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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01224-00

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
19 de julio de 2021
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01224-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO parcialmente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 15001 23 31 000 2008 00098 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 15001 23 31 000 2008 00098 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. La sentencia de remplazo quedará así: “[…] PRIMERO: REVOCAR parcialmente el ordinal segundo de la sentencia apelada, únicamente en cuanto declaró la nulidad parcial de las resoluciones PAP 056818 del 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011 que reliquidó la pensión del señor Eduardo Arrubla León con el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En su lugar, NEGAR la citada pretensión. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará así: “CONDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, o al ente público que lo reemplace o asuma sus derechos y obligaciones, a reliquidar y pagar al señor EDUARDO JOSÉ ARRUBLA LEÓN su pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 9 de diciembre de 2003, con la limitación de su cuantía con el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de conformidad con el régimen especial aplicable, es decir, teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que le correspondió en el último año de servicios, incluyendo todos los factores devengados en tal periodo”. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2016-01224-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

19 de julio de 2021

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIODICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes: Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término aplicable para interponer la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 18, providencia de 7 de febrero de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, Exp. 11001-03-15-
000-2016-02753- 00. / Sobre el recurso extraordinario de revisión, como nuevo proceso, y el término para su interposición, ver: Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de 16 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Exp. 11001031500020140165000; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, Exp. 11001031500020180017900 y iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala veintiséis Especial de Decisión, providencia de 5 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Exp. 11001031500020170085800

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20

REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / CONCEPTO VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRESUPUESTOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Atendiendo a que la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son: El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en las sentencias. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso. El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables. El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.» […] De lo anterior se colige que los presupuestos de esta causal son los siguientes: i) que el derecho haya sido reconocido; ii) que ese reconocimiento haya sido espurio por haberse obtenido mediante la transgresión al debido proceso; es decir, que el origen o génesis del derecho es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor y iii) se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de revisión por violación al debido proceso, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de noviembre de 2020, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Exp. 11001-03-15-000-2020-03151-00

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL A

REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIODICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / LA CUANTÍA DEL DERECHO RECONOCIDO EXCEDIERE LO DEBIDO DE ACUERDO CON LA LEY, PACTO O CONVENCIÓN COLECTIVA QUE LE ERAN LEGALMENTE APLICABLES

En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. 45. Bajo ese entendido, esta Corporación ha determinado que esos requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.
FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 LITERAL B

RÉGIMEN ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LA RAMA JUDICIAL / RÉGIMEN ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DEL MINISTERIO PÚBLICO / FACTOR SALARIAL

La especialidad del régimen se traducía en que la pensión se liquidaba con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, siempre y cuando el funcionario cumpliera: i) 55 años de edad si era hombre o 50 años de edad si era mujer; ii) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971 y iii) de los cuales, por lo menos diez (10) años de servicio en la Rama Judicial o el Ministerio Público. Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que debía tenerse en cuenta como factores salariales además de la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, todas las sumas que habitual y periódicamente recibiera el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.

FUENTE FORMAL: DECRETO 546 DE 1971 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 717 DE 1978 – ARTÍCULO 12 / LEY 4 DE 1976 – ARTÍCULO 2 / LEY 71 DE 1988 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1160 DE 1989 – ARTÍCULO 3

REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / REQUISITOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

Esta Corporación ha determinado que los requisitos sustanciales de esta causal de desconocimiento del derecho al debido proceso, se estructura en el entendido que el origen de la prestación es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor. En las anteriores condiciones, en el caso sub examine, al no discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, sino su cuantía, para esta Sala los argumentos descritos en el recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 y, en esa medida, se declarará que no se configuró la citada causal de revisión.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / DEVOLUCIÓN DE SUMAS PAGADAS DE BUENA FE

En cuanto a la pretensión correspondiente a la devolución de sumas pagadas de buena fe, se considera que, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible. En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, en estos eventos, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política. Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las autoridades y, en esa medida, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero perseguidas en la demanda, la UGPP debió centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la legalidad del reconocimiento contenido dentro de los actos administrativos acusados, sino también, en acreditar que la obtención de tal derecho por parte del señor Eduardo José Arrubla León se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como se ha precisado son presumibles. Sin embargo, esta carga no fue debidamente asumida por la UGPP, pues en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del señor Eduardo José Arrubla León, por lo que es improcedente la recuperación de las sumas pagadas en su favor por virtud del presente recurso extraordinario de revisión.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN FUNDADO / LÍMITES AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 al ordenar reliquidar la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León sin el límite al reconocimiento y pago de la mesada pensional, toda vez que este aspecto no fue objeto de la transición del artículo 36 de la Ley 100 y porque si bien no fue objeto de reconocimiento en las normas especiales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado los topes pensionales existen desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 15

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de julio dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-01224-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -

Demandado: EDUARDO JOSÉ ARRUBLA LEÓN

Referencia: Recurso extraordinario de revisión

Asunto: Resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 25000 23 25 000 2011 01171 01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Eduardo José Arrubla León, presentó demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se declarara la nulidad de:

1.1. Las resoluciones PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011 expedidas por el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, mediante las cuales reliquidó su pensión de jubilación, de conformidad con el Decreto 546 de 27 de marzo de 1971, limitando la cuantía a un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y negó el reajuste de la primera mesada pensional.

1.2. Resolución UGM 022154 de 22 de diciembre de 2011 que modificó el artículo 1.° de la Resolución PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y dispuso reliquidar su pensión de jubilación con efectos fiscales a partir del 13 de noviembre de 2005.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad demandada a reliquidar la pensión de vejez: i) aplicando en su integridad el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios, con la correspondiente indexación y sin el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 9 de diciembre de 2003; ii) teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales certificados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; iii) actualizar las sumas de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 ibidem y v) condenar en costas a la entidad demandada.

Presupuestos fácticos

3. El señor Eduardo José Arrubla León indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:

3.1. Señaló que nació el 5 de abril de 1942 y trabajó de manera ininterrumpida en el Instituto Colombiano de Bienestar Familia desde el 22 de septiembre de 1969 hasta el 22 de septiembre de 1977 y, posteriormente, en la Rama Judicial hasta el 8 de diciembre de 2003, siendo el último cargo desempeñado el de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

3.2. Sostuvo que la entidad demandada, mediante la Resolución 23272 de 3 de noviembre de 2004, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, le reconoció la pensión de vejez, con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del Decreto 546 de 1971, pero con el ingreso base de liquidación establecido en el artículo 36 de la Ley 100; es decir, efectuada con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años, 8 meses y 6 días efectiva a partir del 9 de diciembre de 2003.
3.3. Indicó que, la entidad demandada a través de la Resolución núm. 23272 de 3 de noviembre de 2004, dio cumplimiento a una sentencia de tutela proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bogotá, en donde se ordenó reliquidar su pensión de jubilación con nuevos factores salariales (asignación básica, primas de navidad, de servicios, vacaciones, especial, y bonificaciones por compensación y por servicios).

3.4. Adujo que, nuevamente solicitó a la entidad demandada la reliquidación de su pensión de jubilación, aplicando en su integridad el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios, con la correspondiente indexación, sin el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 9 de diciembre de 2003 y teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales certificados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

3.4. Sostuvo que la UGPP mediante las resoluciones PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011, reliquidó su pensión de jubilación, de conformidad con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971, pero limitó la cuantía a un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, señaló que en los citados actos administrativos se negó: i) la inclusión de factores salariales diferentes a los reconocidos y ii) el reajuste de la primera mesada pensional, en la medida que, de oficio, anualmente procede a reajustar la pensión de jubilación de la parte demandante de acuerdo al índice de precios al consumidor.

3.5. Adujo que la entidad demandada través de la Resolución UGM 022154 de 22 de diciembre de 2011, modificó el artículo 1.° de la Resolución PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y dispuso reliquidar su pensión de vejez con efectos fiscales a partir del 13 de noviembre de 2005.

Normas violadas y concepto de violación

4. La parte demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

Artículos 2, 13, 25 y 58 de la Constitución Política.
Ley 4 de 18 de mayo de 1992.
Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, artículo 36.
Decreto 546 de 27 de marzo de 1971 artículo 6.
Decreto 717 de 20 de abril de 1978, artículo 12.
Decreto 1045 de 7 de junio de 1978.
Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969.

5. La parte demandante explicó el concepto de violación, en los siguientes términos:

5.1. Sostuvo que por encontrarse amparado por el régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a que su pensión de jubilación fuera reconocida aplicando en su integridad el Decreto 546 de 1971, esto es el régimen especial de la Rama Judicial y del Ministerio Público, liquidada con el 75% de la asignación mensual más elevada de lo devengado en el último año de servicios, con la totalidad de los factores salariales devengados y certificados en dicho período.

5.2. Asimismo, que no resultaba aplicable el tope de 25 salarios mínimos legales vigentes, toda vez que el régimen especial de pensiones de la Rama Judicial y el Ministerio Público contenido en el Decreto 546 de 1971 no estableció límites para el reconocimiento de las pensiones.

Contestación de la demanda

6. La parte demandada contestó a la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Indicó que reliquidó la pensión del señor Eduardo José Arrubla León con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971, esto es, aplicando el 75% sobre el promedio de la asignación mensual más elevada percibida entre el 9 de diciembre de 2002 y el 8 de diciembre de 2003.
6.2. En cuanto a los factores salariales para reliquidar la pensión de jubilación indicó que se tuvieron en cuenta los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, toda vez que los empleados de la Rama Judicial fueron incorporados al Régimen General de Seguridad Social, sin que fuera procedente la inclusión de factores extralegales o los que no estuvieran taxativamente señalados en la ley.

6.3. Señaló que no era procedente la reliquidación de la primera mesada pensional, en la medida que anualmente procede de oficio a reajustar la pensión de jubilación de la parte demandante con base en el índice de precios al consumidor, sin que, conforme el artículo 178 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, la indexación solicitada fuera competencia de la entidad.

Sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012, en primera instancia, por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000 23 25 000 2011 01171 01

7. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la parte resolutiva de la sentencia, decidió:

“[…] PRIMERO: DESESTÍMENSE las excepciones propuestas, según lo expuesto.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial de la resolución PAP 056818 del 10 de junio de 2011 que reliquidó la pensión del actor limitando su cuantía de acuerdo a lo reglado por el Decreto 510 de 2003 y la nulidad parcial de la Resolución UGM 012661 de 10 de octubre de 2011 que confirmó la reliquidación pensional del actor, así como la nulidad total de la Resolución UGM 022154 del 22 de diciembre de 2011 que fijó la efectividad fiscal de la reliquidación de la pensión de jubilación del actor a partir del 13 de noviembre de 2005 por prescripción trienal, proferidas por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación, por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO: CONDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, o al ente público que lo reemplace o asuma sus derechos y obligaciones, a reliquidar y pagar al señor EDUARDO JOSÉ ARRUBLA LEÓN […] su pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 9 de diciembre de 2003, sin limitación alguna en la cuantía, es decir sin tope pensional alguno y de conformidad con el régimen especial aplicable, es decir, teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que le correspondió en el último año de servicios, incluyendo todos los factores devengados en tal periodo, conforme lo establecido en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: De conformidad con la reliquidación ordenada, condénase a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE EL LIQUIDACIÓN o al ente público que lo remplace o asuma sus obligaciones, a pagar al actor las diferencias que resulten de lo dispuesto en el numeral anterior.

QUINTO: la demandada aplicará a las diferencias que resulten a favor del actor conforme lo expresado en el ordinal anterior, la indexación a que se refiere el artículo 178 del CCA, aplicando la fórmula explicada en la parte motiva de este proveído. A partir de la ejecutoria de esta sentencia reconocerá igualmente la CAJA, intereses de mora, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 177 del CCA.

SEXTO: ORDÉNASE a la entidad demandada a darle cumplimiento a esta sentencia en los términos del artículo 176 del CCA.

SÉPTIMO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]

Consideraciones del Tribunal

8. Para sustentar su decisión, consideró que el señor Eduardo José Arrubla León era beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100, toda vez que a su entrada en vigencia contaba con más de cuarenta años de edad, más de 15 años de servicios y, en esa medida, señaló que para el reconocimiento pensional, le era aplicable, en su integridad el Decreto 546 de 1971, que estableció el régimen especial para los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, por haber laborado de forma exclusiva por más de 10 años al servicio de la Rama Judicial.

9. Afirmó que al acudirse al régimen especial se descartaban las disposiciones generales o menos favorables para el pensionado y, por tal motivo, adujo que: i) no resultaba aplicable el tope de 25 salarios mínimos legales vigentes, toda vez que dentro del Decreto 546 de 1971 no se estableció límites para el reconocimiento de las pensiones y ii) en esa medida, el monto de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León debía ser el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios, sin tope de cuantía en su mesada pensional.

10. Indicó que en los términos de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, no había lugar a declarar la prescripción de mesadas pensionales, toda vez que el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante se hizo exigible a partir del 4 de octubre de 2007, fecha en la cual, quedó ejecutoriada la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que reconoció al demandante el pago de la bonificación por compensación. Por tanto, toda vez que la parte demandante presentó la solicitud de reliquidación el 13 de noviembre de 2008, interrumpió el término dentro de los tres años establecidos en dicha normativa.

11. Adujo, finalmente, que no era procedente el reconocimiento de los intereses de mora, toda vez que: i) estos se causaban por el no pago de las mesadas y no por el pago de los ajustes que fueron objeto de la decisión y ii) al ordenarse la indexación en los términos del artículo 178 del Decreto 01 de 1984, la pérdida de valor adquisitivo de los valores dejados de percibir por la parte demandante quedaba compensada y no resultaba viable que se percibieran dos tipos de indemnizaciones económicas y se sancionara dos veces a la administración por la misma causa.

Recursos de apelación

12. Las partes demandante y demandada interpusieron, dentro del término legal, recursos de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y los sustentaron con fundamento en los siguientes argumentos:

Parte demandante

13. Indicó que presentaba recurso de apelación de forma parcial contra la sentencia proferida, en primera instancia, toda vez que, a su juicio, en los términos señalados en el inciso 5.° del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 y en la sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999 proferida por la Corte Constitucional, en donde se dispuso que “[…] las cantidades liquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios […], era procedente el reconocimiento de los intereses sobre la suma adeudada.

14. Para el efecto, refirió que no resultaba válido el argumento establecido en la sentencia proferida, en primera instancia, según el cual, los intereses moratorios sólo se causaban por el no pago de las mesadas y no por el pago de los ajustes que fueron objeto de decisión, en la medida que en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, no hacía distinción alguna entre estas dos características; en ese sentido solicitó “[…] liquidar y pagar los intereses moratorios, sobre la diferencia o cantidad dejada de pagar, como parte de mi mesada pensional […]”.

Parte demandada

15. Indicó que la pensión del señor Eduardo José Arrubla León, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, se reliquidó aplicando de forma integral el Decreto 546 de 1971 y sus decretos reglamentarios.

16. Asimismo, señaló que conforme a las sentencias C-089 de 26 de febrero de 1997 y C-258 de 7 de mayo de 2013 proferidas por la Corte Constitucional, se debía aplicar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que la existencia de un régimen especial no implicaba que las mesadas pensionales adquiridas bajo su régimen quedaran excluidas automáticamente de dichos topes, comoquiera que en estos eventos, ante la falta de regulación se debía acudir al régimen general de pensiones.

La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

17. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, en segunda instancia, resolvió:

“[…] CONFÍRMASE la sentencia de 6 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Eduardo José Arrubla León en contra de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia

Consideraciones de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado

18. Para fundamentar su decisión, indicó que, el señor Eduardo José Arrubla León se encontraba amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 y, en esa medida, le era aplicable en su integridad el régimen anterior contenido en el Decreto 546 de 1971, toda vez que laboró de forma exclusiva por más de 10 años al servicio de la Rama Judicial

19. Asimismo, consideró que no era viable aplicar la posición que sobre el ingreso base de liquidación desarrolló la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, toda vez que en ella se analizó de forma particular lo relativo al régimen especial de los congresistas, quienes se rigen por una normativa que no le es aplicable a la parte demandante y que de la lectura del artículo 36 de la Ley 100, se concluía que el régimen de transición no hacía excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidarla, toda vez que el monto de dicha prestación era el establecido en las normas anteriores a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones, entendiendo por monto, no solo el porcentaje de la pensión, sino también la base de dicho porcentaje, ello en consonancia con el criterio jurisprudencial establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010.

20. Al analizar el caso concreto indicó que la parte demandante devengó durante el último año de servicio, comprendido entre el 9 de diciembre de 2002 al 8 de diciembre de 2003 los siguientes factores: asignación básica, primas de navidad, especial de servicios, vacaciones, navidad, servicios, bonificaciones por servicios prestados y por compensación, los cuales fueron incluidos por la entidad demandada en la reliquidación pensional, pero limitó la prestación al tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes, lo cual no era procedente para el régimen especial de la Rama Judicial, en la medida que la norma especial no establecía límite alguno.

21. Señaló, finalmente que no había lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, por lo tanto, consideró que, si se ordenaba el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión

22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en segunda instancia, e invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, que establecen que procede la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, cuando: i) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Pretensiones del recurso extraordinario de revisión

23. La UGPP presentó las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Revocar las sentencias de fecha 6 de septiembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C y la de fecha de 31 de octubre de 2013 proferida, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Eduardo José Arrubla León en contra de la extinta Cajanal, en proceso radicado 25000232500020110117101.

SEGUNDO: Declarar que al demandado no le asiste el derecho a la reliquidación pensional con la asignación básica mensual más elevada dentro del último año de servicios y sin aplicación de topes decretada bajo los parámetros de la decisión judicial atacada.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución RDP 25154 de 15 de agosto de 2014, mediante la cual la UGPP dio estricto cumplimiento a los fallos de fecha 6 de septiembre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C y la de fecha de 31 de octubre de 2013 proferida, en segunda instancia, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B providencias objeto de la presente revisión. Y en su lugar, se ordene la inclusión en nómina de la Resolución 23272 de 3 de noviembre de 2004, la cual reliquidó la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993.

CUARTO: Condenar al señor Eduardo José Arrubla a reintegrar a la Unidad, los valores cancelados ´por concepto de la reliquidación pensional, en virtud de la Resolución RDP 02154 de 15 de agosto de 2014 mediante la cual la UGPP dio estricto cumplimiento a los fallos objeto del presente recurso de revisión […]

24. Para sustentar las causales de revisión expuso los siguientes argumentos:

24.1. Señaló que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión es contraria a los artículos 36 de la Ley 100 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, en la medida que el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100.

24.2. En este sentido, indicó que el señor Eduardo José Arrubla León, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100, tenía derecho a la reliquidación pensional bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas en el Decreto 546 de 1971, pero con el ingreso base de liquidación establecido en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100, el cual, en el caso concreto correspondía al 75% de lo devengado en los últimos 10 años de servicios, incluyendo los factores anunciados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

24.3. Por tanto, consideró que la orden judicial de reliquidar la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971; es decir, con el 75% de la asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio con la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo genera un detrimento al patrimonio público al reconocer una pensión por encima de lo autorizado por la Ley, desconociendo las sentencias C- 168 de 20 de abril de 1995, la C-258 de 7 de mayo de 2013 y la SU-230 de 29 de abril de 2015 , en las cuales la Corte Constitucional reiteró que las pensiones sometidas al régimen de transición se liquidan conforme las reglas previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del régimen anterior.

