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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01816-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01816-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por David Julián Quintero Garavito, Oscar Tulio Lizcano González, Gustavo Díaz Gómez, Juan José Morales Gómez y Alba Solanyi González Ariza en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01816-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01816-00
Demandantes: David Julián Quintero Garavito y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad.
Ausencia de legitimación en la causa por activa.
Decisión: Declara improcedente la acción.

La Sala decide la acción de tutela formulada por David Julián Quintero Garavito,
Oscar Tulio Lizcano González, Gustavo Díaz Gómez, Juan José Morales Gómez y
Alba Solanyi González Ariza contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 5 de marzo de 2026, los actores presentaron acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y a fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, «formar parte
de ellos libremente y difundir sus ideas y programas en correlación con el derecho
a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, conforme a los
principios y reglas del Estado Social Democrático de Derecho».

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin valor y efecto la
sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso de nulidad con radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00
(acumulado:11001-03-28-000-2025-00007-00), para, en su lugar, declarar que la
Resolución No. 2938 del 19 de abril 2023, emitida por el Consejo Nacional Electoral,
no tiene vicios de nulidad.

3. Adicionalmente, en atención a los efectos jurídicos sobre la participación
electoral correspondiente al periodo 2026 y dado que una decisión meramente
declarativa sería insuficiente para restablecer de manera efectiva los derechos
fundamentales comprometidos, solicitó ordenar al Consejo Nacional Electoral que
el reconocimiento de personería jurídica del partido político GENTE EN
MOVIMIENTO, en virtud de la sentencia SU-257 de 2021, se proyecte y mantenga
hasta el periodo de las próximas elecciones, esto es, al correspondiente a las
elecciones legislativas de 2030.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01816-00
Demandantes: David Julián Quintero Garavito y otros

4. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, del escrito de tutela
y anexos, se observa que Luis Fernando Vega Lugo y Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe instauraron demanda de simple nulidad contra la Resolución 2938 del 19
de abril de 2023, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció
personería jurídica al partido Gente en Movimiento.

5. Para soportar lo anterior, los demandantes afirmaron que el 5 de agosto de
2000, Óscar Tulio Lizcano González fue secuestrado por las FARC. Durante su
cautiverio, fue inscrito como candidato a la Cámara de Representantes por Caldas
para el periodo 2002-2006 por la organización «Caldas Libre», pero no logró la curul
debido a su ausencia física en la campaña. Su hijo, Óscar Mauricio Lizcano Arango,
fue elegido representante a la Cámara por el partido de la U para el período 2006-
2010 y, posteriormente, senador, siempre apoyado por la organización. El señor
Lizcano González fue elegido nuevamente representante a la cámara por el partido
precitado para el período 2018-2022.

6. Indicó que, el 30 de junio de 2021, los señores Argemiro Rincón, Leidy
Johana Mejía y Óscar Mauricio Lizcano Arango inscribieron el grupo significativo de
ciudadanos Gente en Movimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En las elecciones de marzo de 2022, este grupo obtuvo una curul en la Cámara de
Representantes para Wilder Escobar Ortiz. En febrero de 2023, se realizó la
asamblea fundacional del partido, se aprobaron sus estatutos y se designó como
director nacional a Óscar Tulio Lizcano González.

7. Expuso que el 6 de marzo de 2023, Lizcano González solicitó al Consejo
Nacional Electoral (CNE) el reconocimiento de la personería jurídica de su partido,
con base en la sentencia SU-257 de 2021, el Acuerdo de Paz de 2016 y la doctrina
del CNE, debido a su secuestro y al asesinato de los señores Rubiela Hoyos de
Pineda, alcaldesa de Marquetalia, y Rigoberto Castaño Guzmán, alcalde de
Marulanda, ambos municipios del departamento de Caldas. Por lo anterior, la
corporación electoral mencionada accedió a dicha solicitud a través del acto
administrativo mencionado.

