Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00223-00 (Principal)
11001-03-28-000-2025-00007-00 (Acumulado)
Demandantes: Luis Fernando Vega Lugo y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Temas: Personería jurídica de partidos políticos cuyos militantes han
sido víctimas de actos de violencia.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala dicta sentencia de única instancia en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1. Los ciudadanos Luis Fernando Vega Lugo1 y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe2, en
nombre propio, instauraron demandas en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 contra la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023,
por la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció personería jurídica al partido
Gente en Movimiento.
1.1.1. Hechos
2. Los demandantes relataron de forma similar los que se exponen a continuación:
3. El señor Óscar Tulio Lizcano González fue secuestrado el 5 de agosto de 2000 por las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
4. Estando en cautiverio, el señor Lizcano González fue inscrito como candidato a la
Cámara de Representantes por Caldas para el período 2002-2006 por la organización
«Caldas Libre», constituida por su esposa y su hijo, Óscar Mauricio Lizcano Arango; sin
embargo, no logró la curul, debido a su ausencia física en la campaña.
5. El último de los mencionados fue elegido representante a la Cámara por Caldas por el
partido de la U para el período 2006-2010 y como senador para 2010-2014 y 2014-2018,
avalado por la misma organización política.
6. El señor Óscar Tulio Lizcano González fue elegido representante a la Cámara por
Caldas para el período 2018-2022 por el partido de la U.
1
Rad. 11001-03-28-000-2024-00223-00.
2
Rad. 11001-03-28-000-2025-00007-00.
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Demandantes: Luis Fernando Vega Lugo y otro
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7. El 30 de junio de 2021 los señores Argemiro Rincón, Leidy Johana Mejía y Óscar
Mauricio Lizcano Arango inscribieron el grupo significativo de ciudadanos Gente en
Movimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
8. La colectividad postuló lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el
departamento de Caldas para las elecciones del 13 de marzo de 2022, en las que obtuvo
una curul el señor Wilder Escobar Ortiz.
9. En febrero de 2023 se llevó a cabo la asamblea fundacional del partido Gente en
Movimiento, se aprobaron sus estatutos, logosímbolo y plataforma ideológica y se
designó como director nacional al señor Óscar Tulio Lizcano González.
10. El 6 de marzo de 2023, el señor Lizcano González solicitó al Consejo Nacional
Electoral reconocer la personería jurídica del partido Gente en Movimiento, con
fundamento en la sentencia SU-257 de 2021, el Acuerdo de Paz de 2016 y la doctrina
del propio CNE, debido a su secuestro y al asesinato de los señores Rubiela Hoyos de
Pineda, alcaldesa de Marquetalia y Rigoberto Castaño Guzmán, alcalde de Marulanda,
ambos municipios del departamento de Caldas.
11. El CNE accedió a la solicitud a través del acto acusado, que también ordenó el
registro de sus documentos constitutivos.
1.1.2. Concepto de la violación
12. La parte actora consideró que la Resolución 2938 de 19 de abril de 2023 incurrió en
las causales de nulidad por infracción normativa y falsa motivación, previstas en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
13. Sobre lo primero, argumentó que la personería jurídica de Gente en Movimiento
debía analizarse frente a la regla ordinaria del umbral de votación consagrada en el
artículo 108 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 3º de la Ley
130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011.
14. Resaltó que la colectividad no tenía dicho atributo antes del secuestro del señor
Óscar Tulio Lizcano González, de modo que no respondía a la situación del partido Nuevo
Liberalismo analizada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-257 de 2021. Al
respecto, afirmó que no existe una relación de causalidad directa y efectiva entre ese
suceso y la participación política del partido, ni actos de violencia sistemática contra sus
militantes, como lo exigió ese precedente para aplicar los efectos inter comunis de la
decisión.
15. También destacó los éxitos electorales del señor Lizcano González y su hijo Óscar
Mauricio Lizcano Arango con el aval del partido de la U, la inscripción del grupo
significativo de ciudadanos Gente en Movimiento en el 2022 y la curul que logró en la
Cámara de Representantes en las elecciones de ese año, todo ello para referir que la
personería jurídica otorgada no correspondía a una medida de restablecimiento por los
presuntos hechos violentos.
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16. Agregó que el acuerdo de paz de 2016 únicamente autorizaba al CNE para reconocer
personería jurídica a la organización que conformaran las FARC y que no eliminó el
régimen de los partidos políticos.
17. En cuanto a la falsa motivación, aseguró que el acto acusado adoptó una medida de
reparación individual y desproporcionada que restituyó una personería jurídica que no
existía. Concluyó que la situación del Nuevo Liberalismo y de Gente en Movimiento no
eran asimilables.
1.2. Admisión de las demandas y acumulación de los procesos
18. Las demandas fueron admitidas mediante autos del 16 de diciembre de 20243 y 21
de enero de 20254, por cumplir los requisitos formales que exigen los artículos 162 y 163
de la Ley 1437 de 2011.
19. A través de auto del 21 de abril de 2025, se dispuso la acumulación de los procesos,
ante la constatación de los presupuestos establecidos en los artículos 148 y 150 del
Código General del Proceso, en cuanto a la identidad de la pretensión, la autoridad
demandada, la causa y el objeto.
1.3. Contestaciones de las demandas
1.3.1. Consejo Nacional Electoral
20. La entidad defendió su competencia para reconocer la personería jurídica de las
organizaciones políticas y en el caso del partido Gente en Movimiento, aseguró que la
decisión tuvo fundamento, en primer lugar, en la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional, pues los integrantes de la colectividad fueron víctima del conflicto armado,
al igual que el Nuevo Liberalismo.
21. Explicó que la jurisprudencia ha definido excepciones al régimen de la personería
jurídica de los partidos políticos que permiten desligar el requisito del umbral de votación
regulado en el artículo 108 superior, especialmente en los casos de Colombia Humana 5
y la Unión Patriótica6.
