Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00702-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00702-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00702-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 25 000 2020 00702 00 (2087-2020)
Demandante: Jhon Jairo Fuentes Zuluaga
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Tema: Causal 5ª del artículo 250 del CPACA
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado judicial del
señor Jhon Jairo Fuentes Zuluaga contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de 2 de mayo de 2019, que confirmó la
del Juzgado Veintiséis Administrativo del circuito de Bogotá, de 23 de mayo de 2018, a
través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. El recurso extraordinario de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del recurso extraordinario que regula el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437
de 2011, el ciudadano Jhon Jairo Fuentes Zuluaga, mediante apoderado, solicitó la revisión
de la referida sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener
la declaratoria de su nulidad y, «en su lugar, se dicte una nueva (…) enmendando los
errores e ilicitudes cometidas en su expedición y se restituyan los derechos vulnerados
(…)».1
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentan el recurso son, en síntesis, los siguientes:
i) El señor Jhon Jairo Fuentes Zuluaga prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 3
de septiembre de 1993 hasta el 11 de abril de 2014.
ii) Durante su permanencia en la institución castrense, obtuvo el título de optómetra por la
Universidad Militar Nueva Granada y de especialista en Administración Hospitalaria en la
1 Folio 12 del recurso extraordinario.
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Demandante: Jhon Jairo Fuentes Zuluaga
Escuela de Administración de Negocios (EAN) y múltiples condecoraciones, felicitaciones
y anotaciones positivas por su desempeño profesional.
iii) El último grado que ostentó el señor Fuentes Zuluaga fue el de teniente coronel, el cual
le fue otorgado el 3 de diciembre de 2008.
iv) El 15 de febrero de 2013, el Comando del Ejército conformó un comité de evaluación
para que se «estudiara y recomendara a los oficiales del grado de teniente coronel que
están considerados para ascenso en los meses de junio y diciembre de 2013».
v) El 20 de septiembre de 2013, el Comité Evaluador emitió «una evaluación final de estudio
y recomendación», en la cual dispuso «no recomendar ascender al grado inmediatamente
superior al TC. ADM. Fuentes Zuluaga Jhon Jairo», aduciendo como causa «Comité».
vi) El 28 de octubre de 2013, la Junta Clasificadora del Ejército Nacional se reunió para
decidir la clasificación definitiva para el ascenso al grado de coronel y determinó incluir al
señor Fuentes en la lista dos (2) definitiva.
vii) El 29 de octubre de 2013, el señor Jhon Jairo elevó petición de reconsideración de su
ascenso.
viii) El 30 de octubre de 2013, a través del oficio 20135530698213, la Subdirección de
Personal del Ejército Nacional dio respuesta a la petición de reconsideración del ascenso,
en el sentido de negarla y «sostener la decisión tomada inicialmente».
ix) El 20 de diciembre de 2013, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para
las Fuerzas Militares, en sesión de igual fecha, recomendó el retiro del servicio activo de
varios oficiales, entre estos, el señor Fuentes Zuluaga, «por llamamiento a calificar servicios
(...)».
x) El 13 de marzo de 2014, el señor Fuentes presentó ante la Jefatura de Desarrollo
Humano del Ejército otra petición de reconsideración para el ascenso al grado de coronel.
xi) El 11 de abril de 2014, por medio de la Resolución 3002, el ministro de Defensa Nacional
resolvió retirar del servicio activo a 17 oficiales, entre ellos el señor Fuentes, por
llamamiento a calificar servicios, a partir de la fecha de comunicación de ese acto
administrativo, esto es, el 22 de abril de 2014.
xii) Inconforme con lo anterior, el señor Jhon Jairo Fuentes, mediante apoderado, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la
nulidad de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014, por falsa motivación y desviación de
poder, y, como consecuencia de ello, reintegrarlo «al grado que ostentaba al momento de
su retito, uno equivalente, uno superior, o al que corresponda según su antigüedad al
momento de ser reincorporado».2
xiii) El 23 de mayo de 2018, el Juzgado Veintiséis Administrativo del circuito de Bogotá
profirió sentencia de primera instancia en la que negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el acto administrativo demandado estuvo legalmente motivado en la facultad
discrecional de las Fuerzas Militares para retirar del servicio activo a sus miembros.
