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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-00413-01

Fecha
10 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2013-00413-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio de control. SEGUNDO: Sin costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2013-00413-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

10 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANITA DE NECHÍ S.A.S.
Demandado: NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema: Inundación de predio rural en el municipio de Nechí. Caducidad
del medio de control.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de julio de 2010 se rompió el canal de contención del rio Cauca, en el
municipio de Nechí, lo cual causó la inundación del predio de propiedad de la
sociedad demandante, conocido como Hacienda Santa Anita, ubicado en la
vereda Caño Pescado.

La sociedad demandante considera que la Nación – Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías INVIAS, el departamento de Antioquia, el municipio de
Nechí, el Consorcio Dique 331 CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.),
el Consorcio Construcciones Regionales (integrado por Surcolombiana de
Construcciones S.A., Argeu S.A. y Consuelo González Bonilla); y el Consorcio
Inter Estudios MIG (integrado por Mur Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería
S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño) son patrimonialmente responsables por la
inundación del predio de su propiedad, pues aduce que esta se ocasionó debido a
la falla en el servicio en la construcción del dique marginal y en las obras de
contención realizadas en la ribera del rio.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 11 de marzo de 20131, la sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías – (en adelante INVIAS), el departamento de Antioquia,
el municipio de Nechí, el Consorcio Dique 331 CINRAM (integrado por Navarro
Rocha y CIA S.A.), el Consorcio Construcciones Regionales (integrado por
Surcolombiana de Construcciones S.A., Argeu S.A. y Consuelo González Bonilla);
y el Consorcio Inter Estudios MIG (integrado por Mur Proyectos Ltda., Inter
Estudios Ingeniería S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño), para que se les declarara
patrimonialmente responsables por los daños ocasionados como consecuencia de
la inundación ocurrida el 10 de julio de 2010, en zona rural del municipio de Nechí.

Como pretensiones de su demanda, la sociedad actora solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarle, por perjuicios morales, el equivalente a 8.000
SMLMV; y por daño emergente, la suma de $5.351’200.000.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en fecha
indeterminada, el INVIAS, a través de varios contratistas, inició obras de control de
inundaciones en la región de la Mojana, específicamente en la ribera del rio
Cauca, con el fin de contrarrestar los problemas causados de tiempo atrás durante
las temporadas de ola invernal.

Señala que durante el desarrollo de dichas obras los ejecutores del proyecto
incurrieron en una serie de descuidos e improvisación, razón por la cual estas no
resultaron eficaces.

1 Página 164, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

Indica que, fue así como el 10 de julio de 2010 se rompió el dique de contención
del rio Cauca, a la altura del municipio de Nechí, exactamente en los sectores
conocidos como Nuevo Mundo, Pedro Ignacio y Santa Anita, inundando varios
predios de la zona, entre ellos la Hacienda Santa Anita, situación que se prolongó
hasta el 27 de noviembre de 2011.

Manifiesta que uno de los sectores más afectados fue la vereda Caño Pescado,
donde se ubica la Hacienda Santa Anita, de su propiedad, distinguida con las
matrículas inmobiliarias No. 037-0016216 y 064-0023368.

Sostiene que la inundación de la Hacienda Santa Anita causó la pérdida de 800
hectáreas de terreno, 327 búfalos y 180 hectáreas de arroz.

La sociedad demandante, propietaria del inmueble referido, considera que la
Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías INVIAS, el
departamento de Antioquia, el municipio de Nechí, el Consorcio Dique 331
CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.), el Consorcio Construcciones
Regionales (integrado por Surcolombiana de Construcciones S.A., Argeu S.A. y
Consuelo González Bonilla); y el Consorcio Inter Estudios MIG (integrado por Mur
Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño) son
patrimonialmente responsables por la inundación del predio de su propiedad, pues
aduce que esta se ocasionó debido a la falla en el servicio en la construcción del
dique marginal y en las obras de contención realizadas en la ribera del rio.

2. Contestaciones

El 13 de septiembre de 20132, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. El departamento de Antioquia3 manifestó que las obras de control de
inundaciones de la región de la Mojana fueron realizadas por el INVIAS. Propuso

2 Página 268 a 271, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de
la obligación” y “falta de causa para demandar”.

