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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00803-03

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00803-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 68 “[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia […]”. 42 Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03 Demandante: José Manuel Falante de Oliveira SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00803-03

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira
Demandadas: Nación – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
[INCODER] y Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca [AUNAP]
Tema: Sanciones administrativas por la violación del Estatuto General de
Pesca / Falta de competencia – reiteración de jurisprudencia / Falsa
motivación – reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en
contra de la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por la Sección Primera,
Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. El señor José Manuel Falante de Oliveira, actuando a través de apoderado y en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), acudió ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes
pretensiones:

“[…] PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 01668 de 29 de junio de 2011,
por la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER, sancionó a la
sociedad COMEXTUN LIMITADA; al capitan del buque “MARÍA ISABEL C.”
señor José Manuel Falante y solidariamente a TUNA ATLANTIC LIMITADA, en
su calidad de armador del buque, con el equivalente a 15.000 salarios mínimos
legales diarios vigentes que corresponde a la suma de doscientos sesenta y
siete millones setecientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta pesos
($267.799.950.00), moneda corriente, por presuntas violaciones al Estatuto
General de Pesca, concretamente a la veda acordada para el año 2009.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 2615 de 14 de Octubre de
2.011, mediante la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER
confirmó en todas sus partes la Resolución No. 1688, en cuanto impuso al señor
José Manuel Falante de Oliveira una sanción como Capitán del barco “MARÍA
ISABEL C.”.

1
Fol. 2-23, C. Ppal. 1.

2

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

3. Que, a título de restablecimiento del derecho, se exonere al señor José
Manuel Falante de Oliveira de toda responsabilidad por las infracciones que le
fueron imputadas y del pago de la sanción que le fue impuesta mediante los
actos administrativos demandados.

4. Que se condene a la Nación – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INCODER y/o a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP – a
reintegrar al señor José Manuel Falante de Oliveira el valor correspondiente a
la caución que llegue a prestarse como requisito para darle curso legal a la
presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o aquellas sumas
que mi representado deba asumir y pagar para constituir y sostener la vigencia
de esa caución por el tiempo que sea necesario.

5. Que se ordene que el mencionado reintegro, cualquiera que sea, se ajuste
en su valor tomando como base el Índice de Precios al Consumidor como lo
indica expresamente el artículo 178 del C.C.A. […]” (negrilla del texto)

I.1.1. Los hechos

2. Afirmó que la autoridad pesquera nacional, mediante la Resolución núm. 04706
de 23 de diciembre de 2008, estableció una veda por buque individual para:

“[…] embarcaciones atuneras de cerco de bandera nacional y estableció para
el año 2009 medidas de conservación sobre poblaciones de túnidos y especies
afines en el océano pacífico oriental, para embarcaciones atuneras de bandera
nacional y embarcaciones de bandera extranjeras afiliadas a empresas
colombianas que operan en aguas jurisdiccionales y en zona económica
exclusiva de Colombia […]”.

3. Indicó que la veda tendría una duración de 49 días para los buques clase 6, como
el que está involucrado en esta controversia.

4. Aseguró que el “[…] Comité para la Revisión de Medidas Adoptadas por la
Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT – […]” presentó, el 24 de
septiembre de 2010, un documento en el que se dio cuenta de un posible
incumplimiento de la veda por parte del buque “[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”.

5. Aseveró que el documento citado supra fue puesto en conocimiento de Colombia,
junto con otros formatos y registros suscritos por el observador del mencionado
buque “[…] durante el crucero No. 139800 cumplido entre el día 9 de marzo de 2009
y el 12 de junio de 2009 […]”.

6. Manifestó que la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (en adelante INCODER) abrió investigación administrativa en
contra de “[…] COMEXTUN LIMITADA […]”, en su condición de titular del permiso
de pesca industrial, al cual se encuentra vinculado el buque “[…] “MARÍA ISABEL
C.” […]”, en contra de su capitán y, solidariamente, en contra del armador “[…] TUNA
ATLANTIC LIMITADA […]”.

3

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Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

7. Apuntó que la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER, luego de surtir
la investigación administrativa, decidió sancionar, mediante la Resolución núm.
01668 de 29 de junio de 2011, a “[…] la sociedad COMEXTUN; al capitán del buque
“MARÍA ISABEL C.” señor José Manuel Falante y solidariamente a TUNA
ATLANTIC LIMITADA en su calidad de armador del buque con el equivalente a
15.000 salarios mínimos legales diarios vigentes equivalente a la suma de (…)
($267.799.950) […]”, por violaciones al Estatuto General de Pesca, en particular, a
la veda acordada para el año 2009.

8. Destacó, frente a la Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2011, que presentó
recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 02615 de
14 de octubre de 2011, decidiendo confirmar el acto administrativo impugnado, el
cual le fue notificado personalmente el 8 de noviembre de 2011, a través de su
apoderado, quedando agotada la vía gubernativa.

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

9. La parte demandante indicó que los actos administrativos demandados vulneraron
i) los artículos 25, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; ii) la Ley 489 de 29 de
diciembre de 19982; iii) la Ley 13 de 15 de enero de 19903; iv) los artículos 43 y 85
del CCA; v) el artículo 4° del Código de Procedimiento Civil; vi) el artículo 1495 del
Código de Comercio; y, vii) el Decreto núm. 2256 de 4 de octubre de 19914.

10. Como concepto de la violación alegó i) la incompetencia del funcionario que
expidió los actos administrativos demandados; ii) la violación al debido proceso; y,
iii) la falsa motivación.

I.1.2.1. La incompetencia del funcionario que expidió los actos administrativos

11. Sostuvo que el artículo 9°. de la Ley 489 permite a las autoridades
administrativas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 209 de la Carta Política,
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con
funciones afines o complementarias.

12. Recalcó que, conforme lo dispuesto en la Ley 13 de 1990, en concordancia con
el numeral 4. del artículo 24 del Decreto núm. 3759 de 30 de septiembre de 20095,
le corresponde al director del INCODER imponer multas y sanciones por violación
de las disposiciones que rigen la actividad pesquera y acuícola, facultad que fue
delegada en la Subgerencia de Pesca y Acuicultura, a través de la Resolución núm.
2851 de 6 de octubre de 2010.

2
“[…] por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. […]”.
3
“[…] por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca. […]”
4
“[…] por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990. […]”
5
“[…] Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y se
dictan otras disposiciones. […]”.

4

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Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

13. Subrayó que la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010 indicó, en su
artículo 8°., que surtiría efectos jurídicos a partir de su publicación; sin embargo, no
fue publicada en el diario oficial y, en consecuencia, las dependencias allí señaladas
no podían asumir el ejercicio de las funciones delegadas, en particular, la
Subgerencia de Pesca y Acuicultura no podía ejercer la potestad de imponer
sanciones pues el acto que la confirió no estaba produciendo efectos jurídicos.

14. Aseveró, siguiendo lo expuesto, que la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del
INCODER actuó sin competencia al proferir los actos administrativos demandados,
teniendo en cuenta que el acto de delegación no estaba produciendo efectos
jurídicos.

I.1.2.2. Violación al debido proceso

15. Afirmó, luego de mencionar el artículo 164 del Decreto núm. 2256 de 1991, que
la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER profirió los actos
administrativos demandados desconociendo el trámite indicado en la norma
señalada, en razón a que no vinculó a todos los presuntos infractores a la actuación
administrativa.

16. Aseguró que la autoridad administrativa se limitó a enviarle al capitán del barco
“[…] “María Isabel C” […]”, un cuestionario de preguntas relacionadas con los
hechos que originaron la investigación administrativa, sin vincularlo formalmente,
desconociendo el debido proceso, lo cual no podría obviarse puesto que, siguiendo
el artículo 1495 del Código de Comercio, el capitán de la nave es el jefe superior
encargado del gobierno y dirección de esta.

17. Explicó,desde la anterior perspectiva, que los descargos del capitán eran
imprescindibles en la actuación administrativa toda vez que es él, como conductor
de la nave, quien conoce los hechos que la sustentaron y su comprobación.

18. Comentó que la autoridad administrativa, al interpretar el artículo 164 del Decreto
núm. 2256 de 1991 y suplir la etapa de descargos al presunto infractor, por el envío
de un cuestionario de preguntas que no fue tenido en cuenta al momento de imponer
la sanción, violó el debido proceso y de defensa de todos los presuntos infractores,
al pretermitir una etapa del procedimiento que resultaba imprescindible.

19. Estimó contrario a derecho el argumento expuesto por la parte demandada
consistente en que al citarse al representante legal de las sociedades demandantes
se vinculaba, igualmente, a los responsables de la infracción, en razón a que la ley
considera que son infractores solidarios, teniendo en cuenta que tal solidaridad se
predica del pago de la sanción, siguiendo el artículo 55 de la Ley 13 de 1990, la cual
establece que los titulares del permiso de pesca, serán responsables solidarios de
las sanciones económicas que se impusieren.

5

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Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

I.1.2.3. Falsa motivación

20. Mencionó el artículo 164 del Decreto núm. 2256 de 1991, norma que determina
que el trámite administrativo para la imposición de sanciones derivadas de la
infracción del Estatuto General de Pesca debe hacerse mediante resolución
motivada, previa comprobación de los hechos, anotando que, en el presente asunto,
la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER sustentó la sanción impuesta
en las respuestas emitidas por el observador, al cuestionario enviado a esa entidad,
“[…] que según el texto de la resolución, resultan ser simples apreciaciones
personales del observador. […]”.

21. Aseveró, siguiendo lo anterior, que la parte demandada únicamente tuvo en
cuenta lo manifestado por el observador para configurar la conducta sancionable,
sin acudir a otros medios de prueba que corroboran las apreciaciones de este y sin
considerar las declaraciones del representante legal de las empresas sancionadas.

22. Precisó que, mediante la Ley 579 de 8 de mayo de 20006, se incorporó a nuestra
legislación la “[…] “La Convención entre los Estados Unidos de Norte América y la
República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana
del Atún Tropical” […]”, indicando que esa comisión fue establecida en el año de
1949 con el objeto de mantener la población de atunes de aletas amarillas y otras
especies que se pescan por “[…] embarcaciones atuneras en el océano pacífico
oriental […]”.

23. Subrayó que la Ley 557 de 2 de febrero de 2000 7, a través de la cual se aprobó
el “[…] “Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los
Delfines” hecho en Washington, D.C., el (…) (21) de mayo de (…) (1998) […]”,
incorporó, en el “[…] anexo II […]”, el programa de observadores a bordo.

24. Llamó la atención que, posteriormente, el INCODER, en la Resolución núm.
00088 de 2005, creó el programa nacional de observadores de pesca a bordo de
las embarcaciones atuneras, ordenando que todo buque de pesca de atún de
bandera colombiana, debía llevar a bordo un “[…] observador previamente
acreditado por el INCODER o por entidad o entidades que contrate el INCODER
para tales efectos […]”.

25. Explicó que el acompañamiento de los observadores a los buques de pesca
busca como fines principales, que la tripulación cumpla las normas que rigen la
actividad pesquera y, con ello, la reducción progresiva de la mortalidad accidental
de delfines en la pesca de atún, destacando que para el cumplimiento de tales
objetivos, los observadores tienen la facultad de preparar informes sobre la actividad

6
“[…] Por medio de la cual se aprueba la "Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica
para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical", hecha en Washington el treinta y uno (31) de
mayo de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) […]”
7
“[…] Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines",
hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) […]”

6

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Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

pesquera del buque, en los cuales, el capitán de la nave tiene la oportunidad de
incluir los datos que considere pertinentes.

26. Consideró que, en el presente asunto, el observador, como verificador del
cumplimiento de las normas, no cumplió los deberes que le corresponden en
relación con la tripulación de la nave, teniendo en cuenta que:

“[…] en estos casos el observador tiene fundamentalmente una función
preventiva dentro del ámbito del cumplimiento de las normas sobre pesca,
función que debe cumplirse de común acuerdo con el capitán y la tripulación del
barco pesquero y no parece que en este caso el observador la cumpliera. Olvidó
el INCODER en relación con las respuestas del observador, en este caso, tener
en cuenta las funciones y la razón de ser de la figura del observador.

En este caso la sanción se impuso atendiendo únicamente, repito, el dicho del
observador pero no se allegó una prueba idónea que corroborara el
incumplimiento de la veda y menos aún, si ello fue así, que haya tratado de
prevenir tal infracción. […]”

27. Finalmente,añadió que entiende la temporalidad de las disposiciones que
determinaron el período de veda para el año 2009; sin embargo, no entiende por
qué el INCODER las deroga expresamente, para proceder, después del año 2011,
a imponer sanciones con base en la norma derogada.

