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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01816-01

Fecha
8 de julio de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-01816-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2026 01816 01 Accionante: David Julián Quintero Garavito y otros Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-01816-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

8 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 01816 01
Accionante: David Julián Quintero Garavito y otros
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por activa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 29 de abril de 2026 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Los ciudadanos David Julián Quintero Garavito, Oscar Tulio Lizcano González, Gustavo
Díaz Gómez, Juan José Morales Gómez y Alba Solanyi González Ariza, actuando en
nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra del Consejo de Estado - Sección
Quinta, y para ello formularon las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Que se DECLARE LA PROCEDENCIA de la presente acción de tutela
y, en consecuencia, se ordene REVOCAR el fallo proferido por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, el 4 de septiembre
de 2025 bajo la radicación 11001032800020240022300 (principal)
11001032800020250000700 (acumulado) y en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso (Art. 11 CP) [sic] a la igualdad (Art. 13 CP), a
fundar o constituir partidos políticos, sin limitación alguna, formar parte de ellos y
difundir sus ideas y programas (artículos 1, 2, 40, 107, 265 de la Constitución
Política), conforme a los principios y reglas del Estado Social y Democrático de
Derecho (preámbulo y artículos 1, 2, y 3 de la Constitución Política), de la parte
accionante.

SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, el 4 de
septiembre de 2025 bajo la radicación 11001032800020240022300 (principal)
11001032800020250000700 (acumulado) y, además, DECLARAR que la
Resolución 2938 de 2023 expedida por el Consejo Nacional Electoral no está
afectada por nulidad.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01816 00.

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Accionante: David Julián Quintero Garavito y otros
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TERCERO: En atención a que la vulneración alegada ha generado consecuencias
jurídicas en la participación electoral del periodo 2026 y dado que una decisión
meramente declarativa resultaría inocua para restablecer de manera real y
efectiva los derechos fundamentales comprometidos, es necesario que el amparo
conceda la adopción de medidas concretas de restablecimiento, por lo cual se
solicita que el honorable juez constitucional ORDENE al CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL que el reconocimiento de personería jurídica del Partido Político
GENTE EN MOVIMIENTO en virtud de la sentencia SU-257 de 2021 se proyecte
y mantenga hasta el periodo de la próximas elecciones, esto es, al
correspondiente a las elecciones legislativas de 2030.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que, mediante la Resolución núm. 2938 de 2023, expedida
por el Consejo Nacional Electoral dentro del expediente identificado con el radicado
CNE-E-2023-006048, se reconoció la personería jurídica del partido político “Gente en
Movimiento”.

Señalaron que los señores Luis Fernando Vega Lugo y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
interpusieron acción de nulidad contra la precitada resolución la cual fue asignada a la
Sección Quinta del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante sentencia del 4
de septiembre de 2025 declaró la nulidad del acto demandado.

Como fundamento de la acción de tutela, los accionantes alegaron la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de
justicia y los derechos políticos relacionados con la constitución, organización y
participación en partidos y movimientos políticos. Asimismo, invocaron la afectación del
principio democrático y del pluralismo político, al considerar que la Sección Quinta del
Consejo de Estado desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-257 de 2021.

Sostuvieron que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, comoquiera que la tutela es promovida por el partido
Gente en Movimiento en representación de los accionantes2 y que la providencia
cuestionada no corresponde a una sentencia de tutela ni a decisiones de control abstracto
de constitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad.

Agregaron que también se cumple el requisito de inmediatez, al haberse presentado en
un plazo razonable, así como la adecuada identificación de los hechos lesivos y su
planteamiento previo en el proceso judicial. De igual forma, consideraron satisfecho el
requisito de subsidiariedad, dado que contra la providencia no procede recurso alguno.

En cuanto a la relevancia constitucional, señalaron que el caso implica precisar el alcance
de un precedente de unificación cuya interpretación incide en la aplicación uniforme del
derecho constitucional y en la coherencia del sistema de precedentes.

Respecto de los requisitos específicos, manifestaron que la providencia cuestionada
incurrió en de defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En cuanto al defecto fáctico, indicaron que se configura en su dimensión negativa, al
haberse negado la práctica de pruebas necesarias, conducentes y pertinentes para
demostrar aspectos centrales del litigio, como el nexo causal entre hechos de violencia y

2 En el expediente no se evidencia documento alguno que verifique esta afirmación.

2
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la imposibilidad de ejercer actividad política, la afectación estructural de la organización,
las circunstancias de los hechos victimizantes y su impacto real en la dinámica política y
electoral.

