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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00565-02

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00565-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar el auto del 11 de diciembre de 2014, suscrito por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que decretó la medida cautelar de embargo dentro del proceso de la referencia, conforme se expuso en la parte motiva de este proveído. En su lugar, se ordena el levantamiento de la medida cautelar decretada contra la parte ejecutada. El a quo deberá informar de la decisión a las entidades financieras a las que ofició para materializar dicho embargo. Segundo. Revocar la sentencia del 3 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor Artemo Antonio Fontalvo Granados contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. En su lugar, se dispone lo siguiente: Tercero. Declarar probada la excepción de pago propuesta por la UGPP, conforme a las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. 27 Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019) Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados Cuarto. Condenar en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el a quo. Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2013-00565-02

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: PROCESO EJECUTIVO
Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128-2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Proceso ejecutivo laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la UGPP contra las
siguientes providencias, proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico: i)
auto del 11 de diciembre de 2014,1 que decretó la medida cautelar de embargo
dentro del sub lite; y ii) sentencia del 3 de mayo de 2016,2 que ordenó seguir
adelante la ejecución.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. El señor Artemo Antonio Fontalvo Granados, actuando por intermedio de
apoderado judicial, interpuso demanda ejecutiva en contra de la UGPP con el fin de
lograr el cumplimiento de la sentencia del 19 de agosto de 2010, proferida por el

1
Folios 13 a 22.
2
Folios
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que ordenó la reliquidación
de su pensión de jubilación.3

2. Por lo anterior, el actor solicitó librar mandamiento ejecutivo por los
siguientes conceptos:

i) Retroactivo pensional, causado desde el 29 de noviembre de 1999 hasta el
31 de octubre de 2012, por la suma de $487.695.382.84.
ii) Mesadas pensionales que se causen en el curso del proceso, junto con los
intereses legales y moratorios.
iii) Indexación de las mesadas pensionales en el equivalente a
$137.463.757.53.
iv) Intereses legales causados desde el 7 de marzo de 2011 hasta el 31 de
octubre de 2012, correspondientes al monto de $298.235.045.00.
v) Intereses moratorios causados desde el 1 de noviembre de 2012, fecha de
liquidación de la sentencia, hasta cuando se pague la totalidad de lo adeudado.

1.1.2. Hechos

3. Como hechos relevantes, el apoderado del demandante relató los
siguientes:

i) El señor Artemo Antonio Fontalvo Granados presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra Cajanal4 E.I.C.E. con el fin de que se
anulara la Resolución 10314 de 23 de noviembre de 2004, por medio de la cual se
le reconoció la pensión de jubilación. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación de dicha prestación al amparo de la Ley 33 de 1985.

ii) El 20 de febrero de 2008, el Tribunal Administrativo del Atlántico dictó
sentencia de primera instancia y negó las anteriores pretensiones.

3
Folios 1 a 10 del expediente.
4
Caja Nacional de Previsión Social.

2

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

iii) El 19 de agosto de 2010, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, revocó la referida providencia y, en su lugar, dispuso lo siguiente:

• Declarar la nulidad del acto administrativo demandado.
• Reliquidar la pensión de jubilación en el 75% del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio, «tomando para
el efecto los factores certificados según los documentos visibles a folios 34,
35 y 68 del cuaderno principal del expediente, certificados que se
acompañan con esta demanda, para que se cumpla cabalmente la
sentencia materia de cobro, en los que aparecen todos los factores
salariales y prestacionales que se deben tener en cuenta para
reliquidar la pensión del actor».
• Actualizar la base de la liquidación de la aludida prestación.
• Una vez actualizada la base de la pensión, «la suma que resulte, será
igualmente reajustada en su valor».

iv) El 1 de abril de 2011, el ejecutante solicitó ante Cajanal E.I.C.E. el
cumplimiento de la mencionada sentencia; sin embargo, la entidad se abstuvo de
acatarla.

1.1.3. Fundamento normativo de la demanda ejecutiva

4. El demandante citó los artículos 1, 2, 53, 58, 83, 228 y 229 de la
Constitución Política; 132, 155, 171, 177, 178, 197, 297, 298 y 299 de la Ley 1437
de 2011; 488 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 610 y siguientes de
la Ley 1562 de 2012; y la Ley 448 de 1998.

1.2. Formulación de excepciones

3

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

5. La apoderada de la parte demandada presentó las siguientes excepciones
frente a las pretensiones de la demanda ejecutiva:5

i) «Ineficacia jurídica del documento esgrimido como título ejecutivo» e
«Inexistencia de la obligación en la cuantía cuya solución se persigue
judicialmente». En este caso debió allegarse el título complejo, esto es, la primera
copia de la sentencia objeto de ejecución con la constancia secretarial y las copias
auténticas de los folios 34, 35 y 68 del expediente del proceso ordinario, en tanto
contienen los factores salariales que componen el ingreso base de liquidación
pensional.

ii) «Pago». A través de la Resolución UGM 9388 de 21 de septiembre de 2011,
la UGPP cumplió la sentencia proferida en su contra y reliquidó la pensión de
jubilación del señor Fontalvo Granados en cuantía del 75% de lo devengado entre
el 1 de abril de 1991 y el 30 de marzo de 1992, con inclusión de la asignación
básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios. Dicha operación
arrojó un monto inferior al que venía percibiendo el pensionado.

iii) «Compensación». Conforme a lo antes expuesto, no se causaron sumas a
favor del demandante; sin embargo, en caso de que en el proceso se llegue a otra
conclusión, se deberán compensar los dineros que se han venido pagando al actor
a título de mesadas pensionales.

iv) «La sentencia allegada como título ejecutivo contiene una condena en
abstracto». En el título de recaudo no se indicaron los factores salariales que
deben tomarse para liquidar la pensión de jubilación del demandante, es decir,
que no da cuenta de una obligación clara y expresa.

v) «Prescripción extintiva de la acción ejecutiva laboral». Operó el término
prescriptivo consagrado en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el
artículo 151 del Código Procesal Laboral.