I.1.3. La solicitud de suspensión provisional

28. La parte demandante solicitó la suspensión provisional de las resoluciones
demandadas insistiendo en la falta de competencia de la Subgerencia de Pesca y
Acuicultura del INCODER para expedirlas, teniendo en cuenta que la Resolución
núm. 2851 de 6 de octubre de 2010, a través del cual se delegó el ejercicio de
funciones por parte director general del INCODER, no fue publicada en el diario
oficial, por lo que no surtió efectos jurídicos, para la fecha en que tales actos
administrativos fueron expedidos.

I.2. Trámite de la demanda

29. A través de auto de 19 de julio de 20128, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al gerente del INCODER y al
director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (en adelante AUNAP)9, así
como al agente del Ministerio Público; ii) se fijó el asunto en lista por el término legal;
iii) se ordenó oficiar al INCODER para que allegara los antecedentes que dieron
lugar a la expedición de los actos acusados en el término de diez (10) días; iv) se
ordenó acreditar, por tratarse de actos administrativos que impusieron una sanción,

8
Fol. 97-100, C. Ppal. 1.
9
Mediante el Decreto Ley núm. 4181 de 3 de noviembre de 2011, “[…] Por el cual se escinden unas funciones del Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca (AUNAP). […]”, se creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

7

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

su pago total o la constitución de una caución; y, v) negó la suspensión provisional
de los actos acusados.

30. En auto de 9 de agosto de 201210, se adicionó la providencia de 19 de julio de
2012, en el sentido de ordenar a la AUNAP remitir la totalidad de los antecedentes
administrativos que dieron origen a los actos acusados.

31. Esta Corporación, en providencia de 31 de octubre de 201311, decidió el recurso
de apelación presentado por la parte demandante en contra del auto de 19 de julio
de 2012 y en el cual la primera instancia negó la suspensión provisional de los actos
administrativos demandados, confirmando el proveído impugnado.

I.3. La contestación de la demanda

I.3.1. La AUNAP12

32. La AUNAP, a través de su apoderado, contestó la demanda, solicitando que se
ratificara la legalidad de las resoluciones demandadas y, en consecuencia, se le
ordenara a la parte demandante, el pago de la multa impuesta.

33. Expuso, luego de referirse a los hechos sustento de la demanda, las razones de
defensa.

34. Afirmó, en referencia a la falta de competencia del funcionario que expidió los
actos administrativos demandados, que el subgerente de pesca y acuicultura del
INCODER sí era competente para proferirlos, de tal forma que no estaban viciadas
de nulidad por el hecho de que no se haya publicado el acto de delegación de
funciones en el diario oficial.

35. Sustentó su argumento en las sentencias de 3 de marzo de 2011 y 26 de junio
de 2008, proferidas por esta Corporación13, según las cuales los actos generales
que se refieren a las labores y organización de las dependencias de la
administración, cuyos destinatarios son los funcionarios de la entidad, son
obligatorios a partir de su expedición, en razón a que conocen el acto administrativo
antes que la publicación se realice, además de ser actos de asignación interna de
funciones que solo tienen incidencia en el ámbito interno de la entidad, por lo que
no requieren de su publicación para que produzcan efectos jurídicos.

10
Fol. 125-126, C. Ppal. 1.
11
Fol. 9-16, C. Consejo de Estado núm. 1.
12
Fol. 141-179, C. Ppal. 1.
13
“[…] Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: William Giraldo Giraldo. Bogotá
D.C., 3 de marzo de 2011. Radicación número: 25000-23-24-000-2002-01061-01 (17300). Actor: Giros & Finanzas
Compañía de Financiamiento Comercial S.A. Demandado: Superintendencia Bancaria hoy Superintendencia
Financiera. Asimismo, la Sentencia del 26 de junio de 2008, C.P. Héctor J. Romero Díaz. Expediente No. 15261. […]”
(negrilla y subrayado del texto)

8

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

36. Recalcó que la falta de publicación de la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre
de 2010, acto de delegación de funciones expedida por el INCODER, no vició los
actos administrativos demandadas, teniendo en cuenta que los propios funcionarios
de la entidad lo conocieron y acataron en sus precisos términos.

37. Aseguró, en lo que a la violación al debido proceso se refiere, que el INCODER
sí vinculó al capitán de la nave, señor José Manuel Falante de Oliveira, a la
actuación administrativa como se deduce, en su concepto, del contenido del auto
núm. 18 de 2 de febrero de 2011, a través se del cual se le dio inicio a esta.

38. Añadió que el INCODER le remitió al capitán de la nave, los oficios “[…] de fechas
18 de marzo de 2011 y 15 de junio de 2011 con radicados Nos. 20112104240 y
20112112602 respectivamente […]”, en los cuales se encontraba el cuestionario de
preguntas que debía diligenciar, con el objetivo de que respondiera ante las
autoridades colombianas por la investigación que se le seguía, de acuerdo con el
numeral cuarto14 de la parte resolutiva del auto núm. 18 de 2 de febrero de 2011.

39. Sostuvo que el contenido de los cuestionarios remitidos daba claridad de que sus
respuestas constituirían su defensa en la investigación que se le seguía y, en todo
caso, si hubiere llegado a considerar que se requería de una diligencia adicional
para esclarecer los hechos y “[…] robustecer su derecho de defensa […]”, pudo
haberlo expresado ante la autoridad administrativa, pero esto no ocurrió.

40. Aseveró que:

“[…] ante la permanente desatención y desinterés frente a los requerimientos, -
hechos evidentes que no menciona el demandante- como lo prueban los dos
oficios citados que están siendo anexados a la presente contestación de
demanda con los radicados Nos. 20112104240 y 20112112602, el INCODER
volvió a reiterar el envío del cuestionario mediante oficio de fecha 15 de junio
de 2011 […]”

41. Manifestó, frente al artículo 164 del Decreto núm. 2256 de 1991, que, si bien esta
norma exige oír en descargos al infractor, también lo era que esta actuación se
surtió cuando el capitán de la nave contestó el cuestionario:

“[…] y repuso a través de apoderado la Resolución No. 1668, pues a él se le
manifestó – como ya se comprobó con los oficios remisorios – que era una
oportunidad para ejercer el derecho de defensa, máxime cuando se encontraba
fuera del país y cuando en el Auto 18 de 2011 de apertura de la investigación
así se le había manifestado tal y como se transcribió anteriormente.

El señor Capitán JOSÉ MANUEL FALANTE DE OLIVEIRA remitió las
respuestas y si por negligencia no adelantó una buena defensa técnica no
puede imputársele esa situación a la autoridad pesquera, quien le envió el

14
“[…] CUARTO: ESCUCHAR EN DESCARGOS de conformidad con el artículo 164 del Decreto 2256 de1991, a los
presuntos infractores y recepcionar (sic) las demás pruebas que sean necesarias y procedentes para esclarecer los hechos
investigados.” […]” (negrilla y subrayado del texto)

9

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

cuestionario para que finalmente lo resolviera y ejerciera su defensa como
Capitán del Buque “MARÍA ISABEL C”. […]”

42. Consideró que era una “[…] falta de lealtad procesal […]”, no atender los
requerimientos de la autoridad administrativa y, posteriormente, alegar una violación
al debido proceso, haciendo hincapié en que debió manifestar, en el segundo de
tales requerimientos, que conociendo que los buques contaban con tecnología a
bordo que permitía la comunicación inmediata y accesos a medios tecnológicos que
permitían contestar el cuestionario allegado, que se debía allegar en el término de
la distancia las respuestas pertinentes o informar las razones por las cuales no
había sido posible.

43. Insistió en que el derecho de “[…] oír al presunto infractor […]” no requería
necesariamente que se llevara a cabo presencialmente toda vez que se entendía
cumplido con atender lo expresado por el infractor por escrito o verbalmente,
destacando que al “[…] al leerse sus consideraciones se le están oyendo y
atendiendo sus argumentos de hecho y de derecho […]” y que el hecho de que no
se haya llevado a cabo presencialmente la audiencia para escuchar al infractor en
descargos no era imputable a la administración.

44. Anotó que, conforme el inciso cuarto, numeral 16., del artículo 55 de la Ley 13 de
1990, el capitán de la nave, el armador y los titulares de los permisos de pesca son
responsables solidarios de las sanciones económicas que se impusieren, con lo cual
descartó la violación del artículo 29 de la Carta Política y del artículo 1495 del Código
de Comercio, norma que tiene aplicación para efectos comerciales y no para la
responsabilidad por las violaciones al Estatuto General de Pesca.

45. Apuntó, en relación con la falsa motivación de los actos administrativos
demandados, que los observadores tenían la posibilidad de presentar informes
sobre los índices de lances y de mortalidad, por ser la única alternativa
independiente que tienen las autoridades nacionales e internacionales para conocer
si existieron violaciones a las disposiciones pesqueras o acuícolas.

46. Citóla Sentencia C-1710 de 2000, proferida por la Corte Constitucional,
aludiendo al cuestionario que el observador René Arauz de Puy contestó en la
actuación administrativa, quien indicó que:

“[…] sí hubo capturas y extracción en época de veda para que no quede duda
sobre la verdadera motivación de los actos administrativos y en consecuencia
sobre la violación del numeral 3 del artículo 54 de la Ley 13 de 1990. Pero
además, la independencia de los observadores CIAT es tal, que ellos ni siquiera
sabían al momento de zarpar si en Colombia había o no había veda, ellos sólo
consignan lo que observan diariamente, luego, son más las garantías que tienen
las empresas pesqueras por la independencia que tiene un observador.

Ese lance para capturar peces en época de veda – que además generó probada
mortalidad como lo muestran los aspectos resaltados del cuestionario que
contestó el señor RENÉ ARAUZ DE PUY, es castigado por la ley colombiana.
Hay que destacar que, en ningún momento el Capitán del Buque desvirtuó ni

10

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

técnica ni jurídicamente las afirmaciones del observador CIAT, señor René
Arauz de Puy quien sí estaba facultado para entregar la información conforme
lo determinó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 1710 de 2000, ya citada
y la propia Ley 557 de 2000 citada por el apoderado de la parte demandante.
[…]”

47. Aclaró, en lo que a la derogatoria de los actos administrativos que impusieron la
veda se refiere, que no le asiste razón al demandante en considerar que no era
posible imponer una sanción, en el año 2011, con sustento en la Resolución núm.
4706 de 23 de diciembre de 2008, que fue derogada mediante la Resolución núm.
1859 de 2010.

48. Argumentó que la Resolución núm. 4706 de 23 de diciembre 2008 determinó las
vedas para el año 2009 y fue en su vigencia que se cometió la infracción, con lo
cual se cumplió plenamente el principio de legalidad de la sanción.

49. Subrayó que, si bien la Resolución núm. 1859 de 2010 derogó la Resolución
núm. 4706 de 23 de diciembre 2008, ello se debía a que le correspondía al
INCODER imponer las vedas durante ciertos días del año, los cuales podían variar
año tras año, precisando que en “[…] el 2010, la entidad impone nuevas vedas o
fechas de prohibiciones a las empresas atuneras para temporadas futuras y no para
épocas, fechas o días anteriores. […]”.

50. Excepcionó i) que no fuera declarada la nulidad de los actos administrativos
acusados toda vez que no se violaron las normas invocadas por el demandante
como violadas; ii) que, al no declararse la nulidad de los actos demandados, no se
restablezca derecho alguno a la parte demandante; y, iii) que no se condene a las
demandadas a reintegrar dinero alguno a la parte demandante.

I.3.2. El INCODER

51. El INCODER, conforme se indicó en el auto de 7 de febrero de 201315, no
contestó la demanda.

I.4. Trámite del proceso

52. Mediante auto de 7 de febrero de 2013, se decretaron las pruebas a practicar en
el proceso; y, en auto de 1°. de agosto de 201316, se ordenó correr traslado a las
partes para alegar de conclusión por el término de 10 días. Las partes demandada17
y demandante18 presentaron alegatos de conclusión.

15
Fol. 273-274, C. Ppal. 1.
16
Fol. 284, C. Ppal. 1.
17
Fol. 285-337, C. Ppal. 1. [AUNAP] y fol. 359-361, C. Ppal. 1. [INCODER]. La sentencia de 19 septiembre de 2013 indicó
que “[…] Previamente al análisis de fondo, se observa que en el alegato de conclusión la apoderada del INCODER consideró
que existe falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que según la ley 1444 de 2011 dicho instituto no era la entidad
que debía ser demandada. (…) La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la excepción porque en el expediente no
obra poder conferido en legal forma que le permita a la citada abogada intervenir en el proceso en representación
del INCODER, por lo cual el alegato no será tenido en cuenta. […]” (negrilla fuera del texto).
18
Fol. 338-358, C. Ppal. 1.

11

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

I.5. La sentencia de primera instancia19

53. La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en sentencia de 19 de septiembre de 2013, resolvió:

“[…] FALLA

Primero: Abstenerse de pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del INCODER, según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

Segundo: Declárase la nulidad de las resoluciones Nos. 01668 de junio
veintinueve (29) de 2011 y 02615 de octubre catorce (14) del mismo año
expedidas por la subgerencia de pesca y acuicultura del INCODER, únicamente
en lo que corresponde a la sanción impuesta al actor, José Manuel Falante de
Oliveira en condición de capitán del buque “María Isabel C”.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho, declárase que el señor
Falante de Oliveira no está obligado al pago de la sanción impuesta a través de
los citados actos. En caso de que la sanción se haya hecho efectiva, ordénase
a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca el reintegro de la suma
correspondiente al demandante.

