Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-28-000-2025-00008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2025-00008-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2025-00008-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de febrero de 2026
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2025-00008-00
Demandante: SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Tema: Personería jurídica de partidos políticos. Violencia política
como presupuesto para obtenerla.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir, en única instancia, la demanda presentada contra la
Resolución 4354 de 15 de junio de 2023, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, por medio de la cual se restableció la personería jurídica al Partido del
Trabajo de Colombia, en adelante PTC.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien actúa en nombre propio,
en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, presentó demanda en la que formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se declare la NULIDAD de la Resolución No. 4354 de 2023 (15 de
Junio), por medio de la cual se RESTABLECIÓ la personería jurídica al Partido
del Trabajo de Colombia (PTC) y se ordenaron varios REGISTROS
PROVISIONALES en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y
Agrupaciones Políticas (R.U.P.M.P.A.P.).
2. Que, como consecuencia de la anterior declaratoria, se ORDENE la
CANCELACIÓN de la personería jurídica del «Partido del Trabajo de
Colombia» en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y
Agrupaciones Políticas (R.U.P.M.P.A.P.), así como de los demás REGISTROS
PROVISIONALES que se ordenaron en la parte resolutiva de la Resolución
No. 4353 de 2023 (15 de Junio)
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
1.2. Hechos
2. Manifestó que el PTC fue creado en 1970, y desde el momento de su
fundación la colectividad se agrupó bajo la cobertura del Movimiento Obrero
Independiente y Revolucionario, en adelante MOIR, para el desempeño de su
actividad política.
3. Señaló que mediante Resolución 013 de 1987, se reconoció personería
jurídica al MOIR; no obstante, en Resolución 091 de 1992 dicho reconocimiento
fue revocado por no haber participado en las elecciones de 1991.
4. Indicó que a través de la Resolución 027 de 1995, la agrupación en
mención adquirió nuevamente personería jurídica por cuenta de la elección del
senador Jorge Santos Núñez en el año 1994, tras haber presentado el número
suficiente de apoyos válidos exigidos. Sin embargo, dicha personería fue
revocada por Resolución 1057 de 2006, por cuanto no obtuvo el número de
votos requeridos en las elecciones cercanas.
5. Adujo que, por otro lado, frente a la relación política entre el PTC y el
MOIR, esta finalizó en el año de 1998, al postularse candidatos al Senado de la
República por las dos vertientes creadas internamente.
6. Sostuvo que con ocasión de la Resolución 2026 de 12 de mayo de 2003,
el PTC contó con personería jurídica como organización política independiente,
luego de haber presentado el número suficiente de apoyos válidos conforme a
la normativa vigente.
7. Afirmó que mediante Resolución 1767 de 9 de junio de 2004, la
personería del PTC fue revocada con ocasión de la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2003, toda vez que no obtuvo representación en el
congreso en las elecciones de 2002.
8. Informó que la colectividad PTC ingresó al Polo Democrático
Independiente en el 2005.
9. Expuso que entre los años 2012 y 2015, el señor Marcelo Torres fue
elegido alcalde de Magangué (Bolívar) por el Partido Verde, el cual, en el 2014,
hizo parte de la Alianza Verde, colectividad a la que perteneció el PTC.
10. Precisó que, en el 2018, el PTC participó en la coalición Colombia
Humana, mismo año en el que el señor Yezid García, militante de dicha
agrupación política, obtuvo una curul en el Senado de la República por la lista
de Alianza Verde.
11. Destacó que, en el año 2022, el PTC hizo parte de la coalición del Pacto
Histórico, el cual en las últimas elecciones al Congreso de la República
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
presentó como candidatos al Senado de la República a los señores Edwin
Palma y Consuelo Ahumada, y a la Cámara de Representantes por Risaralda a
la señora Margarita Fajardo, quienes son simpatizantes del PTC.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
12. Argumentó que el acto acusado incurrió en la causal de nulidad de
infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que se lesionó el
estatuto básico de los partidos y movimientos políticos al haber restituido la
personería jurídica al PTC, sin que se hubieran cumplido con los supuestos
fácticos y jurídicos previstos en la sentencia SU-257 de 2021 emitida por la
Corte Constitucional, de manera que la solicitud de reconocimiento debió
quedar sometida al régimen común de los artículos 108 de la Constitución
Política, 3.º de la Ley 130 de 1994 y 3.º de la Ley 1475 de 2011.