2 Así en la sentencia de primera instancia.
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Demandante: Jhon Jairo Fuentes Zuluaga
xiv) Contra la anterior decisión, la parte demandante presentó el recurso de apelación,
donde solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones de la demanda, toda vez
que la facultad discrecional del llamamiento a calificar servicios no puede considerarse
absoluta o fundamentarse siempre en el mejoramiento del servicio y, en cualquier caso,
debe respetar el conjunto de normas que rigen la carrera militar.
xv) El 2 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D confirmó lo acordado por el a quo.3
1.1.3. La sentencia objeto de revisión4
Es objeto de revisión la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, de 2 de mayo de 2019, a través de la cual se confirmó la del
Juzgado Veintiséis Administrativo del circuito de Bogotá, de 23 de mayo de 2018, que
dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho 2014-00665-01,
promovido por el ahora recurrente, negó las pretensiones de la demanda. Los fundamentos
jurídicos de la decisión fueron los siguientes:
i) El actor no está demandando su no llamamiento a curso de ascenso al grado de coronel,
sino el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios; en ese sentido, no ha cuestionado
la legalidad de la actuación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, de 20 de
diciembre de 2013.
ii) «Es de resaltar que el acto de retiro es independiente y autónomo respecto de los actos
que recomiendan o no el ascenso, y que si en el presente caso, una de las razones aducidas
para el retiro fue la decisión del Comité de Evaluación, ello no significa que el retiro
dependía únicamente de la decisión de no ascenso. (…) siendo el acto de retiro el objeto
de la litis, debe reiterarse que fueron múltiples las razones que llevaron a la decisión de
llamarlo a calificar servicios (…)».
iii) La causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, constituye una facultad discrecional para el manejo del personal
dentro de la Fuerza Pública y no exige motivación expresa, «pues además de ser una
manera normal de culminar la carrera, no puede verse limitada por la hoja de vida y buen
desempeño del uniformado».
iv) El rendimiento académico, profesional y la «excelente hoja de vida» del demandante no
son los únicos elementos determinantes para su permanencia en el servicio activo, pues
estos forman parte de la conducta esperada de todos los miembros de las Fuerzas Militares.
v) Puesto que el demandante tenía la posibilidad de acceder a su asignación de retiro, el
nominador podía retirarlo del servicio por llamamiento a calificar servicios, como en efecto
ocurrió, sin que ese actor constituya una desviación de poder o falsa motivación, pues
cumplió con los requisitos de tiempo y recomendación legalmente previstos.
vi) En definitiva, la figura del llamamiento a calificar servicios «no es un castigo o sanción
encubierta, sino una manera decorosa de terminar la carrera militar y una facultad legítima
3 El contenido de la sentencia se recoge en el siguiente apartado.
4 Índice 2 del Sámai.
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para renovar el personal de la Fuerza Pública, garantizando la dinámica de la carrera
militar».
1.1.4. La causal de revisión invocada
El apoderado de la parte recurrente invoca la causal quinta del artículo 250 del CPACA
«existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación», para lo cual, expone los siguientes argumentos:
i) La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una interpretación
errada de los decretos 1790 y 1799 de 2000, que regula el proceso de evaluación y
clasificación del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
ii) La decisión no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de la sentencia SU-091 de
2016, de la Corte Constitucional, sobre las decisiones de retiro por llamamiento a calificar
servicios.
iii) El tribunal valoró indebidamente el concepto emitido por el Comité de Evaluación del
Ejército Nacional, pues este «(...) no concuerda con la historia laboral [del actor], de acuerdo
con lo consignado en sus folios de vida, en donde se encuentran contenidos todos los
aspectos relacionados con el desempeño profesional del oficial».
iv) En definitiva, existe nulidad originada en la sentencia objeto del recurso, puesto que «el
acto administrativo demandado está viciado de nulidad por haber sido expedido con
violación de las normas en que debía fundarse, al desconocer el procedimiento de
evaluación y clasificación contemplado en el Decreto 1799 de 2000, además [de] desviación
de poder, por cuanto el funcionario que lo expidió actuó con una intencionalidad diferente a
la perseguida por la norma (…)».
