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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2016-02295-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
9 de febrero de 2017
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2016-02295-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 16 de noviembre de 2016, expedido por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó la tutela instaurada por Socorro Flórez de Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 del 2015. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: ORDENAR la Secretaría General de esta Corporación, devolver al despacho judicial de origen el expediente contentivo del proceso ordinario, remitido a esta actuación en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2016-02295-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

9 de febrero de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / VALOR PROBATORIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Recortes de prensa

[P]ara esta Sala de Sección la apreciación en su conjunto de las pruebas es razonable y coherente, si se tiene en cuenta que la sentencia del 10 de marzo de 2016 se fundamenta en la carencia de pruebas que demostraran las afirmaciones realizadas por la actora en la demanda, esto es, aquellas afirmaciones que hizo para probar la violación del derecho de la moralidad administrativa. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas y noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso. En virtud de ello, es posible tener como prueba las declaraciones de los funcionarios públicos previa contradicción de prueba, sin que en el sub examine alguna de las circunstancias que se afirmó aparecía en medios de comunicación se corroborara con otros elementos de convicción o tuviera la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión. Por las anteriores razones, este cargo [no] está llamado a prosperar.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el defecto fáctico como requisito de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, ver la sentencia del 12 de noviembre de 2015, exp. 11001-03-15-000-2015-01471-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, de esta Corporación.

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA

[L]a norma jurídica fue objeto de análisis en la sentencia, en consideración a los derechos colectivos involucrados en la demanda y el principio de moralidad administrativa, perspectiva desde la cual se estaba realizando el análisis de objeto de la demanda de acción popular. Es así como se estableció que con independencia de la responsabilidad de los funcionarios que omitieron el término establecido en la norma, no se advertía una vulneración de los derechos colectivos cuya protección se solicitó en el caso concreto analizado, argumentación que resulta razonable y ajustada a los principios y valores constitucionales cuya protección se pretende, por lo que no se advierte la incursión en el defecto sustantivo alegado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / LEY 14 DE 1983 / LEY 12 DE 1986 / LEY 75 DE 1986 - ARTÍCULO 74 / LEY 44 DE 1990 / LEY 101 DE 1993 / LEY 136 DE 1994 / LEY 223 DE 1995 - ARTÍCULO 79 / LEY 388 DE 1997 / LEY 675 DE 2001 / DECRETO 1301 DE 1940 / DECRETO 3495 DE 1983 / DECRETO 1333 DE 1986 / DECRETO 1711 DE 1984 / DECRETO 3496 DE 1993 / DECRETO 2157 DE 1995 / DECRETO 422 DE 2000 / DECRETO 1420 DE 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero del dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02295-01(AC)

Actor: SOCORRO FLÓREZ DE BONILLA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo del 16 de noviembre de 2016, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta negó la petición de amparo constitucional.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de julio de 2016 en la Secretaría General de esta Corporación, la señora Socorro Flórez de Bonilla, en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, para reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, “derecho colectivo a la moralidad administrativa, derecho a la acción popular, derecho a la vivienda digna y conexos”.

Tales derechos los consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 12 de septiembre de 2013, proferida por la primera de las autoridades judiciales mencionadas, que negó las pretensiones de la demanda y la del 10 de marzo de 2016 del Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A” que modificó la decisión anterior, en la acción popular instaurada por la accionante contra el municipio de San José de Cúcuta y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – Territorial Norte de Santander.

A título de amparo constitucional, solicitó:

“1.- Revocar la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016, dentro del proceso de Acción Popular, con radicado No 54001-23-33-000-2012-00131-01.

2.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, dentro del proceso de Acción Popular, con radicado No 54001-23-33-000-2012-00131-01.

3.- Ampárense los siguientes derechos Constitucionales: DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA DEFENSA, DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, DERECHO A LA ACCIÓN POPULAR, DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DERECHO A LA VIVIENDA Y CONEXOS.

4.- Solicitarle al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, dictar nueva sentencia teniendo en cuenta las pruebas aportadas, las normas y jurisprudencia de las Acciones Populares y catastrales.

5.- Solicitarle al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, convocar a audiencia pública en Cúcuta, para sustentar mis pruebas aportadas y no tenidas en cuenta.

6.- Declarar que en las sentencias proferidas por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016, Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013, se cometieron vías de hecho por dejar de aplicar normas que eran fundamentales en la decisión, especialmente cuando se afirmó que debía acudir a otra acción diferente.

7.- Que proceda la ACCIÓN DE TUTELA, el único mecanismo judicial idóneo y eficaz para evitar un perjuicio irremediable el cual está vigente, en contra de un colectivo de miles de contribuyentes de Cúcuta, puesto que no tengo otro mecanismo judicial que proteja los principios y derechos fundamentales transgredidos en la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016.

8.- Que proceda LA ACCIÓN POPULAR, como el único medio de defensa jurídica idóneo para proteger los derechos colectivos a un universo de contribuyentes, transgredidos por la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, EL DÍA 10 DE MARZO DE 2016” (Mayúsculas incluidas en el texto)

Para fundamentar la solicitud, indicó que las sentencias censuradas incurren en defecto fáctico, por cuanto no tuvieron en cuenta el contenido de “las cuarenta y siete (47) pretensiones, con sus respectivas respuestas allegadas por el IGAC, en la cual expresan como realizaron actualización catastral en el año 2011, transgrediendo la Constitución, leyes y normatividad catastral vigente”.

