Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00210-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00210-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2013-00210-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: ADALBERTO CASTILLO CABARCAS Y OTROS
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE Y OTROS
Tema: Ruptura y desbordamiento del canal del dique. Inundación del
municipio de Soplaviento. Se configuró la eximente de
responsabilidad de fuerza mayor.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante, contra
la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que declaró probada la excepción de fuerza mayor.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 16 de diciembre de 2010, se produjo la ruptura del jarillón en el punto “El chorro
de las Mestizas” y “El chorrito” del Canal del Dique, hecho que provocó la inundación
del 90% del municipio de Soplaviento, departamento de Bolívar. Los demandantes
consideran que la Nación – Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), el Ministerio del Interior, el departamento de Bolívar, la Corporación
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena y la Corporación Regional del
Canal del Dique son patrimonialmente responsables por el detrimento patrimonial
ocasionado por la inundación de dicho municipio, toda vez que omitieron el
mantenimiento de la infraestructura del Canal del Dique, lo que propició su ruptura
y ocasionó múltiples daños, entre ellos, a las viviendas, enseres y electrodomésticos
de los actores.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 14 de diciembre de 20121, Silvia Ospino Ávila y otros2, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte, el
Instituto Nacional de Vías (en adelante Invías), el Ministerio del Interior, el
departamento de Bolívar, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena (en adelante Cormagdalena) y la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (en adelante Cardique), para que se les declare patrimonialmente
responsables por las afectaciones que sufrieron en las viviendas, enseres, negocios
y pérdida de animales, como consecuencia de la inundación del 90% del municipio
de Soplaviento, departamento de Bolívar, el 16 de diciembre de 2010.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) En primera medida, el extremo activo solicita condenar a la Nación –
Ministerio de Transporte, el INVIAS, el Ministerio del Interior y de Justicia, el
departamento de Bolívar, a Cormagdalena y Cardique, a pagarle, por concepto
de perjuicio material la suma de $11.100.000.000, esto es, $15.000.000 para
cada una de las 732 personas que manifiestan fueron afectadas con la
inundación.
ii) En segundo lugar, el grupo demandante solicita condenar a la parte pasiva
a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV para cada una de las personas
integrantes del grupo.
1 Fl. 1 a 34, C.1.
2 La demanda fue presentada por 732 personas que manifestaron habitar el municipio de Soplaviento
para el momento en que ocurrió la inundación.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 16 de diciembre
de 2010, el 90% del municipio de Soplaviento, departamento de Bolívar, quedó
inundado como consecuencia del desbordamiento de las aguas del Canal del
Dique, particularmente, por los sectores conocidos como “Las Mestizas” y “El
Chorrito”. Agrega que la inundación destruyó viviendas, enseres, animales y
negocios, dejando un significativo número de damnificados.
Señala que, el 16 de noviembre de 2007, el municipio de Soplaviento también sufrió
una inundación por el mismo sector del Canal del Dique y que, con ocasión de dicha
inundación, se ejecutaron algunas obras de mitigación por parte de la
administración local, a través de Cormagdalena y el gobierno nacional, consistentes
en el reforzamiento de jarillones, adecuación de chorros y construcción de una
estación de bombeo; sin embargo, dichas obras habrían resultado insuficientes y
fueron destruidas por la inundación de 2010.
Asimismo, sostiene que las entidades demandadas omitieron adoptar e
implementar de manera adecuada y definitiva obras civiles y técnicas necesarias
para prevenir las inundaciones, tales como dragados y reforzamientos de
carreteables y jarillones, pese a que las temporadas invernales y el riesgo de
desbordamiento eran hechos notorios.
Indica que, el Canal del Dique, como bifurcación artificial del río Magdalena,
presenta problemas de sedimentación y alteraciones en su cauce, lo que
incrementa el nivel de las aguas durante las temporadas de lluvias y favorece el
desbordamiento e inundación de las poblaciones ribereñas, situación que, a su
juicio, no fue controlada eficazmente por las entidades demandadas.
Destaca que, mediante Resolución No. 260 de 1997, ratificada por la Resolución
2749 de 2010 del Ministerio de Ambiente, el gobierno nacional ordenó a
Cormagdalena ejecutar un plan de restauración ambiental de los ecosistemas
degradados en el área de influencia del Canal del Dique, el cual, para la fecha de
presentación de la demanda, permanecía sin ejecución. Asimismo, afirma que no
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
se ha implementado un plan integral para el control de caudales, la protección de
las comunidades ribereñas y la recuperación de los ecosistemas afectados.
Aduce que, aunque existían partidas aprobadas para la recanalización del Canal
del Dique, no se contemplaron soluciones relacionadas con el dragado de
complejos cenagosos ni la construcción de nuevas compuertas para regular las
aguas, obras que consideró urgentes e indispensables para evitar nuevas
inundaciones y perjuicios a la población.
Manifiesta que, las entidades demandadas, pese a las reiteradas temporadas
invernales y al riesgo latente de inundaciones, no adelantaron un plan de inversión
eficaz para proteger de manera definitiva a las poblaciones ribereñas. En ese
sentido, expuso que el alcalde municipal dejó constancia en diferentes reuniones y
actas de la falta de apoyo de las autoridades nacionales y territoriales frente a la
emergencia invernal.
Indica que la Fundación para el Progreso y Desarrollo de Soplaviento,
Cormagdalena y Cardique adelantaron conversaciones orientadas a buscar
soluciones tras la inundación de 2007, sin que se obtuvieran respuestas efectivas,
lo que permitió que la tragedia se repitiera en diciembre de 2010.
Afirmó que, en las reuniones de seguimiento del Comité de Atención y Prevención
de Desastres se advirtió que las obras ejecutadas después de la inundación del
2007 resultaban insuficientes, pues solo permitieron intervenciones parciales sobre
jarillones, chorros y compuertas, persistiendo el riesgo para el casco urbano y las
poblaciones cercanas al canal del Dique.
Textualmente, expuso en el escrito de la demanda que: “[…] De acuerdo con la
información recibida por la Defensoría del Pueblo, se evidencia una manifiesta
lentitud en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la
Magdalena para el cumplimiento de sus funciones según lo establecido en la Ley
161 de 1994, entre las que se destacan: el control de las inundaciones, la
preservación del equilibrio hidrológico y, en general, el manejo integral del Canal
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del Dique. Prueba de lo anterior es que, pese a que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, conminó desde 1997 mediante la Resolución 0260 del 31 de
marzo de 1997 a Cormagdalena para que realizara la restauración y recuperación
del ecosistema degradado del Canal del Dique y, a pesar de existir varias
reiteraciones al respecto, sólo doce años después (en septiembre de 2009) esta
corporación abrió una licitación pública para el diseño y construcción de las obras
del sistema ambiental y de navegación del canal, en donde se incluyen obras para
la disminución del caudal y, por ende, de su sedimentación. Seguramente, de
haberse concluido estas obras a finales de 2010, no estaríamos lamentando una
tragedia que dejó más de 114 mil damnificados e incalculables pérdidas materiales
[…]”.
2. Contestaciones
El 22 de noviembre de 20133, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la
demanda y ordenó su notificación a las accionadas y al Ministerio Público.
2.1. El Ministerio del Interior4 se opuso a las pretensiones, para lo cual propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que no tiene
relación material con los hechos y pretensiones de la demanda. Señaló que los
fundamentos fácticos expuestos por la parte actora se encontraban vinculados con
las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
creada mediante el Decreto 4147 de 2011, y no con competencias asignadas a
dicha cartera ministerial. Finalmente, sostuvo que no intervino material ni
sustancialmente en los hechos que presuntamente ocasionaron los daños alegados
por los demandantes, motivo por el cual solicitó su absolución dentro del proceso.
2.2. El Ministerio de Transporte5, sostuvo que carece de legitimación en la causa
por pasiva, al considerar que las funciones relacionadas con la conservación y
mantenimiento de las vías fluviales del canal del Dique corresponden a
3 Fl. 2133 a 2147, C.11.
4 Fl. 2158 a 2164, C.11.
5 Fl. 2169 a 2173, C.11.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
Cormagdalena, entidad creada en virtud de la descentralización administrativa y
dotada de autonomía y personería jurídica para responder por las actuaciones u
omisiones derivadas del cumplimiento de sus funciones.
Indicó que, conforme a la Ley 161 de 1994, dicho ministerio tiene funciones
regulatorias, normativas y de formulación de políticas públicas, mas no
competencias operativas o ejecutoras relacionadas con la construcción,
conservación, mantenimiento de vías fluviales, dragados, jarillones o muros de
contención. Precisó que tales competencias recaen en Cormagdalena y, en algunos
aspectos, en las entidades territoriales competentes.
Señaló que corresponde a los municipios y departamentos, a través de los comités
de atención y prevención de desastres, atender las contingencias derivadas de
fenómenos naturales y sus consecuencias sobre la población, infraestructura y
salubridad pública.
Expuso que Cormagdalena, como corporación autónoma regional del orden
nacional, tiene jurisdicción sobre los municipios ribereños del río Magdalena y del
Canal del Dique, así como funciones relacionadas con la recuperación de la
navegación, la adecuación y conservación de tierras, el manejo ambiental y la
coordinación de políticas para el manejo de la cuenca hidrográfica del río
Magdalena.
Manifestó que las obras ejecutadas en la zona correspondieron a actuaciones
encaminadas a mitigar los efectos de las inundaciones, sin que ello implicara la
erradicación total de dichos fenómenos naturales, los cuales obedecen también a
causas climáticas y ambientales. Finalmente, resaltó que las inundaciones
constituyen fenómenos naturales que incluso afectan regiones con altos niveles de
desarrollo y prevención tecnológica. Propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, “Inexistencia de la obligación” y “Falta de
responsabilidad”.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
2.3. El Invías6 señaló que no es la entidad competente ni responsable de atender
las inundaciones ocasionadas por fenómenos naturales ni sus consecuencias sobre
la población, vivienda, salubridad e infraestructura urbana, pues carece de
funciones relacionadas con la formulación de políticas gubernamentales y la
atención de desastres naturales.
Indicó que las reclamaciones de los demandantes fueron atendidas por Colombia
Humanitaria mediante ayudas consistentes en mercados, kits de aseo, reparación
de viviendas, alimentación y arrendamientos.
Afirmó que los demandantes pretenden la erradicación total de las inundaciones, lo
cual, a su juicio, no es posible por tratarse de fenómenos naturales propios del
equilibrio del ecosistema y asociados a los ciclos de lluvias y sequías. Agregó, que
tales fenómenos pueden mitigarse, pero no evitarse completamente y resaltó que
las inundaciones hacen parte de dinámicas naturales necesarias para ciertos
procesos ecológicos.
Manifestó que las inundaciones y desastres derivados de fenómenos naturales
ocurren incluso en países con altos niveles de tecnología y prevención.
Formuló las excepciones de “Falta de relación de causalidad entre la falla del
servicio de la administración y el daño causado”, “Falta de legitimación en la causa
por pasiva” y “Responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público”.
2.4. El departamento de Bolívar7 alegó la “No acreditación de la condición de grupo
de los demandantes”, toda vez que dentro del expediente no obra prueba que
demuestre las condiciones específicas que identifiquen a los actores como un
grupo, pues la única circunstancia común acreditada es la afirmación por parte del
apoderado de que se trata de personas afectadas por la ola invernal y oriundas del
municipio de Soplaviento.
6 Fl. 2183 a 2193, C. 11.
7 Fl. 2308 a 2321, C. 12.
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Afirmó que la entidad encargada de las obras de dragado del río Magdalena y de
prevención de inundaciones era Cormagdalena, razón por la cual se configuraba
una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del departamento, al no
tener responsabilidad en las supuestas omisiones relacionadas con las
inundaciones. Anotó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD, es la encargada de atender lo ocurrido en el municipio de
Soplaviento, el 16 de diciembre de 2010.
