Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00296-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00296-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2016-00296-02
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 63001-23-33-000-2016--00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a
los particulares por omisión en las funciones de vigilancia y control del transporte
público de pasajeros / ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – No se acreditó la configuración del daño
antijurídico alegado - la demandante no allegó pruebas que evidencien una merma
patrimonial.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío que declaró
la caducidad del medio de control y negó las pretensiones de la demanda.
Se demanda la indemnización de las pérdidas económicas que causó la omisión
de control de los agentes de transporte intermunicipal.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Quindío que resolvió la demanda presentada1 por Metropolitana
Calarcá S.A. (en adelante Metrocalarcá S.A.) contra el municipio de Calarcá, con el
fin de que se le declare patrimonialmente responsable por las pérdidas económicas
que causó la falta de control del transporte público en ese municipio.
2. Como fundamento fáctico, se expuso que Metrocalarcá S.A. es una sociedad
dedicada al transporte público de pasajeros en el área urbana del municipio de
Calarcá desde el 2000; indicó que la entidad territorial demandada, a partir de 2001,
permitió que empresas que no están habilitadas para el ejercicio de la modalidad
de transporte de pasajeros presten ese servicio.
3. Afirmó que desde 2001 hasta la fecha de presentación de la demanda, había
solicitado en diversas oportunidades a la administración municipal para que
ejerciera el seguimiento, control y vigilancia de los agentes de transporte público
que venían operando irregularmente; no obstante, el municipio, en algunas
oportunidades, tan solo brindó respuestas tangenciales, limitándose a socializar
1
El 17 de agosto de 2016, folio 43 c. 1.
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
con los representantes de las diferentes empresas transportadoras la normativa
vigente, en otras, guardó silencio, sin imponer comparendos o ejecutar operativos
de control y, en definitiva, no desplegó actuaciones eficientes para impedir el
ejercicio de transporte público ilegal en el casco urbano de Calarcá, pese a que,
según un estudio que ordenó ejecutar, el 48.27% de pasajeros utilizaban el referido
transporte ilegal y, a que entidades como la Superintendencia de Puertos y
Transporte y el Ministerio de Transporte, la había requerido para que controlara la
situación en su territorio.
4. Expresó que mediante Decretos 134 del 23 de agosto de 2005, 189 del 25 de
agosto de 2006 y 72 del 8 de abril de 2014, el municipio estableció zonas de
estacionamiento, paraderos y recorridos de los agentes de transporte municipales
e intermunicipales que operaban en su jurisdicción; no obstante, aun cuando
Metrocalarcá S.A. advirtió que la reglamentación podía generar sobreposición de
algunos recorridos y agudizar la situación de ilegalidad del transporte público, el
ente municipal no tuvo en cuenta sus comentarios y tampoco se encargó de
garantizar el respeto de cada modalidad de transporte por las empresas que
operaban en el sector, ya que, incluso teniendo la información de los vehículos que
se dedicaban al ejercicio indebido, no efectuó seguimiento administrativo ni impuso
sanción alguna2.
5. Con fundamento en esta situación, Metrocalarcá S.A. expresó que el municipio
de Calarcá era responsable por la afectación patrimonial sufrida por la disminución
de pasajeros3.
La defensa
6. El municipio de Calarcá se opuso a las pretensiones. Manifestó que había
ejercido las facultades de autoridad de transporte público, para lo cual había
proferido diferentes normas tendientes a regular las rutas y paraderos; también
realizó charlas, socializaciones, estudios, operativos e impuso comparendos, todo
ello con el fin de controlar la prestación no autorizada de transporte de pasajeros,
motivo por el cual afirmó que había incurrido en falla alguna en el servicio de la cual
se pudiera predicar su responsabilidad patrimonial. Indicó que no estaba acreditado
algún daño patrimonial, y agregó, finalmente, que el medio de control estaba
caducado4.
7. Por el llamamiento en garantía que formuló el municipio, se vinculó a La
Previsora Compañía de Seguros5, pero guardó silencio.
Los alegatos
2
Folios 3 a 31 c. 1.
3
Folios 22 a 36 c. 1.
4
Folios 82 a 120 c. 1.
5
Convocada mediante auto del 7 de febrero de 2017, folios 79 a 82 c. llamamiento en garantía.
2
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
8. Vencida la etapa probatoria6, el municipio de Calarcá7 y la Previsora Compañía
de Seguros S.A.8 coincidieron en su solicitud de que se negaran las pretensiones,
con fundamento en la falta de prueba de la falla en el servicio alegada, pues la
evidencia demostraba que la administración municipal ejerció sus funciones
administrativas, en tanto expidió actos administrativos de regulación del tránsito,
mantuvo comunicaciones con los distintos agentes prestadores del servicio de
transporte público, impuso las órdenes de comparendo a lugar por la operación
ilegal de algunos automotores, entre otras; además, explicaron que la supuesta
omisión debía evaluarse en términos de capacidad institucional bajo la óptica de la
falla relativa en el servicio, la que en todo caso no estaba acreditada, pues no era
posible exigir que la administración municipal dedicara los agentes de tránsito para
el cubrimiento exclusivo de las rutas de operación de las diferentes empresas
transportadoras; asimismo, expresaron que no había prueba del daño, en atención
a la falta de rigor científico del dictamen pericial rendido y, por último, insistieron en
la caducidad del medio de control.