13. Consideró que la cancelación de la personería jurídica del PTC en su
momento se originó en la falta de obtención de representación en las elecciones
al Congreso de la República en el año 2002, lo que le impidió al partido cumplir
con la regla del umbral y, por ende, constituyó una causa suficiente para que se
decretara la pérdida de su estatus jurídico a través de la Resolución 1767 de 9
de junio de 2004.
14. Sustentó que los medios de convicción relacionados por el CNE en el
acto demandado, que dieron cuenta de trece homicidios de dirigentes y
militantes del MOIR y del PTC, sin diferenciación del movimiento o partido al
cual pertenecían, ocasionados entre 1979 y 1996, así como amenazas y
homicidios ocurridos entre los años 2003 y 2023, no pueden considerarse como
pruebas demostrativas de actos de violencia sistemática contra los demás
militantes y simpatizantes del partido, pues tales delitos no impidieron que se
presentaran candidatos al Congreso de la República.
15. Puso de presente que la resolución acusada incurrió en defectos
ostensibles, al afirmar que los militantes del MOIR y del PTC sufrieron actos de
violencia por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, pues esa última
colectividad en el año 2005 ingresó al Polo Democrático Independiente; luego,
entre 2012 y 2014 hizo parte de Alianza Verde; en el año 2018 participó en la
coalición Colombia Humana. Y, finalmente, en el año 2022 formó parte de la
coalición Pacto Histórico y tuvo a los candidatos Edwin Palma al Senado de la
República, y Consuelo Ahumada a la Cámara de Representantes por Risaralda.
16. Advirtió que el PTC ha participado de forma activa e ininterrumpida en
todos los debates electorales realizados desde el año 1972 hasta la fecha, pero
lo hizo al interior de otras organizaciones políticas o mediante acuerdos de
coalición programática, lo que demuestra que no se ha afectado su libertad para
disputar el poder público ni se ha limitado su capacidad para intentar recuperar
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
su personería jurídica, una vez cancelada.
17. Precisó que nunca se produjo la desaparición o exterminio del PTC, a
diferencia de la Unión Patriótica y del Nuevo Liberalismo, sino que la pérdida de
su personería jurídica se dio por el incumplimiento de requisitos legales para
subsistir como partido.
18. Manifestó que no obran en el expediente administrativo pruebas que
demuestren que el PTC hubiera afrontado situaciones de violencia graves que,
en palabras de la Corte Constitucional, se pudiera derivar una relación de
causalidad directa y efectiva con la afectación a la participación política.
19. Indicó que en el acto acusado se relacionaron los siguientes hechos
concretos de violencia:
20. No obstante, frente al evento particular relacionado con el asesinato de la
señora Zully Codina, cometido en noviembre de 2003, se desvirtúa que este
haya impedido la inscripción de listas al Congreso de la República a partir del
certamen de 2002, pues este no guarda relación directa ni efectiva con la falta
de participación en esas elecciones.
21. Planteó que, si bien se indicaron los hechos violentos relacionados en la
tabla anterior, estos no fueron causa determinante, suficiente y poderosa para
que el PTC no hubiera postulado candidatos al Congreso de la República en el
año 2006 y siguientes, para efectos de recuperar su personería, por lo que de
conformidad con la sentencia de unificación de la Corte Constitucional y para
aplicar los efectos inter comunis de tal decisión, debían acreditarse las
condiciones de tiempo, modo y lugar. Sin embargo, en este caso, ello no se
probó.