Cuarto: Deniéganse las restantes pretensiones de la demanda.

Quinto: Sin costas en esta instancia.

Sexto: En firme esta providencia, archívese el expediente. […]”

54. Laprimera instancia abordó, inicialmente, el cargo de violación del debido
proceso.

55. Advirtió que la parte demandante, el señor José Manuel Falante de Oliveira,
quien fungía como capitán de la nave “[…] “María Isabel C” […]” fue legalmente
vinculado a la investigación adelantada por la infracción de las normas sobre pesca,
como consta en el auto núm. 018 de 2 de febrero de 2011, providencia a través de
la cual la subgerencia de pesca asumió la actuación contra la sociedad Comextun
Ltda. como titular del permiso de pesca, el capitán de la nave y la sociedad Tuna
Atlantic como armadora de la nave.

56. Aseveró que el auto mencionado abrió formalmente la investigación en contra del
demandante y ordenó escucharlo en descargos, junto con los demás infractores,
según lo expuesto en el artículo 164 del Decreto núm. 2256 de 1991, norma que
regulaba el procedimiento sancionatorio.

57. Aseguró que la citada norma disponía que antes de la imposición de la sanción
debía oírse en descargos al supuesto infractor, lo cual no significaba que debiera
realizarse una audiencia para el efecto. No obstante, manifestó que esa

19
Fol. 365-381, C. Ppal. 1.

12

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

circunstancia no significaba que en este tipo de procedimientos pudieran
desconocerse las garantías mínimas para que los investigados rindan, en debida
forma, sus descargos y ejercer adecuadamente su derecho de defensa frente a los
hechos que se les imputan.

58. Consideró que para que una persona pueda rendir descargos debía existir “[…]
necesariamente un pliego de cargos que contenga las razones fácticas y jurídicas
que sustentan la acusación elevada en su contra […]”, el cual debía ser notificado
en debida forma y debía expresar, además, que el investigado tiene la posibilidad
de rendir los correspondientes descargos y de presentar aquellas pruebas que
considere adecuados para su defensa.

59. Afirmó, en relación con el caso particular, que no se probó que la subgerencia de
pesca y acuicultura del INCODER haya elaborado un pliego de cargos, toda vez
que en el auto núm. 018 de 2011 se limitó a asumir la investigación en contra de,
entre otros, el demandante, ni que se haya proferido, en el curso de la actuación
administrativa, una providencia equivalente mediante la cual se le haya puesto en
conocimiento las posibles conductas ilegales que se le imputan.

60. Expresó que, aunque a través del gerente de la sociedad Comextun Ltda., le fue
enviado al demandante un cuestionario para garantizar el derecho de contradicción,
tal trámite no tuvo la virtud de suplir “[…] la obligación que tenía la subgerencia de
pesca de elaborar el pliego de cargos y notificarlo en debida forma para que surtiera
efectos legales […]”, teniendo en cuenta que dicho cuestionario no incluyó el cargo
imputado ni expresó las razones fácticas y jurídicas de la conducta investigada y
omitió indicar que existía una investigación formal en contra del demandante y que
tenía la posibilidad de solicitar y presentar pruebas.

61. Manifestó que el auto núm. 18 de 2 de febrero de 2011 decretó las pruebas que
la autoridad administrativa tendría en cuenta contra el demandante dentro de la
investigación administrativa pero no concedió la oportunidad de aportar o solicitar la
práctica de pruebas para su defensa y, además, que el cuestionario remitido a la
parte demandante y a los demás investigados tenía como objetivo que obrara como
prueba en el procedimiento y no que el investigado rindiera sus descargos. Añadió
que:

“[…] Los dos (2) oficios de requerimiento a que hace referencia el apoderado
de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca no fueron enviados
directamente al actor sino por conducto del gerente de la sociedad Comextun,
lo que no garantizaba su conocimiento para el ejercicio de la defensa. […]”

62. Destacó que para que los descargos surtan efectos dentro de la actuación
administrativa, es presupuesto indispensable que la persona sea notificada de la
situación, pues, de lo contrario, podría generarse el equívoco de considerar que se
está ante una simple declaración sin las implicaciones de una diligencia de
descargos.

13

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

63. Subrayó que el cuestionario contestado por el demandante no podía ser
considerado como un escrito de descargos dentro del procedimiento administrativo,
insistiendo en que:

“[…] realmente no fue informado de la situación, no tuvo conocimiento de las
razones fácticas y jurídicas respecto de las cuales debía ejercer su defensa y
no le fue otorgada la oportunidad de solicitar y aportar pruebas para desvirtuar
la conducta irregular que originó el procedimiento sancionador.

A lo anterior se suma el hecho de haber sido decretadas las pruebas aducidas
en contra del actor por parte de la subgerencia de pesca, en el auto de febrero
de dos (2) de 2011, antes de la remisión del cuestionario sobre los hechos
objeto de la investigación.

Entonces, es claro para la Sala que en este caso la administración pretermitió
etapas vitales dentro del proceso sancionatorio adelantado contra el actor,
como capitán del barco “María Isabel C”, pues no dictó el pliego de cargos
formal en su contra, no le brindó la oportunidad de rendir los descargos, ni le
permitió aportar y solicitar pruebas dentro de la actuación, lo cual desconoció el
debido proceso y específicamente los derechos de defensa y de contradicción.
[…]”

64. Precisó que, ante la prosperidad del cargo relacionado con la violación del debido
proceso, no haría pronunciamiento respecto de los restantes cargos de falta de
competencia y falsa motivación de las resoluciones acusadas.

I.6. El recurso de apelación

I.6.1. La AUNAP20

65. La AUNAP, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara y, en su lugar, se declarara la legalidad de
los actos administrativos demandados.

66. Manifestó que el fallo impugnado confundió el proceso disciplinario regido por la
Ley 734 de 5 de febrero de 200221 con un proceso administrativo sancionatorio de
multa, afirmando que solo es posible exigir la formulación de un pliego de cargos
cuando la ley procesal así lo indique.

67. Aseguró que, en el presente asunto, la ley exige la formulación de un pliego de
cargos para el caso de los procesos disciplinarios regidos por la Ley 734, mientras
que la Ley 13 de 1990 y el Decreto núm. 2256 de 1991, normas que rigen el
procedimiento administrativo sancionatorio por infracción del Estatuto General de
Pesca, no establecieron tal formalidad.

68. Advirtióque los vacíos que presentaba el procedimiento administrativo
sancionatorio por infracción del Estatuto General de Pesca, debían ser llenados por

20
Fol. 382-410, C. Ppal. 1.
21
“[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. […]”

14

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

las disposiciones del CCA, conforme al artículo 1°., inciso 2. de ese código, norma
que, en su artículo 35, dispone que las decisiones deben estar motivadas al menos
en forma sumaria si afecta a particulares y una vez se ha dado la oportunidad a los
interesados de expresar sus opiniones, con base en las pruebas e informes
disponibles.

69. Aseveró, sobre la falta de notificación de las actuaciones al demandante, luego
de citar el artículo 48 del CCA, que no solo interpuso recurso de reposición contra
el acto administrativo sancionatorio, sino que además contestó el cuestionario que
se le formuló, con lo cual habría operado la notificación por conducta concluyente,
lo cual fue desconocido por la primera instancia.

70. Expresó que no omitió informarle al investigado que tenía la posibilidad de
solicitar y aportar pruebas a la actuación administrativa, citando el contenido del
artículo tercero del auto núm. 018 de 2011 y el artículo 34 del CCA.

71. Manifestó, en relación con el argumento de la primera instancia consistente en
que los oficios de requerimiento dirigidos al demandante para efectos de que
absolviera el cuestionario que se le remitía, fueron enviados a la empresa en la que
laboraba, lo cual no garantizaba el derecho defensa, que tal actuación se debió a
que el investigado era de nacionalidad portuguesa, no se contaba con su dirección
y se encontraba fuera de Colombia.

72. Anotó que, en todo caso, el demandante recibió la información remitida, conoció
de la actuación administrativa y se defendió en ella.

73. Sostuvo, igualmente, frente al cuestionamiento de la primera instancia
consistente en que diligenciar el cuestionario no era garantía del derecho de
defensa, que en el requerimiento que se le formuló al demandante se le indicaba
que debía contestarlo para ejercer ese derecho.

I.6.2. El INCODER22

74. El INCODER cuestionó la sentencia de primera instancia por abstenerse de
pronunciarse frente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
no era la entidad que ha debido ser demandada en el proceso, teniendo en cuenta
que, mediante el Decreto núm. 4181 de 3 de noviembre de 2011 23, se creó la
AUNAP, producto de la escisión de funciones del INCODER y del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.

75. Alegó que, en la medida en que el artículo 23 del citado decreto estableció que
las funciones relacionadas con la pesca y acuicultura se ejercerían por el INCODER
hasta el 1°. de enero de 2012, a partir de esa fecha, la AUNAP debía ejercer la

22
Fol. 412-416, C. Ppal. 1.
23
“[…] Por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). […]”.

15

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

defensa de los actos administrativos acusados por ser desarrollo, precisamente, de
tales funciones.

I.7. La sentencia de segunda instancia24

76. La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de 16 de agosto de 2018,
resolvió:

“[…] FALLA

PRIMERO: Aceptar el impedimento manifestado por el Doctor Carlos Enrique
Moreno Rubio, de conformidad con las razones expuestas en la cuestión previa
de esta providencia.

SEGUNDO: Revocar los Artículos Segundo, Tercero y Cuarto de la sentencia
de 19 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en cuanto declararon la
nulidad de las Resoluciones Nros. 01668 de 29 de junio de 2011 y 02615 de
14 de octubre de 2011, expedidas por la Subgerencia de Pesca y Acuicultura
del INCODER -en lo relacionado con la sanción de multa impuesta al señor
JOSÉ MANUEL FALANTE DE OLIVEIRA en su calidad de capitán del buque
“MARÍA ISABEL C” -, ordenaron el restablecimiento de sus derechos y
denegaron las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Remitir el expediente al Tribunal de origen, para lo de su cargo,
según lo indicado en las consideraciones de esta providencia. […]” (negrilla del
texto)

77. Apuntó que el problema jurídico que debía resolver, consistía en:

“[…] determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión de
primera instancia que: i) se abstuvo de pronunciarse sobre la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del INCODER, (ii) declaró la nulidad de
las resoluciones No. 1668 de 29 de junio de 2011 y 02615 de 14 de octubre del
mismo año, únicamente en lo que corresponde a la sanción impuesta al señor
Falante de Oliveira y;(iii) a título de restablecimiento de derecho, declaró que el
actor no estaba obligado al pago de la sanción impuesta por los actos
cuestionados. […]”

78. Se refirió a la falta de legitimación en la causa alegada por el INCODER,
indicando que la primera instancia se había abstenido de resolver dicho argumento,
puesto que no obraba poder conferido en legal forma que permitiera a la abogada
actuar en el proceso como apoderada de la entidad, “[…] al instante del traslado de
contestación de la demanda […]”.

79. Destacó que el hecho de que subsanara la falencia advertida en etapas
posteriores, no podía retrotraer la actuación ni el término de fijación en lista para
contestar la demanda, subrayando que el INCODER había contado con la

24
Fol. 279-297, C. Consejo de Estado núm. 2.

16

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

oportunidad respectiva para formular excepciones y no lo hizo, lo cual no podía ser
subsanado en sede de apelación, por lo que confirmaría la decisión de instancia.

80. Abordó el cargo de violación del debido proceso, el cual fue encontrado probado
por la primera instancia y la relevó del estudio de los demás cargos de la demanda,
relativos a la falta de competencia y la falsa motivación.

81. Advirtió, luego de hacer referencia a los antecedentes que dieron lugar a este
proceso, que para el análisis de fondo de la controversia acudiría a los
razonamientos expuestos en la sentencia de 12 de julio de 2018, proferida en el
expediente núm. 25000-23-24-000-2012-00796-02, en la cual se juzgaron hechos
análogos.

82. Recalcó, con sustento en la citada decisión judicial, que:

“[…] Este razonamiento es compartido por la Sala, en la medida que la exigencia
de un pliego de cargos constituye una carga que la autoridad pública no está en
el deber jurídico de soportar, en ejercicio de sus funciones de carácter
sancionatorio, pues las normas llamadas a regular la actividad pesquera y el
Código Contencioso Administrativo no lo contemplan como una condición sin la
cual no es posible adelantar un procedimiento administrativo determinado y que
sí es propia de trámites de otra índole.