En relación con el precedente judicial, afirmaron que la regla fijada en la Sentencia
SU-257 de 2021 establece que el artículo 108 de la Constitución debe interpretarse de
manera sistemática, en armonía con los principios del Estado Social de Derecho y los
derechos políticos. En consecuencia, cuando la violencia sistemática ajena a la voluntad
del partido impide su participación efectiva o el cumplimiento de requisitos electorales, la
aplicación rígida de dicha norma constituye una violación a la Constitución y exige adoptar
medidas que restablezcan los derechos afectados.

Finalmente, sostuvieron que existe identidad fáctica y jurídica con el caso resuelto en la
Sentencia SU-257 de 2021, pues en ambos se trata de movimientos políticos que, desde
partidos tradicionales, vieron frustrada su evolución autónoma por circunstancias
externas, sin embargo, criticaron que la Sección Quinta haya aplicado el precedente de
forma restrictiva, limitándolo a partidos previamente constituidos con personería jurídica,
y que omitiera un análisis profundo del alcance de los efectos inter comunis previstos en
ese fallo.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 5 de marzo de 20263 y correspondió por reparto a la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación que, por auto del 6 de abril de 20264 la
admitió5 y dispuso notificar6 a la Sección Quinta del Consejo de Estado y vincular7 a los
señores Luis Fernando Vega Lugo, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, al Partido Gente en
Movimiento y al Consejo Nacional Electoral, como terceros interesados en el resultado
del proceso.

De igual forma, requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado, para que remitriera
copia del expediente del proceso de nulidad identificado con el radicado núm. con
radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00 (principal) y 11001-03-28-000-2025-00007-00
(acumulado).

3.2. La magistrada ponente de la providencia acusada allegó informe8 en el que manifestó
que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues no se agotó el medio de defensa
disponible para controvertir la negativa de la prueba testimonial discutida por los
accionantes, a saber, el recurso de súplica previsto en el artículo 246 de la Ley 1437 de
2011.

3 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
4 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
5 El 10 de marzo de 2026 el doctor Juan Camilo Morales Trujillo manifestó su impedimento para conocer el

asunto el cual fue declarado infundado mediante auto del 19 de marzo de 2026, así las cosas, el asunto
ingresó al despacho del ponente el 25 de marzo de 2026.
6 Esta orden se cumplió el 7 de abril de 2026. Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 01816 00
7 Ibidem
8 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
3
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Añadió que en la acción de tutela no se acreditó la existencia de una circunstancia
excepcional que justificara la omisión de dicho mecanismo judicial.

Asimismo, señaló que tampoco se satisface el requisito de relevancia constitucional, ya
que la parte actora se limita a manifestar su inconformidad con los argumentos de la
sentencia impugnada, sin evidenciar una afectación real de sus derechos fundamentales.
En su criterio, lo que se pretende es abrir una instancia adicional al medio de control de
nulidad electoral para reexaminar aspectos ya debatidos en el proceso ordinario.

Finalmente, indicó que no se configuran el defecto factico ni el desconocimiento del
precedente judicial, en tanto la providencia cuestionada valoró integralmente las pruebas
aportadas por las partes, con una motivación razonable que sustentó la decisión de
declarar la nulidad del acto demandado. Igualmente, precisó que se explicaron las
razones por las cuales la Sentencia SU-257 de 2021 no resultaba aplicable al caso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o, subsidiariamente, negar el
amparo solicitado.

3.3. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe9 presentó escrito en el que afirmó que los
accionantes carecen de legitimación en la causa por activa, dado que no intervinieron en
el proceso de simple nulidad en el que se profirió la sentencia controvertida. Además,
adujo que no se cumplen los requisitos de subsidiariedad ni de relevancia constitucional,
ya que no se agotaron los mecanismos de defensa judicial previstos para impugnar dicha
decisión.

Consideró que la intención de los accionantes es reabrir, por vía de tutela, un debate que
corresponde al juez natural en el ejercicio de sus competencias, buscando una instancia
adicional no contemplada por el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, solicitó declarar la
improcedencia de la acción

3.4. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29
de abril de 202610, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que los
accionantes carecían de legitimación en la causa por activa.

