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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-004-2014-01540-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-004-2014-01540-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO ante el deber legal del Control y Regulación del Transporte y Transito en el Municipio de Soledad, especialmente en las zonas prohibidas de la Calle 30 y SUR OCCIDENTE del Municipio de Soledad, que trajo consigo pérdidas multimillonarias al sector del transporte público de pasajeros legalizados, especialmente a mis poderdantes; ya que se omitió igualmente el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, conforme a lo establecido en la Ley 769 de 2002 en su artículo 7, inciso 1° y, la Ley 1310 de 2009 en su artículo 7° inciso 1° y 3°, la ley 1310 de 2009 en su artículo 4° inciso 2°, y el decreto municipal N° 00073 de marzo 22 de 2012 y el decreto municipal N° 0126 de Marzo 22 de 2013. (…) 2 Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146) Demandante: Cootracolsur y otro Demandados: Municipio de Soledad y otro Proceso: Reparación directa Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la demanda que desde el 20 de enero de 2001 se presenta el fenómeno de transporte ilegal de «motocarros», en el municipio de Soledad (Atlántico), frente al cual arguyó que la administración municipal ha sido permisiva, pese que esta forma de transporte no ha sido homologada en el ente territorial. Se aduce que el Ministerio de Transporte profirió el Decreto 4125 del 29 de octubre de 2008 y la Resolución N°002181 de 29 de mayo de 2009 por los cuales reglamentó el servicio público de transporte terrestre automotor mixto en «motocarro», en los municipios con poblaciones menores a 50.000 habitantes y en zonas veredales; sin que dicha habilitación cobijara el municipio de Soledad, del cual se señaló, su población supera los 800.000 habitantes. Relató que, en el municipio de Soledad, se efectuó un censo de transporte en el mes de septiembre de 2010, donde se identificaron a más de 1356 «motocarros» que prestaban el servicio de transporte de forma «ilegal». De igual forma, la administración municipal profirió el Decreto 00073 del 22 de marzo de 2012, que restringió la circulación de los llamados «motocarros»: por las troncales del sistema de transporte masivo TRANSMETRO; sobre la calle 30 en toda su […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-004-2014-01540-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro 2024

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59.146)
Demandante: Cooperativa de Transportadores Colectivos del Sur –
Cootracolsur -Transportamos LTDA-
Demandado: Municipio de Soledad-Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Soledad
Proceso: Reparación Directa

ALCANCE DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA- art. 187 CPACA. FUERZA MAYOR – debe ser
exterior, irresistible e imprevisible. DAÑO INDEMNIZABLE-concepto. DICTAMEN PERICIAL-
Valoración. OBJECIÓN POR ERROR GRAVE DEL DICTAMEN PERICIAL- valoración AUSENCIA
DE PRUEBA DEL DAÑO-No se probó el detrimento afectación de los demandantes por la
disminución de pasajeros.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 5 de octubre de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La Cooperativa De Transportadores Colectivos del Sur (COOTRACOLSUR) y
Transportamos Ltda. - Transporte Soledad Ltda. (TRANSOLEDAD) se
encontraban habilitadas para operar rutas de transporte público de pasajeros a
través del municipio de Soledad, alegan una disminución de pasajeros
transportados y por ende en su rentabilidad, presuntamente generados por las
omisiones en los deberes de policía administrativa especial del transporte en
cabeza de referido municipio y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de
Soledad, frente a la regulación, control y vigilancia del transporte informal
«motocarrismo».

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

ANTECEDENTES
La demanda

El 25 de noviembre de 2014, por intermedio de apoderado judicial las sociedades
Cooperativa de Transportadores Colectivos (COOTRACOLSUR) y Transportamos
Ltda. - Transporte Soledad Ltda. (TRANSOLEDAD) elevaron el medio de control
de reparación directa por el cual se solicitó declarar patrimonialmente responsable
al municipio de Soledad (Atlántico) y al Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Soledad (IMTTRASOL) por los perjuicios derivados de la falla en el
servicio, en el «control, regulación y seguridad del transporte y Tránsito» del
municipio de Soledad, en los siguientes términos:

(…) 1. Que se declare administrativamente, patrimonialmente, y solidariamente
responsable a los citados demandados MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO,
e INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD
(IMMTRASOL), por los perjuicios causados а los demandantes COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES COLECTIVOS (COOTRACOLSUR) Y
TRANSPORTAMOS LTDA - TRANSPORTE SOLEDAD LTDA (TRANSOLEDAD),
por la FALLA EN EL SERVICIO ante el deber legal del Control Regulación y
Seguridad del Transporte y Transito en el Municipio de Soledad, especialmente en
las zonas prohibidas de la calle 30 y SUR OCCIDENTE del Municipio de Soledad,
desde el día 17 de agosto del 2013, y que trajo consigo pérdidas multimillonarias
al sector del transporte público legalizados, especialmente a mis poderdantes; ya
que se omitió igualmente el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte,
conforme a lo establecido en la ley 769 de 2002 en su artículo 7, inciso 1° y la Ley
1310 de 2009 en su artículo 7° inciso 1° y 3°, la ley 1310 de 2009 en su artículo 4°
inciso 2°, y el decreto municipal N° 00073 de marzo 22 de 2012 y el decreto
municipal N° 0126 de Marzo 22 de 2013.

2. Condenar a los demandados MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLANTICO) e
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD por los
daños generados como consecuencia de la perdida de oportunidad, materiales,
psicológicas y morales causados a los señores COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES COLECTIVOS DEL SUR (COOTRACOLSUR) Y
TRANSPORTAMOS LTDA - TRANSPORTE SOLEDAD LTDA (TRANSOLEDAD),
por la FALLA EN EL SERVICIO ante el deber legal del Control y Regulación del
Transporte y Transito en el Municipio de Soledad, especialmente en las zonas
prohibidas de la Calle 30 y SUR OCCIDENTE del Municipio de Soledad, que trajo
consigo pérdidas multimillonarias al sector del transporte público de pasajeros
legalizados, especialmente a mis poderdantes; ya que se omitió igualmente el
cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, conforme a lo establecido en
la Ley 769 de 2002 en su artículo 7, inciso 1° y, la Ley 1310 de 2009 en su artículo
7° inciso 1° y 3°, la ley 1310 de 2009 en su artículo 4° inciso 2°, y el decreto
municipal N° 00073 de marzo 22 de 2012 y el decreto municipal N° 0126 de Marzo
22 de 2013. (…)

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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la
demanda que desde el 20 de enero de 2001 se presenta el fenómeno de
transporte ilegal de «motocarros», en el municipio de Soledad (Atlántico), frente al
cual arguyó que la administración municipal ha sido permisiva, pese que esta
forma de transporte no ha sido homologada en el ente territorial. Se aduce que el
Ministerio de Transporte profirió el Decreto 4125 del 29 de octubre de 2008 y la
Resolución N°002181 de 29 de mayo de 2009 por los cuales reglamentó el
servicio público de transporte terrestre automotor mixto en «motocarro», en los
municipios con poblaciones menores a 50.000 habitantes y en zonas veredales;
sin que dicha habilitación cobijara el municipio de Soledad, del cual se señaló, su
población supera los 800.000 habitantes.