Asimismo, la Sala se muestra de acuerdo con la posición decantada en dicha
decisión, tendiente a demostrar que si el propósito de dicho pliego de cargos,
como lo sostuvo el Tribunal, era poner en conocimiento de forma oportuna al
capitán del buque de las presuntas infracciones cometidas y las normas que
trasgredió con ellas, bastaba con remitirse al contenido del auto que dio apertura
a la investigación administrativa, que al igual como ocurre en este caso, informó
sobre los hechos investigados, las posibles infracciones, las conductas que
dieron origen al procedimiento, y el material probatorio que se tendría en cuenta,
condiciones que en suma, permitían garantizarle el debido proceso al
accionante […]”

83. Consideró que los elementos que forman parte del derecho fundamental del
debido proceso fueron acreditados en el caso del demandante y, además, que las
pruebas que obran en el expediente permitían acreditar que existió una
investigación formal en curso, en la cual se hizo una mención clara de aquel, así
como de la posibilidad que se le brindó de solicitar y aportar pruebas.

84. Añadió a lo expuesto que, en la investigación administrativa, en distintas
actuaciones, como los reiterados oficios en los que se comunicó al demandante la
necesidad de responder los cuestionarios remitidos, quedaba demostrado el
desinterés en ejercer “[…] la actividad probatoria y de defensa, pues poco esmeró
por controvertir los hechos que se le enrostran […]”, actitud que solo fue modificada
con ocasión de la interposición del recurso de reposición frente a la Resolución núm.
2615 de 14 de octubre de 2011 y el envío extemporáneo del cuestionario, con lo
cual se acredita que el demandante sí ejerció con garantías su defensa, pero no con
la diligencia y oportunidad requerida.

17

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

85. Consideró razonable el argumento del apelante en relación la notificación por
conducta concluyente prevista en el artículo 48 del CCA:

“[…] claramente regulatorio de los casos en los cuales se produce una
irregularidad en la notificación de la decisión, pues aun cuando esta se haya
presentado, salta a la vista que dicha determinación produjo efectos legales con
la utilización de los recursos que el demandante tenía a su alcance para
controvertir los hechos, pruebas y decisiones que resultaren contrarias a sus
intereses, tal como en efecto sucedió; razonamiento que por sí solo, desvirtúa
lo señalado por el Tribunal en cuanto a la notificación indebida del comandante
FALANTE DE OLIVEIRA. […]”

86. Acudió a los argumentos expuestos en el fallo de 12 de julio de 2018, bajo los
cuales resultaba válida la remisión de un cuestionario al capitán de la nave a quien
se le imputa violación de la prohibición de pescar en época de veda, de
cuestionarios que dieran cuenta de los hechos objeto de la investigación, pues esto
no implicó violación al debido proceso y, por el contrario, resultaba ser una forma
materialmente efectiva para que estos sustenten sus descargos, en atención a las
especiales condiciones laborales del investigado.

87. Apuntó que, en el caso concreto, al demandante le fue remitido un cuestionario,
que fue reiterado ante el silencio frente al primero.

88. La Sala, en consecuencia, no evidenció una violación al debido proceso del
demandante y, además, estimó que debía ordenar la devolución del expediente al
tribunal de origen para que emitiera pronunciamiento frente a los cargos respecto
de los cuales no se había pronunciado.

I.8. La sentencia de primera instancia25

89. La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en sentencia de 21 de octubre de 2021, en cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia de 16 de agosto de 2018, proferida por esta Corporación, decidió:

“[…] FALLA:

PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO.- Por Secretaría efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

CUARTO.- En firma esta providencia, archívese el expediente. […]” (negrilla del
texto)

25
Fol. 443-458, C. Ppal. 1.

18

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

90. La primera instancia consideró que el problema jurídico que debía resolverse en
el presente asunto era el consistente en:

“[…] si los actos administrativos demandados, esto es, si la Resolución No.
01668 del veintinueve (29) de junio de dos mil once (2011) a través de la cual
la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER sancionó a la sociedad
Comextun Ltda., al capitán del buque “MARÍA ISABEL C.” señor José Manuel
Falante de Oliveira y solidariamente a TUNA ATLANTIC LIMITADA.; y la
Resolución No. 02615 de octubre catorce (14) de dos mil once (2011), mediante
la cual la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER confirmó en todas
sus partes la resolución número 01668, en lo referido a la sanción impuesta al
señor José Manuel Falante de Oliveira como capitán del barco “MARÍA ISABEL
C.” fueron expedidas con falta de competencia y falsa motivación.

Y posteriormente establecer si le asiste o no interés al demandante en el
restablecimiento del derecho pretendido, esto es, que se exonere del pago de
la sanción impuesta y se reintegre el valor pagado, debidamente indexado. […]”

91. Abordó el cargo de falta de competencia, afirmando que el numeral 24. del
artículo 4°. del Decreto núm. 3759 de 30 de septiembre de 2009 26, le asignó al
INCODER, la función de cobrar tasas, imponer multas y sanciones administrativas
ante la comprobada violación de las disposiciones que rigen la actividad pesquera
y acuícola y proponer el establecimiento de vedas, prohibiciones y vigilar su
cumplimiento, así como establecer áreas que, con exclusividad, se destinen a la
pesca artesanal.

92. Aseguró que esta función, a cargo del gerente general de la entidad conforme el
artículo 9°. del citado decreto, podía ser delegada en otros servidores públicos, de
acuerdo con el numeral 16. del artículo 9 ibidem.

93. Aseveró que, en uso de esta facultad de delegación, se expidió la Resolución
núm. 2851 de 6 de octubre de 2010, a través de la cual asignó a la Subgerencia de
Pesca y Acuicultura del INCODER, las funciones de:

“[…] “Artículo Primero: Delegar en el (la) Subgerente de Pesca y Acuicultura,
código 0040, grado 24, la competencia para adelantar y culminar los
procedimientos en materia de pesca y acuicultura, que a continuación se
relacionan, según la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991:

a) Expedir los actos administrativos de iniciación de trámite y/o investigación de
carácter sancionatorio a nivel nacional, relacionas (sic) con la violación a las
normas de pesca marítima y pesca continental en la jurisdicción de Bogotá,
D.C., así como el de formulación de cargos y recaudo de pruebas mediante los
cuales se inicien los procedimientos administrativos respectivos, con arreglo a
lo dispuesto en el Capítulo 3 de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario
2256 de 1991.

b) Expedir los actos administrativos que resuelven de fondo los procedimientos
de carácter sancionatorio, sobre violación a las normas de pesca marítima y

26
“[…] Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, y se
dictan otras disposiciones. […]”

19

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

continental (Jurisdicción de Bogotá D.C.), al igual que los recursos que
interpongan contra los actos que resuelven los mismos. (…) […]” (negrilla del
texto)

94. Comentó que el artículo octavo de la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de
2010 dispuso que regía a partir de la fecha de su expedición y surtía efectos jurídicos
a partir de su publicación, apuntando que no había evidencia de que el acto
administrativo haya sido publicado en el diario oficial.

95. Sostuvo que, no obstante, aquel defecto no tenía la entidad suficiente para
generar la nulidad de los actos administrativos demandados, al tratarse de
asignaciones temporales de tareas al interior de la misma entidad, siendo sus
destinatarios los mismos servidores públicos de la entidad y, en esa medida, el acto
era válido para estos, con lo que la delegación surtió sus efectos.

96. Hizo referencia a las decisiones judiciales de 13 de abril de 2005 y 3 de marzo
de 2011, proferidas por la Sección Cuarta en los expedientes números 2002-01061
y 2011-01148, así como a los fallos proferidos por la Sección Quinta y por esta
Sección, en los expediente números 25000-23-24-000-2012-00605-02 y 25000-23-
24-000-2012-00606-02, para indicar que:

“[…] la jurisprudencia ya ha decantado in extenso el asunto y ha precisado sin
duda que cuando los actos administrativos que delegan funciones van dirigidos
a los funcionarios de la misma entidad, y que son sus destinatarios, y por tanto
solo tienen incidencia en el ámbito interno de la entidad, no requieren de su
publicación para que surtan efectos jurídicos.

En consecuencia, las Resoluciones Nos. 01668 del 29 de junio de 2011 y 02615
de octubre 14 de 2011, expedidas por el Subgerente de Pesca y Acuicultura del
INCODER, que impusieron sanciones en contra del demandante, no se
encuentran afectadas por el vicio de falta de competencia alegado, en tanto no
se desvirtúa la eficacia del acto de delegación de funciones a nivel interno, razón
por la que este cargo no tiene vocación de prosperidad. […]”

97. Se refirió al cargo de falsa motivación de los actos administrativos demandados
señalando que la Resolución núm. 004706 de 23 de diciembre de 2008, expedida
por el director general del Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante ICA),
dispuso la veda de especies para el año 2009, con el fin de conservar:

“[…] las poblaciones de Túnidos y Especies Afines para embarcaciones
atuneras de bandera nacional que operan en el Océano Pacífico Oriental – OPO
– y para las embarcaciones atuneras de bandera extranjera afiliadas a
empresas colombianas que operan en aguas jurisdiccionales y en la Zona
Económica Exclusiva (ZEE) de Colombia en el Océano Pacífico […]”.

98. Resaltó que las empresas con embarcaciones atuneras de cerco de bandera
colombiana debían comunicar el cronograma de cumplimiento de la veda de buque
individual, anotando que la sociedad Comextun Ltda. informó, mediante oficio de 10
de junio de 2009, que, para ese año, la nave “[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”, iniciaría
su período de veda a partir del 9 de junio, y en respuesta de 18 de junio de 2009,

20

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

se le habría indicado que la embarcación debía aplicar la veda por 49 días
continuos, a partir del 9 de junio a las “[…] 00:00 horas y finalizaría el 27 de julio de
ese año a las 24:00 horas. […]”.

99. Afirmó que la Comisión Interamericana del Atún Tropical presentó un informe
sobre el cumplimiento de la veda de atún para el año 2009, en el que comunicó que
“[…] para los días durante los cuales no podía efectuarse ningún lance, según
Registro de Seguimiento de Atún No. 139800, la embarcación “MARÍA ISABEL C.”
realizó una operación de pesca el 9 de junio de 2009 a las 14:59 horas, suscrito por
la Bióloga Marina de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER […]”, lo
cual fue ratificado por el observador durante el crucero núm. 139800 a bordo de la
nave “[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”, en declaración rendida el 2 de marzo de 2011.

100. Aseguróque el representante legal de la sociedad Comextun Ltda., en la
audiencia de descargos de 15 de marzo de 2011, habría reconocido que hubo
lances en época de veda, pero consideró que no implicaba violación de las normas
pesqueras y acuícolas.

101. Aseveró que las pruebas documentales, informes y declaraciones mencionados
fueron tenidos en cuenta en la Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2011 y
sostuvo que los informes de los observadores de los buques pesqueros constituye
prueba valida dentro de estos asuntos, recalcando que, en el presente asunto, la
información suministrada por el observador y por la Comisión Interamericana del
Atún Tropical, no fue desvirtuada por los investigados, por lo que no existía
impedimento para que fuera valorada dentro de la actuación administrativa.

102. Argumentó, en consecuencia, que estando comprobada la infracción a la
normatividad pesquera, la autoridad administrativa había impuesto la sanción
correspondiente, como se evidencia en la motivación de los actos administrativos
demandados, por lo que no puede afirmarse que “[…] el presunto incumplimiento
de las obligaciones confiadas al “observador” de la CIAT sea constitutivo de falsa
motivación […]”, pues en ese tipo de procesos, se trata de determinar la
responsabilidad de las personas naturales y jurídicas “[…] infractoras en la violación
de una veda -titular del permiso de pesca, armador y capitán de la embarcación-,
consistente en la restricción temporal de la explotación de una o más especies en
un área determinada para la pesca de especies. […]”.

103. Finalmente, y en relación con el argumento consistente en que se aplicó una
sanción con sustento en una resolución del año 2009 que se encontraba derogada,
sostuvo que la autoridad administrativa aplicó la norma que regía al momento de la
ocurrencia de los hechos, descartando la vulneración del principio de legalidad,
precisando que:

“[…] la investigación administrativa sancionatoria que adelantó la demandada,
se origina en los hechos que la causaron y en cuyo momento se encontraba
vigente la regulación para la veda del año 2009, regulación que cada año

21

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

cambia, pues las circunstancias de tiempo, modo y lugar así lo ameritan, ya que
precisamente se regula la temporada, que es cambiante, y diferente cada año.

