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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01777-00

Acción de tutela contra providencia judicial: la providencia cuestionada vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso

Fecha
29 de agosto de 2016
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2016-01777-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: AMPÁRASE el derecho fundamental a la igualdad de la señora Martha Leonor Villota de Chaves. En consecuencia, Segundo: DÉJASE SIN EFECTOS la providencia de 20 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral. Tercero: ORDÉNASE a la autoridad judicial demandada, que en un término no superior a veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, dicte una sentencia de remplazo dentro del proceso de medio de control ejecutivo seguido por la señora Martha Leonor Villota Chaves bajo el radicado No. 52001-33-33-000-2014-0029 (1065), en la que tenga en cuenta los lineamientos a que se ha hecho referencia en la parte motiva de la presente providencia. Cuarto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2016-01777-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

29 de agosto de 2016

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE VERTICAL - Se configura por inaplicación de la sentencia de esta Corporación que ordena a los jueces iniciar un proceso ejecutivo para ordenar la devolución de la primera copia de la sentencia que presta mérito ejecutivo

[A]dvierte esta Sala de Decisión que el Tribunal Administrativo de Nariño - Sala de Decisión del Sistema Oral, no tuvo en cuenta el precedente vertical dictado por esta Corporación, Organismo de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según el cual, los jueces no pueden abstenerse de iniciar un proceso ejecutivo en los casos en que el demandante demuestre que la entidad condenada tiene en su poder la primera copia de la sentencia que presta merito ejecutivo y además se ha negado a devolverla, lo cual ocurrió en el presente caso, (…), el [citado] Tribunal vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de la accionante. Por esta razón, se protegerá el derecho fundamental a la igualdad de la [actora]. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia de 20 de mayo de 2016 y se ordenará al Tribunal Administrativo Nariño - Sala de Decisión del Sistema Oral, que en el término de veinte (20) días, dicte una decisión de remplazo en la que tenga en cuenta el precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 169 DE 1896 - ARTÍCULO 4 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 115

NOTA DE RELATORÍA: La Sala Plena de esta Corporación admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera derechos fundamentales, al respecto, consultar sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González; frente a los requisitos generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Frente a situaciones especiales, no puede el fallador aplicar restrictivamente la norma, pues al atender la realidad material del caso deberá encontrar la regla que mejor se ajuste de conformidad con los principios generales del derecho, Consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2016, exp. 11001 03 15 000 2015 02484 01, C.P. Guillermo Vargas Ayala. Los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre del 2004, exp. 25000-23-26-000-2002-1614-01 (23989), M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1.896, ver: Corte Constitucional, sentencia de 9 de agosto de 2001, exp. C-836, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Respecto del precedente vertical, ver: Corte Constitucional, sentencia de 5 de junio de 2003, exp. T-468, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En cuanto a la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, ver: Corte Constitucional, sentencia 21 de marzo de 1995, exp. T-123, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-01777-00(AC)

Actor: MARTHA LEONOR VILLOTA DE CHAVES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora MARTHA LEONOR VILLOTA DE CHAVES, en contra del Tribunal Administrativo de Nariño.

ANTECEDENTES

La señora MARTHA LEONOR VILLOTA DE CHAVES, por medio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.

Hechos

El 18 de febrero de 2009, la accionante radicó petición ente la extinta CAJANAL, con el fin de que se diera cumplimiento a la sentencia judicial proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2004-01374, en la que se le ordenó reliquidar su pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados y certificados en el periodo que determina el régimen especial. Junto con la solicitud adjuntó primera copia de las providencias de primera y segunda instancia que prestan merito ejecutivo.

El 17 de julio de 2013, solicitó a la UGPP el desglose de la primera copia que presta merito ejecutivo de las sentencias que pretendía hacer cumplir.

El 25 de julio de 2013 la UGPP, dio contestación desfavorable a la petición, indicándole que la primera copia de las sentencias judiciales que prestan merito ejecutivo hacen parte del expediente pensional integral de la accionante.

Ante la negativa de la entidad, mediante fallo de tutela se ordenó a la UGPP desglosar la primera copia de las sentencias que prestan merito ejecutivo.

En consecuencia, el 15 de mayo de 2014 la UGPP dio cumplimiento al fallo de tutela, pero de forma parcial, ya que únicamente desglosó la primera copia de la sentencia de segunda instancia y omitió hacer lo respectivo frente a la de primera instancia.

Sin embargo, el 8 de julio de 2014 la accionante inició demanda ejecutiva, con el propósito de obtener el pago de intereses moratorios, para lo cual conformó el titulo ejecutivo con la primera copia de la sentencia de segunda instancia, que presta merito ejecutivo, y con copia simple de la de primera instancia, así como con los demás documentos requeridos.