Manifestó que en las sentencias no se tuvo en cuenta que, con el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de acción popular de primera instancia, la actora aportó varios artículos de prensa de los diarios La República y La Opinión, que no fueron tenidos en cuenta por el ad quem, porque no se incorporaron al expediente en ejemplares del respectivo diario, sino escritos e impresos “en hojas de block”, por lo que, según la sentencia objeto de tutela, se desconocía si lo aportado coincidía con lo realmente publicado, no obstante que para aportar esas pruebas, la actora empleó los medios electrónicos y tecnológicos disponibles en la actualidad por cuanto obtener los originales de los medios de información le generaba costos que no estaba en capacidad de asumir.

Afirmó que las autoridades accionadas “… al no valorar y desestimar las pruebas fácticas aportadas por la demandante, aceptaron el acto administrativo la resolución No. 54-000-0089-201, del 23 de diciembre de 2011, expedido por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC. Territorial Norte de Santander el cual es ilegal, porque en la actualización catastral transgredieron la Constitución, leyes, normas catastrales y afines. Acto administrativo que se requería anular”.

A juicio de la accionante, las autoridades judiciales accionadas omitieron declarar la ilegalidad del acto administrativo proferido por el IGAC, impidiéndole el acceso a la participación ciudadana.

Aseveró que la sentencia de segunda instancia no tuvo en cuenta que el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 establece que las autoridades catastrales tienen el deber de formar los catastros o actualizarlos dentro de dos periodos máximos de cinco (5) años, y que la actualización catastral en el municipio de Cúcuta se efectuó siete años después, lo que afectó gravemente el valor que finalmente se dio a los avalúos catastrales y, por ende, al impuesto predial que debieron pagar los propietarios de inmuebles en ese municipio.

Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Socorro Flórez de Bonilla, presentó demanda en ejercicio de la acción popular en contra del Municipio de San José de Cúcuta y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC –Territorial Norte de Santander, con el fin de que se suspendiera o anulara el acto administrativo contenido en la Resolución No. 54-000-0089-2011 del 23 de diciembre de 2011, expedida por la segunda de las autoridades mencionadas, que ordenó la renovación de la inscripción en el catastro y declaró vigentes los avalúos resultantes de la actualización de la formación del catastro de los predios urbanos del municipio de San José de Cúcuta.

Así mismo, solicitó que se suspendieran o aplazaran los efectos de la resolución expedida por el IGAC y del Acuerdo Municipal No. 011 del 2 de marzo de 2012.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dictó sentencia de primera instancia del 12 de septiembre de 2013, por medio de la cual declaró que “… la presente Acción Popular es improcedente para pretender la nulidad de la Resolución No. 54-000-0089-2011, del 23 de diciembre de 2011, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC” – Territorial Norte de Santander y del Acuerdo No. 011 del 02 de marzo de 2012, proferido por el Concejo Municipal de Cúcuta”.

El a quo consideró que en el caso concreto no era posible la anulación de los actos administrativos señalados en la demanda, en atención a que, según criterio reiterado del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en la sentencia de acción popular no se puede decretar la nulidad de actos administrativos ni de contratos, lo cual es de competencia exclusiva del juez contencioso administrativo, pudiéndose suspender los efectos cuando se afecten derechos colectivos, lo que –a su juicio– no sucedió en el caso sometido a su consideración.

Precisó que las acciones populares no constituyen un mecanismo para desplazar los otros medios de defensa judicial ordinarios establecidos por la ley para la solución de las diversas controversias jurídicas, dado que los bienes que protege y su órbita son diferentes de aquellos que corresponden a los jueces ordinarios.

Analizó la posible vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa de cara al contenido que al referido concepto jurídico indeterminado le ha dado la jurisprudencia del Consejo de Estado, para concluir que no existía prueba de que las conductas de los funcionarios que desarrollaron las actuaciones administrativas censuradas fueran contrarias al ordenamiento jurídico o se basaran en la deshonestidad o corrupción, por cuanto el procedimiento de actualización de la formación catastral “fue llevado a cabo por un sinnúmero de funcionarios con apego a las normas catastrales establecidas para tal fin, así mismo se demostró que la intención de los funcionarios que hicieron parte de dicho proceso se orientó a satisfacer intereses perseguidos por la colectividad y específicamente, el desarrollo de los fines que se buscaban con las facultades concedidas a los funcionarios que los ejecutaron …”.

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, en providencia del 10 de marzo de 2016, en la que modificó la decisión, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa del Concejo Municipal de San José de Cúcuta y negó las pretensiones de la demanda.

El ad quem consideró que los concejos municipales carecen de capacidad para ser parte de los procesos judiciales, la cual radica en la persona jurídica a la cual pertenece el órgano, de manera que el municipio representa igualmente al concejo en materia judicial.

Precisó que en el caso concreto resultaba procedente la anulación de actos administrativos en la acción popular por cuanto a la misma no le era aplicable la Ley 1437 de 2011, en consideración a que la demanda se presentó el 27 de abril de 2012, de tal manera que en ese específico aspecto correspondía revocar la decisión del a quo.