22. De otro lado, invocó el cargo de falsa motivación con fundamento en que
el sustento de la resolución demandada es impropio, ya que los motivos que
tuvo en cuenta para aplicar los efectos inter comunis de la sentencia SU-257 de
2021 eran improcedentes, en tanto el PTC ha sido parte de otros partidos y
coaliciones políticas, y ha presentado candidatos para las últimas elecciones del
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
Congreso de la República en el año 2022.
23. El vicio de falsa motivación se sustenta en que el Consejo Nacional
Electoral afirmó que el PTC hizo parte de la coalición Pacto Histórico cuando
dicha colectividad no tenía personería jurídica y, en ese sentido, no podía
suscribir el acuerdo respectivo para coaligarse.
1.4. Admisión de la demanda
24. Por auto de 31 de enero de 2025, se admitió la demanda y se ordenó su
notificación al presidente del Consejo Nacional Electoral y al representante legal
de la agrupación política Partido del Trabajo de Colombia.
1.5. Contestación de la demanda
1.5.1. Consejo Nacional Electoral
25. Manifestó que existen documentos suficientes para estimar que las
declaraciones de los señores Marcelo Torres y Yezid García Abello dentro del
expediente administrativo, se asentaron en hechos ciertos y comprobables que
dan lugar a la aplicación de la sentencia SU-257 de 2021, emitida por la Corte
Constitucional, de manera que resulta victimizante asegurar que los hechos de
violencia no son suficientes para considerar a los miembros del PTC como
sujetos de situaciones violentas sistemáticas a lo largo de tres décadas.
26. Propuso la excepción de inexistencia de infracción de las normas en que
debía fundarse, con sustento en que el CNE reconoció personería jurídica al
PTC en aplicación al principio de igualdad, extendiendo lo que la Corte
Constitucional expuso frente al caso del «Partido Liberal Colombiano»1.
27. Hizo hincapié en el marco normativo que soportó el acto acusado y en
las reglas establecidas en la sentencia SU-257 de 2021, de lo que acotó que en
la resolución que restituyó la personería jurídica al PTC se tuvo en cuenta,
además, lo consagrado por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y que el partido cumplió con las
circunstancias fácticas para hacer extensivo el fallo de unificación citado, las
cuales están debidamente probadas en el expediente administrativo.
28. Planteó la excepción de inexistencia de la causal de falsa motivación,
con sustento en que el CNE se acogió a la jurisprudencia aplicable y con base
en ella inaplicó de forma excepcional la normativa sobre reconocimiento de
personería jurídica a partidos, para efectos de atender la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional.
1 De esa forma fue referido en la contestación de la demanda.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
1.5.2. Partido del Trabajo de Colombia
29. Señaló que la colectividad en mención ha sufrido un número importante
de hechos de violencia, pues varios militantes del PTC fueron asesinados por
los distintos actores armados, además que otros han sufrido desplazamiento
para salvaguardar su vida y la de sus familias; lo que si bien no se compara con
lo sufrido por la Unión Patriótica, ello se genera precisamente porque la
organización política no ha podido crecer en militancia por cuenta de todos los
factores criminales que le han desestabilizado y que han impedido que muchos
simpatizantes se incorporen a esta.
30. Puso de presente que no cuenta con representación parlamentaria
porque cuando se realizaron las elecciones en el año 2022, el PTC no tenía
personería jurídica, de manera que sus militantes participaron en la lista del
Pacto Histórico inscritos con otras banderías.
31. Pidió que se tenga en cuenta la relación de militantes del PTC realizada
por el CNE al contestar la demanda, sumada a la documental que aportó al
solicitar la restitución de la personería jurídica, para efectos de determinar la
verdadera dimensión del daño causado a la organización política, con los
hechos de violencia que datan de finales del año 1968.
