyo
Grande” de Juan de Acosta. De ello da cuenta el oficio del 14 de diciembre de
2015 suscrito por la Secretaria de Planeación de ese ente territorial, que
textualmente señala lo siguiente:

“[…] En relación a lo solicitado en el Oficio de referencia, y una vez revisados
nuestros expedientes, me permito manifestarle que la administración departamental
a través de la Subsecretaría de Atención y Prevención de Desastres de la
Secretaría del Interior realizó en el año 2008 la rectificación y adecuación de taludes
en el Arroyo Grande del municipio de Juan de Acosta”

7.1.6. Se comprobó que el 23 de septiembre de 2011, Arturo Pimienta Vargas,
quien manifestó actuar en su nombre y de otros vecinos, le solicitó al alcalde de
Tubará la corrección del caudal del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta en
jurisdicción del municipio de Tubará, dado que estaba causando daños a cuatro
predios del sector “Las Ventanas”. De ello da cuenta la solicitud de la misma
fecha46, de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] El señor Arturo Pimienta Vargas en representación de otros vecinos y en la
suya propia solicitamos al señor Cristian Coll Maury alcalde municipal de Tubará la
corrección del caudal del Arroyo Grande de Juan de Acosta en la jurisdicción del
municipio de Tubará, ya que en la inspección ocular realizada por el alcalde y el
secretario de planeación pudo verse los daños que este arroyo ha causado en
cuatro predios del sector Las Ventanas, por tal motivo solicitamos la corrección
inmediata de dicho problema para evitar males mayores que puedan atentar contra
la vida de personas, animales y bienes materiales, ya que en este sector están
ubicadas cuatro viviendas. […]”

45 Páginas 188 a 190 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua
54.pdf”, índice 54, Samai
46 Página 30 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”,

índice 54, Samai.

18

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

7.1.7. Se demostró que Arturo Pimienta Vargas fue registrado en el censo de
damnificados del municipio de Tubará del año 2011, como propietario de la
vivienda ubicada en el kilómetro 75, autopista al mar, “finca Las Ventanas”, que
colapsó en octubre de 2011, como consecuencia de la erosión y deslizamientos
que produjo el “Arroyo Grande” de Juan de Acosta, debido al fenómeno de La
Niña. Igualmente, que resultaron damnificados miembros de su núcleo familiar,
aunque en ellos no se relaciona a la demandante. De ello da cuenta la certificación
expedida el 12 de enero de 201247 por el coordinador técnico del Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres de Tubará, en la que señaló textualmente:

“[…] Que el señor Arturo Pimienta Vargas identificado con […] aparece registrado en
el censo de damnificados del municipio de Tubará del año 2011. Quien era
propietario de la vivienda ubicada en el Km 75 Autopista al Mar Finca Las Ventanas,
jurisdicción el Municipio que colapsó en el mes de octubre de 2011, como
consecuencia de la erosión que se produjo en el arroyo Juan de Acosta a raíz del
fenómeno de la Niña. Se relaciona el núcleo familiar que habitaba en la vivienda, al
momento de presentarse los deslizamientos: Alicia Pimienta Viloria (compañera),
Paula Andrea Pimienta Pimienta (hija) y Fernando José Pimienta Pimienta (hijo)
[…]”

7.1.8. Se constató que, al 8 de mayo de 2015, los árboles de trupillo, matarratón y
uvita – no se especifica cuántos – ubicados en el predio “Las Ventanas” se
encontraban en regular estado; el suelo estaba seco y desprovisto de vegetación,
se observaba un área sobre la que, al parecer, estuvo construida una vivienda y
un camino paralelo al cauce del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta, así como el
cauce principal que pasaba por debajo de un puente, área en la que había maleza
y desechos vegetales. De ello da cuenta la diligencia de inspección judicial
practicada por el a quo, así como las fotografías tomadas en dicha diligencia, de la
cual se destaca lo siguiente:

“[…] al sitio objeto de la inspección, cuya entrada se encuentra aproximadamente a
unos diez (10) metros de la acera sur en sentido Barranquilla - Cartagena, sobre la
carretera o vía al mar, antes del puente del Arroyo Juan de Acosta frente al poste
número 75, fue recibida esta diligencia por la señora Elaine Bernal Pimienta quien
exhibe la cédula de ciudadanía […] y dice ser hija de la propietaria del predio que se
inspecciona, señora Socorro Pimienta de Bernal, quien es la demandante en este
proceso. […] Señalado el lugar por quien recibe la visita, se advierte que linda a

47 Página 31 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”,

índice 54, Samai.