24.4 Adujo, finalmente, que conforme a las sentencias C-089 de 26 de febrero de 1997 y C-258 de 7 de mayo de 2013, se debía aplicar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que la existencia de un régimen especial no implicaba que las mesadas pensionales adquiridas bajo su régimen quedaran excluidas automáticamente de esta disposición, establecida entre otras en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Contestación al recurso extraordinario de revisión

25. La parte demandada contestó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, así:

25.1. Indicó que, en el presente asunto, no se configuraban las causales de revisión alegadas, toda vez que la sentencia proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000 23 25 000 2011 01171 01, se fundamentó en la postura vigente de unificación jurisprudencial desarrollada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010 respecto del reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la aplicación integral del régimen anterior, en el presente caso con el Decreto 546 de 1971 y con todos los factores salariales devengados, en la medida que el señor Eduardo José Arrubla León se encontraba amparado por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100.

25.2. Señaló que no era aplicable los argumentos establecidos en la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, comoquiera que no se refirió al régimen especial de jubilación de la Rama Judicial y fue proferida con posterioridad al reconocimiento pensional. Asimismo, porque la discusión respecto del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación no fue objeto de cuestionamiento por parte de la Caja Nacional de Previsión Social (hoy UGPP) en el proceso ordinario, y, en esa medida, adujo que el recurso extraordinario no podía convertirse en una tercera instancia.

25.3. Refirió que no era aplicable el límite de los topes pensionales, en la medida que: i) la Ley 100 no estableció la aplicación de límite alguno para las pensiones especiales; ii) el Decreto 546 de 1971 tampoco estableció límite alguno y, por el contrario, de manera expresa señaló que las pensiones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público se liquidarán en cuantía equivalente al 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio y iii) porque su pensión de jubilación fue reconocida por debajo de lo que realmente correspondía, toda vez que la UGPP no le reconoció los aumentos de los salarios establecidos en el artículo 14 de la Ley 4.

Concepto del Ministerio Público

26. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos: i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y el término para interponer el recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797; iii) el problema jurídico; v) el marco normativo de la acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797; iv) el marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797; v) el marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797;  vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del Régimen especial de pensiones de la Rama Judicial y del Ministerio Público establecido en el Decreto 546 de 1971; vii) marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen de transición de la Ley 100; viii) postura unificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la liquidación pensional a las personas a las que se les aplica el Decreto 546 de 1971 por ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100; ix) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el límite al reconocimiento y pago de mesadas pensionales y x) el análisis de las causales de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:

Competencia de la Sala

28. Vistos: i) el artículo 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, sobre la procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) el artículo 249 de la Ley 1437, sobre competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) el numeral 2.° del artículo 111 ibidem y iv) el numeral 1.° del artículo 29 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 31 de octubre de 2013.

Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797

29. Vistos: i) el artículo 308 de la Ley 1437, sobre régimen de transición y vigencia se observa que dicho estatuto comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012 y ii) el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, sobre el término aplicable ante el tránsito legislativo.

30. Atendiendo a que esta Corporación, para establecer cuál es el término aplicable para interponer la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión, ha considerado:

“[…] corresponde acudir a lo normado por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el 624 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, como se indicó en el auto objeto de súplica, según el cual los términos que hubieren comenzado a correr se regirán por las leyes vigentes cuando aquellos empezaron su conteo.

En aplicación de esta regla, si el término de dos años que preveía el artículo 187 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998 artículo 57, para interponer el recurso extraordinario de revisión comenzó a correr en vigencia del C.C.A. y, en el entretanto, se expidió la Ley 1437 de 2011, lo procedente en razón del tránsito normativo, es contar la caducidad con fundamento en la norma vigente cuando operó la ejecutoria de aquella, es decir, los dos años del C.C.A.

Por el contrario, si la providencia quedó ejecutoriada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el término de oportunidad para interponer el recurso es el consagrado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 […]”

31. Conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación se ha considerado que la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso y el término para su formulación se determina por la ley vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia recurrida.

32. Por tanto, en el presente caso, si bien el proceso en el cual se profirió la sentencia objeto de la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión, se tramitó bajo el Decreto 01 de 2 de enero de 1984, lo cierto es que su ejecutoria se produjo el 12 de marzo de 2014; es decir, en vigencia de la Ley 1437, normativa con la cual se debe determinar si la demanda fue presentada en el término indicado en el artículo 251 ibidem.

33. Determinado lo anterior se tiene que, vistos: i) el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimientos de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y ii) el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso extraordinario de revisión, entre otros, con base en las causales del artículo 20 de la Ley 797, que dispone:

[…] Artículo 251. […] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento transaccional o conciliatorio […]

34. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 31 de octubre de 2013. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2014 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 26 de abril de 2016; es decir dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.

Problema jurídico

35. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver consiste en determinar si se configuran o no las causales de revisión señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, al ordenarse la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, atendiendo: i) el ingreso base de liquidación del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio con la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo y ii) sin atender los topes máximos fijados en la Ley y, en consecuencia, determinar si se declara o no fundado el recurso extraordinario de revisión.

Marco normativo del recurso extraordinario especial de revisión de sentencias sobre pensiones establecida en el artículo 20 de la Ley 797

36. Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de las sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, determinó:

[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. […]” (Resalta la Sala).

37. Atendiendo a que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

37.1. Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, aquellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

37.2. Tienen legitimación en la causa por activa para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

37.3. Respecto de su alcance, se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira. De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación.

37.4. Se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con las normas que rigen la materia.

Marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797

38. Visto el literal a) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de Naturaleza Pública; en especial cuando el reconocimiento “[…] se haya obtenido con violación al debido proceso […]”.

39. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, mediante las cuales se busca la protección del individuo dentro de una actuación judicial o administrativa para que, durante su trámite, se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son:

39.1. El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en las sentencias.

39.2. El derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

39.3. El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.

39.4. El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;

39.5. El derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.

39.6. El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas.»

40. Por su parte, esta Corporación respecto de esta causal ha considerado:

“[…] Por contera, es claro que, para la Sala de Decisión, la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, lo que recoge es ese vicio o glosa que empaña el reconocimiento del derecho prestacional desde su sustancialidad, esto es, desde los presupuestos de su existencia que implican contar en su haber con el beneficio de que se trata, o lo que es lo mismo, ante la carencia de los requisitos para predicarlo a su favor.

Sin perjuicio de lo anterior, esta judicatura considera pertinente aclarar que por esencia, el recurso extraordinario de revisión no fue concebido para refutar la valoración de las pruebas contenida en la providencia que se busca infirmar, por lo que en el contexto de la causal que se analiza, a la luz del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el operador extraordinario debe armonizar en forma perfecta los elementos y presupuestos propios del recurso extraordinario de revisión y la causal en cita.

Para tal efecto, le corresponde adentrarse en el estudio de los núcleos esenciales que componen el derecho fundamental del debido proceso, en los que se encuentra el espectro probatorio, pero para no exceder el límite estructural del recurso extraordinario de revisión, se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario, por cuanto no se trata de una tercera instancia, como ya lo ha decantado, en forma reiterada, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo […]”.

41. De lo anterior se colige que los presupuestos de esta causal son los siguientes: i) que el derecho haya sido reconocido; ii) que ese reconocimiento haya sido espurio por haberse obtenido mediante la transgresión al debido proceso; es decir, que el origen o génesis del derecho es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor y iii) se impone la evaluación de las pruebas incorporadas en el expediente al margen de la valoración realizada por el juez natural de la causa, de lo contrario se reviviría el debate jurídico y procesal del asunto de origen, lo cual es ajeno a este medio de defensa extraordinario.

42. Conforme le indicado por el artículo 250 de la Ley 1437, si se halla fundada, entre otras, la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 se “[…] declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda […]”.

Marco normativo de la causal de revisión señalada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797

43. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.

44. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

45. Bajo ese entendido, esta Corporación ha determinado que esos requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del régimen especial de pensiones de la Rama Judicial y del Ministerio Público establecido en el Decreto 546 de 1971

46. Visto el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, que dispone el régimen de pensión especial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público en los siguientes términos:

“[…] Art. 6°.- los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad si sin hombres, y de 50 si son mujeres, y cumplir veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos diez (10) lo hayan sido exclusivamente en la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, en las actividades citadas […]

47. Visto el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, sobre otros factores de salario se indicó que constituyen los siguientes factores salariales

“[…] ARTÍCULO 12. DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación.

b) La prima de antigüedad.

c) El auxilio de transporte.

d) La prima de capacitación.

e) La prima ascensional.

f) La prima semestral.

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio […]”.

48. La especialidad del régimen se traducía en que la pensión se liquidaba con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, siempre y cuando el funcionario cumpliera: i) 55 años de edad si era hombre o 50 años de edad si era mujer; ii) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971 y iii) de los cuales, por lo menos diez (10) años de servicio en la Rama Judicial o el Ministerio Público.

49. Asimismo, la Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que debía tenerse en cuenta como factores salariales además de la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, todas las sumas que habitual y periódicamente recibiera el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del régimen de transición de la Ley 100

50. Vista la Ley 100 que organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar.

51. Visto el artículo 36 ibidem, se observa que desarrolló un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

“[…] ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley […]”

52. De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

Corte Constitucional

53. En la sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100, frente a la diferenciación que hacía la norma original entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente a la inclusión o no del ingreso base de liquidación en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, profirió sentencias, según las cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100.

54. Este criterio jurisprudencial se sostuvo en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, entre otras en: T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-711 de 2007, T-180 de 2008 y T-610 de 2009, en las que reiteró el criterio citado supra.

55. En la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013 al referirse al régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual el ingreso base de liquidación no hacía parte de las normas de transición, así lo sostuvo:

“[…] En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso […]”.

