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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00034-00

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
18 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00034-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1549 del 1º de marzo de 2023, por la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del partido político Nueva Fuerza Democrática. SEGUNDO: MODULAR los efectos de la decisión de nulidad, entendiendo que los mismos son hacia futuro y desde la ejecutoria de la presente sentencia. 126 Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes. 127 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril del 2017. Rad. 11001-03-25-000-2013- 01087-00 (2512-2013), M.P. Sandra Lissette Ibarra Vélez. Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2011, Rad. 11001- 03-28-000-2010-00120-00 (2010-00120), MP. Alberto Yepes Barreiro. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 61 Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros Demandado: Consejo Nacional Electoral Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00 11001-03-28-000-2023-00028-00 11001-03-28-000-2023-00040-00 ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00034-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

19 de septiembre de 2024

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00 (principal)
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00
Demandantes: GERMÁN ALBERTO SÁNCHEZ ARREGOCÉS
DIEGO ANDRÉS PINILLA DURÁN
JUAN MANUEL URUETA ROJAS
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Efectos inter comunis de la sentencia de unificación 257 de
2021 de la Corte Constitucional. Relación de causalidad
directa y efectiva entre los hechos de violencia sistemática
contra miembros de agrupación política y la cancelación de la
personería jurídica. Inaplicación de los efectos de la
prohibición de doble militancia. Alcance jurídico de los
acuerdos de paz.

SENTENCIA

La Sala dicta sentencia dentro del presente proceso en el que se pretende la
nulidad de la Resolución 1549 del 1º de marzo de 2023, por medio de la cual el
Consejo Nacional Electoral restituyó la personería jurídica del partido político
Nueva Fuerza Democrática.

1. ANTECEDENTES

1.1 Las demandas y sus trámites

1.1.1 Expediente 2023-00028-00

El señor Germán Alberto Sánchez Arregocés, en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA, presentó
libelo1 en contra del Consejo Nacional Electoral para que se declare la nulidad del
siguiente aparte, contenido en la Resolución 1549 de 2023:

ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR a todos los simpatizantes y antiguos militantes
de la Nueva Fuerza Democrática que deseen y se encuentren actualmente
afiliados y afiliadas a otras agrupaciones políticas, el término de treinta (30) días

1
Demanda radicada el 28 de abril de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución para que presenten
la correspondiente renuncia a esas colectividades y tramiten la reincorporación
ante el partido político Nueva Fuerza Democrática, con arreglo a sus estatutos
internos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que se incorporen a la Nueva Fuerza
Democrática dentro del plazo indicado en este artículo, no incurrirán en la
prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley
1475 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la
Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones
públicas o cargos uninominales en representación de otras organizaciones
políticas, no perderán la dignidad que ocupan.

1.1.2 Los hechos

La parte actora indicó que el 18 de enero de 2023, el expresidente de la República
Andrés Pastrana Arango solicitó ante el CNE, la restitución de la personería
jurídica del partido político Nueva Fuerza Democrática y, dos meses después, es
decir, el 1° de marzo de dicha anualidad, el organismo electoral expidió la
Resolución 1549, accediendo a la petición.

1.1.3 Normas violadas y concepto de la violación

El demandante invocó como normas transgredidas los artículos 4, 107, 122, 123,
152 y 265 de la Constitución Política, así como el 2º de la Ley 1475 de 2011. El
concepto de la violación lo estructuró en dos argumentos, a saber:

El primero lo denominó: «Existencia de una oposición entre la disposición
administrativa y la norma constitucional que transgrede el principio consagrado
en el artículo 4º constitucional –en armonía con los artículos2 107 y 152
superiores– según el cual la Constitución es norma de normas3».

Para la parte actora, el acto acusado se encuentra incurso en la causal genérica
de nulidad prevista en el artículo 137 del CPACA, referente a la infracción de las
normas en que debía fundarse, comoquiera que ninguna actuación administrativa
puede ir en contra de lo establecido por los preceptos superiores, en virtud del
principio de jerarquía que ha propugnado la Corte Constitucional4. Por lo anterior,
considera que todo el ordenamiento inferior debe estar en armonía con lo
dispuesto por la carta magna.

Conforme al anterior razonamiento, la parte actora recordó que el CNE, al expedir
la Resolución 1549 de 2023, creó un eximente para la doble militancia, lo cual,
resulta contrario a los parámetros normativos fijados, pues el artículo 107 superior
estableció esta prohibición y el 152 ib asignó al legislador estatutario la

2
Refirió jurisprudencia de la Corte Constitucional: Sentencias C–303 de 2010 y C–490 de 2011 ambas del MP: Luis Ernesto
Vargas Silva.
3
Cita con errores ortográficos.
4
Citó: Corte Constitucional, sentencia C – 054 de 2016. MP. Luís Ernesto Vargas Silva.

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2

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

competencia para regular esta materia, y el 2º de la Ley 1475 de 2011, la
desarrolló.

Por otra parte, en el segundo argumento, el accionante indicó que la resolución
censurada fue expedida sin competencia funcional, por cuanto el CNE reguló el
régimen de las organizaciones políticas, estando sometida dicha materia a
reserva estatutaria.

Para razonar sobre lo anterior, el demandante indicó que los servidores públicos
solo pueden cumplir las funciones que les asigna el ordenamiento jurídico, en
específico, dijo que el CNE no tiene expresamente asignada la atribución para
reglamentar la figura de la doble militancia y, al haberlo hecho, vía resolución
administrativa, tal dispositivo fue más allá de las materias que el constituyente
determinó para este órgano.

Finalmente, manifestó que al realizar una lectura estricta del numeral 6 del artículo
265 superior, si bien se le atribuyó al CNE la facultad para reconocer la personería
jurídica a las organizaciones políticas, tal función no podía extenderse para
reglamentar los siguientes temas: i) evadir los efectos de la doble militancia, ii)
eludir las consecuencias de esta, y iii) evitar la responsabilidad de quienes
incurren en dicha prohibición.

1.1.4 Admisión de la demanda

Mediante auto del 24 de julio de 20235, el despacho admitió la demanda y el
mismo día6, se resolvió tramitar, estudiar y decidir sin vocación de urgencia, la
medida cautelar solicitada por la parte actora, esto es, bajo los supuestos y el
procedimiento aplicable a la suspensión provisional ordinaria, cuyo trámite está
contemplado en el artículo 233 del CPACA.

En consecuencia, se dispuso que previamente a decidir sobre la solicitud en
comento, se corriera el traslado respectivo a los sujetos procesales, para que se
pronunciaran sobre ella.

1.1.5 Acumulación de procesos

A través de auto del 28 de septiembre de 20237, el magistrado ponente ordenó
decretar la acumulación de los procesos de nulidad con radicados 11001-03-28-
000-2023-00028-00, 11001-03-28-000-2023-00034-00 y 11001-03-28-000-2023-
00040-00.

5
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 6.
6
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 7.
7
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 42. En dicha providencia se ordenó tener como
expediente principal el radicado 2023-00034-00, se reconoció personería adjetiva y se admitieron dos coadyuvantes y un
impugnador.

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3

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

1.1.6 Auto que resuelve medidas cautelares

Mediante providencia del 12 de octubre de 20238, la Sala negó la suspensión
provisional9 en contra del art. 6, parágrafos 1º y 2º de la Resolución 1549 de 2023.
En síntesis, la Sala comprendió que frente al primer inciso del artículo sexto era
procedente declarar la carencia actual de objeto, pues el término de los treinta
días concedidos por la autoridad electoral ya se habían materializado.

De otro lado, en lo concerniente a los parágrafos primero y segundo del referido
artículo 6º, la Corporación optó por diferir su estudio a la sentencia, en
consideración a que, al analizarse los parámetros jurisprudenciales presentados
por los sujetos procesales (SU – 257 de 2021 y C – 027 de 201810), era
procedente agotar todas y cada una de las etapas que guían el proceso de
nulidad.

1.1.7 Contestación de la demanda

1.1.7.1 Consejo Nacional Electoral

El 1 de septiembre de 202311 la autoridad administrativa se opuso a las
pretensiones de la demanda indicando lo siguiente:

En primer lugar, aseveró que la resolución controvertida fue proferida, no solo en
virtud de las competencias constitucionales otorgadas al CNE, sino también por
la aplicación de los razonamientos vertidos en la sentencia SU – 257 de 2021 de
la Corte Constitucional.

Insistió en que los efectos inter comunis de la mentada providencia de unificación
permitían inaplicar, de manera excepcional y transitoria, la prohibición de la doble
militancia, pues al momento en que se solicitó tal reconocimiento, corrían las
etapas del calendario electoral para la elección de autoridades locales.

Para justificar los anteriores argumentos, el ente electoral comentó que las
decisiones de unificación son vinculantes y obligatorias, pues con base en estas
se salvaguarda la supremacía e integridad de la Constitución Política, se otorga
seguridad jurídica, protege la confianza legítima sobre las actuaciones de las
autoridades y se garantiza la igualdad de trato entre los ciudadanos.

Por otra parte, recordó que existe el deber de aplicar el precedente administrativo
(artículo 10 del CPACA), cuando existan casos con los mismos supuestos fácticos
y jurídicos, lo que impone actuar en igual sentido a aquel en el que se restituyó
personería jurídica del Nuevo Liberalismo.

8
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 48.
9
Diego Andrés Pinilla Durán, radicado 2023-00034-00 y Germán Alberto Sánchez Arregocés, radicado 2023-00028-00.
10
En esta providencia se declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 03 de 2017, por medio del cual se regula
parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera.
11
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 24 y 25.

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4

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

Con base en todo lo dicho, finalizó su oposición aduciendo que:

[C]on el debido sustento jurídico y probatorio, de manera excepcional y transitoria
[se] inapli[caron] normas constitucionales y legales con el fin de salvaguardar
derechos constitucional y convencionalmente protegidos relacionados con la
participación política.

Así, atendiendo los medios de prueba allegados al proceso, con fundamento en
la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, la
autoridad electoral restableció la personería de la Nueva Fuerza Democrática y
adoptó las medidas necesarias para hacer efectiva esta decisión conforme a las
órdenes dadas en la Sentencia SU-257 de 2021.

1.1.7.2 Partido Político Nueva Fuerza Democrática

Para contrarrestar los argumentos del libelo, la colectividad a través de apoderado
judicial, en primer lugar, manifestó que la simple nulidad no es la acción
procedente, habida cuenta de que el argumento central de la demanda recayó
sobre el artículo 6 de la Resolución 1549 de 2023, disposición que aludió a una
situación concreta, la cual está enfocada a un grupo específico de individuos,
denominados simpatizantes y antiguos militantes de la Nueva Fuerza
Democrática.

Por lo anterior, y de conformidad con los artículos 67 y 75 del CPACA, consideró
que la autoridad electoral, al notificar a la nueva organización política del
contenido de la resolución y permitir la interposición de un recurso de reposición,
materializó el carácter particular del acto, lo cual deviene en la improcedencia de
la nulidad simple propuesta por el actor.

Como segundo argumento de defensa, adujo que el acto administrativo no se
expidió con infracción normativa, pues la resolución enjuiciada tiene una base
jurisprudencial sólida, derivada de la sentencia SU – 257 de 2021, así como un
respaldo constitucional, convencional12 y legal, que refuerzan la validez de las
disposiciones demandadas.

En tercer lugar, aseveró que el artículo 6 de la Resolución 1549 de 2023 no
vulneró los artículos 107 de la Constitución Política ni el 2º de la Ley 1475 de
2011, debido a que:

1) El acto administrativo no autorizó la doble militancia, al contrario, reguló
una situación excepcional, como lo fue la restauración de la personería
jurídica del partido político.
2) El artículo demandado se debe entender como una medida de protección
de los derechos fundamentales, condicionada por plazos y requisitos
temporales, que permitieron la reincorporación de quienes apoyaban con
anterioridad a la organización política.
3) Al tener, un parámetro sustancial, el cual recayó sobre aquellos militantes
y antiguos fundadores, como un límite temporal, determinado por los 30

12
No precisó con exactitud cuáles decisiones o normas internacionales eran aplicables al caso.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

días para la reincorporación, tal medida no fue absoluta, y con ello, no se
vulneró el marco normativo superior; al contrario, lo protegió.
4) La autoridad electoral le otorgó una interpretación extensiva al parágrafo
del artículo 2º13 de la Ley 1475 de 2011, toda vez que los antiguos
seguidores del partido político se vieron obligados a unirse a otros, cuando
la personería jurídica se canceló.
5) La disposición de no incurrir en doble militancia se debe entender como
una garantía de aplicación a los casos de restauración legal de tal atributo.

Como cuarto argumento, insistió en que la Resolución 1549 de 2023 protegió los
derechos fundamentales de los antiguos afiliados, a quienes, con ocasión de la
violencia política, se les arrebató la posibilidad de participar libremente. En tal
sentido, consideró que la inaplicación temporal de la doble militancia para el caso
concreto resulta acorde con los principios consagrados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, adujo que la demanda pretende impedir el retorno de sus afiliados,
y aplicar las consecuencias nocivas de la doble militancia, con lo que, nuevamente
se victimiza a los antiguos militantes en relación con sus derechos políticos, los
cuales fueron salvaguardados, tanto por los razonamientos de la sentencia SU –
257 de 2021, como por los tratados internacionales14.

En quinto lugar, insistió en que el demandante desconoce los efectos inter
comunis que estableció la citada sentencia de unificación, los cuales, se aplicaron
para obtener la «reparación de los derechos fundamentales», debido a que la
organización política enfrentó una severa violencia política.

Finalmente, destacó la importancia de este precedente de unificación
jurisprudencial, en materias como la protección de la pluralidad política, las
garantías otorgadas a los ciudadanos y la salvaguarda de los principios de
igualdad y buena fe, toda vez que el contexto de protección otorgado al partido
Nuevo Liberalismo se asemeja al de la Nueva Fuerza Democrática.

1.2.1 Expediente 2023-00034-00

El ciudadano Diego Andrés Pinilla Durán interpuso demanda de simple nulidad en
contra del artículo 6, parágrafos 1 y 2, de la Resolución 1549 de 2023, relacionado
con la prohibición de la doble militancia15, para tales efectos, justificó en hechos
similares a la anterior demanda su reparo a dichos preceptos.

13
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los partidos y movimientos
políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las
sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir
en doble militancia.
14
Sin precisar a cuáles se refería.
15
Se radicó el 26 de mayo de 2023.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
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Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

1.2.2 Normas violadas y concepto de la violación

Invocó los artículos 4, 107 y 152 superiores16 y el 2º de la Ley 1475 de 2011.

Aseveró que estas normas fueron transgredidas por el CNE, debido a que los
artículos 40 numeral 3º y 107 constitucionales, permiten constituir partidos y
movimientos políticos sin restricción alguna; sin embargo, tales disposiciones
encuentran un límite en los Actos Legislativos 01 de 2003 y de 2009, los cuales,
de manera expresa, prohibieron a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a
más de una organización con estas características.

Para justificar lo anterior, manifestó que las citadas reformas constitucionales
deben entenderse de la siguiente manera: i) la Ley 1437 de 2011 en el artículo
275, numeral 8 introdujo como causal de nulidad electoral esta conducta, ii) el
legislador desde el año 2003 fortaleció las colectividades y, iii) el marco de
funcionamiento de las organizaciones políticas, del cual hace parte el régimen de
bancadas, se ve robustecido y con ello también, la disciplina partidista.

Recordó lo dicho por la Sección Quinta del Consejo de Estado17, para destacar
que quien sea miembro de una corporación pública y decida presentarse por un
partido distinto al que lo avaló, debe renunciar a la curul doce meses antes a la
fecha de inscripción y, que de no hacerlo, materializa la prohibición de doble
militancia que el constituyente determinó para tal fin.

En torno a ello, expresó que la Corte Constitucional en sentencia C – 490 de 2011,
declaró exequible la correspondiente disposición de la Ley 1475 de 2011, desde
la perspectiva de garantizar la disciplina del miembro de la organización y que los
doce meses para renunciar se encuentran ajustados a la Carta Magna.

Para finalizar su argumentación, insistió en que, a través del artículo 6 y los
parágrafos 1 y 2 de la Resolución 1549 del 1º de marzo de 2023, se derogó la
institución de la doble militancia, con lo cual se contravienen precisos parámetros
constitucionales y estatutarios.

1.2.4 Admisión de la demanda

Mediante auto del 16 de junio de 202318, el despacho admitió la demanda y el
mismo día19, corrió traslado de la medida cautelar de suspensión provisional. Al
respecto y tal como se refirió en líneas precedentes, una vez acumulados los
procesos, se negó la solicitud por las razones expuestas anteriormente.

16
Refirió jurisprudencia de la Corte Constitucional: Sentencia C – 303 de 2010 y C – 490 de 2011, ambas del MP. Luis
Ernesto Vargas Silva. Así mismo, del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 05001-23-33-000-2015-02592-01 del
6 de octubre de 2016. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
17
Citó providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 23 de
octubre de 2013, radicado 41001-23-31-000-2012-00052-01 MP. Susana Buitrago Valencia.
18
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 13.
19
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 14.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

1.2.5 Contestación de la demanda

1.2.5.1 Consejo Nacional Electoral

El 3 de agosto de 202320 la autoridad administrativa se opuso a las pretensiones
de la demanda, reiterando los argumentos vertidos en la contestación del radicado
2023-00028-00.

1.2.5.2 Partido Político Nueva Fuerza Democrática

El representante legal de la organización política, expuso similares argumentos
de defensa a los planteados en el radicado 2023-00028-00 y propuso que, de
accederse a lo pretendido por la parte actora, se violaría el estatuto de la
oposición, el cual está consagrado en el artículo 112 superior y la Ley 1909 de
2018 debido a que la colectividad Nueva Fuerza Democrática ya definió su
posición21 política ante el gobierno nacional.

1.3.1 Expediente 2023-00040-00

El señor Juan Manuel Urueta Rojas presentó demanda de nulidad 22 en la cual,
solicitó:

PRIMERA: Que [se] declare la nulidad de la Resolución No. 1549 de marzo 01 de
2023 del Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se RESUELVE la
solicitud de restitución de la personería jurídica del partido político NUEVA
FUERZA DEMOCRÁTICA, dentro del expediente identificado con radicado No.
CNE-E-2023-001129. SE[G]UNDA: Que como consecuencia de la declaratoria
anterior, ordene la cancelación de la personería jurídica del partido político
NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA.

1.3.2 Hechos

El demandante señaló que mediante la sentencia SU – 257 de 2021, se amparó
el derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos del Nuevo
Liberalismo, debido a que sus militantes fueron objeto de severas persecuciones,
y algunos otros, asesinados por defender sus ideas políticas.

Aclaró que las condiciones que afectaron al Nuevo Liberalismo se caracterizaron
por la comisión de delitos graves y el despliegue de un ataque sistemático y
coordinado por agentes del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares, que
quedaron demostrados en sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.

20
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 29.
21
Comentó que a través de la «Resolución no. 4255 de 2023 (07 de junio) Por medio de la cual se ordena inscribir en el
registro único de partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas la declaración política en sentido de oposición,
emitida por el partido político nueva fuerza democrática, frente al Gobierno del Presidente de la República, Dr. Gustavo
Francisco Petro Urrego.»
22
Se radicó el 21 de junio de 2023.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

Manifestó que el Consejo Nacional Electoral, al proferir la Resolución 1549 del 1º
de marzo de 2023, confundió los supuestos fácticos que se dieron con el Nuevo
Liberalismo e insistió en que la Nueva Fuerza Democrática no cesó su actividad
política con ocasión de ese tipo de violencia, pues estas agrupaciones no se
encontraban en una misma situación, razón por la cual, no se le podían extender
los efectos inter comunis de la sentencia de la Corte Constitucional.

De igual modo, advirtió que la autoridad demandada no valoró probatoriamente
los hechos indicados en la solicitud de restitución de la personería jurídica y
desconoció que el señor Andrés Pastrana Arango pudo alcanzar la Presidencia
de la República entre 1998 a 2002, así como que el partido Nueva Fuerza
Democrática, en las elecciones legislativas del 2002, obtuvo una curul en el
Senado y en la Cámara de Representantes, situaciones políticas que no son
asimilables a las vividas por el Nuevo Liberalismo, pues a este último se le impidió
llegar a esas dignidades, precisamente por las circunstancias de violencia que lo
rodearon.

1.3.3 Normas violadas y concepto de la violación

El demandante indicó que con el acto cuestionado se transgredieron los artículos
108 de la Constitución, 3º de la Ley 130 de 1994, 3º de la Ley 1475 de 2011 y 137
de la Ley 1437 del mismo año. Al efecto, hizo referencia al régimen de los partidos
políticos, los acuerdos de paz, la participación democrática y la sentencia de
unificación 257 de 2021, para considerar que se configuraban las siguientes
causales de nulidad.

1.3.3.1 Infracción de las normas en que debía fundarse

En relación con este cargo, precisó que se violó el estatuto básico de los partidos
y movimientos políticos al haberse restituido la personería jurídica, toda vez de
que este reconocimiento no encuadra dentro de los lineamientos previstos en la
sentencia SU – 257 de 2021, razón por la cual la solicitud debía haber quedado
sometida al régimen común de los artículos 108 de la Constitución, 3º de la Ley
130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011.

Así las cosas, consideró que la desaparición del partido Nueva Fuerza
Democrática no se dio por la violencia sistemática que sí padeció el Nuevo
Liberalismo; al contrario, cesó por cuanto no se presentaron candidatos en las
elecciones de Congreso de la República del año 2006, con lo cual, la regla del
umbral de los sufragios válidos o la existencia de por lo menos cincuenta mil
firmas, vigente para esa época, no se cumplió.

Insistió en que no son equiparables los supuestos vividos por los militantes del
partido Nuevo Liberalismo, con los presuntamente padecidos por los seguidores
de la Nueva Fuerza Democrática pues no hay medio de convicción que demuestre
que padeció violencia de tal potencialidad, que impidiera la participación en
términos de igualdad y libertad.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

1.3.3.2 Falsa motivación

La parte actora indicó que la resolución demandada no tiene relación entre los
supuestos de hecho y de derecho que dispuso la sentencia de unificación 257 de
2021, pues el Consejo Nacional Electoral malinterpretó los efectos inter comunis
dados por la Corte Constitucional, debido a que las condiciones de violencia
aludidas no fueron de cualquier tipo, sino que se trató de actos con especiales
características23 que difieren a los vividos por los líderes y militantes de la Nueva
Fuerza Democrática.