22. Señaló que las cláusulas del Acuerdo Final de Paz de 2016 apuntan a la remoción
de obstáculos en las normas vigentes del sistema electoral, como el referido umbral de
3
Rad. 11001-03-28-000-2025-00007-00, MP. Gloria María Gómez Montoya. Adicionalmente, se admitió la reforma de esta demanda
mediante auto de 12 de mayo de 2025, en cuanto a la modulación de los efectos de la pretensión de nulidad del acto acusado. El
escrito de reforma señala expresamente: “Por las razones expuestas, reformo la demanda (en particular, la modulación de los efectos)
en el sentido de que se debe declarar NULA la Resolución No. 2938 del 19 de Abril de 2023, pues el grupo significativo de ciudadanos
«Gente en Movimiento» incumplió además los requisitos establecidos en el artículo 108 Constitucional, motivo por el cual NO se le
debe reconocer el atributo de la personería jurídica y, en tal consideración, el acto administrativo demandado debe ser expulsado del
ordenamiento jurídico. Ahora bien, en punto a la propuesta metodológica que se hace sobre la declaratoria de los efectos en el tiempo
de la nulidad, conforme a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos por los cuales el CNE reconoció personería jurídica
a los partidos políticos Fuerza Ciudadana, Independientes, Creemos, En Marcha, Todos Somos Colombia y, recientemente, la Nueva
Fuerza Democrática, no ha pasado inadvertido por esta Sala Electoral que aquellas colectividades utilizaron dicho atributo de la
personería, entre otros, para ejercer los derechos que del mismo se derivan, especialmente otorgar avales a candidatos en las
pasadas elecciones populares territoriales del 29 de Octubre de 2023. Siendo así, apelando a la presunción de legalidad que subsistió
a los citados actos administrativos, los principios de confianza legítima, buena fe y a la facultad de modulación de los fallos de nulidad
electoral16 ha advertido en la parte resolutiva que la nulidad produce efectos ex nunc, es decir, en adelante o hacia el futuro.
Comoquiera que la agrupación política «Gente en Movimiento» utilizó dicho atributo de la personería jurídico, entre otros, para ejercer
los derechos que del mismo se derivan, especialmente otorgar avales a candidatos en las pasadas elecciones populares territoriales
del 29 de Octubre de 2023, es que se estima que la nulidad debe producir efectos ex nunc”.
4
Rad. 11001-03-28-000-2024-00223-00, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
5
Remitió a: Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021.
6
Hizo referencia a: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00.
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votación, para facilitar el ejercicio del derecho a constituir partidos y movimientos
políticos.
23. Por consiguiente, concluyó que el acto acusado fue el resultado de una
«interpretación sistemática e integradora del ordenamiento jurídico», que respetó la
obligatoriedad del precedente jurisprudencial7 y administrativo8, con el propósito de
«salvaguardar derechos constitucional y convencionalmente protegidos relacionados con
la participación política».
24. Finalmente, indicó que Gente en Movimiento cumplió con el requisito del artículo 108
constitucional, porque participó como grupo significativo de ciudadanos en las elecciones
del Congreso en el 2022 y obtuvo la curul del representante a la Cámara Wilder Iberson
Escobar Ortiz.
1.3.2. Partido Gente en Movimiento
25. La colectividad se opuso a las pretensiones de las demandas. Afirmó que su
personería jurídica se debió a que sus integrantes y fundadores se encontraban en una
situación similar a la de los partidos Nuevo Liberalismo y Unión Patriótica, de conformidad
con las subreglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-257 de
2021 y por el Consejo de Estado.
26. En tal sentido, explicó que el señor Óscar Tulio Lizcano y su grupo no pudieron
ejercer su actividad política libremente y en condiciones de igualdad, como consecuencia
de «una extinción sistemática de sus militantes a través de: homicidios con fines políticos,
secuestros y desplazamiento forzado, siendo estos crímenes de lesa humanidad».
27. Además del secuestro del mencionado previamente, ocurrido el 5 de agosto de 2000
en el departamento de Antioquia, su grupo político fue víctima de los siguientes actos de
violencia sistemática: asesinato de los señores Samuel Rendón y Sergio López, líderes
del corregimiento San Diego en Samaná, Caldas (marzo de 2000); secuestro de la señora
Silvia Victoria López Cuesta, candidata a la Alcaldía de Riosucio, Caldas (agosto de
2000); secuestro y asesinato de la señora Rubiela Hoyos de Pineda, alcaldesa de
Marquetalia, Caldas (febrero de 2002); asesinato del señor Rigoberto Castaño Tovar,
alcalde de Marulanda, Caldas (octubre de 2006); y secuestro del señor Juan Carlos
Lizcano Arango, hijo del señor Óscar Tulio Lizcano (abril de 2006).
28. Adujo que la parte actora desconoce las diferentes modalidades de asociaciones
políticas que son objeto de protección constitucional y resaltó que el señor Lizcano
lideraba para la época de su secuestro una fuerza política al interior del Partido
Conservador, denominada «Caldas Libre» o «facción Lizcanista», que respaldó su
inscripción como candidato para las elecciones del Congreso del año 2002 durante su
cautiverio. Agregó que ese hecho explica que perdiera la curul de representante a la
Cámara que había logrado en el año 1998 y que se desarticulara su proyecto político.
7
Citó, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2011.
8
Mencionó el artículo 10 del CPACA.
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1.4. Auto para dictar sentencia anticipada
29. Mediante auto de 22 de julio de 2025, la magistrada ponente incorporó las pruebas
documentales aportadas con la demanda y las contestaciones. También negó la
testimonial solicitada por el partido Gente en Movimiento9 y una documental requerida
por el demandante Luis Fernando Vega Lugo10.
30. Adicionalmente, fijó el litigio en los siguientes términos:
Determinar si es nulo el acto administrativo contenido en la Resolución 2938 del 19 de abril de
2023 expedida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se reconoció personería
jurídica al partido político «Gente en Movimiento», por desconocer presuntamente el artículo
108 de la Constitución Política y la supuesta indebida aplicación del precedente fijado en la
Sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional; además por «falsa motivación» por no
realizar un análisis riguroso de la situación antes de los hechos de violencia presentados. Para
ello deberá tenerse en cuenta los argumentos de defensa y excepciones de mérito
presentados en los escritos de contestación a la demanda.