56. En la sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015 definió claramente que la anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

“[…] Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca […]” (Negrilla por fuera de texto).

57. A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha proferido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU 427 de 11 de agosto de 2016 y SU 395 de 22 de junio de 2017. En esta última providencia la Corte Constitucional conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976, y consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100, según corresponda, también cobijaba a quienes venían rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.

Sección Segunda del Consejo de Estado

58. El Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el ingreso base de liquidación sí hacía parte del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010. En la citada sentencia se determinó que el ingreso base de liquidación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 era el previsto en el régimen pensional anterior, ello en aplicación de los principios de inescindibilidad de la ley laboral. Asimismo, señaló que, en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad y favorabilidad en materia laboral, debía incluirse en la base de liquidación de la pensión, la totalidad de lo devengado por el empleado por concepto de salario.

59. Lo anterior, en la medida que el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, no aludió de manera taxativa, sino enunciativa, a los factores salariales que se deben incluir en la liquidación de la pensión de jubilación, y, por tanto, al momento de efectuar el reconocimiento pensional se deben incluir además aquellos “que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio”.

60. En la sentencia de 25 de febrero de 2016 la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó los alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, por considerar que dicha sentencia avaló la interpretación que tiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a las competencias que corresponden a la jurisdicción ordinaria para liquidar la pensión de jubilación con el promedio de los últimos 10 años de servicios de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100.

61. Indicó que la Corte no se refirió a las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa, que conoce de los regímenes especiales del sector público en materia pensional, “[…] de cuyos múltiples regímenes normativos especiales de pensiones, en virtud del régimen de transición pensional, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de referirse específicamente a las interpretaciones acerca del monto de las pensiones de transición por parte de esta jurisdicción y las ha considerado ajustadas a la Constitución y a la ley, con excepción de las pensiones del régimen de Congresistas y asimilados al mismo, precisamente en virtud de la sentencia C-258 de 2013[…]”.

62. Por lo cual, esta Corporación señaló en la referida sentencia, que las sentencias C-258 de 2013 y SU- 230 de 2015, no constituían precedente para extender la interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, siendo que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se limitaban a las normas de la Ley 4° de 18 de mayo de 1992 y no a la interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector público.

63. Ahora bien, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2016, dentro de la acción de tutela identificada con el número único de radicación 11001 03 15 000 2016 01334 01, al estudiar el ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación de las personas cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la UGPP, por considerar que “[…] la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU- 230 de 2015 al resto de los regímenes especiales de pensión, que consiste en que el ingreso base de liquidación -IBL no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993 […]”, indicando que, esta regla jurisprudencial se hizo obligatoria para todas las autoridades judiciales y administrativas a partir de la publicación de la sentencia SU 230 de 2015, por lo cual, ordenó a la Sección Segunda proferir una sentencia de remplazo.

64. La Sección Segunda del Consejo de Estado, para dar cumplimiento a la orden citada supra, profirió la sentencia de 9 de febrero de 2017, no obstante, en su parte considerativa sostuvo que “[…] la Sala advierte que la sentencia en los términos que aquí se adopta obedece, simple y llanamente, al cumplimiento del fallo de tutela del 15 de diciembre de 2016, empero, no constituye una modificación al criterio interpretativo que del régimen de transición consagrado en la ley 100 de 1993, ha sostenido la Sección Segunda de esta Corporación […]”, es decir, sostuvo el criterio jurisprudencial del ingreso base de liquidación sostenido en las sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010 y de 25 de febrero de 2016.

Postura unificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo frente a la liquidación pensional de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

65. En sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la Sala Plena de la Corporación unificó su criterio sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el Ingreso Base de Liquidación y ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

66. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el Ingreso Base de Liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

67. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren establecidos expresamente en la Ley.

68. En cuanto a las subreglas consideró:

68.1. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

“[…] - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE […]”.

68.2. La segunda, determina “[…] que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones […]”. Esta subregla se justifica, así:

“[…] 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones […]”.

68. Acorde con lo expuesto, el Ingreso Base de Liquidación para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en el régimen pensional anterior.

Postura unificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado frente a la liquidación pensional a las personas a las que se les aplica el Decreto 546 de 1971 por ser beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

69. Conforme se ha indicado supra, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un principio establecía que la consecuencia de ser beneficiario de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100, era que se tuviera en cuenta al momento de estudiar el reconocimiento del derecho pensional, los requisitos establecidos en el régimen anterior del sector público al cual se encontraran afiliados los beneficiarios, referidos a la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas, y la forma de liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión con la totalidad de los factores salariales que hubiera devengado en dicho periodo, ello en consonancia con el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010

70. No obstante lo anterior, a través de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 por el régimen de transición de la Ley 100, en el sentido de señalar que el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:

70.1. Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

70.2. Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público establecidos en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

70.3. Por tanto, determinó que esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior determinados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%.

70.4. Sobre el ingreso base de liquidación puntualizó que no hace parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al señalado por los artículos 21 y 36 de la Ley 100, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE.

71. Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Tal posición se acompasa con la posición anunciada por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-210 de 2017, y SU-023 de 2018, según la cual el propósito del Legislador era evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

72. En cuanto a los factores de liquidación determinó que se debían incluir los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, es decir: la asignación básica mensual; los gastos de representación; la prima técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y la bonificación por servicios prestados.

73. Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª, que a su vez dio cumplimiento a lo establecido por el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, tienen derecho a que se computen como factores salariales en la liquidación de su pensión los siguientes: i) prima especial para los magistrados y agentes delegados ante la Rama Judicial; ii) la bonificación por compensación creada para los magistrados y agentes del Ministerio Público ante magistrados de tribunales; iii) la prima de productividad para los empleados judiciales; iv) la bonificación por actividad judicial establecida para los jueces y procuradores judiciales 1 y v) la bonificación judicial instituida para los servidores de la Rama Judicial.

74. Lo anterior, toda vez que en forma expresa la normatividad aludida dispuso que se constituyen en factores de salario para efecto de determinar su ingreso base de cotización, siempre y cuando respecto de ellos se hayan efectuado los aportes correspondientes. De ahí, la providencia citada supra consideró que prestaciones tales como las primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser incluidas en la liquidación de la pensión, dado que no constituyen factor salarial.

75. Por último, consideró que las reglas jurisprudenciales constituyen precedente vinculante y obligatorio en los siguientes casos: i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, determinó que no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables. Indicó textualmente lo siguiente:

“[…] No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA […]”-

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el límite al reconocimiento y pago de mesadas pensionales

76. Visto el artículo 2 de la Ley 4 de 1976, el cual dispuso que “[…] Las pensiones a que se refiere el Artículo anterior […] no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario […]”.

77. Vistos el artículo 2 de la Ley 71 de 19 de diciembre de 1988 y el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989, impusieron un nuevo límite correspondiente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

78. Visto el artículo 18 de la Ley 100 estableció que “[…] cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a 20 salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no podrá ser superior a dicho valor […]. Con posterioridad, a través del artículo 2 del Decreto 314 de 4 de febrero de 1994 […] por el cual se limita la base de cotización obligatoria del Sistema General de Pensiones”, el presidente de la República, previó que “[…] el monto de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, no podrá ser superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales […]”.

79. Visto el artículo 5.° de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 que modificó el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100, indicó que “[…] el límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales […]”.

80. Luego, se elevó a rango constitucional el límite para el reconocimiento pensional a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, mediante el Acto legislativo 01 de 2005, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:

[…]

Parágrafo 1o. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública […]”

81. Sobre el asunto, se tiene que la Corte Constitucional en la sentencia del C-155 de 19 de marzo de 1997, indicó que resultaba legítimo que la ley señalara topes máximos al monto de la pensión, sin que por ello el derecho a la seguridad social se entendiera afectado. En tal sentido, mencionó que dichos límites lo estableció el legislador en consideración de “[...] fenómenos económicos y sociales con un indudable propósito de desarrollar principios básicos fundamentales dentro de la creación de un complejo sistema de seguridad social tendiente a garantizar los derechos irrenunciables de la persona, acorde a un sistema que comprende obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico de salud y servicios complementarios, mediante un servicio público eficiente, universal, solidario, integral, unitario y participativo, cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado y prestado por entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidas en las leyes […]”.

Tope de las mesadas pensionales de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100

82. Conforme lo ha considerado la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Ley 100 tenía entre otros, como objetivo unificar la normativa en lo referente a la diversidad de regímenes pensionales especiales existentes. No obstante, con el fin de garantizar los derechos de quienes se encontraban próximos a consolidar su derecho pensional o tuviesen cierto tiempo de servicio, el artículo 36 de la mencionada Ley 100 previó un régimen de transición, entre otros, el dispuesto para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, contenido en el Decreto 546 de 1971.

83. Sobre este punto, la Sección Segunda advirtió que a pesar de que dicha norma no fijó límite máximo a los montos de las pensiones reconocidas en virtud del referido régimen especial pensional, tal omisión no era pretexto para sustraerse de aplicar los precitados umbrales pensionales, comoquiera que los topes pensionales existen desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior, mediante su artículo 48, buscó establecer los límites para todas las mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública, con la finalidad de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

84. En este sentido, determinó que en ausencia de norma expresa en el régimen especial, rige la del sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones se sujetan a un límite, que no es otro diferente al de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, la citada jurisprudencia explicó que por medio de las sentencias C-089 de 1997, C-155 de 1997 y C 258 de 2013 la Corte Constitucional señaló que en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y en las disposiciones que la modifican en lo pertinente, máxime, cuando este aspecto no se amparó con el régimen de transición de la citada normativa y dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

84.1. A su vez, la Corte Constitucional en la sentencia T- 360 de 2018, dispuso:

“[…] En este sentido, se señaló en dicha Sentencia C-258 de 2013 que los topes pensionales son un límite existente desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y que su incorporación en el texto superior mediante su artículo 48 busca establecer los topes “para todas las mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza pública”, con el fin último de “limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993” (resaltado propio).