Estudio ampliamente el concepto de moralidad administrativa para concluir que no se encuentran probados en el caso concreto los elementos que hasta este momento ha decantado la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el mismo y que la parte actora no cumplió con la carga de demostrar las fallas en las que considera incurrió el proceso de actualización catastral.

Consideró que la anormalidad, consistente en haber realizado la actuación después de vencido el término de cinco (5) años previsto en la ley, no afecta la validez del trabajo, aunque sí compromete la responsabilidad de los funcionarios que no cumplieron con el término.

Concluyó la sentencia afirmando que “… en la comunidad cucuteña existía más bien una inconformidad general con el gravamen, en cuyo caso los afectados han debido acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de una acción diferente a la escogida en esta oportunidad”.
3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 22 de agosto de 2016, se admitió la demanda de tutela y se ordenó su notificación, en calidad de autoridades accionadas, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y al Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”.

Como terceros con interés en las resultas del proceso, se dispuso vincular y notificar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, Territorial Norte de Santander, al Alcalde de San José de Cúcuta, al Presidente del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, en su calidad de demandados en la acción popular y a los señores Ferney Antonio Álzate Londoño, Héctor Orlando Villamizar Vera, José Francisco Palacios Espejo y Jorge Alberto González Dulcey, quienes intervinieron en la acción popular en calidad de coadyuvantes. Así mismo dispuso la publicación del auto admisorio en la página web del Consejo de Estado para que los interesados pudieran intervenir en la actuación.

3.2. Contestación de las autoridades accionadas

3.2.1. Tribunal Administrativo de Norte de Santander

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander no intervino en la tutela, pese a que fue notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda.

3.2.2. Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”

La Magistrada ponente de la providencia discutida, presentó informe del 1º de septiembre de 2016 en el que manifestó que la demandante fue “apasionada e injuriosa”, pues catalogó a la Corporación y a los magistrados “de corruptos, bandidos, de vender procesos, entre otros calificativos que ofenden a los funcionarios y empleados judiciales en su dignidad y honorabilidad”.

Precisó que, entre los derechos invocados por la demandante como vulnerados, algunos no tienen la naturaleza de fundamentales, razón por la cual no procede la acción de tutela para protegerlos, como es el caso de lo que la tutelante denomina “moralidad administrativa” y “acción popular”.

Afirmó que lo que evidencia la demanda de tutela, más que un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, es la inconformidad de la actora con el sentido del fallo, pero que eso no significa que deban prosperar las pretensiones de la tutela.

Aclaró que la decisión cuestionada sí analizó la respuesta dada por el IGAC a las 47 preguntas formuladas por la demandante y le dio el valor que en derecho correspondía frente a cada uno de los argumentos expuestos en la acción popular, medio de convicción que fue tenido en cuenta para admitir ciertos hechos y negar otros, o para señalar que no tenía incidencia frente a algunos argumentos de la acción popular.

A juicio de la magistrada ponente de la decisión censurada, la demandante olvidó que el análisis de la acción popular se debía hacer cargo por cargo, como se hizo en la sentencia impugnada, donde se analizó cada argumento propuesto y las pruebas que lo acreditaban, de tal manera que el juez de tutela debe valorar la incidencia que tenía cada prueba que destaca la tutelante para establecer en qué aspectos de la decisión debía tenerse en cuenta y en cuáles no tiene el valor probatorio indicado por ella.

Agregó que en el expediente no se encontraron las pruebas de las condiciones catastrales del municipio de Cúcuta, anteriores a la actualización efectuada en el 2011, y que el oficio 5542012EE3012-O1-F:1-A:0 del 10 de abril de 2012 del IGAC, no daba cuenta de éstas ni de la violación del derecho a la moralidad administrativa.

Con base en ese oficio del IGAC, la sentencia de segunda instancia analizó el cargo invocado en la demanda de acción popular, relacionado con la supuesta falta de cumplimiento de los estándares mínimos en el proceso de actualización catastral, y evidenció que la entidad afirmó que el trabajo se ejecutó de conformidad con los estándares técnicos.

Siendo ello así, se concluyó que la respuesta dada por el IGAC a las 47 preguntas de la actora no era suficiente para demostrar la vulneración del derecho a la moralidad administrativa y no se aportaron otras pruebas que probaran la vulneración.

En relación con el argumento de la acción popular, relacionado con la supuesta vulneración de la Ley 44 de 1990, por haber incrementado el avalúo catastral en más del 100 %, no podía ser analizado con base en la respuesta dada por el IGAC a la petición de la demandante, aspecto en torno al cual la sentencia de segunda instancia hizo un estudio autónomo sobre la normativa aplicable y concluyó que, en realidad, ese precepto prohibía incrementar el impuesto predial en más del 100 %, y que en el proceso no estaba probado que a los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de Cúcuta se les hubiera cobrado en el 2012 más del doble de lo que habían pagado en 2011.