19

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

unos diez (10) metros de la orilla de la carretera señalada, predio al cual se puede
ingresar por una puerta artesanal llamada por los vecinos ‘falsete’. Ingresada la
diligencia al inmueble, se percibe la presencia de árboles de especies nativas como
el trupillo, matarratón y uvita en regular estado, de igual manera en el lugar se
advierte que la superficie está seca en su suelo y un área desprovista de
vegetación; lo descrito anteriormente corresponde al área de entrada de todo el
predio, que según quien recibe la visita es de veintidós (22) hectáreas.
Seguidamente abandonamos el lugar descrito y la diligencia se adentra en el predio
objeto de la misma, percibiéndose un camino peatonal de aproximadamente tres (3)
metros de ancho, que inicialmente se desarrolla paralelamente a una depresión que
según quien recibe la visita corresponde al cauce nuevo del arroyo Juan de Acosta,
producto de la desviación del cauce original. Metros más adelante se percibe que la
depresión que se forma al desbordarse el cauce principal del arroyo ya identificado
se amplía en aproximadamente ochenta (80) metros, notándose desperdicios o
basuras; sobre el cauce accesorio o del desbordamiento del arroyo, se observa un
área que según quien recibe la visita sobre su superficie estaba construida la casa
del predio, finca o inmueble. A unos aproximadamente veinte (20) metros de lo
descrito, la diligencia llega a lo que según quien la recibe es el cauce original o
principal del arroyo Juan de Acosta, ya que los descritos anteriormente son cauces
accesorios o producto del desbordamiento del principal. Cauce abajo, se observa
que el mismo pasa por debajo de un puente, denominado según los vecinos ‘Puente
del arroyo Juan de Acosta’, advirtiéndose que la estructura del mismo consta
aproximadamente de sesenta (60) metros de largo por un promedio de alto de cinco
(5) metros, también se percibe en el sitio gran cantidad de maleza, escombros y
desechos vegetales en el cauce, que no es totalmente cóncavo, sino irregular, más
bien ligeramente aplanado. De todo lo percibido en esta inspección y descrito, se
ordena tomar de cada uno de los lugares los correspondientes registros fotográficos,
los cuales hacen parte del acta de esta inspección judicial. […]”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad

20

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

patrimonial de la Administración48-49.

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho,
que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra
en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

En el caso sub examine, se tiene que los daños alegados consisten en i) la
destrucción de la vivienda, los árboles frutales, aves de corral y porquerizas que
se encontraban en el predio “Las Ventanas”, ubicado en zona rural del municipio
de Juan de Acosta, de propiedad de la demandante y, ii) la “pérdida irrecuperable
del terreno”, todo ello, luego del desbordamiento del “Arroyo Grande”, el 23 de
octubre de 2011.

48 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
49 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.

21

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Los daños están comprobados con las declaraciones de los testigos Víctor Manuel
Higgins Hernández, Elías Moisés Rocha Reyes y Arturo Pimienta Vargas quienes
dieron cuenta de que, antes del 23 de octubre de 2011, en dicho predio existía una
vivienda, unos corrales de gallinas, cría de cerdos, árboles de mango, ciruelo,
coco, sembrados de yuca y maíz y que todo desapareció porque fue arrasado ese
día por el “Arroyo Grande” de Juan de Acosta, que también se llevó parte del
terreno.

Al efecto, se tiene que Víctor Manuel Higgins Hernández50, campesino, vecino del
predio “Las Ventanas”, quien llevaba viviendo en el sector hacía aproximadamente
30 años, declaró que en dicho predio la demandante “tenía coco, mango, gallinas,
cerdos, una casa de cuatro corredores enchapada en baldosa”, pero “ahora no
tiene nada” porque “se los llevó el Arroyo Grande”. Dijo que vivía a 50 metros del
predio y vio cómo el arroyo se llevó lo que había en el inmueble de la demandante.
Señaló que el terreno quedó “deteriorado”, que “no quedó mucha tierra” para
sembrar. Manifestó que después de que el arroyo arrasó con el predio de la actora
ninguna autoridad ha hecho reparación o intervención alguna de su cauce, que
solo fue el DANE para “medir todo lo que se llevó el arroyo”. Dijo que antes del
desastre que causó el arroyo “de pronto” la demandante y otros vecinos pusieron
en conocimiento de las autoridades del municipio de Juan de Acosta que el arroyo
era peligroso, “pero como no hicieron nada el arroyo se llevó las casas, hasta la
casa mía se perdió también”. Dijo que en los casi 30 años que llevaba viviendo en
el sector no se había presentado una situación de inundación como la ocurrida.
Manifestó que la demandante era la que administraba su predio y que ella vivía de
lo que tenía sembrado.