5
Folios 399 a 417.

4

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

vi) «Buena fe». La UGPP actuó en cumplimiento de la ley y en atención a la
noción de salario.

1.3. La medida cautelar

El demandante solicitó el embargo de los recursos de la UGPP con el fin de
respaldar el pago de las acreencias adeudadas.

1.4. Providencias apeladas

1.4.1. Auto que decretó la medida cautelar de embargo

6. Mediante auto del 11 de diciembre de 2014,6 el Tribunal Administrativo del
Atlántico decretó el embargo de las sumas de dinero denunciadas por la parte
ejecutante como de propiedad de la UGPP por la suma de $1.385.091.282,55, esto
es, el valor ordenado en el mandamiento ejecutivo más un 50%; no obstante, se
exceptuaron de la medida los recursos inembargables de que trata el artículo 134
de la Ley 100 de 1993 y se advirtió que dicho embargo no procedía si llegaba a
afectar el pago de las demás pensiones.

1.4.2. Sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 3 de mayo
de 2016, ordenó seguir adelante la ejecución por los montos consignados en el
mandamiento de pago, con sustento en las siguientes consideraciones:7

i) Las excepciones de «ineficacia jurídica del documento esgrimido como
título ejecutivo» y «la sentencia allegada como título ejecutivo contiene una
condena en abstracto» se entienden como no presentadas, pues la UGPP interpuso

6
Folios 13 a 22.
7
Folios 607 a 613.

5

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

extemporáneamente el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. A
su vez, el artículo 430 del CGP8 dispone que los defectos formales del título
ejecutivo no pueden ser declarados por el juez en la sentencia o en el auto que
ordena seguir adelante la ejecución.

ii) No se encuentran probadas las excepciones de pago y compensación, ya
que la sentencia objeto de cumplimiento conminó a la UGPP a reliquidar la pensión
de jubilación del demandante con inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios; sin embargo, la entidad expidió la
Resolución UGM 009388 de 21 de septiembre de 2011 sin tener en cuenta dichos
emolumentos, lo cual condujo a la disminución del monto de la prestación.

iii) Tampoco se configuró la excepción de prescripción, puesto que la
sentencia objeto de cumplimiento quedó ejecutoriada el 7 de marzo de 2011 y la
demanda fue radicada el 19 de febrero de 2012.

1.5. Los recursos de apelación interpuestos por la UGPP

1.5.1. Apelación contra el auto que decretó la medida cautelar de
embargo

8. La UGPP adujo que no procede la medida cautelar de embargo sobre sus
bienes y recursos por las siguientes razones:9

i) Están incorporados en el Presupuesto General de la Nación y son
inembargables, en los términos de la Ley 179 de 1994.

ii) Dichos dineros están destinados al pago de los salarios, la seguridad social
y los aportes voluntarios a los fondos de pensiones de los empleados de la
entidad.

8
Código General del Proceso.
9
Folios 23 a 29.

6

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

iii) La UGPP no tiene la función de sufragar las pensiones, pues ello
corresponde al FOPEP,10 por ende, la entidad ejecutada tampoco genera recursos
propios en materia pensional ni cuenta con dineros para saldar tales obligaciones.

1.5.2. Apelación contra la sentencia que ordenó seguir adelante la
ejecución

9. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 3 de mayo
de 2016, con fundamento en los siguientes razonamientos: 11

i) Conforme lo dispone el artículo 115 del CPC,12 el demandante debió aportar
el título ejecutivo complejo conformado por la primera copia de la sentencia
ejecutada con la constancia secretarial respectiva y copias auténticas de los folios
34, 35 y 68 del expediente del proceso ordinario, en los que constaban los factores
salariales que percibió en el último año de servicios y con los que se ordenó
liquidar su pensión. Esta omisión configura la excepción de «[i]neficacia jurídica
del documento esgrimido como título ejecutivo».

ii) Mediante la Resolución UGM 9388 de 21 de septiembre de 2011, la UGPP
cumplió la orden judicial, pues liquidó la pensión de jubilación en el equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicios comprendido entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992, a
saber, la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación por servicios,
en los precisos términos en que fue ordenado en la parte resolutiva del título de
recaudo.

iii) El a quo interpretó erróneamente la sentencia objeto de cumplimiento, pues
esta nunca dispuso liquidar la pensión del actor con la inclusión de todos los

10
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
11
Folios 617 a 621.
12
Código de Procedimiento Civil.

7

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

factores salariales devengado en el último año de servicio.

1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.6.1. El demandante

10. El señor Artemo Antonio Fontalvo Granados solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia y reiteró que en esta etapa procesal no es posible estudiar los
defectos formales del título ejecutivo alegados por la UGPP, pues el artículo 430 del
CGP preceptúa que dicho análisis únicamente procede con la interposición del

recurso de reposición en contra del mandamiento de pago, situación que no se
verificó en el sub lite.13

1.6.2. La UGPP

11. La entidad demandada alegó que no es la encargada de efectuar el pago
de los intereses moratorios solicitados por el actor y que carece de legitimación en
la causa por pasiva, porque quien emitió el acto de reliquidación pensional fue la
extinta Cajanal, por lo que las obligaciones debe asumirlas la Fiduagraria S.A.14 -
PAR de Cajanal, en virtud de los contratos de fiducia mercantil 14 de 16 de mayo
de 2013 y 7 de junio de ese año, el Decreto 1222 de 2013 y los artículos 19 y 35
de la Ley 1105 de 2006 o al Ministerio de Salud; empero, dichas entidades no
fueron citadas al proceso.15

1.7. Concepto del Ministerio Público

12. El agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia apelada y
declarar la nulidad de lo actuado, con base en los siguientes argumentos:16

13
Folios 708 a 711.
14
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario.
15
Folios 703 a 707.
16
Folios 712 a 724. Mediante auto de 22 de abril de 2021, se rechazó de plano la solicitud de nulidad
propuesta por el Ministerio Público en el presente asunto.

