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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00068-02

Fecha
23 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2013-00068-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se dispone: SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Patricia Eugenia Fawcett Vélez y la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Manatí, CORMAGDALENA, Ministerio de Transporte, INVIAS, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural. TERCERO: Confirmar en los demás la sentencia apelada. 104 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 105 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 44 Radicado: 08001233300020130006802 (63340) Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. QUINTO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma equivalente a 1 SMLMV, la cual se distribuirá en partes iguales entre CARDIQUE, la CRA y el departamento del Atlántico y será liquidada por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2013-00068-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

23 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: JAIME ALFONSO DAZA RINCONES Y OTRA
Demandado: NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema: Ruptura y desbordamiento del canal del dique. Afectación a
predios rurales en el municipio de Manatí. Se configuró la
eximente de responsabilidad de fuerza mayor.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de noviembre de 2010 se produjo la ruptura del canal del dique a la altura
del municipio de Manatí, lo que provocó una inundación general que afectó los
inmuebles rurales “Granja Yerbabuena”, “el Esfuerzo” y “Caño de la Cerca”, de
propiedad de Jaime Alfonso Daza Rincones. Los demandantes consideran que la
Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el
departamento del Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de
la Magdalena - CORMAGDALENA, la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico - CRA y la Corporación Regional del Canal del Dique - CARDIQUE son
patrimonialmente responsables por la inundación de las fincas referidas, pues
omitieron el mantenimiento de la infraestructura del canal del dique, lo que facilitó

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

su ruptura y el fatal movimiento de aguas que produjo múltiples daños a dichos
inmuebles.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 21 de enero de 20131, Jaime Alfonso Daza Rincones y Patricia Eugenia Fawcett
Vélez, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de
reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de
Transporte, el INVIAS, el departamento del Atlántico, CORMAGDALENA, la CRA y
CARDIQUE para que se les declarara patrimonialmente responsables por la
inundación y/o hundimiento de los inmuebles rurales “Granja Yerbabuena”, “el
Esfuerzo” y “Caño de la Cerca”, ubicadas en zona rural del municipio de Manatí.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar a las entidades
accionadas a pagarles, por daño emergente, la suma de $518’888.106; por lucro
cesante, la suma de $1.049’575.252; por perjuicios morales, el equivalente a 100
SMLMV para cada uno; y por daño a la salud, la suma de $56´670.000 a favor de
Jaime Alfonso Daza Rincones.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma el 30 de noviembre de
2010, se produjo la ruptura del canal del dique, lo que provocó una inundación que
afectó los inmuebles rurales “Granja Yerbabuena”, “el Esfuerzo” y “Caño de la
Cerca”, de propiedad de Jaime Alfonso Daza Rincones, ubicados en zona rural del
municipio de Manatí.

La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Transporte, el
INVIAS, el departamento del Atlántico, CORMAGDALENA, la CRA y CARDIQUE
son patrimonialmente responsables por la inundación de las fincas referidas, pues
omitieron el mantenimiento de la infraestructura del canal del dique, lo que facilitó

1 Páginas 2 a 35 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -DEMANDA Y

ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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su ruptura y el fatal movimiento de aguas que produjo múltiples daños a dichos
inmuebles.

2. Contestaciones

El 17 de abril de 20132, el Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda
y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.
Igualmente, el 13 de julio de 20163 vinculó como litisconsortes necesarios al
Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, al Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural INCODER y al municipio de Manatí.

2.1. La CRA4 manifestó que resultaba infundada la alegación de falla en el servicio
en la prevención técnica de desastres, ya que los hechos que ocasionaron los
daños alegados fueron imprevisibles e irresistibles. Propuso las excepciones de
“inexistencia de falla en el servicio, falta de carga de la prueba del demandante,
carencia de funciones respecto del asunto objeto de estudio, específicamente la
presunta causa”.

2.2. El departamento del Atlántico5 se opuso a las pretensiones de la demanda,
manifestando que no era la entidad competente para realizar el mantenimiento, la
conservación y la protección del canal del dique. Formuló como excepciones las
de “ausencia de responsabilidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“fuerza mayor o caso fortuito”.

2 Páginas 124 a 126, 135 y 136 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL
(.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
3 Páginas 126 a 129 del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
4 Páginas 2 a 66 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
5 Páginas 457 a 485 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

2.3. CARDIQUE6 señaló que no era la entidad responsable del manejo de las
obras de protección y prevención de desastres en el canal del dique, pues dicha
tarea correspondía a la autoridad ambiental. Propuso como excepciones las de
“falta de jurisdicción”, “falta de legitimación material en la causa por pasiva”,
“inexistencia de responsabilidad: ausencia de un hecho u omisión de Cardique” y
“fuerza mayor”.

2.4. INVIAS7 se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que no era la
entidad competente para realizar el mantenimiento del canal del dique. Formuló
las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “fuerza mayor” y
“caducidad”.

2.5. CORMAGDALENA8 manifestó que no era la entidad responsable de realizar
obras de infraestructura en el canal del dique. Propuso las excepciones de “fuerza
mayor” y “hecho de un tercero”.

2.6. El Ministerio de Ambiente9 señaló que no era competente para realizar la
vigilancia, mantenimiento, dragado, avenamiento y/o reparación del canal del
dique. Formuló las excepciones de “caducidad de la acción”, “ausencia de nexo
causal”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “fuerza mayor o caso
fortuito”.

2.7. El Ministerio de Agricultura contestó la demanda extemporáneamente.

2.8. El Ministerio de Transporte, el INCODER y el municipio de Manatí guardaron
silencio.

6 Páginas 3 a 22 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
7 Páginas 23 a 31 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
8 Páginas 178 a 247 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
9 páginas 159 a 184 del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

3. Audiencia inicial

El 4 de abril de 201810 el Tribunal Administrativo del Atlántico realizó la audiencia
inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del
litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si las entidades demandadas son o no
administrativamente responsables de los presuntos perjuicios ocasionados a la
parte demandante por el desbordamiento del canal del dique a la altura del
municipio de Santa Lucia, el día 30 de noviembre 2010, que ocasionó la
inundación de las fincas ‘yerbabuena’, ‘el esfuerzo’” y ‘caño de la cerca’ de las
cuales es propietaria la parte demandante”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 25 de abril de 201811 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes12, el Ministerio de Ambiente13, el departamento del
Atlántico14, el INVIAS15, CARDIQUE16 y CORMAGDALENA17 reiteraron los

10 Páginas 259 a 268 del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
11 Página 75 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
12 Páginas 159 a 173 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
13 Páginas 101 a 105 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
14 Páginas 106 a 114 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
15 Páginas 129 a 153 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai..
16 Páginas 174 a 189 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai
17 Páginas 190 a 203 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.

4.2. La Agencia de Desarrollo Rural18, sucesora procesal del INCODER, manifestó
que la problemática que planteaba la demanda obedecía a causas externas,
derivadas de la ola invernal que ocurrida en el país en los años 2010 y 2011.

4.3. El Ministerio de Transporte19 señaló que entre sus funciones no se encontraba
la ejecución de obras en la infraestructura de los diferentes medios de transporte.

4.4. El Ministerio de Agricultura20 señaló que la inundación del 30 de noviembre de
2010 ocurrió por el fenómeno de la niña, esto es, por un hecho de fuerza mayor.

4.5. El Ministerio Público21 solicitó negar las pretensiones de la demanda,
aduciendo que las inundaciones ocurridas en noviembre de 2010 se debieron a las
altas precipitaciones de aguas lluvias que superaron registros históricos.

4.6. Las demás partes guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de mayo de 201822 el Tribunal Administrativo del
Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el daño fue
causado por un hecho de fuerza mayor, derivado de la precipitación pluvial de
proporciones inusitadas que se presentó en el año 2010 y porque, en todo caso,
no se probó que frente a dicho fenómeno las autoridades demandadas hubiesen
actuado de forma inoportuna o negligente.

18 Páginas 90 a 100 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
19 Páginas 115 a 128 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
20 Páginas 154 a 158 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
21 Páginas 204 a 218 del archivo “ED_C06_01 OTROS-CUADERNO 06 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
22 Índice 43, Samai. Expediente Digital.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó que: “se presentó una precipitación
pluvial de proporciones inusitadas que superó ampliamente el registro histórico de
lluvias de los años anteriores y que, para el mes de los hechos, había sido el más
alto, igual aconteció respecto de los récords anuales, según los cuales el 2010 fue
el año con índice de lluvia más alto en comparación con los anteriores, por lo que
se puede concluir entonces, que la causa de la anegación fue la altísima
intensidad de las precipitaciones. Luego entonces, no es posible afirmar que el
factor determinante para la materialización del daño que se alegó en la demanda
provino de la ruptura del canal, como se aseguró en ella, ni de la omisión en el
deber de mantenimiento del mismo, sino a una precipitación pluvial de
proporciones inusitadas que superó ampliamente el registro histórico de las lluvias
para los años anteriores; no obrando prueba que demostrara que las entidades no
actuaron de forma oportuna o que no adelantaron ninguna obra para evitar el
desbordamiento del río, ni para mitigar o aminorar la amenaza que ello
representaba. Lo que reafirma que la causa de un daño a la actora obedeció a un
hecho de la naturaleza, fuerza mayor, con lo cual quedan exonerados de
responsabilidad los demandados”.