Por su parte, el testigo Elías Moisés Rocha Reyes51, declaró que conocía a la
demandante y a su “parcela” desde hacía unos 15 años porque vivía a unos 200
metros de allí, que en ese predio ella “tenía cría de gallinas, cerdos, ordeñaba
unas vacas, árboles frutales como ciruelas, cocos y laboraba mucho la tierra,
50 Video audiencia CD 4 y acta páginas 336 a 343 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1

PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.
51 Video audiencia CD 4 y acta páginas 336 a 343 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1

PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.

22

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

cultivaba maíz y yuca”. Dijo que la parcela era administrada por la demandante.
Manifestó que en 2011 -no precisó la fecha- “a raíz del arroyo el predio sufrió
mucho daño, un arroyo muy inmenso, duró todo el día lloviendo y observamos
como el arroyo arrasaba con todo lo que encontraba a su paso, la casa, todo lo
que había adentro y parte del terreno, ahí no quedó absolutamente nada, incluso
donde era la casa cargamos arena para el arroyo, para las volquetas, ahora es
cargadero de arena ahí, se carga arena para Juan de Acosta, para Barranquilla,
para Cartagena, ahí no quedó nada”. Señaló que él también resultó afectado
porque el arroyo se llevó parte de su terreno y de sus árboles frutales. Manifestó
que antes del hecho “pusimos denuncia al municipio de Tubará y no nos hicieron
caso, dijeron que nos iban a mandar unas ayudas, esas ayudas nunca llegaron”.
Indicó que luego del desastre observó a la demandante “muy deprimida, lloraba
desconsolada, creo que hasta médico le pusieron a la señora, fue muy doloroso”,
dijo que “ella perdió todo lo que tenía para el sustento de su familia”. Declaró que
en el tiempo que llevaba viviendo en el sector no se había presentado un desastre
como el que ocurrió. El testigo aclaró que vive, trabaja y es vecino de la
demandante en el municipio de Juan de Acosta y que la accionante vivía en su
parcela con su papá, un hijo y un hermano. Señaló que el día en que el arroyo
arrasó con el predio de la demandante “duró casi todo el día lloviendo hasta las
tres de la tarde, hubo mucho desbordamiento de varios arroyos y se le juntaban al
mismo arroyo, es un arroyo peligroso, todo el tiempo ha sido peligroso, se veía
venir que eso iba a ser un daño grande”. Dijo que después de ese día se han
vuelto a presentar desbordamientos en el predio de la demandante porque
“precisamente en la tierra de ella cuando crece el arroyo pasa de largo sobre la
tierra, tenemos que esperar hasta el día siguiente que baje el arroyo para nosotros
poder pasar”, es un suceso que se repite, pero no precisó cuántas veces ni
cuándo.

A su turno, el testigo Arturo Pimienta Vargas, hermano de la demandante, señaló
que para el 23 de octubre de 2011 vivía en el predio “Las Ventanas” y presenció el
desastre que ocurrió. Manifestó que “anterior a que ocurrieran los hechos se
hicieron diligencias primero verbales y después a nivel de documentación ante la
alcaldía municipal de Tubará”. Declaró que la petición que se hizo “en su momento

23

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

fue para corregir o restaurar el cauce del arroyo que ya venía evidenciado su
pérdida o su desvío”. Indicó que “el arroyo venia represando sus aguas y hacía
desvíos hacia los predios aledaños”. A la pregunta de si la construcción en la vía
al mar estaba relacionada con las causas por las cuales se desbordó el arroyo, el
testigo señaló que:

“En el año 1978 el arroyo presentó la más alta salida de cauce, que subió
aproximadamente a más de dos metros de altura, en esa misma fecha fue la
inauguración de un box culvert que se construyó allí, posteriormente el ingeniero
residente, cito su nombre porque lo recuerdo bien, Juan Pablo Dey, ordenó la
continuación de una aleta para evitar que el arroyo rompiera esa vía y es ahí donde
el arroyo comienza a cerrarse un poco más hacia los predios y a seguir molestando
que cada vez que llovía, en esa casa que estaba ubicada aproximadamente a más
de 50 metros del arroyo, cada vez que llovía así fuera poca agua había que estar
con la molestia de limpiar los patios, limpiar los baños, los pisos, porque el arroyo se
metía, de pronto no ya en la magnitud anterior pero sí se siguió inundando a partir
de la inauguración del box culvert”

