Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2016-02187-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 11001-03-15-000-2016-02187-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Recurso extraordinario de revisión: oportunidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2016-02187-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2016-02187-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
6 de marzo de 2018
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Oportunidad / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Proceso autónomo e independiente
En materia de términos para interponer el recurso de revisión, frente al evento de tránsito de legislación, se debe tener en cuenta la norma vigente al momento en que empezó a correr el respectivo término. En este caso, la sentencia objeto del recurso de revisión se profirió el 9 de junio de 2015 se notificó el 23 de julio de 2015 por edicto y quedó ejecutoriada el 28 de julio de 2015, tal como se verificó en el auto de 9 de noviembre de 2016, mediante el cual se admitió demanda. Para el 28 de julio de 2015 estaba vigente el C.P.A.C.A., en el cual se fijó el término de caducidad del medio de control de revisión en un año. (…) Por considerarse el recurso extraordinario de revisión como un nuevo proceso ajeno e independiente a la causa que dio origen al fallo recurrido, aún cuando se cuestionen a través de aquel, sentencias ejecutoriadas proferidas bajo el régimen jurídico del CCA, resultan aplicables las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 251
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Nulidad originada en la sentencia / CAUSAL QUINTA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Naturaleza jurídica / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causales reguladas taxativamente
Frente a la intangibilidad de las sentencias de única y de segunda instancia emanadas del Consejo de Estado y a la fuerza de cosa juzgada que de ellas se predica, se concluye que el recurso de revisión contra dichas providencias ha sido establecido como un medio extraordinario, excepcional y reglado. (…) Las causales de revisión de la sentencia están consagradas en la ley procesal de manera taxativa, es decir que corresponden a casos extremos, expresamente previstos por el legislador y de aplicación restrictiva. Por ello, la causal denominada “nulidad originada en la sentencia” se remite necesariamente a los casos de nulidad procesal, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Civil y, ahora, en el Código General del Proceso (artículo 133 C.G.P.).(…) Aunque no resulta aplicable al proceso sub júdice, al amparo del artículo 133 del C.G.P., frente al supuesto de la omisión de la prueba que se establece por la ley como obligatoria, se advierte que el juez de revisión solo puede desconocer la conducencia o pertinencia de los medios de prueba en el caso específico de que se encuentre frente al rechazo de una prueba que corresponda a un evento de tarifa legal probatoria. Este supuesto de revisión de la sentencia, corresponde a la omisión de la prueba obligatoria definida por la ley como el único medio para acreditar un determinado hecho, para el caso en que ella incida en la decisión adoptada en la sentencia.(…) La institución de la nulidad originada en la sentencia, debe advertirse que los vicios que acarrean nulidades en el proceso son objeto de saneamiento al cierre de la respectiva etapa, razón por la cual, solo cuando se trata de omisiones probatorias que se configuran en la sentencia y que no se entendieron saneadas en el proceso, puede constituirse la causal de nulidad originada en la sentencia. (…) La prueba de la declaración de 22 de diciembre de 2006, sin número de radicación, correspondiente al impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, suscrita por el representante legal de INCOLMOTOS - YAMAHA S.A., fue allegada al proceso en la primera instancia, dentro de los antecedentes administrativos que el municipio remitió a solicitud del Tribunal a quo, de acuerdo con la petición de exhorto que incorporó la propia demandante en el escrito introductorio de la litis. Esa declaración del impuesto de industria y comercio contiene las cifras de determinación de la base gravable, en las que se apoyó la Sección Cuarta del Consejo de Estado para liquidar el valor del impuesto a pagar a cargo de INCOLMOTOS YAMAHA S.A., rechazando la deducción de la casilla 23, por la suma de $209.295.648.000, con base en lo cual se liquidó la condena correspondiente. Se resalta que el rechazo de la deducción por la suma antes citada estaba contenido en la Resolución 0041 de 2007, según se aprecia en el considerando número 2 del referido acto administrativo, el cual se confirmó en la Resolución 0074 de 2007, de acuerdo con las pruebas de los aludidos actos que, también, reposan en el expediente.
Por tanto, no es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado se hubiera fundado en una prueba no decretada ni aportada al proceso.(…) No se puede imputar la omisión de una prueba ni el desconocimiento de las obrantes en el proceso, cuando lo que en realidad resolvió el Consejo de Estado fue modificar una de las resolutivas del acto que había sido demandado, sosteniendo el rechazo de la deducción incorporada en el mismo y liquidando el valor a pagar con base en las cifras acreditadas en el acervo probatorio. (…) Un hecho procesal distinto del que aduce la recurrente consistió en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado extrajo el valor de los ingresos obtenidos fuera del municipio de La Estrella, por la suma de $50’933.5333, de la declaración privada de 22 de diciembre de 2006 que INCOLMOTOS YAMAHA S.A. presentó con el reporte retroactivo de la novedad del cierre ocurrido el 22 de octubre de 2006, según la prueba igualmente allegada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Así las cosas, no se configuró la causal contenida en el numeral 6 del artículo 140 del CPC. Como consecuencia, tampoco puede predicarse una nulidad originada en la sentencia, dado que la prueba en que se fundó la decisión se encontraba dentro de los antecedentes administrativos y en el propio acto administrativo impugnado, documentos aportados en debida forma, incluso a solicitud de la demandante.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 133
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación numero: 11001-03-15-000-2016-02187-00(REV)
Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ANTIOQUIA
Conoce la Sala el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte actora contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de julio de 2015, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. (SIGLA: INCOLMOTOS YAMAHA S.A.), contra el municipio de La Estrella, departamento de Antioquia, mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia proferida, objeto de apelación. En su lugar,
“SEGUNDO.- ANÚLASE el Artículo 1º de la Resolución 0041 del 17 de julio de 2007, proferida por el Secretario de Hacienda del Municipio de La Estrella – Antioquia. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE en firme la declaración del impuesto de industria y comercio del año gravable 2005, presentada por la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. INCOLMOTOS S.A.