6. Recurso de apelación

El 12 de junio de 201823 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 15 de agosto de 201824 y admitido el 28 de junio de 201925.

6.1. La parte actora26 manifestó que las conclusiones del a quo fueron el resultado
de la falta de valoración de las pruebas que obraban en el proceso. Asimismo,

23 Páginas 52 a 73 del archivo “ED_C07_01 OTROS-ACTUACIONES PRIMERA INSTANCIA(.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
24 Página 76 del archivo “ED_C07_01 OTROS-ACTUACIONES PRIMERA INSTANCIA(.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
25 Páginas 6 y 7 del archivo “ED_C07_02 OTROS-ACTUACIONES SEGUNDA INSTANCIA(.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
26 Páginas 52 a 73 del archivo “ED_C07_01 OTROS-ACTUACIONES PRIMERA INSTANCIA(.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

indicó que desconoció los elementos que estructuraban la fuerza mayor, pues el
hecho que ocasionó el daño era previsible, dado que el IDEAM había advertido del
aumento de lluvias durante el 2010, lo que imponía la obligación a las
demandadas de adoptar medidas necesarias para prevenir un desastre.

7. Trámite en segunda instancia

El 28 de mayo de 202027 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

7.1. CARDIQUE28, CORMAGDALENA29, la parte actora30, el Ministerio de
Agricultura31 y la Agencia de Desarrollo Rural32 reiteraron los argumentos
señalados en la primera instancia.

7.2. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor33 de la demanda, supera la

27 Página 21 del archivo “ED_C07_02 OTROS-ACTUACIONES SEGUNDA INSTANCIA(.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
28 Índice 20, Samai.
29 Índice 21, Samai.
30 Índice 22, Samai.
31 Índice 23, Samai.
32 Índice 24, Samai.
33 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa

impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en

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exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación34.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14035 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño causado por las supuestas omisiones en las
que incurrieron la Nación – Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente,
Ministerio de Agricultura, el INVIAS, el departamento del Atlántico,
CORMAGDALENA, la CRA, CARDIQUE, el INCODER y al municipio de Manatí.

3. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
34 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $1.049’575.252, lo cual es

superior a 500 SMLMV ($294’750.000) para el año en que ésta se presentó (2013).
35 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a
una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

protección del interés general36, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción37, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle

36 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
37 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten
alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también
como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción,
resultando como una sanción ipso iure38 que opera por la falta de actividad
oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o
requerir algún reconocimiento o protección de la justicia39, cuya consecuencia, por
demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida
de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo40, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
teniendo en cuenta: i) que el 30 de noviembre de 2010 ocurrió la inundación de los
predios “Granja Yerbabuena”, “el Esfuerzo” y “Caño de la Cerca” (hecho probado

38 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
40 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.

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7.1.18); ii) que el 18 de octubre de 2012 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial la cual se declaró fallida el 5 de diciembre de 201241; y iii)
que la demanda se presentó el 21 de enero de 201342, esto es, dentro del plazo
establecido en la norma antes citada.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis43.

4.1. Jaime Alfonso Daza Rincones es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa,
pues está acreditado que era propietario de los inmuebles rurales denominados
“Caño de la Cerca” (identificado con matrícula inmobiliaria No. 045-1090244), “El
Esfuerzo” parcela 11 o “Yerbabuena” (identificado con matrícula inmobiliaria No.
045-3631345) y “El Esfuerzo” parcelas 1A y 1B (identificado con matrícula
inmobiliaria No. 045-601846), todos ubicados en zona rural del municipio de
Manatí, que aduce resultaron afectados con la ruptura del canal del dique el 30 de
noviembre de 2010.

4.2. Patricia Eugenia Fawcett Vélez no se encuentra legitimada en la causa por
activa, dado que, si bien acreditó ser la cónyuge de Jaime Alfonso Daza

41 Páginas 34 y 35 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
42 Los 45 días que restaban para presentar la demanda vencieron el 19 de enero de 2013 que fue

un sábado, luego el día hábil siguiente fue el 21 de enero, fecha en que el libelo fue radicado
oportunamente.
43 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
44 Páginas 165 y 166 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -DEMANDA

Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
45 Páginas 174 y 175 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -DEMANDA

Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
46 Páginas 12 a 14 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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Rincones47, este solo hecho no la legitima para demandar por los daños causados
con la inundación y/o hundimiento de las fincas de propiedad de su esposo, pues
se desconoce - y tampoco se explica en la demanda - en qué consiste su
afectación personal por estos hechos.

4.3. El departamento del Atlántico está legitimado en la causa por pasiva, pues
celebró un convenio interadministrativo con el INVIAS para la pavimentación y
repavimentación de varias vías en el sur de ese Departamento, aledañas al canal
del dique, en la cual se consignó que el titular y responsable de las vías era ese
ente territorial. Además, realizó varias acciones de prevención y mitigación de
inundaciones y otras emergencias presentadas por el impacto de la ola invernal
durante el 2010, a través del Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres CREPAD, especialmente, ante la posible ruptura del canal del dique
(hechos probados 7.1.1, 7.1.11, 7.1.13 y 7.1.15).

4.4. La CRA está legitimada en la causa por pasiva, pues dentro de su Plan de
Acción Trienal 2007 – 2009 tenía previsto un proyecto de construcción de obras
civiles para el manejo aguas residuales y regulación hidráulica en los municipios
de la zona del canal del dique48.

4.5. CARDIQUE está legitimada en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que
en la demanda se le atribuyó el daño, específicamente, por no corregir de manera
técnica las fisuras o filtraciones de agua que presentó el canal del dique entre
2008 y 2010, y dentro de sus funciones se encuentran las de “promover y ejecutar
obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de
cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción”49. Asimismo, se tiene que el municipio de Calamar
(Bolívar), ubicado en la subregión del canal del dique, en donde ocurrió el

47 Página 74 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
101.pdf”, índice 101, Samai.
48 Páginas 166 a 180 (específicamente página 170) del archivo “ED_C03_01 OTROS -

CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
49 Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 19.

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rompimiento del canal el 30 de noviembre de 2010 (hecho probado 7.1.18), está
dentro de la jurisdicción de CARDIQUE, tal como lo prevé la Ley 99 de 199350_51.

4.6. CORMAGDALENA no está legitimada en la causa por pasiva, pues aunque
en la demanda se le atribuyó el daño, específicamente, por no corregir de manera
técnica las fisuras o filtraciones de agua que presentaron en el canal del dique
entre 2008 y 2010; este aspecto no se encuentra dentro de su objeto
constitucional y legal de recuperación de la navegación y de la actividad portuaria,
adecuación y conservación de tierras, generación y distribución de energía,
aprovechamiento sostenible y preservación del medio ambiente en la cuenca del
río Magdalena52.

4.7. El municipio de Manatí no está legitimado en la causa por pasiva, pues no le
correspondía el mantenimiento de la vía que conduce del municipio de Calamar al
de Santa Lucía, en donde ocurrió el rompimiento del canal del dique el 30 de
noviembre de 2010 (hecho probado 7.1.18), ni se demostró que se encontraba
dentro de sus competencias el mantenimiento de la infraestructura o las obras
necesarias para evitar la ruptura del canal del dique en la zona donde ocurrió la
ruptura53.

50 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
51 Ley 99 de 1993, artículo 33. Creación y transformación de las corporaciones autónomas

regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en
todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. […] Créense las
siguientes corporaciones autónomas regionales: […] - Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique, CARDIQUE, tendrá su sede principal en el distrito de Cartagena de Indias y su
jurisdicción comprenderá el distrito de Cartagena de Indias y los municipios de Turbaco, Turbana,
Arjona, Mahates, San Estanislao de Koztka, Villanueva, Santa Rosa, Santa Catalina, Soplaviento,
Calamar, Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, Zambrano, Córdoba, María la Baja
en el Departamento de Bolívar; […]”
52 “Ley 161 de 1994 ‘Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de

la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones’. Artículo
2. Objeto. La Corporación tendrá como objeto la recuperación de la navegación y de la actividad
portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía, así
como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos
y demás recursos naturales renovables”. Mismo objeto que consagra el artículo 331 de la
Constitución Política y las funciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 161 de 1994 están
relacionada con dicho objeto.
53 De acuerdo con las funciones de los Municipios consagradas en la Ley 136 de 1994 en su texto
original para la época de los hechos: “artículo 3. Funciones de los Municipios. […] 23. En materia
de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y

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4.8. El INVIAS no se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues aunque
celebró un convenio interadministrativo con el departamento del Atlántico para la
pavimentación y repavimentación de varias vías en el sur de ese Departamento,
en dicho contrato se consignó que el titular y responsable de las vías era el ente
territorial (hecho probado 7.1.1.). Además, el objeto de dicho convenio no
contempló para ninguna de las vías intervenidas el mantenimiento de la
infraestructura u obras necesarias para evitar la ruptura del canal del dique.