En esa medida, debe recordarse que, aunque la regulación sobre vedas de
otros años, 2008, 2010, 2011, etc., sólo aplique anualmente para el período que
allí se determina, no quiere decir que no genere efectos jurídicos durante ese
período que regula, y precisamente, es la infracción a dicha disposición la que
es objeto de investigación y sanción, ya que debía cumplirse mientras tuvo
vigencia para los administrados.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en las resoluciones
demandadas y según el mismo actor lo acepta, los hechos que originaron la
sanción ahora controvertida tuvieron lugar en el año 2009, específicamente
durante el crucero que el buque “María Isabel C.” adelantó entre el 9 de junio y
el 27 de julio de 2009, por lo tanto, lo indicado era aplicar la Resolución No.
04706 del 23 de diciembre de 2008, a través de la cual se estableció la veda de
pesca por buque individual para embarcaciones atuneras para el año 2009 y no
las que se hayan expedido para años anteriores o posteriores a 2009. […]”

I.9. El recurso de apelación27

104. La parte demandante, inconforme con la decisión de primera instancia de 21 de
octubre de 2021, presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

105. Afirmó, respecto del cargo de falta de competencia, que la primera instancia
aplicó indebidamente las decisiones judiciales proferidas por esta Corporación, toda
vez que la Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010, a través de la cual el
gerente general del INCODER delegó algunas de sus funciones en la Subgerencia
de Pesca y Acuicultura, no era de aquellos actos generales que se refieren
únicamente a labores y organización interna de la administración.

106. Insistió en que era función del gerente general del INCODER adelantar los
procesos de imposición de multas y sanciones administrativas ante la comprobada
violación de las disposiciones que rigen la actividad pesquera y acuícola y proponer
el establecimiento de vedas, prohibiciones y vigilar su cumplimiento, así como
establecer áreas que, con exclusividad, se destinen a la pesca artesanal, la cual
podía ser delegada en otros servidores públicos de la entidad, conforme lo dispuesto
en los artículos 9°. de la Ley 489; 10°., numeral 9., del Decreto 1300 de 21 de mayo
de 200328; y, 9°., numeral 16., del Decreto 3759 de 2009.

107. Aseguró que, en el presente asunto, el gerente general del INCODER expidió la
Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010, mediante la cual delegó el ejercicio
de unas funciones y la expedición de algunos actos administrativos en materia de
pesca y acuicultura al subgerente de pesca y acuicultura, a directores regionales y
al director técnico de registro y control de la entidad.

27
Fol. 465-469, C. Ppal. 1.
28
“[…] Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder y se determina su estructura. […]”.

22

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Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

108. Aseveró que, ejerciendo las facultades delegadas, la Subgerencia de Pesca y
Acuicultura del INCODER expidió los actos administrativos demandados; sin
embargo, el acto administrativo de delegación de funciones indicó que surtía efectos
jurídicos a partir de su publicación en el diario oficial, conforme lo establecido en el
literal c. del artículo 119 de la Ley 489 y la misma resolución, lo cual no fue cumplido,
razón por la que los actos administrativos demandados fueron expedidos sin
competencia, pues la delegación de las funciones nunca surtió efectos jurídicos,
resultando ineficaz e inoponible.

109. Citó decisiones judiciales de esta Corporación 29 y de la Corte Constitucional30,
en las cuales se han señalado que la ausencia de publicación de un acto general lo
hace ineficaz y, por ello, no produce efectos jurídicos, concluyendo que la falta de
publicación de la Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010 condujo a que los
actos administrativos demandados fueran expedidos sin competencia, en razón a
que la delegación allí prevista no nació a la vida jurídica.

110. Reiteró, frente al argumento consistente en que la Resolución núm. 2581 de 6
de octubre de 2010 era un acto administrativo meramente interno, con lo cual la falta
de publicación no era trascendental en tanto quienes realmente estaban interesados
en conocer la delegación era los propios funcionarios de la entidad que lo acataron,
cumplieron y ejecutaron, que ese defecto no genera su ilegalidad ni su nulidad pero
hacía que no produjera efectos jurídicos, por lo que toda actuación que de esa
resolución se derivara, no produciría efecto alguno, evidenciándose la falta de
competencia del funcionario que expidió los actos administrativos demandados.

111. Añadió a lo expuesto que, aun aceptando la tesis anterior, esto es, que la
Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010 era un acto administrativo interno,
esa misma resolución, en su artículo 8°., había determinado que regiría a partir de
su expedición y surtiría efectos jurídicos a partir de su publicación, con lo cual, en
su concepto, el propio gerente general del INCODER condicionó la eficacia de la
delegación, a su publicación.

112. Insistió, frente al cargo de falsa motivación, que la Subgerencia de Pesca y
Acuicultura del INCODER había incumplido lo previsto en el artículo 164 del Decreto
2256 de 1991, que determina que la imposición de sanciones derivadas de la
infracción del Estatuto General de Pesca debe hacerse mediante resolución
motivada previa comprobación de los hechos.

113. Lo anterior, precisó, teniendo en cuenta que sustentó la supuesta infracción en
las respuestas emitidas por el observador al cuestionario remitido por la autoridad

29
“[…] Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-24-000-2001-01148-01 (14066), M.P. Dra Ligia
López Díaz […]”.
“[…] Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Dra. María Nohemí Hernández Pinzón, Radicación número: 11001-03-28-000-
2010-00006-00 […]”.
30
“[…] Corte Constitucional, C-069-95 […]”.

23

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

administrativa, que, según los actos administrativos demandados, resultaban ser
simples apreciaciones personales, lo cual era muestra que:

“[…] únicamente se valió del dicho de observador para configurar la conducta
sancionable, sin acudir a otros medios de prueba idóneos que corroboraran las
apreciaciones del mismo y sin apreciar en debida forma las declaraciones del
representante legal de las empresas sancionadas […]”

114. Explicó, luego de hacer referencia a las leyes 557 y 579 de 2000 y a la
Resolución núm. 00088 de 2005, expedida por el INCODER, que todo buque de
pesca de atún de bandera colombiana debe llevar a bordo un observador
previamente acreditado por la autoridad administrativa o por quien ella señale para
esos efectos, destacando que los fines principales de esos observadores era
incentivar el cumplimiento, por parte de la tripulación, de las normas que rigen la
actividad pesquera y, con ello, reducir progresivamente la mortalidad incidental de
delfines en la pesca de atún.

115. Manifestó que, para cumplir el objetivo señalado, los observadores estaban
facultados para preparar informes sobre la actividad pesquera del buque,
proporcionándole al capitán de la embarcación, la oportunidad de incluir en esos
informes, los datos que considerara pertinentes.

116. Expresó que el observador, como verificador del cumplimiento de las normas
que rigen la actividad pesquera, tenía deberes claros en relación con la tripulación
del barco, los cuales consideró incumplidos, toda vez que la labor
fundamentalmente preventiva que cumplía el observador debía adelantarse de
común acuerdo con el capitán y la tripulación del barco pesquero.

117. Anotó que no existían los descargos del capitán de la nave ni se analizaron y
apreciaron las respuestas y declaraciones del representante legal de las
sancionadas, subrayando que:

“[…] Se desconocen las responsabilidades del observador y sólo se aprecia una
de sus afirmaciones. Sus declaraciones sólo podían haberse analizado y
valorado en un contexto completo, integrado con la diligencia de descargos del
capitán y las declaraciones del representante legal de las demandantes. […]”

I.7. Trámite del recurso de apelación

118. La primera instancia, mediante auto de 7 de diciembre de 202131, concedió, en
el efecto suspensivo, el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

119. En segunda instancia, mediante auto de 8 de julio de 2022 32, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; y, en auto de 28 de

31
Fol. 479-480, C. Ppal. 1.
32
Índice 6, SAMAI.

24

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

noviembre de 202233, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y posteriormente al agente del Ministerio Público para que,
si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

120. Únicamente el agente del Ministerio Público intervino, presentando el Concepto
23 – 25 de 26 de enero de 202334, en el cual solicitó la confirmación de la decisión
de primera instancia.

121. Mediante auto de 25 de octubre de 202435, se ordenó, en la medida en que la
ponencia registrada para la Sala, no obtuvo la mayoría necesaria, se remitiera el
expediente al despacho del consejero de Estado que seguía en turno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

122. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.

II.1. La competencia

123. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA36 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de
10 de diciembre de 2024, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

II.2. Los actos administrativos demandados

124. Los actos administrativos demandados son las resoluciones números 01668 de
29 de junio de 2011 y 02615 de 14 de octubre de 2011, expedidos por la Subgerente
de Pesca y Acuicultura del INCODER.

125. La Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2011, resolvió:

“[…] INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER

RESOLUCIÓN No. (01668) DE 2011
29 JUN 2011

33
Índice 11, SAMAI.
34
Índice 16, SAMAI.
35
Índice 20, SAMAI.
36
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.

25

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTRA LA SOCIEDAD COMEXTUN LIMITADA, EN SU CALIDAD DE
TITULAR DEL PERMISO DE PESCA AL CUAL SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE AFILIADO EL BUQUE “MARIA ISABEL C.” DE BANDERA
COLOMBIANA, SU CAPITAN Y SOLIDARIAMENTE CONTRA EL
ARMADOR, POR INFRACCIÓN AL ESTATUTO GENERAL DE PESCA Y
DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA MATERIA”

La suscrita Subgerente de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – INCODER –, debidamente facultada mediante la Ley 13 de
1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, Decreto 3759 del 30 de
septiembre de 2009 y en especial la Resolución No 2851 del 06 de octubre de
2010, procede a resolver una investigación administrativa, previos los siguientes
planteamientos:

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: SANCIONAR a la Sociedad COMEXTUN LIMITADA,
identificada con N.I.T: 900026265-2, con domicilio en la ciudad de Cartagena,
en su calidad de titular del Permiso de Pesca Industrial, al cual se encuentra
debidamente vinculado el Buque “María Isabel C.”, matrícula MC-05-551 de
bandera colombiana, su capitán señor JOSE OLIVEIRA FALANTE y
solidariamente a la Sociedad TUNA ATLANTIC LIMITADA, identificada con
N.I.T: No. 806013673-7, en su calidad de Armador del Buque “María Isabel C.”,
con el equivalente a 15.000 salarios mínimos legales diarios vigentes
equivalentes a la suma DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA
(sic) PESOS MCTE ($267.799.950).

ARTÍCULO SEGUNDO: Con el presente acto administrativo queda resuelta la
investigación y se ordena notificar personalmente al Representante Legal de la
Sociedad COMEXTUN LIMITADA, y al señor JOSÉ OLIVEIRA FALANTE, en
su calidad de capitán del Buque “María Isabel C.” de Bandera Colombiana, de
conformidad con el artículo 44 del Código Contencioso administrativo (sic), para
lo cual se entregara (sic) copia del mismo en forma íntegra y gratuita, de no
surtirse la notificación personal se procederá de conformidad con el artículo 45
del Código Contencioso Administrativo, cualquiera que sea la forma de
notificación de las antes enunciadas se debe advertir al interesado que contra
la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse por escrito ante el funcionario que emitió el acto administrativo,
dentro de los (5) días hábiles siguientes a su notificación. Súrtanse los demás
trámites de las anotaciones que correspondan.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución procede únicamente el
recurso de reposición en los términos de los artículos 50 y 51 del Código
Contencioso Administrativo. […]” (negrilla del texto)

126. La Resolución núm.02615 de 14 de octubre de 2011, decidió:

“[…] INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL – INCODER –

RESOLUCIÓN No. (02615) DEL 2011
14 OCT 2011

26

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

“POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 1668 DEL 29 DE JUNIO DE
2011, ACTO ADMINISTRATIVO “POR EL CUAL SE RESUELVE UNA
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA LA SOCIEDAD COMEXTUN
LIMITADA, EN SU CALIDAD DE TITULAR DEL PERMISO DE PESCA AL
CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AFILIADO EL BUQUE “MARÍA
ISABEL C” DE BANDERA COLOMBIANA, SU CAPITÁN Y
SOLIDARIAMENTE CONTRA EL ARMADOR, POR INFRACCIÓN AL
ESTATUTO GENERAL DE PESCA Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS
SOBRE LA MATERIA”

EL SUBGERENTE DE PESCA Y ACUICULTURA DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE DESARROLLOR RURAL – INCODER –

En uso de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto
Reglamentario No. 2256 de 1991, el Decreto No. 3759 de 2009 y la
Resolución 2851 de 2010,

Procede a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 1668 del 29 de junio de 2011, mediante la cual se resolvió una investigación
administrativa contra la SOCIEDAD COMEXTUN LIMITADA, identificada con el
N.I.T. No. 900026265-2, con domicilio en la ciudad de Cartagena, en su calidad
de titular del permiso de pesca industrial, al cual se encuentra debidamente
vinculado el Buque “MARÍA ISABEL C” con matrícula MC – 05 – 551 de bandera
colombiana, su Capitán señor JOSÉ MANUEL FALANTE DE OLIVEIRA y
solidariamente a la sociedad TUNA ATLANTIC LIMITADA, identificada con el
N.I.T. No. 806013673-7, en su calidad de Armador del Buque “MARÍA ISABEL
C” previa la revisión y el análisis de los siguientes

(…)

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 1668
del 29 de junio de 2011, acto administrativo a través del cual se le impone una
sanción a la Sociedad COMEXTUN LIMITADA, identificada con el N.I.T. No.
900026265-2 con domicilio en la ciudad de Cartagena, en su calidad de titular
del Permiso de Pesca Industrial, al cual se encuentra debidamente vinculado el
Buque “MARÍA ISABEL C”, matrícula MC – 05 – 551 de bandera colombiana, y
SOLIDARIAMENTE a su Capitán señor JOSÉ MANUEL FALANTE DE
OLIVEIRA, identificado con el Pasaporte Portugués No. J 122769 y a la
Sociedad TUNA ATLANTIC LTDA., identificada con el N.I.T. No. 806013673-7
en su calidad de Armador del Buque “MARÍA ISABEL C”, con el equivalente a
15.000 salarios mínimos legales diarios vigentes, correspondientes a la suma
de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($267´799.950).

