Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00241-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2013-00241-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2013-00241-03
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
23 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: ALECO DE LA SABANA S.A. EN LIQUIDACIÓN Y OTROS
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUDINAMARCA
Y OTROS
Tema: Desbordamiento del río Bogotá. Inundación de predio destinado
al cultivo de rosas. Ola invernal del año 2010 - 2011. Fenómeno
de “La Niña”. “Omisión administrativa en el mantenimiento del
dragado, realización de obras de defensa y atención y
mantenimiento de los jarillones que canalizan el río Bogotá”.
Caducidad del medio de control.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 1º de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 17 de noviembre de 2010 se desbordó el río Bogotá, provocando la inundación
del predio “La Alejandría”, ubicado en la vereda “San Francisco” del municipio de
Mosquera (Cundinamarca). Los demandantes, quienes afirman ser propietarios del
inmueble referido, consideran que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca, el municipio de Mosquera, el
Distrito Capital de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
S.A. E.S.P., son patrimonialmente responsables por los daños derivados de la
inundación del bien, pues aducen que esta se produjo por la omisión “en el
mantenimiento del dragado, realización de obras de defensa y atención y
mantenimiento de los jarillones que canaliza[ban] el río Bogotá”.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 27 de febrero de 20131, la sociedad Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación (en
adelante “Aleco de La Sabana”), Juanita Sinisterra Junguito, Sofía Cuellar Sinisterra
e Isabel Cuellar Sinisterra, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de
control de reparación directa, presentaron demanda contra la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante la “CAR”), el departamento de
Cundinamarca, el municipio de Mosquera, el Distrito Capital de Bogotá y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. (en adelante la
“EAAB”), para que fueran declaradas patrimonialmente responsables por los daños
derivados de la inundación del predio “La Alejandría”, ocurrida el 17 de noviembre
de 2010.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las
entidades accionadas a pagarles, por perjuicios morales, la suma de $150.000.000;
por daño a la vida de relación, la suma de $75.000.000; por daño emergente, la
suma de $5.212.000.000; y por lucro cesante, la suma de $5.254.000.000.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante escritura
pública No. 0000324 del 7 de marzo de 2022 se constituyó la sociedad ALECO de
La Sabana cuyo objeto era el cultivo y exportación de rosas.
Señala que el 17 de noviembre de 2010 se desbordó el río Bogotá, provocando la
inundación del predio “La Alejandría”, ubicado en la vereda “San Francisco” del
municipio de Mosquera (Cundinamarca), donde se encontraban sembradas más de
400.000 flores.
Los accionantes, quienes afirman ser propietarios del inmueble referido, consideran
que la CAR, el departamento de Cundinamarca, el municipio de Mosquera, el
Distrito Capital de Bogotá y la EAAB, son patrimonialmente responsables por los
1 Fl. 1 a 60, C.1.
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
daños derivados de la inundación del bien, pues aducen que esta se produjo por la
omisión “en el mantenimiento del dragado, realización de obras de defensa y
atención y mantenimiento de los jarillones que canaliza[ban] el río Bogotá”.
2. Contestaciones
El 9 de octubre de 20032 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las autoridades accionadas y al Ministerio
Público.
2.1. La CAR3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el
extremo activo no probó la falla del servicio, ni en vínculo causal entre ésta y el daño
por el que reclamó indemnización de perjuicios. Además, manifestó que el hecho
lesivo era atribuible a un hecho de la naturaleza, toda vez que durante los años 2010
y 2011 los niveles de precipitación en el departamento de Cundinamarca superaron
los promedios de media histórica fluvial registrados en la zona. Formuló como
excepciones las que denominó “inexistencia de falla del servicio, ausencia de nexo
causal y fuerza mayor”.
2.2. El departamento de Cundinamarca4 se opuso a las pretensiones de la
demanda, manifestando que el daño alegado no le era atribuible, toda vez que no
se acreditó la falla del servicio que le fue endilgada. Formuló como excepciones las
de fuerza mayor y “culpa exclusiva de la víctima”.
2.3. El municipio de Mosquera5 se opuso a las pretensiones de la demanda,
advirtiendo que la afectación sufrida por los demandantes no le era imputable, toda
vez que no se acreditaron los elementos necesarios y/o indispensables para
declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración. Formuló como
excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y fuerza mayor.