9. La parte demandante expresó que las pruebas recaudadas acreditaban la falla
del municipio de Calarcá indicada en la demanda, por lo que solicitó que se
accediera a su petitum9. El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión recurrida
10. Al dictar sentencia, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la caducidad
del medio de control respecto de los hechos previos al 20 de junio de 2014 y, en lo
demás, denegó las pretensiones, por falta de prueba, tanto de la falla imputada
como del daño alegado.
11. Explicó que los supuestos daños que sufrió Metrocalarcá S.A., por la omisión
administrativa de vigilancia y control del transporte, comenzaron a causarse desde
el 2000, pero la demanda se presentó el 22 de abril de 2016, por lo que resultaba
extemporáneo el reclamo indemnizatorio, salvo por los hechos ocurridos entre el
20 de junio de 2014 y el 22 de abril de 2016, teniendo en cuenta la suspensión del
término por el trámite de conciliación extrajudicial.
12. En relación con las omisiones en el período no caducado, dijo que la prueba
evidenciaba que las autoridades del municipio de Calarcá realizaron controles de
transporte urbano no autorizado e impusieron órdenes de comparendo, con lo cual
se desvirtuaba la acusación de falta de medidas administrativas de control; precisó,
6
Como pruebas se tuvieron las allegadas por las partes correspondientes a múltiples comunicaciones cruzadas
entre Metrocalarcá S.A., el municipio de Calarcá, el Ministerio de Transporte, y la Superintendencia de Puertos
y Transporte, el informe de ingresos dejados de percibir, certificados de existencia y representación legal de
algunas empresas transportadoras involucradas en los hechos, constancias de órdenes de comparendo,
informes de la unidad de tránsito municipal de Calarcá, planes de mejoramiento vial municipal y, a petición de
la actora, se practicó un dictamen pericial de determinación de perjuicios y se recibieron los testimonios de
Liliana Rugeles Gil, Jairo Florez Salazar, Óscar Humberto Marín, Henry Rodríguez Valencia y Franklin
Leonardo Díaz Tovar. Ver auto de pruebas a folio 333 a 340 c. 1.
7
Folios 296 a 304 c. 2.
8
Folios 269 a 279 c. 2.
9
Folios 305 a 332 c. 2.
3
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
además, que el asunto ya había sido analizado en sede judicial en el marco de una
acción popular que fue resuelta por el Juzgado Tercero Administrativo de Armenia
y en la que se determinó que no había vulneración a derechos colectivos por la
supuesta ausencia de pluralidad de agentes de transporte intraurbano, lo cual
evidenciaba que Metrocalarcá S.A. se beneficiaba completamente por ser el único
autorizado para la explotación de ese servicio público.
13. De otro lado, precisó que no había prueba que evidenciara la merma
patrimonial aducida por el demandante, pues el peritaje rendido carecía de asiento
científico y rigurosidad técnica, amén de que no se habían aportado libros contables
que dieran a conocer el estado financiero de la empresa. Por último, se abstuvo de
condenar en costas10.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
14. En su apelación, la parte demandante adujo una indebida valoración probatoria.
Dijo que el a quo tomó apartes de algunos testimonios y dejó de lado otros, como
el de los señores Liliana Rugeles y Henry Rodríguez Valencia, quienes
evidenciaban “la competencia desleal” permitida por la autoridad municipal y
también demostraban como, mediante los distintos decretos por los cuales definió
rutas para los transportadores intermunicipales y municipales, el municipio “fomentó
la trasgresión ilegal”11 y desconoció los procedimientos licitatorios obligatorios para
la designación de rutas de transporte. Expresó que estaba probado que el municipio
no ejerció el control administrativo del transporte, pues entre 1998 y 2010, ni
siquiera contaba con agentes de tránsito y entre 2012 a 2015 sólo mantenía un solo
agente, como lo indicaba el certificado allegado y las declaraciones del agente de
tránsito Humberto Marín.
15. Asimismo, expresó que el dictamen pericial practicado contaba con los
elementos suficientes para acreditar el daño y debía ser valorado en su integridad,
en consideración a que no fue objetado ni tachado de falso por el demandado.
Indicó también que era inútil aportar los libros contables de la empresa de que
hablaba el a quo, toda vez que reflejan una “mera cifra expuesta por un comerciante
para el cálculo de los valores a pagar de registro”12, pero no contienen información
que permita establecer el número de pasajeros perdidos por la falta de intervención
administrativa del municipio demandado. Finalmente, dijo que el medio de control
no estaba caducado, ya que se trataba de un daño continuado que comenzó en
2004, cuando se asignaron rutas a las empresas intermunicipales mediante decreto
146 y que aún se sigue causando13.
