Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-01082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01082-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -
Fonprecon
Demandado: Elsa Teresa del Niño Jesús Vásquez Haupt
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de excongresista
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República,2 por conducto de apoderado, formuló demanda contra la señora Elsa
1 Folios 33 a 50.
2 En adelante Fonprecon.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Teresa del Niño Jesús Vásquez Haupt, en su condición de sustituta pensional del
señor José Raimundo Sojo Zambrano (QEPD), en orden a que se declare lo
siguiente:
i) Que los libros «Críticas y Conceptos sobre Política Económica» y «El Comercio
en la Historia de Colombia», de autoría del señor José Raimundo Sojo Zambrano,
no cumplen con los requisitos legales para ser homologado como tiempo de servicio
con efectos pensionales.
ii) Que el causante perdió los beneficios del régimen especial de transición previsto
en el Decreto 1293 de 1994, porque se retiró del Congreso de la República sin haber
cumplido 20 años laborados y, en consecuencia, no acreditó los requisitos
establecidos en la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios para acceder a la
pensión de jubilación.
iii) La nulidad de los siguientes actos, expedidos por Fonprecon:
1) Resolución 000229 del 22 de abril de 1997, que le reconoció la pensión de jubilación
al señor José Raimundo Sojo Zambrano, conforme a la ley 4 de 1992 y el Decreto 1359
de 1993, y la sustituyó a la señora Elsa Teresa del Niño de Jesús Vásquez Haupt y a los
menores María Teresa, Mauricio, Raúl Alfredo y José María Raimundo Sojo Vásquez.
2) Resolución 000404 del 16 de junio de 1997 que aclaró el acto administrativo referido
en el numeral anterior, en el sentido de corregir el monto de la prestación.
3) Resolución 000587 del 12 de agosto de 1998, a través de la cual se reliquidó la
pensión en comento.
4) Resoluciones 0376 del 1 de marzo de 2004 y 0416 del 14 de marzo de 2006, que
acrecieron la mesada pensional de la señora Elsa Teresa del Niño de Jesús Vásquez
Haupt.
5) Resoluciones 0960 del 22 de junio de 2006 y 0620 del 9 de junio de 2008, a través de
las cuales se acatan unas decisiones judiciales que modifican el valor de la mesada
pensional.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
entidad demandante solicitó lo siguiente: i) habilitar a Fonprecon para que excluya
a la demandada de la nómina de pensionados; y ii) ordenar a la señora Vásquez
2
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Haupt reintegrar las sumas que recibió por concepto de mesadas pensionales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad demandante señaló los
siguientes:
i) El señor José Raimundo Sojo Zambrano nació el 25 de septiembre de 1930,
falleció el 30 de septiembre de 1995 y laboró durante 16 años, 6 meses y 23 días
en entidades públicas y privadas.
ii) El causante fungió como senador de la República entre el 1 de diciembre de 1991
y el 19 de julio de 1994, fecha en que se desvinculó definitivamente del servicio.
iii) Con el fin de completar los 20 años de servicios requeridos para acceder a la
pensión de jubilación, al señor Sojo Zambrano se le homologaron los textos
«Críticas y Conceptos sobre Política Económica» y «El Comercio en la Historia de
Colombia».
iv) El 26 de agosto de 1996, se registraron los referidos libros, es decir, con
posterioridad a que el causante se retirara del servicio y de su fallecimiento.
v) Mediante las resoluciones demandadas, Fonprecon reconoció, sustituyó y
reliquidó la pensión de jubilación del mencionado congresista, partiendo de la base
de que los libros que escribió equivalían a 4 años de labores.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 13 de la Ley 50 de 1886; 1, 2 y 3 del Decreto
753 de 1974; 17 de la Ley 4 de 1992; 1 y 7 del Decreto 1359 de 1993; y 1 a 4 del
Decreto 1293 de 1994.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la entidad accionante
expuso lo siguiente:
i) El artículo 3 del Decreto 753 de 1974 prevé que el registro de los libros que
pretenden homologarse a tiempo de servicio es un presupuesto para la adquisición
del estatus pensional.
ii) El 26 de agosto de 1996, se registraron los libros «Críticas y Conceptos sobre
Política Económica» y «El Comercio en la Historia de Colombia», cuyo autor es el
señor José Raimundo Sojo Zambrano; empero, dicho trámite debió surtirse antes
del 19 de julio de 1994, fecha en que el causante se desvinculó del servicio público.
iii) Para el momento del retiro no existía una situación jurídica consolidada pasible
de protección al tenor del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 y tampoco podían
homologarse dichos textos a 4 años de labores como erradamente se aceptó en los
actos demandados.
iv) El registro era indispensable para consolidar el estatus pensional, pues en este
caso las normas no conciernen a la protección de la creación intelectual, sino a la
aptitud de la obra para convalidarla como tiempo de servicio.
v) Las universidades de La Sabana y Sergio Arboleda certificaron que los referidos
libros son aptos para el estudio universitario, hacen parte del material de consulta y
se encuentran en las bibliotecas de esos entes; sin embargo, estas constancias
incumplen con los presupuestos establecidos por el ordenamiento superior, dentro
de los que se destacan el haber sido adoptados como textos de enseñanza, el
tiempo en que han sido utilizados, la identificación de su contenido, número de
páginas y las razones por las que se aprueban o recomiendan.
vi) La Universidad Sergio Arboleda indicó que los libros se adoptaron desde el año
1996, es decir, con posterioridad al fallecimiento del causante, por lo que tampoco
puede predicarse la consolidación del estatus pensional antes del 19 de julio de
4
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
1994.
vii) El señor Sojo Zambrano no tenía 20 años de servicio laborado para el momento
en que se desvinculó del Congreso de la República, pues para ese entonces apenas
acreditaba 16 años, 6 meses y 23 días, lo cual conllevó la pérdida de los beneficios
del régimen de transición y la imposibilidad de pensionarse bajo la normativa
especial prevista por la Ley 4 de 1992 para los senadores y representantes a la
Cámara.
1.2. Contestación de la demanda
La señora Elsa Teresa del Niño Jesús Vásquez Haupt, actuando por intermedio de
apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda y esgrimió las siguientes
razones de defensa:3
i) No es posible revisar la pensión que devenga la accionada al amparo de la
Sentencia C-258 de 2013, toda vez que el derecho no se reconoció en virtud de una
maniobra ilegal o fraudulenta de la beneficiaria.
ii) De acuerdo con la aludida providencia, en consonancia con las Sentencias C-835
y C-1094 de 2003, Fonprecon debió intentar el trámite de revocatoria directa antes
de acudir ante la jurisdicción, con el fin de salvaguardar el derecho al debido proceso
de la señora Vásquez Haupt.
iii) La parte actora vulneró el principio de non bis in idem, ya que en sede
administrativa realizó varias investigaciones que fueron archivadas en
consideración a que el señor José Raimundo Sojo Zambrano cumplía con todos los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación. Además, se tramitó un proceso
judicial con radicado 25000-23-25-000-2005-01503-01.