32. Hizo referencia a los antecedentes históricos del partido y del Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR), destacado por rechazar la
lucha armada, así como a la política de pies descalzos desarrollada desde los
años 70 hasta finales de los 90, principalmente en zonas rurales, lo que
desembocó en una sistemática persecución política traducida en asesinatos,
desplazamientos y amenazas contra militantes, hechos que fueron
documentados en fuentes históricas y archivos públicos.
33. Indicó que si bien el demandante adujo que la cancelación del estatus
jurídico del PTC obedeció únicamente a su falta de representación en las
elecciones de 2002, omitió el contexto amplio de violencia continua y estructural
que impidió su participación electoral, por lo que es viable concluir que la
organización cumplió con los criterios establecidos en la sentencia SU- 257 de
2021, para efectos de hacer una extensión de los efectos reconocidos al Partido
Nuevo Liberalismo, en materialización del principio a la igualdad.
1.6. Trámite procesal relevante
34. Por auto de 29 de agosto de 2025, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, se decretaron como prueba los documentos incorporados con la
demanda y sus contestaciones, se denegaron por innecesarios unos
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
testimonios y una prueba trasladada solicitada por el PTC2, y se fijó el litigio
bajo los siguientes términos:
10. En este caso, deberá analizarse si la Resolución No. 4354 de 15 de junio
de 2023 a través de la cual el CNE restableció la personería jurídica al PTC, se
encuentra viciada de nulidad por infracción a las normas en que debía
fundarse, a saber, los artículos 108 de la Constitución Política, 3º de la Ley 130
de 1994 y 3º de la Ley 1475 de 2011; así como por falsa motivación en tanto no
se tuvo en cuenta que la colectividad PTC no estaba exceptuada de cumplir
con la regla constitucional del umbral en las últimas elecciones del Congreso.
11. Por lo anterior, deberá establecerse si la entidad en mención violó el
estatuto de los partidos y movimientos políticos con la decisión demandada al
restituir la personería jurídica al PTC, sin que se encuadrara en los supuestos
fácticos y jurídicos previstos en la sentencia SU- 257 de 2021; si quedó
demostrada en el proceso administrativo la situación de violencia sistemática
que presuntamente vivieron los militantes del PTC en el desarrollo de sus
actividades políticas, si ello tuvo vínculo con el derecho a participar y si hubo
una relación de causalidad directa y efectiva entre los supuestos actos
violentos con tal prerrogativa, de manera que se hayan acreditado las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo anterior.
12. También deberá analizarse si la falsa motivación del acto acusado se dio
en razón a que el CNE tuvo por miembro de una coalición al PTC, cuando este
no contaba con personería jurídica.
35. En esa misma decisión se dispuso correr traslado a las partes para
alegar de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
1.7. Alegatos de conclusión
1.7.1. Consejo Nacional Electoral
36. Reiteró las excepciones de fondo denominadas «inexistencia de la
infracción de las normas en que debía fundarse el acto administrativo» e
«inexistencia de falsa motivación», bajo similares términos a los señalados en la
contestación de la demanda.
1.7.2. Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
37. Insistió en la configuración de los cargos alegados en contra de la
resolución acusada, bajo la misma línea argumentativa expuesta en la
demanda.
2 Decisión que fue confirmada por la sala mediante auto de 25 de septiembre de 2025, que
resolvió el recurso de súplica instaurado por el PTC.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
1.7.3. Partido del Trabajo de Colombia
38. Reiteró lo esgrimido en la contestación de la demanda, en cuanto al
contexto de violencia sistemática que impidió al partido ejercer actividades de
militancia.
1.8. Concepto del Ministerio Público
39. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó
silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. La Sección Quinta es competente para resolver la demanda de la
referencia en única instancia, según lo dispuesto en el artículo 149 numeral 1.º
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3
y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo 434 de 2024 que contiene el reglamento del Consejo de Estado4.
2.2. Acto demandado
41. El demandante ejerció el medio de control de nulidad consagrado por el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, contra la Resolución 4354 de 15 de junio
de 2023 «Por medio de la cual se RESUELVE la solicitud de restitución de la
personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia, dentro del expediente
identificado con radicado No. CNEE-2023-003658».