4.9. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Transporte,
pues en su contra no se esgrime ni se prueba hecho alguno que lo relacione con
los hechos que dieron lugar a la presente controversia, ni que a priori comprometa
su responsabilidad patrimonial. Ello es así por cuanto en la demanda se le
atribuye el daño derivado de sus funciones establecidas en el artículo 3 del
Decreto 101 de 200054; sin embargo, se observa que estas consisten en
“coordinar, promover, vigilar y evaluar la ejecución de las políticas del Gobierno
Nacional”, entre otras, relacionadas con la materia de tránsito, transporte y su
infraestructura; mas no implican la construcción o ejecución directa de proyectos y
no se demostró que esa entidad hubiera realizado alguna actividad de
intervención en los municipios ribereños al canal del dique o que tuviera
conocimiento de que este presentara fisuras o filtraciones antes de los hechos del
30 de noviembre de 2010.

4.10. La Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de
Ambiente, tampoco se encuentran legitimados en la causa por pasiva, pues en su
contra no se esgrime ni se prueba hecho alguno que los relacione con los hechos
que dieron lugar a la presente controversia, ni que comprometa su responsabilidad
patrimonial. Además, se evidencia que dichas entidades no participaron de
ninguna actividad de intervención del canal del dique ni se probó que se
encontrara dentro de sus competencias el mantenimiento de la infraestructura o

rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte
de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales”.
54 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras

disposiciones".

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las obras necesarias para evitar la ruptura del canal, ni que tuvieran conocimiento
de que este presentara fisuras o filtraciones antes de los hechos del 30 de
noviembre de 2010.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la inundación de los predios de propiedad de
Jaime Alfonso Daza Rincones es atribuible a las demandadas o se originó por una
causa extraña.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado, y sobre la fuerza mayor como
causal eximente de responsabilidad.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199155 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho56, que contraría el orden legal57 o que está desprovista de una
causa que la justifique58, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con

55 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
57 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

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las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación
reconocida o protegida59, violando de manera directa el principio alterum non
laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño
antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros60.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Fuerza mayor

El artículo 64 del Código Civil establece que “se llama fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.”.

59 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Sobre el alcance de la anterior definición, debe destacarse que la Corte Suprema
de Justicia61 la ha entendido como un concepto unitario de causa extraña, en la
que no se distingue entre la fuerza mayor y el caso fortuito, por lo que ambas
figuras son equivalentes y tienen la virtualidad de romper la imputación.

Por su parte, el Consejo de Estado, distinto a la Corte Suprema de Justicia, ha
sostenido uniformemente que la fuerza mayor a diferencia del caso fortuito, es la
única que tiene la entidad suficiente para romper con la imputación y erigirse como
una verdadera causa extraña, pues la primera se entiende como una actividad
ajena y externa al hecho demandado, mientras que el segundo, es propio de la
actividad o servicio que causó el daño. Al respecto, la Sección Tercera de esta
Corporación ha realizado los siguientes pronunciamientos:

“Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso fortuito,
la jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos: en cuanto a la jurisdicción
de lo contencioso administrativo concierne, dos concepciones se han
presentado: la de considerar que el caso fortuito como el suceso interno, que
por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa daño,
mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad
y la que estima que hay caso fortuito cuando la causa del daño es
desconocida”.62

61 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de abril de 2005, Rad.:
0829-92; “2. Para dilucidar estos cuestionamientos, es necesario memorar, así sea sucintamente,
que la fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es “el imprevisto a que no es posible
resistir” (art. 64 C.C., sub. art. 1º Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal
debe ser, por un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del
otro, imposible de evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos.
No se trata entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de
uno que inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben
ser evaluados en cada caso en particular –in concreto-, pues en estas materias conviene proceder
con relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu,
ulteriormente se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el
hecho a calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante,
pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a precisar qué
hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito y cuáles no. Justamente sobre este particular, bien ha precisado la Sala en jurisprudencia
uniforme, que “la fuerza mayor no es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos”
(sent. 145 de 7 de octubre de 1993); por eso, entonces, “la calificación de un hecho como fuerza
mayor o caso fortuito, debe efectuarse en cada situación específica, ponderando las circunstancias
(de tiempo, modo y lugar) que rodearon el acontecimiento –acompasadas con las del propio
agente- “(Sent. 078 de 23 de junio de 2000), sin que un hecho pueda “calificarse fatalmente, por sí
mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito”
(cas. civ. de 20 de noviembre de 1989; cfme: sent. 087 de 9 de octubre de 1998).”; y sentencia del
9 de diciembre de 2015, Rad.:11001-02-03-000-2013-01920-00.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

enero de 1993, Rad.: 7365.

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Luego, en sentencia proferida el 16 de marzo de 2000, Rad.: 11670, la misma
Sección Tercera estableció:

“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia
han hecho entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, adquiere su mayor
interés, dentro del marco de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha
dicho que la fuerza mayor es causa extraña y externa al hecho demandado;
se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible, que es ajeno y
exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el
contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser
desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no
constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la
imputabilidad del daño”.

Ahora bien, en lo que respecta a la comprobación de la fuerza mayor como
eximente de responsabilidad, esta Sección ha indicado que quien la aduce debe
acreditar que las consecuencias del fenómeno o del hecho generador del daño
fueron externas, imprevisibles e irresistibles al agente, es decir no le es imputable,
pues de no ser así no podría hablarse de una causa extraña.

Justamente en sentencia del 15 de junio de 200063, se dijo: “la fuerza mayor sólo se
demuestra: ‘...mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña).
(…) lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino
sus consecuencias (…) En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el
efecto del fenómeno no solo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin
que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. (…) además de
imprevisible e irresistible debe ser exterior al agente, es decir, no serle imputable
desde ningún ámbito; no provenir de su culpa () cuya causa no le es imputable al
demandado, y en cuyo daño no ha existido culpa adicional por parte de este
(páginas 334, 335 y 337(64)”.

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de
junio de 2000, Rad.: 12423.
64 TAMAYO JARAMILLO Javier. “De la Responsabilidad Civil” Editorial TEMIS 1986.

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En conclusión, esta Corporación65 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i)
que el hecho sea exterior, esto es, que esté dotado de una fuerza destructora
abstracta, cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la
actividad del ofensor; ii) que el hecho sea irresistible, es decir, que ocurrido el
hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo
que lo ha hecho; y iii) que el hecho sea imprevisible, pues el suceso escapa a las
previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien
lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 17 de mayo
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de
la demanda, la parte demandante manifestó que las conclusiones del a quo fueron
el resultado de la falta de valoración de las pruebas que obraban en el proceso.
Asimismo, indicó que el tribunal desconoció los elementos que estructuraban la
fuerza mayor, pues el hecho que ocasionó el daño era previsible, dado que el
IDEAM había advertido del aumento de lluvias durante el 2010, lo que imponía la
obligación a las demandadas de adoptar medidas necesarias para prevenir un
desastre.

En este sentido, y comoquiera que sólo la parte actora presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos
aspectos frente a los que la parte actora manifestó su inconformidad en la
alzada66. En vista de lo expuesto, entonces, la Sala analizará exclusivamente los

65 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia el 26 de febrero de 2004, Rad.: 13833 (en esta
sentencia se reiteraron los conceptos sobre exterioridad, irresistibilidad e imprevisibilidad que
decantó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de noviembre de 1962); sentencia
del 19 de octubre de 2011, Rad.: 20135 y sentencia del 15 de febrero de 2012, Rad.: 21270.
66 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,

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cargos formulados contra la decisión recurrida, esto es, si la inundación de los
predios de propiedad de Jaime Alfonso Daza Rincones es atribuible a las
demandadas o se originó por una causa extraña.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la
parte demandante67 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme
de esta Sala68, esto es, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en las que fueron tomadas, de manera que permitan dar certeza de los
hechos que pretenden acreditar. Así, se observa que estas datan de 1993 -
aunque no se precisa fecha exacta – y de febrero de 2010, como lo indica el perito
arquitecto Carlos Ospina Samett que tomó las fotografías y que muestran
imágenes de la granja “Yerbabuena”.