10
Folios 335 a 363 c. principal.
11
Folio 393 c. principal.
12
Folio 406 c. principal.
13
Folios 368 a 411 c. principal.
4
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
Alegatos de segunda instancia
16. La Previsora Compañía de Seguros S.A. expresó que no había objeto de
apelación en la medida en que los cargos de alzada habían sido agotados en las
consideraciones de primera instancia y precisó que, en caso de aceptarse lo
contrario, no había ninguna evidencia de irregularidad en la valoración probatoria,
por lo que solicitó la confirmación del fallo de instancia14.
17. El municipio de Calarcá insistió en la ausencia de prueba de la falla del servicio
y agregó que fue la determinación de los pobladores de recurrir a un servicio no
autorizado, la causa que incidió en el supuesto daño que sufrió Metrocalarcá S.A.
el cual tampoco se hallaba probado, teniendo en cuenta los argumentos expuestos
por el Tribunal15. La parte actora insistió en lo dicho en la apelación16. El Ministerio
Público solicitó que se confirmara la sentencia con fundamento en las mismas
consideraciones del tribunal de instancia17.
III. CONSIDERACIONES
18. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
Objeto de apelación
19. El objeto de pronunciamiento de la Sala está llamado a determinar si el a quo
se equivocó al estimar que no había prueba del daño como tampoco de la falla en
el servicio del municipio de Calarcá que supuestamente lo causó; no obstante,
previo a este análisis, es necesario realizar algunas precisiones sobre la causa
petendi y la caducidad del medio de control, con ocasión de la delimitación de la
alzada a resolver.
Imposibilidad de alteración de la causa petendi
20. Uno de los cargos que el demandante expone en el recurso de apelación es el
“fomento de trasgresión ilegal” en que incurrió el demandado, al expedir diferentes
decretos por los cuales autorizó la explotación de rutas de transporte en su
jurisdicción, pero sin respetar los procedimientos licitatorios que la ley establece
para tal efecto; sin embargo, la Sala precisa que no hará ningún estudio al respecto,
pues aquél no fue un motivo que se hubiera alegado en la demanda y que, en el
evento en que se hubiera incluido, hubiera concitado una crítica al medio de control
que se ejerció y los tiempos usados para el efecto.
14
Folios 426 a 428 c. principal.
15
Folios 430 a 433 c. principal.
16
Folios 441 a 460 c. principal.
17
Folios 486 a 497 c. principal.
5
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
21. Se recuerda que la condición fáctica y jurídica que sustentó las pretensiones
correspondió únicamente a la omisión en la vigilancia y control del transporte
público y terrestre de pasajeros en la que supuestamente incurrió el municipio
demandado, por manera que si la intención de la actora era integrar a la causa
fundante de sus pretensiones los argumentos de irrespeto de normas sobre
licitación, debió hacerlo desde el principio en la demanda misma, ya que el
pronunciamiento judicial a lugar sólo puede comprender lo allí indicado, so pena de
desconocer el debido proceso de las demandadas en un juicio por una causa
nueva, adicionada o diferente respecto de la cual no ejercieron su defensa.
Caducidad del medio de control
22. Metrocalarcá S.A. censura la decisión del a quo que consideró caducado el
medio de control de reparación directa pues se está ante un daño continuado.
23. En términos generales, el derecho de daños enseña que estos pueden
expresarse de dos modos: (i) en un solo momento, instantáneo o inmediato o (ii) en
una sucesión progresiva, continuado o de tracto sucesivo. El primero es aquél que
resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo y que, si bien
tiene efectos que se pueden proyectar hacia el futuro, existe únicamente en el
momento en que se produce, por lo que es posible constatar su existencia desde
el momento mismo de su ocurrencia; el segundo –al que alude el apelante– es
aquél que se prolonga en el tiempo de manera continua o intermitente, en donde la
prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste, sino del daño
mismo18.
24. Cabe precisar que una omisión es una conducta negativa consistente en la
abstención de ejercicio de una actuación determinada como deber legal, cuya
evaluación, en términos de establecer la temporalidad de su ocurrencia, debe
efectuarse en función de la amplitud del mandato o deber y el término que el
Legislador definió para la ejecución de la actuación que se echa de menos, bajo los
términos de la razonabilidad y la lógica.
25. Para el caso bajo análisis, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 105 de 199319
y los artículos 11 del Decreto 170 de 200120, 2.2.1.2.2. del Decreto 1079 de 201521
y artículos 3 y 134 de la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, los
alcaldes son las autoridades a cargo de la inspección, vigilancia y control de la
prestación del servicio de transporte y, para tal fin, cuentan con funciones de policía
de tránsito; sin embargo, las normas en cita, reguladoras del tránsito terrestre en
sus diferentes formas y modalidades, no establece un término para que los alcaldes
18
Consejo de Estado, sentencia del 18 de octubre de 2007, Exp. AG-0029.