De la demanda ejecutiva conoció el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, que mediante providencia de 25 de septiembre de 2014, se abstuvo de librar mandamiento de pago, porque dentro del plenario no obraba copia de la sentencia de primera instancia que prestara merito ejecutivo.

Inconforme con la anterior decisión, el 28 de noviembre de 2014 interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Administrativo de Nariño, que en providencia de 20 de mayo de 2016, confirmó la decisión del juzgado, basándose en los mismos argumentos.

Fundamentos de la acción

La accionante considera que la providencia de 20 de mayo de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la negatoria de librar mandamiento de pago, constituye una vía de hecho, debido a que se configura un defecto procedimental por incurrir en exceso ritual manifiesto, es una decisión sin motivación, viola directamente la Constitución y desconoce el precedente jurisprudencial vertical.

Agrega que dicha decisión desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, toda vez que se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y por decisión sin motivación.

Fundamentó el presunto desconocimiento del precedente, en que no se tuvo en cuenta por parte del Tribunal, la providencia de 21 de enero de 2016, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado 11001 03 15 000 2015 02484 01, en la cual se decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales solicitado, en un caso similar al suyo.

Frente a la omisión de la entidad de desglosar la sentencia de primera instancia, argumentó que como quiera que la misma no se encuentra perdida o extraviada, está en la imposibilidad de hacer uso del mecanismo previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil ya que su situación no se ajusta al supuesto previsto en dicha norma, lo cual la pone en estado de imposibilidad e indefensión para lograr el pago de los intereses a los que tiene derecho, pues aunque la UGPP acepta que tiene en su poder la primera copia de la sentencia, se niega a entregarla reteniéndola ilegalmente y haciendo caso omiso a la orden de tutela.

Finalmente considera que el juez debió dar un trato especial a su caso para lograr materializar el derecho sustancial, pues la imposibilidad de poder allegar copia de la sentencia de primera instancia con nota de que presta merito ejecutivo es exclusivamente imputable a la UGPP.

Pretensiones

Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes:

“1. Se tutele el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia en conexidad con el debido proceso.
2. Que como consecuencia de la anterior decisión, se deje sin efectos la providencia judicial de fecha 20 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, y por ende se le ordene proferir una nueva con lo cual revoque el auto proferido por el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Pasto y le ordene al mismo librar mandamiento de pago a favor de la señora MARTHA LEONOR VILLOTA CHÁVES.” (Fol. 15)

Como pretensión subsidiaria plantea lo siguiente:

“Se ordene al ordenar al juez de primera instancia que disponga lo necesario para desarchivar el proceso No. 2014-0029 y en efecto lo envíe en calidad de préstamo a ésta honorable corporación para que el mismo obre integralmente como prueba dentro del proceso ejecutivo.”

Intervenciones

Mediante auto de 24 de junio de 2016, se admitió la presente acción constitucional y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Nariño como demandado y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- como tercero interesado en las resultas del proceso, para que se pronunciaran al respecto (Fols. 56).

El Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del magistrado ponente de la decisión atacada, manifestó que no se puede pretender que la acción de tutela se convierta en una etapa procesal adicional y menos que por esta vía se adjudiquen al juez cargas procesales propias de quien acude a la justicia.

Argumentó que no ha violado derecho fundamental alguno de la accionante, pues contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, la ejecutoria de las sentencias que se pretende se ordene su cumplimiento, se surtió el día 5 de diciembre de 2008, de ahí que la carga procesal recaía sobre la accionante de anexar el documento que se pretende utilizar como título ejecutivo, con la constancia de ejecutoria.

Finalmente afirmó que la providencia controvertida se ajustó a derecho, de conformidad con la normatividad legal y jurisprudencial vigente al momento de adoptar la decisión, por lo que no puede tornarse en ilegitima.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, en informe rendido por el Subdirector Jurídico de la entidad el 13 de julio de 2016, solicitó se declare la improcedencia de la presente acción constitucional, por cuanto la autoridad judicial accionada no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante, además de que no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción.

Por su parte, en memorial allegado el 19 de julio de 2016 al Despacho sustanciador, el apoderado general de la entidad informó que en atención a la comunicación de la presente acción de tutela, se procedió a revisar nuevamente el expediente pensional de la señora Martha Leonor Villota de Chaves, y en efecto encontró que hubo una autorización de desglose, pero que infortunadamente en el proceso de entrega únicamente se remitió la sentencia de segunda instancia.

Por lo anterior, procedió a efectuar el trámite correspondiente a remitir a la accionante copia de la sentencia de primera instancia, por medio del Oficio No. 201616402031591, enviado mediante Guía No. RN604514104CO.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

De conformidad con los supuestos fácticos descritos, corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral, al expedir la sentencia de 20 de mayo de 2016, incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical.

La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben cumplirse para que la protección del derecho fundamental prospere.