En este punto, insistió en que el acto acusado no tiene una relación ni valoración
probatoria concordante entre lo dispuesto por la Corte Constitucional y la situación
de hecho indicada por los integrantes del partido de la NFD.

En ese orden de ideas, aseguró que al restituirse la personería jurídica con
fundamento en la «supuesta similitud» de lo ocurrido con ambos partidos, el CNE
expidió el acto demandado con falsa motivación.

1.3.3.3 Incompetencia temporal del Consejo Nacional Electoral

Aseguró que la autoridad demandada carecía de dicha atribución para restituir la
personería jurídica cuestionada, toda vez que los efectos inter comunis de la
sentencia SU – 257 de 2021 fueron limitados únicamente a las elecciones de
congreso del año 2022 y para las peticiones hechas dentro de los diez24 días
siguientes a la notificación de dicha providencia.

Para tal fin, puso de presente que la solicitud de restitución de tal estatus se
presentó en el año 2023 y, para ese momento, el Consejo Nacional Electoral no
tenía la facultad de extender los efectos del fallo de unificación, debido a que
después de las elecciones del 2022, por mandato de la sentencia de unificación,
todas las peticiones de reconocimiento a los partidos políticos debían seguir el
régimen ordinario dispuesto para tal fin.

1.3.3.4 Expedición en forma irregular

Finalmente, el demandante afirmó que al no haberse seguido el procedimiento
establecido por el artículo 108 de la Constitución Política y los presupuestos para
otorgar personería jurídica de la Ley 130 de 1994, se vulneraron las etapas y
derroteros que estas normas establecieron para tal fin.

23
Terroristas, sistemáticas y dirigida al exterminio de su grupo dirigente.
24
El párrafo 417 de la sentencia de unificación dispuso: «Esta Sentencia producirá efectos inter comunis, para aquellos
Partidos, Movimientos políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares condiciones del Partido Nuevo
Liberalismo (…). Para tal efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, el Consejo
Nacional Electoral además de reconocer la personería jurídica al Partido Nuevo Liberalismo, deberá también reconocerla
a los demás terceros beneficiarios a los que se les aplique esta misma providencia. Frente a los partidos y movimientos
que acrediten los elementos para ser beneficiarios de la presente sentencia, el Consejo Nacional Electoral recibirá las
solicitudes como “aceptaciones” y procederá a decidir de fondo.

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1.3.4 Admisión de la demanda

Mediante auto del 27 de junio de 202325, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó las notificaciones de ley.

1.3.5 Contestación de la demanda

1.3.5.1 Consejo Nacional Electoral

La entidad se opuso a las pretensiones formuladas, con base en los siguientes
argumentos:

Aseveró que la sentencia SU – 257 de 2021, al establecer los efectos inter
comunis, supuso que aquellas agrupaciones políticas que vieron limitada su
actividad proselitista podían beneficiarse de tales efectos jurídicos, cuando sus
condiciones hayan sido «iguales o similares» a los vividos por el NL.

Manifestó que la Resolución 1549 de 2023 fue proferida en el marco de las
competencias constitucionales que tiene el CNE, así como en aplicación de la
referida sentencia de unificación. En ese orden de ideas, los razonamientos
vertidos en tal providencia establecieron la existencia de una antinomia entre los
artículos 40 y 107 superior, con el 108, lo que condujo a que esta última norma
fuera flexibilizada, para no afectar otros valores o principios que la carta protege.

Insistió en que el precedente de la Corte Constitucional habilitó a la autoridad
electoral para que, conforme a las pruebas aportadas y practicadas, se
inaplicaran, de manera transitoria y excepcional normas constitucionales y
legales, para salvaguardar derechos convencionales26 a favor del partido
resurgido.

Adujo que en el reconocimiento de esta personería se aplicó una interpretación
proporcional a los hechos padecidos por los miembros del partido; luego, no era
procedente negar tal solicitud por cuenta del límite temporal que predica el
demandante, comoquiera que «la agrupación política cumplía con el requisito
principal de la sentencia, esto es, la acreditación de hechos de intimidación y
violencia ajenos a la voluntad de las directivas del partido que hubieran afectado
su actividad política a partir de 1988».

Para la organización electoral, el acto administrativo censurado no es nulo, debido
a que se basó en los derechos y principios orientadores, establecidos en el
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP, con lo cual: i) ciertos requisitos cuantitativos para el
reconocimiento de personerías se interpretaron flexiblemente para no afectar la
representación de las minorías y, ii) se removieron los obstáculos vigentes en las

25
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 6.
26
No precisó a qué tipo de decisiones o normas convencionales debe acudirse.

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normas del sistema electoral, que limitaban la materialización del derecho a
constituir partidos y movimientos políticos.

Contraargumentó el dicho de la parte actora y recordó que la no inscripción de
candidatos por parte de la agrupación Nueva Fuerza Democrática se debió a la
imposibilidad de hacerlo por cuenta de la violencia que padeció el país y a la huida
del líder de la organización, Andrés Pastrana Arango y del representante legal de
la colectividad, Camilo Gómez Álzate.

Para fortalecer este punto, trajo a discusión que en el expediente está demostrada
una activa vida política desde 1991 hasta el 2002 por parte de esta agrupación,
así como una plataforma ideológica que luchó contra el narcotráfico y los grupos
armados al margen de la ley, lo que llevó a que se documentaran más de 90
atentados contra la vida del citado expresidente de la República, como también
amenazas al último vocero legal de la colectividad.

Relató27 que el asesinato perpetuado el 5 de septiembre de 2001, del congresista
Jairo Enrique Rojas Pulido28 fue originado por su actividad política a favor de una
paz negociada en Colombia, tema que encabezó la colectividad de la Nueva
Fuerza Democrática, a través de su máximo dirigente.

Finalmente, la entidad se opuso a la configuración de una causal de
incompetencia temporal, frente a lo cual afirmó:

Entre los requisitos ineludibles exigidos por la Corte Constitucional no se
encuentra el límite temporal que afirma el demandante, pues esto supondría un
tratamiento desigual e injustificado cuando la agrupación efectivamente solicitante
padeció circunstancias de intimidación y violencia. Al igual que en el caso resuelto
por la Corte, en la actualidad está en curso el calendario electoral, esta vez para
la elección de autoridades locales, de manera que la Sala Plena de esta autoridad
electoral encontró justificado para proteger los derechos políticos de los antiguos
miembros del partido ordenar el restablecimiento de la personería jurídica y
adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión.

1.4 Auto que dispuso el trámite de sentencia anticipada

En providencia del 15 de febrero de 202429, el despacho conductor del proceso,
ordenó dar aplicación al trámite de sentencia anticipada, conforme a lo dispuesto
en el artículo 182A numeral 1, literal c) del CPACA, norma adicionada por el
artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, incorporó algunos medios de
convicción, decretó de oficio pruebas de naturaleza documental30 y fijó el litigio en
los siguientes términos:
27
Refirió del expediente administrativo número 1 la existencia de unos testimonios rendidos por el señor Gustavo Jaramillo,
exsecretario de seguridad de la Presidencia de la República y Pablo Alberto González Gómez, exdirector operativo del
DAS.
28
Representante a la Cámara por Cundinamarca en representación del Partido Conservador Colombiano. Referido en la
Gaceta 512 del 10 de octubre de 2001 en el homenaje póstumo por su asesinato.
29
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 55.
30
a) Requerir al representante legal del partido político Nueva Fuerza Democrática para que informe y allegue las pruebas
(…) b) Requerir al fiscal general de la Nación certificación de los procesos penales iniciados, cuyas víctimas presuntamente
(…) c) Requerir a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación o quien hizo o haga sus
veces, para que informe el contexto de violencia, los móviles y los fenómenos delictuales que desde el año 1991 hasta el
2006 presuntamente afectaron los derechos y las garantías fundamentales de los siguientes miembros del partido político

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Determinar si la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, infringió los artículos 107, 152 constitucional y 2º de la Ley 1475
de 2011, al haberse presuntamente regulado la prohibición de la doble militancia
en el acto acusado, y desconoció los artículos 108 superior y 3 de la Ley 130 de
1994, relacionados con los requisitos y el trámite para el reconocimiento de
personerías jurídicas a los partidos políticos. De otra parte, se resolverá si el CNE
carecía de competencia temporal para expedir la referida resolución, ya que solo
podía reconocer personería jurídica en la fecha que estableció la sentencia SU –
257 de 2021, esto es, i) para las elecciones de Congreso de la República de marzo
de 2022, y ii) para las peticiones hechas dentro de los diez días siguientes a la
notificación de dicha providencia. Así mismo, se establecerá si funcionalmente
podía la autoridad electoral regular la prohibición de doble militancia. Finalmente,
se analizará si hubo falsa motivación al haberse aplicado improcedentemente la
referida providencia de unificación y valorado erradamente las pruebas aportadas
y, si el acto administrativo se expidió en forma irregular, por cuanto la restitución de
la personería jurídica desconoció las exigencias legales.

1.5 Alegatos de conclusión31

1.5.1. El partido político Nueva Fuerza Democrática - NFD

La colectividad insistió en los mismos argumentos de defensa.

1.5.2. El demandante radicado (2023-00040-00)

La parte actora reiteró los razonamientos de sus pretensiones.

1.6 Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Sala es competente para decidir sobre la demanda, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de 201132, concordante
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 –Reglamento interno de la
corporación–.

Nueva Fuerza Democrática: (…) d) Requerir a las Jefaturas de Inteligencia y Contrainteligencia, o a quien haga sus veces,
del Comando General de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional
certificación en la que se indique: La existencia de amenazas, riesgos y hechos delictivos perpetuados presuntamente,
desde el año 1991 hasta el 2006, en contra de los ciudadanos: (…).
31
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 107.
32
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que
cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de
los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos.

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11001-03-28-000-2023-00028-00
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2.2 Cuestión previa

Antes de abordar los puntos neurálgicos del presente asunto, conviene recordar
que contrario a lo manifestado por la agrupación Nueva Fuerza Democrática, es
procedente el estudio de la presente causa, a través del medio de control de
nulidad, a la luz del numeral 3 del artículo 13733 del CPACA.

Para la Sala, no es de recibo que el colectivo político alegue que la vía idónea era
la nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto si bien el argumento central
de las dos demandas (2023-00034-00 y 2023-00028-00), recayó sobre el artículo
6 de la Resolución 1549 de 2023, que alude al grupo específico de individuos,
denominados simpatizantes y antiguos militantes de la NFD, lo cierto es que esta
Sala electoral, en ocasiones anteriores, ha abordado y resuelto las censuras en
simple nulidad contra la legalidad de actos que declararon la pérdida de
personería jurídica de una organización política34.

En tal medida, el Consejo de Estado ha comprendido que estos debates tienen
incidencia sobre el interés general, que trasciende los beneficios del partido y
adquieren la condición de actos con impacto social y político35.

2.3. Problemas jurídicos

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la fijación del litigio efectuada en auto del
15 de febrero de 2024, corresponde a esta judicatura resolver los siguientes
asuntos:

a) Desconocimiento de normas superiores

Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 1549 del 1° de marzo de 2023,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, infringió los artículos 108 superior y
3 de la Ley 130 de 1994, relacionados con los requisitos y el trámite para el
reconocimiento de personerías jurídicas a los partidos políticos, comoquiera que
se utilizaron inapropiadamente los razonamientos de la sentencia de unificación36.

33
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad
de los actos administrativos de carácter general. (…) Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos
de contenido particular en los siguientes casos: (…) 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en
materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Susana Buitrago Valencia. Sentencia
del 4 de julio de 2013. Rad 11001-03-28-000-2010-00027-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Sentencia del 8 de febrero de 2024. Rad 11001-03-28-000-2023-00021-
00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Omar Joaquín Barreto Suárez.
Sentencia del 18 de abril de 2024. Rad 11001-03-28-000-2023-00059-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. MP. Gloria María Gómez Montoya. Sentencia del 9 de mayo de 2024. Rad 11001-03-28-
000-2023-00038-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Luis Alberto Álvarez
Parra. Sentencia del 7 de marzo de 2024. Rad 11001-03-28-000-2023-00046-00. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Gloria María Gómez Montoya. Sentencia del 16 de mayo de 2024. Rad
11001-03-28-000-2023-00060-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Omar
Joaquín Barreto Suárez. Sentencia del 18 de abril de 2024. Rad 11001-03-28-000-2023-00058-00.
35
Ibidem. Pág. 335. «En este sentido, y como lo hace ahora expresamente la misma Ley 1437 en el inciso 4.° de su artículo
137, la jurisprudencia ha permitido la instauración de la demanda por terceros y no por el particular directamente afectado
por el acto administrativo particular, cuando no se busque, ni de la sentencia se origine, ningún restablecimiento
automático; cuando se trate de recuperar bienes de uso público; cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten
en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, o cuando la ley lo consagre expresamente.
Acción que puede ejercerse en cualquier tiempo, como lo consagra el artículo 164, literal a, del numeral 1 del CPACA.»
36
Demanda 2023-00040-00.

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11001-03-28-000-2023-00040-00

Así mismo, conforme a las pretensiones de los libelistas37, establecer si se
vulneraron los artículos 107, 152 constitucional y 2º de la Ley 1475 de 2011, al
haberse presuntamente regulado la prohibición de la doble militancia en el acto
acusado, siendo dicha materia reserva del constituyente y el legislador.

b) Falta de competencia del CNE

Como lo refirieron los sujetos procesales, debe resolverse si la autoridad electoral
tenía o no competencia temporal para expedir el acto enjuiciado, en
consideración a que presuntamente, el CNE solo podía reconocer personería
jurídica en la data que estableció la sentencia SU – 257 de 2021, esto es, i) para
las elecciones de Congreso de la República de marzo de 2022, y ii) para las
peticiones hechas dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta.

Así mismo, se analizará si hubo una falta de competencia funcional de la
autoridad electoral para reglamentar la prohibición de la doble militancia, debido
a que a través de su interpretación, se flexibilizaron los efectos de esta conducta;
lo cual, solo podía ser realizada por el legislador a través de una ley estatutaria.

c) Falsa motivación

La Sala debe analizar si el acto administrativo que restituyó la personería jurídica
a la agrupación Nueva Fuerza Democrática se soportó con indebida valoración
de las pruebas aportadas al expediente administrativo, (supuesto material o
fáctico) y, sobre un errado estudio tanto: (i) de las normas constitucionales –
Artículo 108 constitucional y legales – Ley 130 de 1994 – como (ii) del alcance de
la sentencia de unificación SU – 257 de 2021 y del acuerdo de paz (supuesto
jurídico normativo y jurisprudencial).

d) Expedición en forma Irregular

Se debe establecer si fueron desconocidos los artículos 108 superior y 3º de la
Ley 130 de 1994, al haberse restituido la personería jurídica, desconociéndose
los requisitos que debía cumplir la referida agrupación política.

2.3.1. Esquema de resolución del sub examine

Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Corporación abordará
los siguientes bloques temáticos generales:

(i) Contenido y alcance de la sentencia de unificación 257 de 2021 proferida
por la Corte Constitucional (ii) naturaleza jurídica y límites del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera, para luego estudiar el (iii), marco normativo y jurisprudencial de
la doble militancia y (iv), la situación acaecida por la colectividad, Nueva

37
Demandas 2023-00028-00 y Demanda 2023-00034-00.

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Fuerza Democrática en el sub judice, a partir de las censuras de la violación
y el acervo probatorio.

2.3 Contenido y alcance de la sentencia de unificación38 257 de 202139
proferida por la Corte Constitucional

La Corporación recuerda que la Corte Constitucional, en la decisión en comento,
tuteló el derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos y dejó sin
efectos, no solo la sentencia proferida por esta Sección, fechada el 16 de mayo
de 201940, en el expediente 2018-00022-0041, sino que también, expulsó del
ordenamiento jurídico las Resoluciones 794 del 13 de marzo de 2018, 2003 del 9
de agosto de 2018 y 0276 de 2019, dictadas por el Consejo Nacional Electoral,
relacionadas con el no reconocimiento de la personería jurídica al partido Nuevo
Liberalismo.

El Tribunal Constitucional ilustró diversos aspectos de la teoría de los derechos
fundamentales, las antinomias constitucionales que pueden darse a partir de una
lectura literal de los textos superiores, la definición de principios y axiomas
transversales al derecho electoral y explicó, las garantías a favor de los colectivos
que pretenden acceder al poder, entre otros asuntos de gran relevancia para la
participación democrática.

La guardiana de la carta, cuestionó la interpretación que desarrolló esta Sala y
que se adoptó en el referido asunto, para indicar que se desconocieron los
principios, los derechos y el concepto del Estado Social y Democrático de
Derecho, en los que se fundamentó el régimen de los partidos y movimientos
políticos, contenidos en el ordenamiento superior, (artículos 40. 3 y 107), en
especial, en cuanto al reconocimiento, pérdida y restitución de la personería
jurídica.

Ante esta situación, el llamado que hizo el juez constitucional a esta judicatura,
fue advertir el desconocimiento directo de la Constitución Política, habida cuenta
de que la interpretación literal adoptada sobre el artículo 108 superior condujo a
una violación de la norma superior.

38
Expediente que puede ser consultado en el link: https://acortar.link/MrOazT
39
La decisión fue objeto de seguimiento a través del Auto 2691 proferido el 1º de noviembre de 2023, en el que se ordenó,
entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esa
providencia, expidiera los actos administrativos para dar cumplimiento a la Sentencia SU – 257 de 2021, en lo relacionado
con la financiación al partido Nuevo Liberalismo.
40
En síntesis la providencia, analizó la relación entre la postura del Partido Nuevo Liberalismo frente a la extradición de
narcotraficantes y la solicitud de cancelación de la personería por parte de Luis Carlos Galán Sarmiento pues, aunque se
probó que los jefes del narcotráfico ejercieron violencia contra el Director de dicho colectivo y contra otros miembros
destacados de esa colectividad, también se acreditó que la reunificación con el Partido Liberal fue un acto voluntario. En
lo relacionado con los vicios invalidantes, la sentencia descartó su configuración. Primero, descartó la aplicación directa
del Acuerdo Final para efectos de reconocer la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Segundo se argumentó las
diferencias entre el caso que se analizó y las circunstancias de la Unión Patriótica, desde la perspectiva de la aplicación
del precedente como una expresión de la igualdad. Finalmente, se reiteró que el NL se constituyó como un partido
independiente del Liberal, pero que posteriormente decidió reintegrarse – como expresión pura y simple de la voluntad –,
por cuenta de un Acuerdo que aquél celebró con este último, según da cuenta el Acta del Congreso Nacional celebrada
en noviembre de 1988.
41
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia del 16 de mayo de 2019. Demandante: José Encarnación Corredor Núñez y otros. Demandado: Consejo
Nacional Electoral.

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16

Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

Según dijo la Corte, este método de interpretación utilizado por la Sala no era el
procedente, en consideración a que el análisis debió partir de dos elementos: (i)
el contexto y (ii) el sentido finalístico de las normas constitucionales.

La Corte Constitucional al profundizar sobre estos aspectos, afirmó que la labor
de interpretación de las normas que hacen los operadores judiciales impedía
aplicar exegéticamente el artículo 108 y, en este sentido, indicó:

391. (…) la violencia ejercida contra sus líderes no cesó después de que
canceló voluntariamente la personería jurídica y, por el contrario, se incrementó,
a tal punto que su máximo líder fue asesinado el 18 de agosto de 1989 y ese
hecho debidamente probado judicialmente fue calificado como un delito de lesa
humanidad, lo que le impidió al Nuevo Liberalismo continuar su actividad política
al interior del Partido Liberal o más adelante volver a contar con la opción de
recuperar la personería jurídica, si era como lo es, su voluntad política.

El citado tribunal, para poder llegar a esas conclusiones, analizó variados
aspectos, entre ellos: i) el reconocimiento de la personería jurídica del Nuevo
Liberalismo, ii) el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, iii) la tensión entre normas42
constitucionales, iv) la valoración de las pruebas de las circunstancias ajenas a la
voluntad del Nuevo Liberalismo, v) el derecho a fundar organizaciones políticas
y, vi) el papel de estos colectivos en la sociedad.

A partir de lo esbozado, consideró que el contexto43 de violencia sufrido por la
agrupación política y el razonamiento finalístico de las normas estudiadas,
llevaban a una conclusión diferente a la esbozada por esta Sección, lo que
implicaba proteger los derechos derivados de los artículos 1º, 3º, 40 concordantes
con el 107 de la carta magna a favor del Nuevo Liberalismo.

Con base en esto, el tribunal constitucional comprendió frente a estos dos
elementos, lo siguiente:

392. (…) según dan cuenta los medios de prueba que obran en este proceso y
que constituyen verdades judiciales que están en las sentencias o en las
declaraciones debidamente practicadas y que no fueron debidamente analizados
en la providencia objeto de examen -, el Nuevo Liberalismo (…) no tuv[o] opción
distinta que abandonar el país para garantizar su vida e integridad personal,
suspender la actividad política y retomarla más adelante mediante la creación de
otros movimientos o solicitar su afiliación a otros partidos en los cuales se
aceptara su participación. (…) para lograr el umbral al que hace referencia el
artículo 108 constitucional, porque debido a circunstancias ajenas a su voluntad,
el proyecto político, incluida la idea de conformación del Partido, se truncó (…)
entre ellos sus ideas y programas, siguieron afectados por la violación sistemática
de sus derechos políticos hasta casi desaparecer del escenario político.

En esencia lo que resalta esta Sala de aquel precedente, es que la Corte protegió

42
Artículos 40.3, 107 con el 108 de la Constitución Política.
43
Sobre este punto el auto de seguimiento 2691 de noviembre de 2023, la Corte llamó la atención a fin de que la aplicación
de los efectos inter comunis, requiere de pruebas que demuestren la relación de causalidad directa y efectiva entre los
hechos de violencia que hubieren podido sufrir y la afectación al derecho fundamental a la participación política del partido
y sus miembros.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
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11001-03-28-000-2023-00040-00

los derechos fundamentales de los tutelantes44, por cuanto fueron demostrados
hechos de intimidación que terminaron por afectar, no solo las garantías que
tenían los líderes de dicha organización política, sino también el desarrollo
armónico del sistema que regula la participación electoral, el desenvolvimiento de
los partidos y la protección de la democracia.