“TERCERO.- MODIFÍCASE el Artículo 2º de la Resolución 0041 del 17 de julio de 2007 antes mencionada, en el sentido de determinar un valor total a pagar de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/cte ($2.720.843.424) a cargo de la sociedad referida, en los términos establecidos en la parte motiva del presente proveído.
“CUARTO.- ACÉPTASE el impedimento manifestado por el Dr. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda de revisión
Mediante demanda presentada el 25 de julio de 2016, INCOLMOTOS YAMAHA S.A., en ejercicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante C.P.A.C.A.- solicitó la nulidad de la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de julio de 2015, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCLETAS YAMAHA S.A. (SIGLA: INCOLMOTOS YAMAHA S.A.) contra las Resoluciones 0041 y 0074 de 2007, proferidas por el municipio de La Estrella, contentivas de la liquidación oficial del impuesto de industria y comercio de 2006.
El recurso de revisión se interpuso con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. es decir, la nulidad originada en la sentencia.
2. Los hechos
En el escrito contentivo del recurso de revisión, la parte actora narró los hechos referidos a la vía gubernativa y al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de las cuales se destacan los relacionados con el presente recurso, así:
2.1. Indicó que el 22 de diciembre de 2006 presentó ante el municipio de La Estrella la solicitud de cierre retroactivo porque la sede fabril de INCOLMOTOS – YAMAHA S.A. se trasladó al Municipio de Girardota desde el mes de octubre inmediatamente anterior.
2.2. Afirmó que las autoridades de fiscalización se pronunciaron sobre el cierre solicitando que se liquidara el impuesto por los ingresos percibidos entre enero y octubre de 2006 y que la empresa “explicó que el impuesto de industria y comercio correspondiente al año 2006 ya se estaba pagando conforme a la liquidación privada presentada en abril del mismo año (con base en los ingresos del año inmediatamente anterior) de manera que no podía pretender que se tributara nuevamente en el 2006”.
2.3. El municipio expidió una liquidación oficial de revisión mediante la Resolución No. 0041 de 17 de julio de 2007 modificando el valor del impuesto en relación con la liquidación privada. Contra la citada resolución, INCOLMOTOS YAMAHA S.A. interpuso el recurso de reconsideración que se desató en forma desfavorable en la Resolución 0074 de 27 de diciembre de 2007.
2.4. Las Resoluciones antes citadas fueron objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.5. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo resolvió anular parcialmente la Resolución 0041 y su confirmatoria 0074, en el monto por concepto del impuesto de avisos y tableros y en la respectiva sanción por inexactitud. Ambas partes presentaron recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.
2.6. En la sentencia de segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, anular el artículo 1º de la Resolución 0041 dejando en firme la declaración de impuesto por el año gravable de 2005 y. por otra parte, dispuso MODIFICAR el artículo 2º de la citada Resolución 0041. En esta última resolutiva se determinó un valor total a pagar de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/cte ($2.720’843.424), a cargo de la sociedad INCOLMOTOS – YAMAHA S.A.
3. Argumentos de la recurrente
La parte actora invocó de manera concreta la causal del numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A.
Para sustentar lo anterior expuso:
“En el presente caso se ha incurrido en un yerro que constituye defecto sustancial del procedimiento seguido porque como ha quedado expresado en los hechos del presente recurso fue la apelación formulada por el municipio de La Estrella en su condición de parte demandada y vencida en la primera instancia, la que señaló su inconformidad con la decisión en el sentido de que el fallador no hubiera advertido la ocurrencia del hecho gravado por razón de la territorialidad y que, debido a ello, hubiera decidido que sí procedía la reliquidación de la obligación tributaria por el impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable de 2006, mediante el expediente de la declaración ‘por fracción de año’ (…)”.
La demandante afirmó que el municipio apelante no pidió el decreto de las pruebas que invocó en la sustentación de su apelación y que, ante esa circunstancia, el ad quem debió, “en acatamiento a lo ordenado en el artículo 214 del CCA, decretarlas y fijar el término de hasta diez (10) días para practicarlas”.