2 Fl. 352, C.1.
3 Fl. 180 a 230, C.2.
4 Fl. 110 a 128, C.2.
5 Fl. 235 a 251, C.2.
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
2.4. El Distrito Capital de Bogotá6 se opuso a las pretensiones de la demanda,
argumentando que el menoscabo sufrido por los demandantes no le era imputable,
puesto que no se probó que hubiere incurrido en una falla del servicio. Formuló
como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y “caso fortuito
y/o fuerza mayor”.
2.5. La EAAB7 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no
tuvo injerencia en la causación del daño padecido por los demandantes. Formuló
como excepciones las que denominó “inexistencia de responsabilidad de la
demanda, inexistencia de nexo causal, falta de legitimidad por pasiva y, caso fortuito
y/o fuerza mayor”.
3. Audiencia inicial
El 26 de octubre de 20168, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “[…] por un lado, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, el municipio de Mosquera y el departamento de Cundinamarca,
incurrieron en una omisión de sus funciones, deberes, porque no efectuaron el
dragado del río Bogotá, no realizaron obras de defensa y mantenimiento de
jarillones del mismo río y permitieron la alteración de la elevación del Jarillón, que a
raíz del incremento de la ola invernal produjeron el desbordamiento del rio sobre la
ribera en la cual se encuentra el predio de la demandante. Si estas situaciones, esas
omisiones al deber funcional de las demandadas, permitieron que los cultivos que
existían sobre el predio de la demandante se echaran a perder y, pues, se perdiera
toda la inversión, no solo de los cultivos sino de los terrenos preparados para los
6 Fl. 133 a 168, C.2.
7 Fl. 89 a 103, C.2.
8 Fl. 486 a 494, C.2.
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
cultivos. Si existe nexo de causalidad entre los daños presentados y que se alega
como daño antijurídico, y si existe una directa relación en cuanto a las causas que
en su criterio ocasionaron el desbordamiento del rio. Finalmente, en cuanto a
Bogotá y la EAAB, si levantaron o hicieron trabajos y/o construcciones con el objeto
de reforzar la ribera del río e impedir inundaciones, lo cual trajo como consecuencia,
que la parte contraria del río tuviera problemas y los jarillones allí construidos no
tuvieran la carga invernal que fue superior a la normalmente presentada en épocas
anteriores. Si las entidades demandadas, no atendieron la emergencia como debía
atenderse y estaba previsto y, si todas las situaciones, o sea, la inundación del
predio, ocurrieron por esas omisiones a los deberes de las entidades mencionadas.
O si, por el contrario, esas situaciones se debieron a un hecho natural, por tratarse
de una situación de la naturaleza que configura o puede configurar un caso fortuito
o una fuerza mayor”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 19 de septiembre de 20179 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte accionante10, la CAR11, el departamento de Cundinamarca12, el
municipio de Mosquera13, el Distrito Capital de Bogotá14 y la EAAB15, reiteraron los
argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste,
respectivamente.
4.2. El Ministerio Público guardó silencio.
9 Fl. 99, C.3.
10 Fl. 673 a 683, C.3.
11 Fl. 686 a 693, C.3.
12 Fl. 695 a 703, C.3.
13 Fl. 709 a 723, C.3.
14 Fl. 740 a 785, C.3.
15 Fl. 790 a 803, C.3.
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5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 1º de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó
la falla del servicio atribuida a las entidades accionadas por la inundación que
produjo los daños en el predio de los demandantes.
6. Recurso de apelación
El 26 de noviembre de 201816 el extremo activo interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 14 de diciembre de 201817 y admitido el 28 de junio de 201918.
6.1. La parte accionante19 reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda. Además, argumentó que las pruebas obrantes en el expediente permitían
acreditar la falla del servicio en que habrían incurrido las entidades accionadas, toda
vez que estas “tenían en su esfera de competencia el deber de desplegar acciones
o actividades de prevención, corrección, atención y control de inundaciones, tal
como la que se presentó el 17 de noviembre de 2010”.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 2 de septiembre de 201920 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
16 Fl. 294 a 365, C.5.
17 Fl. 366, C.5.
18 Fl. 382, C.5.
19 Fl. 294 a 365, C.5.
20 Fl. 391, C.5.
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
7.1. La parte accionante21, la CAR22, el departamento de Cundinamarca23, el
municipio de Mosquera24, el Distrito Capital de Bogotá25 y la EAAB26 reiteraron los
argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de primera
instancia, respectivamente.