3 Folios 118 a 157.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
iv) Fonprecon omitió aportar la constancia de notificación de los actos acusados, así
como el expediente administrativo en su integridad. La demanda tampoco desarrolló
correctamente el acápite de normas quebrantadas y concepto de violación.
v) La accionada percibió las mesadas pensionales de buena fe, sin abuso del
derecho y bajo el principio de confianza legítima.
vi) Los literales a), b) y c) del artículo 3 del Decreto 754 de 1973 fueron anulados
por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 24 de mayo de 1977, por ende,
no se podía exigir que el señor Sojo Zambrano hubiera registrado los libros de su
autoría antes de retirarse del servicio.
vii) FENALCO certificó que el mencionado ciudadano laboró en esa entidad desde el
1 de julio de 1962 hasta el 30 de noviembre de 1972, esto es, por un lapso de 10
años y 5 meses, los cuales deben sumarse al tiempo tenido en cuenta por
Fonprecon para reconocer la pensión, con lo que se obtiene un total de 26 años, 11
meses y 23 días de servicio, por ende, se cumplen con suficiencia los requisitos
para acceder a la prestación y sin necesidad de homologar los textos objeto de
debate.
viii) La demandada es sujeto de especial protección, ya que es una persona de la
tercera edad y la pensión que recibe es el único ingreso que le permite proveer por
su congrua subsistencia.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 26 de octubre de 2017, negó las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:4
4 Folios 286 a 301.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
i) El señor José Raimundo Sojo Zambrano era beneficiario del régimen pensional
especial previsto por la Ley 4 de 1992 y sus decretos reglamentarios para los
congresistas, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con
más de 40 años de edad, se desempeñó como senador de la República del 20 de
julio de 1991 al 20 de julio de 1994 y estuvo afiliado a Fonprecon.
ii) El causante no estaba obligado a consolidar el estatus pensional antes del 20 de
junio de 1994, pues esta exigencia solo opera cuando se aplica el parágrafo del
artículo 3 del Decreto 1293 de 1994; sin embargo, en este caso debe acudirse al
régimen de transición establecido en el inciso primero ibidem, que permite completar
los requisitos de edad y tiempo de servicio con posterioridad a la referida fecha.
iii) El señor Sojo Zambrano tenía derecho a que los libros de su autoría se
homologaran como tiempo de servicios, pues cumplió con los requerimientos
previstos por la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974, ya que fueron aprobados
por los rectores de dos universidades, en las constancias se indicó el contenido de
los textos, las razones para acogerlos como material de estudio y el número de
páginas. Además, la parte actora no probó que los libros se hubiesen producido con
dineros del erario.
iv) El literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974 dispuso que para la
homologación de textos de enseñanza como tiempo de servicio era necesario su
registro; sin embargo, el Consejo de Estado anuló dicha norma, razón por la que tal
requerimiento no le era exigible al causante. Además, en este caso sí se cumplió
con dicho registro, sin importar que ello hubiera ocurrido con posterioridad al
fallecimiento del pensionado.
v) La mencionada corporación ha indicado que para que opere la referida
homologación es necesario que los libros se hubieran escrito en ejercicio de la labor
docente; sin embargo, este aspecto no fue objeto de debate en este caso, por lo
que no es necesario analizarlo. Esta decisión es garante del derecho al debido
proceso de la accionada y evita proferir un fallo extra petita.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
vi) No se estudiará la certificación laboral aportada al plenario, tendiente a demostrar
que el causante prestó sus servicios durante tiempos adicionales a los tenidos en
cuenta por Fonprecon, ya que tal argumento debió elevarse como una pretensión a
través de una demanda de reconvención, situación que no se verificó en el sub lite.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de Fonprecon interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:5
i) El literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de 1974 se encuentra vigente, conforme
lo expresó el Consejo de Estado en sentencia del 17 de febrero de 2011.6
ii) Los libros que escribió el señor José Raimundo Sojo Zambrano solamente podían
homologarse como tiempo de servicios si el registro se hubiera realizado antes del
19 de julio de 1994; sin embargo, tal requerimiento se acreditó con posterioridad, de
modo que el causante perdió los beneficios del régimen de transición, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 4 del Decreto 1293 de 1994.
iii) El aludido registro es relevante para el reconocimiento pensional, pues en esta
clase de litigios no se busca proteger la creación intelectual, sino determinar el
cumplimiento de todos los requisitos para considerar que el texto de enseñanza es
válido para ser computado como tiempo laborado.7
iv) Para el momento en que el señor Sojo Zambrano se retiró definitivamente del
servicio, acreditaba 16 años, 6 meses y 23 días de servicio, motivo por el que no
alcanzaba los 20 exigidos por el legislador para acceder a la pensión de jubilación.
5 Folios 307 a 311.
6 Radicado 2005-02729-01 (2165-2007).
7 Fonprecon invocó la sentencia del 17 de febrero de 2011, radicado 2005-02729-01 (2165-2007).
8
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
v) Las certificaciones aportadas al plenario tampoco cumplen con las exigencias de
la Ley 50 de 1886. Además, la Universidad Sergio Arboleda indicó que los libros
escritos por el causante se acogieron con posterioridad a su desvinculación y
fallecimiento, por ende, no es posible convalidarlos para efectos pensionales.
vi) En el expediente se encuentra acreditado que el señor Sojo Zambrano nunca
tuvo la condición de docente y, por lo tanto, tampoco puede beneficiarse de la
homologación en comento, ya que se trata de un privilegio que fue establecido
exclusivamente para los educadores.8
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Fonprecon9 y la accionada10 reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas
etapas del proceso.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.11
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico se contrae a determinar si deben anularse los actos
administrativos demandados, por medio de los cuales Fonprecon reconoció y
sustituyó una pensión de vejez en favor de la señora Elsa Teresa del Niño Jesús
8 Fonprecon apoyó su argumentación en la sentencia del 6 de mayo de 2015, proferida por el Consejo de Estado, radicado
25000-23-25-000-2011-00574-01 (0768-2014).
9 Folios 341 a 344.
10 Folios 330 a 340.
11 Información extraída de la constancia secretarial que obra en el folio 345 del expediente.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Vásquez Haupt, en consideración a que el causante no acreditó los 20 años de
servicios requeridos para acceder a la prestación.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial. Postura unificada frente al régimen
especial de pensión de jubilación para los congresistas
La pensión de vejez a que tenían derecho los congresistas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 4 de 1992, se regía por los mandatos de la Ley 6 de
1945 y las sucesivas normas que la modificaron o derogaron. Así lo ordenó el
artículo 7 de la Ley 48 de 1962 al precisar que dichos servidores públicos «gozarán
de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los
servidores públicos en la Ley 6ª. de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o
reformen».
La normativa referida fue reglamentada por el Decreto 1723 de 1964 el cual, en el
artículo 2, determinó que los miembros del «Congreso Nacional» tenían derecho a
una pensión de jubilación «equivalente a las dos terceras partes de las asignaciones
devengadas durante el último año de servicios o del promedio de lo devengado en
los tres (3) últimos años, a opción del beneficiario, cuando hayan llegado o lleguen
a cincuenta (50) años de edad y cumplidos veinte (20) años de servicio continuos o
discontinuos».