Asimismo, este testigo manifestó que: “El cauce natural del arroyo estaba
deficiente primero por la sedimentación por la falta de mantenimiento que existía y
segundo la falta de capacidad que muestra el box culvert que de pronto a simple
vista o cualquiera que no sabe dice que tiene unos módulos por donde puede
pasar el agua, pero cuando uno ve un mes de octubre de un año 2011 por
ejemplo, que fue un año que todo el mundo sabe la cantidad de agua que cayó, la
cantidad de metros cúbicos que cayeron, que de pronto son hasta incontables,
evidencia eso, y la perspectiva cambia inmediatamente porque al mirar
directamente aquello es imposible que esta agua va a entrar en estos módulos,
son demasiado pequeños para poder encauzar el agua a ese sector, entonces
como se represa lógicamente el agua va a buscar para donde salir, de pronto un
concepto técnico más directo pueden corroborar lo que les digo”. El mismo testigo
declaró que presentó la queja en nombre suyo y de todos los vecinos ante el
municipio de Tubará porque en ese momento su hermana no estaba y él era quien
vivía en el predio y administraba la finca y los animales de propiedad de la
demandante. Dijo que el predio “actualmente consta de rastrojos, no tiene casi
ninguna forma de subsistencia, pues anteriormente había una porqueriza, había
gallinas, había coco, había ciruela y en este momento no queda nada de eso”.
Declaró que en la actualidad el predio solo es lugar de habitación. Aclaró que la

24

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

rectificación del cauce del arroyo no se ha hecho, que “eso nunca se ha tocado”,
que es un cauce natural. Señaló que “jamás” se han hecho obras para evitar
inundaciones. Aseguró que la demandante residía en el predio, pero que él
presentó la queja ante el municipio de Tubará porque “ante el inminente peligro y
la ausencia de la señora que no se encontraba en el lugar en esos momentos
hubo que tomar prácticamente medidas urgentes”.

Ahora bien, los testimonios de Víctor Manuel Higgins Hernández y Elías Moisés
Rocha Reyes gozan de eficacia probatoria porque se realizaron bajo la gravedad
de juramento y no fueron rebatidos, además, permiten establecer la ocurrencia del
desbordamiento del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta en octubre de 2011, el
cual arrasó con el predio “Las Ventanas” de propiedad de la demandante,
llevándose consigo una casa, animales, árboles frutales y parte del terreno que allí
había, esto es, su percepción directa de los hechos por ser vecinos del lugar,
incluso también afectados por el mismo evento, permite constatar la ocurrencia del
suceso y del daño alegado en la demanda.

En cuanto al testigo Arturo Pimienta Vargas, si bien se trata del hermano de la
demandante y su declaración, en los términos del artículo 21152 del Código
General del Proceso, podría considerarse sospechosa, la citada norma señala que
el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias
de cada caso y no puede desecharlos de plano53. Sin perjuicio de lo anterior, se
considera que la declaración de Arturo Pimienta Vargas es conducente, pues

52 Artículo 211. “Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las

personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.” (se subraya)
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021.

Rad.: 65987: “Si bien en el ordenamiento jurídico colombiano son sospechosas para declarar las
personas que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, el Consejo de Estado ha
establecido que no pueden descartarse de plano sus versiones, sino que deben valorarse de
manera más rigurosa, de cara a las demás pruebas obrantes en el expediente y a las
circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica . Así las cosas, las declaraciones
de las personas que tienen alguna relación con las partes del asunto, serán valoradas, tras
confrontarlas con las demás pruebas aportadas al proceso.”

25

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

declaró sobre su conocimiento directo de los hechos, dado que vivía y se
encontraba en el predio “Las Ventanas” para el momento del suceso; además,
sobre los bienes que había en el predio y el daño del que fue objeto el lote,
coincide con lo declarado por los otros testigos, lo que permite inferir su
credibilidad e imparcialidad al respecto.

Por demás, se observa que los daños revisten el carácter de antijurídicos, pues se
tratan de la afectación de derechos protegidos por el ordenamiento jurídico, cuya
lesión no encuentra justificación legal.

En efecto, el artículo 2º de la Constitución Política establece que las autoridades
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de donde la
vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan
antijurídicos. Adicionalmente, el artículo 58 de la Carta Política dispone que “[…]
se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores”.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico al municipio de Tubará
y al departamento del Atlántico, es menester establecer si éste les es atribuible
fáctica y jurídicamente.