En este orden de ideas, entendió el tribunal constitucional que esos hechos,
atentatorios de la vida, la libertad, la seguridad, el libre ejercicio de la participación
política, entre otros bienes protegidos, tuvieron una serie de condiciones que
afectaron abruptamente el derecho a elegir y ser elegido.

Por lo anterior, la Corte insistió en que las autoridades electorales no pueden
aplicar la regla del umbral de manera exegética, cuando por situaciones ajenas a
la voluntad de las organizaciones políticas, se afecta gravemente el derecho a la
participación política, en lo que se refiere a las posibilidades de fundar, constituir
y mantener agrupaciones de este tipo.

Así lo hizo saber la providencia, en comento:

362. Colombia es básicamente una democracia fundada en un sistema de
partidos y movimientos políticos y un sistema electoral que incluye los derechos
de la oposición, en el cual los ciudadanos participan para elegir a sus gobernantes
a través de elecciones populares. Estas en un sistema democrático, para que
puedan ser entendidas como tales, tienen que ser libres, lo cual significa que (…)
no sean manipuladas por la violencia que es el más grave de los atentados contra
la condición libre que deben tener las elecciones. Pero cuando para desarrollar
un proyecto político se tienen que estar venciendo situaciones de violencia muy
fuertes, muy graves, que se materializan en atentados que inclusive llegan a ser
calificados como crímenes de lesa humanidad, difícilmente podemos hablar de un
sistema democrático en el cual las elecciones sean libres.

(…)

No es aplicable el umbral para la obtención y cancelación de la personería jurídica
en los casos en que se configuren circunstancias graves, extraordinarias y
ajenas a la voluntad de un partido o movimiento político y que, además, lo
pongan en una posición de desigualdad respecto de otros partidos y le
impidan contar con respaldo popular.45 (Negrilla fuera de texto)

Derivado de lo anterior, es perfectamente comprensible entender que si se
demuestran esos contextos de grave violencia que imposibilitan la participación
y, sobre estos, se aplica una hermenéutica garantista de la normativa que le rige,
se debe concluir que existen unos ciudadanos perjudicados, a quienes se les
debe reparar, a través de la aplicación de las decisiones judiciales.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional dijo:

44
Fernando Galindo González, Cecilia Fajardo Castro, Rafael Amador Campos, Andrés Talero Gutiérrez, Gloria Pachón
de Galán y José Corredor Núñez.
45
Concordante con los párrafos 277, 286 y 294, en los que se insistió que el precedente de apoyo interpretativo que profirió
la Sección Quinta del Consejo de Estado en el caso de la Unión Patriótica y que analizó la legalidad de unos actos por la
no obtención del umbral como causal de la cancelación de la personería jurídica de ese Partido, por haber enfrentado
situaciones excepcionales y ajenas a su voluntad que le impidieron participar con plenas garantías y en condiciones de
igualdad en el debate electoral, servía como parámetro hermenéutico en la sistematización de las normas constitucionales

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11001-03-28-000-2023-00040-00

398. Por eso, como atrás se indicó, este caso no se encuadra en el
desconocimiento del precedente, sino en la violación directa de la Constitución
para garantizar la interpretación sistemática de las normas que protegen a las
personas que en últimas fueron víctimas de las conductas46 cometidas contra los
dirigentes del Nuevo Liberalismo y que fueron calificados por la autoridades como
delitos de lesa humanidad, en particular sus derechos constitucionales a fundar,
organizar y mantener partidos y movimientos políticos sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas y, a la libertad
de afiliarse a ellos o de retirarse, lo cual incluye el derecho a recobrar su
personería jurídica, por lo cual una forma de reparación consiste en devolvérsela
y el derecho de sus fundadores y dirigentes de la época que en que existió y que
fueron elegidos en representación del Partido y hoy están en otras agrupaciones
políticas a que retornen al Partido y en él puedan continuar ejerciendo sus
derechos políticos.

(...)

410. Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en
el momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones
congresales de marzo de 2022, quedarán exceptuados de la obligación de haber
renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de otros
Partidos, al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción, quienes
fueron sus fundadores, integrantes de sus cuerpos directivos o elegidos a
corporaciones públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y
quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el
Partido Nuevo Liberalismo (esta última acreditada por el Consejo Nacional del
Nuevo Liberalismo) y ahora aspiren a ser elegidos en representación de ese
Partido en las elecciones a celebrarse en 2022.

A partir de lo analizado por el tribunal constitucional, la Sala electoral comprende
lo siguiente:

La Corte dejó sentada una regla jurisprudencial para las autoridades, en lo que
tiene que ver con la garantía y protección del derecho a fundar y mantener
organizaciones políticas, con lo cual, es el juez quien debe interpretar las reglas
constitucionales existentes aplicando un criterio finalístico sobre estas, sin afectar
valores o principios que la misma Constitución Política protege y garantiza.

Con base en dicha pauta, si se presentan escenarios de violencia grave,
extraordinaria e incluso catalogada como de lesa humanidad, que impidan la
participación de los colectivos en los certámenes, de cara a mantener su
personería jurídica, los preceptos que dan forma al Estado Social y de Derecho
deben ser tenidos en cuenta para restituir la personería jurídica que soliciten las
organizaciones políticas, con todos los efectos que se deriven.

Dicho tribunal frente a esto dijo lo siguiente:

417. Esta Sentencia producirá efectos inter comunis, para aquellos partidos,
movimientos políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares
condiciones del Partido Nuevo Liberalismo según los hechos de violencia iguales
o parecidos a los que fueron analizados en esta providencia y que afectaron su
permanencia en las contiendas electorales a partir de 1988, para que puedan

46
Referidas a los actos de terrorismo y homicidio contra dirigentes y militantes de la citada agrupación política.

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hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.
(Negrilla fuera de texto)

La Sala Electoral entiende que la Corte introdujo una serie de características
excepcionales a esa clase de violencia. Sumado a esto y, con apoyo de su
antecedente interpretativo análogo47, comprende que aquellos actos terroristas
que pueden ser semejantes, pueden condicionar la posibilidad de participar en
política en condiciones de igualdad o libertad. Por ello, las afectaciones que se
presenten a una causa judicial o administrativa se deben valorar en su contexto,
con las pruebas aportadas al plenario, analizando cuál fue el impacto sobre el
ejercicio de los derechos y las garantías fundamentales relacionadas con la
participación democrática.

En definitiva, las expresiones «iguales o parecidos» significan que pueden tener
similares características; es decir, que pudieron haber existido algunos hechos de
violencia graves catalogados de lesa humanidad, sin que ello excluya que otras
afectaciones severas, dirigidas contra los derechos y garantías fundamentales de
estos, también pudieron haber lacerado las garantías que permitan realizar un
proyecto político.

Eso explica, por qué dicho tribunal tuvo en cuenta el contexto y el sentido
finalístico en su análisis hermenéutico, pues no cualquier tipo de violencia altera
las condiciones para desarrollar el principio democrático, por ende, impone
necesariamente conocer si existió una causa poderosa de impedimento para
participar en el certamen y mantener tal estatus jurídico como colectividad.

En tal sentido, esta Sala comprende que a partir de las pruebas obrantes en el
expediente, el juzgador podrá en uso de su autonomía y, a partir de la sana critica,
concluir si los actos violentos afectaron o no esas prerrogativas fundamentales,
para considerar si estos son parecidos, afines o similares a los que sufrió el Nuevo
Liberalismo, como también a los que sufrió la Unión Patriótica48 y, si tales
situaciones tuvieron conexidad para que la agrupación perdiera la personería.

La Sección relieva tales aspectos, pues si bien, la sentencia SU – 257 de 202149
es ilustrativa para entender la apertura del sistema democrático, al comprobarse
un tipo de violencia que laceró enérgicamente el funcionamiento de los partidos
políticos y, en general, de la participación política, no es menos cierto que en cada
caso, el juzgador, debe valorar el contexto que le presentan los sujetos procesales
para así comprender si esas afectaciones tuvieron la virtualidad de restringir los
derechos políticos y fueron generadoras de la desaparición de tal atributo.

47
Caso Unión Patriótica zanjado por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP.
Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 4 de julio de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00.
48
Entendiendo que la Corte Constitucional en la sentencia SU – 257 de 2021, afirmó que el fallo de la Unión Patriótica,
servía como precedente de apoyo interpretativo.
49
Para esta corporación judicial, los casos de la Unión Patriótica y del Nuevo Liberalismo, demuestran, por ejemplo, que
los razonamientos se construyeron a partir de las consideraciones de los contextos de violencia.

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En línea con lo anteriormente expuesto, la citada providencia de unificación, fue
objeto de seguimiento a través del auto 2691 50 del 1º de noviembre de 2023, y
allí, aparte de llamar la atención al CNE, para que diera aplicación a los efectos
inter comunis de la decisión, insistió en que para otorgar los privilegios de tal regla
jurisprudencial, esta debía soportarse en pruebas que demostraran una relación
directa y efectiva entre los hechos de violencia que hubieren podido sufrir los
partidos y movimientos políticos y la afectación al derecho fundamental a la
participación de estos y sus miembros.

En otras palabras, el juez constitucional entendió que las autoridades, para
reconocer los efectos inter comunis, debían valorar esa conexión intrínseca en la
que se canceló la personería jurídica y los hechos de violencia, pues de no
hacerlo, se desconocería el propio texto de la decisión de unificación:

Lo anterior se ve retratado en el párrafo 92 del citado auto, en el que se lee:

En el caso sub examine, la Sentencia SU-257 de 2021 decretó medidas de
amparo de los derechos fundamentales del partido Nuevo Liberalismo y sus
integrantes, y dispuso que esa decisión tendría efectos inter comunis para las
elecciones de 2022, frente a aquellos Partidos que hubieran estado en las mismas
o similares condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas
en esta providencia. La determinación del alcance de esta decisión para otros
partidos corresponde única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral, el
cual debe valorar de forma cuidadosa si, en efecto, en cada caso el solicitante
de la extensión del amparo, sufrió hechos violentos que eliminaron de forma
directa y efectiva su capacidad para ejercer el derecho a la participación política.

De lo anterior se colige, que para la Corte, las agresiones graves contra la
colectividad y/o sus miembros deben analizarse desde un contexto sistemático y
dentro de una conexidad directa y efectiva entre la violencia y la afectación de los
derechos políticos, pues no puede ser una aplicación automática de los efectos
inter comunis, como lo recalcó en el aparte 93 ib, al indicar que debe corresponder
a los siguientes derroteros:

[A]l análisis cuidadoso de las condiciones de tiempo, modo y lugar que
rodearon el ejercicio político y la pérdida de la personería jurídica de los
partidos solicitantes, en particular para establecer con certeza si existe una
relación de causalidad directa y efectiva entre los hechos de violencia que
hubieren podido sufrir y la afectación al derecho fundamental a la participación
política del partido y sus miembros. La extensión automática de los efectos de la
sentencia de unificación sin tal análisis cuidadoso, no correspondería al
cumplimiento de una decisión judicial y por lo tanto utilizar los efectos inter
comunis para otorgar personerías jurídicas más allá de lo señalado en dicha
providencia no encaja en los supuestos de hecho y de derecho señalados en
la Sentencia SU 257 de 2021.

Por lo anterior, la Corte advirtió51 al operador jurídico que, en el despliegue de su

50
Se ordenó, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación
de esa providencia, expidiera los actos administrativos para dar cumplimiento en lo relacionado con la financiación al
partido Nuevo Liberalismo.
51
Precísese que fue la misma decisión de unificación 257 de 2021 quien insistió en que, «redefinir los requisitos para su
constitución, sin perjuicio de exigir los demás que sean razonables con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de

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competencia para el juzgamiento del caso en concreto, fuera meticuloso en
constatar si existía una relación de causalidad entre el momento en que se pierde
la personería jurídica y el hecho de violencia que se le presenta, para de ahí
derivar todas las prerrogativas que surgen de la restitución de este atributo.

El tribunal constitucional resaltó que la decisión de unificación52:

[B]eneficia única y exclusivamente al Partido Nuevo Liberalismo, en tanto el
análisis fáctico de las condiciones que rodearon la pérdida de su personería
jurídica y que justifican el amparo de sus derechos, así como la verificación del
cumplimiento de las órdenes impartidas a su favor por parte de la Sala Plena se
restringe exclusivamente a ese Partido.

En otras palabras, la Corte alertó que la entrega de tal reconocimiento debe
cumplir con altos estándares de reflexión jurídica, los cuales al ser contrastados
fáctica y probatoriamente con lo acontecido por el colectivo político solicitante, no
desatendieran esa causalidad directa y efectiva, pues de hacerlo, se desestimaría
materialmente los parámetros de la propia decisión judicial.

Corolario de lo dicho, para esta Sala Electoral, los presupuestos que fijó el tribunal
constitucional marcaron unos límites respecto a cómo las autoridades
administrativas, en especial el CNE, deben actuar de cara al reconocimiento de
la personería y, con ello, por una parte, evitar la vulneración del procedimiento en
los que se soporta no solo la obtención ordinaria de este atributo y, por otra, que
en aquellos casos especiales en que es procedente la restitución, se respeten los
condicionamientos que la citada sentencia estableció y el marco constitucional y
legal que subyace al régimen de los partidos políticos.

Dicho lo anterior, es procedente abordar un segundo punto temático de
transcendental entendimiento para asumir el estudio de la situación judicializada,
esto es lo atinente al Acuerdo Final de Paz, comoquiera que constituyó uno de los
soportes argumentativos del CNE al expedir el acto demandado.

2.5 Naturaleza jurídica y límites del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AF)

Los delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, decidieron en el año
2012 iniciar diálogos con el ánimo de poner fin al conflicto interno armado
colombiano. Como resultado de estos acercamientos se suscribió el AF, firmado
el 24 de agosto de 2016, que recogió 6 ejes temáticos distribuidos entre: i) reforma
rural agraria, ii) participación política, iii) fin del conflicto, iv) narcotráfico, v)
víctimas y, vi) la implementación, verificación y refrendación.

partidos y movimientos políticos.». De igual modo, en el párrafo 215 se afirmó la relación de causalidad entre la violencia
ejercida el NL y la imposibilidad de participar en las contiendas electorales en igualdad de condiciones.
52
Recuérdese que la Sentencia SU – 257 de 2021 estableció esta relación directa «debido a los hechos de violencia que
ocurrieron con posterioridad a la cancelación de la personería jurídica, entre ellos, los hechos de violencia del mismo
partido al que se reintegró el Nuevo Liberalismo conforme fueron investigados y sus responsables juzgados por las
autoridades competentes - según dan cuenta los medios de prueba que obran en este proceso y que constituyen verdades
judiciales».

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Posterior a ello, el gobierno sometió a consideración popular53 la aprobación de
dichos acuerdos, a través de la realización de un plebiscito que se celebró el 2 de
octubre de 2016 y cuya votación mayoritaria se decantó por el «NO». Conforme
con lo sucedido, el presidente de la República renegoció varios aspectos del AF
y suscribió el 24 de noviembre de 2016 un nuevo Acuerdo Final en Bogotá. Ese
mismo día, el Gobierno Nacional radicó dicho instrumento en el legislativo como
vía de refrendación normativa. Posteriormente, en los días 29 y 30 de noviembre
de 2016 se aprobó tal documento.

A partir de lo anterior, el sistema normativo fue modificado en su integridad a
través de los Actos Legislativos 01 de 201654, 0155 y 0356 de 2017 y 02 de 202157,
los cuales, dieron génesis y estructura a los acuerdos, para así posibilitar las
políticas, instituciones y metas de los citados compromisos en la búsqueda de
una paz negociada, normas que a su vez, fueron desarrolladas por diversas
leyes58 y varios decretos59.

En el desarrollo de estas normas que dieron soporte al AF, han sido proferidas
decisiones judiciales en las que se ha insistido que el contenido de este acuerdo
en materia de participación política no modificó las reglas normativas sobre la
personería jurídica de las colectividades. Esta hermenéutica adoptada por la
Sección Electoral60 también ha sido utilizada por la Corte Constitucional61 y, allí
se ha insistido en que tal documento no puede ser leído en forma insular, como

53
La pregunta que se formuló fue: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una
paz estable y duradera?
54
Se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del AF. 55
Se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción
de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Resáltese por ejemplo, el artículo transitorio 20, sobre
participación en política
56
Se reguló parcialmente el componente de reincorporación política del AF. Allí se afirmó que, el partido o movimiento
político reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica, y estará sujeto a las causales
de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la
ley, salvo la acreditación de un determinado número de afiliados, la presentación a certámenes electorales y la obtención
de un umbral de votación, durante el tiempo comprendido entre la fecha de su inscripción en el registro único de partidos
y movimientos políticos y el 19 de julio de 2026. Después de esta fecha se le aplicarán las reglas establecidas para todos
los partidos o movimientos políticos. 57
Creó 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los períodos 2022-
2026 y 2026-2030. 58
Leyes 1779 de 2016 y 1922 de 2018. En la primera, se modificó el artículo 8° de la ley 418 de 1997, prorrogada y
modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014. En la segunda, se
adoptaron las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. 59
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/normaspaz.php
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia
del 16 de septiembre de 2021, radicación: 11001-03-24-000-2011-00221-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, MP. Nubia Margoth Peña Garzón (E), auto del 23 de agosto de 2019, radicación: 11001-
03-24-000-2019-00212-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique
Moreno Rubio, sentencia del 14 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-28-000-2018-00114-00. 61
Corte Constitucional sentencias: C – 699/16, MP. María Victoria Calle Correa, consideró exequible el procedimiento
especial para la implementación y desarrollo normativo del AF, C – 379/16 MP. Luis Ernesto Vargas Silva, afirmó la
constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que reguló el plebiscito para la refrendación del AF, C – 253/17 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, estableció la constitucionalidad del Decreto Ley 248 de 2017, C – 224/17 MP. Alberto Rojas
Ríos, estudió la constitucionalidad del Decreto Ley 154 de 2017, C – 167/17 MP. Aquiles Arrieta Gómez, examinó algunos
artículos de la Ley 1779 de 2016, C – 470/17 MP Cristina Pardo Schlesinger, razonó sobre la constitucionalidad del Decreto
888 de 2017, C – 554/17 MP. Carlos Bernal Pulido, revisó la constitucionalidad del Decreto 897 de 2017, C – 541/17 MP. Iván Humberto Escrucería Mayolo entendió como constitucional el Decreto Ley 891 de 2017, C – 570/17 MP. Alejandro
Linares Cantillo, sí es constitucional el Decreto Ley 890 de 2017, C – 527/17 MP Cristina Pardo Schlesinger, analizó la
constitucionalidad del Decreto Ley 894 de 2017, C – 038/18 MP. Alejandro Linares Cantillo, examinó la constitucionalidad
del Decreto Ley 700 de 2017, C – 112/19 MP. José Fernando Reyes Cuartas, revisó la constitucionalidad de los artículos
1 (parcial) literal g., 11 parágrafo 2° (parcial), 54 (parcial) y 75 de la Ley 1922 de 2018, C – 245/19 MP.

Alejandro Linares
Cantillo, declaró exequible el artículo 5 del AL 01 de 2016, C – 590/19 MP Antonio José Lizarazo Ocampo, es inexequible
el artículo 7º de la Ley 1922 de 2018, C – 674/17 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, encuentra ajustado a la constitución
el Acto Legislativo 01 de 2017.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

tampoco puede afectar las precisas competencias que han sido estatuidas desde
1991. Así se ha dicho:

[E]l Acuerdo Final no tiene un valor normativo per se, (…) los contenidos del
Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario
y a derechos fundamentales consagrados en la Constitución serán parámetros de
interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas de
implementación de lo pactado, con sujeción al ordenamiento constitucional.

[…] la Sala evidencia que dicho Acuerdo corresponde a una política pública que
carece de naturaleza normativa en sí misma considerada. (…) Esto implica que
no contiene, ni podrá contener, proyectos específicos de legislación o de
enmienda constitucional que se pretendan incluir directamente en el orden jurídico
[…].

[…] El Acuerdo Final no puede entenderse como un conjunto de disposiciones
jurídicas definidas, comprendidas estas como proyectos normativos específicos,
que modifican directamente la Constitución o la ley, bien sea adicionándolas,
derogando alguno de sus contenidos o reformándolos. […].

Delimitado lo anterior, al examinarse el texto literal del AF, al cual acudió el CNE
para derivar el sustento jurídico del otorgamiento del estatus político a la
colectividad de la Nueva Fuerza Democrática, la Sala encuentra lo siguiente:

En dicho acuerdo de voluntades se estableció que resultaba procedente otorgar
la personería jurídica al movimiento que reemplazaría al antiguo grupo armado
«FARC – EP», y que hoy se denomina «COMUNES62», a fin de garantizar su
participación en la política con el otorgamiento de dos curules en las cámaras
legislativas y permitir la dejación de la lucha armada.

Por supuesto que, tal reconocimiento se dio a partir de que el Congreso de la
República, en uso de las facultades que le confirió el procedimiento legislativo
especial para la paz, expidiera el Acto Legislativo 03 de 2017, que reguló
parcialmente el contenido de la reincorporación política por medio de dos
artículos transitorios (1 y 2) y, con fundamento en ello, debe insistirse, solo y
exclusivamente en dichas disposiciones constitucionales, el CNE se vio
habilitado para reconocer esa situación al partido.

Finalmente, al examinar el AF se observa que se relacionaron dos puntos
discutidos y aprobados por los firmantes en los que se reforzaron las ideas
dirigidas a la ampliación de la democracia. En el primero, se encuentra el numeral
2 denominado «Participación política: Apertura democrática para construir la
paz»; en el segundo, se encuentra el ítem 3, denominado «Reincorporación de
las FARC a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con
sus intereses».

En su integridad, estos acápites están dirigidos a que el gobierno nacional, dentro
de sus competencias, promueva los cambios estructurales en la administración

62
Resolución 2691 de 2017 que reconoció personería jurídica y ordenó el registro del acta de constitución, su plataforma
ideológica, el Código de Ética, sus estatutos y el logo.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
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11001-03-28-000-2023-00040-00

central y en el marco de la colaboración armónica con las otras entidades
territoriales.

Bajo tal análisis, una vez aclarados y estudiados los alcances jurídicos que
componen el citado acuerdo, la Sala prosigue con la metodología propuesta.