Relató que, en el municipio de Soledad, se efectuó un censo de transporte en el
mes de septiembre de 2010, donde se identificaron a más de 1356 «motocarros»
que prestaban el servicio de transporte de forma «ilegal». De igual forma, la
administración municipal profirió el Decreto 00073 del 22 de marzo de 2012, que
restringió la circulación de los llamados «motocarros»: por las troncales del
sistema de transporte masivo TRANSMETRO; sobre la calle 30 en toda su
extensión «(…) hasta la entrada del barrio El Esfuerzo (…)»; y en los barrios
Soledad 2.000, Manuela Beltrán, Villa María, La Central, Arboleda, El Parque,
entre otros.

En cuanto a la disposición de agentes de tránsito en el municipio, relató que en
diciembre de 2010 el Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad (IMTTRASOL)
retiró 16 reguladores de tránsito, quienes pasaron a ser asistentes administrativos,
para contratar el ejercicio de dichas funciones con la Policía Nacional. Así, se
suscribieron los convenios administrativos N°001 de 28 de junio de 2011 y N°002
de 23 de abril de 2012 entre la Policía Nacional, la Gobernación de Atlántico y el
municipio de Soledad para que la primera asumiera el control, regulación y
seguridad de tránsito y transporte en el territorio del municipio de Soledad. Sin
embargo, el 16 de agosto de 2013 los contratantes, por mutuo acuerdo, dieron por
terminados los anteriores convenios, sin que se dispusiera de personal para
efectuar el control de tránsito.

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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

En virtud de lo anterior, el demandante manifiesta que, a partir del 17 de agosto de
2013 ante la falta de control de tránsito, un número superior a los 2.000 vehículos
motocarros, invadieron sectores del municipio de Soledad que les resultaban
restringidos y por los cuales operaban las rutas habilitadas a las sociedades
demandantes COOTRACOLSUR y TRANSOLEDAD. De acuerdo al escrito
introductorio, las omisiones de las demandadas implicaron la pérdida de 2.352
pasajeros diarios para la sociedad COOTRACOLSUR y 3.780 pasajeros diarios
para la sociedad TRANSOLEDAD; lo que a su vez significó una falta de ingresos –
hasta el 17 de noviembre- de 2014 de $1’467.648.000oo pesos m/cte y
$2’358.720.00000 pesos m/cte, respectivamente. (ff. 1-22 C.1).

Contestaciones de la demanda

1. Del municipio de Soledad

Por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de la demanda
frente a la cual sostuvo que resultaba falso que el municipio hubiera sido permisivo
y negligente frente al ejercicio del transporte informal. Propuso las excepciones de
falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del derecho reclamado,
argumentó que la entidad IMTTRASOL es la encargada del control del tránsito en
el municipio – por ende, quien le asistía el deber de comparecer en juicio-. Alegó
que el transporte informal es una actividad generalizada en todo el país ante la
ausencia de ofertas de empleo formal, que no ha podido ser objeto de control, por
lo cual no se puede señalar que el crecimiento de este sea por las omisiones
imputables a la entidad. (ff. 349-356 C.1).

2. Del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad.

También se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, señaló
que no se acreditó el daño, al no poderse demostrar que las afectaciones
reclamadas sean consecuencia necesaria de los «motocarros», punto en el que
señaló que la demanda debía soportarse sobre «sustentos probatorios concretos»,
como lo son la valoración de: promedio de vehículos activos, el promedio de

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Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

vehículos inhabilitados o accidentados, la forma de determinación de los vehículos
por rutas, entre otros.

Elevó como excepción el cumplimiento de la función administrativa, en la que
arguyó que frente al control al servicio público administración ha proferido más de
una decena de decretos con el fin de controlar el tránsito de vehículos
motorizados, en los cuales identificó: D.61 de 2002, D.455 de 2009, D. 73 de
2012, D.126 de 2013, D.142 142 de 2013, D.297 de 2019, D. 196 de 2014, D. 239
de 2014 y D.111 de 2015.

Por otro lado, alegó que la administración adelantó esfuerzos para sancionar la
práctica del transporte público informal, para lo cual alegó que existían más de
3.592 actuaciones administrativas, las cuales discriminó así:

(…) 2010
1. CANTIDAD COMPARENDOS POR INFRACCION C14: 103
a. MOTOCARRO 5
B.MOTOCICLETA 91
VALOR COMPARENDOS POR INFRACCION C14 $52.757.000
INMOVILIZACIONES POR C14 19

2011
1. CANTIDAD COMPARENDOS POR INFRACCION C14 232
a. MOTOCARRO 36
b. MOTOCICLETA 129
2.VALOR COMPARENDOS POR INFRACCION C14 $68.021.200

2012
CANTIDAD COMPARENDOS POR INFRACCION C14 813
a. MOTOCARRO 328

VALOR COMPARENDOS POR C14 $230.363.550

2013
COMPARENDOS IMPUESTOS POR C14 2077
VALOR COMPARENDOS IMPUESTOS POR C14 $595,818,719

2014
COMPARENDOS IMPUESTOS POR C14 597
VALOR COMPARENDOS IMPUESTOS POR C14 $164,491,250

2015 HASTA MAYO
COMPARENDOS IMPUESTOS POR C14 815
c. CUATRIMOTO 1
d.MOTOCARRO 268

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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

e.MOTOCICLETA 392

ACUMULADO 3592 (…)

Por último, frente a los perjuicios reclamados señaló que el cálculo efectuado en la
demanda resulta exagerado e irreal, punto en el que reiteró que el mismo debía
soportarse en «sustentos probatorios concretos». (ff. 357-365 C.1)

Sentencia de primera instancia

El 5 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión
A, profirió sentencia en la que declaró de oficio la excepción de fuerza mayor. El
análisis de la Sala identificó como problema jurídico, establecer si existió un vacío
de «regulación» en el tránsito del Municipio de Soledad que conllevó a que las
empresas demandantes se vieran afectadas por la ocupación de «vehículos tipo
moto» en las rutas que les resultaban proscritas. Así, la Sala identificó –con
fundamento en la Ley 769 de 2002– que existía la obligación de origen legal, por
parte del ente territorial, de regular y organizar la policía de tránsito.

Señaló que impedimentos presupuestales imposibilitaron al municipio de Soledad
suscribir un nuevo convenio interadministrativo con la Policía Nacional, a efecto
que esta última asumiera las funciones de agentes de tránsito, con posterioridad al
16 de septiembre de 2013. Agregó que el Instituto Municipal de Tránsito y
Transporte de Soledad IMTRASOL suprimió el cargo de «Agentes de Tránsito» e
incorporó dichos agentes en la planta de personal como auxiliares, por lo cual,
ante la imposibilidad de suscribir un nuevo convenio con la Policía Nacional, por
Resoluciones 004 del 3 de febrero de 2014; No. 0001-I-12-02-2014 del 12 de
febrero de 2014; y No. 0001-I-004-07-2014 de 4 de julio de 2014; se modificó
temporalmente (hasta el enero de 2015) el manual de funciones de IMTRASOL
para que los auxiliares pudieran desempeñar funciones especiales de reguladores
de tránsito. Finalmente, por Resolución No. 0010-I-24-10-2014 del 4 de julio de
2014 el director de IMITTRASOL, creó en la planta de personal de la entidad 40
cargos de «agentes de tránsito»

Examinado lo anterior, para la Sala de Tribunal, las autoridades municipales

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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

adelantaron las gestiones administrativas necesarias para: I) regular la circulación
vehicular; y II) vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de
tránsito. Sin embargo, de oficio consideró que se constituyó una fuerza mayor,
frente a la ausencia de agentes de tránsito por 5 meses, ante los impedimentos
que existieron para firmar un tercer convenio interadministrativo. De igual forma,
frente a «la invasión de motocarros», consideró que configuró un evento de fuerza
mayor al calificarlo como un fenómeno social que ha venido en ascenso y que se
ha acrecentado pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales, por lo cual no
les resulta atribuible responsabilidad por el mismo a estas.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, la parte demandante elevó recurso de apelación, en el
cual solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, y en su lugar se
accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo que, en el caso concreto, no
se reunían los elementos para calificar los hechos de los que se imputa la
causación del daño como constitutivos de una fuerza mayor (imprevisibilidad,
irresistibilidad y externalidad).