8

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

i) No existe una obligación actual y exigible en cabeza de la UGPP y a favor
del señor Fontalvo Granados, puesto que la sentencia objeto de ejecución ordenó
reliquidar su pensión de jubilación con la inclusión de determinados factores
salariales, aspecto que constituye una obligación de hacer y no de pagar, en los
términos del artículo 1495 del Código Civil.

ii) La Resolución UGM 09388 de 21 de septiembre de 2011 acató cabalmente
la obligación de hacer y atendió a los parámetros fijados en el fallo ejecutado.

iii) El mencionado acto está amparado por la presunción de legalidad y debió
ser demandado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para discutir su contenido, es decir, que la demanda ejecutiva no es el
medio idóneo para ello, por ende, se debe declarar la nulidad de lo actuado.

1.8. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -
ANDJE

13. La ANDJE, actuando por intermedio de apoderado, intervino dentro del
presente asunto, en los siguientes términos:17

i) De los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 178 de la Ley 1607 de 2012, 1 del
Decreto 169 de 2008, 1 y 7 del Decreto 3033 de 2013,18 se concluye que la UGPP
administra unos recursos que no son propios, sino del sistema general de
seguridad social, se encaminan a satisfacer el interés general y tienen una
naturaleza inembargable.

ii) La UGPP, previa autorización de la Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional, abrió la cuenta denominada «DIRECCIÓN PARAFISCALES- PAGOS DE
PLANILLA U- PILA», identificada con el número 110-026-00168-5 del Banco Popular

17
Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
18
Compilado en el Decreto 1068 de 2015.

9

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

en la cual se recaudan los dineros derivados del ejercicio de la función de cobro
coactivo por saldos pendientes de aportes al sistema de seguridad social, es decir,
que dicha cuenta no puede ser objeto de embargo, aún bajo las excepciones que
ha establecido la Corte Constitucional al principio de inembargabilidad.

iii) Igual conclusión se predica de las cuentas a las que ingresan recursos por
concepto del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales,
conforme lo prevén los artículos 13, 134 y 182 de la Ley 100 de 1993, 93 de Ley
1295 de 1994 y 594 del CGP,19 por ende, tampoco podrá embargarse la cuenta
corriente 110-026-00168-5 del Banco Popular, pues es depositaria de dichos
dineros.

iv) El concepto de sostenibilidad fiscal, incorporado en los artículos 334, 339, 346
y 364 de la Constitución Política, conduce a concluir que la orden de embargo
sobre recursos públicos debe consultar criterios de razonabilidad, proporcionalidad
y ponderación de intereses, conforme lo prevén los artículos 230 y 231 del
CPACA,20 en aras de salvaguardar el cumplimiento de los fines esenciales del

Estado.

v) En la práctica se ha observado que los jueces decretan embargos sobre todas
las cuentas de las entidades, por lo que la medida resulta excesiva respecto del
monto de la obligación ejecutada y se pone en riesgo la estabilidad de las finanzas
públicas.

vi) Para el decreto del embargo también debe revisarse su necesidad, pues el
patrimonio público constituye suficiente prenda de garantía para el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de la Administración sin que este deba afectarse con
tal medida cautelar, por las siguientes razones: 1) en la mayoría de los casos no
existe riesgo de insolvencia de la entidad demandada; y 2) como la deuda está
expresamente reconocida, el debate en el proceso ejecutivo puede resolverse con

19
Código General del Proceso.
20
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

10

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

celeridad, en tanto se circunscribe a la liquidación del crédito o condiciones para
su pago.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. Aclaración preliminar. Transición normativa

14. Al tenor del artículo 306 del CPACA, en lo no regulado en dicho estatuto para
el proceso ejecutivo se aplica el CGP, que comenzó a regir desde el 1 de enero de
2014 en la jurisdicción de lo contencioso administrativo;21 sin embargo, este
entendimiento debe armonizarse con el tránsito legislativo previsto por el artículo
625 del CGP del cual se desprenden las siguientes reglas:

i) Los procesos ejecutivos en curso, se tramitarán hasta el vencimiento del
término para proponer excepciones con base en el CPC. Vencido dicho término
el proceso continuará su trámite conforme a las reglas establecidas en el CGP.

ii) En aquellos procesos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en
vigencia del CGP, hubiese precluido el traslado para proponer excepciones, el
trámite se adelantará con base en el CPC hasta proferir la sentencia o auto que
ordene seguir adelante la ejecución. Dictada alguna de estas providencias, el
proceso se seguirá conforme a las reglas establecidas en el CGP.

21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 25 de junio de 2014, radicado:
25000-23-36-000-2012-00395-01 (49.299 ) (IJ). «En consecuencia, la Sala unifica su jurisprudencia en
relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para señalar que su aplicación plena en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales,
es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se
explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que
inició el respectivo trámite». Debe aclararse que la misma sección a través de auto del 6 de agosto de 2014
advirtió que ante la incertidumbre que existía sobre la aplicación del CGP en la jurisdicción hasta que se
profirió la providencia del 25 de junio citada, las decisiones emitidas entre el 1.º de enero de 2014 hasta
dicha fecha bajo el Código de Procedimiento Civil se entienden como situaciones consolidadas y las
posteriores deben regirse por el CGP. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 6 de agosto
de 2014, radicado: 88001-23-33-000-2014-00003-01 (50408).