2.5.1. Armonización de la sentencia de unificación, el AF y el segundo eje
temático (marco normativo y jurisprudencial de la doble militancia)

Antes de entrar en el siguiente punto propuesto en la metodología de análisis, la
Sala considera oportuno realizar algunas explicaciones que permitan conectar de
manera razonable, lo hilvanado en precedencia y lo relacionado con el marco que
subyace a la conducta prohibitiva.

En primer lugar, se tiene que la sentencia SU – 257 de 2021 y el auto de
seguimiento 2691 de 2023 no estudiaron en forma concreta la prohibición de la
conducta establecida en los artículos 107 superior y 2º de la Ley 1475 de 2011.
Con todo, una vez se revisa el contenido de las providencias judiciales, sí se
observa que la citada institución jurídica fue comprendida en dos bloques a saber:

i) concibió el derecho a reagruparse, es decir a quienes sufrieron hechos
violentos, como los vividos por el NL, la garantía constitucional de retornar a sus
agrupaciones políticas sin padecer las sanciones que la Constitución Política y la
ley disponen, cuando los que quieren conformar el grupo exterminado, militan en
otros colectivos y, ii) las normas sobre el derecho a fundar partidos y movimientos
deben estudiarse de manera armónica con las de obtención de la personería
jurídica de los partidos políticos, lo que implica tener en cuenta todos los efectos
que de ello se deriva.

A partir de estos dos derroteros, la Sala entiende como segundo punto de
análisis que, cuando se presentan hechos realmente excepcionales y ajenos a la
voluntad de los militantes, correlativamente a que se afecta el derecho a participar
libremente, surge el derecho a reagruparse63 y con ello, a que las autoridades del
Estado garanticen los derechos políticos en su sentido bifronte (constituir y formar
parte de los colectivos políticos) y la (libertad de afiliarse a ellos o de retirarse).

Bajo dicha tesitura, es que la Corte Constitucional edifica la idea de que una
democracia militante necesita partidos; sin embargo, advierte que dicha actividad
no es posible materializarla, desatendiendo los cambios que trajeron consigo las
reformas políticas de los años 2003 y 2009, pues con base en estas
modificaciones constitucionales, se fortaleció la democracia participativa, a través
de la imposición de condiciones más estrictas para la conformación de partidos y
movimientos, así como también se fijó el establecimiento de sanciones severas a
los actos de indisciplina.

63
Párrafos 215, 352, 363, 364, 372, 374 numeral 4, 380 y 397 de la Sentencia de Unificación 257 de 2021.

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A partir de lo dicho, la Corte condensó dichos argumentos en el siguiente párrafo:

410. Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en el
momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones
congresales de marzo de 2022, quedarán exceptuados de la obligación de haber
renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de otros Partidos,
al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción, quienes fueron sus
fundadores, integrantes de sus cuerpos directivos o elegidos a corporaciones
públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y quienes mantuvieron
una relación directa y públicamente reconocida con el Partido Nuevo Liberalismo
(esta última acreditada por el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo) y ahora
aspiren a ser elegidos en representación de ese Partido en las elecciones a
celebrarse en 2022.

En tercer momento, la Sala debe manifestar que los Acuerdos de Paz, como se
dijo en precedencia, no modificaron las normas constitucionales y legales que
guían el régimen de los partidos políticos y, con ello debe decirse, tampoco
desvirtuaron los alcances que tiene la prohibición de la doble militancia.

Al leerse integralmente los preceptos de dicho documento, se tiene que su
enfoque fue dirigido a la promoción del pluralismo político 64, la representatividad
en el sistema de partidos y la consecución de manera gradual de la ampliación y
profundización de la democracia; con todo, como bien se dijo en acápites
antecedentes, el gobierno nacional promocionaría, a través de los procedimientos
constitucionales y legales para reformar las leyes y la Constitución Política, la
remoción de obstáculos y los cambios para que los partidos y movimientos
políticos, obtengan y conserven la personería jurídica, con todos los efectos que
de ella se deriven (doble militancia).

En cuarto lugar, la Corte Constitucional determinó que una de las formas de
reparación para aquel colectivo que padeció violencia grave y perdió la personería
jurídica por tal evento, era permitir la reagrupación del colectivo y en torno a ello,
sus militantes podían retornar sin incurrir en sanción alguna, así se dijo:

398. Por eso, como atrás se indicó, este caso no se encuadra en el
desconocimiento del precedente, sino en la violación directa de la Constitución
para garantizar la interpretación sistemática de las normas que protegen a las
personas que en últimas fueron víctimas de las conductas65 cometidas contra los
dirigentes del Nuevo Liberalismo y que fueron calificados por la autoridades como
delitos de lesa humanidad, en particular sus derechos constitucionales a fundar,
organizar y mantener partidos y movimientos políticos sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas y, a la libertad
de afiliarse a ellos o de retirarse, lo cual incluye el derecho a recobrar su
personería jurídica, por lo cual una forma de reparación consiste en devolvérsela
y el derecho de sus fundadores y dirigentes de la época en que existió y que
fueron elegidos en representación del Partido y hoy están en otras
agrupaciones políticas a que retornen al Partido y en él puedan continuar
ejerciendo sus derechos políticos.

64
Punto 2.3. Medidas efectivas para promover una mayor participación en la política nacional, regional, y local de todos
los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. 2.3.1
promoción del pluralismo político. 2.3.1.1. «Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos
políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se exigirá como mínimo un número determinado de afiliados».
65
Referidas a los actos de terrorismo y homicidio contra dirigentes y militantes de la citada agrupación política.

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Este razonamiento, fue anudado a otro precepto de la decisión de unificación, y
lo circunscribió a un parámetro temporal en los siguientes términos:

407. (…) con fundamento en los hechos probados (…) a manera de reparación
en los términos señalados en esta parte motiva, ordenará al Consejo Nacional
Electoral reconocer, dentro de los diez días siguientes a la notificación de esta
providencia, la personería jurídica del Partido Nuevo Liberalismo de conformidad
con los documentos que reposan en el Archivo del Consejo Nacional Electoral.
(…)

Para tal efecto, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, el Consejo Nacional Electoral además de reconocer la personería
jurídica al Partido Nuevo Liberalismo, deberá también reconocerla a los demás
terceros beneficiarios a los que se les aplique esta misma providencia. Frente a
los partidos y movimientos que acrediten los elementos para ser beneficiarios de
la presente sentencia, el Consejo Nacional Electoral recibirá las solicitudes como
“aceptaciones” y procederá a decidir de fondo.

(…)

CUARTO. - ORDENAR al Consejo Nacional Electoral que, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de esta Sentencia, reconozca la personería
jurídica al Partido Nuevo Liberalismo.

Conforme a lo anterior, esta Sala comprende que los alcances que le dio este
tribunal a la restitución y a su posterior reagrupación, como forma de reparación
de aquellos colectivos que padecieron grave violencia que le llevaron a perder su
personería jurídica, en un periodo de tiempo, son los siguientes:

a) Los diez días que estableció la Corte, no previeron una consecuencia negativa
frente a aquellas solicitudes de reconocimiento hechas por organizaciones
políticas que, en forma posterior a esta fecha, realizaran ante el CNE.

b) Esa data se circunscribió exclusivamente para que «oficiosamente» la
autoridad electoral aplicara, si a bien lo tuviera, los efectos inter comunis, sin que
eso excluyera las «solicitudes de parte» que hicieran los ciudadanos como
voceros de los colectivos políticos que podrían beneficiarse de tales efectos.

c) El derecho a constituir partidos políticos se extiende a mantener la personería
jurídica, el cual no puede verse limitado por el plazo de 10 días, pues una de las
garantías que tuvo en cuenta la Corte Constitucional fue precisamente resarcir las
prerrogativas violadas de aquellos integrantes del colectivo que, con ocasión de
la grave violencia padecida y su conexidad con la pérdida de tal reconocimiento
jurídico, afectaron la libertad para fundar y mantener la estructura que tenían los
colectivos políticos.

d) Negar tal petición por cuenta del límite temporal, equivaldría a dar prevalencia
a las formas sobre el fondo, pues si el colectivo solicitante cumple con el requisito
principal de la sentencia; esto es, la acreditación de hechos de violencia grave y
ajenos a la voluntad del partido que hubieran afectado su actividad política, la
autoridad electoral se ve compelida a restituir tal atributo.

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Armonizados estos dos ejes temáticos, es procedente auscultar el siguiente tópico
de análisis propuesto en la metodología que fijó la Sala.

2.6 Marco normativo y jurisprudencial de la doble militancia

Frente a esta restricción, que se da en el desarrollo de la participación en política,
la Carta Magna estableció la siguiente estructura normativa:

Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar
y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de
retirarse. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería
jurídica. Los partidos, movimientos políticos o la Organización Electoral deberán
llevar el registro de los militantes y afiliados de cada partido o movimiento político;
los cuales sólo podrán renunciar seis (6) meses después de afiliarse al partido o
movimiento político.

(…)

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la
siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul y al partido
o movimiento político al menos doce meses antes del primer día de inscripciones.

Conforme a lo anterior, el legislador reprodujo esta prohibición constitucional, en
el artículo segundo de la Ley 1475 de 2011, así como también precisó en el
artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011 que los actos de elección o de
nombramiento son nulos, cuando el candidato incurra en doble militancia política.

La Corte Constitucional en múltiples sentencias66, en especial la C – 490 de
201167, sobre la figura en comento, manifestó lo siguiente:

Es la prohibición de la doble militancia política, una limitación de raigambre
constitucional al derecho político de los ciudadanos a formar libremente parte de
los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, en el entendido que dicha
libertad debe armonizarse con la obligatoriedad constitucional del principio
democrático representativo, que exige que la confianza depositada por el elector
en determinado plan de acción política, no resulte frustrada por la decisión
personalista del elegido de abandonar la agrupación política mediante la cual
accedió a la corporación pública o al cargo de elección popular.

En un pronunciamiento de tutela68 que fue dirigido en contra de una providencia
proferida por esta Sección Electoral, el Tribunal Constitucional dijo:

En este punto, también es pertinente establecer que, en las reformas
constitucionales del artículo 107 superior, no se evidencia la intención del
Legislador de excluir alguna situación de la prohibición general de doble
militancia. Además, es claro que (…) la Carta Política no la contempla y de

66
Corte Constitucional, sentencias C – 303 de 2010 MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SU – 273 de 2022, MP. Hernán Correa
Cardozo.
67
Corte Constitucional, MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
68
Corte Constitucional, sentencia SU – 209 de 2021. Acción de tutela instaurada por Ángela María Robledo Gómez contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado. M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

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conformidad con las reglas generales de interpretación no es viable hacer
excepciones donde la Constitución no lo ha previsto.

Frente a las excepciones de tal prohibición, el legislador se encargó de delimitar
en la citada norma estatutaria que los miembros de las agrupaciones políticas que
sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la personería jurídica por
causas distintas a las sanciones previstas en la ley, podrán inscribirse por un
partido distinto con personería jurídica, sin tener reproche jurídico por ello.

Así mismo, la alta corporación constitucional respaldó la hermenéutica adoptada
por este juzgador electoral respecto de la doble militancia, en los siguientes
términos69:

134. [C]omo se expuso con anterioridad, existen decisiones judiciales, incluso
anteriores a la elección del actor, que permiten rastrear el criterio de la Sección
Quinta del Consejo de Estado respecto de la aplicación de la prohibición de doble
militancia a todas las agrupaciones, sin distinción alguna, que presenten
candidaturas con fines de representación política.

Finalmente, como bien se dijo en precedencia, en la sentencia de unificación SU
– 257 de 2021, la Corte manifestó que las prohibiciones que contempló la
Constitución Política en el artículo 107, relacionadas con la doble militancia, no
pueden ser interpretadas en forma literal, comoquiera que para este tribunal una
forma de reparación, frente a los padecimientos por la violencia vividas por
diferentes colectividades, consiste en devolverles la personería jurídica y permitir
que sus diversos miembros retornen al partido, para continuar ejerciendo sus
derechos políticos sin sanción alguna, si y solo si, se demuestran realmente
hechos graves que afectaron en forma directa la pérdida de tal atributo.

Con lo anterior, ese tribunal afirmó que los afiliados si bien quedaban exceptuados
de la obligación de haber renunciado a la curul que ocupaban en representación
de otros partidos, al menos doce meses (párrafo 410 de la sentencia SU – 257
de 2021) antes del primer día de inscripción; no es menos cierto, que anudó tal
situación a la plena existencia de elementos fácticos y probatorios, que den plena
convicción de los hechos de violencia grave como generadores directos de la
pérdida de la personería jurídica (relación directa).

De esta manera, las «medidas reparadoras» concedidas a ese partido se
extendieron a todos los efectos y prerrogativas que se derivan del reconocimiento
de la personería jurídica, entre ellos, su derecho a recomponerse legítimamente,
comoquiera que la restitución de ese atributo jurídico, por sí solo, no restablece,
de manera cierta y real, el derecho a la participación si no goza de las demás
garantías materiales para su subsistencia y el ejercicio de la acción política.

Lo anterior, en palabras de la Corte, se determinó por la necesidad de dar
garantías al Partido Nuevo Liberalismo, que se tradujera en verdaderas «acciones

69
Corte Constitucional, sentencia T – 263 de 2022. Acción de tutela interpuesta por Nemesio Raúl Roys Garzón contra la
Sección Quinta del Consejo de Estado. MP. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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afirmativas» que efectivamente le llevaran a ser reparado, para así lograr el
disfrute de sus derechos políticos y permitirles a los afiliados ejercer sus derechos
fundamentales a (constituir, fundar, organizar y desarrollar partidos políticos,
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas).

Como corolario de lo anterior, la Corte precisó que la orden adoptada se
condicionaba a la demostración de la existencia de una «relación de causalidad
directa y efectiva entre los hechos de violencia y la afectación al derecho
fundamental a la participación política del partido y sus miembros.».

Dicho lo anterior, las anteriores consideraciones serán insumo importante para
resolver el caso presentado ante este estrado judicial.

2.7 La situación acaecida por la colectividad, Nueva Fuerza Democrática en
el caso concreto, a partir de las censuras de la violación y el acervo
probatorio.

La Corporación resolverá el presente asunto tomando en cuenta las reflexiones
vertidas en los acápites anteriores, de cara a establecer la legalidad del acto
enjuiciado; así mismo, valorará las pruebas adosadas para determinar si se dio
cumplimiento a los razonamientos de la sentencia de unificación y su auto de
seguimiento, los cuales deben ser atendidos por esta Sección.

A partir de ello, metodológicamente se estudiará, inicialmente, las censuras
expuestas en el radicado 2023-00040-00, para determinar si la resolución
proferida por el CNE incurrió en las causales de nulidad alegadas.

2.7.1 Infracción de las normas en que debía fundarse

En relación con este cargo, la parte actora precisó que se violó el estatuto básico
de los partidos y movimientos políticos al haberse restituido la personería jurídica,
toda vez que este reconocimiento no encuadra dentro de los lineamientos
previstos en la sentencia SU – 257 de 2021, razón por la cual la solicitud debía
haber quedado sometida al régimen común de los artículos 108 de la
Constitución, 3º de la Ley 130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011.

En síntesis, dijo que la desaparición de NFD no se dio por la violencia sistemática
que sí padeció el NL; al contrario, su estatus jurídico fue cancelado por cuanto
esa agrupación no presentó candidatos en las elecciones de Congreso de la
República del año 2006, con lo cual, la regla del umbral de los sufragios válidos o
la existencia de por lo menos cincuenta mil firmas, no se cumplió.

La Sección observa que el accionante en sus manifestaciones, también cuestionó
que tal reconocimiento de personería jurídica, no encuadraba dentro de los
lineamientos previstos (supuestos fácticos y jurídicos) que dio la sentencia SU –
257 de 2021 de la Corte Constitucional, y por ello era necesario aplicar la regla
ordinaria que rige el sistema de partidos políticos.

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Así las cosas, la corporación analizará jurídica y probatoriamente si, en efecto, los
razonamientos vertidos en la sentencia de unificación eran o no aplicables y, en
consecuencia si el otorgamiento de la personería jurídica era improcedente.

2.7.1.1 Pruebas que obran en el plenario

Para establecer si la NFD padeció o no eventos de violencia sistemática y grave
en el desarrollo de sus actividades políticas y, si estos tuvieron una relación de
causalidad directa70 y efectiva71 al derecho fundamental a la participación del
partido y de sus miembros, con lo cual, se excepcionaba la aplicación de los
artículos 108 de la Constitución, 3º de la Ley 130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de
2011, la Sala valorará bajo la sana critica72 los elementos probatorios allegados
con la demanda y las contestaciones, así como las decretadas de oficio por el
despacho sustanciador, para derivar si los razonamientos vertidos en la decisión
de unificación son aplicables.

Cabe precisar que el Consejo Nacional Electoral allegó los antecedentes
administrativos que llevaron a la expedición del citado acto, los cuales al ser
revisados73, demuestran que el partido Nueva Fuerza Democrática obtuvo apoyo
del electorado desde 1990, cuando esta agrupación fue fundada por el señor
Andrés Pastrana Arango. En efecto, consiguió las siguientes curules en el Senado
de la República en las elecciones de 1991, así:

Corporación Elegido
Senado Efraín José Cepeda Sarabia
Eduardo Pizano de Narváez
Gustavo Galvis Hernández
Clara Sanín de Aldana
Andrés Pastrana Arango
Jaime Eduardo Ruíz
Claudia Blum de Barbieri
Jorge Hernández Restrepo

En el certamen para Congreso de la República de 1994, la NFD confirmó su
presencia, mediante la obtención de los siguientes escaños:

Corporación Elegido
Senado Efraín José Cepeda Sarabia
Eduardo Pizano de Narváez
Claudia Blum de Barbieri
Jorge Hernández Restrepo

70
Concepto que encuentra asidero en la Sentencia SU – 257 de 2021, cuando se afirmó: «se dejó de valorar la situación
fáctica que se tornó extrema, al límite, después de la cancelación de la personería jurídica, derivada del atentado y posterior
asesinato de su máximo líder y la definición y alcance del magnicidio como un crimen de lesa humanidad.».
71
Precísese que la Sentencia SU – 257 de 2021 estableció esta relación directa «debido a los hechos de violencia que
ocurrieron con posterioridad a la cancelación de la personería jurídica, entre ellos, los hechos de violencia del mismo
partido al que se reintegró el Nuevo Liberalismo conforme fueron investigados y sus responsables juzgados por las
autoridades competentes - según dan cuenta los medios de prueba que obran en este proceso y que constituyen verdades
judiciales».
72
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005,
expediente 27946. MP María Elena Giraldo Gómez. «Entre las reglas probatorias que rigen el proceso judicial en el tema
de la apreciación, impera en su generalidad, salvo contadas excepciones, el sistema de la sana critica en el cual el juez
goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción no debiendo sujetarse como
en el sistema de la tarifa legal a reglas abstractas prestablecida e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar,
en presencia o en ausencia de determinada prueba.». Corte Constitucional SU -132 de 2002 MP Álvaro Tafur Galvis.
«Cabe recordar que la valoración probatoria efectuada por la autoridad judicial, prima la autonomía e independencia del
juez que la realiza, lo que se rechaza de la misma es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un ejercicio
arbitrario de esa discrecionalidad.».
73
Páginas 196 a 248 de la carpeta número 1 del expediente administrativo aportado por el CNE.

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Con base en lo anterior, en 1996, el CNE le otorgó personería jurídica 74,
convirtiéndose así en partido político, lo cual se materializó a través de la
Resolución 101 del 28 de agosto de dicho año.

A partir de este reconocimiento, en las elecciones para presidente y
vicepresidente de la República, celebradas en 1998, el señor Andrés Pastrana
Arango aglutinó una serie de fuerzas políticas75 para hacerse con el primer cargo
de la Nación, para el periodo 1998-2002. Posteriormente, en el certamen electoral
de 2002, este colectivo inscribió listas a la Cámara y el Senado de la República,
que le permitieron mantener su proyecto político76, al lograr dos escaños en el
legislativo para el periodo 2002-2006.

Conforme a lo aportado en el expediente, la NFD no inscribió candidatos para
las justas electorales de marzo de 2006, que abarcarían el periodo constitucional
2006-2010. Esa es la razón por la cual el CNE canceló la personería jurídica de
la NFD, a través de la Resolución 1057 del 13 de julio de 2006, por medio de la
cual se declaró la vigencia de dicho atributo a los partidos y movimientos políticos,
conforme a los resultados de las elecciones legislativas de ese año.

El citado acto administrativo77 determinó lo siguiente:

Que por solicitud de la Corporación, el Director de Gestión Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil expidió certificación en la que relaciona
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente que no
inscribieron listas de candidatos al Congreso de la República (Senado y Cámara)
en las elecciones celebradas el 12 de marzo de 2006, la cual fue confrontada con
los resultados de las elecciones, verificando que los siguientes partidos o
movimientos políticos no inscribieron listas: (…)

5. MOVIMIENTO NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA

Que en tal virtud, los partidos y movimientos políticos en mención no pudieron
obtener el mínimo requerido en el artículo 108 de la Constitución Política, en los
términos en que fue modificado por el A.L. 01 de 2003, motivo por el cual se
estructura el presupuesto para la pérdida de la personería jurídica.

(…)

Artículo Quinto: DECLARAR la pérdida de la personería jurídica a partir del 20 de
julio de 2006, de los siguientes partidos y movimientos políticos que no
inscribieron listas de candidatos al Congreso de la República, periodo
constitucional 2006-2010, en las elecciones realizadas el 12 de marzo de 2006:
(…)

5. MOVIMIENTO NUEVA FUERZA DEMOCRÁTICA.

74
Página 21 del expediente administrativo número 2.
75
En la elección a la Presidencia de la República del año 1998, Andrés Pastrana Arango fue avalado por la coalición «Gran
Alianza por el Cambio», integrada por la Nueva Fuerza Democrática, el Movimiento 98 y el Partido Conservador. Esta
candidatura también fue apoyada por distintas facciones de esta última agrupación como el «Alvarismo» y el
«Pastranismo» representadas en el Movimiento Nacional Conservador, la Fuerza Progresista, el Movimiento de Salvación
Nacional, Vamos Colombia y Conservatismo Independiente, entre otros.
76
Página 16 del expediente administrativo número 1. Elegido el señor Efraín Cepeda Sanabria como senador por la NFD
y el representante a la cámara, señor Telésforo Pedraza Ortega.
77
Página 39 del expediente administrativo número 2.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

La Sala, al observar la Resolución 1057 del 13 de julio de 2006, no advierte que
en las motivaciones de tal acto se explicara por qué la NFD se abstuvo de inscribir
listas al Congreso de la República. Con todo, los líderes más visibles aseveraron,
en el trámite administrativo de restitución de la personería que cursó ante el CNE
y también en el vocativo de la referencia ante esta corporación que, tal
determinación se dio por los actos de violencia, dirigidos en contra de los
militantes, líderes, candidatos, elegidos y simpatizantes.