Señaló que no se podía confundir este eximente de responsabilidad con la
incompetencia, la corrupción o la falla del servicio, pues en el caso resultaba
previsible que la ausencia regulación y vigilancia sobre el tránsito del municipio de
Soledad, podía dar lugar a perturbaciones en el orden público. Expuso que la
imposibilidad de suscribir un nuevo convenio interadministrativo con la Policía
Nacional, resulta imputable a los incumplimientos del municipio de Soledad y el
IMITTRASOL de los anteriores convenios y a la corrupción del IMTTRASOL la
cual se identificó por la Contraloría Municipal de Soledad en informes del año
2012-2013.

Por otro lado, indicó que el ente territorial legalizó el transporte de «motocarrismo»
en Soledad, a través de los Decretos municipales n°111 del 11 de mayo de 2001 y
n° 274 del 1 de junio de 2016 con desconocimiento del mandato contenido en el
Decreto 4125 de 2008 y la Resolución 002181 del 29 de mayo de 2009.

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Por último, señaló que en el expediente se evidenciaron las fallas en la prestación
del servicio por parte de los demandados, las cuales desencadenaron las pérdidas
o detrimento económico del todo el gremio, desde el 17 de agosto del 2013.

Trámite en la segunda instancia

El 7 de febrero de 2017, el tribunal concedió el recurso de apelación (f. 1026 CP)
y el 23 de junio de 2017, el despacho lo admitió (f. 1030). El 22 de junio de 2018,
el despacho sustanciador profirió auto de pruebas en segunda instancia, por el
cual tuvo como pruebas el informe de la Auditoría Municipal de Soledad (2014-
2015) y los Decretos 274 y 0111 del 11 de mayo de 2015 expedidos por el alcalde
del municipio de Soledad, denegó los demás medios de prueba aportados con el
recurso (ff 1035 y 1036). Luego, por decisión del 13 de noviembre de 2018, el
despacho denegó la solicitud probatoria elevada por la parte demandada, por
memorial del 21 de septiembre de 2018, por considerarla extemporánea (f. 1050).
Por auto del 11 de diciembre de 2018, el despacho corrió traslado para alegar de
conclusión en segunda instancia (f. 1053). Finalmente, el Despacho negó, por
extemporánea la prueba documental aportada con los alegatos de conclusión por
la parte demandada (f. 1114).

Alegatos de conclusión dentro del trámite de segunda instancia

La parte demandada Municipio Soledad solicitó a la Sala que se confirmara la
decisión de primera instancia, por considerar que en el presente caso se configuró
la fuerza mayor como causal eximente de la responsabilidad. También se señaló
que se configuró la caducidad de la acción pues la problemática de los motocarros
era evidente desde el año 1998, por lo cual al momento de la demanda la del
medio de control ya había caducado1, en lo demás reiteró los argumentos de la
contestación de la demanda. La parte demandante insistió en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

1 En este punto se refirió a la decisión, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección

C, Sentencia del 29 de octubre de 2018, Rad: 2003-02805-01 (40.481)
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Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 25 de noviembre de 2014, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del
mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este
código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del
Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las
controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una
acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 104 del CPACA. El
Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto
de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del
CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
esto es, $308’000. 000.oo millones de pesos2.

Acción procedente

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado

2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [2014], [$616. 000.oo], por 500.

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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo 3, cuya legalidad no se
cuestiona. En este caso por reclamarse el daño derivado de las presuntas
omisiones de las entidades demandadas en la regulación, control y vigilancia del
transporte público en el municipio de Soledad, el medio control de reparación
directa es el que resulta procedente.

4. Ahora bien, en lo relacionado con los argumentos elevados en el recurso de
apelación, que recaen sobre la «regularización» del transporte de pasajeros por
«motocarrismo» prestado por cooperativas, a través de los decretos municipales
No. 0111 del 11 de mayo de 2015 y No. 274 del 1 de junio de 2016, se aclara que
no pueden ser objeto de pronunciamiento de fondo por parte de la Sala en el
presente proceso.

Vale precisar que el medio de control de reparación directa fue el propuesto en la
demanda, y éste no resulta la vía procesal adecuada para discutir si en virtud de
las precitadas decisiones administrativas se generó un daño antijurídico a los
demandantes, así como, en virtud del principio de congruencia (art. 281 del CGP 4)
la Sala no puede alterar la causa petendi, para examinar dicho asunto. Lo anterior
al constatarse que las pretensiones de la demanda se limitaron a solicitar la
declaratoria de responsabilidad de la administración por las omisiones en el
cumplimiento del «deber legal de control regulación y seguridad del transporte».

Demanda en tiempo

5. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, se cuenta con un término de
«(…) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, (…) o de cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior (…)».

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento
jurídico 3].
4 «(…) Artículo 281. Congruencias La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…) »
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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

6. El municipio de Soledad, en lo referente a la caducidad, arguyó que la
demanda se presentó cuando este fenómeno ya había operado, por estimar que el
hecho dañoso lo constituye el suceso del transporte informal cuya vigencia inició
desde el año 1998 en el municipio de Soledad.

7. En este punto, se recalca por la Sala que la omisión de la cual se depreca
el daño alegado proviene del presunto incumplimiento de las autoridades
municipales en sus deberes de policía administrativa especial 5, frente al transporte
público informal. En estos casos, esta sección ha indicado que el daño derivado
de la omisión de este tipo de deberes es continuado o de tracto sucesivo –aquél
que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente 6, en donde la
prolongación en el tiempo no se predica de los efectos del daño, sino del daño
mismo–. En ese sentido, el término para impetrar la acción, solo inicia su conteo
desde que se verifique la cesación de la omisión que da lugar al daño deprecado,
sin que ello impida, que resulten afectados por este fenómeno los hechos que
tienen lugar dentro de los 2 años anteriores a la interposición del medio de
control7, como lo ha precisado la Corporación:

(…) 24. Cabe precisar que una omisión es una conducta negativa consistente en la
abstención de ejercicio de una actuación determinada como deber legal, cuya
evaluación, en términos de establecer la temporalidad de su ocurrencia, debe
efectuarse en función de la amplitud del mandato o deber y el término que el
Legislador definió para la ejecución de la actuación que se echa de menos, bajo los
términos de la razonabilidad y la lógica.
(…)
26. En este caso, la supuesta omisión por falta de adopción de medidas
administrativas contra el servicio no autorizado de transporte de pasajeros y en el
correlativo impacto patrimonial diario que aparejó para la actora se viene
presentando desde 2004; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la demanda