31. En la misma providencia se corrió traslado para alegar y para que el Ministerio Público
rindiera concepto, de conformidad con el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011.
1.5. Alegatos de conclusión
32. Luis Fernando Vega Lugo. El demandante destacó la violencia política que ha
marcado al país y reconoció el caso particular de la familia Lizcano como víctima del
conflicto armado; sin embargo, ratificó los argumentos de la demanda, en cuanto a que
su caso no es equiparable a los de la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo, dado que
Gente en Movimiento fue creado en el año 2022, es decir, mucho tiempo después de los
hechos que valoró el CNE para otorgarle la personería jurídica.
33. Destacó que el señor Óscar Tulio Lizcano ejercía su actividad política dentro del
Partido Conservador y particularmente en el departamento de Caldas, razón por la cual
consideró que el acto acusado es contrario al propósito constitucional de promover un
sistema de partidos fuertes, con ideologías claras y alejados del caudillismo.
34. Advirtió que, tanto el señor Óscar Tulio Lizcano, como su hijo Óscar Mauricio, han
ejercido su actividad política con plenas garantías desde el Partido de la U, con éxitos
electorales en el Congreso de la República desde el año 2018.
35. Así las cosas, ratificó los cargos de infracción del artículo 108 de la Constitución
Política y falsa motivación.
36. Gente en Movimiento. Reiteró las razones expuestas en la contestación de la
demanda para oponerse a la nulidad del acto acusado, en tanto se ajusta a los
lineamientos de la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional. En ese orden,
insistió en que la colectividad «fue excluida del ejercicio político, por la imposición de la
violencia política sistemática materializada por situaciones excepcionales y ajenas a su
9
Se trataba de las declaraciones de los señores Óscar Tulio Lizcano González, Silvia Victoria López Cuesta y Wilson Bueno Largo,
negadas por innecesarias, «toda vez que para analizar la legalidad de la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023 resulta suficiente
la documental aportada por las partes, frente al sustento de la decisión demandada».
10
Negada porque no demostró haber solicitado previamente al Consejo Nacional Electoral «todos los elementos que comprueben la
existencia del partido GENTE EN MOVIMIENTO previos a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP
del 26 de noviembre de 2016».
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voluntad», lo que justifica que no se aplique de forma estricta el requisito del umbral de
votación y se proteja su derecho a reagruparse políticamente.
37. Interpretó que la providencia referida no restringió la aplicación de los efectos inter
comunis a organizaciones formalmente constituidas al momento de los hechos de
violencia y recordó que el señor Óscar Tulio Lizcano lideraba una corriente ideológica al
interior del Partido Conservador, que resultó afectada por su secuestro durante ocho años
y los demás actos de violencia sistemática que sufrieron otros seguidores del proyecto
político, catalogados como crímenes de lesa humanidad.
1.6. Concepto del Ministerio Público
38. La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó que se accediera a
la nulidad del acto acusado, por considerar que la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional no era aplicable al caso. A partir de las pruebas del expediente, observó
que el señor Óscar Tulio Lizcano González pertenecía al momento de su secuestro a una
fuerza política diferente a Gente en Movimiento, el cual nació 14 años más tarde como
grupo significado de ciudadanos para las elecciones del Congreso de la República de
2022, en las que resultó elegido el señor Wilder Iberson Escobar Ortiz como
representante a la Cámara por Caldas.
39. Sobre el punto, destacó que dicho grupo no tuvo inicialmente relación directa con el
señor Lizcano González, pues quien figura en el formulario E-6 CT de inscripción de la
lista fue su hijo, el señor Óscar Mauricio Lizcano Arango, quien ha tenido su propia
trayectoria política. También resaltó que el señor Lizcano González se inscribió y fue
elegido por el Partido de la U en la misma circunscripción de la Cámara para el período
2018-2022.
40. Concluyó que el acto grave y reprochable del secuestro no tiene un nexo causal con
la conformación del grupo significativo de ciudadanos Gente en Movimiento, razón por la
cual consideró que el reconocimiento de la personería jurídica debió estudiarse conforme
a la regla ordinaria prevista en el artículo 108 de la Constitución Política. Por consiguiente,
afirmó se configuran en este caso las causales de nulidad por infracción normativa y falsa
motivación.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. La Sala es competente para conocer y tramitar en única instancia el proceso de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley
1437 de 201111 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 201912, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
11
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el
reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: 1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos
por las autoridades del orden nacional (…).
12
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: (…) Sección
Quinta: (…) 2. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral (…).
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2.2. Problema jurídico
42. Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, por
la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció personería jurídica al partido Gente
en Movimiento, debe anularse por las causales de falsa motivación e infracción del
artículo 108 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 3º de la Ley
130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011.
2.3. La violencia política como criterio para decidir sobre la personería jurídica de
los partidos y movimientos políticos
43. Los partidos y movimientos políticos son actores decisivos para el Estado, a la hora
de hacer efectivo el principio democrático. No solo participan en las decisiones del
Estado, a través de los candidatos elegidos popularmente que acceden al poder público,
sino que, además, aglutinan las opiniones y posturas de las personas en torno a
propuestas y plataformas ideológicas, al menos en democracias sanas y funcionales13.
44. La Constitución Política de 1991 hace mención expresa de ellos y les otorga varias
prerrogativas para cumplir su crucial rol. Particularmente, la personería jurídica les da
estatus, legitimidad y permanencia frente a otras formas de organización con fines
políticos, como los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos14. Así
mismo, les da derecho a recibir financiación parcial estatal para su funcionamiento,
difundir sus ideas y programas a través de los medios de comunicación, declararse en
oposición al gobierno y otorgar avales para la inscripción de candidatos.
45. La vía para adquirir y mantener ese atributo es, por regla general, el esfuerzo electoral
que se representa en el umbral mínimo de votación en las elecciones al Congreso de la
República, definido en el 3% de la votación válida nacional en Senado o Cámara, de
conformidad con el artículo 108 superior. Así, cada cuatro años el Consejo Nacional
Electoral, por virtud de la función prevista en el numeral 9 del artículo 265 constitucional,
expide el acto administrativo que expone los resultados de las agrupaciones participantes
en dichos comicios y hace las respectivas declaraciones.