En este sentido, se señaló que “en ausencia de norma expresa en el régimen especial, rige la del sistema general de pensiones, conforme a la cual las pensiones sí están sujetas a tope, y ese tope es 25 smlmv. Se explicó que por medio de las Sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, se advirtió que “en caso de que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo pertinente.”

Al efecto, en esta decisión se explicó que la imposición de topes pensionales se exige porque se trata de un sistema administrado por subsidios con recursos públicos. “La razón para su establecimiento reside en el hecho que, en los sistemas de prima media, la mesada pensional incorpora un componente sustancial de subsidio con recursos de naturaleza pública. Esto es, el sistema de aportes por cuenta del empleado y del empleador, no alcanza a generar los recursos para financiar una pensión vitalicia con las previsiones de los distintos regímenes sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, lo cual implica que la diferencia se paga con recursos públicos. El legislador, en consonancia con previsiones constitucionales, encontró, que en materia pensional tales recursos deben destinarse a subsidiar las pensiones de las personas de más bajos ingresos y a ampliar la cobertura del sistema” (negrilla resaltada) […]”

Análisis de las causales de revisión

85. La parte recurrente, en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca las causales señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797, comoquiera que, a su juicio, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia recurrida, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición de la Ley 100, con una cuantía que excede lo debido al aplicar en su integridad el Decreto 546 de 1971 y no tener en cuenta el ingreso base de liquidación establecida en los artículos 21 o 36 de la citada Ley 100 y sin tener en cuenta los topes pensionales establecidos.

86. En esa medida, la Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a través de los criterios jurisprudenciales citados supra, para la configuración de las citadas causales, de la siguiente manera:

Respecto de la causal indicada en el numeral a) del artículo 20 de la Ley 797

87. Esta Corporación ha determinado que los requisitos sustanciales de esta causal de desconocimiento del derecho al debido proceso, se estructura en el en el entendido que el origen de la prestación es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor.

88. En las anteriores condiciones, en el caso sub examine, al no discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, sino su cuantía, para esta Sala los argumentos descritos en el recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 y, en esa medida, se declarará que no se configuró la citada causal de revisión.

Respecto de la causal indicada en el numeral b) del artículo 20 de la Ley 797

89. En relación con la cuantía del derecho pensional del señor Eduardo José Arrubla León, se observa que la sentencia recurrida reliquidó la pensión de jubilación: i) el ingreso base de liquidación del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 9 de diciembre de 2002 al 8 de diciembre de 2003; ii) con la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo: asignación básica, primas de navidad, especial de servicios, vacaciones, navidad, servicios, bonificaciones por servicios prestados y por compensación, los cuales fueron incluidos por la entidad demandada en la reliquidación pensional y iii) sin limitar la prestación al tope de los 25 salarios mínimos legales vigentes.

Sobre el Ingreso Base de liquidación

90. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión consideró que no era viable aplicar la posición que sobre el ingreso base de liquidación desarrolló la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, comoquiera que en ellas se analizó de forma particular lo relativo al régimen especial de los congresistas, quienes se rigen por una normativa que no le es aplicable a la parte demandante.

91. Explicó que, de la lectura del artículo 36 de la Ley 100, en armonía con la sentencia de unificación proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, se concluía que el régimen de transición no hacía excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidarla, toda vez que el monto de dicha prestación es el establecido en las normas anteriores a la entrada en vigencia del régimen general de pensiones, entendiendo por monto, no solo el porcentaje de la pensión, sino también la base de dicho porcentaje.

92. Por tanto, al dar aplicación a la postura jurisprudencial del Consejo de Estado, en ejercicio de las facultades propias de la autonomía e independencia judicial y en virtud de los principios de favorabilidad, progresividad e inescindibilidad normativa, consideró que la pensión del señor Eduardo José Arrubla León debió liquidarse de conformidad con la aplicación integral del Decreto 546 de 1971 y con la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo.

93. De acuerdo con lo anterior, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional se tiene lo siguiente:

94. Conforme a lo considerado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia y por esta Sala de decisión, en lo referente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a la sentencia objeto de examen, se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ibidem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.

95. Asimismo, la sentencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que contraría el artículo 13 de la Constitución Política.

96. De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a infirmar la sentencia cuestionada.

97. Conviene aclarar que, si bien en la sentencia C-258 de 2013 se fijó una regla según la cual todas las pensiones obtenidas con abuso del derecho o con fraude a la ley debían ser revisadas y reliquidadas, lo cierto es que se refirió específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado, condición que no reunía el señor Eduardo José Arrubla León y en todo caso, en este particular, no existe prueba del aumento o incremento significativo de los ingresos en el último año de servicios ni una vinculación precaria para determinar el ingreso base de liquidación, razón por la cual, en manera alguna resulta aplicable al sub examine. En efecto, acreditó los siguientes tiempos de servicio:

Entidad
Desde
Hasta
ICBF
22 de octubre de 1969
21 de octubre de 1977
Rama Judicial
21 de octubre de 1977
8 de diciembre de 2003

Total
12.317 días laborados correspondiente a 1.759 semanas

98. Ahora, es de anotar, que para el momento en el que se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de la Ley 100, era que también se rige por las normas anteriores a dicha ley, en el caso concreto con la aplicación integral del régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971.

99. A lo anterior se agrega que, si bien las demás sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional en materia del ingreso base de liquidación que citó el recurrente, las cuales sostienen una posición diferente a la expuesta por el Consejo de Estado en el proveído referido, fueron proferidas con posterioridad a la sentencia objeto de revisión, también lo es que, en aplicación de la teoría del apartamiento judicial, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia del juez, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartó de los criterios jurisprudenciales contenida en la sentencia C 258 de 2013 y acogió los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

100. En efecto, la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión reconoció la existencia de los dos precedentes disímiles frente al ingreso base de liquidación que habrá de tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100, y analizado su contenido, consideró que la interpretación normativa expuesta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ajustaba a los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub examine, sumado al hecho de que la postura de la Corte Constitucional no era aplicable al señor Eduardo José Arrubla León por no ostentar la calidad de congresista; cumpliéndose así con la carga argumentativa necesaria para apartarse del precedente que sostenía una posición distinta.

101. En el mismo sentido, en lo referente a la inclusión de los factores salariales, en el ingreso base de liquidación es importante señalar que la tesis acogida por el juez de segunda instancia en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial fue la sostenida por el Consejo de Estado según la cual, era plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como retribución de su labor durante el último año.

102. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio jurisprudencial del propio Consejo de Estado. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante.

103. Es importante resaltar que, aunque en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, según la cual el ingreso base de liquidación no forma parte de la transición, y definió cómo se deben liquidar las pensiones del régimen de transición, también es cierto que en esa sentencia se señalaron los efectos que ese nuevo criterio unificado tendría respecto de las situaciones consolidadas.

104. En aquella providencia se indicó que no se afectarían las situaciones favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los reconocimientos pensionales realizados con aplicación de la tesis anterior contenida, entre otras, en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en este asunto.

105. En suma, se demostró que el señor Eduardo José Arrubla León es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100, pues este aspecto no fue discutido. Su pensión fue liquidada con base en la aplicación integral del Decreto 546 de 1971, criterio vigente para ese momento, según la cual el ingreso base de liquidación hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. En consecuencia, no se configura la causal prevista por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797. Esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica.

El límite al reconocimiento y pago de la mesada pensional

106. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión estableció que la reliquidación de la pensión del señor Eduardo José Arrubla León debía realizarse
sin aplicar el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, toda vez que la existencia de un régimen especial implicaba que las mesadas pensionales adquiridas bajo su régimen quedaban excluidas automáticamente de la citada limitación al no ser expresamente incluidas.

107. Ahora, conforme lo ha considerado la Sección Segunda en la jurisprudencia citada supra se puede determinar que: i) el límite al reconocimiento y pago de la mesada pensional no fue objeto del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100; ii) ante la ausencia de norma expresa en el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, rige la del sistema general de pensiones, conforme al cual las pensiones se sujetan a un límite, que no es otro diferente al de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las disposiciones que la modifican en lo pertinente y iii) los topes pensionales existen desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

108. En las anteriores condiciones se infirmará la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 31 de octubre de 2013, en lo relativo únicamente al reconocimiento de los topes pensionales en la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, estableciendo que la misma no podrá ser superior a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sobre la devolución de las sumas pagadas de buena fe

109. En cuanto a la pretensión correspondiente a la devolución de sumas pagadas de buena fe, se considera que, tratándose de casos donde se discuten prestaciones periódicas, y principalmente cuando la pretensión de restablecimiento es el reembolso o la devolución de sumas de dineros pagadas y no debidas, la ley se ha encargado de cualificar la manera en que ello es posible.

110. En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que, en estos eventos, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.

111. Así las cosas, la buena fe se presume en todos los actos de los particulares y de las autoridades y, en esa medida, en orden de hacer viable el reembolso de las sumas de dinero perseguidas en la demanda, la UGPP debió centrar su esfuerzo procesal en demostrar no solo la legalidad del reconocimiento contenido dentro de los actos administrativos acusados, sino también, en acreditar que la obtención de tal derecho por parte del señor Eduardo José Arrubla León se hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe, que como se ha precisado son presumibles.

112. Sin embargo, esta carga no fue debidamente asumida por la UGPP, pues en el plenario no existen pruebas que evidencien la mala fe del señor Eduardo José Arrubla León, por lo que es improcedente la recuperación de las sumas pagadas en su favor por virtud del presente recurso extraordinario de revisión,

SENTENCIA DE REEMPLAZO

113. Esta Sala indicará que los antecedentes del presente asunto fueron expresamente indicados en los numerales 1 a 16 de la presente providencia y que incluyeron: las pretensiones, los hechos relevantes, normas violadas y concepto de violación, sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los recursos de apelación.