Sostuvo que no obra en el expediente prueba que demuestre que los perjuicios
alegados se hubieran causado por la supuesta omisión administrativa derivada de
la falta de arreglo del Canal del Dique. Además, agregó que aún en el evento de
acreditarse los daños sufridos por los accionantes, estos le serían imputables, por
cuanto las afectaciones obedecieron al fenómeno natural de La Niña ocurrido
durante los años 2010 y 2011.
Señaló que las inundaciones ocasionadas por dicho fenómeno durante los años
2010 y 2011 constituyeron un hecho imprevisible e irresistible que afectó gran parte
del territorio nacional, circunstancia que motivó la declaratoria del estado de
emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 4580 de 2010, cuya
constitucionalidad fue analizada por la Corte Constitucional en la sentencia C-156
de 2011. En atención a lo anterior, precisó que dicha situación configura un caso
fortuito o fuerza mayor, razón por la cual no es posible atribuir responsabilidad al
departamento de Bolívar por las inundaciones ocurridas.
2.5. Cardique8 se opuso a todas las pretensiones de la demanda por considerar que
carecen de sustento fáctico y jurídico. Sostuvo que los hechos obedecieron al
fenómeno de La Niña ocurrido entre los años 2010 y 2011, que constituyó un evento
natural extraordinario, imprevisible e irresistible que generó crecientes,
inundaciones y deslizamientos en distintas regiones del país, configurándose así
una fuerza mayor. Reconoció la ocurrencia de la ola invernal; no obstante, afirmó
que los perjuicios alegados debían acreditarse.
8 Fl. 2357 a 2373, C. 12
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Sostuvo que no tenía injerencia en el río Magdalena, en el Canal del Dique, en el
terraplén o las intervenciones realizadas en dicha infraestructura. Explicó que
Cardique fue creada por la Ley 99 de 1993 para ejercer funciones relacionadas con
la administración, manejo, aprovechamiento y protección de los recursos naturales
y del medio ambiente y que dentro de sus competencias no se encuentran la
construcción, recuperación, dragado, ampliación, mantenimiento o vigilancia del
Canal del Dique, del río Magdalena o de los terraplenes asociados, funciones
atribuidas por la ley a otras entidades.
Propuso como excepciones “No contener la demanda pruebas del título de
imputación de responsabilidad atribuible a Cardique”; “Falta de congruencia entre la
descripción de los hechos que demuestren la ocurrencia del daño con la
responsabilidad atribuible a las entidades demandadas”; “Falta de jurisdicción de
Cardique en cuanto al manejo de las obras de protección y prevención”; “Falta de
legitimación material en la causa por pasiva teniendo en cuenta que Cardique no es
la entidad responsable del manejo de las obras de protección y prevención de las
aguas del Canal del Dique”; “Falta de legitimación material en la causa por activa
teniendo en cuenta que los demandantes no prueban la calidad de propietarios o
poseedores de dicho inmueble”; “Ausencia de un hecho u omisión imputable a
Cardique – inexistencia de falla en el servicio y por consiguiente ausencia de
responsabilidad”; Fuerza mayor como eximente de responsabilidad”; “Ausencia del
daño antijurídico por parte de Cardique”.
2.6. La UNGRD9 10 se opuso a todas las pretensiones de la demanda y solicitó su
exoneración de responsabilidad, al considerar improcedente la reclamación
indemnizatoria, por cuanto el daño provino de un hecho natural. Asimismo, sostuvo
que no ha vulnerado ni puesto en riesgo los derechos colectivos de los
demandantes. Propuso como excepciones “Falta de legitimación en la causa por
pasiva”; “Falta de legitimación en la causa por activa”, y “Ausencia de los elementos
que configuran la responsabilidad extracontractual”.
9 Por auto del 8 de mayo de 2015 el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la vinculación al
proceso de la UNGRD en calidad de demandada (fl. 2351 a 2353, C.12).
10 Fl. 2384 a 2390, C.12.
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2.7. El Fondo de Adaptación11 12 se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que los hechos alegados no guardan relación de causalidad con su
actuación, pues para la fecha de la inundación aún no existía jurídicamente la
entidad. Precisó, además, que la emergencia obedeció al fenómeno de La Niña
2010-2011, situación que motivó la expedición del Decreto 4819 del 29 de diciembre
de 2010 mediante el cual se creó el Fondo de Adaptación para atender las
afectaciones derivadas de dicho fenómeno climático. En consecuencia, afirmó que
no existe fundamento para atribuirle responsabilidad alguna por los perjuicios cuya
reclamación se reclama. Por último, propuso como excepciones la “Caducidad de
la acción”; “Falta de legitimidad en la causa por pasiva”; “Ausencia de
responsabilidad del Fondo de Adaptación”; “Fuerza mayor” y “Fuerza mayor en
concurrencia con culpa de la víctima”.
Cormagdalena y el municipio de Soplaviento guardaron silencio.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 26 de octubre de 201713 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante, el Ministerio de Transporte14, la UNGRD15, el Invías16, el
departamento de Bolívar17, el Fondo de Adaptación18 y Cardique19 reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda,
respectivamente.
11 Mediante auto del 14 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar vinculó al presente
proceso al Fondo de Adaptación y al municipio de Soplaviento (Fl. 2411 a 2412, C.13).
12 Fl. 2427 a 2450, C. 13.
13 Fl. 2720 C.14.
14 Fl. 2724 a 2728, C.14.
15 Fl. 2744 a 2753, C.14.
16 Fl. 2760 a 2763, C. 14.
17 Fl. 2772 a 2777, C. 14.
18 Fl. 2779 a 2797, C14.
19 Fl. 2798 a 2800, C. 14. y Fl. 2801 a 2815, C. 15.
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3.2. Cormagdalena20 consideró que los hechos que dieron origen al presente
proceso constituyen un evento de fuerza mayor, en tanto el fenómeno de La Niña,
ocurrido entre los años 2010 y comienzos de 2011, correspondió a un suceso
extraordinario e imprevisible que ocasionó grandes inundaciones. Adicionalmente,
sostuvo que los demandantes no acreditaron la calidad en la que comparecen al
proceso como propietarios, poseedores o arrendatarios de los predios ubicados en
el municipio de Soplaviento. Finalmente, afirmó que no obra prueba en el expediente
que dé cuenta de los supuestos perjuicios ocasionados como consecuencia de la
omisión de las entidades demandadas.
3.3. El Ministerio Público21 rindió concepto en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda, al considerar que la ola invernal del año 2010 y comienzos del año
2011, que ocasionó la inundación del municipio de Soplaviento, constituyó un
evento de fuerza mayor, caracterizado por su imprevisibilidad e irresistibilidad.
Indicó que, si bien los demandantes atribuyeron los daños a la falta de obras de
infraestructura y a una presunta falla del servicio por parte de las entidades
demandadas, las inundaciones obedecieron a la intensidad excepcional del
fenómeno de La Niña, cuyas precipitaciones superaron los promedios históricos y
ocasionaron graves afectaciones a nivel nacional, aun cuando previamente se
hubieran ejecutado obras de mitigación tras las inundaciones ocurridas en el año
2007.
Asimismo, señaló que en el proceso no se acreditaron los elementos necesarios
para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, particularmente el
daño alegado y el nexo causal. Precisó que los actores no demostraron la propiedad
de los bienes respecto de los cuales reclamaron perjuicios materiales, ni acreditaron
su residencia o titularidad sobre los inmuebles afectados. De igual forma, sostuvo
que los perjuicios morales tampoco fueron probados, pues no se aportaron
testimonios u otros medios de convicción que permitieran acreditarlos.
20 FL. 2733 a 2742, C.14.
21 Fl. 2816 a 2826, C. 15.
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4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 29 de noviembre de 201922, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró probada la excepción de fuerza mayor. Indicó que en el sub examine
se acreditó la existencia de un daño antijurídico que los demandantes no estaban
en el deber jurídico de soportar; sin embargo, sostuvo, que no resultaba imputable
a las entidades accionadas, en tanto obedeció a un evento de fuerza mayor derivado
de fenómenos naturales, configurándose así un eximente de responsabilidad.
Precisó que, en efecto, se probó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (en adelante IDEAM) realizó monitoreos periódicos de los
niveles de agua del Canal del Dique y estudios sobre el comportamiento de las
precipitaciones entre los años 2010 y 2011. Dichos análisis evidenciaron que
durante el año 2010 se presentaron fluctuaciones atípicas y superiores a la cota
crítica, así como precipitaciones extraordinarias asociadas al fenómeno de La Niña,
especialmente en el segundo semestre de 2010 y en varios meses de 2011.
Asimismo, afirmó que los estudios comparativos realizados desde el año 1973,
permitieron establecer que los niveles de agua registrados en los años 2010 y 2011
superaron ampliamente los promedios históricos y los niveles previsibles,
particularmente entre julio y diciembre de 2010 en las estaciones analizadas del
Canal del Dique. Igualmente, se tuvo en cuenta la información de la estación San
Estanislao, por ser la más cercana al municipio de Soplaviento.
Textualmente afirmó que “[ …] el suceso ocurrido no pudo ser prevenido o resistido
por el Estado, toda vez que este obedeció a un hecho que se origina como una
fuerza mayor por acciones de la naturaleza, lo que significa una imposibilidad para
el Estado de prevenir o resistir el hecho o sus efectos, liberándolo de toda
responsabilidad de resarcir los perjuicios derivados del hecho; máxime si se
demostró que se realizaron estudios pluviales a fin de monitorear el crecimiento del
cauce de agua en el Canal del Dique […]”.
22 Fl. 2865 a 2879, C.Ppal.
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5. Recurso de apelación
El 15 de enero de 202023, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 7de febrero de 202024 y admitido el 28 de mayo de 202025.
5.1. El extremo activo indicó que la inundación del 16 de diciembre de 2010
obedeció a la ausencia de un plan integral de seguridad para las comunidades, que
contemplara medidas de adaptación, reubicación y sistemas de alerta temprana
articulados con las autoridades territoriales y organismos de prevención y atención
de desastres.
Manifestó que las entidades demandadas incumplieron sus deberes de prevención,
mitigación y atención del riesgo de inundaciones del Canal del Dique, pese a contar
con antecedentes como el ocurrido en el año 2007, sin adoptar obras ni medidas
efectivas para proteger a las poblaciones ribereñas.
Sostuvo que no era procedente aceptar la fuerza mayor como causal eximente de
responsabilidad, pues, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no basta
la ocurrencia del fenómeno natural, sino que sus consecuencias deben ser
imprevisibles, irresistibles y ajenas a la actuación de las entidades demandadas.
Señaló que el municipio de Soplaviento había sufrido una inundación en el año 2007
por el mismo sector del Canal del Dique, antecedente que evidenciaba el riesgo
existente y tornaba previsible la repetición del evento.
En consecuencia, precisó que el daño no obedeció exclusivamente al fenómeno
natural, sino también a la conducta negligente y a la inactividad de las demandadas.
Por ello, concluyó que no procedía la exoneración total de responsabilidad por
fuerza mayor, sino, en todo caso, una reducción en la apreciación del daño y la
indemnización reclamada.
23 Fl. 2883 a 2893, C.Ppal.
24 Fl. 2896, C. Ppal.
25 Fl. 2907, C.Ppal.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 6 de noviembre de 202026 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. El grupo demandante27, el departamento de Bolívar28, Invías29,
Cormagdalena30, el Ministerio de Transporte31, el Fondo de Adaptación32 y
Cardique33 reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el
trámite de primera instancia, respectivamente.