46. Al lado de lo anterior, la personería jurídica se puede obtener por excepción, entre
otros casos, cuando la organización logra una curul en alguna circunscripción especial
del legislativo15, alcanza la segunda votación en las elecciones presidenciales16 o sufre
actos de violencia que le impiden ejercer el derecho a la participación 17, según la
Constitución y la jurisprudencia.
47. La violencia como criterio para ser reconocido como partido o movimiento político con
personería jurídica surge justamente de una construcción jurisprudencial suscitada por el
caso del partido Unión Patriótica con la sentencia que profirió en el 2013 la Sección
13
Sobre la relevancia institucional de los partidos y movimientos políticos, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia de 16 de septiembre de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2011-00221-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
14
Acerca de estas prerrogativas de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, ver: Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-00046-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
15
Constitución Política, artículo 108.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-316 de 2021, MP. Alejandro Linares Cantillo.
17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00, MP. Susana Buitrago
Valencia. Corte Constitucional, sentencia SU-257 de 2021, MP. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Quinta del Consejo de Estado18 y consolidada con el antecedente del Nuevo Liberalismo
que provino de la Corte Constitucional en el 202119.
48. En ambos eventos, las cortes ordenaron al Consejo Nacional Electoral restituirles tal
condición, por considerarlos víctimas de actos de violencia y delitos de lesa humanidad
que debilitaron sus posibilidades de permanecer en el panorama político y electoral
nacional, en detrimento de los derechos de sus principales dirigentes y de sus militantes.
49. De los pronunciamientos referidos, se destaca que esas circunstancias
extraordinarias imponen que la regla del umbral de votación sea interpretada en clave
con el principio democrático y de participación, de modo que la personería jurídica pueda
contribuir a su ejercicio e incluso sirva como instrumento de reparación. Para el efecto,
es necesario que las pruebas del proceso acrediten que la respectiva organización
política se encontraba en una situación que no le permitía ejercer sus derechos en
términos de igualdad con las demás.
50. Así, el Consejo de Estado advirtió para la Unión Patriótica que esta «fue objeto de
acciones en su contra provenientes de fuerzas oscuras dirigidas a asesinar
selectivamente a muchos de sus miembros, varios de los cuales habían sido elegidos en
cargos de elección popular en alcaldías y en corporaciones públicas, en las diferentes
elecciones en las que el Partido Político pudo participar, antes de las del año 2002», lo
cual afectó considerablemente su desempeño electoral en las elecciones del Congreso
de ese año y que derivó en la cancelación de su personería jurídica.
51. En términos similares, la Corte Constitucional destacó que, si bien el partido Nuevo
Liberalismo había solicitado voluntariamente la cancelación de su personería jurídica y
se había reintegrado como sector del partido Liberal Colombiano, lo cierto es que el
posterior magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, sumado a otros hechos delictivos
contra su dirigencia, generaron «un ambiente de miedo, zozobra e incertidumbre» que
paralizó su funcionamiento, dentro o fuera de dicha colectividad, como proyecto político
organizado y con capacidad para continuar su actividad.
52. Con el mismo rasero se analizó el caso del partido Verde Oxígeno, en el cual esta
corporación recientemente advirtió que el secuestro de su fundadora y principal figura
nacional fue catalogado como un crimen de lesa humanidad que debilitó seriamente a la
colectividad y finalmente condujo a su desaparición como opción política20.
53. A su turno, no habrá lugar a reconocer o restaurar la personería jurídica cuando, a
pesar de mediar actos de violencia grave y sistemática, estos no guardan una relación
directa con las posibilidades de participación política ni con la existencia de la personería
jurídica de la organización, como ocurrió con el partido Nueva Fuerza Democrática21.
54. En conclusión, corresponde al operador jurídico evaluar en cada caso si la situación
de determinada organización política encuadra en los supuestos definidos por la
jurisprudencia para establecer si tiene derecho a obtener, conservar o recuperar su
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00, MP. Susana Buitrago
Valencia.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-257 de 2021, MP. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
20
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-28-000-2024-00197-00 (Acumulado), MP.
Gloria María Gómez Montoya.
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-00034-00 (Acumulado),
MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00223-00 (Principal)
personería jurídica como partido o movimiento político, de cara a las pruebas aportadas
a la actuación administrativa o judicial.
2.4. El caso concreto
55. De acuerdo con la fijación del litigio, en este caso corresponde a la Sala determinar
si la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023 del Consejo Nacional Electoral debe
anularse, por infracción de los artículos 4º y 108 de la Constitución Política, 3º de la Ley
130 de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011 y por falsa motivación.
56. Para los demandantes y el Ministerio Público, Gente en Movimiento no demostró
condiciones similares al Nuevo Liberalismo para obtener la personería jurídica como
partido, de acuerdo con las subreglas de la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte
Constitucional, en tanto el secuestro del señor Óscar Tulio Lizcano González no tiene
una relación directa con la posterior conformación y actividad política de dicha
organización.
57. Por su parte, el CNE y el partido argumentan que en ambos casos se reconoció la
personería jurídica para garantizar el derecho a la participación de facciones políticas con
reconocimiento y respaldo popular, que fueron víctimas de actos de violencia sistemática.
58. Así planteadas las posturas de las partes, se analizarán las pruebas aportadas al
expediente sobre los actos de violencia alegados, la participación política de las personas
que se señalan como integrantes de la colectividad y el origen de Gente en Movimiento,
con el fin de establecer si el acto acusado responde a los lineamientos jurisprudenciales
en la materia.
a) Actos de violencia
59. El representante a la Cámara por el departamento de Caldas por el Partido
Conservador Colombiano, señor Óscar Tulio Lizcano González, fue secuestrado el 5 de
agosto de 2000 por las FARC-EP en el sector «Tres Cruces», en la vía que conduce del
municipio de Riosucio a Jardín, en el departamento de Antioquia22. Su secuestro se
prolongó por ocho años, dos meses y 21 días23.
60. En esa misma oportunidad fue secuestrada la señora Silvia Victoria López, quien
para entonces era candidata a la Alcaldía de Riosucio, liberada siete días después24.
