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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2008-00330-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2008-00330-00

Fecha
20 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2008-00330-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Pedro Antonio Chacón Rodríguez, en calidad de presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte de Colombia «UNITRANSCOL», contra la sentencia del 6 de diciembre de 2007, proferida por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación Núm. 11001-03-24-000-2002-00157-01., por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. (Firmado electrónicamente) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) PEDRO PABLO VANEGAS GIL MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO Aclaración de voto (Firmado electrónicamente) WILLIAM BARRERA MUÑOZ Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2008-00330-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 24

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante : Unión de Trabajadores del Transporte de Colombia
(UNITRANSCOL)1
Accionado : Nación, Ministerio de la Protección Social
Trámite : Recurso extraordinario de revisión – Causal numeral 6°
artículo 188 del C.C.A.
Tema : Cancelación registro sindical
Decisión : Sentencia de única instancia – Declara infundado el
Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por UNITRANSCOL
contra la sentencia del 6 de diciembre de 2007, proferida por la Sección Primera, Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que dispuso negar las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación Núm. 11001-03-24-000-2002-00157-01.

I. ANTECEDENTES

1.1. Cronología y aspectos procesales relevantes

Fecha Relevancia procesal
14/08/2001 Presentación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2
21/08/2001 Reparto
28/09/2001 Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
declara falta de competencia y ordena remisión a la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca3
15/02/2002 Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
inadmite demanda4
25/02/2002 Subsanación demanda5
7/03/2002 Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declara
falta de competencia y ordena remisión al Consejo de estado
11/04/2002 Reparto – Sección Primera del Consejo de Estado6
25/04/2002 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite
demanda7

1
En adelante UNITRANSCOL
2
Expediente físico, folios 1 a 65
3
Expediente físico, folios 67 a 68
4
Expediente físico, folio 72
5
Expediente físico, folios 73 a 74
6
Expediente físico, folio 82
7
Expediente físico, folios 85 a 91

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

24/06/2002 Notificación demanda - Art. 150 C.C.A.8
02/07/2002 Fijación en lista (10) días – Art. 207 Núm. 5 C.C.A. (2 al 15 de julio de 2002) 9
15/07/2002 Contestación demanda del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social10
19/07/2002 Oficio remisorio del expediente 793411
31/01/2003 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, abre a
pruebas12
27/04/2004 Respuesta Fiscalía General de la Nación – Fiscal 99 Unidad de Delitos Contra La Fe Pública
y Patrimonio Económico – Estado de la investigación preliminar 531517 (Inhibitorio - Archivo)13
2/09/2005 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, traslado
alegatos14
6/12/2007 Sentencia de única instancia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera (Niega pretensiones)15
14/01/2008 Notificación sentencia – Edicto (Fijación 14/01/2008 – Desfijación 16/01/2008)16
Acción de nulidad contra la sentencia17
14/03/2008 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera –
Adecua tramite de la solicitud de nulidad de la sentencia a recurso extraordinario de revisión
y ordena remisión a la Secretaría General del Consejo de Estado18
14/04/2008 Reparto - Despacho de la doctora Bertha Lucía Ramírez de Páez19
28/04/2008 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, fija caución20
2/10/2008 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, admite recurso extraordinario de revisión21
21/10/2008 Notificación del recurso extraordinario de revisión al Ministerio de la Protección Social22
30/10/2008 Notificación del recurso extraordinario de revisión al Ministerio Público23
26/02/2009 Auto del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, abre a pruebas24
02/07/2012 Vigencia Ley 1437 de 201125
01/01/2014 Vigencia Ley 1564 de 201226