7.2. El Ministerio Público guardo silenció.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 1º de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la
demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación27, de acuerdo a lo previsto en el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
21 Fl. 421 a 453, C.5.
22 Fl. 408 a 414, C.5.
23 Fl. 415 a 417, C.5.
24 Fl. 417 a 419, C.5.
25 Fl. 395 a 407, C.5.
26 Fl. 393 a 394, C.4.
27 El valor de la pretensión se estima en la suma de $10.691.000.000
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
artículo 14028 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños por una presunta omisión de la CAR, el
departamento de Cundinamarca, el municipio de Mosquera, el Distrito Capital de
Bogotá y la EAAB29.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente o
si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al
momento de la presentación de la demanda.
4. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.
5. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
28 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de esta En todos los casos en los que en la causación del daño
estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción
por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o
la omisión en la ocurrencia del daño”.
29 De conformidad con el Acuerdo No. 6 de 1995 expedido por el Concejo de Bogotá D.C., la EAAB
es una empresa industrial y comercial del Distrito, prestadora de servicios públicos domiciliarios,
dotada de personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal30.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general31, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción32, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
30 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
32 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure33 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia34, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del
33 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
A su turno, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo35, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
6. Caso concreto
En el sub lite el extremo activo pretende que se declare patrimonialmente
responsable a la Administración por los daños derivados de la inundación del predio
“La Alejandría”, ocurrida el 17 de noviembre de 2010.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.
6.1. Hechos probados
Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es pertinente recordar que los recortes de prensa serán valorados
según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la
Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y
35 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los
hechos36.
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
6.1.1. Consta que, el 17 de noviembre de 2010, ocurrió el “desbordamiento total del
río Bogotá en un ancho de cerca de 5 m, ingreso aproximado de 30 m3 por segundo”
en la vereda San Francisco del municipio de Mosquera (Cundinamarca). Asimismo,
que dicho siniestro ambiental trajo consigo “más de 300 hectáreas de cultivos
inundadas y cerca de 600 en riesgo; 1 colegio privado evacuado; 3600 cabezas de
ganado en riesgo; inundaciones en viviendas con un nivel de aguas de 60 cm, con
pérdidas de bienes muebles y enseres; [y] la ruptura del jarillón con entrada de 30
metros cúbicos de agua en inundaciones en toda la zona”. De esa información dan
cuenta las copias auténticas de la bitácora técnica de emergencia invernal de esa
fecha, suscrita por el Secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de
Mosquera (Cundinamarca)37 y el acta extraordinaria del 18 de noviembre de 2010,
suscrita por los integrantes del Comité de Prevención y Atención a Desastres del
citado ente territorial38.
6.1.2. Se probó que el 21 de febrero de 2011, el Presidente del Comité de
Prevención y Atención a Desates del municipio de Mosquera certificó que la
sociedad Aleco de La Sabana S.A. “fue afectada por el fenómeno de la niña,
conforme a la visita de verificación efectuada por la Secretaría de Desarrollo
Económico perteneciente al CLOPAD municipal, al predio denominado ‘La
Alejandría’, ubicado en la vereda ‘San Francisco’ de este municipio, siendo afectada
un área aproximada de 16 hectáreas. El predio de visita se encuentra ubicado en
las zonas que el IGAC tiene un registro de afectaciones: SI. El predio estuvo bajo
lámina de agua: SI. El predio sufrió una pérdida superior al 50% del total del área
36 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
37 Fl. 202, C.3.
38 Fl, 383 a 392, C.3.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
productiva: SI”. De esa información da cuenta copia auténtica del referido
documento39.
6.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la afectación del
predio rural denominado “La Alejandría”, ubicado en la vereda “San Francisco” del
municipio de Mosquera (Cundinamarca), luego de la inundación ocurrida el 17 de
noviembre de 2010 (hechos probados 6.1.1. y 6.1.2.).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
Por otra parte, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
A su vez, conforme a la posición de la Sección Tercera de esta Corporación, el
término de caducidad para el ejercicio de la acción de reparación directa no puede
quedar suspendido permanentemente40, por consiguiente, corresponde verificar en
cada caso concreto el punto de partida para el cómputo de la caducidad.