19
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
20
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,
Distrital y Municipal de Pasajeros”.
21
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
6
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
o sus delegados adopten medidas administrativas, pues se trata de una función
permanente y general que comprende diferentes medios de concreción (desde la
expedición de actos administrativos generales regulatorios hasta la imposición de
órdenes personales de comparendo), que no se agota ni consume con uno sólo de
ellos.
26. En este caso, la supuesta omisión por falta de adopción de medidas
administrativas contra el servicio no autorizado de transporte de pasajeros y en el
correlativo impacto patrimonial diario que aparejó para la actora se viene
presentando desde 2004; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en la demanda
el actor sabía que la administración supuestamente omitía sus funciones y que,
como consecuencia, le estaba causando un detrimento patrimonial, lo cual permite
concluir que es un daño cuya consolidación se producía día a día, pero respecto
del cual no había óbice para que el demandante solicitara su indemnización en el
plazo máximo de dos (2) años establecidos en el literal i), numeral 2 del artículo 164
del CPACA.
27. Al amparo de estas premisas, se concluye que el análisis judicial solo es posible
respecto de las afectaciones patrimoniales provenientes de las omisiones del
municipio acaecidas dentro de los dos (2) años previos al ejercicio del medio de
control, ya que las acaecidas y concretadas con anterioridad a esa fecha se
encuentran afectadas por la caducidad, ya que el actor tenía plena conciencia de
ellas, al punto que no dejaba de reclamar a través de peticiones escritas la
intervención de la administración, tal como lo expuso en la demanda y se evidencia
con las múltiples peticiones allegadas al expediente.
28. Así, en función de la suspensión de la caducidad por un (1) mes y veintisiete
(27) días, que ocurrió por motivo del trámite de conciliación prejudicial que inició el
25 de febrero22 y finalizó el 22 de abril23 de 2016, es dable concluir, tal como lo
concibió el a quo, que el análisis judicial sólo puede comprender los daños
supuestamente sufridos por el demandado entre el 20 de junio de 2014 y el 17 de
agosto de 2016, cuando se radicó la demanda.
29. Definido lo anterior, pasa la Sala a efectuar el estudio de rigor, anticipando que
confirmará la sentencia de instancia, toda vez que no hay elementos suficientes
que evidencien que el daño padecido por el demandado se debió a una falla del
municipio de Calarcá en la vigilancia y control del transporte público, en su
jurisdicción.
Caso concreto
30. Conviene precisar que el daño es la circunstancia elemental en la
responsabilidad extracontractual del Estado, cuya certeza probatoria debe
evaluarse y verificarse de forma preliminar antes de abrir un debate de tal
22
Folio 46 c. 1.
23
Folio 47 c. 1.
7
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
naturaleza. Así, si su ocurrencia no está debidamente probada, pierde sentido que
el juez intente establecer el sujeto a cargo del deber de indemnizar y la razón o
fundamento fáctico y jurídico que soportaría esa obligación.
31. Como enunciado general, la prestación del servicio público de transporte
terrestre es inherente a la finalidad social del Estado y, por tanto, a través de sus
diferentes estamentos públicos interviene en la operación a través de la regulación,
control y vigilancia. Bajo este mandato, las leyes 105 de 199324 y Ley 336 de 199625,
fijan y unifican los principios y criterios que rigen los diferentes modos o formas de
transporte público operativos en Colombia (aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo
y terrestre), orientan la reglamentación de las modalidades de prestación de cada
modo o forma de prestación de este servicio público y en el caso del transporte
terrestre, fijan las modalidades de transporte terrestre automotor colectivo de
pasajeros26, colectivo de pasajeros por carretera27, mixto28, individual de pasajeros
en vehículos taxi29 local o nacional, especial30, masivo, de carga31, determinados
en el Decreto 1079 de 201532; asimismo, rigen la normatividad específica que, en
la modalidad de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros, reglamentó
el Decreto 170 de 200133.
24
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
25
“Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”.
26
“ARTÍCULO 2.2.1.1.3. Servicio público de transporte terrestre automotor colectivo de pasajeros. Es aquel
que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente
habilitada en ésta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas
que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para recorrer total o parcialmente una o más
rutas legalmente autorizadas”.
27
“ARTÍCULO 2.2.1.4.3. Servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. Es
aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y
debidamente habilitada en esta modalidad, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de
las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público a esta vinculado, para su traslado en una ruta
legalmente autorizada”.
28
“ARTÍCULO 2.2.1.5.3. transporte terrestre automotor mixto. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad
de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, a través de un contrato
celebrado entre la empresa de transporte y cada una de las personas que utilizan el servicio para su traslado
simultáneo con el de sus bienes o carga, en una zona de operación autorizad”.
29
“ARTÍCULO 2.2.1.3.3. Servicio público de transporte terrestre automotor, Individual de Pasajeros en los
niveles básico y de lujo. El Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en los niveles básico
y de lujo, es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida
y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el
usuario fija el lugar o sitio de destino. El recorrido será establecido libremente por las partes contratantes”.