3 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El Consejo de
Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:
1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo
que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos.
4 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así:
ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del
reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…) Sección Quinta
2. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral, así como contra los actos
expedidos por las autoridades electorales en virtud de su función de regulación, inspección, vigilancia y
control de toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos y las relacionadas con la dirección y
organización de las elecciones.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
2.3. Problema jurídico
42. A partir de la fijación del litigio determinada mediante auto de 29 de
agosto de 2025, corresponde a esta corporación resolver:
i). Si la colectividad PTC estaba o no exceptuada de cumplir con la regla
del umbral en las últimas elecciones del Congreso de la República, en los
términos del régimen general aplicable para efectos de la restitución de su
personería jurídica.
ii). Si dicho partido se encontraba dentro de los supuestos fácticos y
jurídicos previstos en la sentencia SU- 257 de 2021 proferida por la Corte
Constitucional, esto es, si se encuentran acreditadas en el expediente
administrativo las situaciones de violencia sistemática en contra de los
simpatizantes del PTC en el desarrollo de sus actividades políticas; o, si
por el contrario, el CNE vulneró el estatuto de los partidos y movimientos
políticos al restituir la personería jurídica al PTC.
iii). Si el acto acusado incurrió en falsa motivación en razón a que el CNE
tuvo por miembro de una coalición al PTC, cuando este no contaba con
personería jurídica.
43. Antes de analizar los cargos invocados por la parte demandante, se
pondrá de presente el marco jurídico que regula el caso bajo estudio.
2.4. Marco jurídico
2.4.1. Régimen general de otorgamiento de la personería jurídica a los
partidos políticos
44. El artículo 108 de la Constitución Política, en su redacción original,
determinó los presupuestos para reconocer la personería jurídica a partidos y
movimientos políticos, bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería
jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para
participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su
existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección
anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzando
representación en el Congreso de la República.
En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la
organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la
afiliación a ellos para participar en las elecciones.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.
Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el
respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él
delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también
podrán inscribir candidatos.
La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las
inscripciones de candidatos.
La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no
haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado
representación como miembros del Congreso, en la elección anterior.
Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales
que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento
político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 mil votos o no se
alcance la representación en el Congreso de la República.
45. Conforme a lo anterior, el reconocimiento de personería jurídica a
partidos y movimientos políticos estaba fundado, en primer término, en la
voluntad de asociación, sumada a la comprobación de su existencia mediante
uno de estos tres supuestos: (i) la exigencia de un mínimo de cincuenta mil
(50.000) firmas, (ii) la obtención de al menos igual número de votos en
elecciones de Congreso o (iii) conseguir representación en la misma
corporación pública. A su vez, este atributo se perdería por no alcanzar la
votación mínima o lograr alguna curul en los comicios indicados.
46. En desarrollo de lo anterior, el artículo 3º de la Ley 130 de 1994
consagró disposiciones instrumentales y de procedimiento para el cumplimiento
por parte del Consejo Nacional Electoral de la función de reconocer y otorgar
personería jurídica a estas organizaciones. En tal virtud, las directivas debían
formular solicitud acompañada de los estatutos, el documento de plataforma
ideológica y la acreditación de alguno de los presupuestos señalados en el
artículo 108 constitucional. A su turno, el artículo 4º ibídem sumó a las causales
para perder la personería jurídica señaladas en la norma constitucional, la
disolución estatutaria y la declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral,
«en los casos previstos en la ley».
47. El Acto Legislativo 01 de 2003 modificó el artículo 108 de la Constitución
Política y ajustó el régimen para la obtención y conservación de la personería
jurídica de los partidos y movimientos políticos de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá
personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente
en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes
o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el
régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido
representación en el Congreso (…)”.