11

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

iii) No obstante, lo previsto en los numerales i) y ii) también se gobiernan por el
CPC, en tanto su aplicación sea compatible o complementaria con las normas

especiales del CPACA, los siguientes aspectos por haber iniciado en su vigencia:
a. los recursos interpuestos; b. la práctica de pruebas decretadas; c. las
audiencias convocadas; d. las diligencias iniciadas; e. los términos que hubieren
comenzado a correr; f. los incidentes en curso; g. las notificaciones que se
estén surtiendo.

15. La presente demanda se radicó el 19 de diciembre de 2012,22 esto es, en
vigencia del CPC y del CPACA, por lo que es necesario acatar las aludidas reglas en
relación con el estatuto procesal aplicable al sub lite.

2.2. Problemas jurídicos

16. Conforme a los recursos de apelación interpuestos por la UGPP, los
problemas jurídicos se contraen a determinar lo siguiente: i) si se configuró alguna
de las excepciones propuestas por la mencionada entidad que impida seguir
adelante la ejecución; y ii) si es viable mantener la medida cautelar de embargo
decretada por el a quo.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Requisitos formales y sustanciales del título ejecutivo

17. El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación que se encuentre
contenida en un título ejecutivo.

18. Conforme al artículo 488 del CPC, los títulos ejecutivos corresponden a
aquellos documentos en los que consten obligaciones expresas, claras y exigibles,

22
Folio 10, reverso.

12

Radicación: 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019)
Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

«que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él,
o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso -
administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios
de auxiliares de la justicia».

19. A partir de lo anterior, se ha concluido que el título ejecutivo debe cumplir
con requisitos formales y sustanciales para lograr su cumplimiento en vía judicial.23

20. Los requisitos formales dan cuenta de la existencia de la obligación y
tienen como finalidad demostrar que los documentos son auténticos, emanan del
deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o de
otra providencia que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, es decir, que tengan
la suficiencia para constituir prueba en contra del obligado.

21. Los requisitos sustanciales se refieren a la verificación de que las
obligaciones que dan lugar a la pretensión de ejecución sean expresas, claras y
exigibles. Esta corporación se ha pronunciado frente a cada una de dichas
características, en los siguientes términos:24

a. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el
resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.

b. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente
señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos.

23
Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias: 1) de la Corte Constitucional: Sentencias T-
747 de 2013 y SU-041 de 2018; 2) del Consejo de Estado: i) Sección Tercera, Subsección A, auto de 3 de julio
de 2020, radicado: 05001-23-33-000-2019-02749-01 (65561); ii) Sección Segunda, Subsección B, auto de 7
de marzo de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2014-01478-01 (3788-14); iii) Sección Tercera, Subsección A,
auto de 23 de marzo de 2017, radicado: 68001-23-33-000-2014-00652-01 (53819).
24
Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) Sección Cuarta, auto
de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250); ii) Sección Segunda,
Subsección A, auto de 26 de julio de 2018, radicado: 41001-23-31-000-2010-00139-01 (0490-16).

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c. La obligación es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo
o condición o aquellos se han cumplido.

22. En cuanto a la forma en que debe allegarse el título de recaudo al proceso
ejecutivo cuando se trata de una sentencia, es oportuno acudir al artículo 115 del
CPC, vigente para la fecha de radicación de la presente demanda, el cual dispuso

que era necesario aportar la primera copia con constancia de que se trata del
primer ejemplar.

23. Dicha norma se encaminó a evitar que la providencia fuera utilizada más de
una vez para hacer efectivo el crédito; sin embargo, este requisito debe analizarse
en forma mesurada, pues no podría exigirse a quien se encuentra en imposibilidad
de acreditarlo porque dicha copia obra en los archivos de la entidad ejecutada en
razón a que el interesado se la allegó para lograr el cumplimiento de la orden
judicial en sede administrativa. Una interpretación diferente desconocería que el
objeto de las normas procesales es dotar de efectividad el derecho sustancial y
materializar la tutela judicial efectiva.25

24. Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que el requerimiento del
artículo 115 del CPC se podría flexibilizar «a fin de evitar el desconocimiento de un
derecho sustancial, siempre que se tenga la certeza por otro medio, de que dicha
documentación no podrá ser utilizada en otra acción de cobro, de modo que la
finalidad del requisito de ser primera copia (tener el mismo valor probatorio del
original) se cumpla, sin el altísimo costo de la obstrucción al reconocimiento de
derechos sustanciales que no podrían satisfacerse de otra manera».26

2.3.2. Oportunidad procesal para revisar el cumplimiento de los requisitos

25
En este sentido pueden consultarse las siguientes providencias: 1) de la Corte Constitucional: Sentencias
T-665 de 2012 y C-319 de 2013; 2) del consejo de Estado: i) Sección Primera, sentencia del 21 de enero de
2016, radicado: 11001 03 15 000 2015 02484 01(AC); ii) Sección Segunda, Subsección B, auto de 8 de
septiembre de 2017, radicado: 25000-23-42-000-2014-00452-01 (3281-2014); iii) Sección Segunda,
Subsección A sentencia de 29 de agosto de 2016, radicado: 11001-03-15-000-2016-01777-00 (AC) y
sentencia de 26 de enero de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2016-03141-00 (AC).
26
T-474 de 2018.

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formales y sustanciales del título ejecutivo

25. En cuanto al deber del juez de librar mandamiento ejecutivo y la
oportunidad para controvertir y estudiar los requisitos formales del título de
recaudo, el CPC y el CGP27 dispusieron lo siguiente:

CPC CGP
Artículo 497. Mandamiento ejecutivo. Artículo 430. Mandamiento ejecutivo.
Presentada la demanda con arreglo a la Presentada la demanda acompañada de
ley, acompañada de documento que documento que preste mérito ejecutivo, el
preste mérito ejecutivo, el juez librará juez librará mandamiento ordenando al
mandamiento ordenando al demandado demandado que cumpla la obligación en
que cumpla la obligación de la forma la forma pedida, si fuere procedente, o en
pedida si fuere procedente, o en la que la que aquel considere legal.
aquél considere legal.