6.2. El Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la UNGRD y el municipio de
Soplaviento guardaron silencio.
6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado34 coadyuvó los
argumentos de defensa de las entidades públicas del orden nacional demandadas
en el presente asunto y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por
considerar que el grupo demandante no acreditó el incumplimiento de los deberes
legales por parte de las entidades demandadas, pues el acervo probatorio demostró
que estas atendieron las competencias que les correspondían antes, durante y
después de la emergencia. De otro lado, consideró aplicable la jurisprudencia que
reconoce la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad en casos de
inundaciones por altas precipitaciones, al estimarse probado que la emergencia
26 Fl. 2914, C.Ppal.
27 “25_RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO_Alegatos.pdf(.pdf) NroActua 20”,
índice 20, Samai.
28 “16_RECIBE-MEMORIALES-POR-CORREO-ELECTRONICO_13001-23-33-000-2013-00210-01-
-AG---65964--Alegatos-Silvia-Ospino.pdf(.pdf) NroActua 17”, índice 17, Samai.
29“18_RECIBE-MEMORIALES-POR-CORREO-ELECTRONICO_1.ALEGACION-SEGUNDA-
INSTANCIA-SILVIA-OSPINO-AVILA.pdf(.pdf) NroActua 18”, índice 18, Samai.
30“20_RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO_Alegatos.pdf(.pdf) NroActua 19”,
índice 19, Samai.
31 “29_ALEGATOS DE CONCLUSION_Alegatos Silvia Avila Opino-65964.pdf(.pdf) NroActua 22”,
índice 22, Samai.
32 “31_RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO_Alegatos Conclusión AG Rad.
2013-00210 Silvia Ospino.pdf(.pdf) NroActua 23”, índice 23, Samai.
33 “33_RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO_65964 ANEXO ALEGATOS
CONSEJO DE ESTADO RECURSO DE APELACION SILVIA OSPINO ÁVILA Y OTROS
CARDIQUE.pdf(.pdf) NroActua 24”, índice 24, Samai.
34 “13_RECIBE-MEMORIALES-POR-CORREO-ELECTRONICO_Intervención-ANDJE-radicación-
1300123330002013002101.pdf(.pdf) NroActua 16”, índice 16, Samai.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
obedeció al fenómeno extraordinario de La Niña, caracterizado por un incremento
inusitado del caudal y presión de las aguas del Canal del Dique, situación
imprevisible y de magnitud excepcional.
6.4. Mediante auto del 19 de junio de 202635, se rechazaron por extemporáneas las
solicitudes probatorias de segunda instancia formuladas por la parte demandante y
por Cormagdalena.
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202036, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 201137, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6838 de la Ley 472 de 199839 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 14 de diciembre de 201240, los demandantes ejercieron
el derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
35 “358Autoquerechaz_65964(.pdf) NroActua 165”, índice 165, Samai.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
37 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
38 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
39 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
40 Fl. 34, C.1.
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia41.
2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, en
virtud de lo establecido en los artículos 5042 de la Ley 472 de 1998 y, 15043 y
152.1644 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (sin la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021).
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.1245
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende
La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
41 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
42 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
43 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
44 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
45 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
parte del Estado. En desarrollo de la referida disposición constitucional, la Ley 472
de 1998 reguló dicha acción y en el artículo 3º la definió como aquella que es
"interpuesta por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
En consonancia con lo anterior, los artículos 346 y 4647 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que ésta deberá ser presentada por un número plural de personas que
no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa
común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior de
demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C 116 de 200848:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
46 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
47 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
48 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”49. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional50 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
49 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
50 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo51. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo52. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 53. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
51 Sentencia C-569 de 2004.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
20
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
misma providencia54.
En ese contexto, la existencia de decisiones de la Corte Constitucional encaminadas
a proteger derechos fundamentales mediante la adopción de órdenes estructurales
no excluye, por sí misma, la procedencia del medio de control de reparación de los
perjuicios cuya indemnización se reclama. Cuestión distinta es que, para la
prosperidad de las pretensiones, corresponda a la parte demandante acreditar los
presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado y la causación de los
perjuicios causados al grupo.
Precisado lo anterior, en el caso concreto, se plantea como causa común
generadora del daño la inundación del municipio de Soplaviento ocurrida el 16 de
diciembre de 2010, situación que, según se alega, ocasionó una afectación
patrimonial55 a los habitantes de dicho municipio.
Bajo ese contexto, en el presente asunto actúan como demandantes 732 personas
que manifestaron haber resultado afectadas por la inundación ocurrida en el
municipio de Soplaviento el 16 de diciembre de 2010, por lo que tienen vocación
para integrar el grupo demandante, en la medida en que se evidencia la existencia
de condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
concretada en el detrimento patrimonial que afirman haber sufrido.
Adicionalmente, advierte la Sala que, para efectos de la acción de grupo, basta con
que quien la promueva señale los criterios que permitan la identificación de sus
54 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que
incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. GUAYACÁN ORTIZ, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
55 Alegaron “pérdida total y otros daños en sus predios, pérdida de electrodomésticos (neveras,
televisores, equipos de sonido, muebles y demás enseres)”.
21
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
integrantes por parte del juez, como ocurre en el presente asunto. En efecto, el
grupo se encuentra delimitado por las personas afectadas por la inundación ocurrida
en el municipio de Soplaviento el 16 de diciembre de 2010, quienes afirman haber
sufrido un detrimento patrimonial como consecuencia de ese hecho.
Según lo expuesto, el grupo está conformado por las personas afectadas por la
inundación ocurrida en el municipio de Soplaviento el 16 de diciembre de 2010 que,
aducen, de manera uniforme, haber sufrido un detrimento patrimonial. Ello satisface
los requisitos legales exigidos para la procedencia del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en la sentencia de primera instancia el a quo analizó la caducidad del medio
de control, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por
cuanto se trata de un presupuesto procesal56.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general57, estableció unos plazos para poder ejercer
56 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
57 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción58, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
58 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure59 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 60, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Pues bien, en el sub examine se estima que el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo se ejerció en tiempo, esto es, dentro del término
procesal de dos (2) años previsto por el legislador para el vencimiento de la
pretensión, teniendo en cuenta que: i) el 16 de diciembre de 2010 ocurrió la
inundación del municipio de Soplaviento (hecho probado: 7.1.10); y, ii) la demanda
se presentó el 14 de diciembre de 201261, esto es, dentro del plazo establecido en
la norma antes citada.
59 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
60 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
61 Fl. 34, C.1.
24
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis62.
4.1. En el caso concreto, conforme a lo narrado en precedencia, debe precisarse
que la demanda fue interpuesta por 732 personas que actuaron a través de
apoderado judicial y que adujeron haber sido afectados por la inundación del
municipio de Soplaviento el 16 de diciembre de 2010.
Adicionalmente, las pretensiones de la demanda son netamente reparatorias debido
a que están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios que sufrieron
los integrantes del grupo como consecuencia de la referida inundación.
De esta forma, la Sala considera que las personas que fueron afectadas por la
inundación del municipio de Soplaviento el 16 de diciembre de 2010, están
legitimadas en la causa por activa. En suma, el grupo demandante son las personas
sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están
legitimados en la causa por activa63.
4.2. Cardique está legitimada en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que en la
demanda se le atribuyó el daño, específicamente, por omitir la realización de obras
civiles y técnicas, como dragado y reforzamiento de carreteables del Canal del
Dique que dieron como resultado la inundación del municipio de Soplaviento.
Además, dentro de sus funciones se encuentran las de “promover y ejecutar obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces
62 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
63 En un asunto de similares características, el Consejo de Estado analizó el presupuesto procesal
de la legitimación en la causa por activa en términos semejantes a los aquí expuestos. Sala Primera
Especial de Decisión. Sentencia del 10 de junio de 2021. M.P. María Adriana Marín. Rad. Nro.:
76001-23-31-000-2002-04584-02(AG)REV-SU.
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y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de
su jurisdicción”64. Asimismo, se tiene que el municipio de Soplaviento (Bolívar),
ubicado en la subregión del canal del dique, en donde ocurrió el rompimiento del
canal el 16 de diciembre de 2010 (hecho probado 7.1.10), está dentro de la
jurisdicción de Cardique, tal como lo prevé la Ley 99 de 199365_66.
4.3. Cormagdalena está legitimada en la causa por pasiva, pues en la demanda se
le atribuyó el daño, específicamente, por omitir la realización de obras civiles y
técnicas, como dragado y reforzamiento de carreteables del Canal del Dique que
dieron como resultado la inundación del municipio de Soplaviento; este aspecto,
aunque no se encuentra de manera puntual dentro de su objeto constitucional y
legal, si está relacionado, ya que se circunscribe a la recuperación de la navegación
y de la actividad portuaria, adecuación y conservación de tierras, generación y
distribución de energía, aprovechamiento sostenible y preservación del medio
ambiente en la cuenca del río Magdalena67. Adicionalmente, se acreditó dentro del
proceso que presentó ante el Fondo de Adaptación el proyecto de restauración de
los ecosistemas degradados del Canal del Dique, orientado al control de
inundaciones, regulación de caudales, recuperación ambiental, mantenimiento de
la navegación y mejoramiento de las condiciones de las poblaciones ribereñas, el
64 Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 19.
65 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
66 Ley 99 de 1993, artículo 33. Creación y transformación de las corporaciones autónomas
regionales. La administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo
el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales. […] Créense las siguientes
corporaciones autónomas regionales: […] - Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique,
CARDIQUE, tendrá su sede principal en el distrito de Cartagena de Indias y su jurisdicción
comprenderá el distrito de Cartagena de Indias y los municipios de Turbaco, Turbana, Arjona,
Mahates, San Estanislao de Koztka, Villanueva, Santa Rosa, Santa Catalina, Soplaviento, Calamar,
Guamo, Carmen de Bolívar, San Juan, San Jacinto, Zambrano, Córdoba, María la Baja en el
Departamento de Bolívar; […]”
67 “Ley 161 de 1994 ‘Por la cual se organiza la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de
la Magdalena, se determinan sus fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones’. Artículo 2.
Objeto. La Corporación tendrá como objeto la recuperación de la navegación y de la actividad
portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía, así como
el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y
demás recursos naturales renovables”. Mismo objeto que consagra el artículo 331 de la Constitución
Política y las funciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 161 de 1994 están relacionada con
dicho objeto.
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cual fue aprobado y se encontraba en ejecución. Igualmente, junto con el Fondo de
Adaptación presentaron ante la ANLA el Plan Hidrosedimentológico del Sistema
Canal del Dique (hecho probado; 7.1.12).
4.4. El Invías no se encuentra legitimado en la causa por pasiva pues, aunque
celebró un convenio interadministrativo con el municipio de Soplaviento para el
mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía Soplaviento - Mahates, en
dicho contrato se consignó que dichas actividades serían realizadas por el referido
ente territorial (hecho probado 7.1.11.). Además, el objeto de dicho convenio no
contempló el mantenimiento de la infraestructura u obras necesarias para evitar la
ruptura del canal del dique.
4.5. La Nación está debidamente representada por el Ministerio de Transporte,
pues conforme al artículo 3 del Decreto 101 de 200068; sus funciones consisten en
“coordinar, promover, vigilar y evaluar la ejecución de las políticas del Gobierno
Nacional”, entre otras, relacionadas con la materia de tránsito, transporte y su
infraestructura. Además, se acreditó dentro del proceso que, en desarrollo del
Conpes 3594 de 2009 “Importancia Estratégica del Proyecto Sistema Ambiental y
de navegación del Canal del Dique” aprobó recursos por $221.532 millones,
financiados con aportes del Fondo Nacional de Regalías, el Invias y la Nación, y se
autorizó el cupo de vigencias futuras para el periodo 2010-2012.