Pues bien, se observa que a los municipios y a los Departamentos les
corresponde, en conjunto con los entes directores y organismos ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas
Regionales, promover, cofinanciar o ejecutar las obras y proyectos de drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o

26

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

corrientes de agua, entre otras, como lo dispone los disponen los artículos 64,
numeral 654 y 65, numeral 1055, de la Ley 99 del 199356,

Se conoce en este proceso, que, en 2008, -aunque no se indicó la fecha exacta-
el departamento del Atlántico realizó obras de rectificación y adecuación de
taludes en el “Arroyo Grande” de Juan de Acosta (hecho probado 7.1.5.). De
modo que, en cumplimiento de la función que le asigna la Ley, ese ente territorial
intervino dicha corriente de agua, pero se desconoce en qué tramos, en qué
consistió específicamente la obra, cuál fue el objetivo de la misma y cómo esta
pudo afectar al predio “Las Ventanas” de propiedad de la demandante.

Tampoco se probó que en la realización de dicha obra el departamento del
Atlántico “no tomara todas las medidas pertinentes de seguridad” o que hubiera
incumplido con las especificaciones técnicas, de manera que hubiera contribuido
al daño causado al predio de la demandante.

Asimismo, no se probó en este proceso que el departamento del Atlántico tuviera
conocimiento, antes del 23 de octubre de 2011, de que el “Arroyo Grande” de
Juan de Acosta requiriera una corrección o alteración de su cauce o de la
posibilidad de que afectara al predio de la demandante.

54 “Artículo 64. Funciones de los Departamentos. Corresponde a los Departamentos en materia
ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a
los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas
Regionales, las siguientes atribuciones especiales: […]. 6) Promover, cofinanciar o ejecutar, en
coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces
o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas; […]”.
55 “Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital de Santafé de
Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen
constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que
deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones
Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales: […]. 10) Promover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional
de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de
irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces
o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas
hidrográficas”.
56 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

27

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Además, se insiste, no se comprobó a qué obra de canalización del “Arroyo
Grande” se refiere la demandante, a la que le atribuye el daño causado a su
predio.

En cuanto a la supuesta omisión del municipio de Tubará, cabe advertir que el
predio “Las Ventanas” está ubicado en el municipio de Juan de Acosta, al que le
tributa (hecho probado 7.1.2.), de modo que, en principio, al ente demandado no
le correspondía intervenir el cauce del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta ni
prevenir daños a un inmueble que no se encuentra dentro de su jurisdicción.
Además, a pesar de tratarse de municipios colindantes, tampoco está demostrado
que dicho municipio hubiera realizado alguna acción o compromiso conjunto con
el municipio de Juan de Acosta u otra entidad para monitorear o modificar el
mencionado arroyo ni que hubiera ejecutado obra alguna sobre este.

Si bien el testigo Arturo Pimienta Vargas señaló que en 1978 se inauguró un box
culvert que se construyó en la vía al mar y que se “ordenó la continuación de una
aleta para evitar que el arroyo rompiera esa vía y es ahí donde el arroyo comienza
a cerrarse un poco más hacia los predios”, en el proceso se desconoce a qué
obra se refiere, quién la realizó, en qué tramo de la vía al mar se hizo o cuáles
fueron sus especificaciones técnicas, así como la acreditación, más allá de la
afirmación del testigo, de cuáles fueron las falencias de dicha obra y cómo estas
pudieron canalizar indebidamente el cauce del “Arroyo Grande” de Juan de
Acosta, de modo que este al desbordarse afectara el predio de la demandante.

El testigo manifestó que “el cauce natural del arroyo estaba deficiente primero por
la sedimentación por la falta de mantenimiento que existía y segundo por la falta
de capacidad que muestra el box culvert”. También señaló que en octubre de
2011 por la cantidad de agua que cayó, era evidente que el box culvert no iba a
tener la capacidad para encauzar el agua. Sin embargo, también fue enfático en
señalar que la rectificación del cauce del arroyo no se ha hecho, que “eso nunca
se ha tocado”, que es un cauce natural, que “jamás” se han hecho obras para
evitar inundaciones. De ahí que el testimonio no es claro en sus afirmaciones para

28

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

establecer el origen del daño, pues alude a una obra (construcción de un box
culvert) que se habría inaugurado aproximadamente 33 años antes de los hechos
-no se probó por qué entidad-, la cual habría resultado insuficiente para encauzar
el agua, pero luego dice que se trata de un cauce natural, que nunca se ha
tocado, de modo que su declaración no permite acreditar con claridad y certeza si
esta es la obra de canalización a que se refiere la demanda.