114. Ahora, en el presente asunto, no se encuentra en discusión que el señor Eduardo José Arrubla León se encontraba amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 y, en esa medida, le era aplicable el régimen anterior contenido en el Decreto 546 de 1971, toda vez que laboró de forma exclusiva por más de 10 años al servicio de la Rama Judicial. Además, se tiene probado lo siguiente:

114.1. El señor Eduardo José Arrubla León nació el 5 de abril de 1942 y trabajó de manera ininterrumpida en el Instituto Colombiano de Bienestar Familia desde el 22 de septiembre de 1969 hasta el 22 de septiembre de 1977 y, posteriormente, en la Rama Judicial hasta el 8 de diciembre de 2003, siendo el último cargo desempeñado el de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

114.2. Mediante la Resolución 23272 de 3 de noviembre de 2004, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la entidad demandada le reconoció la pensión de jubilación, con los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto del Decreto 546 de 1971, pero con el ingreso base de liquidación establecido en el artículo 36 de la Ley 100; es decir, efectuada con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 9 años, 8 meses y 6 días efectiva a partir del 9 de diciembre de 2003.

114.3. La entidad demandada, a través de la Resolución núm. 23272 de 3 de noviembre de 2004, dio cumplimiento a una sentencia de tutela proferida por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, en donde se ordenó reliquidar la pensión del demandante, con nuevos factores salariales (asignación básica, primas de navidad, de servicios, vacaciones, especial, y bonificaciones por compensación y por servicios), teniendo en cuenta que el retiro del servicio fue a partir del 9 de diciembre de 2003.

114.4 El señor Eduardo José Arrubla León solicitó a la entidad demandada la reliquidación de su pensión de vejez, aplicando en su integridad el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es con el 75% de la asignación mensual más elevada en el último año de servicios, con la correspondiente indexación y sin el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 9 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales certificados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

114.5 La entidad demandada mediante las resoluciones PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011, reliquidó su pensión de jubilación, de conformidad con el Decreto 546 de 1971, pero limitó la cuantía a un tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y negó: i) la inclusión de factores salariales diferentes a los reconocidos en la Resolución núm. 23272 de 3 de noviembre de 2004 y ii) el reajuste de la primera mesada pensional, en la medida que, de oficio, anualmente procedía a reajustar las pensiones de acuerdo al índice de precios al consumidor.

114.6. A través de la Resolución UGM 022154 de 22 de diciembre de 2011, modificó el artículo 1.° de la Resolución PAP 56818 de 10 de junio de 2011 y dispuso reliquidar su pensión de vejez con efectos fiscales a partir del 13 de noviembre de 2005.

115. Ahora bien, al revisar el caso concreto, la Sala determina que las resoluciones que reliquidaron la pensión de jubilación incluyendo el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes no están viciadas de nulidad, dado que, se reitera, en virtud de las sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997 de la Corte Constitucional y por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se indicó que: i) el límite al reconocimiento y pago de la mesada pensional no fue objeto del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100; ii) ante la ausencia de norma expresa en el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, rige la del sistema general de pensiones, conforme al cual las pensiones se sujetan a un límite, que no es otro diferente al de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las disposiciones que la modifican en lo pertinente y iii) los topes pensionales existen desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

116. En las anteriores condiciones: i) se revocará parcialmente el ordinal segundo de la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012, en primera instancia, por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró la nulidad parcial de las resoluciones PAP 056818 del 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011 que reliquidó la pensión del señor Eduardo Arrubla León con el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, en su defecto, negará dicha pretensión; ii) el ordinal tercero, en el cual se ordenará a la entidad demandada a reliquidar y pagar al señor Eduardo José Arrubla León su pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 9 de diciembre de 2003, con la limitación del tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de conformidad con el régimen especial aplicable, es decir, teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que le correspondió en el último año de servicios, incluyendo todos los factores devengados en tal periodo, conforme lo establecido en la parte motiva de esta providencia y iii) se confirmará en lo demás la sentencia apelada.

Condena en costas

117. Vistos los artículos 188 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564 en especial, su numeral 8.º, sobre condena en costas.

118. Atendiendo a que esta Corporación ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la condena en costas que implica: i) objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto y ii) valorativo porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.

119. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandada, en la medida que, si bien se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.

Conclusiones de la Sala

120. Por las razones expuestas, esta Sala considera que, no se configura la causal de revisión prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797, toda vez que al no discutirse el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, sino su cuantía, los argumentos descritos en el recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la citada causal.

121. No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 al ordenar reliquidar la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León con base en la aplicación integral del Decreto 546 de 1971, toda vez que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio del propio Consejo de Estado apartándose del criterio jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional respecto a la liquidación de las pensiones de jubilación que se encontraba en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100.

122. Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 al ordenar reliquidar la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León sin el límite al reconocimiento y pago de la mesada pensional, toda vez que este aspecto no fue objeto de la transición del artículo 36 de la Ley 100 y porque si bien no fue objeto de reconocimiento en las normas especiales, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado los topes pensionales existen desde antes de la expedición el Acto Legislativo 01 de 2005 y dicho mandato es imperativo y categórico, y cobija a todas las prestaciones reconocidas bajo los regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO parcialmente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 15001 23 31 000 2008 00098 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INFIRMAR parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 15001 23 31 000 2008 00098 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. La sentencia de remplazo quedará así:

“[…] PRIMERO: REVOCAR parcialmente el ordinal segundo de la sentencia apelada, únicamente en cuanto declaró la nulidad parcial de las resoluciones PAP 056818 del 10 de junio de 2011 y UGM 012661 de 10 de octubre de 2011 que reliquidó la pensión del señor Eduardo Arrubla León con el tope de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En su lugar, NEGAR la citada pretensión.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“CONDÉNASE a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, o al ente público que lo reemplace o asuma sus derechos y obligaciones, a reliquidar y pagar al señor EDUARDO JOSÉ ARRUBLA LEÓN su pensión mensual vitalicia de jubilación, a partir del 9 de diciembre de 2003, con la limitación de su cuantía con el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y de conformidad con el régimen especial aplicable, es decir, teniendo en cuenta el 75% de la asignación más elevada que le correspondió en el último año de servicios, incluyendo todos los factores devengados en tal periodo”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones del recurso extraordinario de revisión.

CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado (E)
Salvamento parcial de voto

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera de Estado
Aclaración de voto

ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS
Consejero de Estado (E)
Aclaración de voto

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Consejero de Estado

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN REVISIÓN DE LAS SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Razón de la aclaración. No se desarrolló el requisito de procedencia del recurso extraordinario de revisión, referido a la legitimación en la causa por parte de la UGPP. Respecto de este requisito, aclaro mi voto porque debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión. En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo, el gobierno nacional con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6 del Decreto 5021 del 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Consecuentemente y por las razones señaladas, el medio extraordinario que promueve la UGPP cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa, cuestión que debió desarrollarse de manera expresa en la decisión adoptada por la Sala 15 Especial de Decisión.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL IBL

Razón del salvamento parcial de voto. Estimo que en este caso también se configuró la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, en los términos indicados por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, que es anterior a la decisión objeto del recurso extraordinario bajo estudio y constituye precedente constitucional de carácter obligatorio. En este caso la pensión reconocida al señor Eduardo Arrubla León en la sentencia del 31 de julio de 2013, supuso erogaciones que exceden lo que en derecho le corresponde a su beneficiario, por superar el tope de los 25 smlmv, como lo encontró acreditado la Sala, y además, porque esto afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de la seguridad social. […]. [n]o es posible reconocer una pensión teniendo en cuenta el 75% del salario más elevado en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores devengados, porque ese reconocimiento desconoce el precedente judicial establecido en la sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013. […].en el caso concreto debía dictarse la correspondiente sentencia de remplazo no sólo en relación con el tope, sino también respecto del IBL, porque no hace parte del régimen de transición y, por ende, no es posible ordenar el pago de una mesada pensional con el 75% de la asignación más elevada en el último año y con la inclusión de todos los factores devengados. Es decir, la sentencia de reemplazo debió ajustarse a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, dictada en la sentencia del 11 de junio de 2020.

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejera: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Decisión objeto de recurso:
Sentencia del 31 de octubre de 2013 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Quince Especial de Decisión, a continuación, se exponen las razones por las que se suscribe el vocativo de la referencia con aclaración y salvamento parcial de voto.

Síntesis del caso

Proceso de nulidad y restablecimiento

En sentencia del 6 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C accedió a lo pretendido por el señor Eduardo José Arrubla León, al considerar que el actor era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le era aplicable lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Adicionalmente, la autoridad judicial adujo que i) no resultaba aplicable el tope de 25 salarios mínimos legales vigentes, toda vez que la norma en cita no estableció límites para el reconocimiento de las pensiones; ii) el monto de la pensión de jubilación debía ser el equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios, sin tope de cuantía en su mesada pensional; iii) en los términos de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, no había lugar a declarar la prescripción de mesadas pensionales, toda vez que el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación de la parte demandante se hizo exigible a partir del 4 de octubre de 2007 y el 13 de noviembre de 2008 fue presentada la solicitud de reliquidación, interrumpiendo la prescripción; iv) no procede el reconocimiento de los intereses de mora.

Tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recurso de apelación. La primera de ellas expuso que, en los términos señalados en el inciso 5° del artículo 177 del Decreto 01 de 1984 y en la sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999 proferida por la Corte Constitucional, “[…] las cantidades liquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y moratorios […]”, por lo que es procedente el reconocimiento de los intereses sobre la suma adeudada.