61. La señora Rubiela Hoyos de Pineda, exalcaldesa de Marquetalia (Caldas) y
candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en el 2002, fue
secuestrada y asesinada en el municipio de Samaná en febrero de ese año25.
22
Sobre este hecho, ver, entre otras pruebas: Resolución SAI-AOI-RC-JCP-0699-2023 del 4 de agosto de 2023, Sala de Amnistía o
Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Documento aportado con la contestación de la demanda del partido Gente en
Movimiento.
23
Ver: Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 302). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00)
24
Hecho narrado en la Resolución SAI-AOI-RC-JCP-0699-2023 del 4 de agosto de 2023, Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). Documento aportado con la contestación de la demanda del partido Gente en Movimiento.
25
El Tiempo, «Asesinan a exalcaldesa (ilegible)», 11 de febrero de 2002. Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048
(página 328). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
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Radicación: 11001-03-28-000-2024-00223-00 (Principal)
62. El señor Juan Carlos Lizcano Arango, hijo menor del señor Óscar Tulio Lizcano
González, fue secuestrado el 28 de abril de 2006, en el corregimiento Irra, departamento
de Risaralda26, y rescatado por el Ejército Nacional el 22 de julio del mismo año27.
63. El 14 de octubre de 2006 fue asesinado el señor Rigoberto Castaño Tovar, alcalde
de Marulanda (Caldas)28.
b) Participación política de las personas que se señalan como integrantes de
la colectividad
64. El señor Óscar Tulio Lizcano González fue elegido representante a la Cámara por la
circunscripción departamental de Caldas para el período 1998-2002 por el Partido
Conservador Colombiano29.
65. Durante su cautiverio, el señor Lizcano González fue inscrito por el Partido
Conservador como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de
Caldas para el período 2002-2006, como lo indican el aval y el formulario E-630.
66. La señora Rubiela Hoyos de Pineda fue alcaldesa de Marquetalia (Caldas) y
candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador en el 200231.
67. La señora Silvia Victoria López fue candidata a la Alcaldía de Riosucio (Caldas) en el
año 200032, postulada por el Partido Conservador33.
68. El señor Óscar Mauricio Lizcano Arango fue elegido representante a la Cámara por
el departamento de Caldas en las elecciones del 12 de marzo de 2006, para el período
2006-2010, por el Partido de Unidad Nacional (Partido de la U), según la certificación
de la Registraduría Nacional del Estado Civil34.
69. El señor Óscar Mauricio Lizcano Arango fue elegido senador en los períodos 2010-
2014 y 2014-2018 por el Partido de la U, de acuerdo con la certificación de la Secretaría
General del Senado de la República35.
70. El señor Óscar Tulio Lizcano González fue elegido representante a la Cámara por el
departamento de Caldas para el período 2018-2022 por el Partido de la Unión por la
Gente, de acuerdo con la certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil 36.
26
El Tiempo, «Secuestrado hijo de Oscar Tulio Lizcano», 30 de abril de 2006. Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-
006048 (página 306). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
27
El Colombiano, «El secuestro de los Lizcano». Semana, «Estoy libre pero mi corazón sigue en la selva», 24 de julio de 2006.
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 310). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
28
Comunicado de la Fiscalía General de la Nación, «Condenas por crimen de Alcalde de Marulanda (Caldas), 27 de julio de 2009.
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 350). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
29
Información suministrada por el apoderado del partido Gente en Movimiento en la contestación de la demanda.
30
Documentos aportados con la contestación de la demanda del partido Gente en Movimiento.
31
El Tiempo, «Asesinan a exalcaldesa (ilegible)», 11 de febrero de 2002. Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048
(página 328). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
32
Así se afirma en la Resolución SAI-AOI-RC-JCP-0699-2023 del 4 de agosto de 2023, Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP). Documento aportado con la contestación de la demanda del partido Gente en Movimiento.
33
En los antecedentes del acto administrativo aportados con la contestación a la demanda presentada por el CNE en el expediente
2025-00007-00, obra reporte de prensa que relata sobre el cautiverio de la mencionada, indicándose que ella tenia la condición de
candidata a la Alcaldía de Riosucio por el Partido Conservador Colombiano.
34
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 376). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
35
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 377-378). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
36
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 365). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
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c) Gente en Movimiento
71. Los señores Óscar Mauricio Lizcano Arango, Argemiro Rincón Arango y Leidy
Johana Mejía González conformaron el comité inscriptor de la lista de candidatos a la
Cámara de Representantes del departamento de Caldas por el grupo significativo de
ciudadanos Gente en Movimiento para las elecciones del 13 de marzo de 2022, período
2022-2028, según el formulario E-6 CT37.
72. El señor Wilder Iberson Escobar Ortiz fue elegido representante a la Cámara por
Caldas para el período 2022-2026, por el mencionado grupo significativo de ciudadanos,
de acuerdo con el formulario E-26 CAM38.
73. El 6 de marzo de 2023, el señor Óscar Tulio Lizcano solicitó ante el CNE la personería
jurídica del partido político Gente en Movimiento, con los argumentos que se exponen a
continuación:
[S]iempre estuve al frente de un movimiento político regional en el Departamento de Caldas,
con una fuerza muy representativa y que a la postre alcanzó dimensiones nacionales cuando
mi hijo Oscar Mauricio, decidió postularse al Congreso de la República. (…)
[F]ueron múltiples los hechos de violencia en contra del movimiento político que por años
lideré, no solo contra mi humanidad, sino, también, contra otros dirigentes de mi organización.
Mi secuestro, generó que el movimiento político que durante largos años dirigí, se fuera al
ocaso y como es natural se perdiera el caudal político construido por más de 20 años.
(…) [N]uestro núcleo familiar siempre ha mantenido una larga tradición política que data de
más de 30 años, y que ha perdurado históricamente, a pesar de que fui secuestrado por más
de ocho años.