Incluso, se observa que sobre el particular el perito ingeniero civil que rindió
dictamen en este proceso realizó unas conclusiones al respecto, del cual se
destacan las siguientes:

“[…] Consiste en: 1. El perito rendirá concepto sobre el precio del M² del predio, en
comparación con los precios circunvecinos. […] El Arroyo Grande de Juan de
Acosta decidieron rectificar su cauce de tal manera que la lámina de agua fuera de
menor altura y por ende debería ocasionar menos daños ya que no debería
desbordarse y tratando que el flujo se distribuyera en las tres secciones que
presenta el puente que está en la vía al mar kilómetro 75 sobre el arroyo antes
mencionado; debemos tener en cuenta que si el puente fue construido con esa
capacidad se debió al estudio hidrológico de mayor precipitación y así evitar
problemas en la vía, esta hipótesis fue demostrada al no efectuar los trabajo en el
lecho del rio como debía ser y fue así que en el invierno de 2010 se vino la
avalancha e inundó el terreno denominado las ventanas, propiedad de la
demandante Socorro Pimienta de Bernal, arrasando con todo lo que encontró a su
paso como lo podemos ilustrar con el registro fotográfico que aun reposa en el
expediente donde se puede observar una confortable vivienda con buenos jardines,
corredor en todo su alrededor cuya distribución era tres alcobas sala comedor dos
baños cocina y corredor alrededor de la vivienda construida en mampostería techo
en lámina de fibrocemento, cielo raso puertas en madera cuyas medidas eran 23.70
mts por 14.60 mts para un área total de 346.00 m², además un corral en madera
vareta aproximadamente 200 ML, cerca en alambre púa y madera viva y un pozo de
agua de muy buena calidad, anillado con una profundidad de 3.00 lineal y una
buena producción de agua y además de las dos hectáreas que debía tener el lote de
la demandante el cauce del arroyo le recortó 15118.00 M² terreno que está
totalmente inservible por el estado topográfico en que se encuentra y solo le quedo
como terreno útil 4882 m². Además de lo anterior como se puede observar en el
registro fotográfico al ver el ente oficial que llevó a cabo los trabajos en el arroyo al
ver este desastre, trató de evitar una nueva inundación construyendo un muro de
29.00 mts de longitud y una sección de 40 en la corana y de 80 en la base pero me
atrevo asegurar basado en mi experiencia que esta no es la solución del problema
teniendo en cuenta que presenta otro inconveniente con las mismas características
la inundación va ser igual o aún peor; además vale la pena resaltar que este lote
quedo con una amenaza vigente y lo podemos clasificar como un lote en alto riesgo,
situación que afecta el valor de este terreno lo anterior lo ilustro como se puede
observar en el registro fotográfico y plano que le adjunto. […] El terreno que cercenó
el arroyo con una cabida 15.118.oo M², hemos utilizado el mismo método anterior o

29

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

sea el comparativo teniendo en cuenta que este lote está a 2 kilómetros de
Palmarito y a 3 kilómetros de Santa Verónica; en condiciones normales y sin las
condiciones de riesgos como están considerados en este momento teniendo en
cuenta que el muro construido en vez de superar la situación la ha agravado ya que
se presenta un nuevo desbordamiento del arroyo producirán más daños en el lote
que nos ocupa, en el sector el M² se puede conseguir a $65.000. Pero para nuestro
caso haciendo el estudio pertinente hemos llegado a la conclusión que el valor del
M² es de $55.000. […] Para hacer más evidente la causa de los daños producidos
por el caudal y desbordamiento de las aguas del Arroyo Grande de Juan de Acosta,
mostramos en el plano que se adjunta la construcción por parte de la firma
ejecutora, de la rectificación del arroyo, un muro de contención en concreto
reforzado de aproximadamente 28.9 ML de longitud por 50 Cmt de ancho y 2.00
metros de altura; lo que nos demuestra que se preveía el desborde en ese punto de
las aguas del arroyo en mención, esta no fue la solución definitiva, teniendo en
cuenta que aun con el muro que supuestamente iba a contener las aguas, actuó
como un obstáculo más y la corriente penetró en el lote de la señora Socorro
Pimienta con mayor velocidad produciendo los daños anteriormente enumerados y
valorados. […]”57

Dicho dictamen fue decretado a solicitud de la parte demandante con el objeto de:
“determinar el valor por metro cuadrado. El perito rendirá concepto sobre el precio
del metro cuadrado del predio, en comparación con los predios circunvecinos”58.