4.6. El municipio de Soplaviento se encuentra legitimado en la causa por activa
debido a que, en el marco de sus competencias, conoció de manera oportuna la
situación de emergencia ocasionada por la ola invernal y las crecientes del Canal
del Dique, evaluó sus efectos, adoptó medidas de mitigación, coordinó actuaciones
a través del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres y gestionó apoyo
ante las autoridades departamentales y nacionales (hechos probados 7.1.2. a
7.1.7.). Además, por mandato legal69, le corresponde adoptar e implementar
medidas de prevención y mitigación de riesgos dentro de su jurisdicción.
68 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones".
69 Artículo 76 de la Ley 715 de 2001: “Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
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4.7. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio del Interior, pues
en la demanda no se esgrimen ni se acreditan hechos que lo relacione con la
controversia aquí planteada, ni que a priori comprometa su responsabilidad
patrimonial. En efecto, conforme al artículo 2 del Decreto 2893 de 201170, el
Ministerio del Interior le corresponde formular y coordinar las políticas públicas en
materia de asuntos internos, derechos humanos, orden público, seguridad y
convivencia, participación ciudadana, relaciones con las entidades territoriales y
coordinación interinstitucional para el cumplimiento de los fines del Estado.
4.8. El departamento de Bolívar está legitimado en la causa por activa, por cuanto,
de conformidad con el artículo 298 de la Constitución Política71, le corresponde
ejercer funciones de coordinación, complementariedad de la acción municipal e
intermediación entre la Nación y los municipios, así como promover el desarrollo
dentro de su territorio. Además, tiene a su cargo medidas de prevención y
mitigación dentro de su jurisdicción y hace parte del sistema de prevención y
atención de desastres72. En ese contexto, las pretensiones de la demanda guardan
relación con las competencias que le asistían frente a la atención de la emergencia
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias: (…) 76.9. En prevención y atención de desastres. Los municipios con la
cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán: 76.9.1. Prevenir y atender los desastres en
su jurisdicción.
70 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior
y se integra el Sector Administrativo del Interior.”
71 “Artículo 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio
en los términos establecidos por la Constitución. // Los departamentos ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes”.
72 Artículo 13 de la Ley 1523 de 2012. “Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye
la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del
Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. Parágrafo
1°. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner
en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su
territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. Parágrafo 2°. Los
gobernadores y la administración departamental son la instancia de coordinación de los municipios
que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento”.
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ocasionada por el rompimiento del Canal del Dique y la inundación del municipio
de Soplaviento.
4.9. El Fondo de Adaptación está legitimado en la causa por pasiva, por cuanto, de
conformidad con el artículo 1 del Decreto 4819 de 201073, le corresponde identificar,
estructurar, gestionar y ejecutar proyectos dirigidos a la recuperación, construcción
y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, así como
adelantar acciones de mitigación y prevención de riesgos para evitar la
prolongación de sus efectos y proteger a la población. En ese contexto, las
pretensiones de la demanda guardan relación con las competencias que le fueron
asignadas para atender las consecuencias de la ola invernal que dio lugar a la
inundación del municipio de Soplaviento.
4.10. La UNGRD está legitimada en la causa por pasiva, pues, conforme con los
artículos 374 y 4 del Decreto 4147 de 2011, le corresponde dirigir la implementación
de la política de gestión del riesgo de desastres, coordinar el Sistemas Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres, así como articular, coordinar y
fortalecer las acciones de conocimiento, reducción y manejo del riesgo en los
ámbitos nacional y territorial.
En atención a lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia, se declarará la
falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y
del Invías.
73 “Artículo 1. Creación del Fondo. Créase el Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación,
construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería
jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución
de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación,
construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de
ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos
y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores
agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran
con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación de
sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de
la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo”.
74 “Artículo 3. Objetivo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como
objetivo dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de
desarrollo sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD”.
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5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el detrimento patrimonial alegado por los
demandantes, como consecuencia de la inundación del municipio de Soplaviento el
16 de diciembre de 2010, es atribuible a las demandadas o se originó por una causa
extraña.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; y ii) sobre la fuerza mayor como
causal eximente de responsabilidad.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199175 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad extracontractual a quien cause la lesión
patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento
estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para
establecer el deber de responder por los daños que cause la Administración con su
acción u omisión y es el referido a su asignación a quien deba responder por aquel,
lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y
jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo
anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función
75 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los títulos de
imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que
han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del
servicio, el riesgo excepcional y el daño especial.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. De la fuerza mayor
El artículo 64 del Código Civil establece que “se llama fuerza mayor o caso fortuito
el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.”.
Sobre el alcance de la anterior definición, debe destacarse que la Corte Suprema
de Justicia76 la ha entendido como un concepto unitario de causa extraña, en la que
76 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de abril de 2005, Rad.: 0829-
92; “2. Para dilucidar estos cuestionamientos, es necesario memorar, así sea sucintamente, que la
fuerza mayor o caso fortuito, por definición legal, es “el imprevisto a que no es posible resistir” (art.
64 C.C., sub. art. 1º Ley 95 de 1890), lo que significa que el hecho constitutivo de tal debe ser, por
un lado, ajeno a todo presagio, por lo menos en condiciones de normalidad, y del otro, imposible de
evitar, de modo que el sujeto que lo soporta queda determinado por sus efectos. No se trata
entonces, per se, de cualquier hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que
inexorablemente reúna los mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser
evaluados en cada caso en particular –in concreto-, pues en estas materias conviene proceder con
relativo y cierto empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente
se juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a calificar,
no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, pudiera ser elaborado
en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a precisar qué hechos, irrefragablemente,
pueden ser considerados como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito y cuáles no. Justamente
sobre este particular, bien ha precisado la Sala en jurisprudencia uniforme, que “la fuerza mayor no
es una cuestión de clasificación mecánica de acontecimientos” (sent. 145 de 7 de octubre de 1993);
por eso, entonces, “la calificación de un hecho como fuerza mayor o caso fortuito, debe efectuarse
en cada situación específica, ponderando las circunstancias (de tiempo, modo y lugar) que rodearon
el acontecimiento –acompasadas con las del propio agente- “(Sent. 078 de 23 de junio de 2000), sin
que un hecho pueda “calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica,
como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito” (cas. civ. de 20 de noviembre de 1989; cfme: sent.
087 de 9 de octubre de 1998).”; y sentencia del 9 de diciembre de 2015, Rad.:11001-02-03-000-
2013-01920-00.
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no se distingue entre la fuerza mayor y el caso fortuito, por lo que ambas figuras son
equivalentes y tienen la virtualidad de romper la imputación.
Por su parte, el Consejo de Estado, distinto a la Corte Suprema de Justicia, ha
sostenido uniformemente que la fuerza mayor a diferencia del caso fortuito, es la
única que tiene la entidad suficiente para romper con la imputación y erigirse como
una verdadera causa extraña, pues la primera se entiende como una actividad ajena
y externa al hecho demandado, mientras que el segundo, es propio de la actividad
o servicio que causó el daño. Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación
ha realizado los siguientes pronunciamientos:
“Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso fortuito, la
jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos: en cuanto a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo concierne, dos concepciones se han presentado: la de
considerar que el caso fortuito como el suceso interno, que por consiguiente ocurre
dentro del campo de actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un
acaecimiento externo ajeno a esa actividad y la que estima que hay caso fortuito cuando
la causa del daño es desconocida”.77
Luego, en sentencia proferida el 16 de marzo de 2000, Rad.: 11670, la misma Sección
Tercera estableció:
“Debe tenerse en cuenta, además, la distinción que doctrina y jurisprudencia han hecho
entre la fuerza mayor y el caso fortuito, que, adquiere su mayor interés, dentro del marco
de la responsabilidad por riesgo excepcional. Se ha dicho que la fuerza mayor es causa
extraña y externa al hecho demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e
imprevisible, que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El
caso fortuito, por el contrario, proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede
ser desconocido permanecer oculto, y en la forma que ha sido definido, no constituye
una verdadera causa extraña, con virtualidad para suprimir la imputabilidad del daño”.
Ahora bien, en lo que respecta a la comprobación de la fuerza mayor como eximente
de responsabilidad, esta Sección ha indicado que quien la aduce debe acreditar que
las consecuencias del fenómeno o del hecho generador del daño fueron externas,
imprevisibles e irresistibles al agente, es decir no le es imputable, pues de no ser así
no podría hablarse de una causa extraña.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de
enero de 1993, Rad.: 7365.
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Justamente en sentencia del 15 de junio de 200078, se dijo: “la fuerza mayor sólo se
demuestra: ‘...mediante la prueba de un hecho externo y concreto (causa extraña).
(…) lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno como tal, sino sus
consecuencias (…) En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, el efecto
del fenómeno no solo debe ser irresistible sino también imprevisible, sin que importe
la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. (…) además de imprevisible e
irresistible debe ser exterior al agente, es decir, no serle imputable desde ningún
ámbito; no provenir de su culpa () cuya causa no le es imputable al demandado, y
en cuyo daño no ha existido culpa adicional por parte de este (páginas 334, 335 y
337(79)”.
En conclusión, esta Corporación80 ha determinado que para la prosperidad de esta
causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que
el hecho sea exterior, esto es, que esté dotado de una fuerza destructora abstracta,
cuya realización no es determinada, ni aun indirectamente por la actividad del
ofensor; ii) que el hecho sea imprevisible, pues el suceso escapa a las previsiones
normales, esto es, que ante la conducta prudente adoptada por quien lo alega, era
imposible pronosticarlo o predecirlo; y, iii) que el hecho sea irresistible, es decir, que
ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino
del modo que lo ha hecho
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 29 de
noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante sostuvo que la inundación del 16
de diciembre de 2010 fue consecuencia de la omisión de las entidades demandadas
de adoptar un plan integral de gestión del riesgo, con medidas de prevención,
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de
junio de 2000, Rad.: 12423.
79 TAMAYO JARAMILLO Javier. “De la Responsabilidad Civil” Editorial TEMIS 1986.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia el 26 de febrero de 2004, Rad.: 13833 (en esta
sentencia se reiteraron los conceptos sobre exterioridad, irresistibilidad e imprevisibilidad que
decantó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 13 de noviembre de 1962); sentencia
del 19 de octubre de 2011, Rad.: 20135 y sentencia del 15 de febrero de 2012, Rad.: 21270.
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mitigación, adaptación, reubicación y sistemas de alerta temprana, pese a los
antecedentes de inundación ocurridos en el año 2007. En ese sentido, afirmó que
no se configuró la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad, pues el
riesgo era previsible y las demandadas incumplieron sus deberes de protección
frente a las comunidades ribereñas. Así, alegó que el daño no obedeció
exclusivamente al fenómeno natural, sino también a la conducta negligente de las
entidades, por lo que no procedía la exoneración total de responsabilidad y, a lo
sumo, cabría una reducción de la indemnización.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte actora presentó recurso de
apelación contra la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a analizar aquellos
aspectos frente a los que la parte actora manifestó su inconformidad en la alzada81.
En vista de lo expuesto, entonces, la Sala analizará exclusivamente los cargos
formulados contra la decisión recurrida, esto es, si el detrimento patrimonial alegado
por los demandantes, como consecuencia de la inundación del municipio de
Soplaviento el 16 de diciembre de 2010, es atribuible a las demandadas o se originó
por una causa extraña.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
81 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
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7.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que los recortes de prensa serán
valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como
indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podrían permitir constatar la certeza
de los hechos82que fundan el libelo.
Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Quedó demostrado que, el 17 de enero de 2008, se realizó una reunión de
concertación entre la Alcaldía de Soplaviento, delegados de Cormagdalena,
interventores de la obra, representantes del contratista y miembros de la comunidad,
con el propósito de socializar y concertar la ejecución de las obras de defensa contra
inundaciones, financiadas por el Gobierno Nacional a través de Cormagdalena, en
el marco de la atención de la emergencia invernal. Durante la reunión se informó
que las obras previstas comprendían: (i) el taponamiento del boquete (chorro) que
se abrió en la margen izquierda del Canal del Dique, por donde se produjo la
inundación del municipio; y (ii) la construcción de jarillones o muros de contención
en los sectores más críticos del casco urbano, desde el sector de Maracaná hasta
el matadero, con el fin de prevenir nuevas inundaciones. Asimismo, se explicó que
el contrato tenía un valor de $1.729.000.000, que las labores de topografía e
interventoría ya habían iniciado y que la ejecución de las obras comenzaría una vez
se legalizara el contrato y se trasladara la maquinaria al municipio. Finalmente, se
acordó que la Alcaldía designaría un funcionario para supervisar la ejecución de las
obras y se constituyó una veeduría ciudadana, para ejercer vigilancia y control sobre
su desarrollo. De ello da cuenta copia del acta de concertación83.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
83 Fl. 46 a 50, C. 1.
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7.1.2. Está acreditado que, mediante oficio del 29 de mayo de 2008, el alcalde de
Soplaviento solicitó al director de Cardique modificar el sitio de ejecución del
contrato de obras de defensa contra inundaciones en el jarillón del barrio Manga,
debido a que ese sector ya había sido intervenido por Cormagdalena y la
problemática había sido superada. En su lugar, propuso ejecutar las obras en la
ribera del Canal del Dique, desde la sede de la acción comunal del barrio Román
Vélez hasta el barrio Zarabanda, por tratarse de un tramo que aún presentaba riesgo
de inundación. Finalmente, solicitó que las obras se adelantaran con la mayor
celeridad posible, ante el incremento del nivel del Canal del Dique. De ello da cuenta
copia del mencionado oficio84.
7.1.3. Está probado que en julio de 2008, el asesor técnico de la dirección de
Cormagdalena elaboró un documento titulado “Mantenimiento del Canal del Dique,
Estudios y documentos previos”, en el que justificó la contratación de las obras de
mantenimiento mediante dragado del Canal del Dique para garantizar un calado
mínimo de 1,83 m (6 pies) y la navegabilidad de la vía fluvial; asimismo, delimitó el
alcance técnico del proyecto, el presupuesto oficial, los criterios de selección del
contratista, la distribución de riesgos y las garantías exigidas para la ejecución del
contrato. De ello da cuenta copia del referido documento85.
7.1.4. Consta que, el 5 de mayo de 2009, se reunió el Comité Local de Atención y
Prevención de Desastres del municipio de Soplaviento para evaluar la situación del
ente territorial frente a la temporada invernal y definir las acciones de prevención de
inundaciones. En la reunión, el alcalde informó que ya se adelantaban los trabajos
de taponamiento del “chorro de los chivos”, con recursos gestionados ante
Cardique, y que se tramitaban recursos ante Cormagdalena para ejecutar obras
complementarias de protección. Entre las obras proyectadas se encontraban la
terminación del Jarillón de protección hasta el sector Maracaná, la elevación de los
niveles de protección del jarillón a lo largo de la ribera del Canal del Dique en la
zona urbana, la construcción de un jarillón a lo largo de la ribera del Canal del Dique
en la zona urbana, la construcción de un jarillón en el sector final del barrio
84 Fl. 164, C.1.
85 Fl. 35 a 44 del C.1.
36
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
Ciudadela 2000, para empalmar con la vía San Cristóbal, y la construcción de una
estación de bombeo dotada con dos motobombas de 12 pulgadas para la
evacuación de aguas lluvias del casco urbano. Asimismo, se indicó que se
gestionarían recursos para adquirir otra motobomba destinada al sector del
Cerrejón, debido a su alta vulnerabilidad a inundaciones. De ello da cuenta copia
del acta referida86.
7.1.5. Está acreditado que, el 9 de septiembre de 2010, el secretario general y del
interior del municipio de Soplaviento, departamento de Bolívar, reportó una situación
crítica ocasionada por la ola invernal, al identificar puntos de alto riesgo de
inundación en la margen izquierda del Canal del Dique, el deterioro de la
infraestructura vial por las lluvias y las filtraciones provenientes del canal, así como
el incremento de estancamientos de agua y focos de infección. En consecuencia,
recomendó adoptar medidas urgentes de mitigación, entre ellas, el bombeo de
aguas estancadas, la construcción de obras de contención y el mejoramiento del
sistema de drenaje y de las vías afectadas. De ello da cuenta copia del mencionado
informe87.
7.1.6. Consta que, el 9 de septiembre de 2010, la secretaria de salud del municipio
de Soplaviento, departamento de Bolívar, le informó al alcalde municipal, que la ola
invernal favoreció la aparición de cuatro casos confirmados de dengue y de otras
enfermedades de interés en salud pública, al asociarse con las filtraciones del Canal
del Dique, el estancamiento de aguas lluvias y la acumulación de residuos sólidos,
circunstancias que propiciaban la proliferación de vectores. Así, recomendó
adelantar medidas de saneamiento, control de criaderos, fumigación y educación
comunitaria para mitigar los riesgos sanitarios. De esa información da cuenta copia
del mencionado informe88.
7.1.7. Quedó acreditado que, el 10 de septiembre de 2010, el secretario general y
del interior del municipio de Soplaviento, le informó al alcalde de dicho ente
86 Fl. 68 a 63, C.1.
87 Fl. 89 a 90, C.1.
88 Fl. 91 a 92, C.1.
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
territorial, que las lluvias acaecidas el día anterior, incrementaron las situaciones de
emergencia previamente identificadas, al ocasionar mayores estancamientos de
agua, inundaciones en zonas residenciales y en el área de urgencias del hospital
local, así como otras afectaciones que motivaron la solicitud de atención por parte
de la comunidad. Por tanto, recomendó declarar la urgencia manifiesta para
disponer de los recursos necesarios que permitieran atender la emergencia y las
condiciones de salubridad existentes. De ello da cuenta copia del referido informe89.
7.1.8. Probado quedó que, el 5 de octubre de 2010, los miembros del Comité de
Emergencia Local del municipio de Soplaviento, dejaron constancia del
agravamiento de la emergencia ocasionada por las lluvias y las crecientes del Canal
del Dique, pese a las medidas adoptadas por la administración municipal, entre
ellas, el reforzamiento de la margen izquierda del canal y la evacuación de aguas
mediante motobombas. Asimismo, se informó sobre el incremento de las
inundaciones y afectaciones en los sectores urbano y rural, el aumento de
enfermedades asociadas a la ola invernal, las pérdidas de cultivos y la insuficiencia
de recursos municipales, razón por la cual se insistió en la necesidad de apoyo de
las autoridades departamentales y nacionales para atender la emergencia. De ello
da cuenta copia de la referida acta90.
7.1.9. Está acreditado que, el 9 de noviembre de 2010, el Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres del municipio de Soplaviento, dejó constancia
de la persistencia y agravamiento de la emergencia ocasionada por las lluvias y las
crecientes del Canal del Dique, pese a las medidas adoptadas por la administración
municipal, entre ellas el reforzamiento de jarillones, la evacuación de aguas
mediante motobombas y otras obras de mitigación. Asimismo, informó sobre la
insuficiencia de los recursos municipales, el incremento de las inundaciones y de
los riesgos para la población, el aumento de afectaciones sanitarias y la necesidad
de fortalecer las acciones de prevención, coordinar el apoyo de las entidades
89 Fl. 93, C.1.
90 Fl. 95 a 97, C.1.
38
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
departamentales y nacionales y vincular a la comunidad para atender la
emergencia. De ello da cuenta copia de la mencionada acta91.
7.1.10. Quedó probado que, el 1 de diciembre de 2010, el Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres del municipio de Soplaviento, dejó constancia
de la persistencia y agravamiento de la emergencia ocasionada por la ola invernal
y las crecientes del Canal del Dique, pese a las obras de mitigación ejecutadas,
como el reforzamiento de jarillones y la evacuación de aguas mediante
motobombas. Asimismo, se informó sobre el riesgo de nuevas inundaciones, el
deterioro de la infraestructura vial, el aumento de problemas sanitarios y la
insuficiencia de recursos municipales para atender la emergencia, por lo que se
reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, coordinar el apoyo de
las entidades competentes y promover la participación de la comunidad para
enfrentar la situación. De ello da cuenta copia del acta suscrita en esa fecha92.
7.1.11. Está probado que, mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, el
Presidente de la República junto con todos sus ministros, declararon “el estado de
emergencia económica, social y ecológica” en todo el territorio nacional por el
término de treinta días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública e impedir
la extensión de sus efectos. Además, señaló que la situación estaba siendo atendida
por todas las entidades que conformaban el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, pero sus recursos y medios de acción eran insuficientes
para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos De esta información da
cuenta copia de dicho decreto93.
7.1.12. Quedó demostrado que, en fecha indeterminada, en el marco del II congreso
Nacional del Clima 2011, el ingeniero geógrafo, Christian Uscátegui, y el
meteorólogo, Gonzalo Hurtado, presentaron el “Análisis del impacto del fenómeno
“La Niña” 2010-2011 en la hidroclimatología del país”. De ello da cuenta copia del
referido documento94, del cual se destaca lo siguiente:
91 Fl. 98 a 102, C.1.
92 Fl. 103 a 107, C.1.
93 Fl. 2453 a 2456, C.13.
94 Fl. 2462 a 2477, C.13.
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
“[…] 3.2. Impacto del Evento “La Niña” 2010 en las lluvias, temperaturas y niveles de
los ríos
3.2.1 Impacto de "La Niña" 2010/11 en la precipitación
Los mapas de anomalías mensuales de precipitación (mapas 1 a 12) en los que se
pueden determinar espacialmente los excesos o déficits de lluvia en relación con los
promedios históricos de cada mes, permiten determinar el siguiente patrón de
comportamiento:
[…] Región Caribe: el primer bimestre fue seco, como consecuencia del fenómeno "El
Niño"; a partir de junio, se registró un largo período de lluvias excesivas, producidas
por el evento "La Niña" 2010/11, tan solo en enero/11 comenzó a ceder parcialmente.
Los impactos de esta larga temporada de lluvias por encima de lo normal, fueron
similares a los de la región Andina y las pérdidas económicas y sociales fueron
enormes en toda la región.
[…] El primer trimestre del año 2010, refleja deficiencias en la región Andina, como
producto de la etapa final del evento "El Niño". En cambio, en la región Caribe, el
trimestre acumulado se ve dominado por los excesos que se presentaron durante el
mes de marzo, a pesar de que los dos primeros meses fueron claramente deficitarios;
es importante tener presente que por ser una época de lluvias muy escasas, unas
precipitaciones esporádicas hacen que se superen notoriamente los promedios. En
los siguientes tres trimestres y hasta el mes de diciembre, el efecto de "La Niña"
es muy claro, con excesos de lluvia dominando la mayor parte de las regiones
Andina, Caribe y Pacífica. Adicionalmente, los dos primeros trimestres del 2011,
estuvieron caracterizados por lluvias excesivas en la mayor parte del país.