1.2. Contestación al recurso extraordinario
1.2.1. Vencido el término de traslado, la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional),
no contestó a la demanda de revisión de la referencia.5
1.2.2. El Ministerio Público, a través del procurador tercero delegado ante esta
corporación, rindió concepto en los siguientes términos:6
i) En el caso concreto no concurren los presupuestos de la causal invocada por el
recurrente, toda vez que, contrario a lo expuesto en el recurso, no es evidente que el fallador
de segunda instancia hubiese obrado con desconocimiento de la sentencia SU-091 de
2016, entre otras razones, porque el actor no acudió al proceso ordinario a debatir y probar
que el llamamiento a calificar servicios tuvo origen en situaciones de abuso de poder, sino
a plantear aspectos relativos a la evaluación y clasificación del personal como presupuestos
para los ascensos.
ii) Tampoco se advierte una vulneración al debido proceso, pues el recurso extraordinario
no es una tercera instancia donde se pueda cuestionar la interpretación del marco
normativo que sirvió de base para resolver la alzada, de manera que las diferencias sobre
5 Según el auto del 16 de noviembre de 2023, índice 24 del Sámai.
6 Mediante memorial adjunto visible en el índice 17 del Sámai.
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la interpretación del ad quem, y las que considera correctas la parte activa del proceso, no
constituyen una causal de revisión de la sentencia. Por consiguiente, se conceptúa
declarar infundado el recurso.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
El recurso extraordinario de revisión se interpuso el 22 de agosto de 2020,7 esto es, en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011),8 por lo cual, esta corporación es competente para conocerlo, en virtud
del numeral 2.º del artículo 249 ejusdem.9 Asimismo, atendiendo al criterio de
especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda, en la
Subsección a la que corresponda el reparto del proceso, es competente para conocer del
recurso extraordinario, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080, de 12 de marzo
de 2019.10
2.2. Problema jurídico
Consiste en determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, de 2 de mayo de 2019, está incursa en la causal de
revisión del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
Para dar respuesta al anterior problema, la Sala estima necesario abordar el estudio de los
siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial: a) el recurso extraordinario de
revisión y b) la causal del artículo 250 numeral 5.º del CPACA; ii) análisis del caso concreto;
y iii) conclusión.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre el recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica en
considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad
de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia ejecutoriada, con el
fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una sentencia contraria a derecho»; 11
por tal razón, su procedencia se limita a las causales taxativamente previstas por el
legislador, las cuales deben interpretarse de manera restrictiva.
En igual sentido, se ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción, cuyo
propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo consideró la Corte
Constitucional en la sentencia C-450 de 2015, donde hizo un detallado análisis
7 Índice 01 del aplicativo Sámai.
8 El CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012.
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los
Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los
Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009; M.P. María Victoria Calle Correa.
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jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En dicha sentencia se expuso
lo siguiente:
Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente ha
indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge como una
excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias ejecutoriadas,
para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, y se
restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de
justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico». Por lo tanto, resulta claro
que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el recurso extraordinario de revisión,
previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha sido diseñado para proceder contra las
sentencias ejecutoriadas, por las causales taxativas que en cada caso haya definido el
Legislador, las cuales, por regla general, giran en torno a hechos o circunstancias posteriores
a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta.(…) En cambio, el recurso
extraordinario de revisión tal como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede
contra todas las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y
por el Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario de revisión
existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la justicia, y como
se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una limitación a una de las
características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.