30
“ARTÍCULO 2.2.1.6.4. Servicio público de transporte terrestre automotor especial. Es aquel que se presta
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta
modalidad, a un grupo específico de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen
y destino, como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, pacientes
no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de un grupo
determinable y de acuerdo con las condiciones y características que se definen en el presente Capítulo”.
31
“ARTÍCULO 2.2.1.7.3. Servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Es aquel destinado a
satisfacer las necesidades generales de movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de
servicio público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de una empresa de transporte
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, excepto el servicio de transporte de que
trata el Decreto 2044 del 30 de septiembre de 1988”.
32
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
33
“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,
Distrital y Municipal de Pasajeros”.
8
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
32. En este caso, la controversia se funda en la merma patrimonial que
Metrocalarcá S.A. afirma haber sufrido como consecuencia de actos de piratería
ejecutados por empresas que, aunque no contaban con autorización, prestaban el
servicio en la modalidad de transporte colectivo en la cual operaba la demandante
de forma única y exclusiva, situación de la cual culpa al municipio demandado, en
tanto no ejerció los mandatos de vigilancia y control que impidieran ese ejercicio
desleal.
33. Bajo el proceso está acreditado que Metrocalarcá S.A. es una empresa de
transporte habilitada indefinidamente por el municipio de Calarcá para prestar el
servicio público de transporte terrestre de pasajeros en la jurisdicción municipal,
para lo cual cuenta con la asignación de “la totalidad de derechos administrativos
(…) vale decir, la totalidad de rutas, niveles de servicio, horarios y frecuencias de
despacho, tipo o clase de vehículos y capacidad transportadora”, conforme con la
Resolución 08 del 7 de enero de 200034; asimismo, es una empresa que cuenta con
8 rutas asignadas de las cuales 5 responden a la cobertura urbana y 3 a
suburbanas, única habilitada para operar en la modalidad de transporte público
colectivo en buses y/o busetas, según se extrae del Plan para el Mejoramiento de
Movilidad del municipio de Calarcá 2009 – 201135 y el Estudio Plan Vial y de
Transporte del Municipio de Calarcá de 201436.
34. Según indican los planes de mejoramiento de movilidad vial citados, la
demanda de transporte público del municipio de Calarcá se repartía así: en la
modalidad de transporte público colectivo, únicamente Metrocalarcá S.A.; en la
modalidad de transporte público mixto municipal, Transportes Granada González
Gamboa y Cía.; en la modalidad de transporte público individual municipal,
Cooperativa de Motoristas El Cacique de Calarcá Ltda. – Coopcacique Ltda., y
Cooperativa de Motoristas de Calarcá Ltda. – Coomocal Ltda.; y en la modalidad
de transporte público intermunicipal, ruta Calarcá – Armenia y viceversa, Buses
Armenia Ltda., Cooperativa de Buses Urbanos del Quindío – Cooburquin, Tax
Paramo S.A. y Cooperativa de Transportadores Los Fundadores – Cootrafun37.
35. Ahora, según Metrocalarcá S.A., varias de estas empresas que estaban
habilitadas para operar en otras modalidades estaban prestando el servicio en la
suya, situación que señaló estar probada con base en el estudio que
supuestamente ordenó realizar el municipio en 2004 o 2008 (se señalan ambas
fechas), en el que se concluyó que el 48.27% de la demanda de colectivo urbano
era cubierta ilegalmente por empresas que no estaban autorizadas. En el
expediente reposa un documento en el que se indica ese porcentaje38 y se hace un
análisis en términos técnicos de la movilidad y el transporte de pasajeros del
municipio; no obstante, dicho documento no contiene fecha, título, autor o definición
del interregno temporal analizado que permita concluir como ciertas las
34
Folios 56 a 58 c. 4.
35
Folio 353 y 410 c. 5.
36
Folio 723 c. anexos IV.
37
Folio 410 c. 6.
38
Folios 133 a 199 c. 4 y 200 a 225 c. 5.
9
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
afirmaciones que sobre él funda el demandante; además, si llegara a corresponder
con cualquiera de las dos fechas indicadas, quedaría desprovisto de utilidad y
pertinencia probatoria, en la medida en que sólo serviría de medio de acreditación
frente a un espacio temporal (2004-2008) que no es objeto de análisis judicial, por
razón de la caducidad.