Para sustentar dicha decisión, señaló que el medio de control de nulidad cuestionado fue
promovido por el señor Luis Fernando Vega Lugo contra la Resolución núm. 2938 del 19
de abril de 2023, expedida por el Consejo Nacional Electoral, y advirtió que los
accionantes no hicieron parte de ese proceso judicial.

En ese sentido, consideró que, aunque afirmaron ser militantes del partido Gente en
Movimiento, pretendían controvertir una sentencia proferida dentro de un trámite en el
que no tuvieron la calidad de sujetos procesales. Además, destacó que sus reproches se
dirigían a cuestionar la valoración probatoria y el análisis jurídico efectuado por la
autoridad judicial en una actuación en la que no intervinieron.

9 Visto en el índice 28 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
10 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
4
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Asimismo, precisó que, si bien el señor David Julián Quintero Garavito participó en el
proceso de nulidad, lo hizo únicamente como apoderado judicial de la colectividad
política, por lo que su actuación estuvo encaminada a la defensa de los intereses del
partido y no de derechos propios, razón por la cual no se encontraba habilitado para
promover la tutela a título personal.

Finalmente, indicó que, de acuerdo con la Resolución núm. 01000 del 4 de marzo de
2025 y los estatutos del partido Gente en Movimiento, la representación de dicha
organización política recaía en su director nacional, el señor Wilder Iberson Escobar Ortiz,
quien era la persona facultada para actuar en defensa de los intereses de la colectividad.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconformes con la decisión de primera instancia, los accionantes impugnaron el fallo
y solicitaron su revocatoria.

Para ello, sostuvieron que la providencia adoptó una visión excesivamente formalista de
la legitimación en la causa por activa, al considerar que, por no haber sido parte dentro
del proceso de nulidad que culminó con la pérdida de la personería jurídica del Partido
Gente en Movimiento, carecían de interés para promover la acción de tutela.

Indicaron que la legitimación para acudir al amparo no depende exclusivamente de la
condición de parte dentro del proceso judicial cuestionado, sino de la acreditación de una
afectación directa, cierta e inmediata de derechos fundamentales. En ese sentido,
afirmaron que la decisión judicial produjo consecuencias concretas sobre sus derechos
al debido proceso, la igualdad, la participación política, el acceso a la administración de
justicia y la posibilidad de fundar, organizar y hacer parte de movimientos y partidos
políticos, en su condición de fundadores, dirigentes, militantes y personas históricamente
vinculadas al proyecto político.

Asimismo, señalaron que el fallo desconoció la dimensión colectiva y democrática de los
derechos políticos comprometidos, pues redujo el análisis a la situación jurídica de la
personería del partido, sin considerar el impacto que su supresión genera sobre quienes
integran y respaldan dicha colectividad. Destacaron, además, la relevancia política y
electoral del partido, reflejada en los resultados obtenidos en las elecciones territoriales
de 2023.

De igual forma, argumentaron que la decisión impugnada confundió la representación de
la persona jurídica con la titularidad de derechos fundamentales propios de los
accionantes, quienes acudieron a la tutela no solo en defensa del partido, sino también
de sus derechos individuales. En su criterio, la legitimación debe analizarse desde una
perspectiva material y sustancial, atendiendo a la afectación real ocasionada por la
providencia judicial y no exclusivamente a criterios formales de representación o
participación procesal.

Finalmente, manifestaron que, aun si existieran dudas sobre la representación del partido
político, el juez constitucional debía adoptar medidas de integración o subsanación antes
de declarar improcedente el amparo, en aplicación de los principios de informalidad,
prevalencia del derecho sustancial y acceso efectivo a la administración de justicia. Por
ello, concluyeron que el fallo impugnado impuso barreras formales desproporcionadas e
incompatibles con la naturaleza garantista de la acción de tutela.

5
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5.2. Por auto proferido el 26 de abril de 2026 se concedió la impugnación11 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 10 de junio de 202612.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 13, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201514, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202115, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201916, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente17:

6.2.1. Los señores Luis Fernando Vega Lugo y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
instauraron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra la Resolución
núm. 2938 del 19 de abril de 2023, por la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE)
reconoció personería jurídica al partido Gente en Movimiento.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado
que, mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, declaró la nulidad de la
mencionada resolución por infracción del artículo 108 de la Constitución Política y por
falsa motivación.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo estudio, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de legitimación en la
causa por activa.

11 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 00.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 01816 01.
13 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
14 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
15 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
17 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00223-00.