[…] 3.2.3 Impacto del fenómeno "La Niña" 2010/11 en los niveles de los ríos
En las figuras 19 a la 22, se aprecia la marcha anual de los niveles durante los últimos
años, en tres estaciones hidrológicas representativas: El Plato, Gamarra y El Banco,
sobre el Magdalena y la estación La Coquera en el Bajo Cauca. El año 2010 (línea
más gruesa), registro en todos los puntos, un comportamiento similar. A partir de
marzo, comenzó un sostenido ascenso de los niveles hasta alcanzar
aproximadamente la cota de desbordamiento hacia al mes de junio. Como se puede
apreciar, en las curvas correspondientes a los años restantes, este comportamiento
es normal. Adicionalmente, por lo general, durante el mes de julio, los niveles
comienzan a bajar y este descenso se mantiene hasta el mes de septiembre, cuando
comienza la segunda temporada lluviosa. En el año 2010, sin embargo, los niveles no
bajaron a mitad de año, sino que, por el contrario, continuaron subiendo, como
consecuencia de las lluvias tan anómalas registradas en julio. Esta fue la razón por la
cual la segunda temporada lluviosa encontró los ríos en niveles próximos o superiores
a las cotas de desbordamiento, ocasionando el desastre invernal ya conocido, ante
volúmenes de precipitación también mayormente excesivos entre agosto y diciembre
de 2010, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.
La situación generada por las lluvias excesivas, se reflejó en el comportamiento de
los principales ríos y sus afluentes de todo el país. Los ríos Magdalena y Cauca, que
atraviesan el país de sur a norte, mantuvieron niveles críticos desde la cuenca media
en adelante superando cotas de desbordamiento para numerosas poblaciones
ubicadas a lo largo de la zona ribereña, que afectaron infraestructuras y ocasionaron
40
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
muchos damnificados por destrucción de viviendas y vías de acceso; también se
inundaron extensas áreas de cultivo de toda la región Caribe y se generaron
millonarias pérdidas en agricultura y ganadería.
Conclusiones
El fenómeno de "La Niña" 2010-2011, mostró un alto acoplamiento entre los diferentes
indicadores océano-atmosféricos que caracterizan y definen su ocurrencia. La
comparación del índice multivariado (MEl) en eventos "Niñas" fuertes con el fenómeno
2010-2011 permite concluir que esta "Niña" ha sido una de las más fuertes de la
historia.
El comportamiento hidroclimático del país durante el fenómeno de "La Niña" 2010-
2011, demuestra la alta incidencia del evento en las regiones Caribe, Andina y
Pacífica, mientras que para la zona oriental, está mayormente condicionado por los
procesos océano-atmosféricos presentes en el Atlántico oriental.
Aunque en la mayoría de los meses del segundo semestre del 2010 se presentaron
condiciones excesivas de lluvia, es importante mencionar que los excesos
notorios de precipitación registrados en julio y atípicos para una temporada que
es normalmente de pocas lluvias, fueron un factor preponderante para que los
niveles de los ríos no bajaran, como comúnmente lo hacen en julio y agosto, y por
el contrario, siguieran ascendiendo, traslapándose con la segunda temporada
lluviosa la cual también fue marcadamente excesiva, situación que conllevó a
las emergencias socioeconómicas ya mencionadas.
Las curvas de niveles de los ríos Cauca y Magdalena, especialmente en sus partes
medias y bajas, dejan entrever una influencia marcada de la variabilidad interanual,
en su comportamiento extremo. Se destaca que durante "El Niño" 2009-2010, se
tuvieron los niveles históricos más bajos, con problemas de desabastecimiento
en muchas poblaciones del país, y en tan solo seis a siete meses, ante la
presencia de "La Niña" 2010-2011, se alcanzaron no solo las cotas de
inundación, sino a su vez, los valores extremos más altos de la última década
[…]”.
7.1.13. Quedó acreditado que, el 6 de agosto de 2012, el inspector central de Policía
del municipio de Soplaviento, departamento de Bolívar, certificó “Que la comunidad
de Soplaviento, fue inundada por las aguas del río Magdalena, el cual vierte al Canal
del Dique, quien fue devastador de este municipio ribereño, el día 16 de diciembre
del año 2010; por tanto, esta comunidad fue damnificada por este fenómeno
invernal”. De ello da cuenta copia de la mencionada certificación95.
7.1.14. Quedó demostrado que, en fecha indeterminada y con fundamento en el
“Registro Único de Damnificados por el fenómeno de La Niña 2010-2011”
(REUNIDOS), la UNGRD aportó al proceso, un listado consolidado de personas
95 Fl. 2057, C. 11.
41
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
afectadas por la inundación ocurrida en el municipio de Soplaviento el 16 de
diciembre de 2010, en el que se relacionan los beneficiarios de las ayudas
humanitarias entregadas, tales como alimentos y subsidios de arrendamiento, así
como las personas cuyas viviendas fueron reportadas como pérdida total o parcial.
De ello da cuenta el documento contentivo del referido listado96.
7.1.15. Quedó probado que, el 30 de julio de 2013, el Invias y el municipio de
Soplaviento suscribieron el convenio interadministrativo No. 953 de 2013, en el que
convinieron: “CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - Por el presente convenio EL
MUNICIPIO realizará el MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE LA VÍA SOPLAVIENTO – MAHATES, MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, de acuerdo con las estipulaciones del presente
convenio. PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá contratar las obras de
conformidad con los documentos técnicos entregados por el INSTITUTO”. De ello
da cuenta copia del referido convenio97.
7.1.16. Se acreditó que, el 1 de agosto de 2017, el Ministerio de Transporte, informó
sobre el cumplimiento del documento Conpes 3594 de 2009 “Importancia
Estratégica del Proyecto Sistema Ambiental y de navegación del Canal del Dique”
en el que precisó que, en desarrollo del referido Conpes se aprobaron recursos por
$221.532 millones, financiados con aportes del Fondo Nacional de Regalías, el
Invias y la Nación, y se autorizó el cupo de vigencias futuras para el periodo 2010-
2012. Agregó que Cormagdalena, adelantó el proceso licitatorio para los diseños y
obras, así como la interventoría correspondiente; no obstante, señaló, que el
contrato fue liquidado bilateralmente en 2011 por el incumplimiento de los objetivos
del proyecto. Precisó que, posteriormente, Cormagdalena presentó ante el Fondo
de Adaptación el proyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal
del Dique, orientado al control de inundaciones, regulación de caudales,
recuperación ambiental, mantenimiento de la navegación y mejoramiento de las
condiciones de las poblaciones ribereñas, el cual fue aprobado y se encontraba en
ejecución. Igualmente, sostuvo que el Fondo de Adaptación y Cormagdalena
96 Fl. 2400, CD, C.12.
97 Fl. 2208 a 2214, C.12.
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
presentaron ante la ANLA el Plan Hidrosedimentológico del Sistema Canal del
Dique, pendiente de pronunciamiento por parte de esa autoridad ambiental.
Adicionalmente, señaló que, en cumplimiento del Conpes 3700 de 2011, el
Ministerio de Transporte formuló el “Plan de Acción de Mitigación para el Cambio
Climático” (PAS) y el “Plan de Adaptación para la Red Vial Nacional” con el propósito
de incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la
infraestructura de transporte. En ese marco, elaboró estudios de riesgo
climatológico de la red vial primaria, desarrolló estudios piloto de vulnerabilidad en
corredores priorizados, formuló un Plan Integral de Cambio Climático para los
puertos marítimos del país y creó, mediante la Resolución 0005845 de 2015, el
Grupo de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte para fortalecer la
implementación y seguimiento de las políticas ambientales y de cambio climático.
De ello da cuenta copia del mencionado informe98.
7.1.17. Está acreditado que, el 1 de agosto de 2017, la subdirectora de Meteorología
y el subdirector de Hidrología del IDEAM certificaron “las condiciones hidrológicas
que se presentaron en el decenio 2000-2009 en el Río Magdalena y el Canal del
Dique, las condiciones hidrológicas en el bajo Magdalena y el Canal del Dique para
los años 2010-2011, las variaciones de los niveles en los últimos 15 días de
noviembre de 2010 y durante el 30 de noviembre del mismo año, además de las
cotas (niveles) en las estribaciones del Canal del Dique en los últimos veinte (20)
años”. De ello da cuento copia del referido documento99, del que se destaca lo
siguiente (se transcribe incluso con posibles errores):
“[…] ANÁLISIS CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN EL BAJO Magdalena para el
decenio 2000-2009
Tal y como se observa en los gráficos siguientes para la cuenca del río Magdalena,
se presentaron para la década del 2000- 2009, dos periodos de aguas altas, el
primero se registra entre mayo a julio y el segundo periodo entre octubre - diciembre,
correspondiéndole a este último los mayores niveles. Asimismo, se registra una época
seca (niveles Bajos) entre febrero a abril, con una diminución de niveles, pero siempre
por debajo de la cota critica (línea continua roja para todas las gráficas), y otra seca
entre mayo a julio; es importante tener en cuenta que las estaciones Hidrológicas del
98 Fl. 2633 a 2634, C.14.
99 Fl. 2643 a 2672, C.14.
43
Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
Bajo Magdalena presentan un comportamiento de régimen influido por las ciénagas
que atenúan las crecientes (en niveles altos) y en épocas de niveles bajos le aportan
caudales a rio Magdalena y este efecto se registra notoriamente en la estación de
Plato.
Se puede deducir que los niveles en el transcurso de estos últimos años (2000-2009),
presentan un régimen dentro de lo normal en el primer semestre; y para el segundo
semestre, los niveles superaron la cota critica ligeramente los años 2006, 2007 y
2009; es decir un comportamiento que va acorde con el régimen de lluvias para el
territorio colombiano y que incide en las fluctuaciones de los niveles y caudales en
general para la cuenca del Magdalena y del Canal del Dique. (…) Pero el año 2010
superó ampliamente las condiciones críticas hidrológicas sobre el rio magdalena y
sobre el canal del dique […].
ANÁLISIS CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN EL BAJO MAGDALENA PARA EL
AÑO 2010
Ahora en cuanto al comportamiento de los niveles para el año del 2010 corresponde
a un año atípico, es decir, los niveles no se comportaron normalmente como un
régimen Bimodal, los niveles iniciaron su ascenso paulatino y constante a partir del
mes de marzo hasta finalizar diciembre alcanzando valores de niveles muy altos con
respecto al comportamiento medio histórico 1972-2012, superando la cota critica (cota
de desbordamiento) a partir del mes de septiembre en El Banco, en tanto, para las
estaciones de Plato y Calamar la cota critica fue superada a partir del mes de agosto
de 2010 y al comparar los registros del año 2010 con los promedios históricos
1972-2012, los valores registrados en el año 2010 superaron altamente el 100%
de los niveles y los caudales.
[…]
Con respecto al Canal del Dique, el comportamiento de lo niveles para el año 2010,
alcanzaron valores máximos de toda la serie histórica (1973-2012) de los datos de
niveles registrados […]. El comportamiento de los niveles fue muy similar al rio
Magdalena, dado que el Canal del Dique se encuentra influenciado por el
comportamiento y fluctuación de los niveles del rio Magdalena y guarda proporcional
similitud con respecto a la variación anual y mensual. Sin embargo, los niveles en la
estación de Gambote, posterior a la fecha de falla del dique cerca al municipio de
Santa Lucia, se ven afectados por el caudal derivado hacia la zona inundación.