Los requisitos formales del título Los requisitos formales del título ejecutivo
ejecutivo solo podrán discutirse mediante sólo podrán discutirse mediante recurso
recurso de reposición contra el de reposición contra el mandamiento
mandamiento de pago. Con ejecutivo. No se admitirá ninguna
posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título
controversia sobre los requisitos del que no haya sido planteada por medio de
título, sin perjuicio del control oficioso de dicho recurso. En consecuencia, los
legalidad. defectos formales del título ejecutivo no
podrán reconocerse o declararse por el
juez en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución,
según fuere el caso.
[…].

26. Las mencionadas normas coinciden en que, una vez interpuesta la
demanda ejecutiva, el primer momento procesal radicado en cabeza del juez
consiste en analizar si se cumplen los presupuestos formales y sustanciales para
librar el mandamiento de pago.

27. El artículo 430 del CGP precisa que los requisitos formales del título
ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el
mandamiento ejecutivo, esta previsión también estaba consignada en el artículo

27
Se precisa resaltar que el artículo 299 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021 también reguló este
aspecto; sin embargo, la Sala no abordará el estudio de esta disposición, ya que el proceso ha tramitado con
anterioridad a su entrada en vigencia.

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497 del CPC, pero con la aclaración de que el juez podría hacer un control oficioso
en tal sentido.

28. En este orden de ideas, el CPC le permitió al juez hacer un control oficioso
de los requisitos formales del título ejecutivo en etapas posteriores al auto que
libra mandamiento de pago; empero, dicha atribución no se consagró
expresamente en el artículo 430 del CGP.

29. No obstante lo anterior, el artículo 430 del CGP debe armonizarse con los
principios rectores que orientan la administración de justicia en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y que permiten concluir que, independientemente del
estatuto procesal que se aplique, el juez sí tiene la facultad de estudiar
oficiosamente los requisitos formales del título de recaudo en la providencia que
ordene seguir adelante la ejecución. Esta conclusión se funda en los siguientes
razonamientos:

i) En reiterada jurisprudencia se ha indicado que los autos abiertamente
ilegales «no atan al juez ni a las partes para continuar el yerro o edificar en el error
decisiones posteriores y, por consiguiente, por ser decisiones que pugnan con el
ordenamiento jurídico, no se constituyen ley del proceso, ni hacen tránsito a cosa
juzgada al enmarcarse en una evidente o palmaria ilegalidad».28

ii) La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la interpretación aislada del
artículo 430 del CGP conduce a impedirle al juez efectuar un control oficioso de los
requisitos formales del título ejecutivo pese al deber que tiene de revisarlos en
aras de salvaguardar la justicia material y el derecho sustancial.

28
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: 1) Del Consejo de Estado: i) Sección Tercera,
Subsección B, auto de 24 de enero de 2019, radicado: 25000-23-26-000-2004-00662-01 (37068); ii) Sección
Quinta, sentencia de 5 de julio de 2018, radicado: 05001-23-31-000-2006-01233-01; iii) Sección Primera,
sentencia de 30 de agosto de 2012, radicado: 11001-03-15-000-2012-00117-01 (AC); iv) Sección Tercera,
Subsección C, providencia de 25 de mayo de 2016, radicado: 25000-23-36-000-2013-00835-01 (53553); v)
Sección Segunda, auto de 28 de septiembre de 2012, radicado: 08001-23-31-000-2006-02536-01 (0254-11);
2) de la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral: i) Auto AL721-2021 de 24 de febrero de 2021,
radicado: 87369; ii) Auto AL267-2021 de 3 de febrero de 2021, radicado: 88120; iii) Auto de 9 de octubre de
2012; radicado: 45655.

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iii) En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha explicado que el inciso 2 del
artículo 430 del CGP debe armonizarse con su inciso primero y los artículos 4, 11 y
42 ibidem, en aras de garantizar la igualdad de las partes, la prevalencia del
derecho sustancial y la legalidad. En consecuencia, el juez tiene la potestad y
deber de examinar los requisitos formales del título inclusive al momento de dictar
sentencia. Al respecto se ha sostenido lo siguiente:29

[…] el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio,
antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien
superior de la impartición de justicia material. […].

En conclusión, la hermenéutica que ha de dársele al canon 430 del Código General
del Proceso no excluye la «potestad-deber» que tienen los operadores judiciales de
revisar «de oficio» el «título ejecutivo» a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de
única, primera o segunda instancia (…), dado que, […] «en los procesos ejecutivos
es deber del juez revisar los términos interlocutorios del mandamiento de pago, en
orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el título
ejecutivo (…) Sobre esta temática, la Sala ha indicado que “la orden de impulsar la
ejecución, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos,
implica el previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al título
ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento
de pago proferido al comienzo de la actuación procesal.

[…] el legislador lo que contempló en el inciso segundo del artículo 430 del Código
General del Proceso fue que la parte ejecutada no podía promover defensa respecto
del título ejecutivo sino por la vía de la reposición contra el mandamiento de pago,
cerrándole a ésta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a través
de excepciones de fondo, en aras de propender por la economía procesal,
entendido tal que lejos está de erigirse en la prohibición que incorrectamente
vislumbró el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no podía, motu
proprio y con base en las facultades de dirección del proceso de que está dotado,
volver a revisar, según le atañe, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro
entendido de ese precepto sería colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo
que adoptó fue la ilógica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de
apremio con alguna incorrección, ello no podía ser enmendado en manera alguna,
razonamiento que es atentatorio de la primacía del derecho sustancial sobre las
ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicación
en la estructura del ordenamiento jurídico al efecto constituido.

