Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-31-004-2011-00658-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-33-31-004-2011-00658-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-33-31-004-2011-00658-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE (E): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación: 08001-3331-004-2011-00658-02
Referencia: Nulidad
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla - Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla - Municipios de
Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENC1AL / límites del
recurso de apelación / aplicación del artículo 328 del
CGP / competencia del superior/acto administrativo de
carácter general / publicidad / eficacia / oponibilidad /
exigibilidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por el
demandante contra la sentencia de 14 de julio de 2017. -en cumplimiento de lo
ordenado en el fallo de 6 de abril de 201»-, proferida por la Sección "C" del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en cuanto denegó las pretensiones de nulidad contra el
Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de febrero de 2003 y el Acuerdo Metropolitano núm.
003 de 7 de mayo de 2003'.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las pretensiones
1. El señor Himmel Machado Escobar, en ejercicio de la acción de nulidad prevista
en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), instauró
demanda3 contra el Área Metropolitana de Barranquilla, el Distrito Especial
Industrial y Portuario de Barranquilla y los Municipios de Soledad, Puerto Colombia,
1 Debe precisarse que este proceso ingresó bajo el radicado núm. 08001-3331-004-2011-00658-01 para surtir
ante esta Corporación el recurso de apelación contra el fallo de 28 de febrero de 2013. En dicha oportunidad la
Sección Primera mediante sentencia de 6 de abril de 2017, resolvió los recursos de apelación interpuestos
oportunamente por el accionante y el señor agente del Ministerio Público, y resolvió REVOCAR parcialmente el
fallo de 28 de febrero de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y ordenó que el Tribunal a
quo se pronunciara de fondo respecto de las pretensiones de nulidad incoadas contra los Acuerdos 001 de 2 de
enero de 2011: 003 de 14 de febrero de 2003 y e! 003 de 7 de mayo de 2003 y la Resolución núm. 051-10 de
23 de febrero de 2010, que no quedaron cubiertas por la declaratoria de cosa juzgada que se confirmó en relación
con los demás actos cuestionados.
2 Este recurso se limitó a la denegatoria de pretensiones. Lo anterior en razón a que no hubo oposición
frente
a la decisión de abstenerse de pronunciarse respeto del Acuerdo núm. 001 del 2 de enero de 2001, ni a aquella
que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción respecto de la Resolución 051 de 23 de
febrero de 2010.
3 Folios 1 a 10 C. Ppal.
2
Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Malambo y Galapa, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes
actos administrativos, que son los que interesan en esta instancia, así:
[ .. 14
[-..]-15
iii) [. 6
iv) [.. .]
v) [...]
vi) Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de febrero de 20037, expedido por
el Concejo distrital de Barranquilla;
vii) Acuerdo Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 20038, emanado
de la Junta Metropolitana de Barranquilla y,
viii) [...]" (Resaltado fuera de texto)
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
1.2.1. Normas violadas
2. El demandante invocó como infringidas las siguientes disposiciones normativas:
los artículos 1°, 2°, 4°, 29, 122, 123, 284, 319, 333 y 365 de la Constitución Política;
1°, 3°, 14, 15, 28, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 84 y 136 del Código
Contencioso Administrativo; 1° de la Ley 57 de 1985; 1°, 3°, 5°, 14, 18 y 19 de la
Ley 128 de 1994; 11 y 87 de la Ley 489 de 1998; 81 de la Ley 136 de 1994; 140 del
Código de Procedimiento Civil; 897 del Código de Comercio; 3° de la Ley 105 de
1993 y el Decreto 170 de 2001.
1.2.2. Cargos de violación
4 La pretensión i) se dirigió contra la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero de 2010, expedida por el Director
del Área Metropolitana de Barranquilla, que en el fallo apelado se declaró probada la excepción de indebida
escogencia de la acción, decisión que no se recurrió.
5 Se precisa que al corregirse la demanda se eliminó la pretensión ii) de nulidad del Acuerdo Metropolitano núm,
001 de 2 de enero de 2001, expedido por la Junta del Área Metropolitana de Barranquilla "Por medio de la cual
se establecen criterios generales para la reorganización del transporte público colectivo en el Distrito de
Barranquilla y su Área Metropolitana", la que en la sentencia apeladada y por este motivo, se abstuvo de
pronunciarse. Decisión que no se apeló.
En el fallo del 6 de abril de 2017, esta Sección se ocupó de resolver la apelación en contra de las pretensiones
de nulidad de los numerales iii) Acuerdo Metropolitano núm. 008-01 de 24 de agosto de 2001, expedido porta
Junta Metropolitana de Barranquilla "Por el cual se expiden los estatutos del Área Metropolitana de Barranquilla",
iv) Acuerdo Metropolitano núm. 013-01 de 19 de noviembre de 2001, expedido por la Junta Metropolitana de
Barranquilla "Por el cual se constituye y organiza la autoridad única de Transporte Metropolitano, y se dictan
otras disposiciones con relación al servicio público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros y mixto e
individual de pasajeros en vehículos Taxi en el Área Metropolitana de Barranquilla", v) Acuerdo Metropolitano
núm. 007 de 2002 sin fecha, expedido porta Junta Metropolitana de Barranquilla "Por medio del cual se modifica
el Acuerdo 013 de 2001 sobre la constitución del Área Metropolitana de Barranquilla corno Autoridad Única de
Transporte Público Metropolitano" y viii) Acuerdo Metropolitano t7Út77. 004-03 de 2003 sin fecha de creación,
expedido porta Junta Metropolitana de Barranquilla "Por el cual se faculta al Área Metropolitana de Barranquilla
para que se Organice como Autoridad de Transporte Masivo, y se dicten otras disposiciones con relación al
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Masivo de Pasajeros en el Área Metropolitana de
Barranquilla", en el sentido de CONFIRMAR la decisión adoptada en el fallo de 28 de febrero de 2013, que
declaró la cosa juzgada respecto de estos actos.
7 "Por medio del cual se crea a iniciativa del alcalde distrital de Barranquilla una empresa para el sistema de
servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y la participación del Distrito en la misma y se
confieren unas autorizaciones".
8 "Por medio del cual se autoriza al director del Área Metropolitana de Barranquilla a participar en la constitución
de una empresa para el sistema integrado de transporte".
Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
La parte actora señaló que los actos acusados no fueron debidamente publicados y
desconocen las normas en que debían fundarse y fueron expedidos con falta de
competencia, como pasa a explicarse a continuación:
1.2.2.1. De la falta publicación de los actos administrativos
3 Afirmó que la Resolución núm 051-10 de 23 de febrero de 2010, los Acuerdos
Metropolitanos y el Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de febrero de 2003,
desconocen los artículos 43 del CCA y 1 de la Ley 57 de 1985, en tanto que no
fueron publicados en el Diario Oficial o Gaceta o en un diario de amplia circulación
nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 136 de 1994.
1.2.2.2. Falta de competencia
4 Frente a la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero de 2010. Argumentó que
es nula: i) por haber sido expedida por el señor Franco Fiorentino Posteraro,
Secretario del Área Metropolitana, pese a que la competencia recaía en la Junta del
Área Metropolitana, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal D.1 del artículo
14 de la Ley 128 de 1994, 9 en cuanto le otorga a dicha entidad administrativa la
función relativa a "[. . .]Iffleterminar cuáles servicios son de carácter metropolitano y
adoptar las medidas necesarias para su adecuada prestación"; y ii) por cuanto el
referido funcionario se abrogó la competencia para expedir el citado acto, a pesar
de que el artículo 11 de la Ley 489 de 1998 enlista dentro de las funciones no
delegables, entre otras, 'T.] 1. La expedición de reglamentos de carácter general.
salvo en los casos expresamente autorizados por la ley".