1.2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1.2.1. La demanda

8
Expediente físico, folio 95
9
Expediente físico, folio 97 y 114
10
Expediente físico, folios 98 a 112
11
Expediente físico, folios 115 a 187
12
Expediente físico, folios 192 a 193
13
Expediente físico, folio 208
14
Expediente físico, folio 298
15
Expediente físico, folios 338 a 347
16
Expediente físico, folio 399
17
Expediente físico, folios 350 a 366. No obra fecha de radicación del memorial en el expediente, así como tampoco su registro en
Samai Consejo de estado, expediente con radicación Núm. 11001-03-24-000-2002-00157-01
18
Expediente físico, folios 368 a 370
19
Expediente físico, folio 373
20
Expediente físico, folio 375
21
Expediente físico, folios 382 a 383
22
Expediente físico, folio 384
23
Expediente físico, folio 385
24
Expediente físico, folio 387
25
«ARTÍCULO 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
26
Consejo de Estado, Sala Plena de Lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación del 25 de junio de 2014, M.P. Enrique Gil
Botero, «la Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para señalar que su
aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas
estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en
el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite»
2

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

El señor Pedro Antonio Chacón Rodríguez, en calidad de presidente de la Unión de
Trabajadores del Transporte de Colombia «UNITRANSCOL» y actuando mediante
apoderada judicial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., , con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución 00871 de 22 de junio de 2001, expedida por el
Coordinador Grupo de Trabajo de la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social
de Cundinamarca, mediante la cual, se dispuso:

«ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en todas y cada una de sus partes las Resoluciones Nos.
00124 y 00312 del 16 de febrero y 28 de marzo de 2001, por medio de la cual se niega la inscripción
de la junta directiva de la organización sindical denominada “UNIÓN DE TRABAJADORES DEL
TRANSPORTE DE COLOMBIA” “UNITRANSCOL” de primer grado y de industria con personería
jurídica No. 2138 del 17 de agosto de 1971, con domicilio de Santafé de Bogotá Departamento de
Cundinamarca, elegida en asamblea extraordinaria de delegados realizada el día 12 de noviembre
de 2.000.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR LA INSCRIPCIÓN de la junta directiva de la organización
sindical denominada “UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE COLOMBIA”
“UNITRANSCOL” de primer grado y de industria con personería jurídica No. 2138 del 17 de agosto
de 1971, con domicilio de Santafé de Bogotá Departamento de Cundinamarca, elegida en
asamblea extraordinaria de delegados realizada el día 12 de noviembre de 2.000, la cual queda
conformada así:

[…]»

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar la cancelación del registro
sindical de la junta directiva reconocida en dicha resolución.

1.2.2. Sentencia objeto de revisión

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante
sentencia del 6 de diciembre de 2007, negó las pretensiones de la demanda bajo las
siguientes consideraciones:

«conforme se deduce del resumen que antecede y se dejó precisado en el auto que resolvió la
solicitud de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, a este le
hacen imputaciones generales, sin señalar en forma concreta de qué manera se quebrantan las
normas superiores.

Sólo en los hechos de la demanda se hace referencia a la falta de competencia del funcionario que
expidió el acto acusado y a este cargo se circunscribe la Sala para dirimir la controversia.

Según se afirma en la demanda, la falta de competencia se deduce del contenido del artículo 40
del Decreto 1741 de 1993, que en su numeral 14, le atribuyó a los Inspectores del Trabajo y
Seguridad Social la función de efectuar los registros de las Juntas Directivas, Subdirectivas y
Comités Seccionales de las organizaciones sindicales de primer grado.

Al respecto, cabe observar que dicha norma estaba derogada para la fecha en que se expidieron
las Resoluciones que fueron revocadas mediante el acto acusado.

En efecto, a través del Decreto 1128 de 1999, se reestructuró el Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social y en el artículo 6°, numeral 13 del mismo, se facultó al Ministerio para asignar a las

3

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

dependencias las funciones no contempladas en dicho Decreto que se encontraban en otras
normativas.