Más adelante, se expidió la Ley 4 de 196612 que varió la forma de liquidación de la
prestación social descrita y, en cambio, dispuso en el artículo 4 que esta debía ser
liquidada con base en el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de
servicio. A su turno, se expidió la Ley 33 de 1985, la cual varió el requisito de edad
para tener derecho a la pensión de jubilación consagrado en la Ley 6 de 1945 y lo
aumentó a 55 años y, además, en el parágrafo del artículo 1 creó un régimen de
12 «Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación
e invalidez y se dictan otras disposiciones».
10
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
transición para aquellos que a la fecha de su expedición tuvieran 15 años de
servicio, quienes se regirían por las normas anteriores.13
El artículo 14 de la Ley 33 de 1985 instituyó el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República como un establecimiento público nacional con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y cuyo objeto era asumir, por mandato del artículo 15
ibidem, el pago de las prestaciones a favor de sus empleados y los del Congreso
de la República y de los congresistas.
Posteriormente, la Ley 4 de 1992 señaló las normas, objetivos y criterios que debía
observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos, incluidos los miembros del Congreso. En cuanto al régimen
pensional de los congresistas prescribió lo siguiente:
Artículo 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y
sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no
podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y
por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en
que se reajuste el salario mínimo legal.14
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo
en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los
Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la
sustitución respectiva.
En cumplimiento del mandato previsto en la norma, el Gobierno nacional expidió el
Decreto 1359 de 1993 a través del cual estableció un régimen especial de
pensiones, reajustes y sustituciones aplicable «a quienes a partir de la vigencia de
la Ley 4 de 1992 tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara».15
13 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público».
14 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-258 de 2013.
15 Artículo 1.° del Decreto 1359 de 1993
11
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
De esta manera, el régimen prestacional empezó a regir el 18 de mayo de 1992, 16
fecha en que entró en vigor la referida ley.
En lo que se refiere a los requisitos para obtener el derecho a la pensión de
jubilación por parte de estos servidores públicos, el Decreto 1359 de 1993 los fijó
en el artículo 7, así:
Artículo 7.º Definición. Cuando quienes en su condición de Senadores o
Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el
artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o
hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en
diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que
los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley
71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser
inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo
concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo
establecido en los artículos 5º y 6º del presente Decreto.
De conformidad con la norma, los congresistas que cumplan la edad y el tiempo de
servicios que esta establece, tienen derecho al reconocimiento de una pensión de
jubilación, la cual no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que
devenguen en el último año de servicio y deberá liquidarse con el IBL consagrado
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Esto último, en razón a que así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013.17
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema
General de Pensiones con el propósito de unificar los regímenes pensionales que
existían con antelación, con excepción de unos pocos enlistados en el artículo 279
de la Carta Política y dentro de los que no se encuentra el de los congresistas. Para
16 La Ley 4.ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo
de 1992, en el Diario Oficial 40451.
17 La Corte Constitucional en la sentencia mencionada declaró la inexequibilidad de las expresiones «durante el último
año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal»,
contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás
regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en
consideración que los artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión «por todo concepto»,
por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida, para efectos de
liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
estos, el artículo 273 ibidem preceptuó que el Gobierno nacional podía incorporarlos
al nuevo sistema, pero con respeto de los derechos adquiridos, en los términos del
artículo 36 ibidem que estableció el régimen de transición pensional.
Con fundamento en lo anterior, se expidió el Decreto 691 de 1994 que dispuso en
el artículo 1, literal b), incorporar al sistema general de pensiones, entre otros, a
«Los servidores públicos del Congreso de la República». No obstante, también se
profirió el Decreto 1293 de 1994, norma que estableció un régimen de transición
para estos servidores públicos a cuyos beneficiarios se les excluyó del ámbito de
aplicación de la Ley 100 de 1993. La norma dispuso lo siguiente:
Artículo 2. Régimen de transición de los senadores, representantes, empleados
del congreso de la república y del fondo de previsión social del congreso. Los
senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los
empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios
del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que
a 1o de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco
(35) o más años de edad, si son mujeres.
b) Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más.
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará también
para aquellas personas que hubieran sido senadores o representantes con anterioridad
al 1º de abril de 1994, sean o no elegidos para legislaturas posteriores, siempre y cuando
cumplan a esa fecha con los requisitos de que tratan los literales a) o b) de este artículo,
salvo que a la fecha señalada tuvieran un régimen aplicable diferente, en cuyo caso este
último será el que conservarán.18
De esta manera, si los congresistas al 1 de abril de 1994 acreditan alguno de los
siguientes requisitos: i) haber cumplido 40 o más años de edad si son hombres o 35
o más años de edad, si son mujeres; o ii) haber cotizado o prestado servicios
18 El Consejo de Estado declaró nulo el parágrafo subrayado al considerar lo siguiente: «a) La norma que determinó el
régimen de transición para los congresistas no podía pretender la protección de expectativas frente a este régimen para
quienes no hubieran ostentado tal calidad entre el 19 de diciembre de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran
reincorporados como congresistas en períodos posteriores.
b) Quien había sido congresista antes del 19 de diciembre de 1992 y no fuera elegido posteriormente, no tenía ninguna
expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al régimen especial por cuanto no
reunía uno de sus requisitos: estar en servicio activo. Resultaba pues que, aun estando en el régimen de transición, nunca
alcanzaría la condición necesaria para adquirir el derecho a la pensión especial prevista para los congresistas». Consejo de
Estado, Sección Segunda, consejera ponente Ana Margarita Olaya Forero, sentencia de 27 de octubre de 2005, Radicado:
11001-03-25-000-2003-00423-01(5677-03).
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
durante 15 años o más, tienen derecho a que se les aplique los requisitos
pensionales establecidos en el artículo 7 del Decreto 1359 de 1993.
También el párrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 dispuso otros
beneficiarios del régimen de transición aludido en los siguientes términos:
Artículo 3.º Beneficios del Régimen de transición. Los senadores y representantes
que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán
derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos
de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el
Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la
misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto.
[…]
Parágrafo. El régimen de transición de que trata el presente artículo se aplicará
también para aquellos senadores y representantes que durante la legislatura que
termina el 20 de junio de 1994 tuvieren una situación jurídica consolidada al
cumplir antes de dicha fecha, veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de
la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante
el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad. En cuanto a la edad de
jubilación se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2º del decreto 1723 de 1964,
es decir que tales congresistas, una vez cumplido el tiempo de servicios aquí
previsto, podrá obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a la edad de
cincuenta (50) años. (Resalta la Sala).
De conformidad con la anterior transcripción, además de los congresistas que al 1
de abril de 1994 hubiesen cumplido 40 años si son hombres, 35 si son mujeres o 15
años de servicio, también se benefician del régimen de transición los que durante la
legislatura que terminó el 20 de junio de 1994 tuviesen su situación jurídica
consolidada al completar, antes de ese día, los 20 años de servicios, de manera
continua o discontinua, en distintas entidades públicas, incluido el Congreso de la
República.