5 La consagración legal de dicho deber tiene su fuente legal en el artículo 8 de la Ley 105 de 1993, el artículo

11 del Decreto 170 de 2001, y los artículos 3 y 134 de la Ley 769 de 2002.
66
Sobre la distinción entre el fenómeno sucesivo y el daño ver Subsección A, Sentencia del 4 de septiembre
de septiembre de 2023, rad: 630012333000201600296-02(63.226), CP José Roberto Sáchica Méndez, allí se
precisó: «(…) En términos generales, el derecho de daños enseña que estos pueden expresarse de dos
modos: (i) en un solo momento, instantáneo o inmediato o (ii) en una sucesión progresiva, continuado o de
tracto sucesivo. El primero es aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo
y que, si bien tiene efectos que se pueden proyectar hacia el futuro existe únicamente en el momento en que
se produce, por lo que es posible constatar su existencia desde el momento mismo de su ocurrencia; el
segundo –al que alude el apelante– es aquél que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente,
en donde la prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste, sino del daño mismo. (…) »
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 29

de agosto de 2012 rad: 050012331000199600409-01(25041), CP Danilo Rojas Betancourth (E)[fundamentos
jurídico 11]; Subsección A, Sentencia del 4 de septiembre de septiembre de 2023, rad:
630012333000201600296-02(63.226), CP José Roberto Sáchica Méndez [ fundamento de derecho 27].
11

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

el actor sabía que la administración supuestamente omitía sus funciones y que,
como consecuencia, le estaba causando un detrimento patrimonial, lo cual permite
concluir que es un daño cuya consolidación se producía día a día, pero respecto del
cual no había óbice para que el demandante solicitara su indemnización en el plazo
máximo de dos (2) años establecidos en el literal i), numeral 2 del artículo 164 del
CPACA.(…)8

8. Ahora bien, en la apreciación jurídica de la fecha que se tiene por ocurrida
una omisión, el precedente de la corporación ha indicado que coincide con la
configuración del deber jurídico de actuar, que para el caso se desprende de la
obligación jurídica que se alega como incumplida. Tratándose de los deberes
generales propios del ejercicio de las facultades de policía administrativa especial
del transporte público9, el ordenamiento jurídico les reconoce las funciones de
“regulación” – función de policía- y “sancionatorias”- actividad de policía- de dichas
autoridades10.

9. Cabe precisar, que las referidas disposiciones no condicionaron
temporalmente el ejercicio de dichas facultades ni las constituyeron como
facultades regladas, por lo cual su ejercicio queda sometido a la «discrecionalidad
administrativa» de dichas autoridades. En estos términos, como lo ha precisado
anteriormente la corporación, estas funciones resultan de carácter permanente en
general, y, por ende, no se agotan ni se consumen en un solo acto 11, de allí que se
precise que su consolidación se produce día a día.

10. En la demanda, se identificó como el inicio de las omisiones generadoras
del daño por parte de las autoridades demandadas, el 17 de octubre de 2013,
pues hasta el día anterior a esa fecha, se reconoció expresamente por el actor -en
la demanda- un debido cumplimiento en las funciones de policía administrativa

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 4

de septiembre de septiembre de 2023, rad: 630012333000201600296-02(63.226), CP José Roberto Sáchica
Méndez [ fundamento de derecho 27].
9 Rodríguez L. Derecho Administrativo, General y Colombiano, decimonovena edición, Temis, Bogotá -

Colombia-, (2015) p.703(…) Como lo manifiesta el profesor Georges Vedel, las policías administrativas
especiales se refieren por una parte, a aquellas actividades de policía que buscan garantizar los mismos
elementos de la policía general, ya estudiados, pero que están sometidas a un régimen jurídico particular. Por
ejemplo, entre nosotros la policía de tránsito, la policía de extranjeros (…).
10 Sobre la distinción entre el poder de policía, función de policía y actividad de policía, ver Consejo De

Estado, Sala De Consulta Y Servicio Civil, CP: Oscar Darío Amaya Navas, Concepto del 20 de marzo de
2018, rad: 11001-03-06-000-2017-00140-00(C), [Fundamentos de derecho 4.2 y 4.3]
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 4

de septiembre de 2023, radicado: 63001-23-33-000-2016-00296-02(63.226) [ Fundamento de derecho 25]
12

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

especial de transporte, por parte del municipio de Soledad. A título de ilustración
en el hecho 24 de la demanda se expuso:

«(…) el Municipio de Soledad solo tuvo el control y la regulación del transporte y
tránsito, hasta el día 16 de agosto de 2013, fecha en la que terminó el convenio
Interadministrativo N°0002 de 23 de abril de 2013, fecha en la que terminó el
Convenio Interadministrativo N°002 del 23 de abril del 2001; con la Policía
Nacional. De ahí en adelante y hasta la fecha de la presente solicitud de
conciliación judicial extrajudicial y/o medio de control, las autoridades (…)»

Visto lo anterior, y que el actor fijó como fecha de inicio de las presuntas
omisiones administrativas generadoras de los daños invocados, el día 17 de
octubre de 2013, para la Sala resulta claro que no se configuró la caducidad del
medio de control. Ello, habida cuenta de que las presuntas omisiones de las
cuales se predica el daño, son las evidenciadas desde octubre de 2013, periodo
que evidentemente no resulta afectado por el cómputo de la caducidad del
presente medio de control, toda vez que la demanda se presentó el 25 de
noviembre de 2014, con independencia de la época que tuvo inicio el
«motocarrismo» como fenómeno.

Legitimación en la causa

11. En el presente caso las demandadas municipio de Soledad y el Instituto
Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, están legitimados en la causa
(formal), al observarse del recuento de hechos de la demanda que a dichas
entidades se les imputa el daño alegado en la demanda. Frente a la legitimidad en
la causa material, se tiene que las referidas entidades les corresponden el
ejercicio de las facultades de policía administrativa especial frente al transporte
reconocidas en el artículo 8 de la Ley 105 de 199312, el artículo 11 del Decreto 170

12 (…) ARTICULO 8. Control de Tránsito. Corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del

régimen normativo del tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas.
Las funciones de la Policía de Tránsito serán de carácter preventivo, de asistencia técnica y humana a los
usuarios de las vías y de carácter sancionatorio para quienes infrinjan las normas.
Las funciones de la Policía de Tránsito serán ejercidas por los cuerpos especializados de tránsito. Los
departamentos y los municipios de más de cincuenta mil habitantes, con población urbana con más del 80 por
ciento, conforme al censo aprobado, podrán organizar su policía de tránsito, siempre que lo requieran para el
normal tránsito de sus vehículos. A la expedición de la presente Ley se mantendrán y continuarán ejerciendo
sus funciones, los cuerpos de guardas bachilleres existentes. (…)
13

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

de 200113, y los artículos 3 y 7 de la Ley 769 de 2002 14 a los entes territoriales- en
este caso el municipio de Soledad-.

En relación al Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, se tiene
que por Oficio No. 7713-2015 LM de fecha de diciembre de 2015 (folios 458 a 476
C.1) por el cual se rindió el informe ordenado por a quo en la audiencia inicial, se
aduce que la referida de entidad se creó por el Decreto municipal 0142 de 9 de
junio de 2002 y se dio cuenta de las «operaciones encaminadas para sancionar
conductores» que desarrolló la referida entidad; lo expresado en dicho informe,
coincide con lo expuesto por la Oficina Jurídica del municipio de Soledad en Oficio
N°6140-2016- Im(sic) de marzo 10 de 2010 (folios 480 y 481 C.1), donde se adujo
que la referida entidad (…) es la encargada de ejercer autoridad y vigilancia,
control e intervención para el cumplimiento de las normas de tránsito (…).