[…]
Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia administrativa
tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual
que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada. (…) [Negrillas y cursivas del original]
Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso-administrativa, el Consejo de
Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la naturaleza y
alcance del recurso excepcional de revisión. De ahí que en vigencia del antiguo Código
Contencioso Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante, la autoridad
de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la constatación de la
ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su utilización, permite
enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición de la sentencia recurrida, con el
fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva sentencia. Así lo señalaba en
la siguiente providencia de 2005:
Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al principio
de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material; y con él se
abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en relación con los hechos y
sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la Justicia y al Derecho, y de acuerdo
con las causales establecidas y con único fin de que se produzca una decisión ajustada a la
ley. Es presupuesto del citado medio extraordinario, que constituye una verdadera acción
impugnatoria con efectos rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo
mismo no se pueden discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se
pueden fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en firme
cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba, que pueden
hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.12
En lo que interesa al carácter instrumental del recurso, debe señalarse que el último criterio
adoptado por la Sala Plena del Consejo de Estado determina que este debe interpretarse
como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que constituye un nuevo
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicado: 1998-
00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
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proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia de 3 de febrero de 2015, lo
afirmó de la siguiente manera:
(...) el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia
adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese
a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la
que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y
procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el legislador en la
jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga advertir como una nota al margen, que el
Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, al hacer referencia a este recurso al igual
que lo hacía el Código de Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe
interponer por medio de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros
términos, el recurso es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia,
a partir del auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.13
Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos 248 y
siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por «i) las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces Administrativos»14. El plazo para
su interposición es de un año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de
impugnación15, y debe reunir los requisitos fijados en el artículo 252 ejusdem, con indicación
precisa y razonada de la causal invocada, acompañada de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer.
Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que configuran la
causal de revisión invocada, cuya presencia alteran de forma inequívoca el sentido de la
decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo admite los eventos
contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como causales, los cuales, en
esencia, corresponden a vicios o errores de carácter procedimental16. En sentencia de 8 de
mayo de 201917, esta corporación, respecto de los requisitos esenciales para la prosperidad
del recurso, sostuvo lo siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las causales del
recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el
entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades
para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido
incurrir durante el trámite del proceso.
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción sui
generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por lo que su
ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i) una parte activa
13 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sala Especial de Decisión n.° 27, sentencia de 3 de febrero de
2015; radicado 11001-03-15-000-2014-00387-00(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
14 Artículo 249 CPACA.
15 Artículo 251 CPACA.
16 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con
las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, deben ser eminentemente
procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una
irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia,
y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 7°),
a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento
del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, radicado:
2010-00038-00 (REV) C.P. Mauricio Torres Cuervo.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, radicado 2013-00035-00; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii) procede únicamente por
dos causales específicas que tienen por finalidad, la protección y recuperación del
patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el procedimiento previsto por el CPACA de
manera general para las causales del artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y
su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido
reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión con la
institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que no es
admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos demandados en el
proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que cometieron las partes, ni para
subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión del proceso que dio
origen a la sentencia objeto de revisión.
2.3.2. La causal de revisión 5 del artículo 250 del CPACA
La parte recurrente invocó como fundamento del recurso extraordinario la causal prevista
en el numeral 5.º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
Según el anterior precepto jurídico, para dar por probada la causal es necesario e
inexcusable que la sentencia objetada cumpla con los siguientes dos elementos: i) que
exista nulidad procesal, y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin al
proceso y contra la cual no proceda el recurso de apelación.
En relación con el primer elemento, la nulidad originada en la sentencia (que es el
fundamento del presente recurso), esta corporación ha señalado que, en los aspectos no
regulados por el CPACA, resultan aplicables al proceso contencioso-administrativo las
normas del CPC o del CGP, según la vigencia de dichas disposiciones respecto del proceso
que se tramita.
Ahora bien, en el presente asunto, el recurso extraordinario de revisión se interpuso en
vigencia del CPACA y del CGP, de manera que procede la remisión al artículo 133 de este
último cuerpo legal, que enlista las causales de nulidad del proceso. No obstante, en
atención a la línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional,18 la Sala Plena
de lo Contencioso-administrativo de esta corporación, en sentencia de 8 de mayo de 2018,19
consideró que la nulidad (necesaria para la revisión) no se restringe a las causales que
contempla el ordenamiento procesal civil, pues también puede configurarse por violación
18 Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 8 de mayo de 2018; radicado: 1998-
00153-01(REV); C.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Demandante: Jhon Jairo Fuentes Zuluaga
del derecho al debido proceso y, por ello, cabe aplicar el artículo 29 de la Constitución
Política. Así se expuso en la citada sentencia:
[...]