6
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Sobre el particular, la Sala advierte que no se satisface dicho presupuesto procesal, por
las razones que pasan a exponerse.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que:

[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]

A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispuso que «[…] la acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante […]».

Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia T-511 de 2017, al hacer referencia a
la sentencia T-176 de 2011, indicó que «[…] la legitimación en la causa por activa
constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un
interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de
tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante […]»

Asimismo, esta Sección18 ha señalado que quien promueve una acción de tutela contra
una providencia judicial debe acreditar que participó en el proceso cuya actuación o
decisión cuestiona, o que cuenta con una habilitación jurídica que le permita reclamar la
protección de los derechos fundamentales presuntamente afectados con ocasión de
dicho trámite.

Al efecto, en fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2020 19, esta Sección explicó
que “(…) la legitimación en la causa por activa de quien promueve acción tutela contra
providencia judicial y alega la vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, está determinada por la participación en el proceso judicial cuya revisión
depreca en ejercicio del amparo constitucional (…)”. (Negrillas originales de la
providencia).

En aquella oportunidad, también se indicó que “(…) para acreditar el requisito de la
legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela contra providencias
judiciales, se requiere que el actor haya sido parte del respectivo proceso judicial que
censura, a fin de que, como inferencia lógica, pueda alegar que se vulneró su derecho al
debido proceso (…)”20.

En el caso concreto, los accionantes cuestionan la sentencia proferida el 4 de septiembre
de 2025 que declaró la nulidad de la Resolución núm. 2938 de 2023, mediante la cual se
reconoció personería jurídica al Partido Gente en Movimiento. Sin embargo, no está
acreditado que los ciudadanos David Julián Quintero Garavito, Oscar Tulio Lizcano

18 Esta posición ha sido expuesta en: (i) Sentencia del 26 de noviembre de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo

López. Expediente radicación núm. 11001 03 15 000 2018 02901 01; (ii) Sentencia del 26 de marzo de
2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación núm. 11001 03 15 000 2022 04272 01; (iii)
Sentencia del 13 de diciembre de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación núm. 11001
03 15 000 2023 06907 00; y
19 Sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.

11001 03 15 000 2020 04130 00.
20 Ibidem.

7
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González, Gustavo Díaz Gómez, Juan José Morales Gómez y Alba Solanyi González
Ariza hubieran intervenido como partes o terceros reconocidos dentro del respectivo
proceso judicial, ni que ostentaran alguna calidad que los habilitara para controvertir,
mediante acción de tutela, la decisión allí adoptada.

Tampoco demostraron actuar en representación del Partido Gente en Movimiento. Por el
contrario, en el expediente se evidencia que la representación de dicha colectividad
correspondía a su director nacional, conforme a los estatutos partidarios. En
consecuencia, los accionantes no acreditaron una habilitación jurídica que les permitiera
reclamar, en nombre de la organización política, la protección de los derechos que
estiman afectados.

Frente a los argumentos de la impugnación, la Sala advierte que, aunque los accionantes
afirman actuar en defensa de derechos propios como dirigentes, militantes o
simpatizantes del partido, la afectación que alegan se deriva exclusivamente de la pérdida
de la personería jurídica de dicha colectividad. Por tanto, la supuesta vulneración de sus
derechos depende necesariamente de la situación jurídica del partido político, sujeto
distinto de quienes promueven el amparo.

En ese contexto, la condición de militante, dirigente o simpatizante de una organización
política no resulta suficiente para atribuir legitimación en la causa por activa frente a una
providencia judicial que resolvió la situación jurídica de dicha persona jurídica. Admitir lo
contrario supondría extender la legitimación para promover tutela contra providencias
judiciales a cualquier persona que alegue afinidad política, ideológica o asociativa con
alguno de los sujetos afectados por la decisión cuestionada, desconociendo la exigencia
de acreditar un interés directo y particular en la protección constitucional solicitada.

Así las cosas, la Sala concluye que los accionantes no acreditaron una afectación directa
de derechos fundamentales que les otorgara legitimación para cuestionar la providencia
judicial censurada.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela resulta improcedente por falta
de legitimación en la causa por activa, por lo que se confirmará la decisión de primera
instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A de esta Corporación, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

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Radicación: 11001 03 15 000 2026 01816 01
Accionante: David Julián Quintero Garavito y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 3 de julio
de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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