29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia STC3298-2019 de 13 de marzo de 2019,
radicado: 25000-22-13-000-2019-00018-01. En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencia de
esa corporación en sus salas de casación civil y laboral: i) Sentencia STC14595-2017 de 13 de septiembre de
2017, radicado: 47001-22-13-000-2017-00113-01; ii) Sentencia STL4487-2019 de 27 de marzo de 2019,
radicado: 83657; iii) Sentencia STL13763-2018 de 17 de octubre de 2018, radicado: 53142; iv) Sentencia
STL16245-2018 de 28 de noviembre de 2018, radicado: 53532; v) Sentencia STL14423-2018 de 31 de octubre
de 2018, radicado: 81689.

17

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30. Bajo el anterior entendimiento, cuando el juez, después de librar
mandamiento ejecutivo, encuentre una irregularidad formal del título de recaudo
que impacte la decisión del proceso está facultado para efectuar el control de
legalidad encaminado a garantizar el derecho sustancial, sin que ello implique el
quebrantamiento de los principios de preclusión, igualdad, cosa juzgada o debido
proceso.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.4.1. Formalidades del título de recaudo

31. El demandante solicita el cumplimiento de la sentencia de 19 de agosto de
2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que
ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.

32. Por su parte, la UGPP alegó que el accionante omitió allegar la primera copia
de la sentencia objeto de cumplimiento con la constancia de ser el primer
ejemplar, así como los actos administrativos de ejecución y los certificados que
reposaban en los folios 34, 35 y 68 del expediente del proceso ordinario en que se
originó el título de recaudo, pues aquellos daban cuenta de los factores salariales
que percibió en el último año de servicios y la providencia expresamente aludió a
estos como referentes para establecer el nuevo monto de la prestación.

33. Contrario a lo sostenido por la ejecutada, la Sala observa que con la
demanda se allegaron copias de los actos de ejecución y de las certificaciones
salariales. A su vez, la UGPP aportó el expediente administrativo del demandante,30
en el que se encuentran idénticos documentos, por ende, en el sub lite no se
discute su contenido, autenticidad y veracidad.

34. De otro lado, en el presente caso no podía pedírsele al actor que aportara la

30
Folio 459.

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primera copia de la sentencia con su constancia de ejecutoria, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 115 del CPC, pues la parte accionada retuvo el título, es
decir, que una exigencia en tal sentido le vulneraría su derecho a acceder a la
administración de justicia.

35. En efecto, en el plenario está acreditado que el referido documento se
encuentra en poder de la entidad ejecutada, según se corroboró con la respuesta
que dio a los derechos de petición radicados por el señor Fontalvo Granados para
que se hiciera el desglose y en los cuales se manifestó lo siguiente:31

No obstante, es necesario advertir que su expediente administrativo, fue remitido a
la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP- mediante Acta de Entrega
No 177 del 20 de febrero de 2012. De este modo, al solicitar el desglose de los
documentos referidos esta Entidad en liquidación se encuentra en imposibilidad
legal de dar trámite a su solicitud, pues no posee dichos documentos.

36. Con ocasión de la anterior respuesta, el actor acudió ante la UGPP para
reclamar la copia de la sentencia, petición que contestó la entidad en los
siguientes términos:32

Al respecto y dando cumplimiento a su requerimiento, de manera atenta nos
permitimos informar que la Entidad mediante la Resolución descrita en el acápite
anterior dio cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, con fundamento en la primera copia de la sentencia
allegada, motivo por el cual los documentos hacen parte integral del soporte
legal para expedir el Acto Administrativo No UGM 009388 DEL 21 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que la solicitud de desglose debe
efectuarla directamente ante el juzgado competente con el fin de que se sirva dar
trámite a su petición. (Resalta la Sala).

37. Así las cosas, la Sala considera que no es aceptable y atenta contra la
lealtad procesal, que la demandada alegue que el actor no aportó la sentencia con
la constancia de ser la primera copia, pues tal documento se encuentra en su
poder.

31
Folio 579.
32
Folio 580.

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38. En consecuencia, conforme a la línea jurisprudencial trazada por esta
corporación y la Corte Constitucional, la cual fue citada en anteriores acápites,
debe flexibilizarse el requisito de aportar la primera copia de la sentencia objeto de
ejecución, pues la entidad accionada ha impedido cumplir con este requerimiento
y las consecuencias adversas de su negativa no pueden trasladarse al actor.

39. Además, en el sub lite no se tiene conocimiento de que el demandante
hubiese interpuesto otro proceso ejecutivo con la providencia que contiene la
constancia de ser primera copia; por el contrario, está demostrado que la entidad
tiene la custodia de la providencia que echa de menos.

2.4.2. Cumplimiento del título de recaudo

40. El señor Artemo Antonio Fontalvo Granados interpuso el presente trámite
judicial por considerar que la UGPP no ha cumplido cabalmente la sentencia del 19
de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.

41. En lo que respecta al alcance de la orden impartida en la sentencia objeto
de ejecución, se observa que en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:33

La entidad demandada CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE EN LIQUIDACIÓN y/o
la Entidad que asuma sus obligaciones, realizará una nueva liquidación de la
pensión de jubilación al señor ARTEMO ANTONIO FONTALVO GRANADOS, la cual se
establecerá en el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio de (sic) sirvió de base para los aportes, durante el último año de servicio,
tomando para el efecto, lo certificado, según documentos visibles a folios 34, 35 y
68 del cuaderno principal del expediente y por el lapso comprendido entre el 1 de
abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992.

Actualizará la base de la liquidación de la pensión de jubilación del actor, en la
forma y términos señalados en la parte considerativa de la presente providencia.

Actualizada la base de la pensión, la suma que resulte, será igualmente reajustada
en su valor, en la forma señalada en la parte considerativa.