Para este análisis de EXCEDENCIAS se tuvo en cuenta toda la serie histórica de
niveles para cada estación […]. En particular durante el segundo semestre de
2010 y primer semestre de 2011, el territorio colombiano estuvo bajo la
influencia de un fenómeno Niña de características fuertes, que ocasionó
también fuertes incrementos en los niveles sobre el cauce principal del rio
Magdalena y en el Canal del Dique, que superaron las condiciones históricas
normales del 100% para el mes de noviembre de 2010, alcanzando valores por
encima de los normal en los meses antecedentes (Julio 132%, Agostos 144%,
Septiembre 141%, Octubre 127%, Noviembre 117% y Diciembre 128%) y para los
meses del 2011 (Enero 133%, Febrero 125%, Marzo 137%, Abril 135%, Mayo 129%,
y Junio 115%) en la estación del Banco (Magdalena); para la estación de Plato
(Magdalena) los registros superaron el promedio histórico para los meses del año
2010 (Julio 121%, Agosto 141%, Septiembre 142%, Octubre 139%, Noviembre 129%
y Diciembre 137%) y para el año del 2011 (Enero 134%, Febrero 121%, Marzo 130%,
Abril 129%, Mayo 137%, Junio 133% y Julio 126%); para la estación de Calamar
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
(Bolivar) año 2010 (Julio 126%, Agosto 152%, Septiembre 150%, Octubre 141%,
Noviembre 127%, Diciembre 130% y para el año 2011 tenemos que en Enero 147%,
Febrero 143%, Marzo 151%, Abril 149%, Mayo 150% Ect.). Los datos de niveles
ocurridos para el Canal del Dique, tenemos que el comportamiento superó los
promedios históricos en la estación Incora K-7 año 2010 (Julio 130%, Agosto 155%,
Septiembre 154%, Octubre 143%, Noviembre 130% y Diciembre 128% y para el año
2011 fue: Enero 141%, Febrero150%, Marzo 158%, Abril 154%, Mayo 156%, ect.);
para la estación Compuertas del Canal del Dique (Julio 130%, Agosto 155%,
Septiembre 148%, Octubre 141%, Noviembre 128% y Diciembre SD, para el año
2011: Enero 130%, Febrero 161%, Marzo 159%, Abril 154,%, Mayo 151% ect.); en la
estación de Gambote (Julio 113%, Agosto 119%, Septiembre 119%, Octubre 116%,
Noviembre 113%, Diciembre SD, datos del año 2011, Enero 122%, Febrero 122%,
Marzo 119%, Abril 119%, Mayo 123% y Junio 118%).
Del anterior análisis de excedencias, se deduce que el comportamiento de los niveles
en las diferentes estaciones hidrológicas a partir del mes de noviembre de 2010,
incidió para que el rio Magdalena se desbordara en la cuenca Baja y en el Canal del
Dique […].
ANÁLISIS COMPORTAMIENTO NIVELES CANAL DEL DIQUE
[…] Los datos de niveles mensuales registrados en el Canal del Dique durante el año
2010 para la estación Incora K-7, los niveles estuvieron por encima de los valores
promedios multianuales: Junio (111%), Julio (130%), Agosto (155%), Septiembre
(154%), Octubre (143%), Noviembre (130%) y Diciembre (128%) […]; de igual manera
la estación Compuertas, registra valores por encima del 100% a partir del mes de
Julio a Noviembre (Diciembre sin dato) […]; y en la estación de Gambote, los niveles
registran valores con excedencia de los promedios multimensuales históricos a partir
de Julio a Diciembre por encima del 100% […].
Con Respecto al año 2011 en las estaciones en referencia, el comportamiento de los
Niveles registró valores por encima del promedio multianual histórico en todo el año
superando el 100% para el total de las estaciones analizadas […].
ANÁLISIS COMPORTAMIENTO NIVELES RIO MAGDALENA CUENCA BAJA
[…] los datos de niveles mensuales registrados en el rio Magdalena durante el año
2010 para la estación EL BANCO, los niveles estuvieron por encima de los valores
promedios mensuales: Junio (112%), Julio (132%), Agosto (144%), Septiembre
(141%), Octubre (127%), Noviembre (117%) y Diciembre (128%); de igual manera
para la estación PLATO, registra valores por encima del 100% a partir del mes de
Julio a Diciembre; y en la estación de CALAMAR, los niveles registran valores con
excedencia del promedio mensual a partir de Junio a Diciembre por encima del 100%.
[…]
CAUSAS O RAZONES DE LAS ELEVACIONES DE LOS NIVELES DEL
MAGDALENA EN LOS ÚLTIMOS QUINCE (15) DÍAS DE NOVIEMBRE DE 2010
Las causas fueron un altísimo incremento en las precipitaciones sobre la cuenca Alta
del rio Magdalena, que generaron incremento en los niveles y caudales a lo largo de
todo el cauce del rio Magdalena, provocado por: "un fenómeno típico de "La Niña",
los efectos climáticos empiezan a sentirse desde mediados de año con un incremento
de las lluvias en las regiones Caribe y Andina. Los mayores impactos que se
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Radicado: 13001233300020130021001 (65964)
Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
evidenciaron en la segunda temporada lluviosa de 2010, también pueden presentarse
durante la primera temporada de lluvias de 2011, manifestándose en un aumento
significativo de los niveles de los ríos y con ello la probabilidad de inundaciones lentas,
crecientes súbitos en las zonas de alta pendiente y aumento en la probabilidad de
deslizamientos de tierra (Erosión lateral en las márgenes de los ríos). Es importante
señalar, que cada evento "La Niña" es diferente y que su repercusión en el clima
nacional, no solo está dada por la intensidad del mismo, sino también, por la
interacción que pueda presentar con otro tipo de fenómenos océano - atmosféricos
presentes en el Atlántico y más específicamente en el mar Caribe.
LAS CAUSAS O RAZONES TÉCNICAS DEL DESBORDAMIENTO DEL RIO
MAGDALENA EN EL CANAL DEL DIQUE
En particular durante el segundo semestre de 2010 y primer semestre de 2011, el
territorio colombiano se vio bajo la influencia de un fenómeno Niña de
características fuertes, que ocasionó un fuerte incremento de los niveles sobre
el cauce principal del rio Magdalena y en el Canal del Dique, que superaron las
condiciones normales del 100% para el mes de noviembre de 2010, alcanzando
valores por encima de los normales en los meses antecedentes (julio 132%, agostos
144%, septiembre 141%, octubre 127%, noviembre 117%) para la estación del Banco;
para la estación de Plato (julio 121%, agosto 141%, septiembre 142%, octubre 139%,
noviembre 129% y diciembre 139%); para la estación de Calamar (julio 126%, agosto
152%, septiembre 150%, octubre 141%, noviembre 127%, diciembre 130%). Para el
Canal del Dique en las estaciones indicadas en cuadro No.2 tenemos que el
comportamiento de los niveles fueron para la estación de Incora K-7 (Julio 130%,
agosto 155%, septiembre 154%, octubre 143%, noviembre 130%); para la estación
Compuertas del Canal del Dique (julio 130%, agosto 155%, septiembre 148%, octubre
141%, noviembre 128%); en la estación de Gambote (julio 113%, agosto 119%,
septiembre 119%, octubre 116%, noviembre 113%).
Este comportamiento de los niveles en las diferentes estaciones hidrológicas para el
mes de noviembre de 2010, incidió para que el rio Magdalena se desbordara en la
cuenca Baja y en el Canal del Dique […]”.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
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utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración100-101.
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho102, que contraría el orden legal103 o que
está desprovista de una causa que la justifique104, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar
una situación reconocida o protegida105, violando de manera directa el principio
alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro
sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice
que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el sub examine, el daño alegado en la demanda, consiste en el detrimento
100 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
101 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
102 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
103 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
104 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
105 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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patrimonial padecido por los habitantes del municipio de Soplaviento como
consecuencia de la inundación de dicho ente territorial, ocurrida el 16 de diciembre
de 2010.
Pues bien, una vez valorados íntegramente los medios de prueba decretados y
practicados en el proceso, la Sala encuentra que este se encuentra plenamente
acreditado. En efecto, quedó demostrado que durante el año 2010 la situación de
riesgo por inundaciones en la ribera del Canal del Dique se agravó progresivamente
como consecuencia de la intensa temporada invernal, circunstancia que motivó la
elaboración de múltiples informes técnicos y la celebración de varias sesiones del
Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres del municipio de
Soplaviento, en las cuales se dejó constancia del incremento de las inundaciones,
las afectaciones a viviendas, infraestructura, cultivos y condiciones sanitarias, así
como la insuficiencia de recursos disponibles para atender la emergencia (hechos
probados: 7.1.5. a 7.1.10). A ello se suma la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológica mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010
(hecho probado (7.1.11).
De igual forma, la materialización de la inundación del municipio de Soplaviento el
16 de diciembre de 2010 y las afectaciones patrimoniales derivadas de ella
quedaron acreditadas con la certificación expedida por el Inspector Central de
Policía del municipio, que dio cuenta de que la población resultó damnificada por
dicho fenómeno (hecho probado: 7.1.13), en conjunto con las demás pruebas que
obran en el expediente, especialmente, con el listado consolidado aportado por la
UNGRD, elaborado con fundamento en el Registro Único de Damnificados por el
fenómenos de La Niña 2010-2011 (REUNIDOS), que permite establecer que la
inundación ocurrida el 16 de diciembre de 2010 ocasionó afectaciones patrimoniales
a algunos habitantes del municipio de Soplaviento, en tanto identifica a las personas
cuyas viviendas fueron reportadas con pérdida total o parcial, así como a quienes
requirieron ayudas humanitarias, tales como alimentos y subsidios de
arrendamiento, como consecuencia de dicho evento(hecho probado 7.1.14).
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Así, se tiene que el daño tiene el carácter de antijurídico porque no hay título jurídico
que lo justifique y recae sobre un bien jurídico protegido por el Estado, como lo es
la propiedad privada. En efecto, el artículo 2 de la Constitución Política106 establece
que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares; de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre ellos
se generen resultan antijurídicos. Además, el artículo 58 de la Carta Política dispone
que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al
interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones
(...)”.
7.2.2. Imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a las accionadas, es
menester establecer si éste les es atribuible fáctica y jurídicamente.
Para el Tribunal de primera instancia, el daño antijurídico no es imputable a las
entidades demandadas, pues obedeció a un evento de fuerza mayor derivado del
fenómeno de La Niña. Para ello, se apoyó en los estudios del IDEAM, los cuales
evidenciaron que durante los años 2010 y 2011 se registraron precipitaciones
extraordinarias y niveles históricamente atípicos en el Canal del Dique,
circunstancias que, a su juicio, constituyeron un hecho irresistible e imprevisible que
exoneraba de responsabilidad al Estado.
106 “Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
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Por su parte, el grupo demandante, sostuvo que la inundación del 16 de diciembre
de 2010 fue consecuencia de la omisión de las entidades demandadas de adoptar
un plan integral de gestión del riesgo, con medidas de prevención, mitigación,
adaptación, reubicación y sistemas de alerta temprana, pese a los antecedentes de
inundación ocurridos en el año 2007. En ese sentido, afirmó que no se configuró la
fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad, pues el riesgo era
previsible y las demandadas incumplieron sus deberes de protección frente a las
comunidades ribereñas. Se alegó entonces que el daño no obedeció
exclusivamente al fenómeno natural, sino también a la conducta negligente de las
entidades, por lo que no procedía la exoneración total de responsabilidad.
Así pues, si bien la parte actora aduce que la inundación del municipio de
Soplaviento, producto de la ruptura del Canal del Dique el 16 de diciembre de 2010,
es imputable a las entidades demandadas, puesto que omitieron el mantenimiento
de la infraestructura de dicho canal, lo que propició su ruptura y el fatal movimiento
de aguas que produjo múltiples daños a los inmuebles, muebles y enseres del grupo
demandante, lo cierto es que no obra en el proceso ningún medio de prueba que
dé cuenta de dicho incumplimiento.