Especificó que el artículo 214 del CCA advirtió que la solicitud de pruebas en segunda instancia es excepcional, pero, en su criterio, era necesario decretar las pruebas referidas por el municipio de conformidad con el numeral 3 del citado artículo, “cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia”, lo cual se aplicaba en su caso.
Agregó que la prueba en la que se apoyó la sentencia de segunda instancia correspondió al “comprobante de pago del impuesto” y la “declaración del impuesto”, documentos que no se encontraban en el expediente y que la parte actora no estaba en el deber de allegar, dado que su demanda se fundó en un hecho distinto, que era el supuesto del cumplimiento con la declaración y pago de 28 de abril de 2006, presentada con ocasión del traslado de la sede fabril de la sociedad demandante.
Expuso que su demanda no se refirió a qué había declarado y pagado en otro municipio, “sino que ya lo había hecho y sobre las bases correctas en el Municipio de la Estrella”.
Transcribió apartes de la sentencia de segunda instancia y observó que prosperó el cargo del municipio demandado para los ingresos entre enero y octubre de 2006, “con fundamento en una prueba que, aunque solicitada, no fue decretada, practicada ni incorporada al expediente”.
Narró que, también, se configuró la causal de falta de competencia del juez de apelación, dado que este solo puede pronunciarse dentro de los límites que se derivan del objeto de la apelación, es decir, en el marco de lo que invoca el apelante como gravoso o perjudicial, de acuerdo con el artículo 328 del CGP.
Observó que, aunque ambas partes apelaron, “lo hicieron solo parcialmente y no sobre toda la sentencia”. Afirmó que el municipio buscaba que se desconociera la territorialidad y “de ahí la solicitud de la prueba de la declaración y pago en otro municipio” y, por su parte la sociedad demandante apeló únicamente en relación con el impuesto de avisos y tableros.
Concluyó que en la sentencia de segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado realizó la inferencia de que existía territorialidad para el cobro del gravamen sobre una prueba no decretada. Por tanto, aseveró que la sentencia acusada se fundó en una prueba nula, y que, por ello, se configuró la causal taxativa de nulidad consagrada en el numeral 5 del artículo 133 del CGP, norma que reiteró la causal de nulidad consagrada en el artículo 140 del CPC .
Resaltó que en la sentencia de segunda instancia, el ad quem manifestó que la demandante no demostró haber declarado en el municipio al que se trasladó.
En relación con la carga de la prueba, observó que era al municipio al que le correspondía probar el supuesto de hecho de la territorialidad y no a la demandante, dado que ella estaba discutiendo la base gravable que se le imponía con cifras diferentes a las que había determinado para liquidar y pagar.
4. Contestación al recurso de revisión
El municipio de La Estrella, observó que las causales de revisión son taxativas y que, en realidad, el recurso interpuesto por la parte actora en el presente caso busca revertir las decisiones de la segunda instancia, cuestionando la actividad interpretativa del juez, lo cual no se enmarca en la causal 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A.
Agregó que el análisis de la demandante se centra en la existencia o no de la prueba, “pretendiendo al parecer configurar la causal 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2001”, referida a documentos que no habría podido aportar por fuerza mayor o caso fortuito, situación distinta de la que se presentó en el proceso. Indicó que las partes allegaron las pruebas que estimaron conducentes y con base en ello se adoptó la decisión.
Finalmente, explicó que no se presentó injusticia en la decisión y que el evento planteado por la recurrente no ocurrió.
5. Actuación procesal
Admitido el recurso, de acuerdo con lo dispuesto en auto de 9 de agosto de 2017, se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo de Antioquia para remitir el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento derecho, en préstamo, el cual se allegó de conformidad.
En los términos del artículo 155 del C.P.A.C.A., vencido el período probatorio, se procede a dictar sentencia, con fundamento en las siguientes
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver el recurso extraordinario de revisión, se abordarán los siguientes temas: 1) jurisdicción y competencia; 2) oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión – tránsito de legislación en el término de caducidad; 3) régimen de transición y vigencia del C.P.A.C.A; 4) la causal de nulidad originada en la sentencia; 6) naturaleza de la causal de revisión y taxatividad de las causales de nulidad; 7) el caso concreto y 8) costas.
1) Jurisdicción y competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C.P.A.C.A., la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación.
Se agrega que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del C.P.A.C.A., mediante el Acuerdo 321 de 2014 emanado de la Sala Plena, el Consejo de Estado se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación.
2. Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión – tránsito de legislación
En materia de términos para interponer el recurso de revisión, frente al evento de tránsito de legislación, se debe tener en cuenta la norma vigente al momento en que empezó a correr el respectivo término.
En este caso, la sentencia objeto del recurso de revisión se profirió el 9 de junio de 2015 se notificó el 23 de julio de 2015 por edicto y quedó ejecutoriada el 28 de julio de 2015, tal como se verificó en el auto de 9 de noviembre de 2016, mediante el cual se admitió demanda.
Para el 28 de julio de 2015 estaba vigente el C.P.A.C.A., en el cual se fijó el término de caducidad del medio de control de revisión en un año.