Con la pericia el auxiliar de la justicia adjuntó 24 fotografías y un plano
topográfico. De las 24 fotografías solo 9 fueron tomadas por él durante su visita al
predio, las demás las tomó de las aportadas por la demandante con el libelo y
que, como antes se advirtió, carecen de valor probatorio. En el plano, el perito
indica el área arrasada por el arroyo, el área actual del predio, la existencia de un
muro de contención y por dónde pasa el arroyo.

A estos efectos, se tiene que el artículo 232 del Código General del Proceso59
señala que, para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe
ser sólido, claro, exhaustivo y preciso. Sumado a ello, dispone que el juez deberá

57 Páginas 420 a 433 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.
58 Se trascribe el objeto con el que se decretó la pericia, tal como consta en la audiencia inicial del

15 de abril de 2015 y se reitera en la audiencia de pruebas del 15 de junio de 2016 en la que se
escuchó al perito (páginas 294 a 306 y 474 a 480 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1
PRINCIPAL(.pdf) NroActua 54.pdf”, índice 54, Samai.)
59“Artículo 232. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo

en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad
del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

30

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

analizar la conducencia de la prueba pericial en relación con las reglas de la sana
crítica, la calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su
comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso.

Según lo expuesto y bajo los parámetros antes mencionados, se advierte que el
dictamen pericial rendido el 23 de noviembre de 2015 por el ingeniero civil
Absalón Prada Castillo no goza de eficacia probatoria por cuanto, si bien fue
rendido por un ingeniero civil y perito auxiliar de la justicia, no abordó el objeto
encomendado con claridad y precisión, dado que se extendió en relatar las
posibles causas del desbordamiento del “Arroyo Grande” de Juan de Acosta,
extralimitándose en el propio objeto para el cual había sido encomendada la
pericia.

Además, en cuanto a las obras de rectificación del cauce y los trabajos realizados
en el arroyo después de los hechos, por parte de quien denominó “el ente oficial”,
el perito no fue claro en precisar a qué obra se refería, qué entidad la realizó,
cuándo la hizo, cómo supo de dicha obra, ni en qué estudios o soportes científicos
se basó para determinar que la rectificación del cauce no fue suficiente para evitar
que el arroyo se desbordara y causara daños sobre el predio de la demandante.

Es más, en la audiencia de pruebas del 15 de junio de 201660, cuando se le
preguntó dónde obtuvo la información o los soportes técnicos para concluir que el
cauce del arroyo fue rectificado, el perito no refirió dichos soportes sino que
señaló: “si usted reduce un área para la circulación del agua lógicamente el nivel
del agua aumenta, por eso el puente que está sobre la vía al mar tiene tres
secciones y el día de la visita solamente se está utilizando una, entonces el
trabajo que se hizo para disminuir el embate de las aguas no está siendo utilizado
totalmente, entonces ahí viene que el agua sobrepase la altura y se desborda,
tanto así que fue construido un muro de dos metros y medio de alto como aparece
en el registro fotográfico con 18 metros de longitud, pero que tampoco fue
totalmente acorde para evitar los daños que se ocasionaron en la finca”.

60 Páginas 474 a 480 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.

31

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

Igualmente, cuando se le preguntó ¿cuáles trabajos debieron hacerse en el lecho
del rio como debía ser y con base en qué estudios hizo esa afirmación en el
dictamen?, el perito respondió “doctora es que yo no soy de estudios eso es mi
experiencia de 40 años de profesión en el ejercicio en vías y construcción de
puentes […[ eso no es de estudios, sino que uno tiene la experiencia y hace las
mediciones del caso y el puente es un punto obligado de referencia que le da a
uno que ahí se hizo un estudio porque ese puente no fue hecho de tres luces para
que solamente se utilice una [...]”.

En vista de lo anterior, para la Sala esta prueba no resulta idónea para establecer
las causas del daño alegado en la demanda, ni mucho menos para imputarlo al
municipio de Tubará ni al departamento del Atlántico. Con todo, se itera, el objeto
de la pericia no era identificar las causas por las cuales se desbordó el “Arroyo
Grande” de Juan de Acosta, sino para determinar el valor por metro cuadrado del
predio de la demandante, en comparación con los predios circunvecinos.