39 Fl. 303, C.3.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de agosto de 2016, Rad.: 51797: “esta
interpretación es congruente con la providencia de unificación emitida por esta Corporación en
materia de caducidad por ocupaciones temporales o permanentes, toda vez que en la misma se
consideró que no todas las ocupaciones generaban un daño extensible o perdurable en el tiempo,
sino que correspondía verificar cada caso en concreto a fin de establecer el momento en el que se
contabilizaba el daño.”
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
En el caso sub examine se advierte que el término de caducidad comenzó a
contarse a partir del 18 de noviembre de 2010, pues de conformidad con lo probado
en el proceso, corresponde al día siguiente a la fecha en que ocurrió el
desbordamiento del río Bogotá con la consecuente inundación del predio “La
Alejandría” (hechos probados 6.1.1. y 6.1.2.).
Precisamente, lo probado en el proceso permitió constatar que el 17 de noviembre
de 2010 ocurrió el “desbordamiento total del río Bogotá en un ancho de cerca de 5
m, ingreso aproximado de 30 m3 por segundo” (hecho probado 6.1.1.) y que dicho
insuceso provocó la inundación del predio rural “La Alejandría”, ubicado en la vereda
“San Francisco” del municipio de Mosquera (Cundinamarca) (hecho probado 6.1.2.).
Así pues, se observa que el término de caducidad para ejercer el medio de control
de reparación directa comenzó a correr el 18 de noviembre de 2010 – día siguiente
a la fecha en que ocurrió el daño – y, en principio, expiraba el 18 de noviembre de
2012.
No obstante, se advierte que el 27 de septiembre de 201241 - cincuenta y tres días
antes de que operara el fenómeno preclusivo - el extremo activo radicó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos
Administrativos, la cual se declaró fallida el 4 de diciembre siguiente42.
Por ello, entonces, el término para ejercer el derecho de acción se extendió hasta
el 28 de enero de 201343. Sin embargo, como la demanda solo se presentó hasta el
41 Fl. 6 a 11, C. Pruebas
42 Fl. 6 a 11, C. Pruebas
43 Se observa que los demandantes tenían hasta el 23 de febrero de 2013 (sábado) para ejercer el
derecho de acción. No obstante, como ese día fue festivo, los demandantes tendrían que haber
presentado la demanda el día hábil siguiente a esa fecha, esto es, el lunes 25 de febrero de 2013.
Al efecto, es pertinente resaltar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4
de 1913: “[…] en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se
computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo
hasta el primer día hábil”.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
27 de febrero de 201344, se concluye que para ese entonces el término preclusivo
había vencido y, por lo tanto, el medio de control se encontraba caducado.
Por todo lo anterior, fuerza es, entonces, revocar la sentencia del 1º de noviembre
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda y en su lugar declarar de oficio la caducidad del medio
de control de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de 2 años
contados desde la fecha en que acaeció el daño antijurídico y aquella en la que se
presentó la demanda.
7. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas en ambas instancias a la parte actora, toda vez que
se revocará en su integridad la providencia apelada. La liquidación de las costas la
44 Fl. 1 a 60, C.1.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho45 se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora46.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 200347 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la parte demandada
en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión en la
oportunidad procesal correspondiente, habrá lugar al pago de las agencias en
derecho a cargo del extremo activo y a favor de las entidades demandadas, las
cuales se fijan en el cero punto uno por ciento (0.1%) de las pretensiones solicitadas
en la demanda y deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1º de noviembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda
y en su lugar DECLARAR probada de oficio la caducidad del medio de control de
45 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51.034.
47 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
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Radicado: 25000233600020130024103 (63476)
Demandante: Aleco de La Sabana S.A. en Liquidación y otros
reparación directa, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del
Proceso.
TERCERO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la
segunda instancia, el cero punto uno por ciento (0.1%) de las pretensiones
solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor de la CAR, el
departamento de Cundinamarca, el municipio de Mosquera, el distrito de Bogotá
D.C. y la EAAB. LIQUÍDENSE por Secretaría.
CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
VF
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