5 Respecto a los acuerdos metropolitanos. Sostuvo que el alcalde '[...] expidió
y firmó los Acuerdos Metropolitanos. núms. [...] 003 de 7 de mayo de 2003, sin
tener competencia para ello, siendo atribución de la Junta Metropolitana», de
conformidad con lo dispuesto en el literal D.1 del artículo 14 de la Ley 128 de 1994.
II. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
11.1. Intervención de las entidades demandadas
11.1.1. Intervención del Área Metropolitana de Barranquillal°
6. El apoderado del Área Metropolitana de Barranquilla se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:
11.1.1.1. De la falta de publicidad de los actos administrativos
9 "Por la cual se expide la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas".
10 Folios 119 a 127 del cuaderno principal.
4
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Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
7 El apoderado sostuvo que la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero de
2010, los Acuerdos Metropolitanos y el Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de
febrero de 2003, sí fueron publicados en la Gaceta Distrital de Barranquilla.
8. De manera específica, advirtió que la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero
de 2010, mediante la cual se reorganizó el transporte público metropolitano, fue
notificada a todas las empresas encargadas de la prestación del servicio público de
pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla.
9. Sin perjuicio de lo anterior, comentó que ni la Ley 57 de 1985 y tampoco el
artículo 43 del CCA fijan un término para realizar la publicación de los actos
administrativos de contenido general, contrario a lo señalado por el actor.
lo Aclaró que el artículo 81 de la Ley 136 de 1994, establece un término para la
publicación de los acuerdos expedidos por el concejo; sin embargo, en su sentir.
dicha norma especial no resulta aplicable para los actos expedidos por las áreas
metropolitanas por encontrarse inserta dentro del capítulo titulado ''acuerdos" que
expide el municipio.
11 Por último, precisó que en el ordenamiento jurídico no existe una norma expresa
que establezca un término para efectuar la publicación de los actos administrativos
expedidos por el área metropolitana, pues el legislador guardó silencio frente a dicha
regulación en la Ley 128 de 1994, "Por la cual se expide la Ley Orgánica de las
Áreas Metropolitanas".
11.1.1.2. De la falta de competencia
12. Frente a la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero de 2010 aclaró que: i)
la citada resolución fue expedida por el Director con fundamento en las leyes 105
de 1993 y 336 de 1996, el Decreto 170 de 2001 y los Acuerdos Metropolitanos núms.
013-01 de 19 de noviembre de 2001, 007 de 2002 y 004-03 de 2003, como autoridad
de transporte metropolitana en la jurisdicción de los municipios que la conforman;
ii) el acto fue suscrito por el señor Franco Fiorentino Posterado, en su condición de
Director de la Junta Metropolitana, en la modalidad de encargo, como se desprende
del acto administrativo mediante el cual se ordenó la provisión temporal del cargo;
y iii) el encargo y la delegación son dos figuras distintas. El encargo es una forma
de provisión del empleo público en virtud de la cual un servidor desempeña
temporalmente, de manera total o parcial, las funciones propias de otro cargo a raíz
de la ausencia transitoria o definitiva de su titular. La delegación de competencias
es una técnica de manejo administrativo, que implica trasladar el ejercicio de la
función.
13. Frente al Acuerdo metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003, indicó que
fue suscrito por el Director Metropolitano en su condición de presidente de la Junta
5
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Metropolitana, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 8° de
la Ley 128 de 1994, que le asigna tal atribución".
11.1.2. Intervención de la Alcaldía Distrital de Barranquillal2
14. El representante del ente distrital, de manera preliminar, hizo referencia a los
artículos 319 de la Constitución Política; 10 y 40 de la Ley 128 de 1994; 10° y 11 del
Decreto 170 de 2001, para señalar que las áreas metropolitanas, en su calidad de
entidades administrativas, son constituidas por un conjunto de dos o más municipios
integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por
estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación
y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios
públicos que requiere una administración coordinada.
15 Afirmó que la Ley 128 de 1994 definió el concepto de área metropolitana y,
además, determinó las funciones de estas entidades administrativas, entre otras, la
consistente en organizar de manera eficiente el sector transporte, como servicio
público, confiándole el carácter de autoridad de transporte dentro del área de su
jurisdicción.
16. Señaló que, como autoridades de transporte dentro del territorio de su
jurisdicción, le corresponde la organización, vigilancia y control de la prestación del
servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, tal y como
lo dispone el artículo 11 del Decreto 170 de 2001.
17. Con fundamento en lo anterior, propuso el medio exceptivo denominado falta de
legitimación en la causa por pasiva, bajo el entendido de que los actos
administrativos censurados fueron expedidos por el Área Metropolitana de
Barranquilla, entidad administrativa dotada de autonomía administrativa, financiera
y personería jurídica, y no por la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
18. También propuso la excepción de inepta demanda por falta de requisitos formales
previstos en el artículo 137.3 del CCA, pues el actor se limitó a efectuar una
descripción de las normas violadas, pero omitió incorporar el acápite de los hechos
que sirvieron de fundamento a las pretensiones. En cuanto al fondo del asunto,
precisó lo siguiente:
11.1.2.1. De la falta de publicidad
19 Aseguró que: i) los Acuerdos Metropolitanos y el Acuerdo Distrital núm. 03
de 14 de febrero de 2003 fueron publicados en la Gaceta Distrital de Barranquilla;
ii) la Resolución núm. 051-10 de 23 de febrero de 2010 fue, además, notificada a
" Con fundamentos en los referidos argumentos. propuso las excepciones de fondo que tituló en el siguiente
sentido: "i) [1]nexistencia de violación a las normas de publicación de los actos administrativos: ir) inexistencia
de violación de los términos de publicación: (iii) inexistencia de violación por firma de funcionario incompetente,
(iv) inexistencia de violación por delegación no permitida y, (v) inexistencia de violación por carencia de
competencias".
12 Folios 141 a 155 C Ppal.
6
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Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
todas las empresas transportadoras urbanas del Área Metropolitana de
Barranquilla, a quienes se les hizo entrega de un ejemplar original de ese acto
administrativo; iii) no existe en el ordenamiento jurídico norma expresa que
disponga un término para efectuar la publicación de los actos administrativos por
las áreas metropolitanas y; iv) el artículo 81 de la Ley 136 de 1994, a que alude el
actor, regula específicamente la publicación de los acuerdos expedidos por los
concejos municipales, por lo que una disposición normativa en tal sentido debió
quedar consignada en la Ley 128 de 1994, "Ley Orgánica de las Áreas
Metropolitanas"; sin embargo, frente a dicho aspecto el legislador guardó silencio.
11.1.2.2. De la falta de competencia
20 Frente a la Resolución 051-10 de 23 de febrero de 2010. Refirió que el
Director del Área Metropolitana la expidió en cumplimiento de lo dispuesto en las
leyes 105 de 1993 y 336 de 1993, así como en lo consagrado en el Decreto 170 de
2001, y los Acuerdos Metropolitanos núms. 013-01 de 2001. 007 de 2002 y 004-03
de 2003, en su condición de autoridad de transporte metropolitana en la jurisdicción
de los municipios que lo conforman.