Sobre lo anterior, la Sala precisa que el término «legislatura», mencionado en la
norma, se refiere al tiempo completo comprendido entre el 20 de julio de 1993 y el
20 de junio de 1994, periodo mínimo que debe durar la vinculación. Ello es así
porque el artículo 138 de la Carta Política de 1991 señala que «El Congreso, por
derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos por año,
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el
20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluirá el
20 de junio». Sobre el particular, la interpretación que ha hecho la jurisprudencia es
la siguiente:19
Lo precedente significa entonces, que el primer inciso del parágrafo del artículo 3° del
Decreto 1293 de 1994, al construir la regulación exceptiva de la transición, se dirigió
exclusivamente a quienes laboraron en la legislatura que terminó el 20 de junio de 1994;
de donde se desprende, que es inhábil para la regla exceptiva, haber laborado por
aquella época sin comprender el concepto jurídico de legislatura, que conforme lo define
el artículo 138 de la Carta Política, su integridad temporal abarca desde el 20 de julio
de 1993 y termina 20 de junio de 1994, circunstancia que lógicamente y en justicia,
excluye a quienes laboraron por la época referida en la norma indicada, pero, por fuera
de la esfera jurídica del concepto de legislatura.
La conclusión no puede ser otra diferente a la de inferir, que el Régimen de Transición
establecido dentro de la regulación en análisis, únicamente aplica para quienes
laboraron en el tiempo previsto para el concepto de legislatura, sin que quepa duda
alguna, pues el texto de la norma se refiere nítidamente a la hipótesis “se aplicará
también para aquellos senadores y representantes durante la legislatura que
termina el 20 de junio de 1994, tuvieren una situación jurídica consolidada”.
Pensar en un fenómeno de mera circunstancialidad para derivar de ello un derecho de
excepción, como lo es el Régimen de Transición, representa no resolver las dudas a
favor del trabajador, sino por el contrario, crear sin causa material alguna, un derecho
que la misma regulación no contempló y por ahí, quebrantar una norma objetiva por una
evidente indebida aplicación de la misma.
Que de paso, estaría habilitando la concesión del beneficio del régimen de
transición de los Congresistas a quien solo ejerció la actividad parlamentaria por
unos escasos meses, dando de esta manera no solamente cabida a las llamadas
pensiones golondrina, que suponen una cuota de injusticia superior con las finanzas
públicas en términos de la sostenibilidad financiera del sistema pensional -que requiere
para su sustento de los aportes de sus cotizantes-, sino que además, se estaría
concediendo un trato especial o preferencial a un grupo minoritario de personas que por
un corto tiempo ejerció la labor legislativa. (Resalta la Sala).
Así las cosas, los beneficiarios del régimen de transición a los que alude el parágrafo
del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 son aquellos congresistas que consolidaron
su derecho al completar los 20 años de servicio en los términos indicados en dicha
norma y ya explicados; empero, que hubiesen laborado durante la legislatura que
comprende desde el 20 de julio de 1993 hasta el 20 de junio de 1994.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014, radicado 25000-23-25-000-
2006-03672-01 (2045-07).
15
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Por otro lado, respecto de los requisitos para aplicar el régimen especial de
congresistas, esta corporación dictó sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del
8 de octubre de 2020,20 cuyos efectos deben extenderse a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación del
fenómeno de cosa juzgada.21
La providencia abordó el análisis de: i) cuáles son los excongresistas que tienen
derecho a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación al amparo
del régimen especial regulado por el Decreto 1359 de 1993; ii) cuáles son los
excongresistas beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
tienen derecho a la aplicación del régimen especial del Decreto 1359 de 1993; y iii)
cuáles son los excongresistas destinatarios del régimen especial bajo la figura del
legislador vuelto a elegir. Aunado a ello, la Corporación se pronunció respecto de
algunos asuntos estrechamente relacionados con el régimen especial de
Congresistas, tales como los parámetros de liquidación de pensión y la vigencia del
régimen especial, todo ello en virtud de las implicaciones del Acto Legislativo 01 de
2005.22
En lo que atañe al sub lite, se destacan las siguientes reglas jurisprudenciales:
PRIMERO: REGLAS DE UNIFICACIÓN de lo expuesto con anterioridad se extraen las
siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en el tema puesto a
consideración:
1. Son beneficiarios del régimen especial de congresistas consagrado en el
Decreto 1359 de 1993:
1.1 Los congresistas que ejercieron su labor entre el 18 de mayo de 1992 y
adquirieron el estatus, fecha en que entró en vigencia la Ley 4 de 1992 y hasta
el 1 de abril de 1994, data en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, siempre que
cumplan los requisitos consagrados en el art. 4 y 7 del Decreto 1359 de 1993, que
son:
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020 radicado:
25000-23-42-000-2013-05893-01 (0815-15).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado
25000234200020140430501 (2470-2019).
22 Ibidem
16
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
a) Estar afiliado a Fonprecon, realizar aportes a dicha entidad y haber tomado
posesión del cargo.
b) Cumplir los requisitos de edad, esto es, la mujer 50 años y el hombre 55.
Inciso 2 del parágrafo 2 del art. 1 de la Ley 33 de 1985.
c) Cumplir 20 años continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de
derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años parte en el sector privado y
ante el ISS. Art. 7º del Decreto 1359 de 1993.
2.3. Hechos probados
2.3.1. Investidura de congresista
• El Senado de la República certificó que el señor José Raimundo Sojo Zambrano
fungió como congresista de la siguiente forma:23
Que el Doctor José Raimundo Sojo Zambrano, poseedor de la cédula de ciudadanía
16554, fue elegido Senador de la República por circunscripción nacional para el
período constitucional 1991-1994.
Que el Doctor Sojo Zambrano tomó posesión de su cargo como Senador de la
República el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y uno (01-XII-1991),
como consta en los Anales del Congreso año XXXIV No. 26 de diciembre 10 de 1991.
Que el Doctor Sojo Zambrano actuó ininterrumpidamente como tal, hasta el día
diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro (19-VII-1994).
Que el Doctor Sojo Zambrano aportaba al Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República.
2.3.2. Libros publicados
• El 26 de agosto de 1996 fue registrado el libro «Críticas y Conceptos sobre Política
Económica» como obra literaria editada, con fecha de creación 1964, primera
publicación del 20 de mayo de 1964, realizada entre 1962 y 1964, autoría del señor
José Raimundo Sojo Zambrano, editada por FENALCO24 e impresa por ANTARES
LTDA.25
23 Folio 3, expediente administrativo.
24 Federación Nacional de Comerciantes.
25 Información extraída del Certificado de Registro de Obra Literaria Editada, expedido por la Dirección Nacional de
Derechos de Autor. Libro – Tomo – Partida: 2-50-126 (folios 247 y 248).