Por consiguiente, se tiene demostrado que el referido instituto cumple funciones
de policía administrativa especial en el ámbito del transporte en el territorio del
municipio de Soledad, con lo cual se tiene acreditada la legitimidad en la causa
material del mismo. No obstante, no se tiene claridad sobre la naturaleza de las
funciones precisas, asignadas por el Decreto municipal 0142 de 9 de junio de
2002 a dicha entidad, documento que no fue aportado al expediente en los
términos del artículo 177 del CGP.

En relación con las demandantes la Cooperativa de Transportadores Colectivos
del Sur –(COOTRACOLSUR) y la sociedad Transportamos LTDA -Transporte
Soledad LTDA-, estos cuentan con legitimidad en la causa formal por haber

13 Articulo 11.-Control y vigilancia. La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a

cargo de los alcaldes metropolitanos, distritales y/o municipales según el caso, o de las autoridades a las que
se les haya encomendado la función.
14 ARTÍCULO 3o. AUTORIDADES DE TRÁNSITO. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1383 de

2010. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos de la presente ley entiéndase que son autoridades de
tránsito, en su orden, las siguientes: (…) Los Gobernadores y los alcaldes. (…)
Artículo 7. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y
privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben
ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.
Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de pruebas de infracciones de
tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites
previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas.
Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que actuará únicamente en su
respectiva jurisdicción y el Ministerio de Transporte tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de
tránsito de la Policía Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en todas las
carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distritos y municipios.
14

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
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interpuesto el medio de control. En cuanto a la legitimidad en la causa material,
frente a la demandante «Cootracolsur» se acreditó en el plenario que por
Resoluciones No. 022 del 29 de noviembre de 2001 (Folios 154-156 C.1), por
medio de la cual la Secretaría de Tránsito y Transporte de Soledad habilitó a dicha
cooperativa para operar el servicio básico de transporte de pasajeros con
microbuses, en el municipio de Soledad15, así como las resoluciones. N°0522 del
23 de septiembre de 2011 (folios 157—160) N°0743 del 19 de diciembre de
2011(folios 161 y 162) por las cuales se restructura oficiosamente las rutas
prestadas por la referida cooperativa y se le autoriza «(…) la unificación de la
clase de vehículo autorizado microbús, buseta y buss (…)».

En el caso de la sociedad Transportamos LTDA Transportes Soledad -
Transoledad-, con la demanda se aportó la Resolución 0347 del 6 de mayo de
2004 (Folios, 264 y 265 C.1), en virtud de la cual el Instituto Distrital de Tránsito y
Transporte de Barranquilla habilitó a la referida sociedad para prestar el servicio
público distrital de pasajeros16, también se aportó al plenario la Resolución 196 de
2010 del Director del Área Metropolitana de Barranquilla, por la cual se
reestructuró oficiosamente el servicio público de la ruta Las Margaritas- Carrera
19- Centro autorizada a autorizada a la sociedad Transportamos Limitada
Transportes Soledad -Transoledad & CIA S. en C., a la ruta Soledad- Boston -
Circular ( folios 266 a 272 C.1.), documentos con los que se acredita la legitimidad
en la causa de la referida sociedad.

II. Problema jurídico

12. Vista la demanda y el recurso de apelación, le compete a la Sala analizar si en
el presente caso -como lo decidió el Tribunal- se configura la excepción de fuerza
mayor. En caso negativo, procederá entonces al estudio sobre la configuración de
los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, el primero de los

15 En las rutas «(…) No. 1 y No. 2 (SOLEDAD 2000-MALAMBO-SOLEDAD), ruta No. 3 (TERMINAL DE
TRANSPORTE-ESTADIO-INEM-CONCORD -PIMSA) y la ruta No. 4(MANUELA BELTRAN- LOS
ALMENDROS) del Municipio de Soledad) (…)»
16 En las rutas Margarita- carrera 13-centro y Salamanca – Margarita Centro

15

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Proceso: Reparación directa

cuales es la existencia de un daño que eventualmente pueda resultar imputable a
las entidades demandadas.

III. Análisis de la Sala

13. Como la sentencia fue recurrida únicamente por la parte demandante, la
Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 328 del CGP; no sin
advertir que posterior a examinar los argumentos del recurso de apelación sobre la
fuerza mayor como eximente de responsabilidad en el caso concreto, la Sala
precisará, si en el presente caso se encontró configurado el daño alegado en la
demanda.17.

La Fuerza Mayor como eximente de Responsabilidad

14. En la sentencia apelada el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró de
oficio la excepción de fuerza mayor, bajo las siguientes consideraciones:

(…) Acorde a lo sostenido, colige esta corporación que las autoridades
municipales hicieron las gestiones administrativas correspondientes a fin de
atender la obligación legal de regular la circulación vehicular y peatonal, así como
las de vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y
transporte, de la manera que los trámites administrativos lo permitieron, ello
porque no se puede pretender que en aras de acatar una norma se vulneren
otras. Y es que no se podía pretermitir ninguno de los requerimientos legales
consagrados para lo de la reestructuración de una planta de personal, pese al
caos que podría surgir por la ausencia de agentes de tránsito en el Municipio de
Soledad.

En tal orden, considera la Sala que se configura en el sub lite una fuerza
mayor dado que la no firma del tercer convenio con la Policía Nacional obedeció
a agentes externos a la voluntad de las partes intervinientes, además una vez
conocida la no prórroga, se procedió conforme las directrices legales lo
disponían, pues no era viable proceder de facto a designar agentes de tránsito
para que ejercieran sus funciones en el Municipio de Soledad; proceder de tal
manera, también hubiera generado desconocimientos normativos (…)

17 Sobre el alcance de la competencia del Consejo de Estado como juez de segunda instancia ver: Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación del 6 de abril de
2018, rad. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005). [ fundamento de derecho 19]. Allí se precisó: «(…)Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el
juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general,
aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin
perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones
que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en
la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como
fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada. (…)»
16

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
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Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

(…) En concordancia con lo hasta aquí expuesto, se advierte que en el
Municipio de Soledad, hubo ausencia de agentes de tránsito durante poco más de
cinco (5) meses, pero a juicio de la Sala contrario a lo que se afirma en la
demanda, ello está amparado por la fuerza mayor, dado que se esperaba la firma
de un tercer convenio con la Policía Nacional para la atención del tránsito
municipal; además, los demandados procedieron conforme a las disposiciones
legales lo ordenaban (…)”. (Errores de redacción dentro del original)

15. Al respecto, resulta necesario recordar que de acuerdo con el artículo 64 del
Código Civil subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 la configuración de
la fuerza mayor como causal exonerativa de responsabilidad - causa extraña-,
requiere de la prueba de tres elementos que en todo caso deben estar presentes,
a saber: i) externalidad, ii) imprevisibilidad, y iii) irresistibilidad.

En este sentido, la Jurisprudencia de esta corporación en decisión del 26 de
marzo de 200818, sostuvo:

(…)Tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado
como necesaria para que proceda admitir la configuración de una causa extraña
⎯ cualquiera que ésta sea, no sólo la fuerza mayor, que es aquella respecto de la
cual suelen preconizarse las particularidades que se referirán⎯ que destruya el
nexo de causalidad entre la actuación u omisión administrativa y el daño irrogado
⎯ o de una causal de exoneración⎯: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii)
su exterioridad respecto del demandado.