Así las cosas, la demanda se presentó en forma oportuna, el 25 de julio de 2016, es decir, dentro del término de un año previsto en el artículo 251 del C.P.A.C.A.
Para concluir este acápite, la Sala reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la de la Sala de Decisión número uno, en materia del tránsito legislativo frente a la acción de revisión, así:
“Sobre el término que es aplicable ante el tránsito legislativo cuando aquél empezó a correr en vigencia de la norma anterior, la Sección Tercera de esta Corporación al tratar el término de caducidad, consideró que cuando el término comenzó a correr antes de la entrada en vigencia del CPACA, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1997, para en consecuencia aplicar respecto del término, lo dispuesto en el C.C.A., así:
‘5. Ahora bien, es pertinente precisar, que para determinar el término de caducidad aplicable al presente caso, dado que la demanda se presentó en vigencia de la ley 1437 de 2011, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887:
‘Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”.(Subrayas por fuera del texto)
‘En este orden, como se trata de un término que empezó a correr antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, se tendrá en cuenta respecto al término de caducidad, el establecido en el decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo’.”.
3. Régimen de transición y vigencia del C.P.A.C.A.
Dado que en el recurso extraordinario de revisión se impugna la sentencia provista del sello de inmutabilidad de la cosa juzgada, el análisis de las causales, en principio, debería basarse de manera unívoca sobre la norma que vigente para cuando se inicia el proceso correspondiente al recurso de revisión, puesto que solamente a partir de ese instante es que pueden acontecer los hechos o actos que ameritarían la anulación de dicha sentencia.
No obstante lo anterior, el artículo 308 del CPACA estableció, de una parte, que dicho código solo se aplicaría a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia de aquel – lo que aconteció el 2 de julio de 2012 – y, de otro lado, que las demandas y procesos en curso a la vigencia de ese mismo código seguirían rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen jurídico anterior.
En virtud de la norma anterior y de la interpretación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por considerarse el recurso extraordinario de revisión como un nuevo proceso ajeno e independiente a la causa que dio origen al fallo recurrido, aún cuando se cuestionen a través de aquel, sentencias ejecutoriadas proferidas bajo el régimen jurídico del CCA, resultan aplicables las causales establecidas en el artículo 250 del CPACA.
4. La causal de nulidad originada en la sentencia
En el recurso de revisión sub júdice la parte actora invocó la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A., a cuyo tenor:
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
“(...).
“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
De manera concreta, la recurrente enmarcó la causal de revisión de la sentencia dentro de la nulidad contemplada en el numeral 5 artículo 133 del Código General del Proceso y en el numeral 6 del artículo 140 del C.P.C..
También, la parte actora señaló la falta de competencia del juez ad quem, por haberse pronunciado con fundamento en una prueba no decretada y no practicada, la que, a su juicio, no le correspondía aportar a la demandante.
Esta segunda referencia se entiende en el sentido de haber apreciado una prueba no decretada, asunto que no se constituyó en causal de revisión dado que, como se verá adelante, la prueba solicitada en segunda instancia fue denegada y no se acudió a su análisis para resolver la segunda instancia.
Además, no puede intentarse la adecuación de la causal a la de falta de competencia, obligatoriedad de la prueba omitida o el descubrimiento de una prueba posterior, dado que: i) las causales de nulidad son taxativas y los hechos en que se fundan deben encontrarse debidamente identificados en el recurso; ii) los hechos narrados por la recurrente no se refieren a una prueba encontrada después de la sentencia, sino a una prueba denegada en el proceso la cual, en todo caso, no se invocó para fundar la sentencia de segunda instancia.
6. Naturaleza de la causal de revisión y taxatividad de las causales de nulidad
Frente a la intangibilidad de las sentencias de única y de segunda instancia emanadas del Consejo de Estado y a la fuerza de cosa juzgada que de ellas se predica, se concluye que el recurso de revisión contra dichas providencias ha sido establecido como un medio extraordinario, excepcional y reglado.
En el mismo orden de ideas se establece que las causales de revisión de la sentencia están consagradas en la ley procesal de manera taxativa, es decir que corresponden a casos extremos, expresamente previstos por el legislador y de aplicación restrictiva. Por ello, la causal denominada “nulidad originada en la sentencia” se remite necesariamente a los casos de nulidad procesal, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Civil y, ahora, en el Código General del Proceso (artículo 133 C.G.P.) .
La jurisprudencia acerca del recurso de revisión contra sentencias es reiterada en advertir que la revisión no es un medio idóneo para reabrir una instancia adicional, ni para corregir o rebatir el análisis crítico de las pruebas que ha realizado el Consejo de Estado como juez de única o segunda instancia.
Aunque no resulta aplicable al proceso sub júdice, al amparo del artículo 133 del C.G.P., frente al supuesto de la omisión de la prueba que se establece por la ley como obligatoria, se advierte que el juez de revisión solo puede desconocer la conducencia o pertinencia de los medios de prueba en el caso específico de que se encuentre frente al rechazo de una prueba que corresponda a un evento de tarifa legal probatoria. Este supuesto de revisión de la sentencia, corresponde a la omisión de la prueba obligatoria definida por la ley como el único medio para acreditar un determinado hecho, para el caso en que ella incida en la decisión adoptada en la sentencia.