17
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
• El 26 de agosto de 1996 fue registrado el libro «El Comercio en la Historia de
Colombia» como obra literaria editada, con fecha de creación 1970, primera
publicación en 1970, autoría del señor José Raimundo Sojo Zambrano, editada por
la Cámara de Comercio de Bogotá e impresa por la Editorial Presencia LTDA.26
• La Universidad Sergio Arboleda certificó que los libros «Críticas y Conceptos sobre
Política Económica» y «El Comercio en la Historia de Colombia» se encuentran
registrados como textos de consulta en su biblioteca. También se hizo un recuento
del contenido de los textos y las razones por las que fueron adoptados dentro del
material bibliográfico.27
• La Universidad de la Sabana hizo constar que los referidos libros «son aptos para
el estudio universitario y se encuentran en la Biblioteca de nuestra Universidad a
disposición de profesores y estudiantes. Estos libros constituyen una buena base
bibliográfica para la investigación y la docencia en las Ciencias del Derecho y de la
Economía y han sido materia de consulta por parte de profesores y alumnos de la
Universidad. Críticas y Conceptos sobre Política Económica es un estudio amplio
sobre el manejo de la economía y El Comercio en la Historia de Colombia estudia
la historia del comercio en el país, comprendiendo desde el período colonial hasta
nuestros días. Estudia igualmente el comercio en la Colonia, el proteccionismo y la
libertad de comercio y banca».28
2.3.3. Tiempo laborado en la Federación Nacional de Comerciantes29
• El 30 de junio de 2017, la señora Elsa Teresa del Niño Jesús Vásquez Haupt
interpuso demanda ordinaria laboral con el fin de que se declare la existencia de
una relación de trabajo entre el señor José Raimundo Sojo Zambrano y la
Federación Nacional de Comerciantes, en adelante Fenalco, así como el pago de
26 Información extraída del Certificado de Registro de Obra Literaria Editada, expedido por la Dirección Nacional de
Derechos de Autor. Libro – Tomo – Partida: 2-50-125 (folios 247 y 249).
27 Folio 54 y 249 a 250, cuaderno administrativo.
28 Folios 55 y 248, cuaderno administrativo.
29 La información del proceso ordinario laboral se encuentra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
las cotizaciones al sistema de pensiones que estaban a cargo del empleador, desde
el 1 de julio de 1962 al 30 de noviembre de 1972, cuando el causante se desempeñó
como presidente de dicha Federación.
• El 6 de junio de 2022, las partes celebraron audiencia de conciliación ante el
Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en la que se llegó al
siguiente acuerdo:
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES – FENALCO identificada con el Nit 860013488-
7 se compromete a pagar el cálculo actuarial que emita COLPENSIONES, respecto del
tiempo de servicio prestado por JOSÉ RAIMUNDO SOJO ZAMBRANO (q.e.p.d), quien se
identificaba con la cédula de ciudadanía 16.554 entre el 1 de enero de 1967 y el 30
de noviembre de 1972 con base en el salario mínimo legal mensual vigente de la
época.
Para tal fin, la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES – FENALCO deberá tramitar
ante Colpensiones de trámite del cálculo actuarial, con la coadyuvancia del apoderado
de la parte demandante. Obtenido el cálculo FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES
– FENALCO lo cancelará en el término de 4 meses. En caso de que el pago tardío del
cálculo genere un mayor valor, deberá ser asumido por la FEDERACIÓN NACIONAL DE
COMERCIANTES – FENALCO.
El referido despacho judicial aprobó el acuerdo conciliatorio, en consideración a que
«no vulnera derechos ciertos e irrenunciables de la demandante» y dejó constancia
de que presta mérito ejecutivo. En consecuencia, se ordenó la terminación del
proceso y su archivo definitivo.
A la referida diligencia también compareció el apoderado judicial de Fonprecon.
2.3.4. Actuación administrativa
• El 22 de abril de 1997, por Resolución 000229, Fonprecon le reconoció la pensión
de jubilación al señor José Raimundo Sojo Zambrano, conforme a la ley 4 de 1992
y el Decreto 1359 de 1993, y la sustituyó a la señora Elsa Teresa del Niño de Jesús
Vásquez Haupt y a los menores María Teresa, Mauricio, Raúl Alfredo y José María
Raimundo Sojo Vásquez. Para el efecto, se tuvo en cuenta que el causante se
desempeñó como senador de la República, estaba afiliado al referido fondo al 19
19
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
de julio de 1994, acreditaba más de 55 años de edad y «[h]a prestado los siguientes
servicios al Estado»:30
A M D
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 4 24
23 noviembre/72 al 16/abril/73
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 3 22
17 abril/73 a 8 agosto/74
COTIZACIONES AL I.S.S.
15 agosto/76 a 30 septiembre/79 3 1 16
1 junio/82 a 24 abril/85 2 10 24
4 julio/85 a 31 octubre/91 6 3 27
Libro “Críticas y Conceptos sobre Política 2 - -
Económica”. De. 1962-1964
Libro “Comercio en la Historia de 2 - -
Colombia” De- 1970
H. SENADO DE LA REPÚBLICA
1 diciembre/91 a 26 junio/92 - 6 -
20 julio/92 a 20 junio/93. Hubo 242 sesiones. 1 - -
Asistió a todas
20 julio/93 a 20 julio/94. Hubo 242 sesiones. 1 - -
Asistió a todas
TOTAL 20 6 23
• El 16 de junio de 1997, por Resolución 000404, Fonprecon aclaró la Resolución
000229 de 1997, en el sentido de corregir el monto de la pensión.31
• El 12 de agosto de 1998, mediante la Resolución 000587, Fonprecon reliquidó la
pensión en comento.32
• El 1 de marzo de 2004 y el 14 de marzo de 2006, por Resoluciones 0376 y 0416,
respectivamente, Fonprecon acreció la mesada pensional de la señora Elsa Teresa
del Niño de Jesús Vásquez Haupt.33
• El 22 de junio de 2006 y el 9 de junio de 2008, mediante las Resoluciones 0960 y
0620, respectivamente, Fonprecon acató unas decisiones judiciales que
30 Folios 5 a 11.
31 Folios 12 a 13.
32 Folios 14 a 18.
33 Folios 19 a 24.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
modificaron el valor de la mesada pensional.34
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Tiempo de servicio para acceder a la pensión de vejez
En el presente caso se encuentra en discusión el reconocimiento de la pensión de
vejez del señor José Raimundo Sojo Zambrano, que fue sustituida a la señora Elsa
Teresa del Niño Jesús Vásquez Haupt, pues Fonprecon considera que el causante
no acreditó los 20 años de servicios requeridos para acceder a la prestación.
En la sentencia de unificación citada en el acápites precedentes, se expresó que el
régimen especial de congresistas previsto en la Ley 4 de 1992 y sus decretos
reglamentarios se aplica a tres grupos de legisladores, a saber: i) a los beneficiarios
del régimen de forma directa, esto es, a quienes ostentaran la calidad de congresista
al entrar en vigencia la Ley 4 de 1992; ii) al congresista pensionado y vuelto a elegir;
y iii) a los destinatarios del régimen de transición consagrado en el Decreto 1293 de
1994.
En señor José Raimundo Sojo Zambrano se encuentra en el primer supuesto, ya
que fungió como Senador de la República entre el 1 de diciembre de 1991 y el 19
de julio de 1994, además actuó ininterrumpidamente en tal condición, por ende,
tenía dicha investidura al momento de entrar en vigencia la Ley 4 de 1992 (18 de
mayo de 1992), conforme se prevé para ese segmento de destinatarios del régimen
especial.