36. En el expediente también reposan el Plan para el Mejoramiento de Movilidad
del municipio de Calarcá 2009 – 201139 y el Estudio Plan Vial y de Transporte del
Municipio de Calarcá de 201440, estudios de las condiciones municipales sobre el
tema. Ambos documentos hacen referencia a la infraestructura vial y de transporte
del municipio y su operatividad, describen también recomendaciones para el
mejoramiento del servicio y para el adecuado aprovechamiento de los espacios
públicos; sin embargo, dada su generalidad en cuanto al transporte público
colectivo de pasajeros, no ofrecen mayores elementos que permitan establecer si
los actos de piratería de transporte a que alude el demandante son veraces y hasta
qué punto esa condición representó una afectación patrimonial que no proviniera
de una causa propia de la actividad transportadora, como la oferta de otras
modalidades de transporte o fenómenos que desestiman la demanda, como sería,
por ejemplo, la compra y usos de motocicletas o la valoración de oferta real del
servicio en función del análisis de la demanda bajo criterios origen-destino en rutas,
entre los múltiples factores; de ahí que solo es asumible considerar un impacto
general sobre la oferta de transporte sin poder cuantificar el real impacto en la
modalidad colectiva, que es al final de cuentas el servicio para el cual estaba
autorizada la ahora demandante.
37. Debe recordarse que “el transporte público colectivo terrestre de pasajeros del
radio de acción metropolitano, distrital y/o municipal” es una actividad comercial o
industria que, no obstante estar habilitada, vigilada y controlada por el Estado,
hunde su filosofía en la libre competencia y en la iniciativa privada, por lo cual es
una empresa que se ejecuta a cuenta y riesgo propio y en la que influyen múltiples
variables condicionantes de su ejercicio como el número de habitantes, la demanda
total de transporte, la demanda insatisfecha de transporte, la frecuencia de
despacho, la cantidad de unidades rodantes disponibles, los planes de rodamiento,
los horarios, el nivel y calidad del servicio, las tarifas, el sistema de rutas y
recorridos, el radio de acción municipal o metropolitano, conceptos explicados en
el artículo 7 del Decreto 170 de 2001, regulador de esta modalidad de transporte;
asimismo, se ve influenciada por otro tipo de variables incidentales como la
capacidad económica de los usuarios del sistema, la utilidad y eficiencia del mismo,
el uso de otros medios de transporte legales o no por parte de los usuarios, entre
otros, condiciones que en todo caso, entran en contacto con la dinámica del
mercado del transporte terrestre de pasajeros y en la correspondiente demanda a
cubrir por las empresas habilitadas para el efecto. Variables todas estas
susceptibles de acreditación, pero que no fueron objeto de esfuerzo probatorio por
parte del interesado.
39
Folio 353 y 410 c. 5.
40
Folio 723 c. anexos IV.
10
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
38. En este caso, no obstante la falta de certeza del objeto temporal de análisis que
demerita su pertinencia y utilidad probatoria, el estudio de 2004– 2008 que concluyó
que el 48.27% de la demanda de colectivo urbano era cubierta ilegalmente por
empresas que no estaban autorizadas, explica que ese fenómeno se debió por
varios factores entre los cuales estaban una falta de organización más eficiente del
sistema de transporte público, pero esencialmente porque: i) la frecuencia de
servicio de Metrocalarcá S.A. era inferior a la que ofrecían las empresas
autorizadas para otras modalidades, por lo que los usuarios usaban más aquellas
unidades que pasaran primero teniendo en cuenta sus necesidades; ii) el recorrido
de las unidades de la demandante era largo y tedioso, lo cual le restaba eficiencia;
iii) dada la cercanía de Calarcá a Armenia y en atención a que gran parte de la
población residía en aquel primer municipio pero laboraba o estudiaba en el
segundo era más útil el uso de las unidades dedicadas a la modalidad de transporte
intermunicipal que el de la colectiva; si bien podría afirmarse que la demanda de
transporte público colectivo diezmó, se debía también a que las personas por
economía no retornaban a sus hogares a medio día como antes lo hacían41.
39. Téngase en cuenta que en el expediente no existen medios análogos al
expuesto y que permitan conocer el estado de este cúmulo de variables para el
período del 20 de junio de 2014 al 17 de agosto de 2016, objeto de pronunciamiento
judicial, por manera que no encuentra la Sala argumentos probatorios para afirmar
que existió una afectación a la demanda de transporte público colectivo terrestre de
pasajeros como tampoco para conocer cuáles fueron las condiciones
determinantes de su ocurrencia; dicho en otras palabras, no hay suficiencia
probatoria para establecer que la supuesta mengua de demanda en efecto existió
y si ella no se debió a fenómenos propios relacionados con la actividad
transportista.
40. No se deja de lado que en el acervo reposa el dictamen pericial respecto del
cual el apelante funda su disenso con las apreciaciones del a quo; sin embargo, al
revisar su contenido se comparte los argumentos del Tribunal que lo señalan como
un análisis que pese la conceptualización técnica dejó de lado variables insalvables
que permitieran tenerlo como prueba.
41. El dictamen pericial tuvo en cuenta los siguientes conceptos: i) el número de
pasajeros movilizados anualmente; ii) la tarifa de transporte urbano definida por la
autoridad municipal42; iii) la variación poblacional del municipio de Calarcá según el
DANE; y iv) el porcentaje de personal movilizado en servicio no autorizado,
conforme con un estudio realizado para la administración municipal en 2003 (al
parecer es aquél a que se refiere el demandante como 2004-2008)43, pero dejó de
lado, las variables descritas anteriormente, la demanda total de transporte, la
demanda insatisfecha de transporte, la frecuencia de despacho, la cantidad de
41
Folios 133 a 199 c. 4 y 200 a 225 c. 5.