Igualmente, los recortes del periódico El Heraldo, ediciones del 30 de noviembre
de 2010, 1 y 3 de diciembre de 2010, 2, 3 y 4 de enero de 201169 allegados por la
parte actora se valorarán en conjunto con los demás medios probatorios, pues su
eficacia dependerá de su conexidad y coincidencia con otros elementos de prueba

en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En
la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes,
salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
67 Páginas 54 a 126 y 140 a 149 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -

DEMANDA Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai y página 75 del archivo
“ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
68 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, exp. 28.832
69 Páginas 15 a 32 del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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que obren en el expediente, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Sección70.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se comprobó el 11 de marzo de 2005, el INVIAS y el departamento del
Atlántico celebraron el convenio interadministrativo No. 186, con el objeto de aunar
esfuerzos técnicos y financieros para llevar a cabo los estudios, diseños y la
pavimentación y/o repavimentación de los siguientes tramos de vías con su
longitud estimada: 5 kilómetros de la vía Sibarco – Baranoa; 32.50 kilómetros de la
vía Repelón – Villa Rosa - Santa Lucia – Carretera Oriental; 4 kilómetros de la vía
Rioma – Juan de Acosta – Santa Verónica; 14,11 kilómetros de la vía Malambo –
Caracolí – Cordialidad; 11,49 kilómetros de la vía Cordialidad – Santa Cruz – Cien
Pesos; 13 kilómetros de la vía Usiacurí – Aguas Vivas – Piojó; 16 kilómetros de la
vía Manatí – Carreto – Candelaria – Carretera Oriental y 1,49 kilómetros de la
sexta entrada a Barranquilla. Además, en la cláusula primera se especificó que el
departamento del Atlántico tenía a cargo dichas vías, era el titular de su
infraestructura y el responsable por su administración y mantenimiento. Así consta
en la copia de dicho convenio71.

7.1.2. Se verificó que el 26 de mayo y el 12 de junio de 2008, en cumplimiento del
convenio interadministrativo No. 186 de 2005, el INVIAS hizo entrega definitiva de
las obras realizadas en la vía Repelón – Villa Rosa - Santa Lucia – Carretera
Oriental, como consta en las actas de dichas fechas72, sin que se advirtiera de
filtraciones o fisuras en la vía.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, exp. 30.875, CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera y Subsección B, sentencia
del 27 de enero de 2016, exp. 39219, CP: Danilo Rojas Betancourth.
71 Páginas 47 a 56 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
72 Páginas 57 a 62 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

7.1.3. Se demostró que el 5 de febrero de 2009, en cumplimiento del convenio
interadministrativo No. 186 de 2005, el INVIAS hizo entrega definitiva de las obras
realizadas en las vías Usiacurí – Aguas Vivas – Piojó, Cordialidad – Santa Cruz –
Cien Pesos, Manatí – Carreto – Candelaria – Carretera Oriental, Malambo –
Caracolí – Cordialidad, Rioma – Juan de Acosta – Santa Verónica, Sibarco –
Baranoa y sexta entrada a Barranquilla. De ello da cuenta el acta de la misma
fecha73, sin que se advirtiera de filtraciones o fisuras en dichas vías.

7.1.4. Se constató que, en enero de 2010, el IDEAM pronosticó que el fenómeno
de la niña se prolongaría hasta junio de 2011, así como su influencia en las
condiciones climáticas en todo el país y que, para enero de 2011, no disminuirían
las lluvias en las regiones Caribe, Pacífica y Andina y se presentarían valores por
encima de los observados normalmente en estas regiones. De ello da cuenta el
boletín No. 191 de enero de 2010 publicado por ese instituto 74 y el oficio del 26 de
noviembre de 2010 suscrito por el director del IDEAM dirigido al viceministro de
agricultura75.

7.1.5. Se probó que el 10 de mayo de 2010, la CRA le envió al alcalde del
municipio de Manatí un mapa de deslinde municipal y susceptibilidad de
amenazas por inundación, con el fin de brindarle acompañamiento en la revisión y
ajuste de su plan de ordenamiento territorial. De ello da cuenta el oficio de la
misma fecha76.

7.1.6. Se demostró que el 28 de junio de 2010, la CRA le advirtió al alcalde del
municipio de Manatí que, debido al fenómeno de la niña, se avecinaba un
aumento de las lluvias para el resto de 2010 y comienzos de 2011, lo que
incrementaría el riesgo de inundaciones, de ahí que le sugería apoyar a los

73 Páginas 63 a 66 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
74 Páginas 114 a 124 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
75 Páginas 275 a 278 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
76 Página 392 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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Comités Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres, estar
atento a los niveles de los cuerpos de agua y hacer jornadas de limpieza de los
canales y caños. Así consta en el oficio de la misma fecha77.

7.1.7. Se constató que, para el 1° de septiembre de 2010, el colector de aguas del
Sistema Integral de Riego de Manatí se encontraba obstruido por cercas de
parcelas vecinas construidas con palos y alambradas que alteraban el cauce
normal del colector, lo que ocasionó el represamiento y arrastre de material
vegetal y con ello la inundación de 253 viviendas. De ello da cuenta el acta de la
misma fecha de la reunión del Comité Regional para la Prevención y Atención de
Desastres CREPAD del departamento del Atlántico78.

7.1.8. Se verificó que el 30 de septiembre de 2010, la CRA le advirtió al alcalde del
municipio de Manatí que entre octubre y noviembre de ese año se presentarían
lluvias abundantes y frecuentes, que podían causar inundaciones, crecientes
súbitas y deslizamientos de tierra. De ello da cuenta el oficio de dicha fecha 79, en
el que además le recomendó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con la información emitida, solicitamos tener en cuenta estas
predicciones y mantener en alerta a los Comités Locales y Regionales de
Prevención y Atención de Desastres, alertar a la comunidad sobre el riesgo en el
que se encuentra el municipio actualmente, ubicar albergues y refugios seguros
para la población en caso de necesitarlo, reubicar temporalmente a la comunidad
asentada en inmediaciones de cuerpos de agua y estar atento a los niveles de ríos,
ciénagas y embalses. […]”

7.1.9. Se probó que en octubre de 2010 – no es legible el día en el documento -, el
gobernador del Atlántico le solicitó al director de la CRA, el inventario actualizado
de las zonas con mayores probabilidades de inundación o deslizamientos
ocasionados por las lluvias en ese Departamento, así como la búsqueda de

77 Página 365 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
101.pdf”, índice 101, Samai.
78 Páginas 519 a 525 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
79 Páginas 345 y 346 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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soluciones y actividades de seguimiento para prevenir desastres. De ello da
cuenta el oficio de la misma fecha80.

7.1.10. Se comprobó que en octubre de 2010 –no es legible el día en el
documento, el gobernador del Atlántico le solicitó al director de CORMAGDALENA
que adoptara las medidas que estimara convenientes y necesarias para atender
los sitios críticos de las riberas del río Magdalena, a fin de prevenir y/o minimizar el
impacto de la ola invernal, por efecto de inundaciones. Así consta en el oficio de la
misma fecha81.

7.1.11. Se demostró que, para el 8 de octubre de 2010, el departamento del
Atlántico, las alcaldías de Suan, Santa Lucia, Campo de la Cruz y
CORMAGDALENA habían advertido el aumento del canal del río Magdalena y del
canal del dique por las fuertes lluvias y la posibilidad de la inundación o ruptura de
la carretera oriental, razón por la cual el subsecretario del CREPAD de ese
Departamento instó a los alcaldes a tomar las medidas necesarias para atender
una posible emergencia y destacó las medidas adoptadas hasta ese momento. De
ello da cuenta el acta de reunión de dichos entes en la fecha antes mencionada82,
de la cual se destaca lo siguiente:

“[…] EL Dr. Evaristo Martínez Cantillo, subsecretario para la Prevención y Atención
de Desastres del Departamento del Atlántico, presenta un informe basado en los
boletines del IDEAM y relacionado con las fuertes lluvias que se están presentando
en todo el territorio nacional, lo cual está aumentando el caudal y los niveles del río
Magdalena y del Canal del Dique; el río sube 2 a 3 cms por día, encontrándose
actualmente en una cota de 8.84mts. Ya en algunos puntos el nivel de las aguas del
río alcanza la cota del pavimento sobre la carretera oriental, se corre el riesgo de la
ruptura de la vía o que el agua la rebose, lo que puede ocasionar el bloqueo de la
comunicación terrestre e inundaciones en los municipios, especialmente en las
zonas bajas como Campo de la Cruz y Candelaria. Igual sucede en el dique
carreteable de Santa Lucia - Las Compuertas. Por todo Io anterior, el Dr. Martínez
Cantillo, les recuerda a los alcaldes municipales la obligación de convocar y reunir
los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), y
adelantar las acciones necesarias para atender una posible emergencia por

80 Página 575 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf) NroActua
101.pdf”, índice 101, Samai
81 Páginas 576 y 577 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai
82 Páginas 529 a 531 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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inundaciones; se debe identificar los sitios críticos, realizar monitoreo permanente
en las carreteras Oriental, sector Puerto Giraldo - Calamar y Oriental - Santa Lucia -
Las compuertas, en el sector Santa Lucia - Compuertas. También es prudente tener
identificados y listos los posibles sitios para albergar a las personas en la medida
que se requiera evacuar algunas zonas que corren el riesgo de inundarse, realizar
inventario de necesidades en salud, organizar con las comunidades brigadas de
apoyo para proporcionar mano de obra para construir barricadas o muros con sacos
llenos de arena, entre otras acciones. […] la información y los pronósticos del
IDEAM, nos alertan la posibilidad para que se presenten emergencias en el
departamento por inundación en los municipios localizados sobre las márgenes del
río magdalena y el canal del dique. La administración departamental ha realizado
diferentes obras y acciones para proteger a nuestras comunidades, entre ellas se
han hecho realce y reforzamiento de muros de contención en los municipios de
Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Suan, Santa Lucia; se
han instalado estaciones de bombeo en Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de
Varela; se han canalizado y limpiado kilómetros de cauces de arroyos […]”