En cumplimiento de tal mandato el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social expidió el 8 de
febrero de 2000 la Resolución 218, en cuyo artículo 31 señaló las funciones del Coordinador del
Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en cuyo numeral 16 está la relacionada con
“Resolver los recursos interpuestos contra las providencias proferidas por los inspectores de
trabajo y seguridad social de la dirección territorial, de acuerdo con la naturaleza del asunto”.

De otra parte, las informaciones que plantea la actora en torno de la violación de los estatutos por
parte de quienes adoptaron decisiones en asambleas para luego solicitar la inscripción de la nueva
Junta Directiva del Sindicato, no es asunto que corresponda dilucidar a esta jurisdicción.

[…]

Así pues, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia».

1.3. El recurso extraordinario de revisión

El señor Pedro Antonio Chacón Rodríguez, en calidad de presidente de la Unión de
Trabajadores del Transporte de Colombia «UNITRANSCOL», presentó escrito por medio
del cual formuló la nulidad de la sentencia del 6 de diciembre de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 85 del C.C.A., en los siguientes términos:

«1. Que el Honorable Consejo de Estado deje sin efectos jurídicos la resolución No. 00871 del 22
de junio de 2001 emanada por la DirecciónTerritorial de trabajo Ministerio de la Protección Social
de Cundinamarca y demás acciones ilícitas cometidas por FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ,
ALEJANDRO VELOZA PARRA y otros, hechas mediante medios Fraudulentos riñendo con el
Decreto No. 1194 de 1994, por el funcionario del grupo de Trabajo de ese Ministerio que firma la
Resolución No. 871 de 2001.

2. Solicito que al tenor del Art. 83 C.C.A. modificado por el Dcr. 2304/89, en su art 13 se de trámite
a la Acción de NULIDAD y en concordancia con el Art 90 de nuestra Carta Magna y como parte
afectada de una decisión de ilegalidad como consecuencia de la negación de justicia; solicitar
como indemnización se declaren los perjuicios por valor de $1.500.000.000 […] que en materia
económica y social estas actuaciones mencionadas y punibles, produjeron en contra de la unión
de Trabajadores del Transporte de Colombia, UNITRASCOL, con personería jurídica número 2138
de 1971 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; y teniendo en cuenta lo planteado en el
“Alegato de Conclusión” el cual Omitieron no dieron trámite; sin evaluar la clase de organización
Sindical que es UNITRASCOL, como sindicato representativo y de industria, la cual tiene Laudos
Arbitrales, Contratos Sindicales y Convenciones Colectivas en las empresas del transporte;
pruebas “Ciertas” demostradas en el ALEGATO DE CONCLUSIÓN (valgan todas las
redundancias»

Dice el recurrente que, tanto la Resolución 0871 de 2001 del Ministerio de la Protección
Social, como el fallo proferido el 6 de diciembre de 2007, por el Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, son nulos:
«1. Porque corresponden a distinta Jurisdicción.

2. Porque los señores Magistrados carecen de competencia.
4

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

4 (sic) La demanda se tramitó por proceso diferente al que corresponde.

6. Se omitieron los términos para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos; como en este
caso se desestimó, omitió el Alegato de Conclusión presentado en términos […]»

Por auto del 14 de marzo de 2008, proferido por la Sección Primera de esta Corporación,
se adecuó la solicitud formulada por el señor Pedro Antonio Chacón Rodríguez, al trámite
de recurso extraordinario de revisión, por considerar que se trataba de una solicitud de
nulidad originada en la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del
artículo 188 del C.C.A. Igualmente, por intermedio de la Secretaria General se ordenó
remitir la actuación por competencia a la Sala Plena de esta Corporación.

Por auto del 14 de agosto de 2008, se dispuso que, previo a decidir la admisión del
recurso extraordinario de revisión, UNITRANSCOL, debía designar apoderado judicial.

El recurso se admitió mediante auto del 2 de octubre de 2008.