8. El 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la nulidad de la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023 y moduló los efectos
de la decisión de nulidad, entendiendo que los mismos son hacia futuro y desde la
ejecutoria de esa providencia. Para soportar esta decisión, la autoridad judicial
encontró demostrado que CNE reconoció personería jurídica a un grupo significativo
de ciudadanos que no cumplió el requisito constitucional que era aplicable a su
situación y concluyó, sin fundamento, que esa iniciativa reciente tenía origen en una
corriente política regional que se gestó desde 1998, a pesar de que su principal
representante, y quien sufrió el acto de violencia determinante para la decisión
atacada, siempre ha participado en elecciones por otros partidos políticos. En
consecuencia, concluyó que el acto acusado infringió el artículo 108 de la
Constitución Política e incurrió en falsa motivación. Además, estimó que los efectos
debían predicarse hacía el futuro -ex nunc- por las posibles actuaciones que se

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materializaron durante la vigencia del acto dictado por la autoridad electoral, las
cuales deben ser protegidas.

9. Como fundamentos de derecho, los accionantes afirmaron que la Sección
Quinta del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia del 4 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto fáctico, en la dimensión negativa, toda vez que negó el decreto
o práctica de pruebas que, en su criterio, resultaban necesarias, útiles y pertinentes
para el caso bajo estudio.

10. Concretamente, mencionaron los testimonios de Óscar Tulio Lizcano
González, quien fue víctima de secuestro político en el año 2000; de Silvia Victoria
López Cuesta, quien fue víctima de secuestro junto con el señor Lizcano González,
mientras era candidata a la Alcaldía de Riosucio (Caldas); del señor Wilson Bueno
Largo alias «Isaza», guerrillero que participó en la liberación del secuestro político
del señor Lizcano, los cuales no tenía un carácter accesorio, sino que su finalidad
era acreditar el nexo de causalidad entre los hechos de violencia y la imposibilidad
de ejercer libremente la actividad política; la afectación estructural a la organización
política existencia; las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos
victimizantes: y el impacto real y concreto de la violencia sobre la dinámica
organizativa y electoral.

11. Adicionalmente, manifestaron que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que si bien es cierto que la
autoridad judicial accionada reconoció la existencia del precedente establecido en
la Sentencia SU-257 de 2021, también lo es que restringió de forma indebida e
injustificada su alcance. Al respecto, indicaron que el pronunciamiento de unificación
mencionado fue claro en tres aspectos que son determinantes para el asunto bajo
estudio: (i) el artículo 108 de la Constitución no puede interpretarse ni aplicarse
exegéticamente ni de manera aislada, sino que tiene que emplearse de acuerdo con
el modelo democrático construido a partir de los principios y derechos que informan
el Estado Social y Democrático de Derecho; (ii) Que la violencia puede impedir no
sólo la permanencia electoral, sino la evolución política hacia una organización
autónoma; (iii) a través del efectos inter comunis extendió el alcance de esa decisión
a partidos, movimientos y terceros que estuvieran en condiciones similares.

12. Sostuvieron que la Sección Quinta del Consejo de Estado se limitó a
sostener que el partido Gente en Movimiento no existía para la fecha de los hechos
de la violencia política y que algunos líderes continuaron su trayectoria en el Partido
Conservador y posteriormente en el Partido de la U. Sin embargo, pasó por alto que
una circunstancia sustancialmente análoga fue examinada en la sentencia SU-257
de 2021, en la que varios dirigentes del Nuevo Liberalismo migraron hacia el partido
Cambio Radical y otras colectividades sin que ello desvirtuara la afectación
estructural sufrida por el proyecto político original.