21 Advirtió que si bien es cierto que el artículo 7° de la Ley 128 de 1994 dispone
que la dirección y administración del Área Metropolitana estará a cargo de una junta
metropolitana, un alcalde metropolitano y un "Gerente", quien funge como su
representante legal, también lo es que con ocasión de la expedición del artículo 8°
del Decreto 1569 de 1998, mediante la cual se estableció el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos de las entidades territoriales, el referido
cargo pasó a denominarse como "Director del Área Metropolitana", bajo el código
060. aspecto que fue confirmado por el Acuerdo Metropolitano núm. 001 de 20 de
agosto de 1999, mediante el cual se modificó y ajustó la planta de personal del área
metropolitana a las funciones y requisitos generales de que trata dicho decreto.
nomenclatura que se mantuvo con la expedición del Decreto 785 de 2005.
22.Manifestó que la referida Resolución núm. 051-10 fue suscrita por el señor
Franco Fiorentino Posterado en su condición de Director, a través de la modalidad
de encargo del Área Metropolitana, y como representante legal de ese ente
administrativo, en los términos del artículo 34 del Decreto 1950 de 1973.
23. Por último, señaló que la figura del encargo no se puede asimilar a la delegación
de funciones que supone el traslado de competencias a favor de otro órgano de la
administración.
24. Frente al acuerdo metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003 anotó que:
i) el actor no cumplió con la carga argumentativa para demostrar que fue expedido
por funcionarios que no tenían competencia y ii) el acto administrativo fue firmado
por el director, en su condición de presidente de la Junta Metropolitana, pues del
tenor de lo dispuesto en el parágrafo 1' del artículo 8' de la Ley 128 de 1994, dicho
servidor cuenta con tal atribución.
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11.1.3. Intervención del municipio de Soledad13
25. El apoderado del municipio de Soledad se limitó a proponer las excepciones de:
i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que los actos
administrativos demandados fueron expedidos por el Área Metropolitana de
Barranquilla, entidad de derecho público que cuenta con los atributos de autonomía
administrativa, presupuestal y contractual, conforme los mandatos de los artículos
1° y 2° de la Ley 128 de 1994, y no por el municipio de Soledad: ii) indebida
escogencia de la acción, bajo el entendido de que la acción adecuada para
cuestionar la legalidad de los actos enjuiciados es la de nulidad y restablecimiento
del derecho y no la de simple nulidad, pues la eventual declaratoria de nulidad daría
lugar a un restablecimiento automático del derecho, que se traduce en la operación
de las rutas de transporte de buses del accionante; e iii) inepta demanda por falta
de requisitos formales previstos en el artículo 137.3 del CCA, en consonancia con
el artículo 75.6 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en el escrito de la
demanda el actor omitió incorporar el acápite de los hechos que sirvieron de
fundamento a las pretensiones.
11.1.4. Intervención del municipio de Galapa14
26 El apoderado del municipio de Galapa se opuso a los hechos y pretensiones de
la demanda y también se limitó a coadyuvar las excepciones presentadas por el
Área Metropolitana de Barranquilla y se adhirió a aquellas que eventualmente
formularan los demás municipios.
11.1.5. Intervención de los municipios de Puerto Colombia y Malambo
27. Los municipios de Puerto Colombia y Malambo no se pronunciaron sobre los
supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda, a pesar de haber sido
notificados de manera oportuna.
111. TRÁMITE DEL PROCESO
28. El Magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de
julio de 201115, inadmitió la demanda, por la omisión del cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 139 del CCA, yerro que fue subsanado por el actor
mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2011, memorial en el cual decidió
excluir dentro de los actos administrativos demandados al Acuerdo Metropolitano
núm. 001 de 2 de enero de 2001.
29. Mediante proveído de 3 de octubre de 201116, se admitió la demanda en relación
con los siguientes actos administrativos: i) la Resolución núm. 051-10 de 23 de
13 Folios 131 a 134 C Ppal.
14 Folios 75 a 76 C Ppal.
15 Folios 59 a 60 C Ppal.
16 Folios 72 a 73 C Ppal.
8
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Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
febrero de 2010; ii) el Acuerdo Metropolitano núm. 008-01 de 24 de agosto de 2001;
iii) el Acuerdo Metropolitano núm. 013-01 de 19 de noviembre de 2001: iv) el
Acuerdo Metropolitano núm. 007-02 de 2002; v) el Acuerdo Distrital núm. 03 de 14
de febrero de 2003; vi) el Acuerdo Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003:
y vii) el Acuerdo Metropolitano núm. 004-03 de 2003 sin fecha de creación.
30. Mediante proveído de 9 de abril de 201217 se dio apertura al período probatorio
y mediante auto de 15 de agosto de 201218 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, oportunidad en la que intervino la parte demandantel° para
reiterar los argumentos de la solicitud de nulidad.
31 El Tribunal Administrativo del Atlántico, Subsección ''C", profirió sentencia el día
28 de febrero de 20132°, en virtud de la cual declaró probada la excepción de cosa
juzgada y ordenó estarse a lo resuelto por la Subsección en Descongestión del
Tribunal Administrativo del Atlántico, en la sentencia de 23 de noviembre de 2012
(radicado 08001-001-2331-004-2011-00660-01)21, al encontrar acreditados los
elementos para su declaratoria como son: i) la existencia de una sentencia
ejecutoriada, ii) identidad de objeto y causa petendi.
32 Inconformes con la anterior decisión, la parte demandante22 y el Procurador
118 Judicial II para Asuntos Administrativos de Barranquilla23, interpusieron
recursos de apelación con el fin de obtener la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, al considerar que en el caso sub examine no tuvo ocurrencia el aludido
fenómeno de la cosa juzgada. en tanto que la sentencia de 23 de noviembre de
2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico no se encontraba
ejecutoriada, pues el actor en ese proceso interpuso oportunamente recurso de
alzada contra la anterior decisión.
33 El Consejo de Estado. Sección Primera, mediante fallo de 6 de abril de 2017,
resolvió los recursos de apelación interpuestos oportunamente por el señor Himmel
Machado Escobar y el señor agente del Ministerio Público, decisión judicial en la
cual se ordenó:
"[. . .] PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de febrero de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, para disponer, en su lugar, que el a quo
se pronuncie de fondo respecto de las pretensiones de nulidad incoadas por el
señor HIMMEL MACHADO ESCOBAR en relación con los actos administrativos
contenidos en los Acuerdos 001 de 2 de enero de 2011; 003 de 14 de febrero
de 2003 y el 003 de 7 de mayo de 2003, así como en la Resolución 051-10
17 Folios 158 a 159 C Ppal.
18 Folio 303 C Ppal.
19 Folios 304 a 322 C Ppal.
2° Folios 323 a 328 C Ppal.
21 Para lo cual ordenó lo siguiente:T.] FALLA PRIMERO: DECLÁRASE probada de oficio la excepción de
cosa juzgada. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia,
RECHÁZANSE las pretensiones de esta demanda. TERCERO: Conminase tanto al demandante como a su
apoderado judicial para que en lo sucesivo no hagan mal uso de la administración de justicia, por las razones
anteriormente expuestas [..3".
22 Folios 330 a 350 C Ppal.
23 Folios 353 a 363 C Ppal.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
de 23 de febrero de 2010. Para los fines anteriores, teniendo en cuenta la
fecha de radicación de la demanda y la plena observancia de los principios de
economía, celeridad, eficiencia y eficacia procesal, la decisión deberá emitirse
conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los diez (10) días
siguientes a la recepción del expediente.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de febrero de 2013, proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, respecto de la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada en relación con los actos administrativos
contenidos en los Acuerdos Metropolitanos 008-01 del 24 de agosto de 2001,
013-01 de 19 de noviembre de 2001, 007-02 del 2002 y 004-03 sin fecha de
expedición, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación Judicial antes referida [...1".