En efecto, son requisitos para que proceda el estudio de una acción de tutela contra una providencia judicial, (i) el deber de precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción, (ii) cumplir con el requisito de subsidiariedad de la acción, al no contar o haber agotado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales en sede del juez natural, (iii) cumplir con el requisito de inmediatez de la acción, y, finalmente, (iv) acreditar que el asunto es de evidente relevancia constitucional.

De otra parte, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1.- En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso “razonable y proporcionado”, contado desde la fecha de expedición de la decisión cuestionada (20 de mayo de 2016) hasta la radicación de la acción de tutela en la Secretaría General de esta Corporación (17 de junio de 2016).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta violación ius fundamental como consecuencia del supuesto desconocimiento del precedente en que incurrió el Tribunal Administrativo de Nariño.

2.2. Desconocimiento del precedente

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4° de la Ley 169 de 1.896, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, “expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión”. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener, que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi “i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella”.

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.

En otros términos, sólo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

2.3. Análisis de la Sala y solución al caso concreto

En el presente asunto, la señora Martha Leonor Villota de Chaves censura la providencia de 20 de mayo de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral, confirmó el auto del a quo que se abstuvo de librar mandamiento de pago, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, por concepto de intereses moratorios por la reliquidación pensional.

Con el propósito de establecer si en efecto, el ad quem, vulneró los derechos fundamentales de la accionante, la Sala procederá a analizar el contenido de la providencia objeto de reproche constitucional, en la que se tuvo en cuenta la siguiente argumentación:

“(…) es preciso señalar que para adelantar una acción ejecutiva, es requisito esencial que exista un título ejecutivo, que constituye el instrumento por medio del cual se hace efectiva una obligación, sobre cuya existencia no cabe duda alguna. En este orden, la ley procesal exige que el acto que presta mérito ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de titulo ejecutivo – art. 422 del C. G. del P.

(…)

En reiterados pronunciamientos jurisprudenciales, la Alta Corporación igualmente ha señalado “que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales, consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos, y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley.

Las condiciones sustanciales, hacen referencia a que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles. Será expresa la obligación que parece nítida y manifiesta de la relación misma del titulo; es decir, que en el documento que contiene la obligación deben constar en forma nítida tanto el crédito del ejecutante como la deuda del ejecutado, sin que concluir ello sea necesario acudir a elucubraciones o suposiciones; es clara cuando aparece fácilmente determinada en el título, debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido; y es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar sometida a plazo o condición.”

Ahora bien el artículo 430 del C. G. del P., dispone que una vez presentada la demanda acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento de ordenado al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

En ese mismo orden de ideas, el artículo 297 del CPACA, consigna cuáles son los documentos que prestan mérito título ejecutivo, entre los que se encuentra: “(…) 1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dineraria”

Por último el artículo 114 del C.G.P. señala lo siguiente:

“Artículo 114. Copias de actuaciones judiciales.

Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

“(…)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.

(…)

Valga aclarar que de lo expuesto en los fundamentos de hecho de la actora, la ejecutoria de las sentencias que pretende se ordene su cumplimiento, se llevó a cabo el día 05 de diciembre de 2008, luego entonces la carga procesal recae sobre la actora, en anexar el documento que se pretende utilizar como título ejecutivo, con la constancia de ejecutoria, y como quiera que en el presente caso no se ha aportado la sentencia proferida en primear instancia dentro del proceso declarativo, no se puede hablar de título ejecutivo, por cuanto no cumple con los requerimientos que la ley dispone y no existe una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Por lo anterior y la actora al no haber anexado el documento que se pretende utilizar como título ejecutivo, al tratarse de un proceso autónomo e independiente, no es procedente librar mandamiento de pago, más aún cuando esta carga procesal recae en la parte interesada y no en el Juez, por garantía al debido proceso que le asiste a las partes y en ese sentido la Sala confirmara la decisión tomada en primear instancia.”

En entender de la accionante, el Colegiado incurrió en el desconocimiento del precedente vertical, específicamente de la sentencia de 21 de enero de 2016, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del expediente con radicado 11001 03 15 000 2015 02484 01, en la que se resolvió un caso similar al suyo, en el que en situaciones especiales como la de ella, no puede el fallador aplicar restrictivamente la norma, pues al atender la realidad material del caso deberá encontrar la regla que mejor se ajuste de conformidad con los principios generales del derecho, razones por las cuales considera que en su caso se debió librar mandamiento de pago a su favor.