7.1.12. Se comprobó que el 12 de octubre de 2010, el gobernador del Atlántico le
solicitó al director del INVIAS tomar las medidas necesarias para atender la
emergencia que se pudiera presentar en la carretera Oriental y en la vía
secundaria carretera Oriental – Santa Lucia – Las Compuertas – Villa Rosa,
debido a que ya se habían detectado filtraciones de agua en la primera de las
mencionadas. Así consta en el oficio de la misma fecha83 del cual se destaca lo
siguiente:

“[…] La protección del territorio sur de nuestro departamento depende de dos vías
que cumplen el doble propósito de carretera y dique de contención, una de ellas es
la Carretera Oriental, vía primer orden a cargo de ese importante Instituto. En esta
oportunidad las aguas del río están próximas o superar la cota de la capa de
rodadura en algunos sitios críticos, los cuales nuestros técnicos han localizado y
monitorean diariamente, ellos son del k28 al k27, del k25 al k23 (frente al
corregimiento de Bohórquez) y del k6 al k4. Igual se han detectado algunos sitios
que presentan filtración de las aguas, a través del terraplén, como en el k6 al
k5+900. La otra vía que nos protege es la vía secundaria carretera Oriental – Santa
Lucia – Las Compuertas – Villa Rosa de la cual su tramo crítico Santa Lucía – Las
Compuertas está en la actualidad bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de
Vías por estar incluida en el Plan 2500 y sobre ella se ejecutan trabajos contratados
por ese Instituto, pero es urgente alzar la banca a lo largo de sus 12.5 km. en un
promedio de 70 cms, para proteger Ia zona de la creciente del canal. […] hacemos
un respetuoso llamado al señor director para que autorice las medidas que estime
convenientes y necesarias para atender de inmediato los sitios críticos que se
presentan en ambas vías y disponga de maquinarias y personal para afrontar la
emergencia que se pueda presentar en la medida que los niveles de las aguas
superen la cota máxima de las vías”

83Páginas 550 y 551 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai

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7.1.13. Consta que el 15 de octubre de 2010, en una reunión en el municipio de
Campo de la Cruz con el alcalde de ese y otros municipios y el gobernador del
departamento del Atlántico, el alcalde de Manatí señaló que si el río Magdalena o
el canal del dique se desbordaban, ese municipio sería el primero en inundarse y
que sus canales de drenaje no estaban funcionando. El subsecretario del
CREPAD del departamento del Atlántico también informó que se estaban
colocando sacos llenos de arena en los puntos críticos de la berma de la carretera
oriental ante una posible ruptura de la vía, que se había solicitado ayuda al INVIAS
y al Ejército Nacional, pero ante el alto nivel de lluvias contenerlas a lo largo de
toda la vía sería “imposible”. De ello da cuenta el acta de dicha de reunión84, de la
cual se destaca lo siguiente:

“[…] El Dr. Evaristo Olivero, ALCALDE DE MANATI: Dice que su municipio, si el río
o el canal del dique desbordan los diques carreteables, será el primero en
inundarse, ya que es el más bajo y además todos los canales de drenaje están
colmatados, llenos de Iodo y tarulla, por tanto, no están funcionando. Lo prioritario
para Manatí es la limpieza de los canales de drenaje, de manera especial los que
van de Santa Rita a Puente Amarillo y Puente Militar a Boquita. […] INFORME DE
LA SUB SECRETARIA DE ATENCION Y PREVENCION: El Dr. Evaristo Martínez
Cantillo, comenta que el riesgo sigue aumentando, el nivel del rio sube 3 cmts
diarios, encontrándose actualmente en 8,87mts. En algunos puntos se aproxima el
desbordamiento del río sobre la carretera oriental con la amenaza grave de la
ruptura de la vía, igual en el tramo carreteable de Santa Lucia a las Compuertas,
[…] hay barreras de sacos rellenos de arena colocados a lo largo de la berma en
sus puntos críticos: kilómetro 27 al 28 (curva Bohórquez) y del K5 al K4, también se
adelantan gestiones con INVIAS para que nos apoyen. Igual, entre Santa Lucia y las
Compuertas estamos colocando material y levantando un cordón de unos 50 cms en
el borde del terraplén. Vamos a reforzar la labor que hacemos en la Oriental con un
pelotón de 40 soldados que nos va a proporcionar el Ejército Nacional. Manifiesta,
por último, que los pronósticos de lluvia no son nada halagadores, pues seguirá
lloviendo y por consiguiente el río creciendo y la probabilidad que su nivel sobrepase
las carreteras y diques que nos protegen es alta, por tanto una inundación es muy
posible, pues contener las aguas sobre 30 kilómetros de vía es imposible, así solo
Dios nos, puede ayudar, aguantando las lluvias. […]”

7.1.14. Se verificó que, el 18 de octubre de 2010, en una reunión en el despacho
del alcalde de Suan, el subsecretario del CREPAD del departamento del Atlántico
informó a los alcaldes de Suan, Campo de la Cruz, Santa Lucía y Ponedera y al

84Páginas 532 a 535 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai

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gobernador del Atlántico, que ya se había roto el canal del dique del lado del
Departamento de Bolívar y que existía la preocupación de actos vandálicos contra
el canal del dique del lado del departamento del Atlántico. Además, informó los
puntos críticos susceptibles de afectación por filtraciones o inundaciones en el sur
del Departamento y las acciones que se estaban realizando al respecto. Así
consta en el acta de dicha reunión85, de la cual se destaca:

“[…] El Dr. Evaristo Martínez Cantillo, subsecretario para la prevención y atención
de desastres del departamento, informa que siguen aumentando los riesgos, el nivel
del río subió 2 cmts, encontrándose actualmente en 8.86mts. Agrega, que se tiene
conocimiento de la rotura del terraplén de protección del canal del Dique del lado del
Departamento de Bolívar a la altura del punto denominado San Cristóbal y, existe la
preocupación de actos vandálicos contra la estructura del canal del dique del lado
del Atlántico, por la falsa creencia que el daño en el dique del lado de Bolívar fue
causado por personas del Atlántico; por Io anterior, él recomienda militarizar la zona
del canal del dique en el departamento del Atlántico o reforzar la vigilancia sobre el
dique carreteable oriental - Santa Lucia - Las compuertas - Villa Rosa. El Ing.
Edilberto Álvarez Gómez, informa, que, en el fin de semana, se hizo un recorrido por
el sur del departamento, revisando los niveles del río y del canal y sus alturas con
respecto a los diques carreteables de la Oriental y Oriental - Santa Lucia - Las
Compuertas - Villa Rosa, se identificaron unos puntos críticos, que se empiezan a
trabajar colocando barreras construidas con sacos llenos de arena. Estos sitios son:
en la vía Oriental: entrada a la estación de San Pedrito, San Pedrito, Canal
enchapado (compuertas), K 4+00 al K S+OO (el nivel de las aguas está a 13 cmts
de la vida), en el K3+400, se presentan filtraciones en la via; en el K5+900, hay
gritas sobre la banca de la vía; en el K 1 +325, el agua esta sobre la berma de la
carretera. En el tramo vial Oriental - Santa Lucia Las compuertas - Villa Rosa,
existen unos 3 o 4 puntos del sector Santa Lucia - Las compuertas, donde el agua
del canal esta casi tocando la corona del terraplén. […]”

7.1.15. Se comprobó que, el 20 de octubre de 2010, el gobernador del Atlántico
informó al gerente del INCODER que se había declarado la urgencia manifiesta en
los municipios ribereños al río Magdalena y al canal del dique y solicitó su apoyo
para realizar las obras que garantizaran el óptimo funcionamiento del Distrito de
Drenaje de Manatí, el cual drenaba hacia el canal del dique las aguas lluvias de
las zonas urbanas y de producción agropecuaria de ese municipio y de los de
Suan, Santa Lucía, Campo de la Cruz y Candelaria. De ello da cuenta el oficio de
la misma fecha86.