34. Para arribar a tal determinación, esta Sección, consideró que:
CGP, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Atlántico erró al
declarar como probada de oficio la excepción de cosa juzgada, por cuanto
la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2012 no se encontraba
elecutoriada y, por ende, no hizo tránsito a cosa juzgada, al haberse
interpuesto en contra de la misma un recurso de apelación por parte del señor
Luis Alirio Guarín Ortiz.
Ahora bien, la Sala estima necesario recordar que el recurso de alzada
presentado por el señor Luis Alirio Guarín Ortiz ya fue resuelto por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de lo cual se podría sostener que en la
actualidad ya se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, sin embargo se
advierte que en dicha sentencia se dispuso lo siguiente: (i) revocar el numeral
1° de la parte resolutiva para disponer, en su lugar, que el a quo se
pronuncie de fondo respecto de la pretensión de nulidad de los actos
administrativos contenidos en los Acuerdos Metropolitanos 001 de 2 de
enero de 2011; 003 de 14 de febrero de 2003 y el 003 de 7 de mayo de 2003;
(ii) modificar el numeral 2° para declarar, en su lugar, que la demanda
presentada por el actor como representante de la Empresa de Transporte
Lo/aya se encuentra caducada respecto de la Resolución 051-10 de 23 de
febrero de 2010, expedida por el Área Metropolitana de Barranquilla; y (iii)
confirmar en lo demás al no haber sido objeto de recurso alguno. 1..1
En este contexto y al haber ordenado la Sección Primera del Consejo de
Estado, la devolución del expediente con radicación
08001333100420110066001. Actor: LUIS ALIRIO GUARNI ORTÍZ, en aras de
que el Tribunal Administrativo del Atlántico se pronuncie sobre el fondo del
asunto respecto de los actos administrativos contenidos en los Acuerdos
001 de 2 de enero de 2011; 003 de 14 de febrero de 2003 y el 003 de 7 de
mayo de 2003, estima esta Sala que se debe hacer lo propio con el proceso
de la referencia, lo anterior por cuanto no era procedente declarar como
probada de oficio la excepción de cosa juzgada en relación con aquéllos.
Igual suerte corre la pretensión de nulidad respecto de la Resolución 051-10 de
23 de febrero de 2010, expedida por el Área Metropolitana de Barranquilla, toda
vez que en dicha oportunidad se declaró la caducidad de la acción presentada
por el señor Luis Alirio Guarín Ortiz como consecuencia de haber sido
interpretada la demanda incoada como de nulidad y restablecimiento del
derecho, en razón a que su eventual declaratoria de nulidad daría lugar al
10
Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
restablecimiento automático del derecho de la Empresa de Transporte Lo/aya,
a la cual se encuentra vinculado el referido señor Guarin Ortiz.
En efecto y teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Sección Primera del
Consejo de Estado dentro del proceso con radiación
08001333100420110066001, en el sub lite no puede predicarse que respecto
de la Resolución 051-10 de 23 de febrero de 2010 se configuró la cosa juzgada,
dado que le corresponde al Tribunal Administrativo del Atlántico pronunciarse
sobre las circunstancias particulares y concretas del ahora actor, señor Himmel
Machado Escobar, en relación con su pretensión, al escapar dicha situación de
la competencia establecida en el artículo 328 del GCP.
En tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios
injustificados, como ocurre en el sub lite, la Sala recuerda que se debe
devolver el expediente al a quo para que estudie los cargos de la demanda
que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda
instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta
manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer
legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a
la Administración de Justicia.
Así, para garantizar el derecho a las dos instancias, que forma parte de los
derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se
impone la revocatoria de la sentencia recurrida para disponer, en su lugar,
que el a quo se pronuncie de fondo respecto de los actos antes señalados.
Para los fines anteriores, teniendo en cuenta la fecha de radicación de la
demanda y la plena observancia de los principios de economía, celeridad,
eficiencia y eficacia procesal, la decisión deberá emitirse conjuntamente con la
orden de obedecimiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción
del expediente.
Finalmente, y en lo atiente a la nulidad de los actos administrativos
contenidos en los Acuerdos Metropolitano 008-01 del 24 de agosto de
2001, 013-01 de 19 de noviembre de 2001, 007-02 del 2002 y 004-03 sin
fecha de expedición, la Sala confirmará la sentencia de instancia en
cuanto declaró como probada la excepción de cosa juzgada, en el
entendido que la providencia de 23 de noviembre de 2012 proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en el plurimencionado proceso con
radiación 08001333100420110066001, negó la nulidad de los mismos,
decisión que fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de
Estado al desatar el recurso de alzada presentado por el señor Luis Alirio
Guarin Ortiz, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído
[..1" En este contexto y al tenor de lo dispuesto en los artículos 303 y 304 del
(Destacado fuera de texto).
35. En cumplimiento y obedecimiento a lo anterior, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, profirió el fallo de 14 de julio de 201724. Esta es la decisión que es objeto
de recurso de alzada por la parte actora25, a través del recurso de apelación que se
estudiará a efectos de establecer si es viable o no la revocatoria solicitada,
restringida a los aspectos a los que se opuso el apelante.
24 Folios 367 a 375 C Ppal.
25 Folios 377 a 380 C Ppal.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
36 Finalmente, mediante auto de 16 de agosto de 201726, el Magistrado a cargo de
la sustanciación del proceso de la primera instancia concedió el referido recurso de
apelación.
37. Remitido y repartido el proceso entre los diferentes despachos integrantes de la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante proveído de 17 de noviembre de
201727 se admitió el recurso de apelación y una vez en firme esa decisión se corrió
traslado a las partes y al señor agente del Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto. Notificada la anterior decisión y
ejecutoriada, no hubo manifestación alguna por parte de ninguno de los sujetos
procesales28.
IV. LA SENTENCIA APELADA
38. Como quedó visto, la sentencia que se cuestiona es la proferida el 14 de julio de
201729 por la Sección "C" del Tribunal Administrativo del Atlántico, en
obedecimiento de lo ordenado por esta Corporación, que resolvió: i) abstenerse de
emitir pronunciamiento respecto del Acuerdo 001 de 2 de enero de 2001, ii) declaró
probada la excepción de indebida escogencia de la acción y iii) denegó las
pretensiones de la demanda frente a los acuerdos Distrital núm. 03 de 14 de febrero
de 2003 y Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003. En estricto, la parte
resolutiva es la siguiente:
PRIMERO: ABSTENERSE de hacer pronunciamiento respeto del Acuerdo
001 del 2 de enero de 2001, de acuerdo en lo señalado en la parte considerativa
de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de indebida escogencia de la
acción respecto de la Resolución 051 de 23 de febrero de 2010 propuesta por
el Municipio de Soledad, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de los Municipios de Malambo, Soledad, Puerto
Colombia y Galapa.
CUARTO. NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por el señor
Himmel Machado Escobar en contra del Acuerdo Distrital 03 de 14 de febrero
de 2003 y Acuerdo Metropolitano 003 de 7 de mayo de 2003, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia. ARCHIVAR el expediente previa
devolución del remanente, si existiere".