De este modo, el derecho a la pensión de vejez del causante estaba sujeta al
cumplimiento de las siguientes condiciones: i) estar afiliado a Fonprecon, realizar
aportes a dicha entidad y haber tomado posesión del cargo; ii) acreditar 55 años de
edad; iii) demostrar 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o
34 Folios 25 a 32.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
diferentes entidades de derecho público o haber cumplido o cotizado los 20 años
parte en el sector privado y ante el ISS.
En el presente caso se encuentra en discusión el tercer requisito, esto es, el referido
al tiempo de servicio para acceder al derecho pensional, bajo el entendido de que
el causante laboró durante aproximadamente 16 años y, por ende, no alcanzó los
20 años que exige la ley.
De esta manera, el debate se ha centrado en la posibilidad de homologar 2 libros
por 4 años de servicio; sin embargo, en el transcurso del proceso se han presentado
algunas circunstancias que hacen que la discusión no pueda centrarse en ese
exclusivo aspecto, pues lo relevante en este caso es que hay un requerimiento que
aparentemente no se ha acreditado para predicar un derecho a la pensión de vejez,
esto es, el tiempo.
En el acto de reconocimiento dicho elemento se demostró con la homologación de
las referidas publicaciones, pero durante este trámite procesal también se demostró
una prestación efectiva del servicio por parte del causante en Fenalco.
A partir de este contexto, es preciso anotar que por excelencia el derecho pensional
obedece a un sistema de aportes, por lo que en estricto orden primero debe
verificarse la historia laboral para determinar si es suficiente para demostrar los 20
años de servicios necesarios y en caso de que ello no sea así, se podrá dar paso al
estudio de la aptitud de los libros para reputarlos como tiempo de servicio.
En efecto, en la sentencia de unificación del 8 de octubre de 2020 se estudió el
referido requerimiento en los siguientes términos:
66. Ciertamente, el tiempo de labor consagrado en el art. 7º del decreto ut supra
mencionado corresponde a 20 años continuos o discontinuos, en una o en diferentes
entidades de derecho público incluido el Congreso de la República o que los hayan
cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988,
que regula la pensión de jubilación por aportes, tal como lo establece el artículo 20
22
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
del Decreto 1160 de 198935.
67. Valga precisar, que los 20 años continuos o discontinuos, no requieren
desarrollarse completamente en la actividad legislativa. Ello, porque la misma Ley 4ª
de 1992 y el artículo 7º en cita, consagraron la posibilidad de acreditar el tiempo de
servicios en otros cargos, incluido el del Congreso de la República, o el cotizado en
el ISS.
68. En suma, el Senador o el Representante a la Cámara adquiere el estatus de
pensionado, con el cumplimiento del tiempo de servicios de 20 años continuos o
discontinuos, en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el
Congreso de la República o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector
privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto
por el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, que regula la pensión de jubilación por aportes,
y con la edad de 50 años para la mujer y 55 años para el hombre, salvo que se trate
de quienes ejercieron la labor legislativa antes del 13 de febrero de 1985, cuando
cobró vigencia la Ley 33 de 1985, para quienes rige la edad de 50 años sin distinción
entre mujeres y hombres y el tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos,
según lo estipulado por el Decreto 1723 de 1964.
En el sub lite se encuentra acreditado que de manera concomitante al presente
trámite judicial la accionada presentó una demanda ordinaria laboral que culminó
con acuerdo conciliatorio en el que se determinó que el señor Sojo Zambrano prestó
sus servicios a Fenalco entre el 1 de enero de 1967 y el 30 de noviembre de 1972.
Como consecuencia de ello se determinó que dicha federación giraría los aportes
adeudados al sistema de pensiones.
Es pertinente resaltar que el magistrado conductor del proceso negó la suspensión
del presente proceso por prejudicialidad,36 en razón a que en este caso se estaba
debatiendo si los libros podían homologarse por tiempo de servicio y también se
explicó que el trámite ordinario ya había culminado.
La anterior decisión de ninguna manera desdibuja el proceso ordinario laboral, pues
lo que se buscaba era explicar los aspectos que diferenciaban un litigio de otro y
relevar que ante la jurisdicción ordinaria no quedaban etapas pendientes por surtir.
35 Decreto 1160 de 1989. «[P]or el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988». Artículo 20. «Pensión de
jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988 se denomina pensión de jubilación
por aportes».
36 Auto del 27 de octubre de 2022, visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Así las cosas, cobra importancia el acuerdo conciliatorio en comento ya que fue
aprobado por la autoridad judicial competente, se trata de una actuación que puso
fin al proceso, presta mérito ejecutivo, quedó amparada por la cosa juzgada y es
vinculante para las partes.
A su vez, el efecto principal e inmediato de dicho acto es que recompuso la historia
laboral del causante, de este modo a los 16 años que se tuvieron en cuenta para el
reconocimiento pensional ahora acusado deben sumarse los casi 6 años que el
señor Sojo Zambrano laboró en Fenalco. De esta manera, el tiempo de servicio, sin
incluir el que fue homologado por libros, correspondería al siguiente:
A M D
FENALCO 5 11 -
01 enero/67 al 30 noviembre/72
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - 4 24
23 noviembre/72 al 16/abril/73
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 3 22
17 abril/73 a 8 agosto/74
COTIZACIONES AL I.S.S.
15 agosto/76 a 30 septiembre/79 3 1 16
1 junio/82 a 24 abril/85 2 10 24
4 julio/85 a 31 octubre/91 6 3 27
H. SENADO DE LA REPÚBLICA
1 diciembre/91 a 26 junio/92 - 6 -
20 julio/92 a 20 junio/93. Hubo 242 sesiones. 1 - -
Asistió a todas
20 julio/93 a 20 julio/94. Hubo 242 sesiones. 1 - -
Asistió a todas
TOTAL37 22 5 16
En este orden de ideas, el incumplimiento del tiempo de servicio, sobre el cual se
edificó el presente litigio, quedó superado en razón a que se logró acreditar una
vinculación laboral a Fenalco con efectos pensionales, por lo tanto, se cumplió con
la exigencia de acreditar más de 20 años de servicio en el sector oficial y público,
conforme lo exigía la normativa especial.
2.4.2. Homologación de textos de enseñanza por tiempo de servicio
37 En ese caso se descontaron 7 días que resultaron simultáneos entre la vinculación a Fenalco y al ISS.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
En aras de resolver los argumentos desarrollados por la parte apelante, a
continuación se revisarán los libros que se homologaron por tiempo laborado, bajo
el entendido de que este análisis se hace con el ánimo de responder a las
inquietudes planteadas por Fonprecon al sustentar la alzada, pero con la salvedad
de que el derecho pensional no está en discusión desde el punto de vista del tiempo
de servicio requerido para su reconocimiento, ya que se encuentra satisfecho con
suficiencia, por las razones antes expuestas.
Ahora bien, el artículo 13, inciso segundo, de la Ley 50 de 1886 dispuso que «[l]a
producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos Institutores o
Profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico
exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos
el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del Tesoro Público, equivaldrán
respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción Pública».