En relación con los supuestos artículos de prensa, en los que la demandante afirma que obran testimonios de funcionarios del municipio de Cúcuta y del IGAC que dan cuenta de las irregularidades que plantea, la autoridad demandada dijo que lo que se aportó al expediente “son unos textos en hojas de Block sin identificación posible de su origen y ni siquiera del hecho de que fuera un “artículo de prensa” adjudicable a un autor determinado”, y que “se desconoce si de verdad eran artículos de prensa”. Que la sentencia de segunda instancia no calificó los documentos aportados por la actora de falaces, sino de imposibles de valorar en el sentido que ella lo pretendía, esto es, como testimonios, por tratarse de “… opiniones concretas imputables a las personas que ella asegura que las pronunciaron en un diario local de Cúcuta”.

3.3. Informe de los terceros vinculados

3.3.1. Concejo municipal de San José de Cúcuta

El Presidente de la corporación contestó la demanda y dijo que los hechos relatados en la acción de tutela no comprometen la responsabilidad de ninguno de los miembros de esa corporación.

Precisó que los acuerdos expedidos por el Concejo Municipal, relacionados con el impuesto predial, y aquellos que han concedido beneficios tributarios por pronto pago, no hacen parte de la controversia jurídica planteada en la tutela y no han sido demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual gozan de presunción de legalidad y son aplicables.

Manifestó que la presente demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, fijados por la Corte Constitucional en sentencias como la C-590 de 2005 y T-265 de 2014, entre otras.

3.3.2. Informe de las demás autoridades y terceros vinculados

El IGAC, el municipio de Cúcuta y los coadyuvantes de la acción popular guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados del auto admisorio de la demanda de tutela.

4. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia del 16 de noviembre de 2016 en el que negó la petición de amparo constitucional.

En la referida providencia tuvo por verificado el cumplimiento de los requisitos generales que informan la acción de tutela contra providencias judiciales y analizó el fondo del asunto de acuerdo con el marco teórico referido al defecto fáctico, por tratarse del cargo formulado por la actora.

Para el efecto transcribió in extenso las consideraciones expuestas en el fallo de segunda instancia censurado en relación con las alegaciones de la parte actora, para concluir que “Para la Sala, el análisis efectuado por la decisión judicial cuestionada es razonable y coherente con el material probatorio del proceso de acción popular. La sentencia del 10 de marzo de 2016 se fundamenta en la carencia de pruebas que demostraran las afirmaciones realizadas por la actora en la demanda, esto es, aquellas afirmaciones que hizo para probar la violación del derecho de la moralidad administrativa. Con base en ese análisis, la sentencia concluyó que algunos de los argumentos de la demandante son meramente intuitivos y nacidos de simples apreciaciones personales, y que, en muchas ocasiones, no guardan relación con la supuesta vulneración de la moralidad administrativa que se esgrimió como argumento de la acción popular”.

Destacó que, a juicio de la demandante, la totalidad de los argumentos de la acción popular se acreditaban con la respuesta dada por el IGAC en el oficio No. 5542012EE3012-01-F-1-A-0 del 10 de abril de 2012, afirmando que el referido documento no fue desconocido por el operador judicial.
En efecto, para desvirtuar la alegación de la accionante, transcribió la consideración expuesta por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, en virtud de la cual el documento no tenía la capacidad de acreditar los supuestos en que se fundamentaron las pretensiones, toda vez que echó de menos pruebas periciales o testimoniales que confirmaran las “sospechas” de la demandante.

Adicionalmente, el documento referido lo que hace es soportar los argumentos defensivos expuestos por la entidad pública en la acción popular y no las aseveraciones carentes de sustento probatorio de la demandante.

El juez constitucional de primera instancia consideró que resulta evidente que la acción popular carecía de las pruebas necesarias para demostrar las alegaciones de la demandante y que las respuestas dadas por el IGAC en el oficio No. 5542012EE3012-01-F-1-A-0 del 10 de abril de 2012, no sustentan alegaciones como la supuesta falta de idoneidad del proceso de actualización catastral efectuado en el municipio de Cúcuta.

Con fundamento en los anteriores argumentos consideró que es razonable que la autoridad judicial estimara no probados los hechos que fundamentan la acción popular en punto a demostrar la vulneración del derecho a la moralidad administrativa.

En relación con las supuestas noticias de prensa que allegó la actora con el escrito de impugnación, afirmó que resultaba carente de arbitrariedad la decisión tomada en la sentencia censurada de no tenerlos en cuenta ante la imposibilidad de comprobar si realmente fueron publicados y si se puede atribuir ese contenido a algún autor.

Hizo referencia a la actividad probatoria que deben desplegar los interesados en demostrar determinados hechos dentro del proceso judicial, tal como lo prevé el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y, actualmente, en el artículo 167 del Código General del Proceso.

Adicional a lo anterior, refirió los antecedentes jurisprudenciales de la Sección Tercera del Consejo de Estado en virtud de los cuales se ha establecido que la información publicada en medios de comunicación no puede ser valorada como prueba testimonial, porque carecen de las formalidades propias de su recepción, por lo que si la actora consideraba necesario que se escuchara a los referidos funcionarios, debió haber solicitado que se practicara la prueba con el rigor procesal correspondiente en el proceso ordinario.