74. El Consejo Nacional Electoral accedió a la solicitud de personería jurídica a través de
la Resolución 2938 de 2023, por encontrar acreditado que la organización política se
encontraba en condiciones similares a los partidos Nuevo Liberalismo y Unión Patriótica,
de acuerdo con la jurisprudencia aplicable en la materia. Al respecto, se destacan las
siguientes consideraciones:
[E]ncontramos junto al relato y el acervo probatorio aportado, que los miembros del grupo
político han sufrido daños con ocasión al conflicto armado, como lo son la pérdida del derecho
fundamental a la vida, a la libertad y, sobre todo, el de elegir y ser elegido; hechos de los
cuales ha sido un claro ejemplo lo padecido por su representante, Doctor OSCAR TULIO
LIZCANO, de quien valga decir ha mantenido una actividad política por más de veinte años; y
la cual en cierto momento se vio truncada por conductas de grupos armados al margen de la
Ley, las cuales derivaron en que su círculo político en determinado tiempo perdiera líderes y
miembros simpatizantes con su ideología, hechos de los que resta decir, han sido de público
conocimiento y por ende, las consecuencias que hoy se ponen de presente ante esta Autoridad
Electoral.
En efecto, el hecho de violencia, determinante para conceder el atributo de la personería
jurídica se circunscribe al secuestro durante ocho (8) años del ciudadano OSCAR TULIO
LIZCANO, el cual se perpetró el día 5 de agosto de 2000 por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo –FARC-EP–, cuando ostentaba la calidad
de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, convirtiéndolo en el primer
dirigente político “canjeable” en un eventual acuerdo humanitario entre las FARC y el Gobierno
Nacional dentro del marco del conflicto armado colombiano.
37
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (páginas 379-383). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
38
Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (página 384). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-00007-00).
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(…) Empero, se aduce en el escrito petitorio que no solamente se suscitó el secuestro del
Doctor OSCAR TULIO LIZCANO, toda vez que varios dirigentes pertenecientes al sector
político de este fueron objeto de violencia política, Vr. Gr., el caso de la candidata a la Alcaldía
de Riosucio (Caldas), ciudadana SILVIA VICTORIA LÓPEZ CUESTA, quien fue secuestrada
el mismo día que acaeció la privación de la libertad del Doctor OSCAR TULIO y el caso de la
ciudadana RUBIELA HOYOS DE PINEDA, que fue asesinada cuando ejercía como alcaldesa
de Marquetalia – Caldas, todos correligionarios del Doctor OSCAR TULIO LIZCANO, aun
cuando se reitera, el hecho determinante para esta Corporación es el victimizante sufrido por
el ciudadano OSCAR TULIO LIZCANO, por corresponder a ser notorio y público, y por ende
calificado como plena prueba39.
75. El CNE también tuvo en cuenta en el referido acto administrativo que el señor Óscar
Mauricio Lizcano, «recogiendo las banderas» de la actividad política de su padre, fue
elegido congresista entre el 2006 y el 2018, de donde concluyó que, «pese a la violencia
infringida en contra de su organización política, ha logrado con creces, seguir batallando
en la política nacional». Sobre el punto, agregó:
[E]s notable que el legado que impartía en su momento el ex representante a la Cámara de
Representantes antes y durante su cautiverio, fue truncado por circunstancias de violencia e
intimidación que afectaron su derecho a la participación política en condiciones de igualdad
para el reconocimiento cualitativo y cuantitativo que le permitiera la personería jurídica, y que
amerita en consecuencia el estudio del reconocimiento de la misma en este momento histórico
en el que esta autoridad electoral, sustentada en la jurisprudencia constitucional, propende por
la garantiza (sic) de los derechos políticos, por lo que es dable el análisis de tal atributo para
la colectividad política que representa el representante de GENTE EN MOVIMIENTO, debido
a que se comprueba una violencia sistemática en contra de los integrantes de dicha
colectividad, manifestándose a través de actos de distinta naturaleza como asesinatos,
amenazas y secuestros, entre otros.
76. Adicionalmente, la autoridad electoral incluyó entre los motivos de su decisión la
elección del representante a la Cámara Wilder Iberson Escobar Ortiz, para el período
2022-2026, por el grupo significativo de ciudadanos Gente en Movimiento, de donde
evidenció «un nexo causal de relación política», pues entre los miembros del comité
inscriptor figuraba el señor Óscar Mauricio Lizcano Arango.
77. A partir de este hecho, destacó que el CNE debía «propender por que las
colectividades que lograron una representatividad significativa no desaparezcan del
escenario político» y de esta manera facilitar a sus simpatizantes y electores «la defensa
de una plataforma programática con las mismas garantías de los demás partidos que
solicitaron y se les ha reconocido la personería jurídica en el mismo sentido».
78. De las pruebas relacionadas, es posible establecer la veracidad de los graves actos
de violencia que sufrieron los señores Óscar Tulio Lizcano González, Juan Carlos
Lizcano Arango, Rubiela Hoyos de Pineda, Silvia Victoria López y Rigoberto Castaño
Tovar en ejercicio de su actividad política. No cabe duda de que se trata de delitos
condenables por la justicia y la sociedad, que han dejado profundas consecuencias
individuales y colectivas y que se inscriben en la historia del país como episodios
lamentables contra los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, además de
lesionar seriamente la participación democrática con plenas garantías.
79. Sin embargo, de los medios de convicción aportados al proceso y que hicieron parte
del expediente administrativo ante el CNE, no se puede evidenciar el nexo de causalidad
39
Páginas 22, 23 y 24 del acto demandado.
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entre la violencia y la imposibilidad de ejercer libremente la participación política de la
colectividad que adquirió la personería jurídica en virtud del acto acusado, como lo exige
la jurisprudencia para estos efectos.
80. En el caso concreto, la Sala observa que el señor Óscar Tulio Lizcano González
manifestó en la solicitud de personería jurídica haber dirigido «durante largos años» un
«movimiento político regional» que respondía a una «tradición política del núcleo
familiar». De forma similar, el partido Gente en Movimiento se refirió en la contestación
de la demanda a la «corriente Lizcanista» que regentaba el solicitante en el departamento
de Caldas.
81. El CNE reconoció su liderazgo y el de su hijo Óscar Mauricio Lizcano Arango en el
marco de un proyecto político que identificó como un «grupo», «sector» y «círculo
político», con «miembros», «líderes» y «simpatizantes» de una ideología. Así mismo,
afirmó que en el expediente existían «documentos periodísticos del Movimiento CALDAS
LIBRE que impulsó la candidatura a la Cámara de Representantes del ciudadano Óscar
Tulio Lizcano González, estando en cautiverio».