1.3.1. Causal de revisión invocada

Como se expresó anteriormente, por auto del 14 de marzo de 2008, se adecuó la solicitud
presentada por el recurrente, para dar trámite a la causal de nulidad contemplada en el
numeral 6° del artículo 188 del C.C.A., esto es «Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

1.3.2. Contestación del recurso extraordinario de revisión

El auto que admitió el recurso se notificó al Ministerio de la Protección Social el 21 de
octubre de 2008 y al Ministerio Público el 30 de del mismo mes y año. Ambas
dependencias guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Régimen jurídico aplicable

Al respecto, el CPACA se aplica «[...] a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a su entrada en vigor»27 (2 de julio de 2012).

27
Artículo 308 del CPACA.
5

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

Entonces, dado que el recurso extraordinario de revisión no comporta una tercera
instancia u otra adicional, sino un nuevo proceso, este se rige bajo la norma que esté en
vigor al momento de su presentación. Por lo tanto, como este recurso se presentó en el
mes de marzo del año 2008, el régimen jurídico aplicable es el contenido en el CCA.

Ahora bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, es necesario identificar
si en virtud del principio de remisión normativa se debe acudir a las normas del CPC o al
CGP.

Para definir lo anterior, es necesario acudir al auto de unificación del 25 de junio de 2024,
mediante el cual, la Sala Plena de esta Corporación definió que la aplicación plena de
la Ley 1564 de 2012 (CGP), en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es
a partir del 1º de enero de 2014.28

En tal sentido, tomando como referencia la fecha de presentación del recurso y en
aplicación del principio de remisión normativa la legislación aplicable son los Decretos
1400 y 2019 de 1970 (CPC).

2.2. Competencia

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer y decidir el
recurso extraordinario de revisión, según lo previsto en el artículo 186 del C.C.A., en
concordancia con lo previsto en el artículo 29 del reglamento de esta Corporación
contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201929.

2.3. Oportunidad

La acción extraordinaria de revisión resulta oportuna, toda vez que la sentencia de única
instancia objeto del recurso se profirió el 6 de diciembre de 2007 por la Sección Primera
de esta Corporación; se notificó por edicto el 14 de enero de 2008; quedó ejecutoriada el
16 de enero de 2008 y; según informe secretarial del 11 de marzo de 200830, el
memorial31 contentivo del recurso extraordinario de revisión se presentó dentro del término
de dos (2) años establecido en el artículo 187 del C.C.A. 32

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2024, M.P. Enrique Gil
Botero
29
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
30
Expediente físico, folio 367
31
Por auto del 14 de marzo de 2008, proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, se
dispuso – Adecuar el tramite de la solicitud de nulidad de la sentencia a recurso extraordinario de revisión y se ordenó la remisión a la
Secretaría General del Consejo de Estado
32
Expediente físico, folios 350 a 366. No obra fecha de radicación del memorial en el expediente, así como tampoco su registro en
Samai Consejo de estado, expediente con radicación Núm. 11001-03-24-000-2002-00157-01
6

Número Interno: 11001-03-15-000-2008-00330-00
Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

2.4. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si la sentencia del 6 de
diciembre de 2007, proferida por la Sección Primera de esta Corporación, está incursa
en la causal de revisión consagrada en el numeral 6° del artículo 188 del C.C.A., esto es,
si existió nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

2.5. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo que permite revisar fallos
ejecutoriados, y que la fuerza de cosa juzgada se rompa, siempre que se configure alguna
de las causales previstas en la Ley.

El artículo 188 del C.C.A, modificado por el artículo 41, del Decreto Nacional 2304 de
1989, modificado por el artículo 57, de la Ley 446 de 1998, regula de manera taxativa las
causales de revisión:

«1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por
fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar.

4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o
sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.

6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.

7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por
ilícitos cometidos en su expedición.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso
en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».