13. Asimismo, señalaron que la autoridad accionada abordó con una
perspectiva limitada la estructura del movimiento lizcanista, desconociendo que
antes de la reforma constitucional del 2003, el ordenamiento jurídico colombiano

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permitía que organizaciones políticas con identidad propia coexistieran al interior de
partidos amplios, siendo estos últimos quienes otorgaban el aval electoral. Tal fue
el caso del Nuevo Liberalismo dentro del Partido Liberal Colombiano, situación que
la Corte Constitucional consideró determinante para comprender la evolución
política truncada por la violencia.

Intervenciones1

14. La Sección Quinta del Consejo de Estado afirmó que el presente asunto no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional, puesto que la parte
actora se limitó a exponer su inconformidad con las consideraciones de la sentencia
cuestionada, sin referirse a una verdadera situación que conlleve la transgresión
de sus garantías fundamentales, buscando con ello la creación de una instancia
adicional al medio de control de nulidad en la cual se revisen los argumentos
esbozados en ese trámite ordinario.

15. Adicionalmente, sostuvo que no se encuentra satisfecha la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que no se agotó el medio de defensa con el que se
contaba para discutir la negativa de la prueba testimonial que los accionantes
discuten en esta acción, esto es, el recurso de súplica previsto en el artículo 246 de
la Ley 1437 de 2011. Agregó que en el escrito de tutela tampoco se demostró una
situación excepcional que hubiese impedido agotar ese mecanismo judicial.

16. Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de encontrar superados los requisitos
de procedencia, aseguró que no se estructuraron los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, en la sentencia cuestionada,
se valoraron todos los elementos de convicción que aportaron las partes, actuación
razonable que fundamentó la decisión que se adoptó en punto de declarar la nulidad
del acto demandado. Además, señaló que se expusieron los motivos por los cuales
los parámetros de la Sentencia SU-257 de 2021 no era aplicable al caso bajo
estudio. En ese orden de ideas, solicitó declarar la improcedencia de la acción de la
referencia o, en su defecto, negar el amparo deprecado por la parte actora.

17. Samuel Alejandro Ortiz Mancipe indicó que los accionantes no gozan de
legitimación en la causa por activa, toda vez que no participaron en el proceso de
simple nulidad, en el cual se profirió la sentencia atacada. Asimismo, manifestó que
tampoco se acreditaron los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional,
puesto que no se agotaron los mecanismos de defensa judicial previstos en el
ordenamiento jurídico para controvertir la providencia mencionada y la intención de
los accionantes es abrir, en sede de tutela, un debate jurídico abordado por el juez
natural en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, pretendiendo

1
El 10 de marzo de 2026, el magistrado ponente de la presente decisión manifestó su impedimento, con fundamento en la
causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código Procedimiento Penal, dado que en el proceso debía vincularse a
Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien actúa como demandante en el proceso de nulidad electoral contra mi designación
como consejero de Estado. Sin embargo, el 19 de marzo de 2026, la Sala declaró infundado el impedimento, puesto que el
señor Ortiz no tiene la condición de accionante o accionado en la presente solicitud de amparo, por lo cual no se configuró la
causal de impedimento invocada
El 6 de abril de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado y vinculó a Luis
Fernando Vega Lugo, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Partido Gente en Movimiento y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

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someter la controversia a una instancia paralela o adicional no prevista por el
legislador. En consecuencia, peticionó declarar improcedente la acción de la
referencia.

18. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y Luis Fernando Vega Lugo no se
pronunciaron sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, a pesar de haber
sido debidamente notificados del auto admisorio.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en particular el de
legitimación en la causa por activa, si la Sección Quinta del Consejo de Estado, al
expedir la Sentencia del 4 de septiembre de 2025, incurrió en defecto fáctico, al
negar las práctica de los testimonios citados por la parte actora, y en
desconocimiento del precedente judicial, por no acatar lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-257 de 2021 y por el Consejo de Estado en la
sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida en el proceso con radicado 11001-
03-28-000-2024-00197-00.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por no haberse
acreditado el cumplimiento de los requisitos de legitimación en la causa por activa,
de acuerdo con las razones que a continuación se exponen:

22. En el presente asunto, David Julián Quintero Garavito, Óscar Tulio Lizcano
González, Gustavo Díaz Gómez, Juan José Morales Gómez y Alba Solanyi
González Ariza solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y a fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, los
cuales consideraron vulnerados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con
ocasión de la expedición de la Sentencia del 4 de septiembre de 2025 en el proceso
de simple nulidad con radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00.