85 Páginas 536 a 547 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai
86 Páginas 548 y 549 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai

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7.1.16. Se demostró que el 22 de octubre de 2010, el gobernador el Atlántico le
solicitó al Ministro de Agricultura estudiar la posibilidad de construir una compuerta
de mayor altura en el corregimiento de Las Compuertas del municipio de Manatí,
que hace parte del corredor vial Cordialidad -Rotinet - Repelón - Las Compuertas -
Santa Lucia – Carretera Oriental (Ruta 25), por el riesgo de inundación ante los
niveles de desbordamiento del canal del dique. De ello da cuenta el oficio de la
misma fecha87 del cual se destaca:

“[…] El sur del departamento del Atlántico está dotado de una importante
infraestructura de canales de riego y de drenaje de la cual forma parte el embalse
del Guajaro, alimentado por el flujo de agua del Canal del Dique, mediante un
sistema de compuertas ubicadas en el corregimiento Las Compuertas, municipio de
Manatí. La estructura de estas compuertas está localizada sobre el corredor vial
Cordialidad -Rotinet - Repelón - Las Compuertas - Santa Lucia – Carretera Oriental
(Ruta 25), del cual el tramo Repelón - Las- Compuertas - Santa Lucia está incluido
dentro del proyecto Vial Plan 2500 que adelantó el Gobierno Nacional anterior. Este
tramo vial cumple el doble propósito de carretera y dique de contención a las aguas
del Canal del dique en épocas de crecientes o de invierno, protegiendo al sur del
Departamento de posibles inundaciones. Por lo anterior, dentro de los trabajos
ejecutados en desarrollo del proyecto vial Plan 2500 se dio el incremento de altura
del terraplén y la estructura de pavimento de la vía en aproximadamente 1.0 metros.
Ello trajo como consecuencia, que el sitio de Ias compuertas del embalse del
Guajaro, que es una estructura de concreto que hace de puente sobre Ia vía, no se
intervino, quedando por debajo del nivel de la carretera y convirtiéndose en un punto
crítico para inundar al sur del Departamento, de hecho, hoy el corregimiento está
inundado. Por lo anterior, le solicito respetuosamente al señor Ministro ordenar a
quien corresponda, estudiar la posibilidad de construir una nueva compuerta de
mayor altura, acorde a los niveles que tiene la vía y a las actuales colas de
desbordamiento de las aguas del Canal del Dique […]”

7.1.17. Se probó que el 16 de noviembre de 2010, la CRA le advirtió al alcalde del
municipio de Manatí sobre la alerta del IDEAM por los altos niveles del río
Magdalena debido a las fuertes lluvias. Así consta en el oficio de la misma fecha88
en el que, además, ante las posibles inundaciones, le hizo las siguientes
recomendaciones:

87 Páginas 582 y 583 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai
88 Páginas 290 y 291 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)

NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

“[…] Mantener en alerta a los Comités Locales y Regionales de Emergencia de
Prevención y Atención de Desastres; alertar a la comunidad sobre el riesgo en el
que se encuentra el Municipio actualmente; ubicar albergues y refugios seguros
para la población en caso de necesitarlo; reubicar temporalmente a la comunidad
asentada en inmediaciones de cuerpos de agua y estar al tanto a los niveles de ríos,
ciénagas y embalses. Hacer todos los preparativos por si se necesita abandonar
algunas casas por unos días durante la inundación. Si observa represamientos,
advertir a la comunidad y al Comité de Emergencias del Municipio, la Defensa Civil,
Cruz Roja o Servicio de Salud. Una disminución en el caudal de un arroyo puede
significar que aguas arriba se esté formando un represamiento, lo cual puede
producir una posible inundación repentina. Dar a conocer la señal de alarma
establecida por el Comité de Emergencias de su Municipio, si este no existe,
acuerde con la comunidad un sistema con pitos o campanas que todos reconozcan
para avisar el peligro inminente de una crecida. […]”

7.1.18. Se demostró que, en la tarde del 30 de noviembre de 2010, se rompió el
canal del dique en la vía que conduce del municipio de Calamar al de Santa Lucía
y sus aguas inundaron varias poblaciones del sur del departamento del Atlántico,
entre ellas el municipio de Manatí. Así consta en el documento denominado
“Diagnostico preliminar y plan de evacuación de aguas en el sur del Atlántico”89 de
la CAR y en la certificación del 30 de septiembre de 201390 expedida por la
coordinadora del Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Manatí, en la que se
mencionan las veredas y sectores afectados, entre ellos “El Esfuerzo” y la granja
“Yerbabuena”.

7.1.19. Se probó que el 30 de noviembre de 2010, los predios “El Esfuerzo” y
“Yerbabuena” de Jaime Alfonso Daza Rincones fueron afectados por inundación,
debido a la ruptura del canal del dique y la emergencia invernal ocurrida ese día.
De ello dan cuenta las certificaciones expedidas por el director de la Secretaría
Agropecuaria del municipio de Manatí, el director de Planeación Municipal de
Manatí y el coordinador del Comité Local Para la Prevención y Atención de
Desastres de ese municipio91.

89 Páginas 77 a 113 del archivo “ED_C03_01 OTROS - CUADERNO 03 PRINCIPAL (.pdf)
NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.
90 Página 331 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRINCIPAL (.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
91 Páginas 36 a 38 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -DEMANDA Y

ANEXOS (.pdf) NroActua 101 .pdf”, índice 101, Samai.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

7.1.20. Se comprobó que entre julio y diciembre de 2010, en el departamento del
Atlántico se registró un alto volumen de lluvias debido al fenómeno de la niña. Así
lo señaló el IDEAM en el oficio del 21 de octubre de 201592, del cual se destaca lo
siguiente:

“[…] Comportamiento de la precipitación meses de julio a diciembre de 2010: El
análisis, a partir del mosaico de mapas de anomalías de precipitación, muestra que
para los meses de julio a diciembre las lluvias en la región Caribe y en particular
sobre el departamento de Atlántico, a excepción del mes de octubre, registraron un
comportamiento muy por encima de los valores medios mensuales multianuales,
respondiendo a la acción del fenómeno frio - La Nina en dicho periodo. Esto permite
estimar que, para el periodo de análisis, las precipitaciones fueron afectadas
positivamente por el Fenómeno La Niña, aumentando representativamente las
lluvias en dichas regiones. […]”

7.1.21. Se constató que en el 2010 el aumento del cauce principal del río
Magdalena y del Canal del Dique superaron las condiciones históricas normales
de los meses y años anteriores, debido al aumento de las lluvias por el fenómeno
de la niña, lo que incidió en que estos se desbordaran. De ello da cuenta la
certificación expedida por el director del IDEAM el 20 de octubre de 201593, de la
cual se destaca lo siguiente:

“[…] Con respecto al Canal del Dique, el comportamiento de los niveles para el año
2010, alcanzaron valores máximos de toda la serie histórica (1973-2012) de los
datos de niveles registrados; […] el comportamiento de los niveles fue muy similar al
río Magdalena, dado que el Canal del Dique se encuentra influenciado por el
comportamiento y fluctuación de los niveles del río Magdalena y guarda proporcional
similitud con respecto a la variación anual y mensual. […] CAUSAS O RAZONES
DE LAS ELEVACIONES DE LOS NIVELES DEL MAGDALENA EN LOS ULTIMOS
QUINCE (15) DIAS DE NOVIEMBRE DE 2010. Las causas fueron un altísimo
incremento en las precipitaciones sobre la cuenca Alta del río Magdalena, que
generaron incremento en los niveles y caudales a lo largo de todo el cauce del río
Magdalena, provocado por un fenómeno típico de ‘La Nina’, los efectos climáticos
empiezan a sentirse desde mediados de año con un incremento de las lluvias en las
regiones Caribe y Andina. […] Es importante señalar que cada evento ‘La Nina’ es
diferente y que su repercusión en el clima nacional no solo está dada por la
intensidad del mismo, sino también, por la interacción que pueda presentar con otro
tipo de fenómenos océano - atmosféricos presentes en el Atlántico y más
específicamente en el mar Caribe. […] LAS CAUSAS O RAZONES TECNICAS DEL

92 Páginas 312 a 320 del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.
93 Páginas 321 a 376 del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05 PRINCIPAL(.pdf) NroActua

101.pdf”, índice 101, Samai.

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

DESBORDAMIENTO DEL RIO MAGDALENA EN EL CANAL DEL DIQUE. En
particular durante el segundo semestre de 2010 y primer semestre de 2011, el
territorio colombiano estuvo bajo la influencia de un fenómeno de la Niña de
características fuertes, que ocasionó también fuertes incrementos en los niveles
sobre el cauce principal del río Magdalena y en el Canal del Dique, que superaron
las condiciones históricas normales del 100% para el mes de noviembre de 2010
alcanzando valores por encima de lo normal en los meses antecedentes […] Este
comportamiento de los niveles en las diferentes estaciones hidrológicas a partir del
mes de noviembre de 2010, incidió para que el río Magdalena se desbordara en la
cuenca Baja y en el Canal del Dique; […] ALTURA O NIVEL DEL RÍO EN LAS
ESTRIBACIONES DEL CANAL DEL DIQUE EL DIA 30 NOVIEMBRE DE 2010. […]
Se resalta el día 30 noviembre 2010 como los valores más altos históricos del mes.
[…]”

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración94-95.

94 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
95 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de

Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

7.2.1. El daño antijurídico

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento; es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho,
que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique,
violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta
contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra
en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.

En el sub examine se tiene que el daño alegado es la inundación de los
inmuebles rurales “Granja Yerbabuena”, “El Esfuerzo” y “Caño de la Cerca”,
ubicados en zona rural del municipio de Manatí, de propiedad de Jaime Alfonso
Daza Rincones, ocurrida el 30 de noviembre de 2010.