Para esta judicatura, es relevante entender a profundidad si en realidad la no
inscripción de listas para el certamen de 2006, estuvo relacionada directamente
por actos de agresión o violencia en contra de sus seguidores y protagonistas.

Para llegar a una respuesta objetiva, la Sala tomará en cuenta, los conceptos de
«contexto de violencia grave» y «causalidad directa y efectiva» a los cuales hizo
alusión la Corte Constitucional y, conforme a los planteamientos de violación
realizados por la parte actora y las pruebas recaudadas, se podrá determinar la
existencia o no de actos que afectaron los derechos a la participación política.

Sobre esta base, el acto administrativo que hoy se demanda tuvo por demostrado
que la Nueva Fuerza Democrática sufrió similares actos de violencia a los
padecidos por el Nuevo Liberalismo. Expresamente, el acto indicó lo siguiente:

[M]ediante correo electrónico del 23 de febrero de 2023, la Dirección Seccional
Antioquia de la Fiscalía General de la Nación remitió copia de las consultas en el
Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (Ley 600) –SIJUF– referentes a
denuncias o procesos relacionados con atentados perpetrados contra la vida e
integridad del ciudadano Andrés Pastrana Arango, entre los años 1988 y 2006, y
delitos cometidos en contra del ciudadano Gerardo Cañas Jiménez.

(…)

De conformidad con las pruebas78 que obran en el expediente, (…) para la Sala
es claro que la no inscripción de candidatos no fue consecuencia de una decisión
libre y voluntaria de las directivas de la colectividad, sino que obedeció a la
imposibilidad de hacerlo por cuenta del exilio al que se vieron obligados el
entonces representante legal del partido, señor Camilo Gómez Álzate, y el líder
natural de la organización, señor Andrés Pastrana Arango

De acuerdo con la regla fijada por la Corte Constitucional, esta autoridad está en
la obligación de reconocer personería jurídica a las organizaciones políticas que,
por cuenta de hechos de violencia [,] iguales o similares a los afrontados por el
Nuevo Liberalismo, hayan visto afectada su actividad política. Para la Sala es

78 Documento privado contentivo de la versión del coronel (R) Gustavo Jaramillo, ex director del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) y ex secretario de seguridad de la Presidencia de la República. 2.2.- Documento privado
contentivo de la versión de Pablo Alberto González Gómez, exdirector operativo del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS). 2.3.- Declaración ante notaría de Gerardo Cañas, excandidato a la Gobernación de Antioquia por el
partido político Nueva Fuerza Democrática. 2.4.- Impresiones, recortes y registros noticiosos de diferentes medios de
comunicación. 2.5.- Logotipo del partido político Nueva Fuerza Democrática. 2.6.- Copia de los estatutos vigentes de la
agrupación política hasta la pérdida de la personería jurídica. 2.7.- Copia de la plataforma ideológica vigente hasta la
pérdida de la personería jurídica. 2.8.- Copia del Código de Ética vigente hasta la pérdida de la personería jurídica. 2.9.-
Declaración de parte del señor Andrés Pastrana Arango. 2.10.- Testimonio del señor Camilo Alberto Gómez. 2.11.-
Testimonio del señor Germán Jaramillo Piedrahita. 2.12.- Testimonio del señor Pablo Alberto González Gómez. 2.13.-
Testimonio del señor Gerardo Cañas Jiménez. 2.14.- Informe de seguridad del 22 de octubre de 2001 de la Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional sobre probables escenarios de violencia política. 2.15. Documentos relacionados con la
existencia del partido Nueva Fuerza Democrática. 2.16. Documentos relacionados con los documentos y logros electorales
del partido Nueva Fuerza Democrática durante su existencia. 2.17. Reportes de la Fiscalía General de la Nación.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
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11001-03-28-000-2023-00040-00

claro que la Nueva Fuerza Democrática encaja en ese supuesto de hecho, y, por
esta razón, ordenará el restablecimiento de la personería jurídica del partido
político.

Concluyó el CNE que:

En relación con el fin de la actividad política de la Nueva Fuerza Democrática,
según las versiones de Pastrana Arango y Gómez Álzate, las intimidaciones de
parte de grupos armados ilegales continuaron una vez terminado el periodo
presidencial, e hicieron imposible continuar con el proyecto político de la
organización. Ambos dirigentes se vieron obligados a salir del país ante la
situación de seguridad.

Al valorar las pruebas aportadas en el expediente administrativo, como también
las que decretó el despacho sustanciador de oficio, no se logra demostrar que
Nueva Fuerza Democrática, en realidad, hubiera afrontado situaciones de
violencia grave de las cuales, en palabras de la propia Corte Constitucional, se
pudiera derivar una relación de causalidad directa y efectiva con la afectación al
derecho fundamental a la participación79 política, como justificación de la
aplicación estricta de las normas que prevén los presupuestos para que la
colectividad mantuviera la personería jurídica.

Adicional a lo anterior, la providencia de unificación fue clara en establecer que
de aplicarse los efectos inter comunis, es necesario analizar las condiciones de
tiempo, modo y lugar80 para determinar si esa relación en efecto se materializó,
de cara a reconocer la restitución de tal estatus jurídico y político.

Para llegar a esta conclusión, en el plenario reposa la respuesta de la directora
jurídica de la Fiscalía General de la Nación81 quien previa consolidación de los
insumos de algunas delegadas y seccionales, certificó lo siguiente:

La dirección de asuntos jurídicos (…), requirió a la Dirección de Apoyo a la
Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada y a la Dirección de
Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana82 para que se
pronunciaran respecto del requerimiento de contexto y violencia fenómenos
delictuales relacionas con el partido político Nueva Fuerza Democrática desde
1991 a 2006, (…):

No se halló registro de informes de contextos relacionados con el partido político
Nueva Fuerza Democrática.

79
Precísese que fue la misma decisión de unificación 257 de 2021 quien insistió en que, «redefinir los requisitos para su
constitución, sin perjuicio de exigir los demás que sean razonables con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de
partidos y movimientos políticos.». De igual modo, en el párrafo 215 se afirmó la relación de causalidad entre la violencia
ejercida el NL y la imposibilidad de participar en las contiendas electorales en igualdad de condiciones.
80
Párrafo 93 del Auto de Seguimiento 2691 de 2023 La Corte llama la atención de la autoridad electoral a fin de que la
aplicación de los efectos inter comunis de la Sentencia SU-257 de 2021 no corresponda a una decisión automática, sino
al análisis cuidadoso de las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon el ejercicio político y la pérdida de la
personería jurídica de los partidos solicitantes, en particular para establecer con certeza si existe una relación de
causalidad directa y efectiva entre los hechos de violencia que hubieren podido sufrir y la afectación al derecho fundamental
a la participación política del partido y sus miembros. La extensión automática de los efectos de la sentencia de unificación
sin tal análisis cuidadoso, no correspondería al cumplimiento de una decisión judicial y por lo tanto utilizar los efectos inter
comunis para otorgar personerías jurídicas más allá de lo señalado en dicha providencia no encaja en los supuestos de
hecho y de derecho señalados en la Sentencia SU257 de 2021.
81
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 108.
82
Misma conclusión a la que llegó la Delegada para las Finanzas Criminales.

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11001-03-28-000-2023-00040-00

Una vez revisad[a]s nuestras bases de datos no se encontró información
relacionada.

En consecuencia se informa a su honorable despacho que las dependencias
competentes para realizar informes de contexto que son quienes reemplazaron a
la Unidad Nacional de Análisis y Contextos83 en la entidad, no cuentan con
informes que se relacionen con procesos de investigación judicial del partido
político Nuevas Fuerza Democrática y/ o sus miembros. (Resaltado fuera de
texto)

Respecto de este primer documento, y tal como se profundizará a lo largo de la
presente decisión judicial, se puede advertir que las condiciones en las que el
colectivo político se desempeñó a lo largo de una data amplia 1991-2006, lejos
de verse afectadas gravosamente, por el contrario, le permitió a través de la
presentación de programas y políticas estatales, conseguir varios escaños en el
corporativo nacional, así como obtener la máxima investidura de la nación.

También se encuentra respuesta dada por la INTERPOL Colombia84-85-86-87 en la
que manifestó lo siguiente:

Esta Dirección, siendo administradora de la base de datos del Sistema de
Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía
Nacional (SIEDCO) consolida con registros desde el año 2003, una vez
consultada la información por el Área de Investigación Criminológica, se evidenció
la siguiente anotación. “(…) se encontró un registro a nombre de Eduardo Pizano
de Narváez, identificado con cédula de ciudadanía 3.228.981, el cual aparece
como ofendido por el delito de hurto residencias para el año 2005. (…)”

Las condiciones de tiempo, modo y lugar en sentir de esta Sala y que revisó la
autoridad electoral, no se encuentran relacionadas con la imposibilidad para
participar libremente en las gestas del año 2006, pues conforme se evidencia, no
existieron contextos de violencia contra los seguidores y máximos líderes de la
agrupación política.

De hecho, si se precisa con mayor exactitud, se tiene que entre los años 1991 y
2006, el colectivo obtuvo las mejores oportunidades de participación, es decir, no
solo irrumpió por primer vez al Congreso de la República, sino que también, pudo
hacerse con el máximo cargo por votación popular del estado.

Esto es relevante, pues a la luz de lo expuesto por la Corte Constitucional, en las
condiciones de tiempo, no se le impidió a la NFD en forma directa ser un actor

83 Misma entidad que fue requerida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU – 257 de 2021.
84
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 95. Concordante con el criterio orientador
(Artículo 35 de la Ley 1621 de 2013) expuesto por el Comando General de las Fuerzas Militares – Comando de Apoyo de
Combate de Inteligencia Militar, quien según expuso: «Efectuada la búsqueda de la base de daros y archivo operacional,
este comando NO evidencia registros sobre amenazas y acciones terroristas por parte de los grupos armados organizados
(GAC) al personal anteriormente relacionado».
85
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 63. Concordante con el criterio orientador
(Artículo 35 de la Ley 1621 de 2013) expuesto por la Jefatura de Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial, en el que se
expresó: «[E]ste organismo de inteligencia NO cuenta con la información solicitada en el asunto de la referencia».
86
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 67. Concordante con el criterio orientador
(Artículo 35 de la Ley 1621 de 2013) expuesto por la Jefatura de Inteligencia Naval, en el que se expresó: «[D]e manera
atenta me permito comunicar que al verificar los archivos de esta Jefatura NO se tiene información relacionada sobre el
particular».
87
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 98.

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relevante dentro de la política nacional. Respecto de las circunstancias de modo
y lugar, se observa que su mayor amplitud participativa le llevó a ganar una
relevante participación en el congreso y obtener la presidencia de la República.

Precísese que de los medios de convicción que fueron allegados al expediente
judicial, se deja en evidencia que respecto de las condiciones de tiempo, modo y
lugar, no hay elementos que acrediten la consolidación de eventos gravosos hacia
los militantes o máximas figuras de la NFD, pues al contrario del dicho de la
autoridad electoral y de los voceros de tal agrupación, desde el año 1991 hasta el
2006, si bien hubo afectaciones generales de orden público en Colombia,
puntualmente su situación le llevó a conseguir escaños y cargos de un nivel
preponderante en el aparato estatal, sin que se evidencie hasta este punto, que
en los eventos, lugares y periodos denunciados por el colectivo, las presuntas
acciones criminales hubieren diezmado sus filas, impedido su actividad o
socavado sus expectativas de conseguir el poder a través de las vías
democráticas.

Como se puede observar, a partir de las pruebas recopiladas de autoridades que
tienen injerencia en la seguridad, investigación y determinación de hechos
punibles, no existieron actos de violencia graves que afectaran a la NFD.

Tal precisión es relevante, comoquiera que fue el CNE quien se soportó, entre
otras, en la información que otorgó la Seccional Antioquia de la Fiscalía General
de la Nación, para restituir la personería jurídica, pero sin reparar en las precisas
determinaciones que guiaron el caso del Nuevo Liberalismo; esto es, i) la
existencia de una violencia sistemática, ii) la evidencia judicial que contextualizó
los escenarios de limitación injustificada a la participación y, por supuesto, iii) la
existencia de un nexo de causalidad entre esos derroteros.

Dentro de la respuesta otorgada por la directora jurídica del ente acusatorio, la
cual compiló el insumo entregado por las delegadas para las Violaciones a los
Derechos Humanos y Seguridad Territorial, se precisó lo siguiente:

Cuadro Excel con la información correspondiente a las investigaciones que se
adelantaron en las Direcciones Seccionales de Cesar, Cali, Nariño, Valle del
Cauca y Atlántico en donde se encuentra vinculados como v[í]ctimas algunos de
los miembros del partido Nueva Fuerza Democrática entre 1991 y 2006.

(…)

Se informa que la Fiscalía 42 especializada cursa el radicado
11001606606419890007947, en el que se decretó la conexidad procesal por
hechos delictivos ocurridos en Bogotá y Medellín atribuidos al extinto cartel de
Medellín, correspondiente a 39 hechos delictivos (…) se dispuso la declaratoria
de LESA HUMANIDAD e imprescriptibilidad de las acción penal (…9 “Dentro de
este proceso de investigación los hechos en los que se “”(…) registra como
víctima a el Doctor ANDRÉS PASTRANA ARANGO corresponden al DELITO DE
SECUESTRO de que fuera víctima en hechos ocurridos el 16 de enero de 1988
en la ciudad de Bogotá (…). Finalmente informa que en este proceso “fue
vinculado con sentencia condenatoria JHON JAIRO VELASQUEZ VASQUEZ
ALIAS POPEYE, condenado a la pena de presión de 20 años, por los delitos de

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CONCIERTO PARA DELINQUIR (…) en concurso material heterogéneo con el
delito de homicidio agravado (…) SECUESTRO CON FINES TERRORISTAS y
otros88.

Esta prueba al ser valorada en forma integral con las demás 89 informaciones90,
recabadas en el plenario91, indican la existencia de hechos violentos en contra del
máximo líder de la agrupación y de su representante legal; sin embargo,
conforme a la precisión que hizo el mismo tribunal constitucional, estas no fueron
causas determinantes, suficientes y poderosas para que la NFD hubiera perdido
la personería jurídica en el año 200692, comoquiera que fue la propia Corte
Constitucional quien enfatizó:

[L]a Sentencia SU-257 de 2021 decretó medidas de amparo de los derechos
fundamentales del partido Nuevo Liberalismo y sus integrantes, y dispuso que esa
decisión tendría efectos inter comunis (…). La determinación del alcance de esta
decisión para otros partidos (…) debe valorar de forma cuidadosa si, en efecto,
en cada caso el solicitante de la extensión del amparo, sufrió hechos violentos
que eliminaron de forma directa y efectiva su capacidad para ejercer el derecho a
la participación política.

La Corte llama la atención de la autoridad electoral a fin de que la aplicación de
los efectos inter comunis de la Sentencia SU-257 de 2021 no corresponda a una
decisión automática, sino al análisis cuidadoso de las condiciones de tiempo,
modo y lugar que rodearon el ejercicio político y la pérdida de la personería
jurídica de los partidos solicitantes (…) (Resaltado fuera de texto)

Sobre esta base, la Corte Constitucional fue insistente en que debía acreditarse
las condiciones de tiempo, modo y lugar a fin de aplicar los efectos inter comunis
de tal decisión de unificación; con todo, al valorarse estas primeras pruebas, lo
que percibe la Sala es que no se concreta esa relación directa con dichas

88
Sic a toda la cita.
89
Respuesta de la Oficina de Atención al Usuario de la Fiscalía General de la Nación del 5 de marzo de 2024. Se confirmó
por parte del ente acusador procesos judiciales radicados por: Camilo Alberto Gómez Álzate; sin embargo, se trata de
delitos cuya presunta comisión aconteció en fechas recientes y las conductas imputadas están relacionados con delitos
contra el patrimonio económico. Efraín José Cepeda Sarabia, se informó sobre causas judiciales derivadas de la comisión
de delitos por constreñimiento ilegal, calumnia y extorsión de los años 2010 al 2017. Fabio Olmedo Palacio Valencia,
formuló denuncia el 3 de marzo de 2006 por hechos relacionados con el delito de terrorismo, sin embargo, conforme al
artículo 79 del Código de Procedimiento Penal se archivó por conducta atípica, situación procesal que fue aplicada a la
situación de José Alirio Vásquez, por el delito de homicidio. Respecto de Claudia Blum de Barberi, Jorge Hernández
Restrepo, Gustavo Galvis Hernández, Pubenza Montoya de Álzate, Isaac Trejos Morales, Aníbal José Ariza Orozco, José
Dolores Avendaño Álvarez, Javier Henrique Múnera Oviedo, José del Carmen Niño Velandia, Dora Consuelo Villalobos
Burgos, se identificaron procesos relacionados con hurto y estafas, los cuales se encuentran archivados. Respecto de
Mauricio Briñez Rodríguez existió una denuncia por el delito de amenazas, empero está finalizada la investigación
preliminar. De Elizabeth Ahumada Alvear existe un proceso por el delito de calumnia. De José Alirio Vásquez existe causa
judicial por lesiones personales en estado inactivo. Finalmente, no figuraron registros de los siguientes candidatos,
militantes y seguidores de Nueva Fuerza Democrática: Telesforo Pedraza Ortega, Clara Sanín De Aldana, Jaime Eduardo
Ruíz Llano, Gustavo Galvis Hernández, Humberto González Narváez, Ruby García Tobón, José Filadelfio Monroy Carrillo,
Isaac Trejos Morales, José Arbey Toro Agudelo, Elisa Judith Hernández Gamarra, Ligia de Jesús Ricardo Silgado, José
Yesid Montes Rojas, Janeth Esther Ali Ibáñez, Pedro Bello Vega, Jairo Moisés Martínez Quiroga, Roberto Robles Ángel,
Carlos Puentes Vásquez, Ismael Enrique Cruz Rodríguez, María Guadalupe Chaves Valbuena e Ítalo Hidalgo Guerrero
Rojas.
90
Expediente administrativo, página 119 a 122, 132 a 135 del expediente número 2.
91
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 76. Téngase como criterio orientador
(Sentencia C – 540 de 2012 MP. Jorge Iván Palacio P. artículo 33 de la Ley 1621 de 2013), la información reportada por
el Director de Inteligencia Policial en la que confirmó la existencia de atentados al señor Andrés Pastrana Arango del 23
de mayo de 1998 y del 12 de junio de 1998, así mismo contra el señor Gerardo de Jesús Cañas candidato a la gobernación
de Antioquia por la NFD el 4 de septiembre de 2003 y los dos estudios de nivel de riesgo extraordinario dados a favor de
los señores, Camilo Alberto Gómez Álzate de marzo de 2006 y de Aníbal José Ariza Orozco de enero de dicho año. Con
todo, la entidad no precisó los hechos sustento y los presupuestos de dicha categoría.
92
Resolución 1057 del 13 de julio de 2006, por medio de la cual se declaró la vigencia de las personerías jurídicas de los
partidos y movimientos políticos, pasadas las elecciones legislativas de ese año.

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11001-03-28-000-2023-00040-00

condiciones que presuntamente afectaron su libre voluntad de participar en el
certamen de marzo de 2006.

En otras palabras, so pretexto de analizar, por ejemplo el delito del secuestro del
vocero de la colectividad política y de otros eventos contra sus lideres más
representativos, se anudó en forma descontextualizada ese hecho a la
cancelación del estatus jurídico de dicha agrupación, lo cual rebasa los precisos
términos en que la Corte Constitucional razonó sobre este asunto.

La Sala insiste en que si bien tal hecho delictivo debe ser condenado con la mayor
severidad que trae el ordenamiento jurídico, no por ello, puede colegirse que de
dicho evento, se deba consecuencialmente entender que se canceló la personería
de la NFD.

Ahora bien, en el plenario se manifestó que hubo algunos atentados a la vida de
los líderes de la NFD en 1988 y 1998 y a un candidato a la gobernación del
departamento de Antioquia en 2003; con todo, estos eventos NO fueron
situaciones que hubiesen condicionado su presencia en las elecciones de
Congreso de la República de 2006, por las siguientes razones:

i) Tales afectaciones93 no configuran un nexo de causalidad que soporten con
suficiencia que la cancelación de su atributo jurídico devino de tales actos, ii),
nunca quedó acreditado por autoridad judicial que el atentado en la ciudad de
Medellín, departamento de Antioquia hubiera sido dirigido a limitar la participación
del señor aspirante por parte de la NFD, lo cual como más adelante se
profundizará, quedó supeditado a informaciones periodísticas y, iii) la autoridad
electoral realizó una extensión automática de los efectos de la sentencia de
unificación, desconociendo el análisis cuidadoso, de las condiciones de tiempo,
modo y lugar (certamen del 12 de marzo de 2006) y los hechos de violencia
acaecidos y probados (1988, 1998 y 2003).

Estas precisiones son relevantes, pues del anexo en formato Excel que allegó, a
este proceso, la directora jurídica de la Fiscalía General de la Nación, se evidencia
que algunos de los militantes, seguidores y simpatizantes94 que se enunciaron en
sede administrativa, fueron objeto de conductas violentas, pero como se iteró,
corresponden a hechos que no guardan relación directa de cara a la imposibilidad
de participar en el certamen de 2006, evento que marca un hito histórico de
relevancia para resolver el presente asunto, comoquiera que fue allí donde la NFD

93
Precísese que los demandados (NFD y Consejo Nacional Electoral) allegaron pruebas documentales que indican la
existencia de dichos atentados, pero todos con una data anterior y sin conexidad directa respecto del certamen electoral
de 2006, fecha en la que la colectividad no inscribió candidatos a elecciones populares y que motivó que se le cancelara
su personería jurídica.
94
Juan José Naranjo Torres homicidio el 17 de abril de 2014, proceso en estado inactivo. Andrés Pastrana Arango
amenazas el 30 de octubre de 2001, proceso en estado inactivo. Otras denuncias por delitos como hurto, abigeato, daño
en bien ajeno son de fechas anteriores a marzo de 2006 y no se consideran como graves y extraordinarios. De los
radicados 67263, 126763 y 190482 cuyas presuntas víctimas fueron respectivamente los señores, Javier Enrique Munera
Oviedo, Andrés Pastrana Arango y Jorge Hernández Restrepo se refirieron a los delitos de hurto, calumnia y lesiones
personales, los cuales según indicó el ente acusador: «no refleja[n] que se hubiera iniciado dentro de un contexto de
violencia y fenómenos delictuales, relacionados con el partido político Nueva Fuerza Democrática.».

