Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 70001-23-33-000-2024-00057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 70001-23-33-000-2024-00057-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de mayo de 2024
Demandante: Mónica Zamira Romero Atencia
Demandados: Bancolombia y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
Demandante: MÓNICA ZAMIRA ROMERO ATENCIA
Demandados: BANCOLOMBIA Y OTRO
TEMAS: Tutela de fondo - falta de cumplimiento a orden judicial- confirma
improcedencia por subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la actora contra el fallo de 8 de abril
de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Sucre declaró improcedente
la acción de tutela.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Mónica Zamira Romero Atencia radicó el 19 de marzo de 20241 la presente
acción de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con ocasión
de la falta de cumplimiento, por parte de Bancolombia, de las medidas cautelares
decretadas por el Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo dentro
del proceso ejecutivo identificado con el radicado 70001-33-33-002-2016-00234-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. Se amparen los derechos fundamentales tales como son: el acceso a la
administración de justifica en debida forma, y al debido proceso judicial que se me
ha vulnerado por parte de Bancolombia con ocasión al incumplimiento a las
medidas cautelares decretas mediante autos 11 de febrero de 2022, 28 de junio de
2022, y auto de 09 de noviembre de 2022.
2. Se ordene al Bancolombia para que el término que indican el artículo 593,
numerales 4 y 10 CGP, les den cabal cumplimiento a las medidas cautelares
decretadas mediante autos 11 de febrero de 2022, 28 de junio de 2022, y auto de
09 de noviembre de 2022, ello debido a que la autoridad que lleva el proceso
ejecutivo de radicación 70001333300220160023400 ya realizó la orden judicial que
ha incumplido la autoridad accionada.
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De acuerdo con el aplicativo Samai.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Mónica Zamira Romero Atencia
Demandados: Bancolombia y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
3. Se ampare el derecho a la igualdad contenido en el articulo 13 de la C.N, y al
proceso de la señora MARIA JIMENEZ HERNANDEZ C.C. 23.197.011, Contra el
MUNICIPIO DE SUCRE - SUCRE. NIT. 892.280.061.6 Correo electrónico
notificacionjudicial@sucre-sucre.gov.co, RADICACION N°
70001333300320160005300, que cursa ante el JUEZ TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO, Bancolombia le
constituyó depósitos judiciales de las cuentas corrientes y ahorro que posee el
Municipio de Sucre -Sucre ante ese banco sin que se haga lo mismo en el mío pese
a tener las medidas cautelares ratificadas.2
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
La señora Mónica Zamira Romero Atencia es la demandante en el proceso ejecutivo
con radicación 70001-33-33-002-2016-00234-00, que se dirigió contra el municipio de
Sucre (Sucre).
El expediente correspondió al Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo, que con autos de 11 de febrero de 2022, 28 de junio de 2022, y 9 de
noviembre de 2022 decretó y ratificó, como medida cautelar, el embargo y secuestro
de los dineros del municipio demandado en distintas cuentas bancarias, entre ellas,
las que tiene en Bancolombia.
A juicio de la parte accionante, la entidad bancaria referida no ha dado cumplimiento
a las órdenes emitidas por el Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Además del señalamiento realizado en los hechos relativo a que Bancolombia ha
desatendido las medidas cautelares, en el escrito inicial se adujo que:
A la presente acción le son aplicables la sentencia de unificación del CONSEJO DE
ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A, CONSEJERO PONENTE;
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, CALENDADA 22 DE AGOSTO DE 2019,
RADICACIÓN 11001-03- 15-00-2019-03694-00, SENTENCIA DE LA SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A C.P. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA,
CALENDADA 30 DE MAYO DE 2019, NUMERO: 47001-23-33-00-2018-00135-01
(63241) Y LA PROVIDENCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA C.P MARIA GARCIA
GONZALEZ) Y LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN PROFERIDA POR EL CONSEJO
DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA, CALENDADA VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE
(2019) PROFERIDA DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, RADICACIÓN N° 08001 23 33 000 2013
00565 02 (1128-19), DEMANDANTE: ARTEMO FONTALVO GRANADOS,
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP -
TEMA: INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD QUE
PROTEGE LOS RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS EN EL MARCO DE LOS
ARTÍCULOS 594 Y 597 ORDINAL 11 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y,
EL PARÁGRAFO 2.º DEL ARTÍCULO 195 DE LA LEY 1437 DE 2011 Y DEMÁS
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Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
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Demandante: Mónica Zamira Romero Atencia
Demandados: Bancolombia y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