ARTÍCULO SEGUNDO: Entiéndase resuelto en este acto administrativo el
recurso de reposición interpuesto por el apoderado del señor Capitán José
Manuel Falante de Oliveira, Doctor Luis Ricardo Paredes Mansfield el día 17 de
agosto de 2011. […]” (negrilla del texto)

27

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

II.3. El problema jurídico

127. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32037 y 32838 de la Ley
1564, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de
apelación presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico
que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por
la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, para que, en su lugar,
se acceda a ellas, en la medida en que, conforme lo señala el apelante, los actos
administrativos demandados se expidieron por funcionario sin competencia y fueron
falsamente motivados.

128. La Sala precisa que no hará pronunciamiento alguno en relación con el cargo
de violación al debido proceso, toda vez que la sentencia de 16 de agosto de 2018,
proferida en segunda instancia por la Sección Quinta de esta Corporación, encontró
que tal acusación no tenía vocación de prosperidad, decisión que, en relación ese
cargo, hizo tránsito a cosa juzgada.

II.4. El caso concreto

II.4.1. Los actos administrativos se expidieron por funcionario sin
competencia

129. La primera instancia afirmó que, mediante la Resolución núm. 2581 de 6 de
octubre de 2010, se delegó en la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER,
la competencia para adelantar y culminar los procedimientos en materia de pesca y
acuicultura allí señalados, acto administrativo que indicó que regiría a partir de la
fecha de su expedición y surtiría efectos jurídicos a partir de su publicación.

130. Aseguró que la Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010 no fue publicada
en el diario oficial; sin embargo, tal irregularidad no tenía la trascendencia para viciar
los actos administrativos demandados, expedidos en ejercicio de las funciones
delegadas, puesto que la resolución señalada asignó temporalmente tareas al
interior de la misma entidad, lo que corresponde a una delegación interna.

131. Aseveró que los destinatarios de la Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de
2010 eran los mismos servidores públicos de la entidad y, en esa medida, el acto
es válido para estos y sus órdenes generan los efectos de la delegación contenida
en el acto administrativo.

37
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
38
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.

28

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

132. Respaldó su posición en las sentencias de 13 de abril de 2005 39 y 3 de marzo
de 201140, proferidas por la Sección Cuarta de esta Corporación, que se refirieron
a la falta de publicación de los actos generales que se refieren a la labores y
organización de las dependencias de la administración; y, además, en las
sentencias de 7 de junio de 201841 y 11 de junio de 202042, que se pronunciaron
respecto de un cargo similar al planteado por el accionante respecto de la
Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010.

133. Manifestó que la jurisprudencia de esta Corporación ya había precisado que
cuando los actos administrativos que delegan funciones van dirigidos a los
funcionarios de la misma entidad, estos son sus destinatarios, y por ello, solo tienen
incidencia en el ámbito interno de la entidad y no requieren de su publicación para
que surtan efectos jurídicos.

134. Sostuvo que, en consecuencia, las resoluciones números 01688 de 29 de junio
de 2011 y 02615 de 14 de octubre de 2011, actos administrativos demandados en
este proceso, no fueron expedidas por funcionarios que carecían de competencia y,
por ende, el cargo no tenía vocación de prosperidad.

135. Por su parte, el apelante insistió en que tanto la Resolución núm. 2581 de 6 de
octubre de 2010, como el artículo 119, literal c., de la Ley 489, establecieron que el
acto administrativo general surtiría efectos jurídicos a partir de su publicación, lo
cual no fue cumplido, con lo cual los actos administrativos demandados se
expidieron sin competencia, teniendo en cuenta que la delegación no produjo
efectos y resultaba ineficaz e inoponible.

136. Apoyó su tesis en sentencias de proferidas por las secciones Cuarta y Quinta
de esta Corporación y por la Corte Constitucional, de las cuales concluyó que la
falta de publicidad de la Resolución núm. 2581 de 6 de octubre de 2010, proferida
por el gerente general del INCODER, habría conducido a que los actos
administrativos demandados fueran expedidos por funcionarios sin competencia.

137. Insistió en que la falta de publicación de un acto administrativo general hace que
no produzca efectos jurídicos, esto es, lo hace ineficaz, de tal que, para el presente
asunto, toda actuación administrativa derivada de aquel, no produce efecto alguno
y, para el caso de los actos administrativos demandados, se advertía la falta de
competencia de funcionario que los expidió, lo cual es vicio de nulidad.

39
“[…] Consejo de Estado. Sección Cuarta. Expediente núm. 2011-01148, Consejera ponente Ligia López Díaz […]”.
40
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 3 de marzo de 2011,
radicación 25000 23 24 000 2002 01061 01 (17300). […]”.
41
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de junio de 2018, radicación
25000-23-24-000-2012-00605-02 […]”.
42
“[…] Consejo de Estado – Sección Primera – rad. 25000-23-24-000-2012-00606-02 del 11 de junio de 2020 – Consejero
Ponente – Hernando Sánchez Sánchez […]”.

29

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

138. Recalcó que no podía admitirse que la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre
de 2010 fuera un acto administrativo meramente interno que no requería de
publicación, puesto que, reiteró, necesitaba de este requisito para surtir efectos
jurídicos por así haberlo señalado el mismo delegante:

“[…] tal vez reconociendo clarísimos derechos de los administrados para
conocer quiénes son los funcionarios competentes que vigilan, controlan,
intervienen, supervisan y sancionan dentro de las actividades en que tales
administrados han acordado actuar y desenvolverse […]”.

139. En el expediente se encuentra la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de
201043, expedida por el gerente general del INCODER, “[…] “Por medio de la cual
se delega el ejercicio de unas funciones y la realización de algunos actos
administrativos en materia de pesca y acuicultura al Subgerente de Pesca y
Acuicultura, Directores Territoriales y al Director Técnico de Registro y Control del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER-” […]”.

140. El artículo primero de la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010,
estableció:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en el (la) Subgerente de Pesca y
Acuicultura, código 0040, grado 24, la competencia para adelantar y culminar
los procedimientos en materia de pesca y acuicultura, que a continuación se
relacionan, según la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991:

a) Expedir los actos administrativos de iniciación de trámite y/o investigación de
carácter sancionatorio a nivel nacional, relacionadas con la violación a las
normas de pesca marítima y pesca continental en la jurisdicción de Bogotá D.C.,
así como el de formulación de cargos y recaudo de pruebas mediante los cuales
se inicien los procedimientos administrativos respectivos, con arreglo a lo
dispuesto en el Capítulo 3 de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario
2256 de 1991.

b) Expedir los actos administrativos que resuelvan de fondo los procedimientos
de carácter sancionatorio, sobre violación a las normas de pesca marítima y
continental (Jurisdicción de Bogotá D.C.), al igual que los recursos que
interpongan contra los actos que resuelven los mismos.

c) Otorgar licencias, autorizaciones, concesiones, patentes.

e) Otorgar salvoconductos o guías de movilización en la jurisdicción de Bogotá
D.C.

f) Expedir todos los actos administrativos relacionados con medidas de
ordenamiento, administración, control y vigilancia de la actividad pesquera y
acuícola, a excepción de las que correspondan por Ley al Consejo Directivo del
INCODER.

g) Rendir los informes trimestrales a la Gerencia General con ocasión de la
función delegada, sin perjuicio de lo anterior del delegante podrá solicitar
informes antes del término establecido.

43
Fol. 88-93, C. Ppal. 1.

30

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

PARÁGRAFO PRIMERO: Los actos administrativos proferidos por el (la)
Subgerente de Pesca y Acuicultura, en acatamiento a la función delegada sobre
el proceso sancionatorio a las normas de pesca marítima y continental
(Jurisdicción de Bogotá, D.C.), serán susceptibles del recurso de reposición
ante el mismo funcionario que profirió la providencia, con fundamento en los
consagrado en el artículo 164 del Decreto 2256 de 1991.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los actos administrativos proferidos por el (la)
Subgerente de Pesca y Acuicultura, en acatamiento a las funciones delegadas,
deberán observar lo previsto en la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario
2256 de 1991 y serán susceptibles del recurso de reposición ante el mismo
funcionario que profirió la decisión, para que lo aclare, modifique o revoque.

PARÁGRAFO TERCERO: Los actos administrativos proferidos por el (la)
Subgerente de Pesca y Acuicultura, en acatamiento a la función delegada sobre
iniciación de trámite y/o investigación de carácter sancionatorio a nivel nacional,
relacionadas con la violación a las normas de pesca marítima y las medidas de
ordenamiento, en cuanto a vedas, áreas de reserva, tallas mínimas, cierre de
pesquerías y artes de pesca deben ser previamente revisados por la Oficina
Asesora Jurídica.

(…)

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y surte efectos jurídicos a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, especialmente las resoluciones números
2201, 2896 del 2009 y la 0088 de 2010 […]” (negrilla del texto)

141. Las resoluciones núm. 01668 de 29 de junio de 2011 y 02615 de 14 de octubre
de 2011, fueron proferidas por la subgerente de pesca y acuicultura, conforme, entre
otras normas, a la Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010, como puede
observarse en esos mismos actos administrativos.

142. Se encuentra en el expediente, asimismo, certificación de 15 de mayo de 201244,
expedida por la jefe de la Oficina Jurídica de la Imprenta Nacional, mediante la cual:

“[…] certifico que revisada la base de datos del Diario Oficial, no se encontró
publicada la Resolución No. 2851 del 6 de octubre de 2010 emitida por el
INCODER […]”

143. Los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 489 establecen las condiciones y requisitos
para la validez de la delegación y el artículo 119 prevé la publicación de
determinados actos administrativos, en la siguiente forma:

“[…] ARTICULO 119. PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL. A partir de la
vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el
Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en
primera vuelta;

44
Fol. 94, C. Ppal. 1.

31

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas
expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de
carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u
organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de
los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

PARAGRAFO. Únicamente con la publicación que de los actos administrativos
de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de
publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad. […]”

144. La Resolución núm. 2851 de 6 de octubre de 2010 “[…] es un acto administrativo
general -por su carácter universal, impersonal y abstracto- […]”45, expedido por la
máxima autoridad administrativa de una entidad del orden nacional, esto es, el
INCODER, por lo que, en principio, su vigencia y oponibilidad estaba condicionada
al cumplimiento del requisito de publicidad, máxime si su artículo octavo establece
expresamente que entraría a surtir efectos jurídicos a partir de su publicación.

145. No obstante, pesar de que el mencionado requisito no se cumplió, la Sala estima
que carece de la entidad suficiente para generar la nulidad de los actos
administrativos acusados.

146. Esta Corporación ha distinguido entre los requisitos de validez y eficacia del acto
administrativo, resaltando que la publicidad no constituye un requisito de validez del
acto administrativo, siendo una condición para que “[…] el mismo sea oponible,
exigible y obligatorio […]”46.

147. En consonancia con la anterior tesis, la Sección Cuarta de esta Corporación, ha
señalado que “[…] en tanto la falta de publicación no hace nulo un determinado acto,
ocurre lo mismo respecto de los que se fundan en aquel. […]”47. Así, en la sentencia
de 3 de marzo de 201148, se indicó que:

“[…] Ante esta Corporación la demandante adujo que la Resolución 0626 del
2000, no pudo haber entrado en vigencia o sus efectos son ineficaces, por
haberse omitido el requisito de publicidad que la ley prescribe de manera
obligatoria en relación con los actos administrativos y, que además, la antedicha
resolución no fue presentada en primera instancia por la Superintendencia
Bancaria, aunque el Tribunal decretó como prueba establecer si para el 17 de
julio de 2001 esa entidad había delegado en los Directores Técnicos la facultad
de suscribir los pliegos de cargos por violación a las normas de posición propia.

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de junio de 2020. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación núm.:
25000 23 24 000 2012 00606 00.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 28 de septiembre de 2023. Referencia: Nulidad. Radicación núm.: 08001 3331 004 2011 00658 02.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de junio de 2020. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación núm.:
25000 23 24 000 2012 00606 00.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente: William Giraldo Giraldo.
Sentencia de 3 de marzo de 2011. Radicación núm.: 250000 23 24 000 2002 01061 01 (17300).