42
Folios ibidem.
43
Folios 133 a 199 c. 4.
11
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
unidades rodantes disponibles, los planes de rodamiento, los horarios, el nivel y
calidad del servicio, las tarifas, el sistema de rutas y recorridos, la posible
intersección de unos y otros, además, desde el punto de vista financiero, no tuvo
en cuenta ni analizó los costos operativos o de ejercicio, los que, para el caso,
estarían determinados por gastos de operación, combustible, mantenimiento,
personal, impuestos, etc., condiciones que resultan trascendentales de cara a la
probanza necesaria que el demandante requiere y que se echan de menos en la
prueba recaudada44.
42.
43. En el plenario también obran las declaraciones de Liliana Rugeles Gil45,
ingeniera civil que fungió como empleada para Metrocalarcá para 2008, Jairo Floréz
Salazar46, como usuario del sistema de transporte público urbano, Óscar Humberto
Marín47, como exagente de tránsito del municipio de Calarcá por más de 9 años,
Henry Rodríguez Valencia48, como funcionario de la unidad de tránsito municipal.
Sus relatos describen las condiciones del transporte público de pasajeros durante
diferentes períodos temporales entre 2004 y 2016, exponen la ínfima cantidad de
agentes de tránsito del municipio de Calarcá, dejan ver la existencia del fenómeno
de piratería y transporte informal y relatan las múltiples peticiones que radicó la
demandante con el fin de que se impartiera control efectivo, pero no exponen las
diferentes variables que entran a jugar en la determinación de existencia de una
afectación injustificada de la demanda de transporte como la que alega la
demandante: no señalan con suficiencia de precisión las frecuencias, recorridos,
tarifas, horarios, intervención o incremento de otros modos de transporte, etc.
44. La información que proporcionan no alcanza a colmar los detalles que se vienen
echando de menos, grosso modo, los que describía el estudio de 2004-2008, como
44
Debe tenerse en cuenta que el dictamen pericial, en cuanto medio de prueba, se encuentra dispuesto en el
artículo 233 del Código de Procedimiento Civil (artículo 226 del Código General del Proceso) y sirve como
forma para “verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos
o artísticos”, lo que quiere decir que tiene como función dar luces en el proceso sobre hechos que, por su
configuración, demandan de un saber cualificado del cual se predica su necesidad dado el limitado
conocimiento que sobre tales situaciones tiene el Juez, junto al hecho de requerirse una adecuada lectura de
tales situaciones especializadas, lo cual sólo se puede lograr con el suministro de información científica, técnica
o artística veraz. La fuerza persuasiva del dictamen pericial pende de la coherencia de los razonamientos
técnicos empleados por los expertos para justificar sus conclusiones (coherencia interna) y entre estos y los
supuestos fácticos que apoyan tales dichos, esto es, en armonía con los demás medios probatorios que obren
en la actuación judicial (coherencia externa). Es por ello que a fin de verificar la eficacia probatoria del dictamen
pericial, es apenas evidente exigir i) que quien lo elabore sea competente y tenga conocimiento de la ciencia,
arte o técnica objeto de la prueba, pues sólo ello supone la posibilidad de aplicar el saber cualificado que
demanda el proceso judicial, ii) que no haya prosperado una objeción por error grave en el dictamen elaborado,
iii) que cuente con la suficiente y debida justificación teórica o técnica sobre los conocimientos aplicados al
caso en concreto de modo que las conclusiones a las que arribe sean claras, razonables, comprensibles y se
deriven de los razonamientos externos e internos demostrados en el proceso, iv) que el dictamen no suponga,
de ninguna manera, la exposición o aplicación de criterios jurídicos, por cuanto se invade la esfera de
competencia de la autoridad judicial, v) que el dictamen no incurra en juicios hipotéticos o especulativos para
justificar sus conclusiones, vi) que se haya garantizado la posibilidad de contradicción a la contraparte y, en
caso de formularse en debida forma solicitudes de aclaración o error grave, éstas hayan sido atendidas
conforme al trámite procesal de rigor.
45
CD folio 244 c. 2.
46
CD folio 244 c. 2.
47
CD folio 244 c. 2.
48
CD folio 244 c. 2.
12
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
tampoco exponen aquellas otras condiciones de que carece el dictamen pericial,
esto es, las relativas a los costos de operación que permitieran arribar a la
conclusión de la existencia clara e indubitada de la afectación patrimonial que
aduce Metrocalarcá S.A., de ahí que no resulten infundadas las apreciaciones del
tribunal que, en afán de conocer la real situación financiera de la demandante a fin
de establecer la ocurrencia del daño, echó de menos los libros contables como
medios probatorios idóneos de que se sirve los comerciantes para acreditar sus
condiciones patrimoniales.