En cuanto a las omisiones en que habrían incurrido el municipio de Tubará y el
departamento del Atlántico “después de la canalización del arroyo de Juan de
Acosta”, el testigo Arturo Pimienta Vargas señala que fue él quien solicitó la
corrección del cauce al municipio de Tubará, mas no al departamento del
Atlántico. El testigo Elías Moisés Rocha Reyes refirió que “pusimos denuncia al
municipio de Tubará y no nos hicieron caso”, pero no precisó quiénes ni en qué
consistió su denuncia. Por su parte el testigo Víctor Manuel Higgins Hernández
manifestó que antes del desastre que causó el arroyo “de pronto” la demandante
y otros vecinos pusieron en conocimiento de las autoridades del municipio de
Juan de Acosta que el arroyo era peligroso, pero tampoco es preciso en su
supuesto conocimiento al respecto.

De ahí que, según estas declaraciones, tanto el municipio de Tubará como el
municipio de Juan de Acosta habrían conocido del peligro que podía representar
el cauce del “Arroyo Grande” para el predio de la demandante y los de sus
vecinos. Y no obstante no consta respuesta del municipio de Tubará, se sabe que

32

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

el inmueble objeto de demanda no pertenecía a esa jurisdicción y no se probó que
fuera el responsable de obra alguna de intervención del “Arroyo Grande”. Por otro
lado, el municipio de Juan de Acosta no fue demandado y no se demostró que
dichas quejas o denuncias fueran puestas en conocimiento del departamento del
Atlántico, que ya en 2008 había intervenido el mencionado arroyo.

Además, en la queja elevada por Arturo Pimienta Vargas el 23 de septiembre de
2011 en la cual solicita al alcalde de Tubará la corrección del cauce del “Arroyo
Grande” de Juan de Acosta (hecho probado 7.1.6.), refiere que dicho alcalde
habría practicado una inspección ocular en la que supuestamente verificó los
daños que el arroyo había causado en cuatro predios del sector “Las Ventanas”,
pero no se allegó prueba de tal diligencia ni de qué autoridades intervinieron, ni a
qué daños o a qué predios se refiere y si uno de ellos era el de la demandante, a
lo que se suma que, en dicha petición, no aparece siquiera el nombre de la
actora.

Igualmente, tampoco resulta evidente que el referido canal de aguas, a la altura
del predio “Las Ventanas”, requiriera un mantenimiento urgente, pues de acuerdo
con los testigos Víctor Manuel Higgins Hernández y Elías Moisés Rocha Reyes,
antes del 23 de octubre de 2011, no se había presentado un desbordamiento del
cauce como el que ocurrió ese día.

Por último, se advierte que, también a solicitud de la demandante, se decretó una
experticia a cargo de un perito contador, que fue presentada por dicho auxiliar de
la justicia61, pero dado que esta tuvo como finalidad el cálculo del daño
emergente, su dictamen carece de conducencia para resolver sobre la imputación
del daño a la demandada.

De acuerdo con todo lo anterior, debe concluirse que no obra en el proceso
ningún medio de prueba que dé cuenta de la obra de canalización del “Arroyo
Grande” de Juan de Acosta o de omisiones posteriores a la misma en que

61 Páginas 412 a 419 del archivo “ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 1 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

54.pdf”, índice 54, Samai.

33

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

hubieran incurrido el municipio de Tubará y/o el departamento del Atlántico, que
causaran su desbordamiento el 23 de octubre de 2011 y con ello, la afectación al
predio “Las Ventanas” de propiedad de la actora.

Así pues, de conformidad con lo expuesto, en la parte resolutiva de esta
providencia se modificará la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, en
el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y
de ANI; así como la indebida representación de los intereses de la Nación por
parte del Ministerio de Transporte y, se confirmará en lo demás, pues se constató
que la accionante no acreditó que los daños por ella padecidos fueran atribuibles a
las entidades demandadas.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez

34

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las
costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366
del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el
artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las
expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho62 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora63.

A su turno, el Acuerdo 10554 de 201664 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos en
general en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV65.
En este orden, la Sala condenará a la parte actora al pago de agencias en
derecho en suma equivalente a 1 SMLMV que se distribuirá en partes iguales
entre las demandadas, las cuales serán liquidadas por Secretaría según los
parámetros previstos en la normativa transcrita.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

62 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
63 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
64 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
65 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.

En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando
en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el
4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la
naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

35

Radicado: 08001233300420130068201 (60556)
Demandante: Socorro Pimienta Bernal

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, y
en su lugar se dispone:

SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y
de ANI; así como la indebida representación de los intereses de la Nación por
parte del Ministerio de Transporte.

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

QUINTO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma
equivalente a 1 SMLMV, la cual se distribuirá en partes iguales entre las
demandadas y será liquidada por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.