33
Folios 13 a 34.

20

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Las diferencias que resulten entre lo reconocido en esta providencia y lo pagado por
concepto de mesadas pensionales operara desde el día 29 de noviembre de 1999,
por la prescripción trienal conforme se señaló en la parte considerativa.

42. En el presente caso la discusión se circunscribe a los factores que debieron
incluirse para determinar el ingreso base de liquidación pensional, pues la UGPP
considera que la sentencia únicamente reconoció la asignación básica, la
bonificación por servicios y la prima de antigüedad; sin embargo, el actor sostiene
que también debieron tenerse en cuenta los demás que fueron percibidos en el
último año de servicios, a saber: prima de servicios, bonificación de recreación,
prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones.

43. Mediante la Resolución UGM 009388 del 21 de septiembre de 2011, Cajanal
acató la sentencia cuya ejecución se pretende en el sub lite y reliquidó la pensión
del demandante en los siguientes términos:34

AÑO FACTOR VALOR VALOR VALOR IBL
ACUMULADO IBL ACTUALIZADO
1991 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 2,084,400.00 2,084,400.00 5,695.754.00
1991 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 66,382.00 66,382.00 181,393.00
1991 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 191,574.00 191,574.00 523,488.00
1992 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 881,006.00 881,006.00 2,407,404.00
1992 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 63,858.00 63,858.00 174,496.00

1992: 25.13%, 1993: 22.60%, 1994: 22.59%, 1995: 19.46%, 1996: 21.63%

IBL: 748,545 X 75.00 = $561.409

44. Ahora bien, en la sentencia objeto de cumplimiento se expresó que la
pensión debía liquidarse con el 75% del salario promedio que «sirvió de base para
los aportes, durante el último año de servicio, tomando para el efecto, lo
certificado, según documentos visibles a folios 34, 35 y 68 del cuaderno principal
del expediente y por el lapso comprendido entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de
marzo de 1992».

34
Folios 60 a 65.

21

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45. Al plenario se aportaron los referidos certificados en los cuales se observan
algunos descuentos, pero sin indicar su destinación ni la fuente legal de aquellos,
por lo cual, esta Sala decretó pruebas de oficio en aras de esclarecer dichos
aspectos.

46. De acuerdo con la información aportada por la DIAN, en cumplimento de la
anterior orden,35 se concluye que durante el último año de servicios el actor
devengó varios emolumentos y sobre estos se hicieron descuentos, pero algunas
deducciones se destinaron al sistema de seguridad social en pensiones y otras se
realizaron a título de tributación. En tal sentido, los documentos dan cuenta de lo
siguiente:

Factor salarial Monto Descuento del 5% Descuento del 0.5%
reconocido Sobretasa
Asignación básica/1991 $231.600 X X
Asignación básica/1992 $293.668 X X
Antigüedad/1991 $21.286 X X
Antigüedad/1992 $21.286 X X
Bonificación por $88.510 X X
servicios/1991
Prima de servicios/1991 $130.130,92 X
Bonificación de $15.440 X
recreación/1991
Vacaciones/1991 $198.629,28 X
Prima de $124.143,23 X
vacaciones/1991
Prima de navidad/1991 $89.521,36 X

Nota aclaratoria. La “X” denota cuál descuento se aplicó al emolumento
devengado por el actor en su último año de servicios.

47. En relación con la anterior tabla, es oportuno hacer las siguientes
precisiones:

i) El descuento del 5% que se especificó en la anterior tabla correspondía a la
cotización al sistema de pensiones, al tenor de lo previsto por los artículos 2 de

35
Esta información reposa en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

22

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la Ley 4 de 1966 y 3 de la Ley 33 de 1985, es decir, que sobre dichos
emolumentos se hicieron aportes y pueden componer el ingreso base de
liquidación pensional, conforme se dispuso en el título de recaudo. Los factores
que fueron cotizados con fines pensionales fueron los siguientes: asignación
básica, prima de antigüedad y bonificación por servicios.

ii) Sin embargo, no ocurre lo mismo con la prima de servicios, la bonificación de
recreación, las vacaciones, la prima de vacaciones y la prima de navidad, pues
estos únicamente fueron objeto del descuento del 0.5% el cual corresponde a
una sobretasa prevista en el artículo 1 de la Ley 4 de 1966, modificado por el
artículo 5 de la Ley 33 de 1985, 36 es decir, que las deducciones no se dirigieron
al sistema de pensiones y, por ende, no es viable tenerlos como factores sobre
los cuales se hicieron aportes.

En consecuencia, los aludidos emolumentos no pueden conformar el ingreso
base de liquidación pensional, ya que la sentencia objeto de cumplimiento fue
clara en establecer que solamente se tomaría como referente el salario
promedio que «sirvió de base para los aportes».

La anterior conclusión también es consecuente con lo expuesto en las
consideraciones del título de recaudo, de las cuales se destacan los siguientes
apartes:37

36
Artículo 1. Toda cuenta o nómina que paguen por cualquier concepto la Nación, Departamentos,
Intendencias, Comisarías, Distrito Especial de Bogotá, Municipios, Corregimientos, Inspecciones de Policía e
Instituciones Descentralizadas causará un impuesto de diez centavos ($0,10) moneda corriente, por cada
cien pesos o fracción con destino a las Cajas de Previsión respectivas, o en su defecto, para la entidad
pagadora.
[…]
Artículo 3. El valor del impuesto de que trata el artículo 1 de la Ley 4 de 1966, será del cinco por mil si se
trata de nóminas de personal, y del diez por mil en los demás casos, con las excepciones allí establecidas.
37
Esta corporación ha indicado que «la sentencia no puede hacerse una lectura fraccionada, ni se puede
considerar que únicamente lo consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo, pues se debe tener
en cuenta que tratándose de un título ejecutivo complejo se deben analizar en conjunto todos los
documentos que lo integran para librar o no el mandamiento de pago». Consejo de Estado, Sección Cuarta,
auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250). En igual sentido puede
consultarse la sentencia de 10 de febrero de 2016, radicado: 25000-23-27-000-2011-00126-01 (19633).