Concluyó afirmando que “… la sentencia del 10 de marzo de 2016 no incurrió en defecto fáctico al denegar las pretensiones de la demanda de acción popular interpuesta por la Señora Socorro Flórez de Bonilla. Por el contrario, dicha sentencia efectuó una valoración razonable de las pruebas obrantes en el expediente y concluyó que no estaba demostrada la vulneración de la moralidad administrativa por parte del municipio de Cúcuta, el concejo de Cúcuta y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Advirtió que “Detrás de la demanda de tutela, la Sala advierte el propósito de simplemente cuestionar la valoración probatoria, a partir de particulares argumentos, con los que se pretende imponer un criterio de valoración diferente. Sobra decir que ese propósito es improcedente, porque la acción de tutela no es una instancia adicional para discutir el mérito probatorio que el juez natural, en el ámbito de independencia y autonomía, otorga a las pruebas del proceso”.

5. Impugnación

Mediante escrito radicado el 6 de diciembre de 2016 en la Secretaría General de esta Corporación, la accionante impugnó el fallo de primera instancia, afirmando que no se efectuó la valoración probatoria en relación con los medios de convicción allegados a la acción popular y que refirió ante el juez de tutela.

Precisó que la inconformidad con la decisión adoptada, a que se refiere el fallo de primera instancia en sede de tutela, no es únicamente de la actora sino de todos los contribuyentes de Cúcuta que deben cancelar el impuesto predial y de aquellos a quienes se les van a rematar sus viviendas por la imposibilidad de pagar.

Reiteró el argumento referido a que en la sentencia proferida por el Consejo de Estado no se analizaron de fondo las respuestas dadas por el IGAC a las cuarenta y siete (47) preguntas que le formuló en ejercicio del derecho de petición.

Precisó que es claro que la actualización catastral del año 2011 la realizaron con el POT del año 2001 lo que implica que no cambió el uso de los suelos y “… el IGAC siempre argumentó que el incremento exagerado del impuesto predial” obedeció al cambio del uso del suelo que es estipulado por el POT de cada municipio.

Refirió in extenso las normas de superior jerarquía que considera transgredidas con ocasión de los actos administrativos proferidos por el IGAC y por el municipio de San José de Cúcuta, refiriendo las siguientes leyes: 12 de 1986, 75 de 1986, 44 de 1990, 101 de 1993, 136 de 1994, 223 de 1995, 388 de 1997, 675 de 2001; los Decretos 3495 de 1983, 1333 de 1986, 1711 de 1984, 2157 de 1995, 422 de 2000; las Resoluciones 2555 de 1988, 070 de 2011, 54-000-0089-2011 y los conceptos y sentencias de altas cortes y demás normas afines.

Aseveró igualmente que se desconocieron normas constitucionales, como el preámbulo de la carta, los artículos 2 y 13 de la Constitución, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos.

Precisó que, con el incremento exagerado del avalúo catastral, el cual tiene significativa injerencia en el impuesto predial, el nivel de vida de los obligados a pagarlo se deterioró ostensiblemente. Lo anterior se agrava aún más con la expedición de la Ley 1450 de 2011, la cual incrementó las tarifas del impuesto predial.

Con respecto las noticias de prensa que allegó al proceso, afirmó que son reales, que actuó de buena fe y que no les cambió “ni una coma ni un punto”, que los imprimió desde las páginas virtuales de los medios de comunicación y su error consistió en no haber comprado los periódicos para allegarlos a la actuación judicial.

Transcribió apartes de la sentencia del proceso ordinario y del fallo de tutela dictado por el a quo, afirmando que las conclusiones a las que arribaron los jueces de instancia son erradas porque lo que realmente ocurrió es que no valoraron integralmente el expediente en el que están explicadas las transgresiones a la actualización catastral realizada en el año 2011.

A juicio de la recurrente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC – Territorial Norte de Santander vulneró el debido proceso, al no aplicar correctamente los procedimientos exigidos en las normas catastrales cuando se realizó la actualización de la formación catastral en el año 2011.

Aseveró que ha demostrado de manera clara y precisa la normatividad Constitucional y legal transgredida por parte de los demandados en la acción popular, las cuales considera son razones suficientes para suspender o anular la Resolución No. No. 5542012EE3012-01-F-1-A-0 del 10 de abril de 2012.

Finalizó su extenso escrito de impugnación reiterando la existencia del defecto fáctico por la indebida valoración del oficio contentivo de la respuesta suministrada por el IGAC a las preguntas que formuló en ejercicio del derecho de petición y que aportó a la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 16 de noviembre de 2016, dictado por el Consejo de Estado - Sección Cuarta en la acción de tutela instaurada por la señora Socorro Flórez de Bonilla, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena.

2. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la decisión contenida en la sentencia del 16 de noviembre de 2016, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta que negó la petición de amparo constitucional, para lo cual deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Si las autoridades judiciales accionadas, con el proferimiento de los fallos que definieron la acción popular instaurada por la accionante, negando las pretensiones de la demanda, vulneraron los derechos fundamentales alegados por ésta?

Concretamente se resolverá los siguientes subproblemas jurídicos:

¿Si las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas allegadas a la actuación y concretamente del oficio de respuesta a la solicitud realizada por la accionante en ejercicio del derecho de petición y haber desestimado las declaraciones contenidas en las noticias de prensa que presentó con el escrito de impugnación?