NORMAS QUE LO CONSAGRANAUTO: AVOCA CONOCIMIENTO PARA
EFECTOS DE UNIFICACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 270 Y 271
DE la ley 1437 de 2011 y la sentencia del CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE BOGOTÁ D.C., VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022) RADICACIÓN NÚMERO: 08001-23-33-000-2016-01416- 02(67517) ACTOR:
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS DEMANDADO: ESE HOSPITAL
MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD –
EJECUTIVO, Y CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDENTE JUDICIAL CONTENIDO
EN LA SENTENCIA DE TUTELA PROFERIDA POR LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO SUBSECCIÓN “B” RADICACIÓN N°
11001031500020220458900 ACCIONANTE: IREN SUZANA MERCADO ARIAS,
CONTRA EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO SUCRE Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE. 3
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 19 de marzo de 2024, el magistrado ponente de la decisión del
Tribunal Administrativo de Sucre admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Sincelejo y a Bancolombia.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Bancolombia
La sociedad consideró que la solicitud de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, por cuanto en el proceso ejecutivo el juez cuenta con la posibilidad de
imponer medidas correccionales si considera que no se ha dado cumplimiento a sus
órdenes.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo
La titular del despacho concurrió a la acción de tutela y manifestó que:
Revisado el proceso ejecutivo motivo de tutela, se informa que, no se encuentra
trámite pendiente por surtir, esta Unidad Judicial, ha dado alcance a las solicitudes
presentadas por la ejecutante, resolviendo conforme a lo requerido y bajo los
preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto.
Aunado a lo anterior y en vista de lo pretendido, la acción de tutela no es el medio
idóneo para hacer cumplir las medidas cautelares, el accionante cuenta con otros
recursos o medios de defensa al interior del proceso ejecutivo, a fin de velar por el
cumplimiento de las órdenes emitidas por los operadores judiciales, específicamente
en el decreto de medidas cautelares, cuando exista desatención a éstas, tornándose
improcedente el amparo solicitado.
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Transcripción literal del original.
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Demandante: Mónica Zamira Romero Atencia
Demandados: Bancolombia y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 8 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre declaró
que el medio constitucional es improcedente por cuanto no se cumple con el requisito
de la subsidiariedad.
Para el efecto, recordó que dentro del proceso ejecutivo la parte demandante puede
solicitar la imposición de multas para quien desatienda una orden de embargo, como
lo dispone el parágrafo segundo del artículo 593 del CGP, como sustento de lo resuelto
expuso:
En ese sentido, encuentra esta Sala, que la presente tutela es improcedente, puesto
que, si bien, se ha requerido a la entidad financiera Bancolombia en repetidas
ocasiones, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, la
accionante sigue contando con otros medios dentro del proceso ejecutivo para
hacer cumplir las medidas cautelares que fueron proferidas dentro del mismo, el
Juzgado en todo caso, puede estudiar si es posible, aplicar la sanción dispuesta en
el parágrafo segundo del articulo 593 del Código General del Proceso, u otros
medios que la misma norma dispone para el cumplimiento de las medidas
cautelares, como el inicio de incidentes sancionatorios y/o disciplinarios, de ser
procedentes y necesarios.
[…]
En conclusión, se negará el amparo tutelar solicitado por la señora Mónica Zamira
Romero Atencia, al encontrar esta Sala, que la presente acción de tutela es
improcedente al no cumplirse con el requisito de subsidiariedad y tener la
accionante otros mecanismos dentro del proceso ejecutivo para que la entidad
financiera Bancolombia de cumplimiento a la medida de embargo decretada por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo.
A su vez, ya que no se configuraba ningún escenario especial que implicara un
perjuicio irremediable, no encontró razones para omitir el deber de agotar los medios
idóneos del trámite ordinario.
1.8. Impugnación4
La actora afirmó que su apoderado ha solicitado al Juzgado 2. ° Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo la imposición de sanciones contra Bancolombia por no
proceder con la medida cautelar en cuestión, por lo tanto solicitó:
1. Se sirva revocar la decisión de tutela de fecha 08 de abril de 2024
2. Se ordene dando al juzgado segundo administrativo de Sincelejo a que le
imponga al Bancolombia las sanciones que indica el numeral 3 del artículo 44 del
C.G.P, por el no cumplimiento de las medidas cautelares decretadas dentro del
proceso ejecutivo laboral de referencia 70001333300220160023400.
3. Se ordene a Bancolombia a que se le de cumplimiento inmediato a las medidas
cautelares decretadas dentro del proceso ejecutivo laboral de referencia
70001333300220160023400, el cual cursa ante el juzgado segundo administrativo
de Sincelejo.