Respecto de los predios “Granja Yerbabuena y “El Esfuerzo” se comprobó que se
inundaron, debido a la ruptura del canal del dique y la emergencia invernal
ocurrida ese día, tal como lo certificaron el director de la Secretaría Agropecuaria
del municipio de Manatí, el director de Planeación Municipal de Manatí y el
coordinador del Comité Local Para la Prevención y Atención de Desastres de ese
Municipio (hecho probado 7.1.19). El daño tiene el carácter de antijurídico porque
no hay título jurídico que lo justifique y recae sobre un bien jurídico protegido por el
Estado, como lo es la propiedad privada.

En efecto, el artículo 2 de la Constitución Política96 establece que las autoridades

la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
96 “ArtÍculo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; de donde la
vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos se generen resultan
antijurídicos. Además, el artículo 58 de la Carta Política dispone que “se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones (...)”.

Por otro lado, respecto del predio “Caño de la Cerca” no se probó el daño, pues,
además de que no se reportó su afectación por parte de las autoridades como
ocurrió con los otros inmuebles, tampoco se allegó alguna otra evidencia que
demuestre que se inundó o en qué consistió su afectación. Incluso, la parte actora
señaló en la demanda97 que el daño se probaba con el álbum fotográfico allegado
al proceso, sin embargo, las fotografías aludidas98, como antes se indicó,
corresponden a la granja “Yerbabuena”.

7.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico al departamento del
Atlántico, a la CRA y a CARDIQUE, es menester establecer si éste les es
atribuible fáctica y jurídicamente. En este sentido, de conformidad con lo expuesto

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
97 Hecho No. 3.14 de la demanda, página 17 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01

PRINCIPAL -DEMANDA Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

98 Páginas 54 a 126 y 140 a 149 del archivo “ED_C01_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL -

DEMANDA Y ANEXOS (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai y página 75 del archivo
“ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 101.pdf”, índice 101, Samai.

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

en el recurso de apelación, se analizará si la inundación de las fincas “Granja
Yerbabuena” y “El Esfuerzo”, de propiedad del demandante, es imputable a dichas
entidades por falla en el servicio o si se produjo por una causa extraña.
Así pues, si bien la parte actora aduce que la inundación y/o hundimiento de las
fincas de su propiedad, producto de la ruptura del canal del dique el 30 de
noviembre de 2010, es imputable a las entidades demandadas, puesto que
omitieron el mantenimiento de la infraestructura del canal del dique, lo que facilitó
su ruptura y el fatal movimiento de aguas que produjo múltiples daños a dichos
inmuebles, lo cierto es que no obra en el proceso ningún medio de prueba que dé
cuenta de dicho incumplimiento.

Ello es así por cuanto el demandante atribuye a las accionadas, en especial a
CARDIQUE, que no corrigieron de manera técnica las fisuras o filtraciones de
agua que presentó el canal entre 2008 y 2010. Sin embargo, no se allegó prueba
alguna de que tales fisuras existieran o de que la demandada conociera o hubiera
sido informada de estas y que no hubiera hecho nada al respecto.

En la demanda se afirma que “el clamor de la población civil del sur del
departamento del Atlántico no fue escuchado”, pero no se allegó a este proceso
denuncia pública o requerimiento alguno por parte del demandante o de algún
representante de la población civil del municipio de Manatí o del gremio de
porcicultores al que pertenecía el demandante, que hubiera instado o advertido a
CARDIQUE o a la CRA de la existencia de fisuras o filtraciones en el canal del
dique con anterioridad al suceso del 30 de noviembre de 2010.

Además, para 2008 y 2009 cuando el INVIAS entregó las obras de pavimentación
y repavimentación de varias vías del sur del Atlántico aledañas al canal del dique,
en virtud del convenio interadministrativo No. 186 de 2005 celebrado con el
departamento del Atlántico (hechos probados 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3), no se advirtió la
existencia de filtraciones o fisuras en las vías.

Solo se observa que el 12 de octubre de 2010, el gobernador del Atlántico advirtió
que en los kilómetros 5 al 6 de la carretera Oriental, ya se habían detectado

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

filtraciones de agua a través del terraplén (hecho probado 7.1.12); no obstante,
también se demostró que para ese mismo mes la administración departamental
había realizado diferentes obras y acciones tales como el realce y reforzamiento
de muros de contención en los municipios de Sabanagrande, Santo Tomas,
Palmar de Varela, Ponedera, Suan y Santa Lucia (hecho probado 7.1.11).
Además, no se probó que tales filtraciones continuaron hasta el 30 de noviembre
de 2010, ni que estuvieran ubicadas en la vía que conduce del municipio de
Calamar al de Santa Lucía donde se rompió el canal de dique ese día.

Además, pese a que se detectaron filtraciones en una zona específica de la
carretera oriental en la segunda semana de octubre de 2010, se desconoce si
alzar la banca a lo largo de los 12.5 kilómetros de la vía secundaria carretera
Oriental – Santa Lucia – Las Compuertas – Villa Rosa en un promedio de 70
centímetros para proteger Ia zona de la creciente del canal, como lo solicitó el
gobernador del Atlántico al INVIAS (hecho probado 7.1.12), hubiera sido posible
materialmente de concretar antes del 30 de noviembre de 2010 y, en todo caso,
no está probado cómo dicha obra hubiera evitado el rompimiento del canal del
dique en la vía que conduce del municipio de Calamar al de Santa Lucía.

Igualmente, si bien se comprobó que para el 18 de octubre de 2010 se había roto
el canal del dique del lado del departamento de Bolívar y que existía la
preocupación de actos vandálicos contra el canal del dique del lado del
departamento del Atlántico (hecho probado 7.1.14.), no se probó que dicha rotura
hubiera afectado a los municipios del sur del Atlántico, a la vía que conduce del
municipio de Calamar al de Santa Lucía en donde se fracturó el 30 de noviembre
de 2010, ni que los llamados actos vandálicos se hubieran concretado.

Con todo, se probó que, ante la advertencia por el incremento de las lluvias
debido al fenómeno de la niña, el departamento del Atlántico adoptó diferentes
medidas de precaución y para la atención de las posibles inundaciones ante el
riesgo de rupturas de vías y desbordamiento del canal de dique en varios
municipios del sur de ese territorio, incluido el municipio de Manatí, tales como: i)
alertar a los alcaldes para activar los Comités Locales para la Prevención y

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Atención de Desastres CLOPAD y alistar sitios de albergue y evacuación de
personas (hecho probado 7.1.11); ii) realzar y reforzar muros de contención en los
municipios de Sabanagrande, Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Suan,
Santa Lucia; iii) instalar estaciones de bombeo en Sabanagrande, Santo Tomas,
Palmar de Varela y canalizar y limpiar kilómetros de cauces de arroyos (hecho
probado 7.1.11); iv) colocar barreras de sacos llenos de arena en los puntos
críticos de la berma de la carretera oriental (hecho probado 7.1.13.) y; v) declarar
la urgencia manifiesta en los municipios ribereños al río Magdalena y al canal del
dique (hecho probado 7.1.15.).

Igualmente, se probó que la CRA, desde mayo de 2010, le envió al alcalde del
municipio de Manatí un mapa de amenazas por inundación, con el fin de brindarle
acompañamiento en la revisión y ajuste de su plan de ordenamiento territorial
(hecho probado 7.1.5.), pero no se adjuntó dicho mapa y se desconoce si dentro
de las áreas susceptibles de inundación se encontraba el área rural donde se
ubican los predios del demandante. Asimismo, en junio y septiembre de 2010, la
CRA le advirtió al mismo funcionario que se avecinaba un aumento de las lluvias y
con ello el riesgo de inundaciones, de ahí que le sugería apoyar a los Comités
Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres, estar atento a los
niveles de los cuerpos de agua y hacer jornadas de limpieza de los canales y
caños (hechos probados 7.1.6., 7.1.8. y 7.1.17).

En adición, tal como lo advirtió el IDEAM, el aumento del cauce principal del río
Magdalena y del canal del dique entre julio y diciembre de 2010, superaron las
condiciones históricas normales de los meses y años anteriores, debido al
aumento de las lluvias por el fenómeno de la niña, en particular en el
departamento del Atlántico, lo que incidió en que aquellos se desbordaran.
Además, ese instituto destacó que el 30 noviembre 2010 fue el día con los valores
más altos históricos del mes (hechos probados 7.1.20 y 7.1.21), de ahí que fue un
fenómeno de pluviosidad inusual, de grandes proporciones.

Por tanto, si bien debido al aumento de las lluvias durante el segundo semestre
de 2010, las inundaciones eran previsibles, ante la desproporción de las

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

precipitaciones que superaron los registros históricos de años anteriores, se
desconoce, con las pruebas de este proceso, qué acciones hubieran podido tomar
las demandadas, además de las ya mencionadas, para evitar la ruptura del canal
del dique y evitar que la fuerza de las grandes cantidades de agua se desplazaran
por todos los lugares en los que hubo desastre y superaran las capacidades de
los sistemas de drenaje, incluida la zona rural del municipio de Manatí en donde
se ubican los predios del demandante.