2.2. La sociedad Argeu S.A.4, integrante del Consorcio Construcciones
Regionales, señaló que la inundación ocurrida en el municipio de Nechí, en 2010,
se debió a un hecho de la naturaleza. Formuló las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “pleito pendiente”, “cobro de lo no debido e
inexistencia de la obligación” y “fuerza mayor”.

2.3. El INVIAS5 sostuvo que no era responsable de atender inundaciones ni
desastres naturales y que no incurrió en falla en el servicio en el desarrollo de los
contratos de obras de control de inundaciones en la región de la Mojana. Propuso
las excepciones de “caducidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“fuerza mayor o caso fortuito”, “hecho de un tercero” y “buena fe”.

2.4. Mur Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño,
integrantes del Consorcio Inter Estudios MIG6, señalaron que ejecutaron un
contrato de interventoría a las obras de control de inundaciones en la región de la
Mojana, pero no eran garantes ni responsables de los hechos de la naturaleza,
como el ocurrido en el año 2010, durante la ola invernal. Formuló la excepción de
“inexistencia de responsabilidad por la inexistencia de nexo causal entre el hecho
y el daño”.

2.5. La sociedad Surcolombiana de Construcciones S.A., integrante del Consorcio
Construcciones Regionales7, manifestó que no participó de la ejecución de las
obras respecto de las cuales la demandante alegaba falla en el servicio. Formuló
las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “caducidad de la
acción” “fuerza mayor o caso fortuito”, “inexistencia de la obligación”, y “no

3 Página 282 a 293, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
4 Página 353 a 356, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
5 Página 380 a 393, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
6 Página 404 a 409, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
7 Páginas 35 a 39, C.2., expediente digital, índice 21 Samai.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación frente a la sociedad
Surcolombiana de Construcciones S.A.”.

2.6. El Ministerio de Transporte, Consuelo González Bonilla, Navarro Rocha y CIA
S.A. y el municipio de Nechí guardaron silencio.

3. Audiencia inicial

El 26 de mayo de 20178 y el 23 de junio de 20179 el Tribunal Administrativo de
Antioquia realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso y, a
continuación, resolvió las excepciones propuestas por las demandadas.

En cuanto a la de caducidad, consideró que el daño alegado era de tracto
sucesivo, el cual solo habría concluido en noviembre de 2011, de ahí que la
demanda presentada el 11 de marzo de 2013 no había caducado. A continuación,
el Tribunal a quo decretó pruebas y fijó el objeto del litigio. Frente a este último
punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si
en el presente asunto confluyen los elementos de responsabilidad Estatal en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, (i) se presenta un daño
antijurídico padecido por la sociedad demandante imputable a las actuaciones u
omisiones culposas de las demandadas, que llevaron al rompimiento del dique
construido sobre la margen izquierda del rio Cauca y a la consecuente inundación
del terreno de la hacienda Santa Anita, debido a las lluvias presentadas entre los
años 2010 y 2011, lo cual ha originado perjuicios de índole moral y material?; y (ii)
dicho daño es imputable a las entidades demandadas por falla en el servicio por el
incumplimiento de las funciones legal y contractualmente asignadas a ellas?”

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de junio de 202110 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

8 Páginas 11 a 17, C.3., expediente digital, índice 21 Samai.
9 Páginas 103 a 116, C.3., expediente digital, índice 21 Samai.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

4.1. La parte demandante11 y el municipio de Nechí12 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, respectivamente.

4.2. El departamento de Antioquia, el Ministerio de Transporte, Surcolombiana de
Construcciones S.A., Argeu S.A., Consuelo González Bonilla, Mur Proyectos Ltda.,
Inter Estudios Ingeniería S.A.S., Gustavo Pérez Mariño, Navarro Rocha y CIA S.A.
y el Ministerio Público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de octubre de 202213 el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró la caducidad del medio de control, con fundamento en que el
daño consistente en el rompimiento del dique de contención en la ribera del rio
Cauca, a la altura del municipio de Nechí, ocurrió en julio de 2010, de ahí que el
término de caducidad debía contarse al menos desde el 1° de agosto de 2010 y,
dado que la demanda sólo se presentó hasta el 11 de marzo de 2013, se advertía
que resultaba extemporánea.