48. De esa manera, dispuso un umbral de votación del dos por ciento (2%)
de la votación nacional, exclusivamente en el marco de las elecciones al
Congreso de la República, como condición para el reconocimiento por parte del
Consejo Nacional Electoral de la personería jurídica a las organizaciones
políticas.
49. No obstante, con posterioridad, se presentó nuevamente una reforma
política al artículo en mención, la cual fue plasmada a través del Acto
Legislativo 1 de 2009, que aumentó el umbral de votación para obtener y
mantener la personería jurídica al tres por ciento (3%) de la votación válida
emitida para alguna de las cámaras del Congreso de la República.
50. Por su parte, el artículo 3º de la Ley 1475 de 2011 dispuso que se
ordenará la inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos
del reconocimiento de personería jurídica a tales colectividades:
ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLÍTICOS.
[…] En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo
Nacional Electoral ordenará su inscripción en el Registro Único a que
se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones
políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica y se someterán, en todo
lo demás, a las mismas reglas de organización y funcionamiento.
2.4.2. Excepción a la aplicación del régimen general por situaciones de
violencia grave y sistemática
51. Tanto esta corporación como la Corte Constitucional se han ocupado de
precisar el alcance e interpretación del artículo 108 de la Constitución Política,
en los casos en que los miembros de agrupaciones políticas han sufrido
violencia grave y sistemática por sus ideales propios, que haya impedido el
ejercicio de sus actividades proselitistas.
52. En ese sentido, esta sección recientemente estableció el alcance del
reconocimiento de personería jurídica a partidos políticos con base en la
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
existencia de violencia grave y sistemática, y efectuó las siguientes precisiones
que deben tenerse en cuenta al momento de verificarse si una agrupación de
ese tipo se encuadra dentro de los supuestos para no aplicar el artículo 108
ibídem5:
1- Si se presentan escenarios de violencia grave, extraordinaria e
incluso catalogada como de lesa humanidad, que impidan la
participación de los colectivos en los certámenes, estos se deben
valorar en su contexto, con las pruebas aportadas al plenario,
analizando cuál fue el impacto sobre el ejercicio de los derechos y las
garantías fundamentales.
2- No cualquier tipo de violencia altera las condiciones para desarrollar
el principio democrático y, por ende, impone al juzgador de la
personería jurídica conocer si existió una causa poderosa de
impedimento para participar en el certamen y mantener tal estatus
jurídico como colectividad.
3- En cada caso concreto, a partir de las pruebas obrantes en el
expediente judicial, el juzgador, conforme a la sana crítica, deberá
considerar si los actos violentos afectaron o no esas prerrogativas
fundamentales, si estos son parecidos, afines o similares a los que
sufrió el Nuevo Liberalismo o la Unión Patriótica6 y, si tales
situaciones tuvieron una relación directa y efectiva para que la
agrupación hubiese perdido su reconocimiento como colectividad
política.
4- Las agresiones graves sufridas deben analizarse desde un contexto
sistemático, pues, no existe una aplicación automática de los efectos
inter comunis, creados en la sentencia de unificación.
53. Sobre esas bases y atendiendo a los parámetros establecidos en la
sentencia SU-257 de 2021 proferida por la Corte Constitucional, debe
determinarse si en cada caso concreto y conforme a las pruebas aportadas al
expediente, es procedente o no otorgar personería jurídica a una colectividad,
con base en la excepción al régimen general en virtud de una situación de
violencia grave y sistemática.