¿Si en la sentencia de segunda instancia censurada se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 75 de 1986 que establece que las autoridades catastrales tienen el deber de formar los catastros o actualizarlos dentro de dos periodos máximos de cinco (5) años?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

3.2. Examen de los requisitos de procedibilidad adjetiva

En el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva fueron superados por el a quo en la sentencia impugnada, por lo que no hay lugar a realizar el análisis en segunda instancia, por cuanto no fueron objeto de impugnación.

3.3. Caso concreto

Con el fin de abordar los argumentos expuestos por la impugnante, la Sala abordará los siguientes ejes temáticos:

(i) Precisión sobre la existencia de hechos nuevos en la impugnación que no fueron expuestos por la tutelante en el escrito inicial;

(ii) Análisis del defecto fáctico expuesto tanto en la demanda de tutela como en el recurso;

(iii) Defecto sustantivo por presunto desconocimiento del artículo 74 de la Ley 75 de 1986.

3.3.1. Hechos nuevos en el escrito de impugnación

La Sala destaca que en el escrito introductorio la parte actora planteo la existencia de un defecto fáctico por indebida valoración de la respuesta dada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC – Territorial Norte de Santander a la solicitud que realizó en ejercicio del derecho de petición y al desconocimiento de las declaraciones de los funcionarios del municipio de San José de Cúcuta y del IGAC contenidos en reportes de prensa que allegó al proceso con el escrito de impugnación, así como a la inaplicación al caso concreto del artículo 74 de la Ley 75 de 1986, alegación esta que se encuadra en el defecto sustantivo.

Por su parte, en el escrito de impugnación, además de reiterar y desarrollar ampliamente los cargos anteriores, alegó que la actualización catastral del año 2011 la realizaron con el POT del año 2001 lo que implica que no cambió el uso de los suelos y “… el IGAC siempre argumentó que el incremento exagerado del impuesto predial” obedeció al cambio del uso del suelo que es estipulado por el POT de cada municipio.

Adicionalmente, consideró que los actos administrativos proferidos por el IGAC y por el municipio de San José de Cúcuta, para realizar la actualización catastral se expidieron con vulneración de normas de superior jerarquía, refiriendo las siguientes leyes: 12 de 1986, 75 de 1986, 44 de 1990, 101 de 1993, 136 de 1994, 223 de 1995, 388 de 1997, 675 de 2001; los Decretos 3495 de 1983, 1333 de 1986, 1711 de 1984, 2157 de 1995, 422 de 2000; las Resoluciones 2555 de 1988, 070 de 2011, 54-000-0089-2011 y los conceptos y sentencias de altas cortes y normas constitucionales, como el preámbulo de la carta, los artículos 2 y 13 de la Constitución, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los derechos humanos.

Este desconocimiento de normas de superior jerarquía por parte de las autoridades administrativas que fueron demandadas en la acción popular, no constituyó un cargo de la demanda inicial de tutela, con excepción de lo relacionado con la Ley 75 de 1986, motivo por el cual la Sala no abordará de fondo esta argumentación por cuanto ello vulneraría el derecho de defensa de las autoridades accionadas y de los intervinientes que en el trámite de la primera instancia no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre la misma.

Adicionalmente, estos razonamientos no se dirigen a cuestionar las decisiones judiciales censuradas sino directamente los actos administrativos proferidos por las autoridades encargadas de la actualización de la formación del catastro, asunto que fue objeto de debate al interior del proceso ordinario y sobre el cual este juez constitucional carece de competencia funcional.

Finalmente, en relación con la posible afectación de las medidas administrativas adoptadas a toda la comunidad del municipio de San José de Cúcuta y la imposibilidad de pagar el impuesto predial para algunos de los propietarios de vivienda del referido ente territorial, la Sala precisa que al no constituir una alegación encaminada a desvirtuar las conclusiones a las que arribaron los jueces ordinarios o pueda constituir un defecto en que estén incursas las providencias censuradas, no será materia de pronunciamiento en este fallo.

3.3.2. Defecto fáctico

Esta Sala de Sección en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de abordar el análisis de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) haber dictado sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso; los cuales tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que la parte_
Identifique el elemento probatorio que solicitó.
Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
Exponga las razones por las cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que la parte:

Identifique los elementos de prueba no valorados por el juez.
Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto en que el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 Constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

En virtud de lo expuesto, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Con fundamento en el marco teórico expuesto se desarrollará cada uno de los cargos:

3.3.2.1. Inadecuada valoración del oficio del 10 de abril de 2012 No. 5542012EE3012-01-F-1-A-0, suscrito por Oswaldo Martínez Andrade, en su condición de Director, que contiene la respuesta dada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC – Territorial Norte de Santander a la solicitud que realizó en ejercicio del derecho de petición y en la que planteó 47 preguntas relacionadas con la forma como se realizó la actualización catastral del Municipio de San José de Cúcuta para el año 2011.

Para entender cumplida la carga mínima en relación con esta alegación la parte debe precisar cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez, lo que indudablemente cumplió, al señalar el documento referido y en términos generales afirmó que la misma daba cuenta de las irregularidades en las que se incurrió al momento de expedir los actos administrativos, con violación de principios como el de la moralidad administrativa, por lo que al tratarse de una exigencia de carga mínima y no de razón suficiente, la Sala la entenderá cumplida.