25 Folio 382 C Ppal.
27 Folio 4 C 2 del consejo de Estado.
28 Folio 7 C 2 del Consejo de Estado.
29 Folios 367 a 375 C Ppal.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
39. A modo de cuestión previa, el a quo precisó que si bien en el libelo introductorio
inicialmente, el actor contempló pretensiones dirigidas a obtener la nulidad del
Acuerdo núm. 001 de 2 de enero de 2001, la parte demandante al subsanar los
yerros que ocasionaron la inadmisión de la demanda optó por excluir de sus
pretensiones al referido acto, quedando así previsto en el auto admisorio de la
demanda. De tal suerte que el Tribunal de primera instancia se abstuvo de efectuar
un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión de nulidad incoada frente a
dicho acuerdo.
40 La excepción de indebida escogencia de la acción, frente a la Resolución
051-10 de 23 de febrero de 2010. Siguiendo el derrotero jurisprudencial de esta
Sección, en el proceso antes citado con radicado: 2011-00660-01, sostuvo que si
bien la Resolución 051-10 de 23 de febrero de 2010 es un acto administrativo de
contenido general, la misma tiene la entidad de modificar o extinguir situaciones
jurídicas particulares respecto de las empresas de transporte que tenían asignadas
las rutas de transporte público colectivo en la zona donde entraría a operar
Transmetro, por lo que la eventual declaratoria de nulidad traería
consecuencialmente el restablecimiento del derecho. De tal manera que el citado
acto es pasible de control jurisdiccional por vía de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho y no a través del mecanismo de simple nulidad.
41. Con fundamento en lo anterior y al analizar la procedencia de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, consideró necesario analizar si había
operado o no el fenómeno jurídico de la caducidad para demandar la
Resolución 051-10 de 23 de febrero de 2010.
42 Sobre el particular, advirtió que dicho acto administrativo había sido notificado a
través de edicto fijado en la Secretaría General del Área Metropolitana de
Barranquilla el 9 de marzo de 2010, desfijado el 23 del mismo mes y año, quedando
ejecutoriado el 26 de marzo de 2010. En ese sentido, afirmó que la demanda se
presentó tan solo el día 10 de junio de 2011, es decir, cuando habían transcurrido
más de cuatro (4) meses desde la ejecutoria del acto, encontrándose
caducada la acción.
43 Finalmente, indicó que T.] en gracia de discusión precisa esta Corporación que
el señor Himmel Machado Escobar carece de capacidad jurídica para actuar en
representación de la empresa Lo/aya Ltda. (sociedad de la cual hace parte), pues
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del CPC, las personas jurídicas
podrán comparecen al proceso por medio de sus representantes, lo que no
acontece en el sub lile, por lo que carecería de legitimación en la causa por activa
para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento contra la resolución atacada".
44. La excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los
municipios de Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Galapa. El Tribunal de
primer grado encontró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de los municipios de Malambo. Soledad, Puerto Colombia y Galapa. En
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
apoyo de su tesis, aseguró que el Área Metropolitana de Barranquilla, como
autoridad de transporte dentro de su jurisdicción, es un ente que goza de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente y, por ende, debe
asumir la responsabilidad por los actos que expide (artículo 1° de la Ley 128 de
1994).
45. Consideró que como quiera que los actos acusados fueron expedidos por el Área
Metropolitana, de forma autónoma e independiente, no resultaba procedente la
intervención de todos y cada uno de los municipios que la integran, pues tales
entidades territoriales no participaron en la formación de los actos censurados. Sin
embargo, aclaró que el Distrito de Barranquilla sí se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, como quiera que el Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de febrero
de 2003 fue expedido por el concejo distrital de Barranquilla.
46 El fondo del asunto. El Tribunal de la primera instancia planteó como problema
jurídico el relativo a definir si el Acuerdo Distrital 03 de 14 de febrero de 2003 y el
Acuerdo Metropolitano 003 de 7 de mayo de 2003 eran nulos por desconocer el
principio de publicidad.
47 Anotó que el principio de publicidad constituye un fin esencial del Estado Social
de Derecho, el cual se refiere a que las actuaciones de la administración puedan
ser conocidas por cualquier persona con el fin de otorgar certeza y seguridad
jurídica a las relaciones entre la administración y los particulares que resulten
afectados con las decisiones que adopten.
48 Hizo énfasis en el artículo 43 del CCA, según el cual los actos administrativos de
contenido general creadores de situaciones jurídicas de contenido general deben
ser publicados en el Diario Oficial o en la Gaceta o Boletín de cada entidad (artículo
43 del CCA). Igualmente, aclaró que con la expedición de la Ley 57 de 1985, "Por
la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales", se previó que
la publicidad de los actos de la administración debía surtirse a través del Diario
Oficial como medio de divulgación, admitiendo la posibilidad de acudir a los
"Diarios, Gacetas o Boletines Oficiales".
49.Apoyado en un pronunciamiento de la Corte Constitucional y prohijado por el
Consejo de Estado, indicó que la falta de publicación o publicación irregular de los
actos administrativos no genera su nulidad, en tanto no es un requisito de validez.
sino una condición de eficacia, de tal suerte que las decisiones de la administración
únicamente resultan obligatorias para los particulares hasta tanto se den a conocer.
50 En consecuencia, y por lo expuesto, concluyó que el cargo de nulidad invocado
en la demanda referido a la falta de publicación de los actos administrativos carece
de vocación de prosperidad. En todo caso, aclaró que el Acuerdo Distrital 03 de 14
de febrero de 2003 sí fue publicado en la Gaceta Distrital 209 de 2003, por lo que,
respecto de este acto, se cumplió con el requisito de publicidad.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
V. EL RECURSO DE APELACIÓN
51. El señor Himmel Machado Escobar interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de 14 de julio de 2017, proferida por la Sección "C" del Tribunal
Administrativo del Atlántico, limitándose a presentar argumentos de inconformidad
respecto de la resolución del cargo de transgresión del principio de publicidad
frente al Acuerdo Distrital 03 de 14 de febrero de 2003 y al Acuerdo
Metropolitano 003 de 7 de mayo de 2003, como se observa a continuación:
"TESIS. Manifestó: "La sala procederá a denegar las pretensiones de la
demanda encaminadas a obtener la Nulidad del Acuerdo Metropolitano 003 del
2003, y el Acuerdo Distrital 003 del 2003, Como quiera que la falta de
publicación de los actos de carácter general como en este caso; si bien afecta
la eficacia del acto administrativo no constituye Vicio de Nulidad.