En efecto, las pruebas recaudadas no acreditan que las demandadas hubieran
incumplido los deberes de mantenimiento que les eran exigibles, ni que existiera un
deterioro de la infraestructura del Canal del Dique atribuible a su conducta y que
hubiera determinado la ruptura ocurrida el 16 de diciembre de 2010. Por el contrario,
los documentos obrantes en el expediente evidencian que, desde el año 2008, se
proyectaron y ejecutaron distintas intervenciones orientadas a reducir el riesgo de
inundación tales como el taponamiento del denominado “chorro”, la construcción y
reforzamiento de jarillones, la elevación de sus niveles, la instalación de estaciones
de bombeo y la contratación de obras de mantenimiento mediante dragado del
Canal del Dique (hechos probados: 7.1.1. a 7.1.4). De igual forma, durante el año
2010 las autoridades municipales adelantaron acciones permanentes de atención
y mitigación de la emergencia, entre ellas el reforzamiento de los jarillones, la
evacuación de aguas mediante motobombas y la gestión de recursos antes las
entidades competentes, aunque reiteradamente advirtieron que la magnitud del
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fenómeno desbordaba la capacidad de respuesta del municipio (hechos probados:
7.1.5. a 7.1.11).
Aunado a ello, los informes técnicos del IDEAM atribuyen el comportamiento
excepcional de los niveles del río Magdalena y del Canal del Dique al fenómeno de
La Niña 2010-2011, cuyas precipitaciones extraordinarias ocasionaron que los
niveles del sistema hídrico superaran ampliamente los registros históricos y las
cotas de desbordamiento, sin que dichos documentos identifiquen como causa del
evento una deficiente conservación o mantenimiento del Canal del Dique (Hechos
probados 7.1.12 y 7.1.17).
En ese contexto, si bien las entidades demandadas adoptaron diversas medidas de
prevención, mantenimiento y mitigación encaminadas a reducir el riesgo de
inundación, la intensidad excepcional de las precipitaciones asociadas al fenómeno
de La Niña 2010-2011 provocó que los niveles del río Magdalena y del Canal de
Dique superaran ampliamente los registros históricos y las cotas de
desbordamiento, configurando un evento de magnitud extraordinaria que excedió
la capacidad de respuesta de las obras ejecutadas y de las autoridades
competentes.
En cuanto a la atención de la emergencia, se observa que, a través del Decreto
4580 del 7 de diciembre de 2010107 el Presidente de la República declaró el estado
de emergencia nacional considerando que “el fenómeno de La Niña desatado en
todo el país, constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e
imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e irresistible” y que “han perdido
la vida más de 200 personas, han desaparecido más de 120, han resultado heridas
cerca de 250, hay 337.513 familias afectadas, 2.049 viviendas destruidas y 275.569
viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia”. Además, señaló que la
situación estaba siendo atendida por todas las entidades que conformaban el
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, pero sus recursos y
107 “Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave
calamidad pública”.
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medios de acción eran insuficientes para conjurar la crisis y evitar la extensión de
sus efectos.
Dicho Decreto fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011, de la cual se destaca lo siguiente:
“[…] Considera esta Corte que los sucesos acaecidos a raíz del fenómeno de la Niña
2010, agudizados a partir del mes de noviembre del mismo año y con consecuencias
desastrosas a nivel social, económico y ecológico -como se ha demostrado
probatoriamente en esta providencia- son hecho notorio, conocido por todo el país a
través de las diferentes formas sociales de comunicación. Con base en los sucesos
climáticos vividos en Colombia desde mediados del año 2010 y recrudecidos desde
noviembre del mismo año, no cabe duda de que son constitutivos de grave calamidad
pública con inmenso impacto en el orden económico, social y ecológico; hechos
desde luego imprevisibles y sobrevinientes acorde con lo ya expuesto. El Gobierno
Nacional utilizó (i) los recursos de que disponía para conjurar la crisis producida, (ii)
decretó en un primer momento la situación de calamidad pública, posteriormente y
ante la agudización del fenómeno Niña 2010 se (iii) declaró la situación de desastre,
las dos anteriores contenidas en el decreto 919 de 1989. Así las cosas, el volumen
de las precipitaciones, la exacerbación súbita del fenómeno y las dimensiones
inconmensurables de las secuelas sufridas a causa de este, hicieron que las
mencionadas medidas -todas de carácter ordinario- resultaran abiertamente
insuficientes y exiguas ante la crisis presentada”
De modo que el Estado sumó múltiples esfuerzos para afrontar la situación y
coordinar acciones y recursos para enfrentar la crisis, en virtud de la declaratoria de
desastre nacional y de emergencia, la que permitió que se coordinaran las acciones
y recursos para enfrentar las problemáticas generadas no solo en el departamento
de Bolívar, sino en todo el territorio nacional.
A ello se suma que el expediente carece de prueba técnica, o de cualquier otro
medio de convicción idóneo que permita establecer cuáles eran las condiciones
estructurales e hidráulicas del Canal del Dique antes de su ruptura. En particular,
no existe evidencia que demuestre la presencia de puntos críticos, fallas o zonas
de vulnerabilidad que hicieran previsible el colapso y que exigieran la adopción de
obras o medidas adicionales a las que ya se venían ejecutando por la
administración.
Ahora bien, el hecho de que en el año 2007 se hubiera presentado una inundación
en el municipio de Soplaviento no permite, por sí solo, atribuir responsabilidad a las
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entidades demandadas por los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 2010. Por
el contrario, como se ha indicado en precedencia, el acervo probatorio demuestra
que, con posterioridad a dicho evento, se adoptaron diversas medidas
encaminadas a prevenir nuevas inundaciones, entre ellas el taponamiento del
boquete por el que habían ingresado las aguas, la construcción y reforzamiento de
jarillones, la ejecución de obras complementarias de protección, la contratación de
labores de mantenimiento del Canal del Dique mediante dragado, la instalación e
sistemas de bombeo y el seguimiento permanente de la situación por parte de las
autoridades locales y nacionales. En consecuencia, la sola ocurrencia de un
antecedente de inundación no demuestra la existencia de una omisión atribuible a
las demandadas, máxime cuando las pruebas acreditan que lo que finalmente
desbordó la capacidad de tales obras y medidas fue la intensidad extraordinaria del
fenómeno de La niña 2010-2011, cuyas precipitaciones y niveles hidrológicos
superaron ampliamente los registros históricos y las cotas críticas del río
Magdalena y del Canal del Dique.
En esas condiciones, en el expediente se encontró acreditada la ocurrencia de la
inundación y el daño sufrido por los demandantes, pero no se probó el supuesto en
el que fundamentan la imputación los accionantes, esto es, que la ruptura del Canal
del Dique obedeciera al incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento
atribuidas a las entidades demandadas.
Todo lo anterior conduce a concluir que, en el presente caso, se configuró la causal
eximente de responsabilidad consistente en la fuerza mayor. En efecto, el fenómeno
de La Niña 2010-2011 generó precipitaciones y crecientes que superaron
ampliamente los registros históricos y los escenarios razonablemente previsibles
que sirvieron de base para el diseño de las obras de contención y para la adopción
de las medidas de prevención y mitigación implementadas por las entidades
demandadas. La magnitud excepcional del evento desbordó la capacidad de
respuesta de la infraestructura existente y de las acciones desplegadas para
enfrentar la emergencia. Además, las pruebas obrantes en el expediente no
permiten establecer qué otras medidas concretas y razonablemente exigibles
habrían podido adoptarse para evitar la ruptura del Canal del Dique o mitigar las
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inundaciones. De manera que, esas condiciones, permiten afirmar que se reúnen
cada uno de los elementos de la fuerza mayor como pasa a explicarse.
En efecto, se tiene que la inundación ocurrida en Soplaviento se trató de un hecho
exterior, consistente en las extraordinarias precipitaciones ocasionadas por el
fenómeno de La Niña durante el segundo semestre del año 2010, las cuales
alcanzaron niveles sin precedentes en los registros históricos y constituyeron un
fenómeno natural de tal magnitud, que provocó que el gobierno declarara el estado
de emergencia económica, social y ecológica por razón de la grave calamidad
pública, pues tuvo una intensidad solo comparada con la ocurrida en 1949 y generó
un desastre natural de dimensiones extraordinarias que el Estado enfrentó con toda
su capacidad institucional, como dan cuenta el Decreto 4580 del 7 de diciembre de
2010 y la sentencia C-156 del 9 de marzo de 2011 de la Corte Constitucional.
Consistió, además, en un hecho imprevisible, pues, aunque las entidades
demandadas conocían desde mediados del año 2010 el incremento de las
precipitaciones, lo que escapaba a toda previsión razonable era la magnitud que
alcanzaría el fenómeno.
En efecto, no era previsible que las lluvias ocasionaran un incremento del caudal
del río Magdalena de tal entidad que provocara la ruptura del Canal del Dique,
infraestructura diseñada precisamente para contener las crecientes del sistema
hídrico, con fundamento en estudios y cálculos técnicos elaborados a partir de los
registros históricos disponibles. No obstante, el fenómeno de la Niña 2010-2011
produjo precipitaciones y niveles de caudal que superaron ampliamente esos
registros históricos y los escenarios razonablemente previsibles, con afectaciones
generalizadas en todo el territorio nacional, circunstancia que motivó la expedición
del Decreto 4580 de 2010, mediante el cual se declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica, y que fue avalado por la Corte Constitucional al
examinar la constitucionalidad de dicha declaratoria.
Finalmente, la ruptura del Canal del Dique y la inundación posterior por cuenta de
tal circunstancia también fue irresistible, pues no se probó en el proceso que las
demandadas hubieran podido evitar tal circunstancia, teniendo en cuenta que el
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incremento de las lluvias superó todo antecedente reciente y que tales entidades
llevaron a cabo las gestiones de su competencia para mitigar el riesgo.
En conclusión, si bien se acreditó un daño antijurídico, consistente en la inundación
del municipio de Soplaviento por la ruptura del Canal del Dique, este no es imputable
a las entidades demandadas, pues su causa eficiente fue una fuerza mayor
originada en el fenómeno de La Niña del año 2010 - 2011, de ahí que, por haberse
configurado la causal eximente de responsabilidad en comento, no hay lugar a
condenar al extremo pasivo de la litis.
Por último, es importante advertir que la decisión que aquí se adopta no es ajena a
la de Sala, pues en un asunto de la misma naturaleza, esta misma Subsección en
sentencia del 23 de agosto de 2024108, se pronunció en términos similares al
concluir que no se acreditó una falla del servicio imputable a las entidades
demandadas y que la ruptura del Canal del Dique obedeció a un evento constitutivo
de fuerza mayor derivado del fenómeno de La Niña.
Por todo lo antes expuesto, se modificará la decisión adoptada el 29 de noviembre
de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva Ministerio del Interior y del INVIAS y, se confirmará en lo demás
la providencia apelada.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
108Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 23 de agosto de 2024. Rad. No. 08001233300020130006802 (63340).
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Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho109 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora110.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 2003111 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
109 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
110 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
111 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
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En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión, lo cual denota un
comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del grupo demandante y a favor del extremo pasivo, las cuales
se fijan en la suma equivalente al cero punto uno (0.1%) de las pretensiones
solicitadas en la demanda, la cual se distribuirá en partes iguales entre las entidades
demandadas, que deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 29 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, y en
su lugar se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Ministerio del Interior y del INVIAS.
TERCERO: CONFIRMAR en los demás la sentencia apelada.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
QUINTO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora en suma
equivalente al cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda,
en partes iguales, la cual se distribuirá en partes iguales entre las entidades
demandadas y será liquidada por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.
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Demandante: Adalberto Castillo Cabarcas y otros
SEXTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF
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