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó que: “si bien el perjuicio derivado de la
inundación pudo haberse prolongado en el tiempo, no se trató de un daño
continuado, pues el daño acaeció en el instante mismo en que habría cedido la
estructura construida por el INVIAS y se desbordó el río Cauca. Luego se
sucedieron las inundaciones. […] Es decir, lo que tuvo lugar de manera continuada
en el tiempo fueron: i) los efectos del daño, esto es, las inundaciones que se
prolongaron incluso después de ocurrido el hecho dañoso –rompimiento de las
obras de contención-, y ii) la ola invernal causada por el fenómeno del niño y la
niña, la cual comenzó en julio de 2010 y continuó con lluvias abundantes hasta

10 Archivo “ED_19ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)NroActua2.pdf”, expediente digital, índice 2
Samai.
11 Archivo “ED_23ALEGATOSDEMANDANTE(.pdf)NroActua 2.pdf”, expediente digital, índice 2
Samai.
12 Archivo “ED_21ALEGATOSMUNICIPIO(.pdf)NroActua2.pdf”, expediente digital, índice 2 Samai.
13Archivo “ED_34SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)NroActua2.pdf”, expediente digital, índice 2, Samai.

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Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

diciembre de 2011. No hace parte de la narración de los hechos, ni ha sido
acreditado en el plenario, que hubiera existido otro hecho imputable a las
entidades y sociedades demandadas que hubiera acaecido con posterioridad al
rompimiento del dique en julio de 2010. Por lo tanto, forzoso resulta concluir que
esa fecha constituye el momento que determina el término de caducidad. […] En
el caso concreto, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó ante la
Procuraduría el 24/10/2012 (01 p. 95), declarada fallida el 10/12/2012 (01 p. 95) y
la demanda data de 11/3/2013 (01 p. 164), por lo que forzoso resulta concluir que
resultó extemporánea pues ya se había configurado la caducidad”.

6. Recurso de apelación

El 27 de octubre de 202214 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 21 de noviembre de 202215 y admitido el 3 de marzo de 202316.

6.1. La parte actora17 manifestó que el daño era continuo y de tracto sucesivo, pues
no se había ejecutado en un solo momento por el rompimiento del dique marginal del
rio Cauca, dado que las inundaciones perduraron hasta finales de noviembre del año
2011. Sostuvo que así lo había considerado el a quo en la audiencia inicial, pero al
cambiar su criterio en la sentencia de primera instancia habría cercenado la
posibilidad de que la actora se hiciera parte en la acción de grupo, según lo
estipulado en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, esto es, antes de la apertura de
pruebas.

14 Archivos “ED_36RECIBIDO(.pdf) NroActua 2.pdf” y “ED_37APELACIONSENTENCIA(.pdf)
NroActua 2.pdf”, expediente digital, índice 2, Samai. Se advierte que el 21 de noviembre de 2022 la
parte actora presentó otro recurso de apelación contra la misma sentencia, el cual fue rechazado
por extemporáneo mediante auto del 19 de diciembre de 2022, así conta en las actuaciones
“ED_40RECIBIDOMEMORIAL(.pdf)NroActua2.pdf”, “ED_41RECURSOAPELACION(.pdf) NroActua
2.pdf” y “ED_42AUTORECHAZAAPELACI(.pdf) NroActua 2.pdf”, expediente digital, índice 2, Samai
15 Archivo “ED_38AUTOCONCEDEAPELACI(.pdf) NroActua 2.pdf”, expediente digital, índice 2,

Samai
16 Página 357 a 359, C.3., expediente digital, índice 21 Samai.
17 Archivo “ED_37APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 2.pdf”, expediente digital, índice 2,

Samai.

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Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA18, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar
justicia en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a
todos los jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes
ramas jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso
administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi)
la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio
de las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que19 la competencia para conocer de los
diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o

18 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.