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no participó y del cual, tanto su representante legal95 como su apoderado96,
insistieron en que fue imposible hacerlo debido a las causas de violencia que
llevaron a no inscribir tales aspirantes.

En este punto, como ya se ha insistido, las condiciones de tiempo, modo y lugar
de tales eventos que informó el ente acusador, no se corresponden a situaciones
que directa y consecuencialmente hubiesen enmarcado la pérdida del atributo
político y jurídico, pues a la luz de lo dicho por la Corte Constitucional, no se logró
estructurar una relación sustancial entre los delitos que allí retrató el ente
acusador, la data en que se dieron y en torno a ello se trató de hechos que no
condicionaron sustancialmente, la existencia del grupo político.

Con todo, la Sala encuentra bajo la misma valoración probatoria, que del
expediente administrativo se encuentran algunas documentales97 en las que
personas cercanas a los líderes y representantes más visibles de esta
agremiación, destacaron lo siguiente:

i) Germán Gustavo Jaramillo Piedrahita, coronel activo de la Policía
Nacional, jefe de seguridad del entonces candidato a la presidencia de
la república Andrés Pastrana Arango, afirmó: «Durante la campaña
presidencial de 1998 (…) conocí de manera directa las amenazas
constantes en contra de su vida. En ese momento fueron más de 15
episodios donde se conoció información sobre posibles atentados».

Una vez asumió la presidencia de la República el citado dirigente, el
señor Jaramillo insistió en que durante el periodo gubernamental hubo
actos de grave violencia, así: «en mi condición de secretario de
seguridad presidencial tuve conocimiento directo por distintas fuentes
provenientes de los sistemas de inteligencia de los organismos del
estado (sic) y de algunos internacionales acerca de los altos riesgos
que corría la vida del presidente Andrés Pastrana Arango» (…)
«informaciones provenientes de la Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación, daban cuenta de inminencia de un atentado (…)
especialmente en la utilización del helipuerto del Palacio de Nariño
durante los últimos 6 meses de su gobierno».

Este ciudadano resaltó que al finalizar dicho periodo constitucional:
«(…) después de 2002, mientras el [exp]residente Pastrana vivía en la
ciudad de Madrid, España, ante los riesgos de seguridad, las
autoridades españolas dispusieron de un equipo de seguridad del
Cuerpo Nacional de Policía para brindar protección al señor
expresidente Andrés Pastrana Arango.».

95
Al allegar las pruebas de oficio, el señor Camilo Gómez manifestó: «En el tejido mismo de la historia política colombiana
entre 1991 y 2006, la presencia de la NFD no solo marcó un episodio de participación ciudadana, sino que se erigió como
un símbolo de resistencia frente a la violencia y la corrupción.»
96
Refirió en forma genérica que «todos los actos de violencia que en las décadas de los 80 y 90s dieron lugar a que
partidos y movimientos políticos perdieran su personería jurídica.».
97
Páginas 24 a 29 y subsiguientes del expediente administrativo número 1.

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Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

ii) Pablo Alberto González Gómez, director general de investigaciones del
extinto DAS entre los años 1995 al 2002, dijo que «desde el año 1995
hasta el 2000 conocí sobre información de inteligencia provenientes de
fuentes humanas sobre el planteamiento de acciones criminales en
contra de los miembros del partido político denominado Nueva Fuerza
Democrática y su fundador y director».

Así mismo con ocasión del mandato de Andrés Pastrana Arango,
aseveró que: «tuve acceso a información de inteligencia proveniente de
fuentes humanas y técnicas sobre diversas amenazas y los
consecuentes riesgos de seguridad contra [su] vida e integridad».

iii) Gerardo de Jesús Cañas Jiménez indicó que, «durante el año 2003
participé como candidato a la gobernación de Antioquia98 (…) avalado
por el movimiento Nueva Fuerza Democrática (…) Que como consta en
los archivos de prensa adjuntos el día 04 de septiembre de 2003 en mi
sede de campaña para la gobernación de Antioquia, ubicada en el
sector Astorga del Barrio El Poblado de la ciudad de Medellín sufrí
atentado con carro bomba».

Este testigo, aportó una serie de recortes de prensa con los cuales, ilustró el citado
evento violento:

La Sala con lo aportado en el expediente administrativo comprende que la
agrupación política solicitante de la personería jurídica, a través de los medios
probatorios que tenía a su disposición, se esforzó por demostrar la existencia de
un contexto de violencia.

Empero, la Sala comprende que tales hechos, por demás aberrantes99, no

98
Página 195 del expediente administrativo número 1, obtuvo 49.454 votos.
99
Del mismo informe otorgado por la Dirección de Atencional usuario de la FGN, se informó de actos de terrorismo sobre
el señor Andrés Pastrana Arango, ocurrido en Muz[o], Boyacá, por hechos presentados el 1º de junio de 1999, se
encuentra en etapa de investigación preliminar. Secuestro extorsivo del señor Andrés Pastrana Arango, ocurrido en Pasto,
Nariño, por hechos presentados el 26 de noviembre de 2001, última actuación procesal, remitidos a juzgados
especializados el 17 de enero de 2022. Terrorismo en contra del señor Andrés Pastrana Arango, ocurrido por hechos
presentados el 29 de octubre de 2001, en etapa de investigación preliminar.
Ley 600 del 2000. Investigación Previa. Artículo 322. Finalidades. En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de
la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier
medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al
amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal

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establecen con certeza la existencia de una relación de causalidad directa y
efectiva entre estos y la afectación al derecho fundamental a la participación
política del partido y sus miembros, pues todos y cada uno de los elementos
materiales probatorios, se circunscribieron a épocas anteriores al certamen y al
periodo de inscripción de candidatos al Congreso de la República, (12 de marzo
de 2006). Incluso, algunos que fueron posteriores, no tuvieron esa conexidad
material y jurídica que retrató la corte en la decisión de unificación.

Data que según se ha referido, fue el punto temporal que marcó un antes y un
después para la citada agrupación, pues fue en ese momento donde no se
inscribieron candidatos, y que de manera reiterada, sus hoy solicitantes insisten
en que se debió a hechos de violencia de suma gravedad que le impidieron
acreditar a sus aspirantes, para con ello mantener la personería jurídica que hoy
pide se deje intacta.

Para la Sala, si bien el atentado ocurrido en inmediaciones del barrio Astorga, de
la ciudad de Medellín, aseveran los solicitantes de la restitución de la personería
jurídica, fue dirigido en contra la aspiración del señor Gerardo Cañas de los
medios de prueba adosados, se desdice tal argumento, a partir de las siguientes
consideraciones:

1- Conforme a los recortes de prensa se tiene que el aspirante a la
gobernación indicó al medio periodístico que: «nunca ha recibido
amenazas y que hasta el momento ha podido desarrollar normalmente su
campaña. (…) Lo interpreto como un atentado a la democracia (…) y dijo
que continuará con su trabajo político.».

Esta aproximación, deja en claro que por más complejo que fue el citado
evento violento, el aspirante prosiguió con sus actividades proselitistas, a
través de las banderas de la NFD.

2- Este informativo, indicó que: «se presume que el atentado era contra dicha
campaña (…) Reporte Oficial (…) el funcionario100 no dio detalles sobre la
investigación, pero dijo que los organismos de seguridad tienen indicios
confiables sobre los responsables.».

Esto quiere decir, que lejos de tener una verdad procesal confirmada a
través de alguna decisión judicial o disposición del ente investigador, el
evento terrorista nunca logró demostrar que hubiese sido direccionado
hacia dicha aspiración o, que hubiese tenido fines de afectación política
hacia los seguidores de la NFD.

3- Otro de los recortes que se adosaron al plenario y que guardan coherencia

y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de
la conducta punible. Artículo 323. Reserva de las diligencias. Durante la investigación previa las diligencias son
reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar, tiene derecho a conocerlas y a que se le expidan
copias.
100
Rafael Rincón, director del sistema municipal de prevención y atención de emergencias.

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con ese evento, retrataron lo siguiente:

4- En estas noticias, como se puede ver, se pusieron de presente las dudas
respecto a si dicho atentado fue dirigido exclusivamente a la campaña
política del señor Cañas, de hecho, como ya se ha dicho, ese evento
trágico por demás, nunca fue tenido en cuenta por la Fiscalía General de
la Nación como un episodio que denotara un exterminio, una persecución
sistemática o una afectación a él o, derivar que con ocasión de este
acontecimiento, los militantes de la NFD fueron afectados en el desarrollo
de su actividad política.

A partir de lo anterior, no se observa que ese evento violento hubiese sido un
generador potencial y real para evitar que la NFD postulara candidatos en las
gestas del año 2006, siendo el certamen de congreso de 2002, el último evento
en el que participó el citado colectivo.

Sobre esta base demostrativa, también se encuentran los testimonios rendidos
por los señores Andrés Pastrana y Camilo Gómez ante la magistrada
sustanciadora del CNE101, en los que se detallan a profundidad los hechos de
violencia que padecieron aquellos seguidores, militantes y líderes representativos
de la NFD; sin embargo, de estos no se logra precisar, un elemento de conexidad
directa entre la falta de inscripción de aspirantes al evento de marzo de 2006 y
uno o varios hechos de violencia grave que llevan a entender que hubo un
contexto determinante para no haber participado en dicha contienda electoral.

Al respecto, se resalta de la versión del señor expresidente de la República, lo
siguiente:

«los datos que se tienen por parte de los organismos de seguridad y quienes
llevaban tanto las fuerzas armadas o las fuerzas militares y la policía, se detectaron
cerca de 130 atentados contra mi vida en el periodo presidencial de 1998 al 2002,
(…)»

101
Páginas 120 a 133, 136 a 138 del expediente número 1.

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«Y de ahí me voy a Madrid, (…) desde el año 2002, posteriormente, usted recuerda
magistrada, que se detectó en los correos de Raúl Reyes que había una relación
ya FARC-ETA que nunca había existido y digo esto porque el Presidente Aznar
siempre preguntaba cuál era la relación, hay relación o no hay relación y nunca
tuvimos pruebas ni evidencias.».

«(…) regreso ya a Bogotá, en el 2007 renuncio voluntariamente a la Nueva Fuerza
Democrática para unirnos al Partido Conservador porque el Partido Conservador,
magistrada, posiblemente en las últimas décadas después de todas las aperturas
democráticas que ha habido en Colombia no había estado tan fortalecido como en
esa época cuando yo dejo la presidencia.».

MAGISTRADA: (…) ¿nos puede expresar los pormenores de la disolución del
Partido Nueva Fuerza Democrática y las circunstancias que rodearon la pérdida de
su personería?

CONTESTÓ: Primero, la incapacidad de hacer política por los hechos de violencia
que ya he narrado y, segundo, buscar fortalecer al Partido Conservador de nuevo,
regresar al Partido Conservador para buscar fortalecerlo en las elecciones que se
avecinaban después del 2008 (…)

MAGISTRADA: (…) ¿cuáles fueron esas circunstancias de violencia, de amenaza
que más pesaron para que el Partido Nueva Fuerza Democrática pudiera mantener
su actividad política en Colombia y si existen en sus archivos o evidencias de esas
muestras de violencia y de amenazas?

CONTESTÓ: A ver, lo primero el secuestro que, además tengo entendido que es
declarado delito de lesa humanidad, (…), todos los archivos de la Policía y de las
Fuerzas Armadas porque, como le digo en todos los casos que se presentan, por
ejemplo, en 1996 (…) En el año 1998, cuando soy electo presidente de Colombia
(…), en aquella oportunidad permanentemente eran los mismos comandantes de
las Fuerzas Armadas o de Policía quienes estaban transmitiendo la información
porque ellos eran encargados de la seguridad del Presidente, (…) todas las
mañanas en mi despacho donde estuviera, le transmitían a uno toda la información
del país, (…) de inteligencia, y ahí permanentemente, como le digo, ellos
detectaban este este tipo de atentados. (…)

MAGISTRADA: (…) luego de la renuncia a la personería jurídica del Partido Nueva
Fuerza Democrática, ¿qué paso con sus dirigentes, con sus líderes, con sus
directivos más representativos? ¿Pasaron a otras organizaciones políticas, se
excluyeron de la política, qué ocurrió con ellos?

CONTESTÓ: De todo lo que usted menciona, unos se fueron a otros partidos, otros
se quedaron en la política, otros se retiraron de la política, otros están inactivos en
la política, y por eso lo que comentaba, (…) pero ves que uno fue senador de un
partido, otro fue senadores de otros, hay alcaldes, mucha gente se retiró, mucha
gente, la verdad creo que, claro, es que era muy difícil desarrollar la actividad
política.

(…) Pero yo creo que sucedió todo lo que usted hace la mención, todo, o por
violencia o por cansancio o por vejez por distintos factores que los tenemos en
muchos lugares, es que si usted ve muchos de los de la Nueva Fuerza Democrática
fueron ministros del gobierno Santos, los que estuvieron, los ministros del gobierno
Uribe, gente muy cercana a todos ellos, ahí estuvieron con nosotros siempre
acompañándonos.

Así mismo, está la declaración que quedó sentada en el expediente y que
corresponde al dicho del entonces representante legal del partido, Camilo Gómez

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en el que se reveló lo siguiente:

PREGUNTADO: ¿Cómo describiría el contexto en que se desarrollaba la actividad
política en el país durante los años en que la Nueva Fuerza Democrática participó
en las distintas elecciones?

CONTESTÓ: Es un contexto muy distinto al actual, pero con agudos similitudes. En
el año 91, en la Constituyente se empieza a ver una importante presión de los
narcotraficantes por legar a tener acceso al poder (…) Yo estuve en la alcaldía
entre el año 88 y el año 90 y ocupe dos cargos, gerente de empresa de servicios
públicos y secretario privado del alcalde y en ambas tuve que ver los desastres del
terrorismo en Bogotá (…) Se comprueba judicialmente que en la campaña de
Ernesto Samper entran 10 millones de dólares (…) y obviamente son los
narcotraficantes tratando de manejar sus negocios desde la política (…) Viene
después una etapa muy crítica en el país con cultivos ilícitos en el año 98 (…) esto
dispara los hechos de violencia, incluso en mis funciones como comisionado de
paz entre el año 2000 y el año 2002 (…) En una campaña que fue muy difícil desde
el punto de vista de seguridad, yo como gerente general de la campaña tenía
conocimiento de los riesgos y las condiciones difíciles que eso implicaba. Supe de
varios intentos que se hicieron en distintos sitios de manifestaciones para atentar
contra el candidato y en el gobierno pues conocí mucho más a fondo las
circunstancias y las padecí, obviamente porque al tener la postura en contra del
narcotráfico, en favor de una posición negociada y en contra de una negociación
política (…) Una pequeña muestra puede ser una conversación con Jorge Briceño
alias jojoy a finales del año 2001 (…) Terminado el Gobierno Pastrana termino yo
de comisionado de paz, (…) recibí una llamada del comisionado de paz de
entonces, el doctor Luis Carlos Restrepo, (…) me dice que hay información (…)
según las cuales van a cometer un atentado contra un ex comisionado de paz y el
único que estaba en el país era yo. Me piden que me vaya y me tengo que ir por
tres años a vivir fuera de Colombia (…) El último episodio de esa época, alrededor
de 2008, me hace una llamada el presidente de la Corte Suprema de Justicia donde
me informa que encontraron una lista de 10 personas en manos de un grupo muy
poderoso de narcotraficantes.

PREGUNTADO: (…) los pormenores de la disolución del partido Nueva Fuerza
Democrática y las circunstancias para la pérdida de la personería jurídica de este
grupo.

CONTESTÓ: Después de la presidencia del doctor Andrés Pastrana el partido
Conservador queda con una presencia importante en el Congreso. Se fortalece, y
como tal vez pocas veces en la historia, la Nueva Fuerza Democrática también y
se empieza a gestar una situación muy similar a la del Nuevo Liberalismo y el
Partido Liberal en cuanto a que se desarrolla una política para la unificación de los
partidos para, precisamente, bajo el criterio constitucional de una democracia
participativa, tener partidos muy fuertes. Bajo este aspecto ya en las elecciones del
año 2006, la Nueva Fuerza Democrática no presenta candidatos, si no me falla la
memoria, no presenta candidatos al Congreso me refiero, hay participación de
candidatos a gobernaciones y alcaldías y se toma la decisión entonces que, por
una parte porque el propio presidente Pastrana, los que estamos con él, yo seguía
estando en España por ejemplo con las dificultades de regresar al país por los
temas de seguridad, el Presidente pastrana entraba y salía, venían algunas
retaliaciones de grupos paramilitares y consideramos que era muy difícil tener una
estructura de partido andando en estas circunstancias y además por lo que
mencione de la unificación con el partido Conservador al igual lo que pasó con el
partido de Luis Carlos Galán.

PREGUNTADO: ¿Qué tanto incidieron esos hechos de violencia para la disolución
del partido?

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CONTESTÓ: Definitivamente incidieron mucho porque ni el presidente Pastrana
que era el líder natural, ni yo que era representante legal podíamos tener mayores
actuaciones. A mí me impactaba mucho que cualquier opinión pública que se
manifestaba, venía una andanada muy fuerte bien fuera de los grupos de
paramilitares que estaban acabando un proceso de paz, bien fuera de las mismas
FARC. (…)

PREGUNTADO: De manera concreta usted como dirigente visible de la agrupación
Nueva Fuerza Democrática ¿puede relatarnos episodios de violencia dirigidos a
usted durante el periodo presidencial o posteriormente a él?

CONTESTÓ: Si, lamentablemente si puedo. Fueron varios. (…) Hace pocos años,
una alerta muy seria de inteligencia de la de la oficina inteligencia, por un atentado
que estaba planeando el ELN, porque querían generar un alto impacto político y
este hacía referencia a personas que no estuvieran en la izquierda pero que
tampoco estuvieran en la postura de temas de paz. Fui advertido. Estoy hablando
del año 2018.

PREGUNTADO: Luego de la renuncia a la personería jurídica de la agrupación
Nueva Fuerza Democrática ¿sabe usted que pasó con sus dirigentes y líderes más
representativos y si en la actualidad pertenecen a otras agrupaciones políticas?

CONTESTÓ: Si, algunos están en otras agrupaciones políticas, otros se han
retirado de la vida pública, otros han dejado de ejercer la política, pero están en la
vida pública. (…)

La Sala insiste, en que la valoración probatoria que hace este juzgador, no
desconoce las situaciones de violencia que los citados protagonistas ilustraron
con su dicho, pero lo que realmente condiciona a esta corporación judicial son los
propios dictados que dejó zanjados la Corte Constitucional, respecto a la
necesaria existencia de una clara relación entre el evento violento y la ausencia
de participación política en el certamen que le permitía mantener supuestamente
la personería jurídica.

En otras palabras, la Corte advirtió con claridad que la autoridad debe revisar
cuidadosamente las condiciones de tiempo, modo y lugar por las cuales no pudo
un colectivo participar libremente en un certamen, y lo que se ofrece con las
testimoniales son los relatos de varios hechos complejos de la vida nacional; sin
embargo, del contenido de estos, se evidencian las siguientes características:

i) se trata de hechos anteriores (1988, 1998, 2001) respecto del momento en que
se declaró la pérdida de la personería jurídica (2006), ocurrida por la no
inscripción de candidatos para las justas electorales de marzo de dicho año, ii) no
se logró demostrar que la salida del país del exmandatario nacional concretara
los presupuestos para tenerlo como exiliado y, si tal salida del territorio, obedeció
intrínsecamente a los ataques y amenazas, de que se aduce, era víctima por parte
de grupos al margen de la ley como represalia a su desempeño como presidente
de la República y, iii) en el caso del presunto atentado terrorista, ocurrido en
vísperas de las elecciones territoriales de 2003 a la gobernación de Antioquia,
este no tuvo otros elementos de convicción que persuadieran a la Sala para
concluir que a partir de este evento, se impidió la participación política en el
certamen de marzo de 2006.

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Al respecto, conviene resaltar que el tribunal constitucional insistió en que debía
ser un grave ataque sistemático a los militantes, no solo a su máximo exponente,
y con base en ello, la Sala entiende con base en las evidencias que dio la Fiscalía
General de la Nación sobre estas conductas, lejos de concretar los presupuestos
que estableció la alta corte, no tuvieron esa conexión directa y consecuencial con
la falta de participación en el 2006.

Sobre esta base, el contexto que presentaron los deponentes en la actuación
administrativa no persuade a la Sala para derivar esa suerte de proximidad entre
los eventos ocurridos mucho antes del año 2002, fecha esta en la que se inscribió
por última vez aspirantes al congreso en representación de la NFD y, la
cancelación de la personería jurídica que data del año 2006, pues como se ha
visto, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el caso no tuvieron
esa proximidad y concomitancia entre la fecha de los eventos violentos y la de la
pérdida de tal atributo.

En lo que respecta a las pruebas aportadas102 por la agrupación Nueva Fuerza
Democrática con ocasión del requerimiento que hizo el despacho sustanciador en
el auto que acogió al trámite de sentencia anticipada, se resalta103 de lo acopiado
lo siguiente:

Recortes de prensa de los medios de comunicación, en los que se destacan:

i) «El Tiempo» (la lucha por las gobernaciones) (explotó carro bomba), «El Siglo
de Torreón» (Coche Bomba), «Caracol Radio» (Retrato hablado del autor del
atentado en Medellín de 2003), «Revista Semana» (explosión carro bomba),
«Panamá América» (Carro bomba y atentados en campaña electoral),
«MyPlainView» (presuntos atentados), «Noticias Caracol» (Caso Pablo Escobar),
«RTVE» (FARC presunta ayuda en 2008 en alianza con la ETA para atentar
contra la vida de Pastrana), «EFE» (Presuntas alianzas entre FARC y ETA del
2008), «ABC Internacional» (el abandono de Pastrana de Colombia en 2014).

ii) La portada de un libro de autoría del señor Pastrana y una carta sin fecha en
la que se evidencia una misiva de los jefes del cartel de Cali contra él, iii) video
en formato mp4 que retrata la liberación del secuestro del señor Andrés Pastrana
Arango (1988).