45. Ahora bien, no se deja de lado que, según oficio del 13 de mayo de 2015, con
ocasión de una petición de información de Metrocalarcá S.A., el municipio
reconoció que “se ha venido presentando una problemática en el tema del
transporte con vehículos con radio de acción nacional (intermunicipales) que
prestan servicios no autorizados”49, pero es una condición que, de un lado, no
implica de forma directa que la demanda de transporte terrestre de pasajeros
hubiera sufrido una afectación y, de otro, resulta insuficiente para afirmar que no
fue una condición probable de riesgo derivada o relacionada con otras tantas de las
cuales no se tiene prueba y que son indispensables para tener por probada la
relativa afectación económica alegada en la demanda.
46. La prestación del servicio de transporte no autorizado sin duda es una condición
que puede llegar a presentarse y afectar las diferentes modalidades formales en
que se presta, razón por la cual está sujetas al control e intervención estatal a través
de las autoridades facultadas para tal efecto, como lo son los alcaldes en el caso
que se analiza; sin embargo, no dejan de ser una condición que puede estar
determinada por varias de las condiciones que intervienen en la actividad
transportadora y que acaban de describirse, como el número de habitantes, la
demanda total de transporte, la demanda insatisfecha de transporte, la frecuencia
de despacho, la cantidad de unidades rodantes disponibles, los planes de
rodamiento, los horarios, el nivel y calidad del servicio, las tarifas, el sistema de
rutas y recorridos, el radio de acción municipal o metropolitano, de manera que,
ante la ausencia de medios suasorios que permitan conocer estas circunstancias,
no cabe predicar suficiente probatoria de la afectación patrimonial por variación de
demanda de transporte colectivo que alega Metrocalarcá S.A.
47. En el plano de esta discusión es preciso concluir que la actividad comercial de
transporte público de pasajeros es ejecutada por los particulares bajo cuenta y
riesgo propio, cuyas variables pueden afectar su ejercicio y el reporte de utilidades,
pero cuyo desmedro sólo es posible alegar y así requerir su indemnización, siempre
que se acredite que su génesis no se debió a las condiciones propias del giro
ordinario de la actividad y su intervención en la lógica de la oferta – demanda del
servicio público, sino a una omisión institucional, bajo los lineamientos de la falla en
el servicio, para lo cual el esfuerzo suasorio del interesado no es poco y, en su
lugar, requiere aportes demostrativos completos y pormenorizados, en atención a
la complejidad de la actividad y las variables que en ella intervienen.
49
Folios 765 y 766 c. anexos IV.
13
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
48. Conviene recordar al demandante que, en atención a lo consagrado en el
artículo 16750 del CGP, es deber suyo aportar los medios suasorios suficientes y
necesarios que permitan corroborar la existencia del daño y del vínculo de
causalidad con una falla en el servicio para la prosperidad de las pretensiones de
responsabilidad del Estado y, por ende, ante su ausencia no resta sino confirmar la
decisión de instancia, por la cual se negaron las súplicas de la demanda.
Costas
49. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas debe efectuarse en atención de las reglas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Este Código
dispone, en el numeral 1 del artículo 365, que se debe condenar en costas a quien
resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación51, lo que quiere decir, que la procedencia de dicha condena depende
únicamente de una condición objetiva, derivada del hecho de ser vencido en el
proceso, perdiendo relevancia si las partes actuaron temerariamente o no.
50. En este caso, la presente providencia confirmará la decisión de primera
instancia en cuanto al juicio de responsabilidad y, por ende, se puede colegir que
la parte actora resultó vencida, por lo que resulta procedente la condena en costas
en su contra.
51. Según el artículo 361 ejusdem, las costas están integradas por las agencias en
derecho y las expensas sufragadas durante el trámite de la controversia.
52. En relación con las agencias en derecho, el Acuerdo PSAA16-10554, expedido
el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, establece que,
para efectos de su determinación, es preciso tener en cuenta la naturaleza, la
calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía de la
pretensión y cualquier otra circunstancia relevante, además indica, en relación con
los “procesos declarativos en general”, que las agencias en derecho en segunda
instancia deben fijarse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes52.
53. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que, por razón de la interposición de los recursos de apelación, duró
más de 1 año en esta Corporación y, por ende, implicó que la parte demandante
vencedora tuviera que sufragar un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus
50
“Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”.
51
Artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto (…).
52
“Artículo. 5—Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
“1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL
“(...).
“En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”
14
Radicación: 63001-23-33-000-2016-00296-02 (63.226)
Actor: Metrocalarcá S.A.
Demandado: Municipio de Calarcá
Referencia: Medio de control de reparación directa
intereses, motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho a su favor en la
suma de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
54. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP53.
IV. PARTE RESOLUTIVA
55. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora y fijar las agencias en derecho
de segunda instancia en la suma de tres (3) SMLMV. El Tribunal de origen deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.
OCTAVO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
53
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
15
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