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materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones
especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la
naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la
definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe
tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia
previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso
asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema
específico, puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de
atracción)20.

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o
entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional
para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun
cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca
que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y
daños que se le atribuyen en el libelo introductorio21.

Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de
agosto de 200722, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre
que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda
inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública
accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado, pueda resultar
condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un
sujeto de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser
ventilado ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
20 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018,
Rad.: 43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.

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responsabilidad de todos los accionados23.

De conformidad con lo anterior, el fuero de atracción implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los
cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De
hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de
Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el
competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con
particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los
pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a
otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso
adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha
figura, a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo
conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya
competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse
ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene
competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos
demandadas”24

Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda
dirimir controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su
vinculación con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido,
es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida25.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 26,
en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que

23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-

02076-01.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.
25 Ibídem.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.:

44428.

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“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.

Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al
proceso sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la
competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir,
basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute
acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado
por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte
relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto
contra una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de
manera concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un
juez de la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción,
pues el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados27, siendo menester, para dichos
efectos, estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación
se alega28.

En el caso sub examine la parte demandante pretende que se declare
patrimonialmente responsables a la Nación – Ministerio de Transporte, el INVIAS,
el departamento de Antioquia, el municipio de Nechí, el Consorcio Dique 331
CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.), el Consorcio Construcciones
Regionales (integrado por Surcolombiana de Construcciones S.A., Argeu S.A. y
Consuelo González Bonilla); y el Consorcio Inter Estudios MIG (integrado por Mur
Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño), por los
daños ocasionados como consecuencia de la inundación ocurrida el 10 de julio de

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:

51687.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.

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2010, en zona rural del municipio de Nechí, la cual se prolongó hasta el 27 de
noviembre de 2011.

Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto las entidades públicas
demandadas presuntamente ocasionaron los daños alegados, su responsabilidad
puede quedar comprometida, al igual que ocurre con las personas de carácter
privado, también demandadas por los mismos hechos y con igual propósito, pues
los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum realizado en
el libelo introductorio así lo permite establecer, cuando se refiere a la posible
acción u omisión no solo de entidades como el INVIAS, sino de sus contratistas
que son, precisamente, las personas privadas antes mencionadas.

En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada
para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial del Consorcio Dique 331
CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.), el Consorcio Construcciones
Regionales (integrado por Surcolombiana de Construcciones S.A., Argeu S.A. y
Consuelo González Bonilla); y el consorcio Inter Estudios MIG (integrado por Mur
Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño), toda
vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10429 de la Ley 1437 de
2011, se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de entidades
públicas que también fueron demandadas, a saber, la Nación – Ministerio de
Transporte, el INVIAS, el departamento de Antioquia y el municipio de Nechí y
esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad predicada
respecto de las personas privadas atrás mencionadas, pues el fuero de atracción
permite la vinculación de estas para dirimir la litis.

Por lo demás, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y

29 “Artículo 104: […] La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,

además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. […]”.

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Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor30 de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación31.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14032 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la indemnización de perjuicios por omisiones imputables a la Nación –
Ministerio de Transporte, el INVIAS, el departamento de Antioquia, el municipio de
Nechí, el Consorcio Dique 331 CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.),
el Consorcio Construcciones Regionales (integrado por Surcolombiana de
Construcciones S.A., Argeu S.A. y Consuelo González Bonilla(; y el Consorcio

30 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
31 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $5.351’200.000, lo cual es

superior a 500 SMLMV ($294’750.000) para el año en que ésta se presentó (2013).
32 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.

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Radicado: 05001233300020130041301 (69526)
Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

Inter Estudios MIG (integrado por Mur Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería
S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño).