82. No obstante, en el proceso se demostró que la inscripción y elección de ambos en
los cargos de elección popular que han ocupado ha ocurrido en diferentes momentos con
el aval de los partidos Conservador y de la U. Además, las pruebas son indicativas de
que las señoras Rubiela Hoyos de Pineda, Silvia Victoria López y el señor Rigoberto
Castaño Tovar pertenecían al Partido Conservador.
83. En cuanto a «Caldas Libre», no hay soporte de su existencia como estructura política,
sino un reportaje del diario El Tiempo del 11 de marzo de 200240, en el cual el señor
Mauricio Lizcano afirmó que «crearán una fundación denominada Caldas Libre, para
conseguir recursos, trabajar por el departamento y capacitar a la gente» y la fotografía
de una valla de la campaña a la Cámara del 2002, con el número 117 y el mensaje
«Caldas Libre».
84. De otro lado, en relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos que
fueron allegados como prueba, es necesario reiterar la jurisprudencia de la Sala Plena,
que puntualizó:
Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina
procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación
puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor
secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro
mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia
y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de
su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente.
Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento
de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que
concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son
indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y
que si bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la
existencia de la noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión,
Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen”.
40
El Tiempo, «Vamos a continuar con el trabajo político», 11 de marzo de 2002. El País, «Secuestrado hijo de ex senador (sic) Oscar
Tulio Lizcano». Pruebas del expediente administrativo CNE-E-2023-006048 (páginas 294 y 309). SAMAI, anotación 17 (Rad. 2025-
00007-00).
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Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes,
noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez,
quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos. Consecuentemente, a las noticias
o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que publiquen como reportaje
de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter de testimonio sobre
la materia que es motivo del respectivo proceso. En relación con este último punto el Consejo
de Estado ha indicado que “…las informaciones publicadas en diarios no pueden considerarse
dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de los requisitos esenciales
que identifican este medio de prueba, en particular porque no son suministradas ante un
funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador da
cuenta de la razón de la ciencia de su dicho…” por cuanto es sabido que el periodista “…tiene
el derecho de reservarse sus fuentes41.
85. De acuerdo con lo anterior, no es posible dar pleno valor probatorio a la información
difundida en los diferentes medios de comunicación, ya que los recortes de prensa
aportados al proceso no generan, por sí solos, certeza sobre la ocurrencia y las
condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos referidos42.
86. Por otra parte, se observa que Gente en Movimiento surgió en el año 2022 como un
grupo significativo de ciudadanos que obtuvo una curul en la Cámara de Representantes
por la circunscripción departamental de Caldas, participación política que superó los
requisitos del umbral fijados en la norma constitucional.
87. En tales condiciones, la Sala considera que el acto acusado infringió el artículo 108
de la Constitución Política, conforme al cual los grupos significativos de ciudadanos
podrán obtener la personería jurídica como partido o movimiento político «con votación
no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional
en elecciones de Cámara de Representantes o Senado». En estos términos, para cumplir
este requisito de orden constitucional no es suficiente haber logrado una curul ni puede
sustituirse o relativizarse por cuenta de hechos de violencia grave, pues son dos vías
diferentes y autónomas para el reconocimiento de dicho atributo.
88. Siendo así, no era pertinente analizar la personería jurídica de Gente en Movimiento
por una vía diferente al régimen ordinario, como lo dijo esta Sección en un asunto que se
identifica en este punto con el que se debate en esta oportunidad:
Atendiendo al escenario descrito, considera esta Sala que la participación de la colectividad
en las elecciones legislativas de 2022, por sí misma, demuestra la eficacia de los instrumentos
que ofrece el ordenamiento jurídico para facilitar la participación electoral. Para el caso, se
evidencia la conformación de un grupo significativo de ciudadanos, que optó por calibrar ante
el electorado nacional y regional su evolución como alternativa política, gracias a la trayectoria
de más de una década de sus líderes y simpatizantes, como lo demuestra la propia
organización en este proceso, por ejemplo, con las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta en
los años 2015 y 2019, al igual que a la Gobernación del Magdalena en 2019.
Esta apuesta, antes que revelar un escenario desfavorable para la campaña, pone en
evidencia una competencia en condiciones óptimas y respetuosa de los requisitos para los
grupos significativos de ciudadanos, que arrojó un resultado nada deleznable, considerando
que nunca antes Fuerza Ciudadana había presentado listas al Congreso de la República y, en
41
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C. Sentencia del 28 de agosto de 2013.
Radicación 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25022) MP: Enrique Gil Botero.
42 Sobre el valor probatorio de los recortes de prensa en el marco de los procesos de nulidad seguidos en contra de resoluciones que
reconocen personería jurídica por hechos de violencia sobre los militantes de las organizaciones políticas, ver lo señalado en la
sentencia del 19 de septiembre del 2024, radicación 11001-03-28-000-2023-00034-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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el primer intento, conquistó una curul en la Cámara de la circunscripción del Magdalena,
departamento en el que, según las pruebas, ha concentrado su actividad durante los años de
construcción del proyecto político.
Consecuente con ello, esta Sala considera que no había lugar a estudiar la petición de
personería jurídica por ninguno de los cauces excepcionales para obtenerla, especialmente
los invocados por la autoridad demandada para justificar la aplicación del principio de igualdad,
ni era pertinente la integración de otras reglas, normas y principios (…)43.
89. Adicionalmente, el CNE incurrió en falsa motivación en la resolución demandada,
pues este vicio se configura cuando «la decisión ha sido construida con base en hechos
que no han ocurrido, cuando se apoya en disposiciones jurídicas que no existen o cuando
los fundamentos fácticos y/o jurídicos se apartan de la verdad»44.