Por lo tanto, el recurso extraordinario de revisión no constituye una tercera instancia, ni
permite revivir la controversia jurídica y fáctica del proceso ya finalizado, sino que, se
trata de una figura excepcional, que permite revisar el fallo definitivo por alguna de las
causales anteriormente transcritas. Para que el recurso prospere, resulta imperativo que
7

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Accionante: UNITRANSCOL
Accionado: Nación- Ministerio de la Protección Social

se demuestre la configuración de alguna de las causales de revisión previstas en la Ley
que, de manera inequívoca, tenga la aptitud suficiente para variar los resultados del fallo.

2.7. Alcance de la causal invocada por el recurrente, regulada en el numeral 6° del
artículo 188 del C.C.A.

En relación con la causal consistente en «Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación», se encuentra que, la redacción

normativa contenida en el numeral 6° del artículo 188 del CCA., es idéntica a la contenida
en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, por lo tanto, el análisis jurídico que se haga
de esta causal no se afecta en lo sustancial, sea que se trate de la redacción normativa
desarrolla en el CCA o en le CPACA.

En tal sentido, respecto a la nulidad originada en la sentencia, la Sala Plena del Consejo
de Estado, en decisión del 5 de mayo de 202033, señaló:

«Aunque de la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal necesita, de un
lado, una nulidad originada en la sentencia y, del otro, que contra esa sentencia no proceda el
recurso de apelación, lo cierto es que el legislador no determinó cuáles son los eventos que
configuran una “nulidad originada en la sentencia”; por ello, ha sido la jurisprudencia del Consejo
de Estado la que ha dotado de contenido y precisado el alcance de esta disposición.

Específicamente, se ha señalado que aquella se refiere a aquellas situaciones “originadas en la
misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por
desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación.”34

5.1. Respecto al primer requisito, se ha establecido que, por regla general, no es posible “alegar
como fundamento del recurso, alguna causa de nulidad acaecida en una etapa previa a la
sentencia, ya que “la proposición de nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de
oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo 145 íbídem,
impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de dictar
sentencia”35.

Sin embargo, debe advertirse que se ha aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida
antes de la expedición de la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, caso en el que la parte actora deberá probar que efectivamente no tuvo la posibilidad
de proponer la nulidad en el curso del proceso.

5.2. En cuanto a la segunda exigencia, la Corporación36 ha señalado que son dos los grupos de
nulidades que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de la sentencia, a saber: el
primero, relacionado con las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal de nulidad

33
Al respecto consultar: Consejo de estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Dieciséis de Decisión,
sentencia proferida el 5 de mayo de 2020, radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicación 11001-33-31-035-2008-00180-
01
35
Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 13 sentencia del 7 de junio de 2016, radicación 11001-03-15-000-
2015-02493-00.
36
Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N°27, sentencia del 3 de febrero de 2015, expediente 11001-03-15-000-
1998-00157-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26. Radicado 11001-03-15-000-2011-
01639-00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicado 11001-03-
15-000-2015-02342-00 y Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N°2, sentencia del 1° de octubre de 2019
radicación 11001-03-15-000-2013-02216-00.
8

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del proceso y solo pudieron ser advertidos en la sentencia y, el segundo, el relativo a los vicios que
contiene la sentencia y que pueden derivar en la vulneración del artículo 29 Superior37.

Respecto al primer grupo se ha entendido que, en aplicación del principio de taxatividad propio de
las nulidades, podrá hablarse de una nulidad originada en la sentencia cuando se configure alguna
de las causales de nulidad procesal previstas en el CPACA, en el CPC o en el CGP, siempre y
cuando esta se haya originado en esta fase.

Por su parte, en lo que atañe a aquellos vicios contenidos en la sentencia en sí misma y que pueden
generar transgresión al debido proceso, lo primero que debe advertirse es que, amparado en este
supuesto, no le es posible al recurrente formular cuestionamientos que conciernan a la motivación,
valoración probatoria o forma de aplicación de una norma efectuada en la sentencia; por el
contrario, la violación al debido proceso que se alegue debe estar relacionada con un aspecto
procesal, pero de tal transcendencia que tenga impacto en la aplicación de la citada prerrogativa
constitucional38».