Finalmente, en cuanto a la institución de la nulidad originada en la sentencia, debe advertirse que los vicios que acarrean nulidades en el proceso son objeto de saneamiento al cierre de la respectiva etapa, razón por la cual, solo cuando se trata de omisiones probatorias que se configuran en la sentencia y que no se entendieron saneadas en el proceso, puede constituirse la causal de nulidad originada en la sentencia.
6. El caso concreto
El problema jurídico que se plantea en este caso consiste en determinar si la sentencia cuya revisión se solicita se apoyó o no en una prueba no decretada ni practicada en el proceso.
La decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que ahora se examina se fundó en “la declaración sin número del 22 de diciembre de 2006, relativa a los meses de enero a octubre de 2006, que fue modificada por la Administración mediante la liquidación practicada en el artículo 2º de la Resolución 0041 del 17 de julio de 2007 y cuyas cifras no fueron controvertidas por la actora”, tal como puede observarse en el siguiente razonamiento:
“Para esto, la Sala advierte que la Resolución 0041 del 17 de julio de 2007, modificó, en el artículo 1º la liquidación privada 367 del 28 de abril de 2006 y en el artículo 2º la Declaración sin número del 22 de diciembre de ese mismo año.
“Con respecto a la primera declaración modificada por la Administración, la Sala observa que corresponde a los ingresos percibidos en la jurisdicción del municipio demandado durante el año gravable 2005, sobre la cual el municipio de La Estrella, determinó un impuesto de avisos y tableros a cargo de la actora en la suma de $142’619.400, más una sanción por inexactitud de $228.191.040, valores que, por ser improcedentes, serán anulados. Así mismo, a título de restablecimiento del derecho declarará en firme la declaración 367 del 28 de abril de 2006 presentada por la sociedad demandante.
“De otra parte, en lo atinente a la declaración sin número del 22 de diciembre de 2006, relativa a los meses de enero a octubre de 2006, que fue modificada por la Administración mediante la liquidación practicada en el artículo 2º de la Resolución 0041 del 17 de julio de 2007 y cuyas cifras no fueron controvertidas por la actora, la Sala excluirá el impuesto de avisos y tableros registrado y liquidará, en lo pertinente, la sanción por inexactitud así:
Liquidación del 22 de diciembre de 2006.
“Concepto
Declaración privada
Valor determinado por la Sala
“Base gravable anual para La Estrella
$0
$209.295.648.000
“Impuesto de Industria y comercio
$0
$1.046.478.240
“Impuesto de avisos y tableros
$0
$0
“Total impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros para el año de cierre
$0
$1.046.478.240
“Sanción por inexactitud
$0
$1.674.365.184
“Total a pagar
$2.720.843.424
“(…).
“De la misma forma, [la demandante] no probó haber pagado el impuesto de industria y comercio sobre los ingresos obtenidos durante esos meses en la jurisdicción del municipio demandado, los que, según la declaración privada de cierre presentada el 22 de diciembre de 2006 ascendieron a la suma de $209.295.648.000 (casilla 20), ya que fue detraída como deducción (casilla 23), así:
“DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE
“20. Ingresos Brutos Totales Anuales dentro y fuera de La Estrella
$260.229.181.000
“21 Menos Ingresos Brutos Totales Anuales Obtenidos Fuera de La Estrella; Excepto para actividades industriales
$50.933.533.000
“22. Mas otros ingresos
$0
“23. Menos total deducciones anuales por concepto para La Estrella
$209.295.648.000
“24. Base Gravable total anual para La Estrella
$0
“En ese orden de ideas, la Sala considera que el artículo 523 del Acuerdo 021 de diciembre de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Rentas para el municipio de La Estrella, Antioquia”, al disponer que “cuando antes del 31 de diciembre del respectivo periodo gravable un contribuyente clausure definitivamente sus actividades sujetas al impuesto, debe presentar una declaración por el periodo del año transcurrido hasta la fecha del cierre”, no está modificando el periodo anual, previsto por la Ley 14 de 1983, en el artículo 33, para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio, sino simplemente previendo la conducta a seguir por los sujetos pasivos de este gravamen, en los eventos en que no realicen las actividades gravadas, durante todo el periodo de causación establecido.
“Por el contrario, se observa que el artículo 517 del mismo acuerdo, dispone:
‘PERÍODO FISCAL. El periodo fiscal del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros será anual. Para tal efecto, el periodo se inicia el primero (1º) de enero y concluye el treinta y uno (31) de diciembre’.
“Prospera el cargo de apelación del municipio demandado” (la negrilla no es del texto).