2- Nos proponemos desestructurar los cimientos jurídicos sobre los cuales se
ha edificado esta sentencia. a) El ordenamiento jurídico de la República de
Colombia es un sistema jurídico integral cuya cúspide o cima es la constitución
política de Colombia edificada sobre la base de las leyes que la desarrollan y
las demás normas jurídicas que la reglamentan. b) Su Despacho, para proferir
esta sentencia negando las pretensiones de la demanda se fundamentó
únicamente en el artículo 43 del Código Contencioso Administrativo decreto 01
de 1984, el cual contiene la figura jurídica de la no obligatoriedad de los actos
administrativos de carácter general impersonal y abstracto; para ser mas (sic)
claro que no obligan a los destinatarios o al público o a la comunidad cuando
no han sido publicados a lo cual se le ha dado la definición de ineficacia del
acto administrativo. C) La interpretación y aplicación de esta norma jurídica a
llevado al operador judicial a burlarse de los derechos que el resto del
ordenamiento jurídico le ha otorgado al pueblo o al público en sus luchas
históricas a partir de la revolución de los comuneros; de la independencia y de
las cruentas batallas lideradas por el libertador SIMON BOLIVAR además de
las luchas cotidianas de las clases en general. d) Esta sentencia ha cercenado
y decapitado al ordenamiento jurídico porque se ha incurrido en errores
judiciales de los llamados errores IN IUDICANDO por violación directa de la ley
sustancial consistente en la violación de los artículos 84 del código contencioso
administrativo decreto 001 de 1984 y la ley 57 de 1887 concordante con el
artículo 10 del Código Civil que dice: 'ARTICULO 10. PRIMA CIA
CONSTITUCIONAL E INCOMPATIBILIDAD NORMATIVA. Cuando haya
incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá
aquélla. [...] e) El artículo 84 del código contenciosos administrativo decreto 01
de 1984 dice: [...] También puede pedirse que se declare la nulidad de las
circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. t) La ley 57 de
1887 tiene como finalidad filosófica y jurídica la UN1FICACION DE LA
LEGISLAC1ON NACIONAL. g) Su despacho para proferir esta sentencia en
vez de darle aplicación al artículo 43 del código contencioso
administrativo que habla de la no obligatoriedad del acto administrativo
debió haberle dado aplicación al artículo 84 del mismo código
contencioso administrativo que fue lo que solicitamos por cuya razón nos
ratificamos en solicitarle lo siguiente: PRETENSION. Declare la Nulidad del
Acuerdo Distrital 003 del 14 de febrero del 2003 y el acuerdo Metropolitano 003
del 7 de mayo 2003, por desconocer el principio de publicidad como lo ha
señalado en su sentencia [.. .]" (Destacado fuera de texto).
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
52. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA3°, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
VI.2. El problema jurídico a resolver en el sub examine
53 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del CGP31, aplicable por
remisión del artículo 267 del CCA, el problema jurídico que debe ser resuelto por la
Sala de Decisión se contrae a establecer si, en el presente caso, corresponde
confirmar, modificar o revocar la decisión que denegó la pretensión de nulidad
contra los actos administrativos contenidos en el Acuerdo Distrital núm. 03 de 14
de febrero de 2003, expedido por el concejo distrital de Barranquilla, y el Acuerdo
Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003, emanado de la Junta
Metropolitana de Barranquilla, en cuanto consideró que el defecto de publicidad
invocado como causal de nulidad no tiene la virtualidad de afectar la validez de
dichos actos,
VI.3. Los actos administrativos demandados objeto de análisis en esta
oportunidad
54. Lacontroversia que se surte en esta instancia, tal como se reseñó atrás, se
circunscribe únicamente a la presunta ausencia de publicación y si afecta la
presunción de legalidad de los siguientes actos administrativos:
55. El Acuerdo Distrital núm. 03 de 14 de febrero de 200332, "Por medio del cual
se crea a iniciativa del alcalde distrital de Barranquilla una empresa para el sistema
de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y la participación del
Distrito en la misma y se confieren unas autorizaciones", expedido por el concejo
distrital de Barranquilla, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en
especial, las previstas en el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 80 de
1993, la Ley 310 de 1996 y el Decreto Presidencial 2170 de 2002, el cual ordenó:
"ARTÍCULO PRIMERO: Créase por iniciativa del Sr. Alcalde del Distrito de
Barranquilla. la Empresa de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de
Pasajeros TRANSMETRO S.A. como una empresa Industrial y Comercial del
Estado por Acciones del Orden Distrital y además con Acciones del Área
3C
I El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión 1. . .1"
31 Antes articulo 357 del Código de Procedimiento Civil. Norma aplicable por ser de orden público y aplicación
inmediata.
32 Folios 66 a 70 C Ppal.
16
Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
Metropolitana de Barranquilla, en la cual solo participan exclusivamente las
Entidades del Orden Distrital.
TRANSMETRO S.A. tendrá Personería Jurídica, Autonomía Administrativa,
Financiera, Presupuestal y Patrimonio Propio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorícese al Sr. Alcalde Distrital de Barranquilla para
comprometer vigencias futuras con relación a los ingresos correspondientes al
porcentaje determinado por la Ley 788 del 2002, de la sobretasa a la gasolina
que tiene como destinación específica el transporte masivo.
ARTÍCULO TERCERO: OBJETO. Corresponde a TRANSMETRO S.A. la
gestión, organización y planeación del Servicio Público Urbano de Transporte
Masivo de pasajeros de la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana bajo
la modalidad de transporte terrestre automotor, en las condiciones que señale
(sic) las Normas vigentes, sus propios estatutos y las autoridades competentes
del orden Local y Nacional. [...]
ARTÍCULO NOVENO: VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente acuerdo
rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que sean
contrarias [...]".
56. El Acuerdo Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 200333, "Por medio del
cual se autoriza al director del Área Metropolitana de Barranquilla a participar en la
constitución de una empresa para el sistema integrado de transporte masivo",
emanado de la Junta Metropolitana de Barranquilla, cuya parte resolutiva dispuso:
"[. . .1 ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al director del Área Metropolitana de
Barranquilla para participar, comprometiendo vigencias futuras, en la
constitución, junto con otras entidades del orden distrital, de la empresa
transporte masivo - TRANSMETRO - bajo la forma jurídica de una sociedad por
acciones del orden dístrital y metropolitano con la participación exclusiva de
entidades públicas. TRANSMETRO tendrá personería jurídica, autonomía
administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Corresponde a TRANSMETRO la gestión [no legible]
y planeación del servicio de transporte público automotor urbano de pasajeros
en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, bajo la modalidad de
transporte automotor, en las condiciones que señalen las normas vigentes y las
autoridades competentes.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias".
VI.4. El caso concreto
57. La parte actora afirmó que con la expedición del Acuerdo Distrital núm. 03 de
14 de febrero de 2003 del concejo distrital de Barranquilla y el Acuerdo
Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003 de la Junta Metropolitana de
Barranquilla, se desconoció el principio de publicidad.
33 Folios 64 a 65 C Ppal.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
58 Señaló que los artículos 43 del CCA y 1° de la Ley 57 de 1985 disponen el deber
y forma de publicación de los actos administrativos de carácter general, obligación
que no fue atendida en el caso de los acuerdos demandados, en la medida en que
no fueron publicados en el Diario Oficial o Gaceta o en un diario de amplia
circulación nacional.
59 En cuanto a la publicidad de los actos administrativos, la Sala pone de presente
que, de conformidad con los artículos 209 de la Constitución Política, 3° del Código
Contencioso Administrativo y 3' de la Ley 489 de 1998. la publicidad constituye un
principio rector de la función de la administración, en virtud del cual las autoridades
darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o
publicaciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
67. El legislador introdujo un tratamiento diferenciado en materia de divulgación de
los actos administrativos, según se trate de actos administrativos de contenido
general [entendidos como aquellos en los cuales 1.. .1 los supuestos normativos
aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y
por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas
aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros34 " o de contenido
particular [cuyos efectos están dirigidos a un sujeto determinado o sujetos
determinables], pues frente a los primeros se efectiviza a través de la publicación,
mientras que. en los segundos, a través de la notificación.
68. Así, tratándose de actos administrativos de contenido general, el artículo 43 del
CCA señala que éstos no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en
el Diario Oficial. o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades destinen a ese
objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente
quien expide el acto, canon normativo que es del siguiente tenor literal:
"[. . .] DEBER Y FORMA DE PUBLICACION. ARTÍCULO 43. Deber y forma de
publicación. Los actos administrativos de carácter general no serán
obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en
el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que las autoridades
destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio
donde sea competente quien expide el acto.
Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar
estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la
inserción en otros medios, o por bando.
Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con
una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil".