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado analizó la vigencia de la
anterior disposición en los siguientes términos:38
b) El artículo 13 de la ley 50 de 1886 ha conservado su vigencia para un grupo de
trabajadores a quienes se les aplican normas anteriores, en virtud de un régimen
excepcional consagrado por la misma ley 100: el régimen de transición del artículo
36.
[…]
El régimen de transición significa para las personas beneficiarias del mismo, que se
les aplican tres requisitos del régimen pensional anterior, o mejor, del régimen al cual
se encontraban afiliados, a saber:
a) La edad para acceder a la pensión de vejez.
b) El tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas.
c) El monto de la pensión de vejez.
Las demás condiciones y requisitos para que estas personas accedan a la
mencionada pensión, son las señaladas en la ley 100 de 1993.
38 Concepto 1082 del 22 de abril de 1998, consejero ponente Dr. César Hoyos Salazar.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
En consecuencia, dentro del requisito “tiempo de servicio” del servidor público que se
encuentre en el régimen de transición del artículo 36 de la ley 100, hay que analizar
la normatividad anterior y dentro de ésta se encuentra el artículo 13 de la ley 50 de
1886, que concede dos años de servicio, para efectos de obtener la pensión de
jubilación, hoy llamada de vejez, al servidor público que cumpliendo una labor de
instrucción pública o tareas del magisterio privado que la norma asimila a la primera,
elabore un texto de enseñanza.
[…]
2. LA SALA RESPONDE:
2.1. El artículo 13 de la ley 50 de 1886 fue derogado tácitamente por el artículo 289
de la ley 100 de 1993.
Sin embargo, se encuentra vigente para los servidores públicos exceptuados de la
aplicación del sistema de seguridad social integral de la ley 100 de 1993 en el artículo
279 de la misma, y para los servidores públicos que se encuentran en el régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de dicha ley, esto es, aquellos que el 1º de
abril de 1994 tenían 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad
si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, y estaban en esa fecha
afiliados a un régimen pensional.
[…]
De acuerdo con el anterior criterio, resultaba razonable que Fonprecon hubiera
acudido a la Ley 50 de 1886 para homologar los 2 libros que escribió el señor Sojo
Zambrano por 4 años de servicio, pues la entidad tuvo en cuenta que el causante
estaba dentro del régimen de transición de congresistas, el cual coincide con los
postulados del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, el presente medio
de control se entabló por considerar que los textos no se ajustaron a los mandatos
de la Ley 50 de 1886 ni al Decreto 753 de 1974 que la reglamentó.
Los reparos de la entidad corresponden a los siguientes: i) las obras se registraron
con posterioridad a que el causante se retirara del servicio y de su fallecimiento; ii)
las certificaciones expedidas por las universidades de La Sabana y Sergio Arboleda
no dan cuenta de su adopción como textos de enseñanza, el tiempo en que han
sido utilizados, la identificación de su contenido, número de páginas y las razones
por las que se aprueban o recomiendan; iii) los libros no fueron escritos en ejercicio
de labor docente.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Es relevante anotar que los 2 primeros requerimientos que echa de menos
Fonprecon no se encuentran enlistados expresamente en la Ley 50 de 1886, pues
la norma se limitó a exigir la aprobación de dos institutores o profesores, sin
establecer pormenores, y que el autor no hubiera recibido auxilio del tesoro público.
Fue el Decreto 753 de 1974 el encargado de reglamentar dicha ley y establecer de
manera detallada el contenido de la mencionada aprobación e implementar el
registro. Textualmente se dispuso lo siguiente:
Artículo 1° Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de
enseñanza, según el inciso 2° del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar
su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada
ante un juez de la residencia del autor del texto.
En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el
establecimiento a [sic] los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado,
el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del
libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado
aprobación o para recomendarlos.
Artículo 2° La aprobación o recomendación pueden estar a cargo de dos rectores o
directores de escuelas, colegios, universidades, institutos de especialización o de
enseñanza diversificada, oficiales o privados, o de los decanos de las facultades, con
el visto bueno del rector. En ese caso bastará la certificación correspondiente.
Artículo 3° Cada libro adoptado y recomendado conforme indican las anteriores
disposiciones, equivaldrá a dos años de servicio público, para los efectos exclusivos
de la pensión de jubilación a que tiene derecho el autor, cualquiera que fuere el
número de tomos publicados. Son requisitos para hacer el reconocimiento por parte
de la entidad asistencial respectiva.
a) Que el libro o libros sean impreso y su propiedad intelectual registrada.
b) Que expresen el nombre del autor, el pie de imprenta y el año en edición.
c) Que en el caso de ser varios tomos de una misma obra, cada uno de ellos no tenga
menos de doscientas páginas, con dimensión no menor de 20 x 15 cms.
d) Que si se trata de obra escrita y publicada en un solo tomo, éste no tenga menos
de 200 páginas de la dimensión mínima precedente.
En todo caso se acompañará un ejemplar y éste se conservará en la biblioteca de la
entidad que hace el reconocimiento.
*Nota. Los literales c) y d) fueron anulados por el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 15 de diciembre de 1979, radicado 1344.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Ahora bien, en cuanto a los requisitos establecidos en el Decreto 753 de 1974, se
resalta que las obras que escribió el señor Sojo Zambrano fueron publicadas en los
años 1964 y 1972, es decir, antes de su entrada en vigencia, por lo que los nuevos
requerimientos no deberían aplicarse de manera retroactiva.
En todo caso, se observa que en el sub lite acreditaron dichas exigencias, pues los
libros fueron recomendados por los rectores de 2 universidades y las certificaciones
dan cuenta de las razones por las cuales constituían material valioso para la
consulta e investigación de la comunidad educativa. A su vez, el hecho de que la
Universidad Sergio Arboleda certificara que acogió los libros con posterioridad al
fallecimiento del autor, ello no es razón suficiente para restarle su mérito como
textos de enseñanza, máxime cuando el ordenamiento superior no estableció una
fecha específica para que las obras sean incorporadas en las bibliotecas de las
universidades.
Al respecto, cobran relevancia las razones que esgrimió el Consejo de Estado para
anular los literales c) y d) del Decreto 753 de 1973, en tanto indicó:
Los requisitos a que alude el decreto enjuiciado, aparte de no estar comprendidos en
la Ley 50 de 1886, afectan la encomiable y altruista finalidad de ésta, que no es otra
que la de estimular a los autores y editores de obras didácticas que propendan por el
desarrollo de la instrucción pública y, por ende, de la cultura nacional.
Además se trata de formalidades que en manera alguna inciden en el espíritu mismo
de la norma legal reglamentada, porque como bien lo anota el demandante, la cultura
nunca puede ser estimada en volumen de páginas o en número de centímetros. Es la
calidad, el contenido de la obra, lo que permitirá apreciarla como útil o valedera en la
enseñanza o aprendizaje.