La segunda, indicó que al demandante, por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, se le debía aplicar de forma integral el Decreto 546 de 1971 y sus decretos reglamentarios, y que, conforme con las sentencias C-089 de 26 de febrero de 1997 y C-258 de 7 de mayo de 2013 proferidas por la Corte Constitucional, la mesada pensional no podía superar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues la existencia de un régimen especial no implica la exclusión automática de dicho tope.

Mediante sentencia del 31 de octubre de 2013 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, decidió el recurso de apelación y confirmó la sentencia del tribunal.

Como fundamento de su decisión expuso que, de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el tribunal había acertado en dar aplicación al Decreto 546 de 1971 y no adoptó la posición que sobre el ingreso base de liquidación desarrolló la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, porque esa decisión se pronunció de forma particular sobre el régimen especial de los congresistas, regidos por una normativa no aplicable a la parte demandante.

Sumado a lo anterior, advirtió que el régimen de transición no exceptúa los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidarla y precisó que no había lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa.

Recurso extraordinario de revisión

El 26 de abril de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en:

Las causales previstas en el artículo 20 literales a) y b) de la Ley 797 de 2003, según el cual: «Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley».

Señaló que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión, era contraria a los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, pues el derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

Indicó que el señor Eduardo José Arrubla León, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la reliquidación pensional bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstas en el Decreto 546 de 1971, pero con el ingreso base de liquidación establecido en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, que, para el caso concreto, correspondía al 75% de lo devengado en los últimos 10 años de servicios, incluyendo los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994.

Adujo que conforme con las sentencias C-089 de 26 de febrero de 1997 y C-258 de 7 de mayo de 2013, se debe aplicar el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, porque la existencia de un régimen especial no implica que las mesadas pensionales adquiridas bajo su régimen queden excluidas automáticamente de esta disposición, establecida, entre otras, en el Acto Legislativo 01 de 2005.

El fallo de la Sala 15 Especial de Decisión

En sentencia del 19 de julio de 2021, la Sala Especial declaró fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP por las siguientes razones:

No se configura la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque el Consejo de Estado ha determinado que los requisitos sustanciales de esta causal de desconocimiento del derecho al debido proceso, se estructura bajo el entendido de que el origen de la prestación es falaz y la persona carecía de los requisitos para predicarlo a su favor.

Como el sub examine no controvierte el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación del señor Eduardo José Arrubla León, beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, sino su cuantía, la Sala concluyó que los argumentos descritos en el recurso extraordinario de revisión no guardan relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797.

Se configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la sentencia recurrida reliquidó la pensión de jubilación teniendo en cuenta: i) el ingreso base de liquidación del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 9 de diciembre de 2002 al 8 de diciembre de 2003; ii) con la totalidad de los factores salariales devengados en dicho periodo y iii) sin limitar la prestación al tope de 25 salarios mínimos legales vigentes.

Motivos de la aclaración y salvamento parcial del voto

Por cuestiones metodológicas, expondré en primer lugar la razón por la cual aclaro mi voto en relación con la decisión adoptada por la Sala 15 Especial de Decisión en la sentencia del 19 de julio de 2021, para luego, indicar los motivos por los cuales suscribo la providencia mencionada con salvamento parcial de voto.

Si bien comparto la decisión de declarar fundado el recurso el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que (i) la Sala omitió explicar la legitimación en la causa por activa de la UGPP como entidad recurrente y (ii) el recurso debió declararse fundado no solamente por la violación al tope máximo de 25 smlmv, sino porque, además, la pensión se liquidó con factores frente a los cuales no se realizaron las respectivas cotizaciones.

1.3.1 de la aclaración

1.3.1.1 No se desarrolló el requisito de procedencia del recurso extraordinario de revisión, referido a la legitimación en la causa por parte de la UGPP

Respecto de este requisito, aclaro mi voto porque debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión.

En efecto, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

Así mismo, el gobierno nacional con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6 del Decreto 5021 del 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Consecuentemente y por las razones señaladas, el medio extraordinario que promueve la UGPP cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa, cuestión que debió desarrollarse de manera expresa en la decisión adoptada por la Sala 15 Especial de Decisión.

1.3.1.2 El fallo carece de una síntesis de los antecedentes procesales del recurso extraordinario de revisión

Es mi consideración que este aspecto resulta relevante de cara al derecho de acceso a la administración de justicia, así como al derecho de los intervinientes a un proceso sin dilaciones injustificadas, máxime cuando se trata de un asunto relacionado con el monto de una pensión, ya reconocida.

Lo anterior adquiere importancia, si se tiene en cuenta que la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 12 de marzo de 2014, el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 26 de abril de 2016 y el yerro se corrigió en el 2021.

1.3.2 Razón del salvamento parcial de voto

1.3.2.1 Existe un desconocimiento del precedente constitucional sobre el IBL

Estimo que en este caso también se configuró la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, que la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, en los términos indicados por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, que es anterior a la decisión objeto del recurso extraordinario bajo estudio y constituye precedente constitucional de carácter obligatorio.

En este caso la pensión reconocida al señor Eduardo Arrubla León en la sentencia del 31 de julio de 2013, supuso erogaciones que exceden lo que en derecho le corresponde a su beneficiario, por superar el tope de los 25 smlmv, como lo encontró acreditado la Sala, y además, porque esto afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de la seguridad social.

Ello es así, porque se desconoció tanto lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en relación con el IBL que debe aplicarse al régimen de transición, así como las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015.

Conforme con esta decisiones constitucionales, en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la aplicación estricta del artículo 36 de la Ley 100, el IBL no hace parte del régimen de transición; por esta razón no es admisible que por virtud de la autonomía judicial se desconozcan los mandatos jurisprudenciales de unificación.

En consecuencia, no es posible reconocer una pensión teniendo en cuenta el 75% del salario más elevado en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores devengados, porque ese reconocimiento desconoce el precedente judicial establecido en la sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013.

Sobre esta base, no es posible admitir, como si lo hace el fallo, que la sentencia es válida porque los jueces de instancia se apartaron de lo establecido en la sentencia de constitucionalidad con una carga argumentativa.

En relación con los fallos de constitucionalidad, debido a los efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional que se desprenden de ellos, no existe posibilidad de que ningún juez se aparte de la ratio.

Así las cosas, las sentencias de constitucionalidad en Colombia, independientemente de su tipología, tienen carácter inmutable, obligatorio y definitivo, según los artículos 241 superior, que encarga la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional y el artículo 243 ibidem, en cuanto determina que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

El contenido de estos mandatos ha sido desarrollado por el legislador en los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996 y en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991.

Si bien es cierto que en el caso concreto la sentencia revisada aplicó la postura que desarrolló la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, lo cierto también es que, lo que implica este aspecto, es la ausencia de configuración de un abuso del derecho en el reconocimiento de la pensión y, por ende, no hay lugar a ordenar la restitución de los dineros ya pagados.

Contrario sensu, de la aplicación de esa jurisprudencia unificada no puede concluirse que el monto de la mesada pensional no excede lo dispuesto en la ley, porque para el momento en que se resolvió el recurso de apelación por parte de esta Corporación, ya se había dictado la sentencia C-258 de 2013.

Sobre este aspecto, reitero que en esa decisión la Corte Constitucional dictó la regla para ser aplicada a todos los casos pensionales en virtud de la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Tampoco comparto la interpretación que hace el fallo sobre la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020, al afirmar que “En aquella providencia se indicó que no se afectarían las situaciones favorables definidas mediante sentencia judicial con efectos de cosa juzgada, por lo que se deberían conservar los reconocimientos pensionales realizados con aplicación de la tesis anterior contenida, entre otras, en la sentencia de 4 de agosto de 2010 y en los casos en donde ya existía cosa juzgada, tal y como ocurrió en este asunto.”

Lo anterior, por cuanto la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 lo que indicó fue lo siguiente:

“Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA.” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte claramente que si la sentencia objeto del recurso extraordinario se sustentó en una posición anterior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se configura un abuso del derecho en el reconocimiento de la prestación.

No obstante, de esta regla no puede concluirse válidamente, que esas decisiones judiciales no pueden ser modificadas mediante el recurso extraordinario de revisión, cuando se advierte claramente y está acreditado que el monto de la pensión reconocida excede lo establecido en la ley, como ocurrió en este asunto.

1.3.2.2 Era necesario dictar sentencia de reemplazo frente a los dos cargos analizados

De conformidad con el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, cuando se encuentre configurada la causal del literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el juez invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.

A su tenor, para ello resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación, y, si en el expediente no existe prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso concreto debía dictarse la correspondiente sentencia de remplazo no sólo en relación con el tope, sino también respecto del IBL, porque no hace parte del régimen de transición y, por ende, no es posible ordenar el pago de una mesada pensional con el 75% de la asignación más elevada en el último año y con la inclusión de todos los factores devengados.

Es decir, la sentencia de reemplazo debió ajustarse a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, así como la jurisprudencia del Consejo de Estado, dictada en la sentencia del 11 de junio de 2020.

1.3.2.3 Conclusión

En este asunto salvo mi voto parcialmente, porque la decisión mayoritaria conllevó a infirmar parcialmente la sentencia revisada cuando ello debió ocurrir frente a la totalidad de los elementos decisionales, pues la pensión excedió lo debido conforme con la ley en tanto: i) superó el tope legal de los 25 smlmv, y, ii) se liquidó con factores frente a los cuales no se realizaron las respectivas cotizaciones, desconociendo lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el precedente fijado por la Corte Constitucional en la C-258 de 2013.

Además, porque como consecuencia de esa decisión, la sentencia de reemplazo mantuvo incólume una pensión liquidada con factores frente a los cuales no se realizaron las respectivas cotizaciones, circunstancia que afecta el interés general y el principio de solidaridad fundantes del sistema pensional.

Conforme con todo lo anterior, dejo sentadas las razones por las que suscribo esta sentencia con aclaración y salvamento parcial de voto.

(firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada (E)

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO

[A]unque comparto lo (…) decidido, considero oportuno aclarar que a mi juicio en la sentencia objeto de revisión, la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación, no se apartó de la sentencia C-258 de 20132, como se afirma en los considerandos de la providencia que aclaro, en tanto que, en esa oportunidad, lo que se expuso es que «la pensión especial establecida en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, no fue afectada por lo dispuesto en la Sentencia de 7 de mayo de 2013 proferida por la Corte Constitucional

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejera: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Con el respeto debido por la decisión mayoritaria, me permito aclarar el voto en la sentencia expedida en el proceso de la referencia, que resolvió declarar fundado parcialmente el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo proferido el 31 de octubre de 2013 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B1.

Lo anterior, porque aunque comparto lo allí decidido, considero oportuno aclarar que a mi juicio en la sentencia objeto de revisión, la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación, no se apartó de la sentencia C-258 de 20132, como se afirma en los considerandos de la providencia que aclaro, en tanto que, en esa oportunidad, lo que se expuso es que «la pensión especial establecida en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, no fue afectada por lo dispuesto en la Sentencia de 7 de mayo de 2013 proferida por la Corte Constitucional[6]3»4.
Con todo comedimiento,

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ACLARACIÓN DE VOTO / COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO

[C]onsidero que respecto de las costas procesales en materia del recurso extraordinario de revisión existe norma especial, cual es el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011; de acuerdo con esta norma se imponen costas cuando se declare infundado el recurso. Como en este caso prosperó el recurso, no había lugar a costas, por lo que acompañé lo decidido. Adicionalmente, considero que, contrario a lo afirmado en el fallo, sí se causaron agencias en derecho porque la accionada se opuso durante el trámite…

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejero: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS ( E)

Aunque compartí lo decidido respecto del fondo del asunto, considero que respecto de las costas procesales en materia del recurso extraordinario de revisión existe norma especial, cual es el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011; de acuerdo con esta norma se imponen costas cuando se declare infundado el recurso. Como en este caso prosperó el recurso, no había lugar a costas, por lo que acompañé lo decidido. A mi juicio, al existir norma especial, esta se aplica en forma preferente respecto de las normas generales sobre costas del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP.

Adicionalmente, considero que, contrario a lo afirmado en el fallo, sí se causaron agencias en derecho porque la accionada se opuso durante el trámite; sin embargo, la razón para no imponerlas es que no se daban los supuestos de la norma especial para condenar en costas.

Fecha ut supra.

ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
MAGISTRADO (E)

La demanda se presentó por medio de apoderado. Prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”. Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html" \l "150" 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones
Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional
Por el cual se reglamenta el Decreto  HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1567" \l "0" 3135 de 1968.”
Mediante apoderado
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Corte Constitucional, sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional, sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. El recurso se presentó por medio de apoderado, el26 de abril de 2016.
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”. Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, en los siguientes términos: Adiciónese un inciso final al artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, el cual será del siguiente tenor:

Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. El citado artículo señala: “[…] Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: […] 2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia […]”.
“[…] Por el cual se expide el reglamento del Consejo de Estado […]”. Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.

Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 18, providencia de 7 de febrero de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 11001 03 15 000 2016 02753 00.
Ver entre otros: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de 16 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020140165000; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia de 7 de noviembre de 2019, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001031500020180017900 y iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala veintiséis Especial de Decisión, providencia de 5 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001031500020170085800
Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo
De conformidad con el Sistema de Información Judicial Colombiano
La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003, como se explicará infra.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2020, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2012-00924-00 (2793-2012)
Actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
Corte Constitucional, sentencia C-341 de 4 de junio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
Sentencia C-341 de 2014
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 3 de noviembre de 2020, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-03151-00
Sobre el punto véase: sentencia de 3 de marzo de 2020, radicado 11001-03-15-000-2017-02457-00 (REV). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, por la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación: 500012331000201000580-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2016, C.P Luis Rafael Vergara Quintero número único de radicación: 08001233300020130056301
Corte Constitucional, sentencia C- 168 de 20 de abril de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, sentencia T- 631 de 8 de agosto de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia T- 10000 de 15 de noviembre de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T- 169 de 27 de febrero de 2003, M.P, Jaime Araújo Rentería. Corte Constitucional, sentencia T- 651 de 8 de julio de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Corte Constitucional, sentencia T- 386 de 12 de abril de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia T- 158 de 2 de abril de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T- 711 de 7 de septiembre de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia T- 180 de 22 de febrero de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia T- 610 de 2 de septiembre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU-230 de 29 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia SU- 427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Corte Constitucional, sentencia SU- 395 de 22 de junio de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018. Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares. Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4686-2013. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html" \l "150" 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. Consejera Ponente Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Publicada en el sistema web de la Corte Constitucional el 6 de julio de 2015, como se constató en los procesos de los cuales ahora se reitera su criterio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de febrero de 2017, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 25000 23 42 000 2013 01541 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4686-2013.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2013, C.P Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación: 500012331000201000580-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de agosto de 2016, C.P Luis Rafael Vergara Quintero número único de radicación: 08001233300020130056301
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de junio de 2020, número único de radicación: 15001 23 33 000 2016 00630 01. Al respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá 30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
“Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones”
“de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial”
“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
Corte Constitucional, sentencia C-155 de 19 de marzo de 1997, M.P Fabio Morón Díaz.
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2021, C.P. César Palomino Cortés número único de radicación 25000-23-42-000-2014-01410-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de octubre de 2020, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez número único de radicación 25000-23-42-000-2014-02515-02; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2020, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, número único de radicación 76001-23-31-000-2011-00631-01(4225-15)
Corte Constitucional, sentencia T- 360 de 31 de agosto de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 18 de marzo de 2021, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 11001-03-25-000-2018-01390-00 (4627-2018). Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 13 de abril de 2021, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 02711 00. En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP. Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación de un precedente obligatorio. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01, demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro. Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
“[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37 000 2014 01115 01. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-00162-01. Nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-25-000-2011-01171-01
«firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes.

Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente.// Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho».
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas». Corte Constitucional, sentencia C-188 de 24 de marzo de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional, sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia C-089 de 26 de febrero de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional, sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, M.P. José Ignacio Pretelt Chaljub. Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de radicación: 11001-03-15-000-2016-01280-00.

Son las siguientes: asignación básica; primas de navidad y especial de servicios, vacaciones, navidad, servicios; bonificaciones por servicios prestados y por compensación, los cuales fueron incluidos por la entidad demandada en la reliquidación pensional. De conformidad con el Sistema de Información Judicial Colombiano
Las sentencias de constitucionalidad pueden ser de carácter simple o interpretativo. Las primeras son aquellas en las cuales la Corte Constitucional declara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la totalidad de la disposición acusada, mientras que las interpretativas, se caracterizan por realizar un pronunciamiento acerca de la constitucionalidad o no de una o todas las normas derivadas de la disposición enjuiciada. La dogmática internacional diferencia a su vez, las sentencias interpretativas de las sentencias condicionadas, en cuanto a que estas últimas, implican una valoración del órgano de cierre del control constitucional acerca de la constitucionalidad o no de la norma enjuiciada bajo un único supuesto (bajo cualquier otra interpretación es inconstitucional o sólo esa interpretación es conforme con la Constitución) o difiriendo sus efectos en el tiempo, es decir, se declara la norma inconstitucional pero mantiene su vigencia hasta una fecha posterior dada por el órgano de control constitucional. Dentro de las sentencias de constitucionalidad interpretativas se encuentran las de carácter aditivo, sustitutivo y reductor, las cuales se identifican porque en ellas la Corte Constitucional crea una nueva norma que no había sido contemplada por el legislador y dependiendo de si aumenta, disminuye o sustituye el contenido normativo inicial, se realiza su clasificación. La obligatoriedad de estas sentencias ha sido reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995, toda vez que tienen fundamento en la supremacía constitucional, interpretación conforme con la Constitución y conservación de las normas. Las sentencias aditivas son una modalidad de decisión por medio de la cual el juez constitucional, en virtud del valor normativo de la Carta, proyecta los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria para integrar aparentes vacíos normativos o hacer frente a las inevitables indeterminaciones del orden legal, generalmente son usadas para la maximización del principio de igualdad. Las sentencias “restrictivas”, “reductoras” o “sustractivas”, son aquellas “mediante las cuales la Corte excluye del ordenamiento jurídico un contenido normativo comprendido por el texto acusado con el efecto de reducir sus alcances. Mediante este tipo de sentencias la extensión de la norma se restringe de tal manera que su ámbito de aplicación deja de abarcar el supuesto inconstitucional. De esta manera la disposición acusada no surte las consecuencias jurídicas previstas en el propio precepto puesto que algunos de sus efectos, por ser incompatibles con la Constitución, deben sustraerse de las implicaciones de la disposición acusada”. Las sentencias sustitutivas constituyen la categoría más compleja de las sentencias interpretativas, toda vez que, un precepto es declarado parcialmente inconstitucional al tiempo que se dispone que la parte declarada inconstitucional se sustituya por otra indicada y creada por el órgano de cierre constitucional.

Las sentencias condicionadas con efectos diferidos en el tiempo, son aquellas por medio de las cuales el juez constitucional constata que la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla inmediatamente del ordenamiento por la sencilla razón de que la expulsión automática de la disposición ocasionaría “una situación peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”, por lo que el Tribunal Constitucional establece “un plazo prudencial para que el legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada”. “Dicho plazo conferido al legislador depende de la complejidad del tema y del posible impacto de la preservación de la regulación en el desarrollo de los principios y derechos constitucionales”. Corte Constitucional, Sentencia C-164 del 15 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01. Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia. Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde. En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código. (…)
Artículo 193.Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea.

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