90. Desde esta perspectiva, el acto acusado relacionó la trayectoria política del señor
Óscar Tulio Lizcano González con el grupo significativo de ciudadanos que obtuvo la
personería jurídica y encontró probada «una violencia sistemática en contra de los
integrantes de dicha colectividad», cuando lo cierto es que ha militado en los partidos
Conservador y de la U y ha sido avalado por estos para ser congresista en varias
oportunidades. Lo propio ha de afirmarse de su hijo Óscar Mauricio Lizcano Arango, quien
ha sido representante a la Cámara y Senador por el Partido de la U.
91. Es importante insistir en que el camino que ha abierto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado para el reconocimiento o la restitución de la
personería jurídica a una colectividad no deroga el régimen vigente en la materia ni se
torna en una medida automática de reparación para las víctimas de actos violencia, aún
revestidos de gravedad, sino que responde a la necesidad de facilitar de forma
excepcional la participación política cuando esta ha sido afectada de manera directa y
constatable por tales hechos.
92. En efecto, como se explicó en esta providencia, la sentencia SU-257 de 2021 de la
Corte Constitucional condicionó los efectos inter comunis «para aquellos Partidos,
Movimientos políticos o terceros que hubieren estado o estén en similares condiciones
del Partido Nuevo Liberalismo según los hechos de violencia iguales o parecidos a los
que fueron analizados en esta providencia y que afectaron su permanencia en las
contiendas electorales a partir de 1988, para que puedan hacer parte de la apertura
democrática en las próximas elecciones de 2022» (negrillas adicionales).
93. Similarmente, el Consejo de Estado restituyó la personería jurídica del partido Unión
Patriótica sobre la base de reconocer que el objetivo de cancelar ese atributo era
sancionar a las organizaciones políticas por falta de apoyo en las urnas y que en su caso
«no se trató de pérdida de apoyo popular por estar en desacuerdo los electores con su
ideario o con sus directivos, sino de la total imposibilidad en que estuvo para presentarse
a las elecciones al Congreso de la República del 10 de marzo de 2002, en igualdad de
condiciones a los demás partidos y movimientos políticos, en cuanto al goce de las
garantías para la preservación de la vida e integridad personal de sus directivos,
militantes y simpatizantes»45.
43
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-00046-00, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.
44
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 29 de abril de 2021, Rad. 11001-03-28-000-2018-00106-00 (Acumulado), MP.
Luis Alberto Álvarez Parra.
45
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de julio de 2013, Rad. 11001-03-28-000-2010-00027-00, MP. Susana Buitrago
Valencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luis Fernando Vega Lugo y otro
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00223-00 (Principal)
94. Esta postura se ratificó al estudiar el caso del partido Verde Oxígeno, donde la
corporación concluyó que «una colectividad que venía ganando espacios en la
administración pública y reconocimiento significativo del electorado durante los cuatro
años que transcurrieron entre la obtención de la personería jurídica y el secuestro de su
líder natural, después de este hecho resultó seriamente debilitada y finalmente
desapareció como fuerza política organizada»46.
95. Frente a los tres precedentes reseñados es importante destacar que se trató de
organizaciones identificables y con estructura, que incluso gozaban de personería
jurídica, pero que, por razón de actos de violencia grave y sistemática contra sus
integrantes no pudieron continuar aprovechando dicho atributo para participar en
elecciones y fortalecerse ante su electorado.
96. La exigencia del vínculo entre la violencia y la participación política no es caprichosa
ni surge de un apego irracional a las normas, sino que está sustentada en la necesidad
de preservar reglas de rango constitucional, sustentadas en principios del mismo orden,
de modo que se reserven las vías extraordinarias exclusivamente a colectividades cuya
continuidad resulte impedida o gravemente afectada por la violencia.
97. Así, por ejemplo, se advirtió frente al secuestro del máximo representante del partido
Nueva Fuerza Democrática que, «si bien tal hecho delictivo debe ser condenado con la
mayor severidad que trae el ordenamiento jurídico, no por ello, puede colegirse que, de
dicho evento, se deba consecuencialmente entender que se canceló la personería»47.
98. Conforme con lo anterior, está demostrado en el proceso que el CNE reconoció
personería jurídica a un grupo significativo de ciudadanos que no cumplió el requisito
constitucional que era aplicable a su situación y concluyó, sin fundamento, que esta
iniciativa reciente tenía origen en una corriente política regional que se gestó desde 1998,
a pesar de que su principal representante –y quien sufrió el acto de violencia determinante
para la decisión atacada– siempre ha participado en elecciones por otros partidos
políticos. En consecuencia, se declarará la nulidad del acto acusado, por infracción del
artículo 108 de la Constitución Política y falsa motivación.
99. Finalmente, es de resaltar que esta judicatura, en decisiones previas48, ha referido a
la necesidad de modular los efectos de las decisiones de nulidad que se dictan respecto
la personería jurídica reconocida a partidos o movimientos políticos, ya que con
fundamento en la presunción de legalidad que se predica de dichos actos se adelantaron
actuaciones que requieren ser protegidas.
100. Por ello, los efectos de la decisión de nulidad que se dicta se deben predicar hacia
futuro -ex nunc- y hacerse efectivos desde la ejecutoria de esta, considerando los posibles
efectos que pudieron materializarse durante la vigencia de los actos que se dictaron por la
autoridad electoral.
101. Con lo anterior, se logra la protección de aquellas situaciones particulares y concretas
que se hubieren ejecutado con fundamento en la personería jurídica reconocida hasta el
46
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de agosto de 2025, Rad. 11001-03-28-000-2024-00197-00 (Acumulado), MP.
Gloria María Gómez Montoya.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de septiembre de 2024, Rad. 11001-03-28-000-2023-00034-00 (Acumulado),
MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
48
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 28 de agosto del 2025. Radicación 11001-03-28-000-2023-00038-00. M.P. Gloria
María Gómez Montoya.
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Demandantes: Luis Fernando Vega Lugo y otro
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2024-00223-00 (Principal)
momento de la nulidad que aquí se declara, y que, en muchas ocasiones, involucran
derechos de participación política de ciudadanos.
102. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, por la
cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido Gente en
Movimiento.
SEGUNDO: MODULAR los efectos de la decisión de nulidad, entendiendo que los mismos
son hacia futuro y desde la ejecutoria de la presente sentencia.
TERCER: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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