Es de la mayor importancia observar que la prueba de la declaración de 22 de diciembre de 2006, sin número de radicación, correspondiente al impuesto de industria y comercio del año gravable 2006, suscrita por el representante legal de INCOLMOTOS - YAMAHA S.A., fue allegada al proceso en la primera instancia, dentro de los antecedentes administrativos que el municipio remitió a solicitud del Tribunal a quo, de acuerdo con la petición de exhorto que incorporó la propia demandante en el escrito introductorio de la litis.
Esa declaración del impuesto de industria y comercio contiene las cifras de determinación de la base gravable, en las que se apoyó la Sección Cuarta del Consejo de Estado para liquidar el valor del impuesto a pagar a cargo de INCOLMOTOS YAMAHA S.A., rechazando la deducción de la casilla 23, por la suma de $209.295.648.000, con base en lo cual se liquidó la condena correspondiente.
Se resalta que el rechazo de la deducción por la suma antes citada estaba contenido en la Resolución 0041 de 2007, según se aprecia en el considerando número 2 del referido acto administrativo, el cual se confirmó en la Resolución 0074 de 2007, de acuerdo con las pruebas de los aludidos actos que, también, reposan en el expediente.
Por tanto, no es cierto que la Sección Cuarta del Consejo de Estado se hubiera fundado en una prueba no decretada ni aportada al proceso.
Tampoco resulta acertado el argumento de la apelante según el cual su demanda se orientó solamente a la disparidad de las cifras del impuesto de avisos y tableros, dado que en las pretensiones de la misma solicitó la nulidad de la Resolución 0041 de 17 de julio de 2007, mediante la cual se realizó la liquidación de revisión que modificó la liquidación privada de 22 de diciembre de 2006.
Por ello, no se puede imputar la omisión de una prueba ni el desconocimiento de las obrantes en el proceso, cuando lo que en realidad resolvió el Consejo de Estado fue modificar una de las resolutivas del acto que había sido demandado, sosteniendo el rechazo de la deducción incorporada en el mismo y liquidando el valor a pagar con base en las cifras acreditadas en el acervo probatorio.
En parte alguna de la sentencia de segunda instancia se invocó la prueba de la declaración y pago del impuesto en el municipio de Girardota, la cual, por lo demás, fue denegada en segunda instancia, por falta de los requisitos de procedencia de la solicitud, previstos en el artículo 214 del C.C.A. En efecto, según obra en el proceso, mediante providencia de 22 de agosto de 2012, la Magistrada conductora del proceso, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se pronunció sobre la solicitud del municipio y denegó la siguiente prueba:
“Exhorto dirigido a la Secretaria Municipal de Girardota.
“a fin de que se sirve (sic) certificar si la empresa INCOLMOTOS YAMAHA S.A. ejerció actividades gravables en el año 2006. Y si durante ese mismo periodo realizó los pagos correspondientes a los ingresos obtenidos, y si los mismos han sido declarados y pagados en dicha municipalidad”.
“Si se radicaron como agentes gravables del impuesto de industria y comercio en el municipio de Girardota”.
La razón para no decretar la prueba se expuso así:
“(…) no basta con la simple petición para que el Juez analice su procedibilidad, sino que es necesario que se indique a cuál de los cuatro casos señalados [en el artículo 214 del C.C.A.] corresponde la petición y que se aporten los elementos de juicio que permitan determinar tal afirmación.
“En el caso que se estudia, el municipio demandado se limitó a pedir el decreto de unas pruebas documentales, pero no expresó los fundamentos de dicha solicitud, ni tampoco dijo a cuál de los cuatro casos establecidos por la norma correspondía su petición. En consecuencia y, ante la falta de sustentación de la solicitud, no procede el decreto de la prueba documental que la parte demandada pidió en segunda instancia”.
Un hecho procesal distinto del que aduce la recurrente consistió en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado extrajo el valor de los ingresos obtenidos fuera del municipio de La Estrella, por la suma de $50’933.5333, de la declaración privada de 22 de diciembre de 2006 que INCOLMOTOS YAMAHA S.A. presentó con el reporte retroactivo de la novedad del cierre ocurrido el 22 de octubre de 2006, según la prueba igualmente allegada al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Así las cosas, no se configuró la causal contenida en el numeral 6 del artículo 140 del CPC.
Como consecuencia, tampoco puede predicarse una nulidad originada en la sentencia, dado que la prueba en que se fundó la decisión se encontraba dentro de los antecedentes administrativos y en el propio acto administrativo impugnado, documentos aportados en debida forma, incluso a solicitud de la demandante.
Se reitera que en el recurso de revisión no son de recibo los argumentos que se orientaron al supuesto de que la prueba de la declaración y pago en el municipio de Girardota, era necesaria, dado que la parte actora había reportado en su declaración de diciembre 22 de 2006, obrante en el proceso, los ingresos fuera del municipio.
Finalmente, se observa que la inconformidad de la demandante se encontró en que a su juicio debió tenerse como debidamente declarado y pagado el impuesto de industria y comercio, con base en la declaración de 28 de abril de 2006 y que por ello, la liquidación de revisión contenida en la Resolución 0041 de 2007 debió ser anulada. Empero, esos argumentos no son idóneos para fundar el recurso extraordinario de revisión, toda vez que se enfilan a rebatir la apreciación de las pruebas y la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia, a la manera de una tercera instancia, lo cual no está permitido.