Pues bien, del análisis de los argumentos utilizados por el Tribunal para confirmar la decisión del a quo que se abstuvo de librar mandamiento de pago en el caso de la accionante, por cuanto no se allegó copia de la sentencia de primera instancia con la constancia de ejecutoria que prestara merito ejecutivo, esta Sala Subsección observa que si bien el colegiado cito normativa vigente y aplicable al caso así como jurisprudencia, aunque no reciente, del Consejo de Estado, omitió analizar la situación particular de la accionante, en cuanto a que esta se encontraba en la imposibilidad de acceder al título ejecutivo requerido, lo cual ameritaba un análisis diferenciado pues no podía esperarse de forma indefinida la materialización de un derecho, ya reconocido judicialmente, solo por el cumplimiento de formalidades que no dependía de la titular del derecho sustancial sino de negligencia de la administración.

Por lo tanto, advierte esta Sala de Decisión que el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral, no tuvo en cuenta el precedente vertical dictado por esta Corporación, Organismo de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según el cual, los jueces no pueden abstenerse de iniciar un proceso ejecutivo en los casos en que el demandante demuestre que la entidad condenada tiene en su poder la primera copia de la sentencia que presta merito ejecutivo y además se ha negado a devolverla, lo cual ocurrió en el presente caso, según lo manifestado en el hecho número 1.3. de esta providencia, pues se afirma que el 25 de julio de 2013 la UGPP negó la entrega del documento por hacer parte del expediente pensional integral de la accionante.

Al efecto, ha dicho esta Corporación lo siguiente:

Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2016, radicación 11001 03 15 000 2015 02484 01, M.P. Guillermo Vargas Ayala:

“5.6.5. La Sala advierte que en el presente caso los jueces ordinarios en las providencias censuradas no tuvieron en cuenta el material aportado por la actora, en el cual se prueba que la primera copia de la sentencia declarativa que presta mérito ejecutivo está en poder de la UGPP.

5.6.6. En el expediente ordinario consta igualmente la petición interpuesta por la actora a la UGPP, en el que solicitó la devolución de la primera copia de la sentencia declarativa . También consta la respuesta emitida por la UGPP, en la cual le informó a la peticionaria lo siguiente:

Al respecto nos permitimos precisar que la devolución de la documentación solicitada, no es procedente, toda vez que la misma hace parte integral del expediente pensional y fue determinante para proferir acto administrativo a través del cual la administración resuelve la obligación pensional y/o la prestación económica solicitada.

5.6.7. La anterior permite concluir que en las providencias censuradas no se tuvo en cuenta la concreta realidad material del caso, esto es, que la actora no pudo aportar la primera copia de la sentencia declarativa que presta mérito ejecutivo porque la UGPP no la devolvió. Este hecho es relevante porque por la negativa de la entidad, la actora no pudo cumplir la carga establecida en el Código de Procedimiento Civil de aportar como anexo de la demanda ejecutiva la primera copia de la sentencia declarativa.
(…)
5.6.10. Por lo expuesto, la Sala considera que las providencias censuradas incurrieron en defecto fáctico, material o sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto. Lo anterior porque ignoraron las pruebas aportadas por la actora en la cual demostraba que la primera copia de la sentencia declarativa estaba en poder de la UGPP, lo que configura un defecto fáctico en la dimensión negativa, dado que se ignoró una prueba relevante para el proceso.”

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Subsección considera que, al no tener en cuenta en la providencia cuestionada la jurisprudencia emanada del Consejo de Estado, según la cual, los jueces no pueden abstenerse de iniciar un proceso ejecutivo en los casos en que el demandante demuestre que la entidad condenada tiene en su poder la primera copia de la sentencia que presta merito ejecutivo y además se ha negado a devolverla, lo cual se acreditó en el presente caso, el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso de la accionante.

Por esta razón, se protegerá el derecho fundamental a la igualdad de la señora Martha Leonor Villota de Chaves. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia de 20 de mayo de 2016 y se ordenará al Tribunal Administrativo Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral, que en el término de veinte (20) días, dicte una decisión de remplazo en la que tenga en cuenta el precedente jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado, citado en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: AMPÁRASE el derecho fundamental a la igualdad de la señora Martha Leonor Villota de Chaves. En consecuencia,

Segundo: DÉJASE SIN EFECTOS la providencia de 20 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión del Sistema Oral.

Tercero: ORDÉNASE a la autoridad judicial demandada, que en un término no superior a veinte (20) días siguientes a la notificación de este fallo, dicte una sentencia de remplazo dentro del proceso de medio de control ejecutivo seguido por la señora Martha Leonor Villota Chaves bajo el radicado No. 52001-33-33-000-2014-0029 (1065), en la que tenga en cuenta los lineamientos a que se ha hecho referencia en la parte motiva de la presente providencia.

Cuarto: NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.

Quinto: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Sentencia C-836 de 2001.

Sentencia T-468 de 2003.
Sentencia C-447 de 1997.
Sentencia T-049-07.

Sentencia T-123-95.
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
Consejo de Estado, Sección Tercera. M.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia del 7 de octubre del 2004, Rad: 25000-23-26-000-2002-1614-01 (23989)

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