23. Sin embargo, al revisar cada una de las actuaciones adelantadas en el
respectivo medio de control, se observa que (i) este fue promovido por Luis
Fernando Vega Lugo contra la Resolución 2938 del 19 de abril de 2023, por medio
de la cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido

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político Gente en Movimiento; (ii) el 16 de diciembre de 2024, la Sección Quinta
admitió la demanda y, en consecuencia, ordenó notificar al representante legal del
partido Gente en Movimiento y al Consejo Nacional Electoral; (iii) el 21 de abril de
2025, la autoridad precitada ordenó acumular el proceso de nulidad con radicado
11001-03-28-000-2025-00007-00, puesto que coincidía en la parte demandada, la
causa y objeto, comoquiera que lo pretendido era cuestionar el acto administrativo
mencionado; y (iv) el Consejo Nacional Electoral y el partido Gente en Movimiento
contestaron la demanda.

24. En ese orden, se advierte que los accionantes no fueron parte en el medio
de control de nulidad cuya decisión ahora cuestionan. Así, aunque manifestaron ser
militantes del partido Gente en Movimiento, lo cierto es que mediante el presente
mecanismo pretenden controvertir y dejar sin efectos una sentencia proferida dentro
de un proceso en el que no ostentaron la calidad de sujetos procesales. Además,
sus inconformidades se fundan en la supuesta omisión en la práctica de
determinadas pruebas testimoniales y en la alegada inaplicación o indebida
interpretación de precedentes jurisprudenciales, lo cual evidencia que sus reparos
recaen sobre la interpretación probatoria y el análisis jurídico efectuado por la
autoridad judicial en una decisión adoptada en un proceso en el que no intervinieron
activamente

25. Sumado a lo expuesto, se aclara que si bien David Julián Quintero Garavito
actuó en el referido proceso, lo hizo exclusivamente en calidad de apoderado de la
colectividad, de manera que su participación se limitó exclusivamente a velar por
los intereses del partido, por lo que no se encuentra habilitado para discutir, a título
personal, la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, ya
que dicha providencia fue dictada en el marco de un proceso en el que él actuaba
en representación de la mencionada organización política, por lo que no es dable
considerar que los derechos reclamados le fueron vulnerados a aquel.

26. Asimismo, al revisar la Resolución No. 01000 del 4 de marzo de 2025, se
constató que el director nacional del partido es Wilder Iberson Escobar Ortiz y,
conforme a los estatutos de dicha agrupación, fue a él a quien se le otorgó la facultad
de representar los intereses de dicha colectividad.

27. Así las cosas, la vulneración alegada necesariamente presupone que se ha
intervenido en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la transgresión, por causa
o con motivo de la decisión judicial y, por ello, mal puede alegarse la vulneración
del derecho al debido proceso, cuando no se participó dentro de este.

28. Por tanto, el hecho de tener interés en un proceso determinado no se
traduce necesariamente en la legitimidad para actuar mediante acción de tutela
contra las providencias que allí se profieran, por cuanto en estos casos aquella no
es un proceso aislado del ordinario, en la medida en que la afectación de los
derechos fundamentales se concreta durante el trámite judicial correspondiente,
frente a quienes allí actúen. En consecuencia, se declarará improcedente la acción
de tutela, ante la ausencia de interés de los accionantes.

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Demandantes: David Julián Quintero Garavito y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por
David Julián Quintero Garavito, Oscar Tulio Lizcano González, Gustavo Díaz
Gómez, Juan José Morales Gómez y Alba Solanyi González Ariza en contra de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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