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció
oportunamente o si, por el contrario, el medio de control de reparación directa se
encontraba caducado al momento de la presentación de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general33, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

33 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción34, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure35 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia36, cuya consecuencia, por

34 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
35 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
36 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen

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demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo37, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

6. Caso concreto

En el sub examine la sociedad demandante considera que la Nación – Ministerio
de Transporte, el INVIAS, el departamento de Antioquia, el municipio de Nechí, el
Consorcio Dique 331 CINRAM (integrado por Navarro Rocha y CIA S.A.), el
Consorcio Construcciones Regionales (integrado por Surcolombiana de
Construcciones S.A., Argeu S.A. y Consuelo González Bonilla); y el Consorcio
Inter Estudios MIG (integrado por Mur Proyectos Ltda., Inter Estudios Ingeniería
S.A.S. y Gustavo Pérez Mariño) son patrimonialmente responsables por los daños
ocasionados como consecuencia de la inundación ocurrida el 10 de julio de 2010,
en zona rural del municipio de Nechí.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
37 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.

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Demandante: sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S.

6.1. Hechos Probados

6.1.1. Se probó que, el 16 de agosto de 2012, el Secretario de Gobierno del
municipio de Nechí y coordinador del CLOPAD certificó que la sociedad
Agropecuaria Santa Anita de Nechí S.A.S. fue “gravemente afectada por el
fenómeno de la Niña 2010-2011, conforme a la certificación efectuada por el
Zootecnista Mario Alfonso Herrera, al predio denominado Hacienda Santa Anita,
ubicada en la vereda Caño Pescado, jurisdicción del municipio de Nechí. El predio
objeto de visita se encuentra ubicado dentro de las zonas altamente afectadas por
dicho fenómeno climático y se pudo constatar que sufrió perdida total de
ochocientas hectáreas de terreno, disminuyendo la productividad agrícola como
consecuencia de la ruptura de los diques artesanales que servían de protección
sobre la ribera del rio Cauca”. Así consta en la certificación de la misma fecha38.

6.1.2. Se acreditó que, el 27 de agosto de 2012, el ingeniero agrónomo Roberto
Tenorio Bustamante certificó que la sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí
S.A.S. “fue damnificada con la pérdida de 180 hectáreas de arroz secano
mecanizado, en el predio denominado hacienda Santa Anita, ubicado en la vereda
de Caño Pescado, municipio de Nechi, departamento de Antioquia, por efecto del
desbordamiento del rio cauca en el punto geográfico denominado Santa Anita,
municipio de Nechi, en el primer semestre de 2010 (julio 18 de 2010). La presente
certificación se hizo con previa visita a la finca antes mencionada”. De ello da
cuenta la certificación de la misma fecha39.

6.1.3. Se demostró que, el 30 de agosto de 2012, el médico veterinario zootecnista
Julián David Rincón Ardila certificó que 327 búfalos murieron en la Hacienda
Santa Anita “durante la temporada invernal que dio inicio el pasado 10 de julio de
2010”. De ello da cuenta la certificación de la misma fecha40.

38 Página 43, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
39 Página 117, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.
40 Página 130, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.

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6.1.4. Se comprobó que, el 29 de marzo de 2019, el director de Fedearroz,
Seccional Caucasia, certificó que la sociedad Agropecuaria Santa Anita de Nechí
S.A.S. “para la fecha del 10 de julio de 2010 perdió 180 hectáreas sembradas en
arroz por efectos del rompimiento del dique direccional ubicado a la altura del rio
Cauca, lo que le acarreó la pérdida económica total”. De ello da cuenta la
certificación de la misma fecha41.

6.1.5. Se constató que, el 6 de julio de 2017, el IDEAM certificó que el fenómeno
de la Niña inició en julio de 2010 y finalizó en abril de 2011, como consta en el
oficio de la misma fecha suscrito por la subdirectora de meteorología de esa
entidad, del cual se destaca lo siguiente:42