En estas documentales se detallan, entre otros asuntos, la detonación de un carro
bomba de 2003 en Antioquia al parecer para atentar contra el señor Gerardo
Cañas, aspirante a la gobernación de Antioquia en el año 2003, los presuntos
actos de persecución contra él y su familia en su domicilio de España (2003) y, la

102
Sistema de Gestión Judicial - SAMAI. Historial de actuaciones. Anotación 63, del 26 de febrero de 2024.
103
Se aportaron diversas informaciones otorgadas por las diferentes delegadas de la Fiscalía General de la Nación, las
cuales ya fueron analizadas por la Sala, como lo son los procesos referidos al secuestro y presuntos atentados contra la
vida del señor Andrés Pastrana Arango y que se encuentran alojados en el expediente administrativo aportado por el CNE.
También se encuentran nuevamente las declaraciones juramentadas entregadas por los señores Germán Gustavo
Jaramillo, Pablo Alberto González y Gerardo de Jesús Cañas que de igual manera estaban contenidas en el expediente
aportado por la autoridad electoral. Finalmente, y sobre la misma base, están aportadas las actas de la audiencia en la
que los señores peticionarios y testificantes, rindieron sus declaraciones ante el CNE y que también reposan en el
expediente administrativo.

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supuesta salida que haría el señor Pastrana del país por amenazas contra su vida
(2014).

Al respecto, la Sala debe recordar que esta Corporación Judicial, frente al valor
probatorio de los recortes de prensa derivados de noticias puestas en medios de
comunicación, tiene por sentado que:

(…) los104 reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas y noticias que
aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio
si en conjunto con otros medios de prueba permiten determinar o
corroborar hechos alegados en el respectivo proceso105.

Con base en lo anterior, los recortes de prensa al valorarse en conjunto, logran
acreditar precisamente el ambiente complejo que se vivió en distintos momentos
de la vida nacional, en este caso, desde el año 2003 hasta el 2014, esta última
fecha, referida por uno de los documentos aportados por el colectivo político; sin
embargo, la Sala si bien condena esa situación de constante consternación
nacional, no puede derivar per se, que para el caso de la NFD esas prerrogativas
de la sentencia SU – 257 de 2021 deban cobijar los intereses que busca, vía
restitución de la personería jurídica la NFD.

Finalmente, del dosier aportado por la NFD se observa la existencia de un informe
del 22 de octubre de 2001, emitido por la Dirección de Inteligencia de la Policía
Nacional en el que se detalla el nivel de riesgo del señor Camilo Gómez como
objetivo militar, por presunto hechos y escaladas violentas en el país.

Al respecto, conviene precisar que para dicha época (2001), infortunadamente la
sociedad Colombia tuvo conocimiento de amenazas contra la población civil y
varios líderes del país que en este documento se detallan, situación que por
demás, es condenada por parte de esta Sección; empero, como se mencionó,
tales hechos de cara a la reflexión cuidadosa de las condiciones de tiempo, modo
y lugar, no llevan a la plena certeza de que a partir de dicha sindicación como
(objetivo militar), se hubiera derivado por sí misma, la imposibilidad para participar
en la contienda electoral del año (2006).

Tampoco existe plena convicción, más allá de los testimonios rendidos y las
declaraciones surtidas ante el CNE, de que la salida del país del exmandatario
nacional hubiera concretado los presupuestos para tenerle como exiliado106, pues
cabe resaltar que su mandato finalizó en agosto de 2002, data en la que aún tenía
representación en el Congreso de la República dicho partido, con lo cual, no se
logra acreditar que el haber emigrado, hubiese marcado un hito temporal
determinante para que se evitara inscribir aspirantes al certamen de 2006 o que

104
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Auto del 5 de noviembre de 2015, Rad.
11001032800020140013000, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
105
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, 9 de febrero del
2017, radicación número: 11001-03-15-000-2016-02295-01(AC).
106
La Sala comprende que la narración hecha por el expresidente, pareciera haberse enmarcado en los presupuestos de
la figura jurídica del refugió. Según el artículo 2.2.3.1.1.1 del Decreto 1067 de 2015, En Colombia, se considera refugiado
a los extranjeros que: • Por temores fundados de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a un determinado grupo social u opiniones políticas no pueda acogerse a la protección de su país.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

esta hubiera tenido la potencialidad de desmantelar a la organización partidista.

Sobre esta base, debe decirse que el partido político se debía a unos intereses y
banderas muy marcadas, como lo dijeron sus representantes judiciales y legales
en el trámite administrativo como judicial, los cuales no podían quedar desprolijos,
so pretexto de que uno de sus líderes saliera del país y, bajo dicha lógica, la salida
del territorio de este no debía porque afectar sus cimientos, pues es a partir de
esa ideología y programas (Paz, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de
las Fuerza Militares, entre otros), que sus militantes y demás miembros podían
seguir defendiéndolas en el escenario democrático.

Los anteriores razonamientos que toma la Sala, para no derivar la consecuencia
que defiende el partido político y la autoridad electoral, se ven mayor soportados
en la medida que se parte de analizar cuál o cuáles de esos hechos violentos
fueron la causa determinante para cancelar el atributo político.

En otros términos, la corporación se pregunta ¿qué evento fue el generador de la
cancelación de la personería jurídica? Y con ello ¿cuál fue la causa inmediata y
definitiva entre los múltiples episodios que se allegan ante el juez? para entre
estos establecer ¿cuál fue el determinante respecto de la cancelación de tal
estatus jurídico?

Es por lo anterior que, para la Sección, este caso debe examinarse desde la
perspectiva del régimen jurídico de la causalidad directa y efectiva que fijó la
Corte Constitucional en la multicitada sentencia de unificación, lo cual lleva a
establecer que para el otorgamiento o no del citado privilegio político, es necesario
identificar si esos actos de amedrentamiento fueron definitivos y concluyentes
para imposibilitar su presencia en el certamen de 2006.

Con base en lo disertado, es el juez electoral que en cada caso concreto,
apreciará cautelosamente, cuál de las actividades107 presentadas al estrado fue
la que concretó la imposibilidad de participar democráticamente y si esta conllevó
a la pérdida de la personería jurídica, en cambio, si el juzgador evidencia que esas
actividades no fueron las definitorias, el colectivo debe asumir las consecuencias
por no haber presentado aspirantes a las elecciones de Congreso de la República.

Cabe destacar que, si bien, en la acreditación de hechos por parte de la autoridad
electoral se consignó que el partido político, sufrió similares actos de violencia a
los que padeció en su momento el Nuevo liberalismo, fue la parte actora quien
develó para la Sala que ello no constituyó la causa adecuada o eficiente de dicha
cancelación de la personería, dado que por la forma, tiempo, modo y lugar de lo
acontecido, esas no fueron actividades violentas causantes de dicha
imposibilidad.

107
Entiéndase en aquellos supuestos en que el Consejo Nacional Electoral restituyó u otorgó personería jurídica bajo la
tesis de la violencia sistemática.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
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Con esto, lo que se quiere poner de presente es que la causa generadora de la
cancelación no puede recaer en forma etérea o abstracta sobre los múltiples
eventos que propusieron la organización política y la autoridad electoral, pues si
ello fuera así, se desvirtuaría ese nexo causal que hilvanó la Corte Constitucional
en la sentencia de unificación referida y que esta Corporación Judicial teoriza a
través de los presentes razonamientos.

Cabe destacar que la aplicación de esta regla hermenéutica, se soporta en las
reglas de experiencia que tiene el juez, las cuales guardan armonía con el criterio
adoptado por la Corte en relación con esa teoría de la causalidad directa,
conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de una
presunta cancelación de la personería jurídica por hechos de violencia, sólo tiene
relevancia aquel (los) que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido
su génesis directa e inmediata.

La elección de esta tesis se ha hecho por considerar inviable el reconocimiento
exprés e inmediato de la personería jurídica, con lo cual, una medida plausible
que encuentra esta judicatura es evitar caer en el falso raciocinio de que a partir
de los numerosos acontecimientos que sufrió el país, se les tenga como hechos
determinantes y de gran entidad para haberse cancelado tal atributo, siendo solo
el ejercicio ponderado del juez el que lleve a la plena convicción de que solo puede
existir correlación con dicha petición, si se logra determinar con claridad cuál o
cuáles, de todos ellos, realmente impidieron la participación y postulación de
aspirantes y, por consecuencia, mantener la personería jurídica.

La Sala, después de analizar los medios de convicción, concluye que en el caso
objeto de estudio, pese a que algunos miembros del partido político, al parecer,
fueron objeto de algunos delitos, esa sola situación no tuvo preeminencia jurídica
dentro del proceso causal de cancelación de la personería jurídica.

Al respecto, debe recordase que una de las varias causas eficientes de la
restitución de la personería jurídica al NL fue precisamente la existencia de
eventos que realmente impidieron la participación de los líderes y militantes en
los certámenes venideros, en esencia se opacó a través de la cantidad de hechos
violentos hacia los seguidores de esta colectividad, su participación en los eventos
venideros, con lo cual su ideología, banderas y proyectos dogmáticos se vieron
frustrados, a partir de episodios que como se dijo, fueron determinantes, directos
y eficientes para impedir su libre participación.

A juicio de la Sección, no es posible acreditar que la pérdida de la personería
jurídica de la NFD se dio por la situación de orden público que padeció el país en
forma general y, por esa razón, a través de la libertad de valoración de todas las
pruebas aportadas, es a este juzgador quien le asiste la facultad de otorgarles
mérito demostrativo y de persuasión a cada una de estas, según la normativa
vigente, la aplicación de las reglas de experiencia y de la sana crítica.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
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Con base en lo anterior, debe insistirse en que el deber de la autoridad electoral,
era identificar la causa idónea que llevó a la cancelación de tal atributo; luego,
como es lógico el papel del juez de cara al estudio de legalidad del acto
administrativo es evitar la extensión de la cadena hechos causales hasta el
infinito; es decir, sin límite alguno teniendo por válidas, situaciones que fueron
datadas en años pasados y por situaciones ajenas al mantenimiento de esa
personería jurídica, las cuales no guardan esa relación que exigió la Corte y que
acá se profundiza.

Son por estas poderosas razones que el tribunal constitucional llamó la atención
a las autoridades, incluidos los jueces, para que «valorar[an] de forma cuidadosa
si, en efecto, en cada caso el solicitante de la extensión del amparo, sufrió hechos
violentos que eliminaron de forma directa y efectiva su capacidad para ejercer el
derecho a la participación política.». A partir de tales precisiones es que esta
Sección encuentra que no es suficiente que uno o varios eventos violentos se
hayan sumado, sino que sean determinantes y adecuados para causar la
afectación a la participación política que conllevaría a la pérdida de tal estatus.

Sobre este punto, debe decirse que pueden ser muchos los antecedentes y
condiciones que confluyen a la producción de un resultado, pero a la luz de lo
expuesto por la Corte Constitucional, solo tiene la categoría de causa, aquél que
de acuerdo con las reglas de la experiencia108 sea el «adecuado», el más idóneo
para llevar a la cancelación de la personería jurídica de la agrupación política.

En efecto, como se ha podido ver en el análisis que ha hecho la Sala, se observa
que incluso la propia Fiscalía General de la Nación, a través del informe que
remitió a esta corporación judicial, consideró que no hubo conductas en contra de
los militantes y seguidores de la NFD y que no se trató de hechos sistemáticos de
grave violencia contra ellos; es decir, no se probó esa relación de causalidad
directa con la cancelación de la personería.

Por ello, se reitera, no todas las circunstancias que anteceden a la cesación de
dichos efectos jurídicos – políticos son causas directas del mismo, pues de
entenderlo así, se caería en un sinsentido y en un error con profundas
repercusiones sobre la calidad de la democracia, otorgarle igual importancia a
cada hecho, siendo lo relevante identificar cuáles situaciones fueron la causa
principal y eficiente de la pérdida del citado atributo.

Pensarlo en forma contraria, abriría un contexto no acorde con los lineamientos
vistos y es pretender que la ausencia de participación de la NFD en el certamen
legislativo de 2006, se dio por la sumatoria de todos los antecedentes fácticos
narrados desde 1988, lo que generaría, en últimas un retorno infinito a hechos sin
concatenación directa con la pérdida del atributo y desconociendo que esa
relación de causa a efecto, según las voces de la propia guardiana de la
constitución, no simplemente devienen desde una causalidad fáctica sino que

108
Las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable.

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viene esencialmente de una causalidad jurídica excepcional que fue abierta por
la Corte Constitucional en su fallo de unificación.

Con base en lo anterior, la corporación judicial concluye a partir de los
documentos atrás mencionados que el contexto en el que perdió la personería
jurídica la agrupación política, NO se avienen a los precisos requisitos que la SU
257 de 2021 fijó para la restitución de este atributo.

Esta determinación hermenéutica, surge como un mandato que impone a la Sala
Electoral interpretar armónicamente sus propias determinaciones, precisamente
para no apartarse de los razonamientos esbozados en la providencia de
unificación y su auto de seguimiento, pues en últimas estas decisiones
establecieron desde un principio caros mandatos a las autoridades para «valorar
de forma cuidadosa si, en efecto, en cada caso el solicitante de la extensión del
amparo, sufrió hechos violentos que eliminaron de forma directa y efectiva su
capacidad para ejercer el derecho a la participación política.».

Conclusión de este cargo:

Dicho todo lo anterior, la resolución enjuiciada debe ser declarada nula,
comoquiera que no se demostró que los supuestos condicionales de la sentencia
de unificación fueran aplicables a la NFD y, por ende, para el sujeto político, le
asistía la obligación de allanarse a los contenidos normativos109 mencionados en
dicha época, esto es: i) probar su existencia con no menos de 50. 000 firmas o, ii)
haber obtenido en la elección anterior la misma cantidad de votos (cincuenta mil)
o, iii) haber conseguido representación en el Congreso de la República.

Sin perjuicio de lo anterior, y al acreditarse que el acto enjuiciado vulneró normas
superiores, lo procedente sería no entrar a estudiar los demás reparos propuestos
por la parte actora; empero, a favor de las garantías de acceso a la administración
de justicia y justicia rogada que rige al contencioso de nulidad, la Sala analizará
cada uno de los vicios para comprender si la autoridad electoral materializó otros
de los vicios enrostrados contra el acto enjuiciado.

2.7.2 Falsa motivación

El Consejo de Estado respecto a este vicio de legalidad de los actos
administrativos ha dicho lo siguiente:

[P]ara que este vicio de la estructura interna del acto prospere, es necesario que
se demuestre una de dos circunstancias: a) que los hechos que la Administración
tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron
debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) que la
Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si
hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente.110

109
Artículos 108 superior, 3 de la leyes 130 de 1994, 3 de la 1475 de 2011.
110
Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencia de 26 de julio de 2017, Radicado No. 11001-03-27-000-2018 00006-00
(22326). M.P. Milton Chávez García.

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Conforme a lo anterior, la Sala advierte la configuración de esta causal de nulidad,
en tanto, en el acto cuestionado, los hechos acaecidos y los fundamentos fácticos
y jurídicos expresados, no están en armonía con la realidad y no fueron probados
fehacientemente en el trámite administrativo.

Lo anterior se concluye, comoquiera que la Resolución 1549 del 1º de marzo de
2023, justificó que tanto el contexto padecido por las figuras más representativas
de NFD, como la interpretación finalística que exigió la Corte Constitucional de los
artículos 108, en clave con las garantías establecidas por el 40.3 y 107,
posibilitaban la hermenéutica adoptada por ese tribunal, siendo como ya se dijo
en el acápite precedente, impropio pues del sustrato fáctico, probatorio y jurídico
no se advirtió que dichos privilegios otorgados por la guardiana de la constitución
al NL, debían ser mutatis mutandi aplicados a la NFD.

Sobre esta base, las motivaciones que tuvo el Consejo Nacional Electoral para
aplicar los efectos inter comunis al supuesto de hecho presentado por la
agrupación política, eran improcedentes, si se tiene en cuenta que se desconoció
la precisión hermenéutica que dejó clara la Corte Constitucional en el presente.

De igual modo, y tal como se desarrolló en el punto 2.5 de la presente providencia,
los postulados del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, NO debían ser utilizados para de
ahí, extender efectos jurídicos a la situación de la NFD, pues se insiste, tales
programas o políticas del gobierno de turno, no tienen fuerza normativa per se.

Así las cosas, se impone en igual sentido, encontrar de recibo esta censura
propuesta por la parte actora, en consideración a que se logró demostrar en la
presente causa judicial que los hechos que la autoridad electoral tuvo en cuenta
como motivos determinantes para restituir la personería jurídica al citado
colectivo, no estuvieron debidamente analizados dentro de la actuación.

2.7.3 Expedición Irregular

La parte actora frente a este reparo únicamente111 se refirió a que «la resolución
fue expedida “en forma irregular” en cuanto no se siguió el procedimiento administrativo
especial para el otorgamiento de personería jurídica, al emplear el Consejo Nacional
Electoral el procedimiento previsto en la Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional, inaplicable al caso, y no el ordinario o común que regula la Constitución
en su artículo 108 y la Ley 130 de 1994».

Ante lo dicho, lo primero que pone de presente la Sala es la definición que de este
vicio ha dado la jurisprudencia contenciosa:

La expedición irregular es un vicio de nulidad de los actos que se materializa
cuando se vulnera el procedimiento determinado para la formación y expedición de
un acto administrativo, es decir, cuando la actuación administrativa se realiza con

111
En la demanda con radicado 2023-00040-00, acápite G - Otras Infracciones y H - Conclusiones, se refirió, sin justificar
con suficiencia la expedición en forma irregular del acto que reconoció personería jurídica

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anomalías en el trámite de expedición del mismo, en otras palabras cuando se
cuestiona la forma en la que se profirió el respectivo acto. En suma, la causal de
nulidad por expedición irregular se configura cuando se acredita la existencia de
alguna anomalía sustancial en el proceso de formación del acto112.

Conforme a lo dicho por el accionante, esta Sección no ve procedente declarar
su configuración, comoquiera que: i) su réplica más que cuestionar el
procedimiento, se centró en controvertir la errónea utilización de los preceptos de
la sentencia de unificación, ii) no se evidencia que existe una adecuada carga
argumentativa sobre este vicio y, iii) la autoridad electoral al haber dado un
enfoque normativo diferente a las normas sustanciales, siendo errada tal
hermenéutica, consolida, como ya se dijo, la vulneración de normas superiores
más que la expedición irregular.

2.7.4 Falta de competencia temporal del Consejo Nacional Electoral

El accionante argumentó que, la aplicación de los efectos inter comunis de la
decisión de unificación se limitó a las elecciones de 2022 y para las peticiones
radicadas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, de
conformidad con los numerales cuarto y séptimo del resolutivo de dicha
providencia.

Con base en ello, comentó que la solicitud presentada por la NFD para pedir la
restitución de la personería jurídica data de enero del año 2023, superando así el
certamen de congreso y el término previamente aludido. Por tal motivo, el CNE
carecía en ese momento de atribuciones por razón del tiempo y al no haberlo
hecho en esa data, vició su decisión.

La Sala no accederá a este cargo, comoquiera que el solicitante no soportó con
una carga suficiente por qué dicha decisión de la autoridad electoral estaba
viciada.

Con todo debe decirse lo siguiente:

a) Los diez días que estableció la Corte no previeron una consecuencia
prescriptiva frente a aquellas solicitudes de reconocimiento para las
organizaciones políticas que, posterior a esta fecha, realizaran la solicitud que
beneficiara su situación jurídica.

b) Esa data se circunscribió exclusivamente para que «oficiosamente» la
autoridad electoral aplicara, si a bien lo tuviera, los efectos inter comunis, sin que
eso excluyera las «solicitudes de parte» que hicieran los ciudadanos como
voceros de los colectivos políticos que podrían beneficiarse de tales efectos.

c) El derecho a constituir partidos políticos se extiende a mantener la personería
jurídica, el cual no puede verse limitado por el plazo de 10 días, pues una de las

112
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del
3 de agosto de 2015. Rad. 11001-03-28-000-2014-00128-00.

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garantías que tuvo en cuenta la Corte Constitucional fue precisamente resarcir las
prerrogativas violadas de aquellos integrantes del colectivo que con ocasión de la
grave violencia padecida y su conexidad con la pérdida de tal reconocimiento
jurídico, afectaron la libertad para fundar y mantener la estructura que tenían los
colectivos políticos.

d) Negar tal petición por cuenta del límite temporal, equivaldría a dar prevalencia
a las formas sobre el fondo, pues si el colectivo solicitante cumple con el requisito
principal de la sentencia, esto es, la acreditación de hechos de violencia grave y
ajenos a la voluntad del partido que hubieran afectado causalmente su actividad
política, la autoridad electoral se ve compelida a restituir tal atributo.

e) El certamen electoral de congreso de 2022, marcó un hito para la Corte
Constitucional de cara a la situación jurídica que vivió el restituido Nuevo
Liberalismo, sin que ello implique que las solicitudes presentadas con
posterioridad a dicho evento inhiban a la autoridad electoral de realizar los
estudios respectivos a fin de conceder los efectos inter comunis dispuestos en la
providencia.

f) Las precisiones que dejó sentada la Corte Constitucional respecto a las
elecciones de marzo de 2022, no implican que la máxima autoridad electoral
quede contenida para estudiar las peticiones posteriores que se enmarcaron en
los presupuestos sustanciales que el citado tribunal determinó, pues dicha
decisión de unificación se otorgó a fin de «garantizar condiciones de igualdad
frente a los demás partidos»; luego no se puede admitir una interpretación que
tome en cuenta ese propósito, para cerrar la puerta a otras solicitudes que
pretendan los colectivos a quienes se les canceló su personería jurídica en el
pasado y que se encuentren en los precisos términos en que se dictó dicha
providencia y conforme a los razonamientos de la presente decisión contenciosa.

g) La competencia establecida en la Constitución Política y la ley a favor del CNE,
no tiene ningún límite temporal para el despliegue de dicha función; luego, se
sigue, dicha autoridad tiene competencia in tempore para estudiar y acceder en
cualquier tiempo a las solicitudes que se le presenten, siempre y cuando, cumplan
con las exigencias jurisprudenciales para el reconocimiento excepcional de la
personería jurídica.