32

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

Sobre la falta de publicación de la Resolución 0626 del 2000, esta Sala49 ya se
pronunció, posición que se reitera en esta oportunidad:

“De otro lado, es irrelevante la falta de publicación de la Resolución 626 de
2000, pues, la resolución que, junto con la ley, fundamentó la sanción fue la
1374 de 2001, que derogó la primera. Y, aunque la Resolución 1374 de 2001
sí fue publicada, su eventual falta de publicación no generaría incompetencia
alguna del funcionario que expidió el acto, pues, como lo precisó la Sala al
referirse a la falta de publicación de la Resolución 626 de 2000, los actos
generales que se refieren a las labores y organización de las dependencias de
la Administración, cuyos destinatarios son los funcionarios de la entidad, son
obligatorios “a partir de su expedición, toda vez que conocen el acto
administrativo antes que la publicación se realice” 50. Además, como son actos
de asignación interna de funciones, sólo tienen incidencia en el ámbito interno
de la entidad y, por tanto, no requiere de su publicación para que tenga eficacia
y produzca efectos jurídicos51.” […]” (negrilla del texto)

148. Esta Corporación, en procesos análogos al que acá se decide y cuyo acto
administrativo de delegación fue precisamente la Resolución núm. 2851 de 6 de
octubre de 2010, expedido por el director general del INCODER, reiteró la tesis
expuesta por la Sección Cuarta.

149. En sentencia de 7 de junio de 201852, se consideró que:

“[…] Es así, entonces, que para el asunto de marras lo pertinente es guardar la
línea aplicada por la Sección Cuarta de esta Corporación y retomada por la
Sección Primera, frente al ejercicio de la facultad sancionatoria en virtud de la
delegación de competencias, dada su pertinencia y vigencia para este caso,
pues, independientemente de que, como se señala en el escrito de alzada,
puedan existir en ellos sutiles diferencias concretadas en los fundamentos
normativos y orgánicos de la atribución de competencias, es lo cierto que, en
esencia, la sub regla aplicable es la misma, esto es, “los actos generales que
se refieren a las labores y organización de las dependencias de la
Administración, cuyos destinatarios son los funcionarios de la entidad,
son obligatorios “a partir de su expedición…” y además “… como son actos
de asignación interna de funciones, sólo tienen incidencia en el ámbito
interno de la entidad y, por tanto, no requiere de su publicación para que
tenga eficacia y produzca efectos jurídicos’. […]” (negrilla del texto)

150. En sentencia de 11 de junio de 202053, se consideró:

“[…] 83. La Sala reitera la tesis expuesta por la Sección Cuarta de esta
Corporación y retomada por la Sección Primera, respecto al ejercicio de la
facultad sancionatoria en virtud de la delegación de competencias, habida
cuenta que: “[…] los actos generales que se refieren a las labores y organización
de las dependencias de la Administración, cuyos destinatarios son los

49
Sentencia del 26 de junio de 2008, C. P. Héctor J. Romero Diaz, exp. 15261
50
Sentencias de 3 de abril de 2005, exp 14066, C.P. doctora Ligia López Díaz y de 7 de abril de 2005, exp. 13504. C.P. Héctor
J. Romero Díaz.
51
Ibídem
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 7 de junio de 2018. Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00605 02.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de junio de 2020. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Radicación núm.:
25000 23 24 000 2012 00606 00.

33

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

funcionarios de la entidad, son obligatorios a partir de su expedición […]” y por
lo tanto, en tratándose de actos administrativos que asignan y distribuyen
funciones entre sus servidores, sólo tienen incidencia en el ámbito interno de la
entidad, por lo que no requieren de publicación para que tenga eficacia y
produzca efectos jurídicos. […]”

151. En sentencia de 11 de junio de 202154, se concluyó:

“[…] Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que la falta de publicación de los actos administrativos de
delegación no genera un vicio de legalidad de los actos del delegatario, pues,
como ocurre en el presente caso, se trata de asignaciones temporales de tareas
al interior de una misma entidad —delegación interna.55

(…)

Como se advierte, la jurisprudencia ha reiterado que cuando los actos
administrativos que delegan funciones van dirigidos a los funcionarios de la
misma entidad quienes son sus destinatarios y, en consecuencia, solo tienen
incidencia en el ámbito interno de la entidad, no requieren de su publicación
para que surtan efectos jurídicos. […]”

152. A lo expuesto anteriormente, se pone de presente que, desde el inicio de la
actuación administrativa, la parte demandante tuvo conocimiento de cual era el
funcionario a cargo de su trámite y decisión, como puede evidenciarse, entre otras
actuaciones, en el Auto núm. 018 de 2 de febrero de 2011, mediante la cual el
subgerente de pesca y acuicultura asumió la investigación administrativa en contra
de, entre otros, el demandante.

153. Finalmente, se advierte de las sentencias judiciales expuestas por el apelante
para sustentar su apelación que, en relación con el fallo de 13 de abril de 2005,
proferido dentro del expediente núm. 25000 23 24 000 2001 01148 01 (14066)56, la
decisión respalda la tesis sostenida por la Sección Cuarta y por esta Sección. En
efecto, la decisión indica:

“[…] Existen algunos actos generales que se refieren a las labores y
organización de las dependencias de la Administración y cuyos destinatarios se
encuentran al interior de la entidad que lo expide, por lo que para ellos resultan
obligatorios a partir de su expedición, toda vez que conocen el acto
administrativo antes que la publicación se realice.

En estos casos, a pesar de que los actos no hayan sido publicados, se puede
exigir su cumplimiento a la Administración, pues ella misma los expidió y no
puede invocar su desconocimiento.

En el sub examine, la Resolución 0626 de 2000, “por la cual se determinan los
casos en los cuales los Directores Técnicos de esta Superintendencia

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 11 de junio de 2021. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2012-00804-02.
55
De acuerdo con el artículo 6º de la Resolución 2851 del 6 de octubre de 2010 del INCODER, el Gerente General podrá
reasumir en cualquier tiempo las funciones delegadas.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejera ponente: Ligia López Díaz. Sentencia
de 13 de abril de 2005. Radicación núm.: 25000 23 24 000 2011 01148 01.

34

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

(Bancaria) son competentes para imponer medidas y sanciones”, dispuso lo
siguiente:

(…)

Esta decisión constituye un acto administrativo de asignación interna de
funciones, dirigido a los funcionarios de la entidad, para quienes tiene carácter
vinculante y obligatorio. Se trata de un acto que por su contenido material y
concreto, sólo tiene incidencia en el ámbito interno de la Superintendencia y por
tanto no requiere de su publicación para que tenga eficacia y produzca efectos
jurídicos.

(…)

Lo anterior significa que la falta de publicación de la Resolución 0626 de 2000,
no genera la incompetencia del funcionario a quien se le adscribió la función
sancionatoria, toda vez que por dirigirse a la Administración resultaba oponible
a ésta, aún sin que fuera publicitada y principalmente, porque esta facultad
proviene directamente de la ley. […]”

154. Respecto de la sentencia de 7 de marzo de 201157, se advierte que se trata de
un asunto de naturaleza electoral distinto del que aquí se juzga en la medida en que
aquel proceso se resolvió respecto de la nulidad del acto administrativo a través del
cual se designó al rector titular de la Universidad Popular del Cesar.

155. Igual ocurre con la sentencia C-069 de 199558, proferida por la Corte
Constitucional, en la cual se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 66
(parcial) del CCA, norma relativa a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos, asunto distinto del que aquí se decide.

156. En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, el cargo formulado
por el apelante, no está llamado a prosperar.

II.4.2. Los actos administrativos fueron falsamente motivados

157. La primera instancia manifestó que la función principal de los observadores de
los buques pesqueros era preventiva; sin embargo, se encontraban en capacidad
de recoger la información sobre las operaciones pesqueras de los buques a los que
eran asignados, información que, en este caso, fue tenida como prueba para la
expedición de los actos administrativos acusados, “[…] además de las otras
recopiladas y que conforman el acervo probatorio […]”.

158. Aseguró que el informe relevante en el presente asunto fue el presentado por la
“[…] Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT […]”, añadiendo que la
información entregada por el observador dentro de esta actuación administrativa,
confirmada por el representante legal de Comextun Ltda.

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera ponente: María Nohemí Hernández
Pinzón. Sentencia de 7 de marzo de 2011. Radicación núm.: 11001 03 28 000 2010 00006 00.
58
Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.

35

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

159. Aseveró que en la Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2011 se listaron las
pruebas valoradas para adoptar la decisión, señalando que no estaba acreditado
que los investigados hayan solicitado pruebas para desvirtuar el informe del
observador el buque “[…] “María Isabel C.” […]”.

160. Sostuvo que el informe de los observadores de los buques pesqueros era
prueba válida dentro de estos asuntos y que, en el presente asunto, la información
suministrada sobre el buque “[…] “María Isabel C.” […]”, por los observadores
mencionados y por la “[…] Comisión Interamericana del Atún Tropical – CIAT- […]”,
no fue desvirtuada por los investigados, no encontrándose impedimento alguno para
su valoración en el procedimiento administrativo.

161. Anotó que, desde tal perspectiva, la sanción fue impuesta conforme al acervo
probatorio existente, como consta en los actos administrativos demandados, de tal
forma que no puede afirmarse que “[…] el presunto incumplimiento de las
obligaciones confiadas al “observador” de la CIAT sea constitutivo de falsa
motivación […]”, puesto que la actuación administrativa tiene como fin determinar la
responsabilidad de las personas naturales y jurídicas que desconozcan una veda,
consistente en la restricción temporal de explotación de una o más especies en un
área determinada para la pesca de especies.

162. Encontró que la infracción estaba acreditada y la sanción había sido
suficientemente sustentada.

163. Adicionalmente, indicó que el procedimiento administrativo sancionatorio se
adelantó por hechos ocurridos en vigencia del acto administrativo que dispuso la
veda para el año 2009, regulación que cada año cambia conforme lo ameriten las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo cual era acertada la aplicación de la
Resolución núm. 04706 de 23 de diciembre de 2009, a través de la cual se
estableció la veda de pesca por buque individual para embarcaciones atuneras para
el año 2009.

164. El apelante resaltó que la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER
había incumplido lo previsto en el artículo 164 del Decreto 2256 de 1991, que
determina que la imposición de sanciones derivadas de la infracción del Estatuto
General de Pesca debe hacerse mediante resolución motivada previa
comprobación de los hechos.

165. Adujo que sustentó la supuesta infracción en las respuestas emitidas por el
observador al cuestionario remitido por la autoridad administrativa, que, según los
actos administrativos demandados, resultaban ser simples apreciaciones
personales, lo cual era muestra que, únicamente, tuvo en consideración lo expuesto
por el observador del buque para acreditar la conducta sancionable, sin acudir a
otros medios de prueba que corroboraran sus afirmaciones y sin apreciar, en debida
forma, las declaraciones del representante legal de las empresas sancionadas.

36

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

166. Explicó, luego de hacer referencia a las leyes 557 y 579 y a la Resolución núm.
00088 de 2005, expedida por el INCODER, que todo buque de pesca de atún de
bandera colombiana debe llevar a bordo un observador previamente acreditado por
la autoridad administrativa o por quien ella señale para esos efectos, destacando
que los fines principales de esos observadores era incentivar el cumplimiento, por
parte de la tripulación, de las normas que rigen la actividad pesquera y, con ello,
reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesca de atún.

167. Manifestó que, para cumplir el objetivo señalado, los observadores estaban
facultados para preparar informes sobre la actividad pesquera del buque,
proporcionándole al capitán de la embarcación la oportunidad de incluir en esos
informes, los datos que considerara pertinentes.

168. Expresó que el observador, como verificador del cumplimiento de las normas
que rigen la actividad pesquera, tenía deberes claros en relación con la tripulación
del barco, los cuales consideró incumplidos, toda vez que la labor
fundamentalmente preventiva que cumplía el observador debía adelantarse de
común acuerdo con el capitán y la tripulación del barco pesquero.

169. Anotó que no existían los descargos del capitán de la nave ni se analizaron y
apreciaron las respuestas y declaraciones del representante legal de las
sancionadas, subrayando que:

“[…] Se desconocen las responsabilidades del observador y sólo se aprecia una
de sus afirmaciones. Sus declaraciones sólo podían haberse analizado y
valorado en un contexto completo, integrado con la diligencia de descargos del
capitán y las declaraciones del representante legal de las demandantes. […]”

170. El vicio de falsa motivación, conforme lo expuesto por esta Sección59, consiste
en:

“[…] La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de
fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo
unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista
jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la
segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa
motivación […]”60.

En lo que atañe a las reglas de la carga probatoria que deben aplicarse cuando
se invoca dicha causal de anulación, esta Corporación ha señalado:

“[…] La falsa motivación: quien la aduce tiene la carga de la prueba, es decir,
debe demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o
implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 21 de enero de 2021. Radicación núm.: 25000-23-41-000-2012-00534-01.
60
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501, Consejero Ponente: Dr.
Manuel S. Urueta Ayola.