En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña,
la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o
actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe
resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña,
teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno
y no el fenómeno mismo ⎯pues el demandado podría, en determinadas
circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque
este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (artículo 64
del Código Civil) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo
determinadas condiciones, podrían ser evitados⎯.

Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera
imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la
imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la
misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto,
aparezca razonable (…)

(…)En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella
circunstancia respecto de la cual "no sea posible contemplar por anticipado su

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530

17

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ocurrencia"19, toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con
anticipación"20, entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño
sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado
no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se
tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera
completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa
extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad
de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la
mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias
que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo
imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de
acaecimiento cierto.

Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser
entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de
acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual
“[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo,
excepcional, de rara ocurrencia”21. La recién referida acepción del vocablo
“imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo
en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a
su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa
extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos
los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre. (…)

(…) Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que,
pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o
repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para
evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido
mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección
señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo
“inimaginable” de la causa extraña(…)

(…)Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña,
si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que
aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el
evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo
más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el
acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña
debe resultarle ajeno jurídicamente (…)”. (Cursivas dentro del texto).

En reciente decisión, se reiteró por esta subsección cuáles son los requisitos para
la procedencia de la Fuerza Mayor:

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y

Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo

XLIII, p. 581.
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial,

tomo CLXV, p. 21.
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(…) para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben
reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho sea exterior, esto es, que esté
dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es determinada, ni
aun indirectamente por la actividad del ofensor; ii) que el hecho sea irresistible, es
decir, que ocurrido el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede
actuar sino del modo que lo ha hecho; y iii) que el hecho sea imprevisible, pues el
suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta prudente
adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo.(…)22

16. En el presente caso, resulta evidente la improcedencia de dar por probada
la excepción de fuerza mayor, en tanto de las pruebas aportadas al proceso se
demuestra con claridad que el hecho omisivo al que se atribuye la supuesta
causación del daño alegado en la demanda no le resultaba ajeno o extraño a las
entidades demandadas, pues la prestación del servicio de control del tráfico
automotor, su regulación, su vigilancia y control se encuentran en cabeza de
dichas entidades.

17. Las diligencias dan cuenta de la alta probabilidad de que las entidades
demandadas tuvieran la capacidad de prever razonablemente que las dificultades
relacionadas con el personal disponible para la prestación del servicio público de
control y vigilancia del tráfico derivara en la masificación del transporte informal de
«motocarrismo» en la malla vial del municipio de Soledad – incluidas las vías
sobre las cuales las demandantes tenían habilitación para prestar el servicio-.

18. De otra parte, no puede concluirse de la sola falta de efectividad o
ineficiencia en las medidas adoptadas de «policía administrativa especial del
transporte» adoptadas por la administración, pueda calificarse como irresistibles
de los efectos del transporte informal, como lo expone la Sala de tribunal. Esto al
tenerse que, por la sola constatación de un incremento en el transporte informal,
no puede deducirse que toda modalidad de intervención, a través del ejercicio de
las facultades de policía administrativa especial reconocida a los entes
territoriales, sea incapaz de eliminar y/o disminuir la perturbación al orden público
que representa el transporte informal.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente
60.103
19

Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
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Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

19. Así las cosas, y ante la imposibilidad de dar por sentada la existencia de
los requisitos legales de externalidad, imprevisibilidad e irresistibilidad propios de
la causa extraña, la Sala decide dar por no probada la excepción de fuerza mayor
declarada por el Tribunal, y en consecuencia procede a pronunciarse sobre los
elementos de la responsabilidad en el caso concreto en los términos anteriormente
precisados.

El Daño como presupuesto de la Responsabilidad del Estado

20. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que
estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

21. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito23 24 es el primer elemento que

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente 61.340
24 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses lícitos de

una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos,
que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a
la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad
civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à
partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français,
tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición
reiterada en el artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad
extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado
de Colombia, 2015, p. 35
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
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Radicación: 08001-23-33-004-2014-01540-01 (59146)
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Proceso: Reparación directa

debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
, sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:

[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil25.

El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto26, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser
personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 27. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

Además, el daño debe ser probado teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”. De ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”28.

25 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No. 13.186 ““…el

perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio
indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el
perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas
producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000, Expediente
No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad del
daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral reclamado porque
no se probó su existencia.”
27 Henao Perez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio 1998, P. 88

y 104
28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802 [fundamento

jurídico 4.3].
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22. En el presente caso, el daño que se alega en la demanda corresponde a la
reducción de pasajeros, y, en consecuencia, la disminución del recaudo de la tarifa
de transporte asociada a la reducción de usuarios. Sin embargo, examinadas las
pruebas allegadas al plenario la Sala antecede que no se logró acreditar la
existencia del daño deprecado.

23. En efecto, pese a que se acreditó que las empresas demandantes estaban
habilitadas para prestar el servicio público de transporte de pasajeros dentro de la
jurisdicción del municipio de Soledad (ver fundamento de derecho 10), no se probó
en el plenario que la posible ausencia y/o disminución de pasajeros las afectara de
forma personal. Con la demanda se aportaron certificaciones por las cuales se
buscó acreditar la disminución en el recaudo de tarifas en las rutas habilitadas a
las demandantes y su causa en el fenómeno del «motocarrismo»: como lo fueron
en las rutas Simón Bolívar- Manuela y: Soledad 2000- Granabastos por parte de
Cootracolsur (ff. 165 a 175 C.); en la ruta Margaritas Cra19 – Centro Normandia-
Tajamares -Soledad 2000 por parte de Transportamos LTDA (ff. 277-284 C.1.).
Para la Sala los anteriores documentos no resultan conducentes para demostrar
dicha circunstancia, al verificarse que provienen de las propias demandantes, por
lo cual carecen de valor probatorio29.

Por otro lado, tampoco resultan conducentes las certificaciones del parque
automotor de las demandadas (Cootracolsur: f.167 C1; Transoledad: f. C1 280), ni
las tarjetas de propiedad y de operación de los automotores asociados a las
demandantes (Cootracolsur: ff.180-256 C1; Transoledad: ff. 276-284 C.1), para
acreditar el carácter personal del daño alegado. En efecto, en las tarjetas de
propiedad y de operación, se observa que las aquí demandantes no eran
propietarias30 de ningún automotor que operara las rutas que les fueron

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 7 de octubre de 2016 SC14426-
2016.[fundamento de derecho 2] Allí se precisó: «(…) En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere
relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente,
favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no
existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia
prueba”(…) allí se citaron: CSJ SC 113, A3 Sep. 1994; CSJ SC, 27 Jul. 1999, Rad. 5195; CSJ SC, 31 Oct.
2002, Rad. 6459; CSJ SC, 25 Mar. 2009, Rad. 2002-00079-01; CSJ SC9123, 14 Jul. 2014, Rad. 2005-00139-
01
30 Se aclara que el derecho de propiedad sobre los vehículos «MIC 081» y «MIC 083» no puede tenerse como

demostrado con las certificaciones del parque automotor del de 2009, 2010 y 2011 (ff. 21 - 26 C.anexos). Ello
al verificarse por la Sala que el autor de dichos documentos fue el representante legal de dicha cooperativa,
su contenido no da claridad sobre la calidad de propietarios de los nombres allí indicados, ni obran las
licencias de tránsito o tarjetas de operación de los referidos vehículos, que puedan dar claridad si los referidos
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habilitadas, y se extrañó prueba documental por la cual se pudiera apreciar los
acuerdos de vinculación de las demandantes y los propietarios de los vehículos
autorizados para operar dichas rutas.