Dicho lo anterior, no se accederá al cargo propuesto.

2.8 De los cargos formulados como nulidad parcial del artículo 6º
parágrafos, 1º y 2º de la Resolución 1549 de 2023, relacionados con la
prohibición de la doble militancia.

Una vez resueltos los cargos de la demanda del expediente 2023-00040-00, la
Sección abordará lo propuesto en los (radicados 2023-00028-00 y 2023-00034-
00), para determinar si el artículo 6, parágrafos 1º y 2º de la Resolución 1549 del

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1º de marzo de 2023 vulneraron el ordenamiento jurídico superior113 y si se expidió
sin competencia funcional114.

2.8.1 Infracción de los artículos 4, 107 y 152115 de la Constitución Política y
2º de la Ley 1475 de 2011 –prohibición de la doble militancia–.

Como se expuso en la metodología de la presente decisión y tal como lo dispone
la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en
forma de república unitaria en la que la Carta Magna prevalece sobre las
disposiciones que la ley establezca, y conforme a ello, la norma superior tiene por
sentado que el ejercicio del derecho fundamental a conformar partidos políticos,
consagrado en los artículos 40, numeral 3 y 107 constitucionales, está
determinado por una serie de condiciones normativas, que propenden por
mantener un sistema coherente de cara a la real participación en democracia.

Aun cuando lo anterior es claro, la Corte Constitucional como garante de los
preceptos que componen el texto superior, ha desarrollado a través de su
jurisprudencia una serie de razonamientos que, como en el caso del Nuevo
Liberalismo, llevó a interpretar las reglas dispuestas en el artículo 108 para
concluir que estas reñían con las disposiciones del 40.3 y el 107 superiores.

Con base en ello, la posición vigente de este tribunal es que si la autoridad judicial,
advierte una antinomia entre principios y reglas, debe aplicar una hermenéutica
que sea favorable a las primeras como protección del derecho político y así
expandir la democracia a favor de este último.

Al acudirse a la sentencia SU – 257 de 2021, y tal como se dejó dicho en
precedencia, al no existir una relación de causalidad directa y efectiva entre los
hechos de violencia grave y sistemática que hubieren podido sufrir los miembros
de la NFD, y la afectación al derecho fundamental a la participación política; debe
decirse que, todos aquellos privilegios que devienen de dicha restitución no serán
aplicables.

Con base en lo anterior, la Corte ordenó como una forma de reparación a favor
de una colectividad política que demuestra no solo el padecimiento grave y
sistemático de violencia, sino también la existencia de ese vínculo inescindible
entre la cancelación de la personería jurídica y tales eventos de zozobra, la
posibilidad de recomponer sus filas sin que existan sanciones como las derivadas
de la aplicación de la doble militancia.

Frente a esto, la Corte razonó de la siguiente manera:

215. (…) la persecución con la misma finalidad de eliminar a sus demás líderes
por parte de organizaciones delincuenciales que, en su momento, le resultaba

113 Indicó la infracción del artículo 4º constitucional en armonía con los artículos 107 y 152 superiores y el 2 de la Ley
1475 de 2011 sobre la prohibición de la doble militancia.
114 Según esto, el CNE incurrió en un exceso de sus funciones, al haber regulado el régimen de las organizaciones
políticas, estando sometida dicha materia a reserva estatutaria.
115
Atendiendo a que según los demandantes, el legislador estatutario es la única autoridad que puede regular la materia.

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imposible controlar al Estado, modificó la situación de que gozaban sus dirigentes
frente a las demás organizaciones políticas (…) Por lo tanto, a quienes sufrieron
los hechos antes señalados les asiste el derecho a reagruparse (…).

398. (…) para garantizar la interpretación sistemática de las normas que protegen
a las personas que en últimas fueron víctimas de las conductas cometidas (…)
incluye el derecho a recobrar su personería jurídica, por lo cual una forma de
reparación consiste en devolvérsela y el derecho de sus fundadores y
dirigentes de la época que en que existió y que fueron elegidos en representación
del Partido y hoy están en otras agrupaciones políticas a que retornen al Partido
y en él puedan continuar ejerciendo sus derechos políticos.

399. Este caso obliga a plantear la necesidad de desbloquear la democracia
porque las barreras existentes como las que son objeto de análisis impiden el
desarrollo e implementación del principio pluralista que facilite la democracia
militante y que afecta tanto a las nuevas organizaciones políticas como a
sectores o tendencias de los propios partidos y movimientos políticos, porque
obtenida su personería jurídica, dada la rigidez de las reglas
constitucionales y legales, ésta se pierde o se debe cancelar, (…).

410.Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en el
momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones
congresariales de marzo de 2022, quedarán exceptuados de la obligación de
haber renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de
otros Partidos, al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción,
quienes fueron sus fundadores, integrantes de sus cuerpos directivos o elegidos
a corporaciones públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y
quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el
Partido Nuevo Liberalismo (esta última acreditada por el Consejo Nacional del
Nuevo Liberalismo) y ahora aspiren a ser elegidos en representación de ese
Partido en las elecciones a celebrarse en 2022. (Negrilla fuera de texto).

A partir de estos razonamientos, que poco fueron profundizados por la autoridad
electoral, la Resolución 1549 de 2023 estableció como garantía a favor del citado
colectivo lo siguiente:

ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR a todos los simpatizantes y antiguos militantes
de la Nueva Fuerza Democrática que deseen y se encuentren actualmente
afiliados y afiliadas a otras agrupaciones políticas, el término de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que presenten
la correspondiente renuncia a esas colectividades y tramiten la reincorporación
ante el partido político Nueva Fuerza Democrática, con arreglo a sus estatutos
internos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas que se reincorporen a la Nueva Fuerza
Democrática dentro del plazo indicado en este artículo, no incurrirán en la
prohibición de doble militancia prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley
1475 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la
Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones
públicas o cargos uninominales en representación de otras organizaciones
políticas, no perderán la dignidad que ocupan.

Esta disposición fue objeto de dos pronunciamientos por parte del Consejo
Nacional Electoral, el primero, a través de la Resolución 2776 del 12 de abril de

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11001-03-28-000-2023-00040-00

2023 en la que se aclaró116 e interpretó lo relativo a la doble militancia. La segunda
decisión administrativa se encuentra consignada en el acto administrativo 4258
del 7 de junio de 2023117.

En concreto, el precepto demandado quedó redactado bajo el siguiente tenor:

ARTÍCULO SEXTO: OTORGAR a todos los simpatizantes y antiguos militantes
(entiéndase quienes mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida
con la agrupación política”, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021. Esta
relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido
político conforme al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley
que estime idóneos para tal fin), de la Nueva Fuerza Democrática que deseen y
se encuentren actualmente afiliados y afiliadas a otras agrupaciones políticas, el
término de treinta (30) días hábiles118, contados a partir de la notificación de esta
resolución, para que presenten la correspondiente renuncia a esas colectividades
y tramiten la reincorporación ante el partido político Nueva Fuerza Democrática,
con arreglo a sus estatutos internos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las personas (fundadores del partido Nueva Fuerza
Democrática, los integrantes de sus cuerpos directivos, los que hayan sido
elegidos a corporaciones públicas como candidatos de la colectividad entre 1991
y 2006, y los “simpatizantes y antiguos militantes” (entiéndase por estos “quienes
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación
política”, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021). Esta relación directa
y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme
al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que estime idóneos
para tal fin), que se reincorporen a la Nueva Fuerza Democrática dentro del plazo
indicado en este artículo, no incurrirán en la prohibición de doble militancia
prevista en los artículos 107 superior y 2 de la Ley 1475 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las personas que tramiten la reincorporación ante la
Nueva Fuerza Democrática, pero hubiesen sido elegidos en corporaciones
públicas o cargos uninominales en representación de otras organizaciones
políticas, no perderán la dignidad que ocupan.

Conforme a lo anterior, la Sala Electoral comprende que al no haberse
demostrado esa relación de causalidad, la extensión automática de los efectos de

116
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución 1549 del 01 de marzo de 2023 (…) en el siguiente sentido: (i) la
expresión “simpatizantes y antiguos militantes” del artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución 1549 del 01 de
marzo de 2023 hace referencia a quienes en el pasado sostuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el
partido Nueva Fuerza Democrática. Esta relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el máximo
órgano de dirección del partido político. (…) el artículo sexto debe INTERPRETARSE de la siguiente forma: (ii) no incurrirán
en doble militancia los fundadores del partido Nueva Fuerza Democrática, los integrantes de sus cuerpos directivos, los
que hayan sido elegidos a corporaciones públicas como candidatos de la colectividad entre 1991 y 2006, y los
“simpatizantes y antiguos militantes” (entiéndase por estos “quienes mantuvieron una relación directa y públicamente
reconocida con la agrupación política”, en los términos de la Sentencia SU-257 de 2021). Esta relación directa y
públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme al procedimiento y los medios probatorios
permitidos en la ley que estime idóneos para tal fin.
117
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución 1549 del 01 de marzo de 2023 (…) en el siguiente sentido: (i) la
expresión “simpatizantes y antiguos militantes” del artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución 1549 del 01 de
marzo de 2023 hace referencia a quienes en el pasado sostuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el
partido Nueva Fuerza Democrática. Deberá entenderse por “simpatizantes y antiguos militantes” del partido “quienes
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política”, en los términos de la Sentencia
SU-257 de 2021. Esta relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme al
procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que estime idóneos para tal fin. (…) el artículo sexto debe
INTERPRETARSE de la siguiente forma: (ii) no incurrirán en doble militancia los fundadores del partido Nueva Fuerza
Democrática, los integrantes de sus cuerpos directivos, los que hayan sido elegidos a corporaciones públicas como
candidatos de la colectividad entre 1991 y 2006, y los “simpatizantes y antiguos militantes” (entiéndase por estos “quienes
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con la agrupación política”, en los términos de la Sentencia
SU-257 de 2021). Esta relación directa y públicamente reconocida deberá ser acreditada por el partido político conforme
al procedimiento y los medios probatorios permitidos en la ley que estime idóneos para tal fin.
118 Conforme a la constancia aportada por el CNE quedó ejecutoriado el acto administrativo el 16 de junio de 2023, día
hábil siguiente a la notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
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11001-03-28-000-2023-00040-00

la sentencia de unificación, como lo es la recomposición sin incurrir en la
prohibición de la doble militancia, es improcedente, pues como se explicó en
precedencia no se valoró de forma cuidadosa si el colectivo sufrió hechos
violentos que de manera sistemática eliminaron de forma directa y efectiva su
capacidad para ejercer el derecho a la participación política.

De cara a lo anterior, debe decirse que la Constitución Política de Colombia como
«instrumento vivo»119 que es, constantemente es interpretada por su guardiana,
lo cual supone, que su entendimiento y armonización sea uniforme y obligatoria
para todas las autoridades, debido a que se hace en los estrictos y precisos
términos del artículo 241 superior120.

Adicionalmente, la hermenéutica vertida en el caso del Nuevo Liberalismo y con
ello, la creación de la regla jurisprudencial y los efectos inter comunis, son por
ministerio de la propia carta magna, fuentes obligatorias para discernir
cabalmente el sentido de las reglas constitucionales, entre esas, la prohibición de
doble militancia.

Al respecto, y tal como se copió en precedencia, los párrafos 215, 398, 399 y 410
de la SU – 257 de 2021 desentrañaron el significado constitucional de dicha
prohibición, cuando se adviertan casos neurálgicos de afectación excepcional a
la libertad política y al derecho a conformar organizaciones de ese nivel. A partir
de ello, la interpretación expuesta en dicha providencia, no puede tener valor
opcional o puramente ilustrativo para las autoridades, puesto que es razonable
exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la norma, los alcances
que tuvo la flexibilización de la prohibición de la conducta prohibitiva a aquellos
colectivos que demuestren los condiciones precisadas por el tribunal
constitucional.

La Sección observa en igual sentido que, una lectura armónica de los precedentes
jurisprudenciales emitidos por la Corte en las sentencias C – 490 de 2011 y SU –
257 de 2021, respecto a la doble militancia, no implican que una se superponga
a la otra o estas se contraríen entre sí, contrario sensu, a partir de una lectura
integral de tales razonamientos, se tiene que las reglas de la doble militancia se
mantienen como límites generales a quienes participen en contra vía de dichas
disposiciones y a lo preceptuado por la Ley 1475 de 2011; empero, al restituirse
una personería jurídica por hechos graves de violencia sistemática, cuya relación
directa afectó la participación libre de los colectivos, es procedente aplicar la regla
jurisprudencial de la sentencia de unificación como una excepción a dicho
parámetro general.

Al hablarse de excepción a la regla, si la autoridad ve demostrados esos
parámetros estudiados que impidieron el ejercicio de las actividades políticas,

119
A partir de la sentencia C – 557 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional trajo a discusión
la teoría del derecho viviente.
120
Corte Constitucional, sentencia SU – 640 de 1998. «Si así no fuera, habría tantas constituciones como intérpretes».

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11001-03-28-000-2023-00040-00

procede la restitución y por consecuencia, el retorno de aquellos121: fundadores,
directivos, elegidos a corporaciones públicas entre 1991 al 2006 y los
simpatizantes, antiguos militantes, estos dos últimos bajo el entendimiento que
dio la sentencia de unificación.

Corolario de lo anterior, y respecto a este cargo presentado por la parte actora,
queda demostrado que en el presente asunto no se acreditó esa relación de
causalidad que permitiera entender que la NFD se vio limitada a participar en
condiciones de igualdad con las demás agrupaciones políticas, producto de la
violencia que adujo en sede administrativa; por esta razón, la extensión
automática de los efectos de la sentencia de unificación, como lo es la
recomposición sin incurrir en la prohibición de la doble militancia, era totalmente
improcedente.

2.8.1.1 Falta de competencia

En este punto, el demandante122 manifestó que: «se observa que el Consejo
Nacional Electoral crea una eximente tanto para la pertenencia simultánea a más de un
partido o movimiento político con personería jurídica como para las consecuencias
jurídicas de esa doble militancia, (…) En síntesis, existe una falta de competencia del
Consejo Nacional Electoral para asumir las funciones de regulación del asunto de la doble
militancia y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento, toda vez que tales
competencias fueron expresamente asignadas por el Constituyente al Congreso de la
República, evento por lo cual existen razones de inconstitucionalidad e ilegalidad por
transgresión».

Para la Sala es procedente razonar en los siguientes términos:

En primer lugar, tal como se viene diciendo en precedencia, el CNE por virtud de
las competencias legales y constitucionales123 y, en consideración a los derroteros
que dejó sentado el fallo unificatorio tiene plena competencia para reconocer

121
Esta categoría de sujetos fue establecida por la Corte Constitucional, así: 213. [E] en cuanto se refiere al Nuevo
Liberalismo objeto de análisis, desde 1984 se produjo un sistemático ataque contra sus fundadores y principales
dirigentes. Asesinados sus principales líderes, algunos de los que fueron amenazados, para proteger su vida e
integridad personal, debieron salir del país, otros suspendieron y muchos más abandonaron la lucha política que habían
iniciado (…). 214. Estos hechos se enmarcan dentro del contexto de perturbación política (…) puesto que en ese período
el país asistió a múltiples hechos de violencia que lo horrorizaron como (…) los atentados a dirigentes políticos del Nuevo
Liberalismo, (…) de la cual fue víctima la dirigencia del Nuevo Liberalismo, sus familias y sus simpatizantes. 397. Cuando
se le niega el derecho al Nuevo Liberalismo de recuperar la personería jurídica (…) se viola directamente la Constitución
en aquellas disposiciones que justamente garantizan la fundación, permanencia y continuidad de los partidos y el derecho
de sus fundadores, directivos y representantes a pertenecer a ellos libremente hasta su retiro (artículos 1, 3, 40-3 y
107). 398. (…) incluye el derecho a recobrar su personería jurídica, por lo cual una forma de reparación consiste en
devolvérsela y el derecho de sus fundadores y dirigentes de la época que en que existió y que fueron elegidos en
representación del Partido y hoy están en otras agrupaciones políticas a que retornen al Partido y en él puedan continuar
ejerciendo sus derechos políticos. 410. Así mismo, en la medida en que esta Sentencia se profiere y se notifica en el
momento en que ya está en curso el calendario electoral para las elecciones congresariales de marzo de 2022, quedarán
exceptuados de la obligación de haber renunciado a la curul que actualmente ocupan en representación de otros Partidos,
al menos con 12 meses antes del primer día de inscripción, quienes fueron sus fundadores, integrantes de sus cuerpos
directivos o elegidos a corporaciones públicas como candidatos de ese Partido entre 1980 y 1988 y quienes
mantuvieron una relación directa y públicamente reconocida con el Partido Nuevo Liberalismo (esta última
acreditada por el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo) y ahora aspiren a ser elegidos en representación de ese Partido
en las elecciones a celebrarse en 2022. (Negrilla fuera de texto).
122
Demanda 2023 -00028-00.
123
ARTÍCULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral
de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales,
directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de
autonomía presupuestal y administrativa.

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extraordinariamente la personería jurídica, y como fórmula reparadora, puede
otorgar la excepción de la doble militancia.

En segundo momento, si esta autoridad electoral ve satisfechas las exigencias
que fija la Corte Constitucional y esta Sala Especializada Electoral de cara a
conceder la restitución de tal atributo, es lo subsiguiente permitir la reintegración
de sus directivos, militantes y simpatizantes sin las consecuencias de dicha
prohibición, como se concluyó en la SU – 257 de 2021.

Como tercer precisión, lo que se juzga en el sub examine es precisamente si esa
reincorporación era procedente o no; luego, conforme a lo hilvanado en
precedencia la conclusión es que NO cabía dicha protección a favor de esos
integrantes del extinto colectivo político, comoquiera que no se configuraron los
supuestos fácticos, probatorios y jurídicos para dar dicho estatus.

Conforme a lo anterior, esta Sala concluye:

i) La autoridad electoral aplicó el benefició que permitía reagruparse a la
NFD, sin ser ello posible, tanto para la pertenencia simultánea a más de un
partido o movimiento político con personería jurídica como para las
consecuencias jurídicas de la doble militancia.

ii) Con todo, el cargo no prospera, comoquiera que el CNE tiene la atribución
de conceder este privilegio, si y solo si, el colectivo demuestra el
cumplimiento de los requisitos sustanciales que dejó sentada la sentencia
de unificación.

2.9. De la inviolabilidad del estatuto de la oposición

Finalmente, cabe destacar que el representante legal de la organización política,
en su contestación124 propuso que, de accederse a lo pretendido por la parte
actora, se violaría el estatuto de la oposición, consagrado en el artículo 112
superior y la Ley 1909 de 2018, debido a que Nueva Fuerza Democrática ya
definió su posición política ante el gobierno nacional.

Al respecto, debe decirse que en la precitada providencia de unificación 125 la
Corte recordó a la luz de la interpretación del artículo 40 superior, que el alcance
de la expresión (sin limitación alguna), no puede tomarse de manera aislada y con
ella, señalarse que le es dado a los ciudadanos fundar partidos y movimientos del
tipo que sea, en las condiciones que se quiera, y de la forma y con el
procedimiento que se desee, pues a todas luces esta lectura del texto
constitucional es errada por cuanto la propia Carta fija limitaciones al ejercicio de
este derecho, al igual que sucede con cualquier otra garantía.

124
Demanda 2023-00034-00.
125
Párrafo 370.

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11001-03-28-000-2023-00040-00

Por tal motivo, al no demostrarse que la citada agrupación cumplió con los
estándares hermenéuticos que fijó la sentencia SU – 257 de 2021, no se puede
decir que se afectaron otros derechos, como lo es el de la oposición, pues al igual
que las demás prerrogativas, estos encuentran un límite en el concepto mismo de
democracia participativa que comprende el respeto por los procedimientos
establecidos por la propia norma superior, la jurisprudencia constitucional,
contenciosa, la ley y la imposición a las autoridades del deber de salvaguardar la
integridad del proceso político.

Con todo, de una lectura integral del auto de seguimiento 2691 de 2023 se puede
indicar que la sola previsión en la Constitución Política de la libertad para crear
organizaciones políticas, por sí sola, no puede devastar el sistema de partidos, so
pretexto de que los interesados argumenten una apertura del proceso
democrático y que conlleve por esa situación a exigir, entre otros el respeto por
los derechos de la oposición.126

2.10 Otras consideraciones: la modulación de los efectos del fallo

Conforme a la declaratoria de nulidad del acto administrativo por el cual el CNE
reconoció personería jurídica al partido político Nueva Fuerza Democrática, no
pasa inadvertido por la Sala que esta colectividad utilizó dicho atributo, entre otros
para ejercer los derechos que del mismo se derivan, especialmente otorgar avales
a candidatos en las pasadas elecciones populares territoriales del 29 de octubre
de 2023.

Siendo así, apelando a la presunción de legalidad que subsistió al citado acto
administrativo, los principios de confianza legítima, buena fe y a la facultad de
modulación de los fallos de nulidad electoral127, se advertirá en la parte resolutiva
que la nulidad produce efectos ex nunc, es decir, en adelante o hacia el futuro.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

3. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 1549 del 1º de marzo de
2023, por la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica
del partido político Nueva Fuerza Democrática.

SEGUNDO: MODULAR los efectos de la decisión de nulidad, entendiendo que los
mismos son hacia futuro y desde la ejecutoria de la presente sentencia.

126
Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes.
127
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril del 2017. Rad. 11001-03-25-000-2013-
01087-00 (2512-2013), M.P. Sandra Lissette Ibarra Vélez. Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2011, Rad. 11001-
03-28-000-2010-00120-00 (2010-00120), MP. Alberto Yepes Barreiro.

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Demandantes: Diego Andrés Pinilla Durán y otros
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicados: 11001-03-28-000-2023-00034-00
11001-03-28-000-2023-00028-00
11001-03-28-000-2023-00040-00

ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede recurso
alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(Ausente con permiso)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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