23

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Conforme a la certificación emitida por el Jefe del Grupo Interno de Pagaduría de
la entidad donde prestó sus servicios el actor (fl.68 c.p.), se establece lo
devengado entre el 1º de abril al 30 de agosto de 1991, de cuyos factores se
cotizó para pensión, así:

MES AÑO SUELDO ANTIGÜEDAD BONIFICACION

ABRIL 1991 231.600 21.286 88.510.10
MAYO 1991 231.600 21.286
JUNIO 1991 231.600 21.286
JULIO 1991 231.600 21.286
AGOSTO 1991 231.600 21.286

Se aclara que de bonificación por servicios y para efectos pensionales sólo se
tiene en cuenta 1/12 parte.

En relación con los meses de septiembre a diciembre de 1991 y los meses de
enero a marzo de 1992, las certificaciones obrantes (Fls. 34 y 35) dan cuenta de lo
devengado por asignación mensual, prima de antigüedad y los emolumentos
recibidos por diferencia de sueldo que deben tenerse en cuenta para el cálculo
base de liquidación de la pensión en ese último año de servicios, sobre los cuales
dicho documento informa, se cotizó para pensión. En consecuencia para
determinar el salario mensual promedio de lo devengado el último año de servicios
y establecer el monto de la prestación se deben tener en cuenta los factores
antes indicados por estar contemplados en la Ley 62 de 1985.

De la anterior transcripción, se deduce que en la sentencia objeto de ejecución
no se incluyeron todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios, sino únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes, es
decir, la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de antigüedad
y la diferencia de sueldo.

48. Al respecto, es preciso aclarar que la Resolución UGM 009388 del 21 de
septiembre de 2011 indicó que la pensión se reliquidó con la asignación básica, la
bonificación por servicios y la prima de antigüedad, pero no mencionó la diferencia
de sueldo; sin embargo, la Sala observa que Cajanal también tuvo en cuenta dicho
emolumento al momento de establecer el nuevo monto pensional, pues al revisar
las certificaciones aportadas al plenario se evidencia que en los meses de enero y
febrero del año 1992 el actor devengó la asignación básica con el mismo valor del
año anterior; empero, en el mes de marzo se hicieron los ajustes para el nuevo
año y Cajanal se basó en dicha asignación y no en la que venía devengando en
1991, es decir, que al liquidarse la prestación con los valores actualizados a 1992

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

también fue reconocida la diferencia salarial.

49. Inclusive, se observa que en el mes de diciembre de 1991 el demandante
devengó sumas inferiores por concepto de asignación básica y prima de
antigüedad; no obstante, en dicho mes el interesado disfrutó de sus vacaciones,
por lo cual resultaba razonable que no hubiera percibido dichos emolumentos en
forma completa y esta situación fue advertida por Cajanal, pues tuvo en cuenta los
valores que debió recibir por dichos conceptos como si hubiera laborado el mes
completo.

50. En este orden de ideas, se concluye que la UGPP cumplió en integridad la
sentencia que se aporta al sub lite como título de recaudo, en los precisos
términos ordenados por el Consejo de Estado, con independencia de que la nueva
liquidación hubiera arrojado una suma inferior a la que venía devengando el
demandante.

51. En consecuencia, Cajanal acató cabalmente la obligación que se le impuso
en sede judicial, lo cual repercute en que no existan sumas de dinero adeudadas
al ejecutante, por lo cual se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se
declarará probada la excepción de pago propuesta por la UGPP y se levantará la
medida cautelar de embargo, en tanto perdió el fundamento al no existir una
obligación clara, expresa y exigible pendiente de satisfacer.

52. Igualmente, se revocará el auto del 11 de diciembre de 2014, a través del
cual el Tribunal Administrativo del Atlántico decretó el embargo de los recursos de
la UGPP. En su lugar, se ordenará al a quo informar de la decisión a las entidades
financieras a las que ofició para materializar la medida cautelar.

2.8. De la condena en costas

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Demandante: Artemo Antonio Fontalvo Granados

53. Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,38 respecto de la
condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del
Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

54. Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

55. Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho,
en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

56. Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el artículo
365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de segunda
instancia a la parte demandante, por cuanto se resolvieron favorablemente los
recursos de apelación interpuestos por la UGPP y la entidad intervino en esta
instancia presentando alegatos de conclusión.

3. Conclusión

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), C. P. William Hernández Gómez.

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57. Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las
directrices jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos
fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, se concluye que las
providencias apeladas deben ser revocadas, por cuanto la UGPP cumplió
integralmente la condena impuesta en el título de recaudo, es decir, que no es
posible seguir adelante la ejecución ni mantener la medida cautelar de embargo,
en los términos dispuestos por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar el auto del 11 de diciembre de 2014, suscrito por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que decretó la medida cautelar de embargo dentro del
proceso de la referencia, conforme se expuso en la parte motiva de este proveído.
En su lugar, se ordena el levantamiento de la medida cautelar decretada contra la
parte ejecutada. El a quo deberá informar de la decisión a las entidades
financieras a las que ofició para materializar dicho embargo.

Segundo. Revocar la sentencia del 3 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del proceso ejecutivo promovido por el señor
Artemo Antonio Fontalvo Granados contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
En su lugar, se dispone lo siguiente:

Tercero. Declarar probada la excepción de pago propuesta por la UGPP, conforme
a las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

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Cuarto. Condenar en costas al demandante, las cuales deberán ser liquidadas
por el a quo.

Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg

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