En virtud de lo anterior, en tanto no se establece cuáles son los derechos que
detentan en la explotación y/o operación de los automotores referidos, no es
posible verificar cual es la supuesta afectación que dicen experimentar las actoras.

24. De igual forma, con la demanda, los demandantes solicitaron en el acápite
de pruebas, literal C) (f. 20 C1), que se decretara y practicara una inspección
judicial con perito contable para que determinara la «intervención y el perjuicio del
«motocarrismo» en las rutas habilitadas a las demandantes, el lucro cesante de
las referidas sociedades desde el 17 de octubre de 2013 y la no utilización de
algunas de las rutas habilitadas en horas de la noche.

25. El 14 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión A, decretó la práctica de la prueba pericial solicitada por el extremo
accionante, en los términos solicitada por esta para lo cual se designó al perito
contador público Luis Fernando Molina Acero (f. 411 C1). El dictamen fue
practicado y allegado al expediente (fls.1-22 C1), y por Auto del 1 de junio de 2016
el despacho corrió traslado de este a las partes (folio 515 C1).

26. Por memorial del allegado el 13 de junio de 2016 (ff. 524-530 C1), el
apoderado de municipio de Soledad objetó por error grave el dictamen pericial al
«(…) referirse a aspectos de derecho y emitir juicios de valor que solo competen al
funcionario judicial (…)». De esta forma, arguyó que el perito erró al señalar la
responsabilidad del municipio de Soledad por la «decadencia económica» de las
empresas demandantes, así mismo señaló que los perjuicios identificados por el
perito no valoraron, lo relativo a la entrada en funcionamiento del servicio de
transporte masivo de pasajeros «Transmetro» en el área metropolitana de
Barranquilla, ni discriminó los ingresos y pasajeros que provenían de los usuarios
que tomaban el servicio en Barranquilla o Malambo.

vehículos resultaban de propiedad de la demandante al momento de los hechos y las certificaciones de años
posteriores, ya no dan cuenta de dichos vehículos dentro del parque automotor de la demandante.

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Luego, en audiencia de pruebas celebrada el 29 de junio de 2016, se practicó la
contradicción del dictamen pericial (ff. 536- 539 C1.), en la cual el apoderado del
municipio de Soledad reiteró la objeción grave y los argumentos que la
sustentaron en el escrito de 13 de junio de 2016.

Finalmente, en relación con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Atlántico, Sala de Decisión A, se subraya que no existió pronunciamiento sobre la
objeción grave formulada, por ende, con fundamento en el artículo 187 del
CPACA31, será objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Subsección, en
la medida que deberá efectuarse la valoración del dictamen pericial obrante en el
plenario.

27. Ahora bien, sobre la contradicción del dictamen pericial los artículos 218 y
219 del CPACA, hicieron frente a estos aspectos a una remisión normativa, al
Código de Procedimiento Civil. Sucede en el presente caso, que tanto la
presentación de la demanda como el decreto del dictamen en el presente proceso,
ocurrieron cuando ya había entrado en vigor el Código General del Proceso (1 de
enero de 2014)32, pero con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de
2021, que modificó el contenido de las precitadas disposiciones jurídicas. En este
sentido, con fundamento la remisión efectuada por los artículos 218 y 219 de la
Ley 1437 de 2011, para la práctica y contradicción del dictamen se entenderá
efectuada al Código General del Proceso, con fundamento en el artículo 40 de la
Ley 153 de 1887 (modificada por el artículo 624 del CGP).

En cuanto a la objeción por error grave del dictamen pericial se tiene que el
artículo 228 del CGP precisó que «(…) En ningún caso habrá lugar trámite
especial de objeción del dictamen por error grave (…)»; no obstante, se ha
precisado por la Corporación33 que la exégesis de dicha norma no implica la

31Artículo 187 (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que

el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.(…)
32 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C, CP: Enrique Gil

Botero, Sentencia del 6 de agosto de 2014, Rad.: 88001-23-33-000-2014-00003-01(50408), [ Fundamento de
derecho 4].
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del 14 de
febrero de 2019, rad: 250002336000201502569 01 (58894) [Fundamento de derecho 4.3]. Allí se precisó:
anterior «la contradicción al dictamen puede realizarse de varias maneras, sin que ello implique surtir la etapa
24

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imposibilidad de elevar la objeción al dictamen pericial (prevista el numeral 3 del
art. 220 del CPACA), tan solo implica una negativa para efectuarlo por un trámite
especial.

28. El error grave de la forma en que ha venido siendo decantando por esta
Corporación34, es aquel que salta a la vista, en el que sin mayor análisis luce como
protuberante, en el que el perito cometió un error respecto al objeto examinado o a
sus cualidades, como lo es que se rinda un peritaje sobre un objeto distinto al que
era objeto de la prueba35, o un error de importante cuantía cuando le competía
análisis numérico como lo son los avalúos36. Para identificarlo, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que el defecto
argumentado debe ser de tal magnitud que los

(…) reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas
de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición
de la diligencia con intervención de otros peritos (…)37

De igual forma la Corte menciona que los errores graves «(…) no pueden hacerse
consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos
saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada (…)»38 .

La misma apreciación ha sido efectuada por esta corporación, quien en su
precedente ha afirmado que el error grave es aquel «(…) que se opone a la
verdad, por la falta de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el

prescrita en el Código de Procedimiento Civil para la objeción por error grave, la cual, a voces de este nuevo
compendio, no obstante existir la posibilidad de elevarse, no comporta un trámite especial»
34 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 7

de febrero de 2011. Rad. 34387 [Fundamento Jurídico 3]
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de

2008. Rad. 16850 [Fundamento Jurídico 3.1]
36 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de derecho procesal. Pruebas judiciales. T.II, 10ª ed, Medellín,

Diké, 1994, p.371.
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Auto del 08 de septiembre de 1993, MP Carlos Esteban

Jaramillo Schloss Rad. 3446.[ Fundamento de derecho 2], in extenso allí se dijo: «(…) jurisprudencial, "... si
se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el
peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la
repetición de la diligencia con intervención de otros peritos ..." (G.J. Tomo Lll, pág. 306) pues lo que
caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, "... es
el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o
tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del
dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se
den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ...", de donde resulta a todas luces evidente que las
tachas por error grave a las que se refiere el numeral lo. Del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil "...
no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen,
una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. (…) »
38 Ibidem.

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dictamen y la representación mental que de él haga el perito (…)» 39; de allí, que el
mismo deba recaer sobre el objeto de la peritación, pero no sobre sus
conclusiones40. En pronunciamiento más reciente, la Subsección A de la Sección
Tercera explicó con suficiente claridad que «(…) para que prospere la objeción por
error grave, el peritaje debe haber cambiado las cualidades del objeto examinado
o haber tomado como objeto de estudio una cosa fundamentalmente distinta de la
que es materia del dictamen (…)».41

Conforme a lo expresado, la Sala concluye que quien solicita la objeción grave de
un dictamen pericial, debe argumentar que el perito cometió un error respecto al
objeto del dictamen y no argumentar un yerro respecto a las conclusiones, pues es
el juez quien debe valorar tales apreciaciones, sin que sean una camisa de fuerza
a la hora de fallar el asunto. Sobre este punto la doctrina ha concluido que el juez
no está obligado a aceptar a ciegas las conclusiones del perito, pues ello lo
equipara al juez42.