Lo anterior significa que el recurso de revisión, así entendido, y las causales que dan
lugar a su solicitud, constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de
derechos fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir,
es un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la protección
de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de acciones para la
satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. [Negrillas propias del
texto]
Sobre los vicios que pueden dar lugar a la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha identificado ciertos supuestos,20 todos ellos recogidos en la
sentencia de 31 de mayo de 2011,21 como pasa a exponerse:
En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de jurisdicción o
competencia22, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por
sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto
por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta23, vi) cuando se
condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión24 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece
firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación25.
Finalmente, en lo que respecta a la indebida aplicación o interpretación de las normas (cual
es el fundamento del presente recurso de revisión), cabe señalar que ni el CPACA ni el
CGP prevén este supuesto como una de las causales de nulidad de las sentencias, por lo
que, en principio, no cabría analizar la configuración de una causal por tal motivo. Así lo
consideró esta corporación en sentencia de 22 de noviembre de 2017, 26 donde, sobre el
particular, indicó lo siguiente:
(...) no es posible plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no
aplicación de una norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación, ya que todas
estas circunstancias están por fuera de la naturaleza de la causal invocada, como ocurre en
el presente caso, en donde la parte recurrente funda su inconformidad en la indebida
aplicación de una disposición normativa.
De igual manera, en sentencia de 12 de febrero de 2014, la Sección Tercera precisó lo
siguiente:
20 Al respecto, se pueden consultar, por ejemplo, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093; 18 de octubre de 2005, Rad. 2000-00239 y de 20 de
octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio
de 2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, Rad. 2006-00123.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. 11001-03-15-000-2008-00294-00, M.P. Mauricio
Torres Cuervo.
22 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘A’, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-1998-00170.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de junio de 2005, Rad. REV-062.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 27 de noviembre de 2017; Rad:
500013331006200700187 01 (47.218); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en que se realizó
una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una determinada regla de
derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se interpretó equivocadamente
una norma jurídica, pues todas estas observaciones escapan al ámbito de la aludida
causal.
La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un
evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas
conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su
reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión.27
En ese orden de ideas, la Sala procederá con el estudio del presente recurso para descartar
una posible vulneración del derecho al debido proceso que consagra el artículo 29 de la
Constitución Política.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
De forma previa, conviene recordar que debido a su carácter extraordinario, la revisión no
puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra
el juzgador,28 ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, pues su procedencia
está estrictamente delimitada por las causales taxativas consagradas por el legislador, y
aquellas relacionadas con el debido proceso.
Al ser una especialísima excepción del principio de la cosa juzgada, el recurso
extraordinario inadmite la apertura de un nuevo debate sobre el fondo del asunto, por lo
que tanto la argumentación como los fundamentos de la demanda están limitados al análisis
del cumplimiento de la causal invocada, en este caso, el numeral 5.º del artículo 250 del
CPACA. En ese sentido, no caben las interpretaciones extensivas o analógicas (principio
de taxatividad),29 pues, como lo ha reiterado esta corporación en su jurisprudencia,30 la
revisión no constituye una instancia adicional en la que se pueda replantear el litigio ya
resuelto.
2.4.1. La causal de revisión invocada
La parte recurrente invoca la causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
cuyo tenor literal es el siguiente: «existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
A este respecto, alega que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D incurrió en la mencionada causal, porque al proferir la sentencia del 2 de
27 Sentencia citada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 12 de febrero de 2014; radicado 2009-00301-
01; C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
28 Ver Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
29 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-125 de 2010, consideró que «[...] la taxatividad de las
causales de nulidad significa que solo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente
señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por la
práctica de una prueba con violación del debido proceso».
30 En sentencia de la Sección Segunda, Subsección B; de 18 de febrero de 2010; radicado: 2001-00450-01, (2597-07);
C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, esta corporación lo precisó de la siguiente manera: «Estas restricciones propias
del recurso de revisión, aplicables también en materia civil y penal, apuntan a evitar que el perdedor pueda a su antojo
reanudar el debate concluido, so pretexto de volver la mirada a la prueba para pretender que se haga un nuevo supuesto
mejor juicio respecto de ella, o para reclamar una más aguda interpretación de la ley. En suma, el recurso de revisión es
un medio extraordinario de impugnación encaminado a desvirtuar la operatividad del instituto jurídico de la cosa juzgada.