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estableció39 que, «[…] a modo enunciativo,
una nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA o en CGP, puede acaecer en los siguientes eventos: 1. Cuando se dicta sentencia
en un proceso que terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente suspendido o
interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo. 2. Cuando el fallo aparece firmado con menor o
mayor número de magistrados o cuando es adoptado con un número de votos diferente al previsto en la
ley. 3. Cuando la sentencia carece totalmente de motivación. 4. Cuando el fallo viola el principio de non
reformatio in pejus. 5. Cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro del proceso. 6. Cuando el
fallo se profiere con falta de competencia o de jurisdicción. 7. Cuando se dicta sentencia con pretermisión
de las instancias procesales previas. 8. Cuando el demandado es condenado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta. 9. Cuando la
sentencia carece de congruencia interna o externa».

A continuación, se dijo que, «[…]para que la causal de nulidad originada en la sentencia de que trata
el numeral 5 del artículo 250 del CPACA proceda, deberá acreditarse no solo que se interpone contra una
sentencia respecto de la cual no procede el recurso de apelación, sino que además deberá acreditarse que
el fallo a infirmar dio origen, bien a una nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o
bien a un defecto con implicaciones graves en el derecho al debido proceso».

Por su parte, la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación40, en sentencia del

37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, radicación No 11001-03-15-000-2007-
00653-00. Se toma el resumen de la causal del radicado No 110010315000201300702-00, Reiterada en la sentencia del 1 de
noviembre de 2016 proferida por la Sala Especial de Decisión N° 10, radicación 11001-03-15-000-2012-00230-00.
38
Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N°15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, expediente: 11001-03-15-
000-2018-01415-00.
39
Al Respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencia proferida el 3 de
febrero de 2015, radicación 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión N°26, sentencia
del 14 de agosto de 2018, expediente 11001-03-15-000-2014-03093-00, Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión
N°22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, expediente 11001-03-15-000-2014- 03093-00; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 29 de abril de 2015, Rad. 2008-35319-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 24 de octubre de 2019, radicación 11001-03-25-000-2013-00233-00; Consejo de Estado, Sala Plena, Sala Especial de Decisión
N°15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, expediente: 11001-03-15- 000-2018-01415-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2019, radicación 11001-03-25-000-2014-00325-00; Consejo de Estado, Sala Plena,
Sala Especial de Decisión N° 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación 11001-03-15-000- 2015-02342-; Consejo de Estado,
Sala Plena, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 23 de julio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-04345-00.
40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicación 11001 03 25 000 2020
00702 00 (2087-2020), C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas
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19 se septiembre de 2024, expresó:

«[…]

Ahora bien, en el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia
del CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de este último cuerpo
legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en atención a la línea
jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,41 la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo de esta corporación, en sentencia de 8 de mayo de 2018,42 consideró que la nulidad
(necesaria para la revisión) no se restringe a las causales que contempla el ordenamiento procesal
civil, pues también puede configurarse por violación del derecho al debido proceso y, por ello, cabe
aplicar el artículo 29 de la Constitución Política. Así se expuso en la citada sentencia:

[...]

Lo anterior significa que el recurso de revisión, así entendido, y las causales que dan lugar a
su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es un instrumento
o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección de esos derechos
fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la satisfacción plena del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva. [Negrillas propias del texto]

Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha identificado ciertos supuestos,43 todos ellos recogidos en
la sentencia de 31 de mayo de 2011,44 como pasa a exponerse:

«En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o
competencia45, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención
del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta46, vi) cuando se condena
a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión47 o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor
número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando
la providencia carece completamente de motivación48» .