69. Por su parte, los artículos 44 y 45 ibidem, incorporan las siguientes reglas en
materia de notificación de los actos administrativos de contenido particular y
concreto:
Sentencia C- 620 de 2004 de la Corte Constitucional.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
"1...]ARTÍCULO 44. Las demás decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su
representante o apoderado.
"ARTÍCULO 45. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco
(5) días del envío de la citación, se fdará edicto en lugar público del respectivo
despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva
de la providencia".
70. Cabe advertir que el acto administrativo, general o particular, existe desde el
momento mismo en que se expide, pero no produce efectos jurídicos, esto es.
carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación o notificación, en
los términos antes señalados.
71 En efecto, dispone el artículo 48 del CCA que "sin el lleno de los anteriores
requisitos, no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la
decisión". Tampoco será exigilble y, por tanto, obligatorias las decisiones
administrativas mientras no se hagan las publicaciones respectivas en el caso del
artículo 46.
72 El Consejo de Estado se ha referido de manera reiterada y pacífica en torno a la
diferencia entre los requisitos de validez y los presupuestos de eficacia35 de los
actos administrativos, precisando, por un lado, que cuando se incumplen los
primeros, como cuando el acto administrativo es expedido sin facultad o atribución
asignada en norma expresa al funcionario, con falsa motivación o con desviación
de poder, el instrumento procesal puesto a disposición de la ciudadanía para
controlar la voluntad unilateral de la administración es la acción de nulidad o la de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto se trata de analizar los posibles
vicios en su formación, esto es, su legalidad en sentido amplio.
35 En relación con la distinción entre los atributos de eficacia y validez del acto administrativo con ocasión a la
publicidad de éste, la Sección Tercera en sentencia de 13 de abril de 2016, radicado: 25000-23-26-000-1999-
02026-01(33850). Actor: Liberty Seguros S.A. Demandado: Comisión Nacional de Televisión, MP: Hernán
Andrade Rincón, consideró que "[. ..] En punto de los actos administrativos, tanto la legislación como la
jurisprudencia de esta Corporación y la propia doctrina —nacional y comparada—. se han ocupado de
distinguir las nociones de validez y de eficacia stricto sensu, por entender que denotan fenómenos
jurídicos disímiles, si se tiene en cuenta que la validez supone la observancia, por parte de la decisión
administrativa, de los requisitos o elementos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico para
su expedición, así como el acatamiento de todas aquellas disposiciones del sistema normativo que vinculen el
actuar del ente público en el caso concreto. La eficacia, stricto sensu, no es nada diverso a la producción
de las consecuencias o de los efectos derivados de los propios actos administrativos existentes y
cobijados por la presunción de legalidad, cuestión que se vincula, directamente, con una de sus
principales características, cuál es su naturaleza ejecutiva y ejecutoria, la cual posibilita la materialización
de lo en ellos decidido, aún en contra de la voluntad del sujeto pasivo de la decisión, como corolario de la
presunción de legalidad que caracteriza y acompaña a las determinaciones de la administración y del privilegio
de la que ha dado en denominarse autotutela ejecutiva, propio del obrar de la misma, que suele oponerse al
rasgo de la "heterotutela", como inherente a las relaciones jurídicas trabadas entre particulares ; la eficacia,
stricto sensu, por lo tanto, más a//á de la validez, le garantiza a la administración la posibilidad de cumplir y
hacer cumplir sus decisiones; se trata de la capacidad del acto administrativo para producir sus efectos con
miras a la consecución de los propósitos y las finalidades que han de orientar la actividad del órgano actuante,
en general. y la decisión proferida, en particular. Ahora bien. para puntualizar la utilidad de lo hasta aquí
referido al caso concreto, baste precisar que el fenómeno de la inoponibilidad se encuentra relacionado
con el concepto de eficacia stricto sensu y, en cuanto concierne a los actos de contenido particular, se
refiere a su notificación al interesado, esto es, a aquel cuya situación será variada por virtud de la fuerza
vinculante del acto respectivo
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73.Asimismo, la Corporación ha señalado que son tres (3) los elementos que
predeterminan la eficacia del acto, a saber: la presunción de legalidad (artículo 88
CCA), la publicidad (artículos 65 y siguientes del CCA) y la firmeza (artículo 87
CCA). Así, la eficacia alude al atributo de la ejecutoriedad, esto es, a la oponibilidad
y obligatoriedad del acto administrativo expedido, de manera que si se trata de un
acto general y abstracto, la obligatoriedad se predica desde el momento de su
publicación (artículo 68 CCA), mientras que el acto de contenido concreto es
oponible desde que se produce la notificación (artículo 66 CCA)36.
74. Tal criterio ha sido reiterado por esa Sección en la sentencia de 30 de mayo de
2019, en la cual manifestó:
[L]a Sala estima necesario poner de presente que la posible declaración
de pérdida de fuerza ejecutoria y la consecuente inejecutabilidad de los actos
administrativos no es de competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa, pues ésta está instituida para dirimir las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas y las personas privadas
que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
Concretamente, le corresponde a la juez contencioso administrativo declarar la
nulidad de la resoluciones acusadas de conformidad con las causales
establecidas en el ordenamiento jurídica', esto es, por infringir las normas en
que deberían fundarse, por haber sido expedidos por funcionario incompetente,
o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias del funcionario o corporación que los profirió, esto es, por vicios en
los elementos de validez de los mismos.
Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que la institución jurídica en
comento trae sus propias causales, cuales son, que el acto administrativo haya
sido suspendido provisionalmente, que hayan desaparecido sus fundamentos
de hecho o de derecho, que al cabo de cinco (5) años de estar en firme la
administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlo,
que se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto o
cuando pierde su vigencia.
Entonces, la presunta falta de publicación e inscripción del Acuerdo 30 de
1976, aprobado por la Resolución Ejecutiva 076 del 30 de marzo de 1977, no
trae como consecuencia la nulidad de los actos objeto de la presente
acción, por cuanto tal actuación se refiere a la eficacia y no a la validez
del acto administrativo [.. ]"38 (Subrayado fuera de texto)
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 03 de diciembre
de 1997. Radicado: CE-SEC1-EXP1997-N4660. M. P. Juan Alberto Polo Figueroa. Actor: Cesar Augusto
Solanilla / Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 12 de julio
de 2010. Radicado: 11001-03-24-000-2012-00073-00. M. P.: Oswaldo Giraldo López. Actor: Ingrid Soraya Ortiz
Baquero.
37 T.] Artículo 84. Modificado por el art. 14, Decreto Nacional 2304 de 1989 Acción de nulidad. Toda persona
podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también
cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió [...]".
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de
2019. Radicación: 11001-03-24-000-2005-00312-00. M.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés Bogotá. Actor:
Fiduciaria Tequendama S.A.
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75. En este mismo sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-957 de 199939,
precisó:
. j en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de
Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de
carácter general o particular es válida desde el momento en que se expide
(desde que ha sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el
caso); sin embargo, su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido
la publicación o notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye
un requisito de validez del acto administrativo; se trata simplemente de
una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, de
obligatoriedad. En este evento, se está ante un problema de eficacia de la
norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del acto y posterior al
mismo. Así lo reconoció la citada Corporación en un caso concreto, al resolver
un recurso de apelación relativo a la nulidad del Decreto 0925 de 1991,
mediante providencia calendada 23 de junio de 1994, MP. Dra. Dolly Pedraza
de Arenas, cuando sostuvo que:
1.