Por tal razón, conforme lo han reiterado la jurisprudencia y la doctrina nacional, la aplicabilidad de tal instrumento está
sujeta a la estricta, rigurosa y ajustada configuración de las causales que expresamente ha consagrado el legislador como
fundamento del mismo, con lo cual se busca, precisamente, evitar que se convierta en una tercera instancia, utilizada
para remediar supuestas equivocaciones en que hubiera podido incurrir el Tribunal por obra suya o de una de las partes».
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mayo de 2019, desconoció normas de rango superior, como el artículo 125 constitucional,
y de carácter legal, como el Decreto 1790 de 2000, que regula las normas de carrera del
personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, y el Decreto 1799 de 2000, que
contiene el proceso de evaluación y clasificación del personal militar; en razón de una
interpretación errada del contenido y alcance del proceso evaluativo y clasificatorio y de la
causal de retiro de llamamiento a calificar servicios previstos en dichas normas.
En este caso, siendo evidente que el recurso extraordinario se dirige contra «la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», corresponde a
la Sala examinar la causal de nulidad procesal alegada.
2.4.2. Sobre la configuración de la causal de nulidad
Para que proceda la revisión bajo la causal del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA esta
corporación ha entendido necesario que se cumplan las siguientes circunstancias:31
i) Que contra dicha sentencia no proceda recurso de apelación
Con relación a este requisito, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que este
debe interpretarse restrictivamente, ya que cuando dice que ha de tratarse de sentencia
contra la cual no proceda ningún recurso, se trata, sólo del recurso, ordinario o
extraordinario, mediante el cual pueda alegarse y corregirse la nulidad originada en la
sentencia y no de cualquier recurso.32
ii) Que exista nulidad procesal
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o insaneable que
afecte su validez. A este respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha identificado los
siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia:33
[...]
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación; (ii)
violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al demandado por
cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la
invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso.
9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia del juez.
[...]
10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de motivación, la
jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta absoluta de motivación de la
deficiente o errada, y ha señalado que únicamente la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es
motivo de revisión bajo la causal sexta.
De manera que es improcedente, con fundamento en dicha causal, alegar situaciones
relacionadas con deficiencias en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación
31 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016; C.P. Jorge Octavio
Ramírez.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de mayo de 1998, Rev-93.
33 Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 11.05.1998, rad. REV-093; del
18.10.2005, Rad. 2000-00239, de 20.10.2009, Rad. REV-2003-00133; y del 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio Ramírez;
Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 11.06.2009, Rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia del 14.12.2009,
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errada de las pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las
normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial (…).34
Además, pueden constituir causal de nulidad aquellas circunstancias que se originen en la
sentencia por violación del debido proceso, en tanto «(...) se deriva del desconocimiento de
un mandato constitucional, en donde el operador judicial es el encargado de determinar si
lo que se alega tiene la entidad suficiente para invalidarlo, pues no toda irregularidad tiene
la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso, sino
únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial (...)».35
iii) Que la nulidad existente se haya originado en la sentencia
Ahora bien, cuando el precepto se refiere a la «nulidad originada en la sentencia», lo que
exige es que la irregularidad se configure en el preciso momento en que se profiere la
decisión, tal como lo expuso esta corporación en sentencia de 2 de marzo de 2010:36
Cuando la norma se refiere a la «nulidad originada en la sentencia» exige que el vicio se
configure en el preciso momento procesal en que se profiere la sentencia, por
desconocimiento grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de esa
actuación. Dichas restricciones se explican por la naturaleza extraordinaria del recurso de
revisión, en cuanto vía procesal que hace excepcionalmente posible la infirmación de una
sentencia ejecutoriada y, por tanto, el quebrantamiento de la cosa juzgada.
Conforme a ello, considera la Sala que no será posible alegar como causal del recurso
extraordinario de revisión la nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia:37
No se trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los
errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente
hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio
contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza
de cosa juzgada; sino de verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la
sentencia que de incumplirse vician su validez.