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La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 9 de abril de 2023 y el escrito de
impugnación fue radicado el 12 de abril siguiente.
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Resaltó que las medidas cautelares cuyo cumplimiento está esperando deben ser
direccionadas por la autoridad judicial que las ordenó.
1.9. Trámite de segunda instancia
Mediante autos de 18 de abril y 2 de mayo de 2024, se requirió al Tribunal
Administrativo del Circuito Judicial de Sucre que allegara completo el memorial de
impugnación de la actora5, y se vinculó al proceso al municipio de Sucre, por ser la
parte demandada dentro del proceso ejecutivo.
Dentro de la oportunidad otorgada, la entidad territorial no allegó intervención alguna.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el accionado
contra la sentencia de 8 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Sucre, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 8 de abril de 2024, a través de la cual el Tribunal
Administrativo de Sucre declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
2.6. Caso concreto
En el presente caso se tiene que la actora considera que se han vulnerado sus
derechos fundamentales por cuanto Bancolombia no ha dado cumplimiento a la
medida cautelar ordenada por una autoridad judicial.
Sobre el particular, ya esta Sala se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se
utilice la acción de tutela para forzar el cumplimiento de una orden judicial y, al
respecto, ha manifestado:
Debe resaltarse que en el momento que un juez de la República profiere una orden,
es aquel la única autoridad que puede establecer si esta fue cumplida a cabalidad,
esto en virtud de los principios de juez natural e intermediación que rigen la función
de administrar justicia. En ese orden de ideas, el juez de tutela no tiene competencia
para inmiscuirse en las órdenes judiciales proferidas por un despacho distinto y
decidir si estas fueron acatadas o no6.
De acuerdo con el antecedente, si la señora Mónica Zamira Romero Atencia consideró
que la sociedad Bancolombia se evadió de acatar una resolución judicial, debe acudir
5
Esto por cuanto entre lo recibido en la Secretaría del Consejo de Estado solo se encontró el correo
electrónico remitido por la actora, pero no el documento anexo que contenía sus argumentos.
6
Sentencia de 21 de septiembre de 2023, proceso 11001-03-15-000-2023-03323-00 M.P. Luís Alberto
Álvarez Parra.
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Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
al juez que la profirió a través de los mecanismos que ofrece el proceso judicial
ordinario, a fin de que sea aquel quien adopte las medidas a que haya lugar.
Para dicho efecto, la Ley 1564 de 2012 permite que el fallador imponga medidas
correccionales (artículo 44); inicie el trámite de un incidente de desacato (artículo 127),
o imponga multas sucesivas (artículo 593).
Por otra parte, la sala no pasa por alto que en el proceso 70001-33-33-002-2016-
00234-00 se encuentra en curso una solicitud de inicio de incidente de desacato
presentada el 4 de abril de 2024, dicho trámite cuenta con un auto de apertura de 9 de
mayo siguiente.
Quiere decir esto, que no solo existen los medios idóneos para que la parte actora
promueva el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por el juez 2. °
administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo, sino que la señora Romero Atencia ya
hizo uso de una de ellas, lo que de plano confirma la imposibilidad de que esta Sala
investida como juez de tutela profiera alguna decisión de fondo, en tanto que se estaría
ante el riesgo de invadir la órbita de decisión del juez natural.
Igualmente, esta Sección concuerda con el a quo en que entre lo narrado por la
accionante no se evidencia alguna circunstancia que implique un evento inminente,
grave, urgente e impostergable que justifique se adopten medidas a pesar de la
existencia de otros mecanismos.
Por otra parte, se observa que en el escrito de impugnación la actora presentó nuevas
pretensiones. Nótese que inicialmente su objetivo era dirigir la actuación de amparo
contra Bancolombia con el fin de que se le ordenara a aquella que diera cumplimiento
a lo dispuesto por una autoridad judicial; no obstante, en el escrito que suscitó la
segunda instancia pretendió redireccionar el mecanismo constitucional para que se le
ordenara al Juzgado 2. ° Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo que imponga
las medidas sancionatorias a que haya lugar.
Sobre el particular, esta Sala se abstendrá de pronunciarse sobre estos argumentos,
en tanto que se trata de manifestaciones y pretensiones que desbordan el límite dentro
del cual se circunscribió la acción de tutela en un inicio.
En conclusión, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Sucre, en tanto que no se encuentra superado el requisito general de la subsidiariedad
para la procedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 8 de abril de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Mónica Zamira Romero Atencia
Demandados: Bancolombia y otro
Radicado: 70001-23-33-000-2024-00057-01
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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