“[…] le informo que durante los años 2010 y 2011 se sucedió un fenómeno de
variabilidad climática conocido como Fenómeno El Nino Oscilación del Sur - ENOS
en su fase fría, denominado Fenómeno La Nina, el cual se manifiesta entre otras
características, por un enfriamiento de las aguas del Océano Pacifico Tropical
central y oriental frente a las costas del Perú, Ecuador y sur de Colombia. […] dicho
fenómeno se inició en el mes julio de 2010 y finalizó en el mes de abril de 2011. Sus
etapas fueron inicio, desarrollo, madurez y finalización, propias de la evolución de
un fenómeno ENOS. […] Comportamiento de la precipitación meses de julio a
diciembre de 2010; El análisis, a partir del mosaico de mapas de anomalías de
precipitación muestra que para los meses de julio a diciembre las lluvias en la región
Caribe y Andina, en particular sobre gran parte del departamento de Antioquia
(municipio de Bello), a excepción de los meses de agosto y octubre, registraron un
comportamiento muy por encima de los valores medios mensuales multianuales,
respondiendo a la acción del fenómeno trio - La Niña, en dicho periodo. Esto permite
estimar que, para el periodo de análisis, las precipitaciones fueron afectadas
positivamente por el Fenómeno La Nina, aumentando representativamente las
lluvias en dichas regiones. […]”

6.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que los daños alegados consisten en la pérdida
de 800 hectáreas de terreno, de 327 búfalos y de 180 hectáreas de arroz, por la
inundación del predio denominado Hacienda Santa Anita, ubicado en la vereda
Caño Pescado del municipio de Nechí, ocurrida el 10 de julio de 2010, la cual se

41 Página 343, C.3., expediente digital, índice 21 Samai.
42 Páginas 134 a 141, C.3., expediente digital, índice 21 Samai.

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habría ocasionado debido a la falla en el servicio en la construcción del dique
marginal y en las obras de contención realizadas en la ribera del rio Cauca.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para la
fecha de presentación de la demanda, el medio de control de reparación directa
debe ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia.

En el caso sub examine se advierte que el término de caducidad debe contarse a
partir del 11 de julio de 2010, pues de conformidad con lo probado en el proceso
corresponde al día siguiente a la fecha en la que ocurrió la ruptura del canal de
contención del rio Cauca, a la altura del municipio de Nechí, hecho que desató la
inundación de la Hacienda Santa Anita, causando las múltiples afectaciones que
se alegan como daños en la demanda (hecho probado 6.1.2.).

Justamente, lo probado en el proceso permitió constatar que desde el 10 de julio
de 2010 la Hacienda Santa Anita fue inundada debido a la ruptura del canal de
contención del rio Cauca, a la altura del municipio de Nechí, tal como lo
certificaron el ingeniero agrónomo Roberto Tenorio Bustamante, el médico
veterinario zootecnista Julián David Rincón Ardila y el director de Fedearroz,
Seccional Caucasia, quienes refirieron la fecha del hecho dañoso (inundación)
como el 10 de julio de 2010 y/o el 18 de julio de 2010, previa visita del lugar
(hechos probados 6.1.2., 6.1.3. y 6.1.4.).

Igualmente, el IDEAM certificó que el fenómeno de la Niña ocurrió entre julio de
2010 y abril de 2011 (hecho probado 6.1.5.) y el secretario de gobierno del
municipio de Nechí y coordinador del CLOPAD corroboró que la Hacienda Santa
Anita fue gravemente afectada por ese fenómeno (hecho probado 6.1.1.) que, se
itera, inició en julio de 2010.

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Además, no queda duda que la demandante se enteró ese mismo día de las
afectaciones que sufrió la Hacienda Santa Anita, pues así lo confirman las
afirmaciones que hace en el líbelo, las cuales pueden interpretarse como una
confesión.

En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.43. En relación con la confesión por medio de apoderado
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.

Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del C.G.P.44.

Pues bien, la apoderada de la parte demandante señala en la demanda que: “5.
[…] ocurrieron los hechos de manera sucesiva y continua desde el 10 de Julio de
2010 hasta el 27 de Noviembre de 2011. […]. 9. La inundación que ocasionó la ola
invernal generó el desprendimiento de 800 hectáreas de terreno de la Hacienda
Santa Anita. […] 14. Además de la pérdida total de las 800 hectáreas de terreno la

43 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el

juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.
44 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:

“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.

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sociedad también sufrió pérdidas de 327 búfalos, avaluados en la suma de
Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Doscientos Mil Pesos ($489.200.000.oo).
15. De igual manera la sociedad sufrió la pérdida de 180 hectáreas sembradas de
arroz avaluadas en la suma de Sesenta y Dos Millones de Pesos Mete
($62.000.000.oo)”45.