Entonces, resulta claro para la Sala que el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo condicionó la prosperidad de la
causal 5ª de revisión extraordinaria a que la nulidad alegada hallara su génesis en la
sentencia que puso fin al proceso, lo cual, adicionalmente encuentra sustento en lo
dispuesto por el artículo 134 del Código General de Proceso, según el cual las nulidades
pueden alegarse durante una actuación posterior a la sentencia cuando tales nulidades
«ocurrieron en ella». [Negrillas fuera del texto]
En definitiva, esta causal no puede alegarse con fundamento en situaciones que tengan
relación con la deficiencia en la motivación, con la estimación errada de los hechos por
parte del juez, con las pruebas o normas jurídicas aplicadas o con la falta de consideración
de algunas pruebas; pues, si se admiten esta clase de reclamaciones, se desconoce el
carácter extraordinario del recurso, en tanto que con ello se convertiría en otra instancia. 38
34 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene plena vigencia
en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el numeral 5º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia.
35 Consejo de Estado, Sección Quinta; sentencia de 30 de septiembre de 2021, radicado: 2021-00044-00; C.P. Rocío
Araujo Oñate.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, REV: 11001-03-15-000-
2001-00091-01.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, REV: 11001-03-15-
000-2009-00050-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo de 1998, Rev-
93 y 13 de abril de 2004, Rev-132.
38 Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia de 17 de diciembre de 1998; radicado: 11942.
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Bajo tales lineamientos, para resolver la revisión extraordinaria de una sentencia, con
fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, deben observarse las causales previstas en el artículo
133 del Código General del Proceso, cuyo contenido es el siguiente:
El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción
o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como
su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando
se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Ahora, si bien es cierto que los mencionados criterios vienen recogidos de manera expresa
por el Código General del Proceso, también lo es que estos forman parte de la
jurisprudencia de esta corporación, y en la actualidad siguen vigentes en los múltiples
pronunciamientos que resuelven en revisión.39
2.4.3. El caso concreto
En el sub lite, la parte recurrente afirma que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca está inmersa en la referida causal de nulidad, porque al no declarar la
nulidad de la Resolución 3002 del 11 de abril de 2014 (por medio de la cual se retiró del
servicio al teniente coronel Jhon Jairo Fuentes Zuluaga por llamamiento a calificar
servicios), contravino las normas legales aplicables, toda vez que la decisión del retiro del
servicio debe guardar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no de simple
discrecionalidad para el mejoramiento del servicio.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de 26 de mayo de 2010, radicado: 2001-01504 (35221).
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Pues bien, al analizarse la fundamentación efectuada por el recurrente para sustentar el
recurso extraordinario, la Sala no encuentra que los elementos sustantivos que este plantea
conduzcan a concluir que al momento de proferirse el fallo de segunda instancia existiera
algún vicio o irregularidad procesal que configure la nulidad solicitada.
Como antes se indicó, para que haya lugar a la declaratoria de nulidad es necesario que se
invoque alguna de las causales del artículo 133 del CGP o cualquier otra irregularidad que
atente contra el derecho fundamental al debido proceso, cuyo origen, en ambos casos,
debe establecerse en el momento mismo en que se promulgó la providencia o,
excepcionalmente, antes, siempre que se pruebe que la nulidad no pudo ser advertida
durante el proceso.
En el presente caso esto no ocurrió, ya que la presunta nulidad, basada en una
interpretación indebida de las normas e inaplicación de precedente constitucional, habría
estado presente desde la sentencia de primera instancia, en tanto en ella se resolvió el
asunto bajo los mismos argumentos jurídicos que empleara el ad quem.
Sumado a lo anterior, esta corporación ha sido enfática en señalar que «no es posible
plantear cuestionamientos frente a una sentencia relacionados con la no aplicación de una
norma de derecho o su indebida interpretación o aplicación, ya que todas estas
circunstancias están por fuera de la naturaleza de la causal invocada»,40 como ocurre en el
presente caso, donde la parte recurrente funda su inconformidad en la indebida
interpretación de dos disposiciones normativas como lo son los decretos 1790 de 2000
(artículos 51 y 103) y 1799 de 2000 (artículos 4 y 5).