En relación con la sentencia de segunda instancia censurada se advierte que el Consejo de Estado valoró la prueba referida, encontrando que la respuesta de la entidad pública indica que el trabajo se realizó de acuerdo con los estándares técnicos y la normativa aplicable.

En consecuencia, consideró que el documento por sí mismo no tenía la capacidad de demostrar las afirmaciones efectuadas por la demandante sobre irregularidades en el procedimiento de actualización catastral, por cuanto en este se “… defiende la posición de la entidad en este proceso. De hecho, categóricamente niega la posibilidad de que se hayan presentado fallas que afecten el resultado del trabajo de actualización catastral”.

Por lo anterior, precisó que al no tener este documento la posibilidad de demostrar las falencias advertidas por la impugnante porque, contrario a ello, ratificaba la realización de la actuación conforme a las normas y los estándares técnicos, se echaba de menos prueba pericial o documental que acreditara las manifestaciones de la accionante que carecían por completo de respaldo probatorio.

Advirtió que no resulta suficiente aseverar la existencia de irregularidades en la actuación de la administración sino que la parte actora tiene la carga de demostrarlas y en el caso concreto no lo hizo, sin que el documento que ella considera “prueba reina”, ratifique sus apreciaciones.

La Sala destaca que en las providencias censuradas se explicaron las razones por las cuales el documento que la accionante considera prueba suficiente de las irregularidades advertidas en el procedimiento adelantado por las entidades accionadas, contrario a ello, da cuenta de haberse realizado el mismo conforme a normas jurídicas y técnicas. Así mismo, presentaron argumentos jurídicos sobre la ausencia de respaldo probatorio de las afirmación de la demandante, por lo que, al carecer de arbitrariedad la valoración probatoria efectuada por los jueces naturales del proceso, el cargo no está llamado a prosperar.

En efecto, para esta Sala de Sección la apreciación en su conjunto de las pruebas es razonable y coherente, si se tiene en cuenta que la sentencia del 10 de marzo de 2016 se fundamenta en la carencia de pruebas que demostraran las afirmaciones realizadas por la actora en la demanda, esto es, aquellas afirmaciones que hizo para probar la violación del derecho de la moralidad administrativa.

3.3.2.2. Con respecto al desconocimiento de las declaraciones de los funcionarios del municipio de San José de Cúcuta y del IGAC contenidos en “reportes de prensa” que allegó al proceso con el escrito de impugnación, la Sala advierte que se cumple con el requisito de la identificación y se demostró que fueron aportados oportunamente al proceso, por cuanto fueron tenidos como prueba y se ordenó darles el valor correspondiente en auto del 28 de septiembre de 2015 que se pronunció sobre las pruebas solicitadas por la impugnante.

Sin embargo, no se demostró que hubieran sido allegados con el lleno de los requisitos legales y tampoco se indicaron las razones por las cuales eran relevantes para la decisión ni cuál era el supuesto fáctico que se pretendía demostrar con los mismos, en tanto no daban cuenta de una falta de moralidad administrativa alegada.

En efecto, tal como lo precisó el ad quem ordinario no se incorporaron en copia del diario donde posiblemente se publicaron, sin que se tenga certeza sobre la efectiva divulgación y la autoría de los mismos.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas y noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso.

En virtud de ello, es posible tener como prueba las declaraciones de los funcionarios públicos previa contradicción de prueba, sin que en el sub examine alguna de las circunstancias que se afirmó aparecía en medios de comunicación se corroborara con otros elementos de convicción o tuviera la entidad suficiente para incidir en el sentido de la decisión.

Por las anteriores razones, este cargo tampoco está llamado a prosperar.

3.3.3. Defecto sustantivo

La parte actora alegó que en la sentencia de segunda instancia censurada se desconoció el artículo 74 de la Ley 75 de 1986, en virtud del cual se debe realizar la actualización catastral cada cinco años.

Al analizar la providencia censurada, se advierte que la sentencia de segunda instancia se pronunció expresamente sobre esta alegación, en los siguientes términos:

“Entre los cargos de la demandante también se encuentra el hecho de que la actualización catastral se debe realizar por lo menos cada 5 años, pero en Cúcuta habían pasado siete desde la última actualización, lo que incidió en el incremento de los avalúos, por el paso del tiempo, hecho imputable a las autoridades públicas, que no debe repercutir negativamente sobre los propietarios.

La Sala tampoco advierte en este hecho anormalidad alguna que justifique acceder a las pretensiones de la demanda, porque si bien es cierto que la ley impone realizar la actualización catastral por lo menos cada cinco años, hacerla con posterioridad no afecta la validez del trabajo, ni compromete la moralidad administrativa por sí mismo, aunque sí compromete la responsabilidad de los funcionarios que no cumplieron con el término.

Ahora, tampoco es correcto creer que objetivamente los avalúos se incrementaron más de lo normal por haberse realizado el trabajo de actualización 2 años más tarde de lo que exige la ley. En realidad se trata de un efecto financiero, porque si bien formalmente –y muy seguramente, en la mayoría de los casos- el avalúo se incrementa con dos años de diferencia, para efectos del impuesto predial este dato es intrascendente porque sencillamente el municipio cobra de acuerdo con el avalúo del inmueble en la fecha en que se realizó la actualización.