2.8. Caso concreto

Por auto del 14 de marzo de 2008, proferido por la Sección Primera de esta Corporación,
se ordenó dar trámite como recurso extraordinario de revisión, a la solicitud de nulidad

41
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado: 1998- 00153-01(REV);
C.P. Alberto Yepes Barreiro.
43
Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239 y de 20 de octubre de 2009, Rad. REV-
2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, Rad. 836-06; y Sección
Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
44
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
45
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170.
48
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062
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de la sentencia del 6 de diciembre de 2007, formulada por el señor Pedro Antonio Chacón
Rodríguez, en calidad de presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte de
Colombia «UNITRANSCOL de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo
188 del C.C.A. Igualmente, se ordenó remitir la actuación por competencia a la Sala
Plena Contenciosa del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al negar
la solicitud de nulidad deprecada por el accionante, respecto de la Resolución 00871 de
22 de junio de 2001, expedida por el Coordinador Grupo de Trabajo de la Dirección
Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca, en la sentencia del 6 de
diciembre de 2007 consideró que, las imputaciones realizadas sobre el acto
administrativo acusado eran generales y que no se señaló de forma concreta, de qué
manera se quebrantaban las normas superiores acusadas como violadas.

En tal sentido, el estudio de la demanda se concentró en la falta de competencia del
funcionario que expidió el acto acusado, pues, en la demanda se afirmó que, esta se
deducía del contenido del numeral 14 del artículo 40 del del Decreto 1741 de 1993, según
la cual, la competencia para efectuar los registros de las Juntas Directivas, Subdirectivas
y Comités Seccionales de las organizaciones sindicales de primer grado estaba atribuida
a los Inspectores del Trabajo y Seguridad Social, no obstante, para la fecha de expedición
del acto administrativo demandado, dicha norma estaba derogada.

De otra parte, se consideró que lo relativo a la alegada violación de los estatutos por
parte de quienes adoptaron decisiones en asambleas para luego solicitar la inscripción
de la nueva Junta Directiva del Sindicato, era un asunto que no le correspondía dilucidar
a esta jurisdicción.

De conformidad con lo anterior, la Sala se concentrará en el estudio de la causal
contenida en el numeral 6° del artículo 188 del CCA, específicamente y de acuerdo con
el recuento jurisprudencial realizado, en lo relacionado con la falta de jurisdicción.

Sobre el concepto de jurisdicción manifiesta el maestro Hernán Fabio López Blanco que:

«La evolución del estado y de las labores que al mismo corresponden, puso de presente que no
es suficiente dictar normas jurídicas de obligatorio cumplimiento, sino que es indispensable,
además, asumir por medio de un órgano especializado en caso de su desconocimiento, la función
de darles aplicación, pues su observancia, salvo precisa y taxativas excepciones, no puede quedar
en manos de los particulares, ya que ello implica un claro quebrantamiento de la soberanía estatal
y el regreso a primitivas etapas de la civilización.

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Por esto la jurisdicción (del latín iuris dictio), que etimológicamente significa declarar, imponer
derecho, se radicó primordialmente en cabeza de uno de los órganos del Estado, conocido como
jurisdiccional, a quien usualmente le compete no sólo declarar, sino imponer el derecho».49

«[…], la función pública de administrar justicia es una sola y, técnicamente hablando, no se puede
dividir, pues todo funcionario a quien la ley le asigna tiene idéntica aptitud para hacerlo. En otras
palabras, es igual la jurisdicción que tiene el juez penal, el civil, el de familia o el árbitro.

Sin embargo, la práctica ha generalizado el empleo del vocablo jurisdicción para referirse a cada
una de las más importantes ramas del ordenamiento jurídico, a través de las que realiza el Estado
la actividad jurisdiccional y es así como se habla de jurisdicción civil, penal, laboral, contencioso-
administrativa, de familia, constitucional, indígena, de paz etc., terminología en la que el vocablo
jurisdicción se emplea como sinónimo de competencia por ramas; lo técnico es decir competencia
penal, civil, laboral, etc., ya que jurisdicción no hay si no una».50

Particularmente, la Sala encuentra que no se configuró la causal extraordinaria alegada
en el fallo, comoquiera que el asunto demandado fue resuelto de fondo, pues la Sección
Primera del Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de nulidad del acto
administrativo demandado, y concluyó la legalidad del mismo mediante la sentencia
objeto del recurso extraordinario.