Igualmente, no existe evidencia alguna de que la actora se hubiere enterado en
otra fecha ni hay prueba que justifique que solo lo hizo hasta noviembre de 2011
cuando, según ella, habría cesado la inundación, ni por qué razón no habría
podido conocer antes la afectación de su terreno. En cambio, se constató que
desde el 10 de julio de 2010, cuando ocurrió la ruptura del canal de contención del
rio Cauca, sucedió el hecho dañoso conocido por la misma demandante en esa
fecha, como lo señala en la demanda, lo que corresponde a una confesión y así
debe valorarse en los términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P.

En efecto, como antes se precisó, por disposición de la ley, las manifestaciones
hechas por los apoderados judiciales en la demanda vinculan a sus poderdantes,
de ahí que se encuentre acreditado el presupuesto de capacidad para confesar.

De otro lado, el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al
confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el
momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el
ejercicio del derecho de acción.

Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de
prueba específico para acreditarlo, por manera que se debe dar mérito probatorio
a la afirmación enunciada.

Finalmente, la confesión fue expresa, consciente y libre y versa sobre hechos
personales del confesante o de los que tenía conocimiento, tales como la
ocurrencia de la inundación del predio de su propiedad el 10 de julio de 2010.

45 Página 180, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.

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A ello se suma que tampoco se acreditó una imposibilidad de acceder a la
Hacienda Santa Anita el día de la inundación (10 de julio de 2010) o que la
demandante solo pudo realizar un inventario en una fecha posterior determinada,
para poder establecer las afectaciones que sufrió, o que, como lo alega la
apelante, se trató de un daño continuado que solo habría culminado en noviembre
de 2011, pues desde la fecha del rompimiento del canal de contención del rio
Cauca y la consecuente inundación del predio, sucedieron los daños que la misma
actora narró en la demanda46.

Así pues, se observa que el término de caducidad para ejercer el medio de control
de reparación directa comenzó a correr el 11 de julio de 2010, día siguiente a la
fecha de la ruptura del canal de contención del rio Cauca, a la altura del municipio
de Nechí, hecho que desató la inundación de la Hacienda Santa Anita causando
los daños alegados en la demanda.

No obstante, se advierte que el 24 de octubre de 201247, el extremo activo radicó
solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 112 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Medellín, esto es, de forma extemporánea, pues el
término para ejercer el derecho de acción había fenecido el 11 de julio de 2012, de
modo que para la fecha en que se agotó el requisito de procedibilidad, el medio de
control interpuesto se encontraba caducado, más aún para el 11 de marzo de
2013, cuando se interpuso la demanda.

Por todo lo anterior, fuerza es, entonces, confirmar la sentencia del 10 de octubre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró
probada la caducidad del medio de control, toda vez que se advierte que

46 Sobre el término de caducidad por daños ocurridos como consecuencia de inundaciones que

tuvieron lugar con ocasión de la ola invernal del año 2010: Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección C. sentencias del 17 de junio de 2024, exp. 05001233300020130033701
(62988); del 23 de agosto de 2024, expedientes 08001233300420130068201 (60556) y
08001233300020130006802 (63340) y del 23 de septiembre de 2024, exp.
25000233600020130024103 (63476).
47 Página 95, C.1., expediente digital, índice 21 Samai.

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transcurrieron más de 2 años contados desde la fecha en que acaeció el daño
antijurídico y aquella en la que se presentó la demanda.

8. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del
Código General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su
composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares
de la justicia y agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con
criterios objetivos y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las
reglas para la imposición de la condena, la norma procesal general establece que
ésta procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a
que no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido
en gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia.
Precisamente, debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron
pruebas en el trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 202148, no hubo lugar a correr traslado para alegar de
conclusión.

48 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que
concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás
intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia”.

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En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las
costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se
evidencia que en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del
Código General del Proceso y tomando en consideración que las demandadas no
desplegaron actuación alguna en segunda instancia, no se impondrá una orden
para que proceda su pago, pues, no existe una causación material que así las
sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio
de control.

SEGUNDO: Sin costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

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