En cuanto al requisito establecido en el literal a) del artículo 3 del Decreto 753 de
1974, relativo que se hubiera registrado la propiedad intelectual del libro, en algunas
páginas web oficiales se indica que aquél fue anulado por el Consejo de Estado;39
39 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-104103_archivo_pdf.pdf
28
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
sin embargo, una vez consultado el sistema de relatoría de esta corporación y la
Imprenta Nacional, no fue posible encontrar providencia alguna en tal sentido.
Por su parte, esta corporación en casos con contornos similares al presente ha
exigido el requisito del registro e inclusive ha expresado que debe acreditase antes
del 20 de junio de 1994,40 mientras que en otros casos ha sostenido que la fecha
límite es el 29 de enero de 2003,41 en razón a que la Ley 797 de 2003 dispuso que
a partir de su entrada en vigencia no podrían «sustituirse semanas de cotización o
abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros
requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios
efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán
otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de
servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la
presente ley».
Sin embargo, en el presente caso el requerimiento del registro antes del 20 de junio
de 1994 se constituye en una medida en extremo rigurosa y desconoce las
circunstancias particulares en las que se verificó el reconocimiento pensional, por lo
que resultaría aplicable el antecedente en que se estableció como límite el 29 de
enero de 2003.
En efecto, en el sul lite no podía exigirse a la beneficiaria de la sustitución pensional
el registro de la obra en una fecha anterior al fallecimiento de su cónyuge, pues era
él quien gozaba de los derechos de autor y podía disponer de su obra.
Luego del fallecimiento del causante se habilitó para la señora Vásquez Haupt la
posibilidad de obtener el registro de la obra de su cónyuge, conforme lo hizo ante la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, el 26 de agosto de 1996, con el ánimo de
40 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 29 de mayo de 2020, radicado 25000-23-42-000-2013-
06526-01 (3839-2018); ii) del 2 de octubre de 2019, radicado 25000-23-42-000-2014-02048-01 (4766-2015); iii) del 3 de
mayo de 2018, radicado 25000-23-25-000-2004-08920-01 (2195-2008); iv) del 17 de febrero de 2011, radicado 25000-23-
25-000-2005-02729-01 (2165-07).
41 Sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicado 25000-23-42-2014-02370-01 (0514-2016) .
29
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
salvaguardar su derecho al mínimo vital y el de sus mejores hijos. En efecto, no
puede perderse de vista que en este caso estamos ante una sustitución pensional
que se otorgó con ocasión de la muerte del señor Sojo Zambrano, por ende,
resultaba lógico que la accionada, como madre cabeza de hogar, adelantara todas
las gestiones tendientes a proteger a su núcleo familiar.
También es relevante recordar que las Leyes 23 de 1982,42 33 de 1987,43 44 de
1993,44 565 de 200045 y la Decisión Andina 351 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena,46 se incorpora el principio rector de la protección automática de la
autoría y se re reconoce que la titularidad de una obra literaria no se subordina a
formalidad alguna.
De esta manera, se determinó que la protección de las obras literarias y artísticas,
interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y
conexos no estará subordinada a ningún tipo de formalidad. De ahí que no puede
impedirse su goce y ejercicio por la omisión del registro, pues este tiene un carácter
declarativo y no constitutivo de derechos. 47
A su vez, el registro es relevante para proteger los derechos patrimoniales de autor,
pero no los morales y estos últimos comprenden el «reconocimiento de la paternidad
intelectual»,48 esto es, ser aceptado como el titular de la obra.
Bajo este entendido, «tratándose de derechos morales de autor, el mecanismo
idóneo para acreditar la autoría de una obra literaria, es la obra misma, la cual no
puede ser rechazada o desconocida so pretexto de exigir un requisito de
acreditación cualificado y excluyente que no exige la legislación especial».49
42 Sobre derechos de autor.
43 Por medio de la cual se aprueba el «Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas».
44 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.
45 Por medio de la cual se aprueba el «Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre
Derechos de Autor (WCT)».
46 Por la cual se aprueba el régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos.
47 Artículos 52 y 53 de la Decisión Andina 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
48 Artículo 11 de la Decisión Andina 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
49 Sentencia SU-913 de 2009.
30
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
De otro lado, en el recurso de apelación Fonprecon afirmó que solamente pueden
homologarse por tiempo de servicios aquellos textos que fueron escritos en ejercicio
de la labor docente.
Al respecto, se observa que el Consejo de Estado en anterior oportunidad sostuvo
la tesis en la que se apoya la entidad accionante;50 sin embargo, la lectura de la Ley
50 de 1886 y del Decreto 753 de 1974 evidencia que esa exigencia no fue
implementada por el ordenamiento superior.
En todo caso, se reitera que en el presente asunto se acreditaron los 20 años de
prestación de servicio efectivo, por lo que esta no es la oportunidad para ahondar
en el análisis de este aspecto.
Finalmente, se observa que en el escrito de alegatos de conclusión el apoderado
de la accionada solicitó que se emitiera sentencia de unificación en relación con la
homologación de libros por tiempo de servicios; sin embargo, conforme quedó
expuesto, este asunto resultó secundario para decidir el debate, por lo que no
resulta viable adentrarse en un profundo examen de esa temática, ya que las
particularidades del caso concreto no permitirían abordar los postulados
dogmáticos, normativos y jurisprudenciales que deberían desarrollarse.
Es decir, que se incumpliría con la finalidad esencial de esta figura y que consiste
en la posibilidad de que el Consejo de Estado emita providencias que contengan
reglas y subreglas con vocación de universalidad, que puedan aplicarse a casos
futuros con supuestos fácticos y jurídicos análogos a los que fueron analizados en
el asunto seleccionado inicialmente para emitir sentencia unificadora.
50 Sentencia del 6 de mayo de 2015, radicado 25000-23-25-000-2011-00574-01 (0768-2014).
31
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
Inclusive, la anterior razón ha conducido a esta Sección a dejar sin efectos autos
que con antelación habían avocado procesos con fines de unificación.51 En
consecuencia, no resulta razonable postergar la resolución del presente litigio,
máxime cuando una de las partes es una persona de la tercera edad, sujeto de
especial protección y beneficiaria de la tutela judicial efectiva, en los términos del
artículo 4 de la Ley 2055 de 2020, aprobatoria de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en la que
el Estado Colombiano se comprometió a adoptar y fortalecer «todas las medidas
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole,
incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato
diferenciado y preferencial en todos los ámbitos».
2.5. De la condena en costas
Por tratarse de una demanda interpuesta por una entidad pública en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, en la que se ventiló un asunto de interés público,52 no hay lugar a imponer
condena en costas.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada.
51 Al respecto pueden consultarse los siguientes autos, proferidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25
de noviembre de 2021, radicado 08001-23-33-000-2013-00565-02 (1128 - 2019); ii) del 17 de noviembre de 2022, radicado
11001-03-25-000-2012-00885-00 (2711-2012); iii) del 18 de mayo de 2023, radicado 68001 23 31 000 2001 02612 01
(0014-2014).
52 El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
32
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01082-01 (2997-2018)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República - Fonprecon
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda incoada por el Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República contra la señora Elsa Teresa del Niño Jesús Vásquez
Haupt.
Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
33
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.