29. En relación con el dictamen pericial practicado por el señor Luis Fernando
Molina Acero, para la Sala la objeción por error grave elevada por el apoderado de
municipio de Soledad no tiene el mérito de prosperar. En primer lugar, si bien, el
dictamen pericial realizó afirmaciones que demuestran un ejercicio de apreciación
jurídica, como lo fue afirmar en sus conclusiones que el municipio incumplió sus
deberes jurídicos, de quien adujo que «(…) no ejerce el debido control para
impedir la circulación de motocarros por esas vías (…)», esta circunstancia por sí
sola no tiene el mérito para dejar desprovistos de valor los fundamentos el resto
del estudio, habida cuenta que no recae sobre el objeto de la prueba pericial,
simplemente se destina sobre una conclusión.

En segundo lugar, en lo que se refiere a la falta de valoración por parte del perito
de la entrada el funcionamiento del sistema de transporte masivo en el área
metropolitana de Barranquilla, o la falta de discriminación en el cálculo de
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de

2010. rad. 070012331000200000208-01(21946) [Fundamento Jurídico 8.2.2]
40 ibidem
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 20 de junio de 2023, Expediente 52.685
42
PARRA QUIJANO, Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2004,
Pág. 649.

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pasajeros y de recaudo, la fracción de usuarios que toman la rutas habilitadas a la
demandantes desde otros entes territoriales, para la Sala, pese a que dichas
manifestaciones recaen sobre el objeto de la pericia, no tienen la magnitud para
justificar la prosperidad de la objeción grave propuesta por el apoderado de la
parte demandada. Ello, en vista que suponen una inconformidad de orden
metodológico frente al labor del perito, y no ponen de presente un defecto grave,
con la magnitud de constituir un error grave, como lo sería la falta de identidad del
objeto de estudio al encargado, sin perjuicio que dichos elementos sirvan en la
valoración probatoria del dictamen, la cual corresponde a la Sala realizar a pesar
de la improcedencia de la objeción por error grave propuesta por la demandada.

30. Al respecto, el artículo 232 del CGP dispone que la apreciación del
dictamen pericial se debe realizar, de conformidad a las reglas de la sana crítica
«(…) a solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la
idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas
que obren en el proceso (…)».

31. En el caso de la prueba pericial rendida por el perito Luis Fernando Molina
Acero a juicio de la Sala, este encontró que existió una disminución de pasajeros
de las demandantes atribuible al fenómeno del «motocarros» al analizar las
«planillas de movilización de pasajeros» correspondientes a los años 2008 a 2015
(hasta noviembre) información que luego utilizó para calcular el recaudo dejado de
percibir, teniendo en cuenta las resoluciones que fijan la tarifa del servicio.

En el desarrollo de la audiencia de pruebas, el perito reconoció que las planillas de
movilización de pasajeros43, que examinó se trataban de documentos que las
mismas empresas elaboraron. De igual forma, en los anexos que acompañaron el
dictamen varias de esas planillas no aparecen suscritas, no identifican la ruta del
registro de pasajeros, ni el vehículo, ni el día en que se hizo registro, elementos
que se extrañan y generan dudas para la Sala sobre el carácter representativo de
lo que en ellas se registra, así como la idoneidad de las mismas para ilustrar el
número de pasajeros movilizados por las demandantes.

43 Minutos 31 a 35 del video de la audiencia de pruebas de fecha 29 de junio de 2016. Acta de audiencia

obrante a folios 536 a 540 C1. Cd de la audiencia obrante en sobre entre los folios 530 y 531 C1.
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Frente a las observaciones del perito, de igual forma- como se argumentó en la
objeción por error grave- el alcance de la pericia no permite discriminar la
disminución de usuarios dentro del referido municipio, y dentro de otros entes
territoriales por los cuales transitaban las rutas de habilitadas a las demandantes
(ej: Barranquilla). Asimismo, la Sala encuentra que el dictamen tampoco valoró lo
relativo a la reducción del parque automotor o de la frecuencia de despacho de
vehículos de pasajeros, elementos necesarios para precisar si efectivamente el
supuesto daño está asociado a una menor demanda del servicio prestado por los
demandantes o a circunstancias propias de su operación – como la reducción del
parque automotor-. Aspecto este último, en el que se extrañó un índice que
sirviera para discriminar la reducción de pasajeros de forma más precisa, como lo
hubiera sido, por ejemplo, calcular el promedio histórico de pasajeros por vehículo
y trayecto.

Tampoco, la inspección judicial practicada el 26 de octubre de 2015 (ff. 424-446
C1) o los testimonios decretados, resultan conducentes para superar la falta de
información del dictamen lo que da lugar a la falta de certeza del daño. En efecto,
de la inspección judicial y los testimonios de los señores Rosiris Esther de la Hoz
Solano (ama de casa), Fabían Ucros Ucros (comerciante) y William Rosales
Gonzáles (conductor de motocarro) (ff. 447-450 C1), se observan apreciaciones
subjetivas sobre la situación denunciada por demandantes; no obstante,
resultaban insuficientes para ilustrar si la actividad de transporte ejercida por los
demandantes sufrió una reducción en la demanda de pasajeros. A título de
ejemplo, en la inspección judicial se rindió en un solo un día, no se extendió a
horas nocturnas – pese a que era parte del objeto de la misma-, y en ella se
registraron las observaciones del perito contador, sin que se registrara de forma
objetiva la frecuencia de despacho de los vehículos operados por las
demandantes.

De allí, que para la Sala no existen elementos con la suficiente aptitud probatoria,
para acreditar la afectación en la actividad económica de las demandantes.

32. En este sentido, ante la falta de prueba que permita dar por existente la
configuración de un daño, no hay lugar a extender el pronunciamiento al estudio

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de los otros elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado. En este
sentido, la Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,
a efecto de aclarar que se niegan las pretensiones de la demanda por los motivos
expuestos en la presente providencia, y no por la configuración de la fuerza mayor
como eximente de responsabilidad.

Costas

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por el Código General del Proceso.

El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «(…) están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

El numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta
instancia, el numeral 1 del mismo artículo establece que «se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación». Asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo No. 1887 de 2003 del Consejo Superior
de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, la Sala
fijará las agencias en derecho, en la segunda instancia, que están a cargo de la
parte demandante en la suma equivalente al 0.1% de las pretensiones negadas44,

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es decir, la suma de nueve millones trecientos setenta mil trecientos sesenta y
ocho pesos ($9.370.368 m/cte)45, la cual se reconocerá, en partes iguales, en
favor de las demandadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala de Decisión A, por los motivos expuestos
en esta providencia.

SEGUNDO: Negar la objeción por error grave del dictamen pericial, formulada por
el apoderado del municipio de Soledad por las razones expuestas en la presente
providencia.

TERCERO: CONDÉNESE en costas a la parte demandante en favor de las
demandadas, y FÍJESE las agencias en derecho de segunda instancia en la suma
de a cargo de la parte actora nueve millones trecientos setenta mil trecientos
sesenta y ocho pesos ($9.370.368 m/cte).

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

45 La parte demandante estimó la cuantía en $9.370.368.000.

30

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Demandante: Cootracolsur y otro
Demandados: Municipio de Soledad y otro
Proceso: Reparación directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
JEQJ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe
de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/docume
ntos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de
validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VF

31

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