En cuanto a la atención de la emergencia, se observa que, a través del Decreto
4579 del 7 de diciembre de 201099, ante los daños ocurridos durante la ola
invernal causada por el fenómeno de La Niña, el Presidente de la República
declaró la situación de desastre nacional y ordenó a la Dirección de Gestión del
Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia que elaborara un Plan de Acción
Específico para el manejo de la situación declarada, el cual sería de obligatorio
cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que debieran contribuir
en su ejecución.

Igualmente, mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010100 el Presidente
de la República declaró el estado de emergencia nacional considerando que a
causa del fenómeno de La Niña se habían afectado y destruido “diques, obras de
contención, acueductos, alcantarillados, etc” y que “las graves inundaciones han
afectado tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y, han ocasionado
hasta el momento, severos daños en cultivos de ciclo corto y permanente”.
Además, señaló que la situación estaba siendo atendida por todas las entidades
que conformaban el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, pero sus recursos y medios de acción eran insuficientes para conjurar
la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

Dicho Decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011, de la cual se destaca lo siguiente:

99 “Por el cual se declara la situación de desastre nacional en el territorio colombiano”.
100 “Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de

grave calamidad pública”.

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“[…] Considera esta Corte que los sucesos acaecidos a raíz del fenómeno de la
Niña 2010, agudizados a partir del mes de noviembre del mismo año y con
consecuencias desastrosas a nivel social, económico y ecológico -como se ha
demostrado probatoriamente en esta providencia- son hecho notorio, conocido por
todo el país a través de las diferentes formas sociales de comunicación. Con base
en los sucesos climáticos vividos en Colombia desde mediados del año 2010 y
recrudecidos desde noviembre del mismo año, no cabe duda de que son
constitutivos de grave calamidad pública con inmenso impacto en el orden
económico, social y ecológico; hechos desde luego imprevisibles y sobrevivientes
acorde con lo ya expuesto. El Gobierno Nacional utilizó (i) los recursos de que
disponía para conjurar la crisis producida, (ii) decretó en un primer momento la
situación de calamidad pública, posteriormente y ante la agudización del fenómeno
Niña 2010 se (iii) declaró la situación de desastre, las dos anteriores contenidas en
el decreto 919 de 1989. Así las cosas, el volumen de las precipitaciones, la
exacerbación súbita del fenómeno y las dimensiones inconmensurables de las
secuelas sufridas a causa de este, hicieron que las mencionadas medidas -todas de
carácter ordinario- resultaran abiertamente insuficientes y exiguas ante la crisis
presentada”

De ahí que, mediante el Decreto 4629 del 13 de diciembre de 2010101, el
Presidente de la República ordenó la transferencia de recursos del sector eléctrico
a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios para realizar
diferentes acciones de mitigación de la emergencia, entre ellas, la construcción de
obras y actividades para el control de inundaciones, control de caudales,
rectificación y manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras
de geotecnia, regulación de cauces y corrientes de agua y la recuperación de la
infraestructura colapsada.

De modo que el Estado sumó múltiples esfuerzos para afrontar la situación y
coordinar acciones y recursos para enfrentar la crisis, en virtud de la declaratoria
de desastre nacional y de emergencia, la que permitió que se coordinaran las
acciones y recursos para enfrentar las problemáticas generadas no solo en el
departamento del Atlántico, sino en todo el territorio nacional.

A lo anterior se suma la ausencia de una prueba técnica que ilustre acerca de
cuál era la situación del canal del dique, que identificara puntos críticos por

101 “Por el cual se modifican transitoriamente, el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, el artículo 4° del

Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación de desastre
nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional”.

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

aumento de los niveles del caudal respecto de la cota de las vías aledañas, si se
presentaban fisuras o hundimientos en las vías que conectan los municipios del
sur del Atlántico y hacia el municipio de Manatí, si la situación de los sistemas de
drenaje era deficiente o aún en su óptimo funcionamiento habrían podido evacuar
la cantidad de agua que expulsó el canal luego de la ruptura, o cuáles habrían
sido las obras o acciones específicas que pudieron tomar las accionadas, con el
fin de evitar el rompimiento del canal o detener inmediatamente el boquete una
vez ocurrida la fractura, a fin de evitar las inundaciones, dada la magnitud de la
calamidad pública que provocó el decreto del estado de emergencia económica,
social y ecológica.

Incluso, aunque para octubre de 2010, los canales de drenaje del municipio de
Manatí no estaban funcionando y el colector de aguas del Sistema Integral de
Riego se encontraba obstruido (hecho probado 7.1.7 y 7.1.13) y que el gobernador
del Atlántico le solicitó al gerente del INCODER su apoyo para realizar obras para
el óptimo funcionamiento del Distrito de Drenaje de Manatí, y al ministro de
Agricultura para construir una compuerta de mayor altura en el corregimiento de
Las Compuertas de ese Municipio (hechos probados 7.1.15 y 7.1.16), lo cierto es
que la parte actora no atribuye el daño al estado en que se encontraba el sistema
de drenaje del municipio de Manatí, ni a omisión alguna de ese ente territorial en
ese aspecto, sino a la ruptura del canal del dique el 30 de noviembre de 2010,
porque las demandadas habrían omitido el mantenimiento de su infraestructura, lo
cual no se probó.

Todo lo anterior lleva a concluir que, en este caso, se configuró la eximente de
responsabilidad de la fuerza mayor, pues se reúnen cada uno de sus elementos
como pasa a explicarse.

Se trató de un hecho exterior, consistente en las altas precipitaciones con registros
históricos que se presentaron el 30 de noviembre de 2010, esto es, el fenómeno
de La Niña, un hecho de la naturaleza potencialmente peligroso y/o destructivo de
tal magnitud, que provocó que el gobierno declarara el estado de emergencia
económica, social y ecológica por razón de la grave calamidad pública, pues tuvo

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

una intensidad solo comparada con la ocurrida en 1949 y generó un desastre
natural de dimensiones extraordinarias que el Estado enfrentó con toda su
capacidad institucional, como dan cuenta el Decreto 4580 del 7 de diciembre de
2010 y la sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011 de la Corte Constitucional.

Consistió en un hecho imprevisible, pues a pesar de que las demandadas fueron
advertidas del incremento de las lluvias desde mediados de 2010, y de la
posibilidad de que se causaran inundaciones, especialmente en el sur del Atlántico
(hechos probados 7.1.6., 7.1.17.), lo que no era previsible era que el 30 de
noviembre de 2010 lloviera a tal punto que causara el rompimiento del canal del
dique, toda vez que las precipitaciones fueron inusitadas, superaron los registros
históricos y afectaron a todo el país, tal como se declaró en el Decreto 4580 de
2010 y lo reconoció la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de
dicha normativa.

Finalmente, el rompimiento del canal del dique fue un hecho irresistible para las
demandadas, pues aún con los pronósticos, nada podían hacer para contener las
lluvias en las cantidades en que ocurrió, además de todas las acciones atrás
mencionadas.

Por consiguiente, se configuró el eximente de responsabilidad de fuerza mayor,
pues la causa eficiente de la ruptura del canal del dique y la inundación posterior
de los predios del demandante fue un evento de la naturaleza imprevisible,
irresistible y ajeno a las demandadas.

Por todo lo antes expuesto, se modificará la decisión adoptada el 17 de mayo de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la
causa por activa de Patricia Eugenia Fawcett Vélez y la falta de legitimación en la
causa por pasiva del municipio de Manatí, CORMAGDALENA, Ministerio de
Transporte, INVIAS, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y la Agencia
de Desarrollo Rural y, se confirmará en lo demás la providencia apelada.

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en segunda instancia a la parte actora, toda vez
que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las
costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366
del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el
artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las
expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho102 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora103.

102 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
103 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

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Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016104 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos en
general en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV105.

En este orden, la Sala condenará a la parte actora al pago de agencias en
derecho en suma equivalente a 1 SMLMV que se distribuirá en partes iguales
frente a CARDIQUE, la CRA y el departamento del Atlántico, las cuales serán
liquidadas por Secretaría según los parámetros previstos en la normativa
transcrita.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, y
en su lugar se dispone:

SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Patricia
Eugenia Fawcett Vélez y la falta de legitimación en la causa por pasiva del
municipio de Manatí, CORMAGDALENA, Ministerio de Transporte, INVIAS,
Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural.

TERCERO: Confirmar en los demás la sentencia apelada.

104 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
105 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.

En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando
en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el
4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la
naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Radicado: 08001233300020130006802 (63340)
Demandante: Jaime Alfonso Daza Rincones y otra

CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

QUINTO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma
equivalente a 1 SMLMV, la cual se distribuirá en partes iguales entre CARDIQUE,
la CRA y el departamento del Atlántico y será liquidada por Secretaría, conforme a
lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado

VF

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