37

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos
[…]”61.

De los apartes jurisprudenciales reseñados, bien puede inferirse lo siguiente:

a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede
estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que
contiene el acto, se incurre en un error, ya sea porque los hechos aducidos en
la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados
erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el
error de hecho y, en el segundo, el error de derecho.

b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse
falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrar la
realidad de lo que afirma, dado que sobre los actos de la administración gravita
una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda que
se declare su ineficacia […]”

171. En el expediente se encuentra la Resolución núm. 004706 de 23 de diciembre
de 200862, expedida por el Director General del Instituto Colombiano Agropecuario
(en adelante ICA), a través de la cual se dispuso, para el año 2009, una veda como
medida de conservación sobre poblaciones de túnidos y especies afines para las
embarcaciones atuneras de bandera nacional que operan en el Océano Pacífico
Oriental OPO y para las embarcaciones atuneras de bandera extranjera afiliadas a
empresas colombianas que operan en aguas jurisdiccionales y en la zona
económica exclusiva de Colombia en el Océano Pacífico.

172. Ahora bien, para efectos de establecer la infracción a la veda dispuesta en el
acto administrativo señalado, se tuvo en cuenta el cuestionario rendido por el señor
René Araúz de Puy, observador durante el crucero núm. 139800 a bordo del buque
“[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”, quien manifestó que, el 9 de junio de 2009 [a las
14:59 horas], se realizó un lance a delfines con el objetivo de capturar atunes, el
cual fue efectivo, esto es, se capturó atún.

173. Asimismo, el informe sobre el no cumplimiento de la veda de atún para el año
2009, suscrita por la bióloga marina de la Dirección Técnica de Investigación y
Ordenamiento de la Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER63, en el cual
se indicó que:

“[…] Caso 3. B/P María Isabel Crucero de Pesca No. 139800
Periodo de veda 09 de junio al 27 de julio de 2009.

Durante el Crucero No. 139800 observado por la CIAT, en los informes
del Panel Internacional de Revisión-PIR, el informe Diario – ID y del
Registro de Seguimiento de Atún – RSA elaborados por el observador a
bordo, se registra el primer lance sobre mamíferos LANMAN a las 14:59

61
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3443, Consejero Ponente: Dr. Juan
Alberto Polo Figueroa.
62
Fol. 8-13, Cuaderno Antecedentes Administrativos.
63
Fol. 5-7, Cuaderno Antecedentes Administrativos.

38

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

pm del 09 de junio de 2009, siendo el primer día de veda, donde se
capturaron 4 t. YPT.

Conclusión.

Al revisar toda la información disponible, es evidente el incumpliendo (sic)
con la veda establecida (cese de actividades pesqueras: búsquedas,
lances, tránsitos, etc) en la Resolución No. 4706 del 23 de diciembre de
2008, durante los respectivos periodos de veda programados por los tres
barcos colombianos, lo cual amerita sus respectivas investigaciones y
sanciones. […]” (negrilla del texto)

174. Se recibió la versión libre y espontánea del señor Diego Canelos Velasco 64, en
su condición de representante legal de la sociedad Comextun Ltda. y, a la vez,
armador del buque “[…] “MARÍA ISABEL C” […]”, en el cual indicó:

“[…] Para el inicio de la veda de cese de pesca de atún para cada una de las
embarcaciones de la flota colombiana se solicita la información al observador y
capitán del barco para conocer la fecha de inicio de la veda. En el caso del
María Isabel recibimos información tanto del capitán como el observador, que
la veda debía iniciarse a partir del 9 de junio, con esta información
inmediatamente solicitamos en ese momento al ICA en cabeza de la Dra.
Martha Lucía de L pava (sic) el inicio de veda a partir del 9 de junio, esta solicitud
fue enviada al Ica con fecha 10 de junio de 2009. Con fecha 18 de junio de 2009,
recibimos de parte del ICA la confirmación de la aceptación del inicio de veda a
partir del 9 de junio, cuya duración de 49 días debía ser hasta las 24 horas del
27 de julio de 2009. No obstante esta embarcación, realizó su primer lance
recién el 7 de agosto de 2009, es decir que la veda o cese de pesca de atún no
tuvo una duración de 49 días sino de 59 días. (…) CONTESTÓ: La industria
solicitó iniciar la veda en el 9 de junio. Como comenté anteriormente, los
documentos recibidos por los observadores son muy posteriores a lo ocurrido
del hecho. Una vez recibida encontramos que el barco ceso de pescar durante
59 días comprendidos entre el 10 de junio y el 7 de agosto. Si bien es cierto que
la solicitud contemplaba un inicio a partir del 9 de junio, no es menos cierto, que
el último lance fue un día posterior a la solicitud. (…) CONTESTÓ: (…) La
primera información recibida del capitán del barco nos decía que el último lance
fue realizado el día 8 de junio, razón por la cual solicitamos a la autoridad
competente a partir de 9 de junio. Posteriormente con fecha 18 de junio
recibimos de la autoridad competente la confirmación del cese de actividades a
partir del 9 de junio hasta el 27 de julio Cabe. (sic) Una vez en nuestro poder
los documentos de los observadores evidenciamos que el último lance no fue
el 8 sino el 9 de junio, pero en el espíritu de la resolución 4706 el cese de
actividades por 49 días continuos esta embarcación cumplió plenamente la
disposición de la autoridad competente ya que no fueron solo 49 sino 59 días
de cese de actividades de la pesca de atún, cabe resaltar que la autoridad nos
envió la comunicación de cese de actividades hasta el 27 de julio validando la
solicitud de la industria. (…) PREGUNTADO: Sírvase informarle al despacho si
tiene usted conocimiento de cuál fue el último lance que realizó el Buque
“MARÍA ISABEL C”, antes de dar inicio al período de VBI, CONTESTÓ: Tengo
dos informaciones el 8 y 9 de junio, reportadas por el capitán y observador
respectivamente. […]”

64
Fol. 26-32 y 36-42, Cuaderno Antecedentes Administrativos.

39

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

175. Cabe precisar que para el momento de la expedición de la Resolución núm.
01668 de 29 de junio de 2011, no fue posible contar con la versión del demandante,
teniendo en cuenta que, pese a que la autoridad administrativa remitió los
cuestionarios de preguntas para que fueran diligenciados por, entre otros, el señor
José Oliveira Falante, capitán de pesca del crucero No. 139800 del buque “[…]
“MARÍA ISABEL C” […]”, a través del gerente general de la sociedad Comextun
Ltda., no se recibió respuesta, lo cual se acreditan en las comunicaciones de 24 de
marzo65 y 15 de junio de 201166.

176. La Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2021, al respecto, mencionó que:

“[…] Que el despacho en aras de garantizar el debido proceso a todos
los implicados, mediante oficio de fecha 24 de marzo de 2011, se
procedió a enviarle al Representante Legal de la Sociedad COMEXTUN
LIMITDADA, como responsable de haber contratado al capitán de pesca
del Buque “MARIA ISABEL C.”, señor JOSE OLIVEIRA FALANTE, en su
calidad de capitán de pesca, para que a través del allegara (sic) el
cuestionario de preguntas al referido Capitán a fin que se permitiera
diligenciarlo; de lo cual no se recibió ningún pronunciamiento; fue por ello
que se volvió por parte de este despacho a reiterar el asunto mediante
oficio de fecha 15 de junio de 2011, bajo radicado No. 20112112602, lo
cual siempre garantizando el Derecho de defensa ya que en el
expediente existen elementos de juicios que demostraban claramente la
infracción en que incurrió el barco, de este requerimiento no se obtuvo
respuesta alguna. […]”

177. La Resolución núm. 02615 de 14 de octubre de 2011 dio cuenta que el
demandante, de manera extemporánea, diligenció el cuestionario que se le remitió
por la autoridad administrativa, así:

“[…] Finalmente y transcurridos cinco meses desde el primero de los
requerimientos, (del 24 de marzo al 23 de agosto de 2011) el señor Capitán
diligenció el cuestionario, que por cierto, le había sido remitido a través del
Representante Legal de las Sociedades Comerciales tambien implicadas en el
proceso […]”

178. No se evidencia que existiera incumplimiento alguno de las obligaciones del
señor René Araúz de Puy, observador durante el crucero núm. 139800 a bordo del
buque “[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”, pues este se limitó a indicar que, el 9 de junio
de 2009 [a las 14:59 horas], se realizó un lance a delfines con el objetivo de capturar
atunes, el cual fue efectivo, esto es, se capturó atún, lo cual es coincidente con lo
manifestado por el mismo representante legal de Comextun Ltda.

179. El “[…] "Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los
Delfines", hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos

65
Fol. 43, Cuaderno Antecedentes Administrativos.
66
Fol. 55, Cuaderno Antecedentes Administrativos.

40

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

noventa y ocho (1998). […]”, aprobado por la Ley 557, al referirse a los deberes de
los observadores a bordo de los viajes de pesca, indicó que les correspondía:

“[…] a) Recopilar toda la información pertinente sobre las operaciones
pesqueras del buque al cual el observador esté asignado, que sea necesaria
para la implementación de este Acuerdo;

b) Poner a disposición del capitán del buque al que esté asignado el observador
todas las medidas establecidas por las Partes con relación a este Acuerdo;

c) Poner a disposición del capitán del buque al que esté asignado el observador
el historial de mortalidad de delfines de ese buque;

d) Preparar informes con los datos recopilados de conformidad con este párrafo,
y proporcionar al capitán del buque la oportunidad de incluir en esos informes
cualquier información que el capitán considere pertinente;

e) Proporcionar dichos informes al Director o al programa nacional pertinente,
para ser utilizados de conformidad con el Anexo VII, párrafo 1, de este Acuerdo;
y

f) Llevar a cabo las demás funciones que sean acordadas por las Partes. […]”67

180. Con el testimonio rendido por el señor René Araúz de Puy, observador durante
el crucero núm. 139800 a bordo del buque “[…] “MARÍA ISABEL C.” […]”, no se
evidencia trasgresión alguna de sus deberes y, se reitera, solo dio cuenta de
información recopilada durante una operación pesquera.

181. Se advierte, además, que no fueron aportados otros medios de prueba por parte
de los investigados, que permitieran desvirtuar las alegaciones de la autoridad
administrativa, ni se esgrimió la existencia de un impedimento legal para valorar el
testimonio del observador durante el crucero núm. 139800 a bordo del buque “[…]
“MARÍA ISABEL C.” […]”.

182. Asílas cosas, el material probatorio recaudado dentro de la actuación
administrativa, llevó a la autoridad administrativa a proferir los actos administrativos
sancionatorios, al estar acreditada la violación de la veda para el año 2009, prevista
en la Resolución núm. 4706 de 23 de diciembre de 2008, La autoridad
administrativa, en la Resolución núm. 01668 de 29 de junio de 2011, estimó:

“[…] Que en el caso que nos ocupa se busca determinar si los investigados
infringieron las normas pesqueras con las actividades desplegada en el Buque
MAROIA IOSABEL C. (sic)

Como ya se informó queda claro que el representante legal de la empresa
COMEXTUN Ltda. Estaba notificado del período en el cual debía cumplirse la
veda para el Buque MARÍA ISABEL C., esto es entre el 09 de junio de 2009 y
el 27 de julio de 2009, teniendo en cuenta la fecha propuesta por él mismo.

67
“[…] Anexo II (…) PROGRAMA DE OBSERVADORES A BORDO […]”

41

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

Que se comprobó que el Buque “MARIA ISABEL C.” se enmarca en la violación
de la Ley 13 del 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 y demás
normas reglamentarias sobre la materia, por cuanto el Buque “MARIA ISABEL
C.” realizó lances sobre mamíferos en época de veda, según las pruebas que
obran en el expediente, conducta sancionable de acuerdo con nuestra
normatividad, ya que tal como lo indica la Ley 13 de 1990, está prohíbo (sic)
extraer recursos declarados en veda.

Que tipificada la falta el implicado se hace acreedor a una o más de las
sanciones establecidas en el artículo 55 de la Ley 13 de 1990, tales como la
descritas en el numeral 2° de la norma enunciada en el presente considerando.

Que para imponer la multa se tiene en cuenta la pesca de altura que realizaba
la embarcación, quedando cobijada en el numeral 3° del artículo 166 del
Decreto 2256 de 1991. […]”

183. Elcargo de falsa motivación, en consecuencia, no tiene vocación de
prosperidad.

II.5. Conclusión

184. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
logró desvirtuar los argumentos por los cuales la Sección Primera, Subsección B,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró que los actos
administrativos demandados hayan sido expedidos con falta de competencia o
estuvieran falsamente motivados, negando las pretensiones de la demanda, razón
por la cual confirmará la sentencia de primera instancia de 21 de octubre de 2021.

II.6. Condena en costas

185. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199868, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2021, proferida por la
Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

68
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.

42

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00803 03
Demandante: José Manuel Falante de Oliveira

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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