Cosa diferente es que, uno de los argumentos expuestos en la demanda, relacionado
con presuntas irregularidades en la adopción de decisiones en la asamblea de
UNITRANSCOL, mediante la cual se seleccionó a la junta directiva del sindicato, no fuera
de competencia de la Corporación, comoquiera que la misma se encontraba limitada a la
legalidad del acto administrativo demandado, mas no al conocimiento de presuntos
hechos ilícitos que, entre otras cosas, fueron puestos en conocimiento de las autoridades
competentes por parte de los mismos demandantes.

En efecto, mediante memorial radicado el 15 de agosto de 2003 dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado por la Sección Primera
del Consejo de Estado, el apoderado de la parte demandante puso en conocimiento la
denuncia penal formulada por el presunto delito de falsedad ideológica en documento
privado «contra ALEJANDRO VELOZA PARRA, en el cual sirvió para escribir en forma falsa la junta
directiva de Unión de Trabajadores del Transporte de Colombia UNITRASCOL. Motivo por el cual solicito
se tenga como prueba reina para que obre dentro del expediente, ya que este señor convocó como
vicepresidente sin tener la autorización estatutaria y legal por haber renunciado en calidad de
Vicepresidente en cuyo documento obra el proceso penal […]»51

49
López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, Parte General, Dupré editores, 2017, Pag, 149
50
López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, Parte General, Dupré editores, 2017, Pag, 153 y 154
51
Folio 200 c. 1
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Teniendo en cuenta que (i) el Consejo de Estado no es la autoridad competente para
pronunciarse sobre la denuncia de delitos, ni para decidir sobre la responsabilidad penal
de los presuntos autores del mismo; (ii) la parte demandante ya había puesto en
conocimiento de la Fiscalía los hechos que denunciaba; (iii) la Sección Primera del
Consejo de Estado se pronunció de fondo sobre la solicitud de nulidad deprecada contra
el acto administrativo demandado, es dable concluir que no se configura la causal
extraordinaria alegada.

Finalmente, frente a la supuesta omisión en que incurrió el operador judicial, de
pronunciarse sobre los aspectos planteados en el alegato de conclusión, cabe destacar
que, de un lado, dicha situación no constituye causal de nulidad alguna y, en segundo
lugar, en el proceso ordinario, el actor presentó como alegatos el mismo texto de la
demanda, con la siguiente anotación:

«A 19 de noviembre de 2004, allegué escrito sustentatorio de la demanda en
20 folios y 64 anexos según se desprende del sello de recibido firmado por el
funcionario de ese despacho.

Ya que la documentación señalada en el punto anterior contiene los alegatos
de conclusión, solo quiero anexar fotocopia de dicho alegato con el sello de
recibido, para lo que pueda ser necesarios, el mismo en 20 folios»,

Con fundamento en todo lo anterior, se declarará infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto.

2.9. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas, en atención a lo dispuesto en el artículo
171 del CCA, toda vez que, en el trámite no se observa que se hayan causado, ni tampoco
se concluye que la parte recurrente haya actuado con temeridad o mala fe.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 24,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por el señor Pedro Antonio Chacón Rodríguez, en calidad de presidente de la Unión de
Trabajadores del Transporte de Colombia «UNITRANSCOL», contra la sentencia del 6
de diciembre de 2007, proferida por la Sección Primera Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicación Núm. 11001-03-24-000-2002-00157-01., por los motivos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

(Firmado electrónicamente)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Aclaración de voto

(Firmado electrónicamente)

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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