Ciertamente, en el escrito del recurso extraordinario no se invocó con claridad ninguna de
las causales establecidas por el CGP para la nulidad de la sentencia. Si bien el argumento
central del recurrente precisa que el Tribunal no aplicó en debida forma las disposiciones
normativas que regulan el proceso de evaluación y clasificación para el personal de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares (artículos 4 y 5 del Decreto 1799 de 2000) y analizó
erradamente la causal de llamamiento a calificar servicios (artículo 103 del Decreto 1790
de 2000), la naturaleza de este recurso no admite subsumir tal inconformidad en su ámbito
de aplicación, pues este no es una tercera instancia.
Así pues, es esencial que el recurrente demuestre la configuración de la causal alegada (la
del numeral 5.º del artículo 250 del CPACA), de suerte que, una vez cumplido este requisito,
haya lugar a un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. Por consiguiente, al no
señalarse de manera precisa el motivo por el cual se considera que la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en una de las nulidades
establecidas en el artículo 133 del Código General del Proceso o en alguna otra
circunstancia que vulnere el derecho fundamental al debido proceso, no hay lugar a acceder
a las pretensiones del recurso extraordinario.
De igual modo, la Sala observa que las supuestas irregularidades en que, a juicio del
recurrente, incurrió la sentencia, no corresponden a los eventos que según el criterio
expuesto conllevan a la nulidad de la decisión, pues, ciertamente, el Tribunal, ajustándose
a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, en particular las sentencias
SU-217 de 2016 y SU-091 de 2016,41 determinó que el acto administrativo demandado no
40 Ibídem.
41 Folios 9 y 10 de la sentencia.
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requería de motivación, toda vez que encontró satisfechos los requisitos consistentes en la
existencia del concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa y verificó que
el demandante cumplía el tiempo mínimo para otorgarle la asignación de retiro.42
En esa lógica, es incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la causal
invocada, realizar cuestionamientos motivados en la aplicación o interpretación indebida de
una disposición normativa, comoquiera que esta observación escapa del ámbito de la
aludida causal, en tanto pertenece al debate ordinario.
En este punto, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no puede servir
para cuestionar la actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues
fue concebido para discutir hechos procesales específicos que i) incidieron indebidamente
en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio: el caso de los documentos falsos o
adulterados, las pruebas recobradas y la aparición de una persona con mejor derecho; o,
ii) cuando existe nulidad originada en la sentencia y, contra esta última, no procedía el
recurso de apelación.
En otras palabras, lo que el recurso busca revertir es decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar lo
que, en términos legales y jurisprudenciales se conocen como errores judiciales, es decir,
los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta o indebida
aplicación de la norma correspondiente (error de derecho), como acontece en el presente
asunto.
Siendo así las cosas, en el presente asunto no se encuentra configurada la causal de
nulidad originada en la sentencia prevista por el numeral 5.º del artículo 250 del CPACA,
razón por la cual el recurso extraordinario de revisión habrá de ser declarado infundado.
2.5. Costas
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, que remite al artículo 365 del CGP, la Sala no
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que la demandada no intervino y
no se haya demostrada su causación.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica
y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que los argumentos esbozados por la parte recurrente, para invocar la causal 5.ª
del artículo 250 del CPACA, no se adecuan a los supuestos señalados en dicha normativa
ni en el CGP para que haya lugar a la declaratoria de nulidad de una sentencia; por esta
razón se declarará infundado el presente recurso extraordinario. Sin condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad de la ley,
42 A este respecto, véase la sentencia de 18 de noviembre de 2021, de la Sección Segunda Subsección A, radicado 2016-
02034-01(1943-20); C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Jhon Jairo Fuentes Zuluaga
FALLA:
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, que en virtud de la
causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, el ciudadano Jhon Jairo Fuentes Zuluaga presentó
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, de 2 de mayo de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
Segundo. Sin condena costas.
Tercero. En firme esta decisión, realizar las respectivas anotaciones en el aplicativo Sámai
y archivar el recurso extraordinario.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Sámai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 1437
de 2011.
CBT
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