De esta manera, el problema es más de percepción que de valor reales de los inmuebles, pues es cierto que la demora en realizar la actualización catastral hace que los contribuyentes perciban el nuevo valor a pagar sustancialmente más alto, porque el avalúo catastral se incrementa a medida que pasen los años y, a la inversa, es inferior si pasan menos años; pero lo realmente importante es que el valor catastral sea el correcto en la fecha en que se calcule, aspecto que desde luego también controvierte la demandante, pero que no prueba en el proceso.

Según se dejó visto, el hecho de que hayan pasado dos años más de los que exige la ley no afectó de manera especialmente negativa a los contribuyente, lo que sucede es que perciben una variación significativa entre lo que pagaban y el nuevo valor, pero en ambos casos lo importante es que la base del impuesto sea la correcta, y esto no lo desvirtuó la demandante.

Incluso, el hecho que denuncia la parte actora es más perjudicial para la Administración y de ninguna manera para los contribuyente, quienes durante dos años pagaron el impuesto predial sobre una base catastral desactualizada, es decir, cancelaron menos de lo que correspondía al verdadero valor de sus inmuebles, beneficiándose financieramente.

Ahora, cuando se actualizó el precio de los bienes es apenas natural que se sienta el cambio en la liquidación, pero económicamente recibieron durante dos años un beneficio injustificado, que se explica por la mora de la Administración. De haberse realizado la actualización catastral en el año 5, y no en el año 7, los contribuyente hubieran empezado a pagar un mayor valor del impuesto predial desde ese momento, en detrimento de su patrimonio”.

De lo expuesto se desprende que la norma jurídica fue objeto de análisis en la sentencia, en consideración a los derechos colectivos involucrados en la demanda y el principio de moralidad administrativa, perspectiva desde la cual se estaba realizando el análisis de objeto de la demanda de acción popular.

Es así como se estableció que con independencia de la responsabilidad de los funcionarios que omitieron el término establecido en la norma, no se advertía una vulneración de los derechos colectivos cuya protección se solicitó en el caso concreto analizado, argumentación que resulta razonable y ajustada a los principios y valores constitucionales cuya protección se pretende, por lo que no se advierte la incursión en el defecto sustantivo alegado.

De conformidad con lo expuesto, la argumentación de las autoridades accionadas no puede considerarse como irrazonable o arbitraria, de tal manera que la alegación de la tutelante obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con las decisiones que se adoptaron, las cuales resultaron desfavorables a sus intereses.

Es preciso poner se presente que los artículos 228 y 230 superiores confieren al juez autonomía, potestad que legitima las decisiones que profiere, de tal manera que la acción de tutela no puede constituirse en una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo definido por el juez natural de la especialidad, como lo pretende el tutelante.

En consecuencia, al no resultar procedente la intervención del Juez de Tutela en el caso concreto, por no encontrar vulnerados los derechos fundamentales alegados, la Sala confirmará la decisión que adoptó la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la petición de amparo constitucional.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 16 de noviembre de 2016, expedido por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó la tutela instaurada por Socorro Flórez de Bonilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 del 2015.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: ORDENAR la Secretaría General de esta Corporación, devolver al despacho judicial de origen el expediente contentivo del proceso ordinario, remitido a esta actuación en calidad de préstamo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Folio 1.
En el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Concejo Municipal de Cúcuta y negar las pretensiones de la demanda.
Folio 18.
Folio 12.
Folio 12 vuelto.
Folio 53 vuelto.
Citó, entre otras, la sentencia C-644 de 2011 de la Corte Constitucional y la sentencia del Consejo de Estado del 29 de marzo de 2012 con ponencia del Magistrado Luis Rafael Vergara.
Folio 52 vuelto.
No obstante que esta decisión quedó plasmada en la parte considerativa del fallo de segunda instancia visible a folio 28 vuelto, no se incluyó en la parte resolutiva. Al analizar el caso concreto se consideró que en el mismo no había lugar a la declaratoria de nulidad del acto ni a la suspensión de sus efectos.
Folio 36.
Folio 58.
Folio 62.
Folios 79 a 80.
Folios 65, 68 y 88.
Folio 183.
Al efecto, transcribió apartes de la sentencia del 7 de septiembre de 2015, Rad. No. 17001-23-31-000-2009-00212-01 (52892).
La accionante no refirió los conceptos y sentencias de altas cortes que consideró desconocidos por las decisiones de las autoridades administrativas que actualizaron el avalúo de los inmuebles y fijaron el impuesto predial en el municipio de Cúcuta.
La norma establece: “ARTICULO 74. Modificado por la Ley 223 de 1995, artículo 79. Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero; Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. C. P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
En efecto, en el documento se certificó que el procedimiento se adelantó con estricto respeto de las Leyes 388 de 1997; 14 de 1983; los Decretos 1420 de 1998, 3496 de 1993, 1301 de 1940 y la Resoluciones 620 de 2008 y 70 de 2011 y contestó todos los requerimientos de la accionante y las variables que se tuvieron en cuenta para establecer la actualización.
Folio 34.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 5 de noviembre de 2015, Rad. 11001032800020140013000, M.P. Alberto Yepes Barreiro

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