7. Costas
De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A. y con la disposición especial del artículo 365 del C.G.P., para el caso particular del recurso extraordinario de revisión procede la condena en costas a cargo de la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso, lo cual aplica a la parte actora, en la medida que se declare infundado su recurso.
Por otra parte, tratándose de un recurso de única instancia ante esta Corporación, procede la liquidación de costas por Secretaría de la Sección Tercera, a la cual pertenece la Consejera ponente.
La liquidación se debe adelantar de acuerdo con el artículo 366 del C.G.P., a cuyo tenor:
“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
“1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
“(…)
“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
“(…).
“6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso.
En el presente caso se encuentra acreditado que el municipio de La Estrella contestó el recurso extraordinario de revisión a través de su apoderada, el 17 de enero de 2017, lo cual se estima como suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
Las agencias en derecho serán fijadas por auto de la Consejera ponente, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
Por último, se hace notar que bajo las reglas del C.G. P. la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se imponen, toda vez que bajo el régimen actual la condena en costas se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso contra la parte a quien se declara infundado el recurso extraordinario de revisión, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley” .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Especial de Revisión No. 25, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 9 de julio de 2015, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. (SIGLA: INCOLMOTOS YAMAHA S.A.) contra el municipio de La Estrella.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. (SIGLA: INCOLMOTOS YAMAHA S.A.) en favor del municipio de La Estrella. Tásense por Secretaria General del Consejo de Estado.
TERCERO: En firme esta providencia, el expediente debe regresar al Despacho de la ponente para la fijación de agencias en derecho.
CUARTO: Surtido el trámite de las costas, devuélvase el expediente del proceso 05001233100020080069601 (19509), que fue remitido en préstamo por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dejando constancia de la devolución.
QUINTO: Por Secretaria General expídanse las copias dirigidas a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Código General del Proceso.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Salvo voto parcial
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTICINCO ESPECIAL DE DECISIÓN
SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL DEL CONSEJERO CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación numero: 11001-03-15-000-2016-02187-00(REV)
Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.
Demandado: MUNICIPIO DE LA ESTRELLA – ANTIOQUIA
Con mi acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, consagró a continuación la razón por la cual salvo mi voto parcialmente en la decisión de la referencia.
Comparto plenamente la decisión de declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por no encontrarse configurada la causal invocada. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la decisión de condenar en costas en este caso, con fundamento en que esté acreditado en el proceso que “el municipio de La Estrella contestó el recurso extraordinario de revisión a través de su apoderada, el 17 de enero de 2017”, lo cual a juicio de la Sala se estimó como suficiente para disponer la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala:
“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso establece las reglas para la condena en costas en los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, así:
Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.
De acuerdo a estas disposiciones, las costas se causan y en la medida en que se prueben. La Corte Constitucional, en sentencia C-157 de 2013, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 206 de la ley 1564 de 2012 (juramento estimatorio), hizo la siguiente precisión sobre la condena en costas:
“5.1.8. La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365 (se transcribe el artículo a pie de pág.). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366 (se transcribe el artículo a pie de pág.), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.
De acuerdo con lo anterior, si en el expediente no aparece que se causaron y no se pueden comprobar, no debe hacerse la condena, y así se evita un trámite procesal innecesario posteriormente.
Además, de conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, debe tenerse en cuenta los criterios que dicha disposición señala en su artículo segundo, que dicen:
“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor”.
En atención a dichas normas, considero que procedería la condena en costas por agencias en derecho si estuviera acreditado que la entidad incurrió en un gasto adicional para su defensa en este recurso extraordinario, como sería la contratación de algún profesional del derecho que la representara, con la prueba del pago de los honorarios o de su estipulación. Sin embargo, cuando la defensa de la entidad demandada se lleva a cabo con un funcionario de su propia planta, no se causa ninguna erogación.
Ciertamente, debe tenerse en cuenta que en la administración pública es un deber que se ejerza una oportuna y adecuada defensa de la entidad que se representa. Así, hace parte de las funciones de las oficinas jurídicas de las entidades intervenir en los procesos que se adelantan en su contra y realizar dicha defensa, como en este caso, contestar el recurso extraordinario de revisión.
Por ello considero que, en casos como el presente, si en el expediente no aparece que se causaron y no se pueden comprobar, no es procedente la condena en costas, sin que sea suficiente, a mi juicio, que por la sola respuesta del recurso extraordinario se disponga la fijación de agencias en derecho como costas del proceso.
En estos términos dejo plasmadas las razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto en la providencia de la referencia.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Fecha Ut Supra.
Razón social tomada del certificado expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, obrante en los folios 15 a 21 del cuaderno principal. En adelante se podrá denominar por la sigla: INCOLMOTOS – YAMAHA S.A.
Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, del 8 de febrero de 2012, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramirez, radicación 05001233100020080069601 (19509) obrante de folios 406 a 419, acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Consejo de estado, Sección Cuarta, sentencia de 9 de julio de 2015, Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. radicación 05001233100020080069601 (19.509), folios 464 a 481, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Folio 3, escrito de demanda inicial,
Folio 2, escrito de demanda, cuaderno principal,
Folio 8, cuaderno principal, escrito contentivo del recurso de revisión.
Folios 13, cuaderno principal, escrito contentivo del recurso de revisión.
Folio 10, cuaderno principal, escrito contentivo del recurso de revisión.
“5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decreta o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria”.
“Artículo 111 C.P.A.C.A. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“Artículo 248 C.P.A.C.A. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 C.P.A.C.A. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
“Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”.
“Acuerdo 321 de 2014. (…). Artículo 2º. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
Edicto 222, con constancia de la fijación y desfijación, folio 482, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho.
“Artículo 323 C.P.C. Notificación de sentencias por edicto. (…). El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres días, y en él anotará el secretario las fechas y horas de su fijación y desfijación. El original se agregará al expediente y una copia se conservará en el archivo en orden riguroso de fechas.// “La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto”.
Constancia emitida por la secretaria del Tribunal Administrativo de Antioquia, folio 489, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento.
Folios 53 y 54, cuaderno principal.
“Artículo 251 C.P.A.C.A. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
“En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
“En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2014-0181-00(A), actor: María Mery Hernández Ortiz, demandado: Corte Constitucional y otros – auto que resuelve la súplica contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión. // “SE DECLARA QUE NO PROSPERA el recurso de súplica interpuesto en nombre propio por la señora María Mery Hernández Ortiz contra el auto de 19 de febrero de 2015 proferido por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de revisión adelantado contra la Corte Constitucional y otros”.
Cita original de la sentencia: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Enrique Gil Botero, auto del 9 de septiembre de 2013. Expediente. No. 25000-23-36-000-2013-00525-01(47610)”.
“CCA. Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
“Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
“Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
CE. SP. Auto de 12-Ago-14 [MP. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez. En el mismo sentido: autos de [sA] 16-Feb-17 [Exp. 05001-33-31-010-2007-00165-01(57198)]. MP. Hernán Andrade Rincón, y [sB] 22-Feb-16 [Exp. 11001-03-25-000-2014-00753-00(2343-14)]. MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“CPACA. Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
“2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
“3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
“6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
“7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
“8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
En el CPC la causal estaba referida a la pretermisión de las etapas o la práctica de pruebas, al paso que en el CGP se especificó el evento de la omisión de la prueba legalmente obligatoria.
“Artículo 208 C.P.A.C.A. Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente”.
Entre otras, pueden citarse: 1. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 7 de octubre de 2014, radicación número: 11001-03-15-000-1998-00180-00(REV), actor: EFEMA Y CIA LTDA, acción contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 7 de noviembre de 1997, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Aduanas Nacionales “DIAN”; 2. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de septiembre de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2015-02856-00(REV), actor: Continental Skins Ltda, demandado: Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian.
“Artículo 207 C.P.A.C.A. Control de legalidad. Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes”.
Visible en el folio 63 del cuaderno principal.
Folio 112 del cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Folio 52, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento fueron (se transcribe literal, incluso con errores):
“1. Que se anule el acto administrativo el acto administrativo complejo contenido en la Resolución 0041 de 17 de julio de 2007 y la Resolución No. 0074 de diciembre 27 de 2007, por medio de la cual las autoridades fiscales del Municipio de la Estrella modificaron la liquidación privada del impuesto de industria y comercio de 2006, con base en los ingresos obtenidos por la empresa en la vigencia fiscal de 2005 en cuanto al impuesto de avisos y tableros y modificaron el impuesto determinado en la declaración de cierre de actividades.
“2. Que se restablezca el derecho que tiene Incolmotos Yamaha S.A. NIT. 890.916.91, a pagar por concepto del Impuesto de Industria y Comercio y complementario de avisos y tableros, la suma liquidada en la declaración privada presentada el 28 de abril de 2006, que asciende novecientos cincuenta millones setecientos noventa y seis mil pesos ($950’796.000) anuales.
“3. Que se declare que Incolmotos Yamaha S-A- NIT 890.916.911 no tiene obligación de liquidar Impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos percibidos en el año 2006, en razón a que desde el 22 de octubre del mismo año no percibió ingresos gravables en la jurisdicción del Municipio de La Estrella, por haber trasladado su sede fabril al Municipio de Copacabana”. Folios 23 y 24, escrito de demanda, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento.
“4. Que se devuelvan las sumas pagadas en exceso con los correspondientes intereses, según lo dispone el artículo 177 del C.C.A”.
Folios 444 a 446, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Folio 111, cuaderno del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
“Artículo 188 C.P.A.C.A. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
“Artículo 365. C.G.P. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (la negrilla no es del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 1º de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Folio 61 a 66
“Artículo 365 C.G.P. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
“9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
Corte Constitucional, sentencia C 157 de 2013. “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”.
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