Finalmente, se concluye que, tratándose de actos administrativos de carácter
general, la falta de publicidad impide la obligatoriedad y la oponibilidad
del acto a los particulares (C.C.A., arts. 43 y 48), más no se constituye en
causal de nulidad del mismo (C.C.A., art. 84), por cuanto la publicación
del acto no es requisito para su validez.4° [...] En síntesis, los actos
administrativos expedidos por las autoridades de los diferentes ordenes
territoriales existen y son válidos desde el momento mismo de su
expedición, pero no producen efectos jurídicos, es decir, no tienen fuerza
vinculante, sino a partir de que se realiza su publicación, en tratándose
de actos administrativos de carácter general, o su notificación cuando se
trata de actos administrativos de carácter particular. Sólo a partir de este
momento, serán obligatorios y oponibles a terceros (.4". (Resaltas fuera
de texto).
76. En otra oportunidad, a propósito de la finalidad que está llamado a cumplir el
principio de publicidad de los actos administrativos, en sentencia C- 646 de 200041,
la Corte Constitucional concluyó:
"[...] La jurisprudencia y la doctrina distinguen entre actos administrativos
de carácter general y abstracto y actos administrativos de contenido
particular y concreto, unos y otros, desde luego, deben ser difundidos, esto
es dados a conocer a los asociados por las autoridades que los producen, de
acuerdo con los mandatos de la ley y en desarrollo de los principios de
transparencia y publicidad que consagra el artículo 209 de la C.P.
[. ..] Para ello hay que decir, que además de la divulgación de las actuaciones
de los órganos de poder público como mecanismo de consolidación de la
democracia participativa y condición esencial para el ejercicio del derecho de
control político, son dos los objetivos que se persiguen con la exigencia de
realización del principio de publicidad respecto de los actos
39 Magistrado Ponente doctor Alvaro Tafur Galvis.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativos. Sección Primera. Sentencia del 30 de enero de
1997, Magistrado Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa, rad. 4114 y sentencia de la sección segunda,
Magistrado Ponente doctor Alvaro Lecompte Luna, exp. 6121.
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Magistrado Ponente doctor Fabio Morán Diaz.
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administrativos, el primero determinar la fecha de entrada en vigencia de
las disposiciones que contiene el respectivo acto y el segundo garantizar
la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos
legitimados para el efecto. La regla general es que el acto administrativo entre
en vigencia desde el momento de su expedición, siempre y cuando se hayan
cumplido los requisitos de publicación o notificación según sea el caso. En
consecuencia, el acto administrativo que no haya sido publicado o
notificado será un acto ineficaz, esto es que no producirá efectos, lo que
no quiere decir, desde luego, que sea nulo o inexistente. El acto
administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente
vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de
publicación o notificación, según se trate de actos de contenido general y
abstracto o de actos de contenido particular y concreto respectivamente
(Subrayas fuera de texto).
77. Así pues, la publicidad de los actos administrativos como principio rector de la
función administrativa está llamada a cumplir fines esenciales, como son: facilitar
el llamado control de las decisiones de la administración, contribuir a la
materialización de los fines del Estado, dotar de certeza y seguridad jurídica las
relaciones entre los particulares y la administración, y servir de garantía de los
derechos ciudadanos42.
78 Aunado a lo anterior, la publicidad de los actos administrativos no se erige en un
elemento de la validez del acto administrativo sino en una condición para que el
mismo sea oponible, exigible y obligatorio.
79 Tras las anteriores acotaciones, la Sala reitera que la ausencia de publicación
de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, como lo son los acuerdos
demandados, no conlleva a su inexistencia o invalidez sino a su ineficacia o
inoponibilidad, pues se trata de una circunstancia extrínseca y posterior al acto,
que se erige en una condición para que pueda ser oponible a los particulares, es
decir, para su obligatoriedad.
80 Lo dicho. ha precisado esta Corporación, es una simple aplicación del principio
según el cual el examen de validez jurídica de los actos administrativos que hace
el control jurisdiccional debe efectuarse, por regla general, en el momento de su
nacimiento, de modo que las circunstancias posteriores no afectan una situación
inicia143.
81. Esta Sección arribó a idéntica conclusión en sentencia de 13 de mayo de 2021 ,
al analizar el motivo de alzada, con ocasión de la demanda instaurada en contra de
algunos Acuerdos Metropolitanos expedidos por la Junta Metropolitana de
Barranquilla, así:
42 C- 802 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
43 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de septiembre de 1996. Expediente: 2431. M. P • Juan
de Dios Montes Hernández. Actor: Turriago Suárez Espinoza Limitada.
44
Consejo de Estado. Sala de . lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicado:
08001233100020110067301. Actor: Elkin Rafael Fruto Pizarro. Demandado: Área Metropolitana de Barranquilla
y otros. CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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"122. [.. .] Por otro lado, ha advertido la Corporación, son tres (3) los elementos
que predeterminan la eficacia del acto, a saber: la presunción de legalidad
(artículo 88 CCA), la publicidad (artículos 65 y siguientes del CCA) y la Firmeza
(artículo 87 CCA). Así, la eficacia alude al atributo de la ejecutoriedad, esto es,
a la oponibilidad y obligatoriedad del acto administrativo expedido, de manera
que si se trata de un acto general y abstracto, la obligatoriedad se predica
desde el momento de su publicación (artículo 68 CCA), mientras que el acto de
contenido concreto es oponible desde que se produce la notificación (artículo
66 CCA).
I". .1 124. Tras las anteriores acotaciones. la Sala reitera que la ausencia de
publicación de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, como
lo son los acuerdos metropolitanos demandados, no conlleva a su
inexistencia o invalidez sino a su ineficacia o inoponibilidad, pues se trata
de una circunstancia extrínseca y posterior al acto, que se erige en una
condición para que pueda ser oponible a los particulares, es decir, para
su obligatoriedad [. . .]"(Negrillas fuera de texto).
82.Ahora, sin perjuicio de lo anterior, de la revisión del proceso y como lo puso de
presente el Tribunal de primera instancia, la Sala encuentra que el Acuerdo Distrital
núm. 03 de 14 de febrero de 2003. expedido por el concejo distrital de Barranquilla,
sí fue publicado, según la constancia obrante en el proceso46; y que, igualmente, el
Acuerdo Metropolitano núm. 003 de 7 de mayo de 2003, se dio a conocer en la
Gaceta Distrital 384 de 28 de mayo de 201346
83 En este sentido, comoquiera que los referidos actos administrativos sí fueron
publicados, se tiene que según el derrotero jurisprudencial de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado, la eventual irregularidad que se haya dado en su publicidad
y el momento en que se produjo, no incide en su validez ni constituye causal de
nulidad del acto administrativo, habida consideración que el juez contencioso
administrativo analiza la validez de los actos y no su eficacia.
84. Así las cosas, la Sala procederá a confirmar la decisión de primera instancia como,
en efecto, así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley.
F AL L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de julio de 2017, proferida por la
Sección "C" del Tribunal Administrativo del Atlántico, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
45 Folio 70 C Ppal.
https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/normatividad/gaceta-distrita1/2013-2. Fecha de Consulta: 12 de
septiembre de 2023.
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Radicado: 08001-3331-004-2011-00658-02
Demandante: Himmel Machado Escobar
Demandados: Área Metropolitana de Barranquilla y otros
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia, de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de 28 de septiembre de 2023.
.,(r)[
OSWA I ALuO L PEZ NUBI PENA G RZÓN
Cbnsejerc de Esta onsej r de Estad (E)
Presid nte
HEINANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estiro
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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