54. Cabe resaltar lo señalado en el fallo de unificación antes mencionado, en
relación con el deber de interpretar el artículo 108 de la Constitución Política, a
favor de las agrupaciones que demuestren hechos violentos graves y
sistemáticos que hayan limitado sus actividades proselitistas:
Este caso obliga a plantear la necesidad de desbloquear la democracia
porque las barreras existentes como las que son objeto de análisis impiden
el desarrollo e implementación del principio pluralista que facilite la
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 18
de septiembre de 2025, radicado 11001-03-28-000-2024-00199-00 (acumulado 11001-03-28-
000-2024-00208-00). Magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
6 Entendiendo que la Corte Constitucional en la SU – 257 de 2021, afirmó que el fallo de la
Unión Patriótica, servía como precedente de apoyo interpretativo.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
democracia militante y que afecta tanto a las nuevas organizaciones
políticas como a sectores o tendencias de los propios partidos y
movimientos políticos, porque obtenida su personería jurídica, dada la
rigidez de las reglas constitucionales y legales, ésta se pierde o se debe
cancelar, como sucedió en este segundo evento con el Nuevo Liberalismo
porque, una vez reincorporado al Partido Liberal, desaparecido su líder,
perdió toda posibilidad real de participar en él o de recobrar la personería
para salir nuevamente, como organización autónoma, a construir
políticamente en la sociedad, porque lo eliminaron físicamente en forma tal
que su crimen fue calificado como de lesa humanidad, que es indiscutible y
está probado con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia a las
cuales se ha hecho amplia referencia en esta providencia, sin perjuicio de
la calificación en el mismo sentido de otros crímenes de los cuales cuáles
también fueron víctimas otros líderes del Nuevo Liberalismo.
2.5. Caso concreto
55. Como viene de explicarse, la parte actora solicita que se declare la
nulidad del acto administrativo a través del cual el CNE restituyó personería
jurídica al PTC, con fundamento en que incurrió en los cargos de infracción de
las normas en que debía fundarse y falsa motivación, los cuales pasan a
analizarse de forma independiente.
2.5.1. Infracción de las normas en que debía fundarse
56. El cargo se sustentó en que el otorgamiento de la personería jurídica al
PTC debió cumplir con el régimen común previsto para tal efecto, por cuanto no
se configuran con los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la sentencia
SU 257 de 2021 emitida por la Corte Constitucional, en tanto las pruebas que
tuvo en cuenta el CNE para restituir dicha prerrogativa a esa colectividad no son
demostrativas de violencia sistemática.
57. Lo anterior, debido a que los simpatizantes de las agrupaciones en
mención han participado activamente en actividades proselitistas a través de
otros grupos políticos, o mediante acuerdos de coaliciones programáticas;
además que la pérdida de la personería jurídica del PTC no se dio por
exterminio de sus militantes, sino por el incumplimiento de sus requisitos
legales para subsistir como partido.
58. Indicó que en el acto acusado se relacionaron los siguientes hechos
concretos de violencia:
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
59. No obstante, precisó que frente al evento particular relacionado con el
asesinato de la señora Zully Codina, cometido en noviembre de 2003, se
desvirtúa que este haya impedido la inscripción de listas al Congreso de la
República a partir del certamen de 2002, pues no guarda relación directa ni
efectiva con la falta de participación en esas elecciones.
60. De acuerdo con el marco jurídico señalado en precedencia, corresponde
a la sala determinar si hubo actos de violencia grave y sistemática en contra de
militantes del PTC, que hayan impedido el ejercicio de actividades proselitistas
y que hayan surgido en razón de los ideales de la colectividad.
61. Revisado el expediente administrativo allegado al proceso por el CNE 7,
se observa que el 16 de febrero de 2023, los señores Marcelo Torres Benavides
y Yesid García Abello, en calidad de voceros del PTC, solicitaron a la entidad el
restablecimiento de la personería jurídica a dicha agrupación, con fundamento
en que a lo largo de su existencia los derechos de sus simpatizantes han sido
vulnerados por el hecho de pertenecer a la organización política, debido a
sucesos violentos que han impedido el ejercicio libre de actividades
proselitistas.
62. A través de la Resolución 4354 de 15 de junio de 2023 (acto acusado), el
CNE resolvió restituir la personería jurídica al PTC, bajo los siguientes
argumentos:
i. El PTC obtuvo el reconocimiento de su personería jurídica a través de la
Resolución 2026 de 12 de mayo de 2003, tras presentar el número
suficiente de apoyos por la recolección de 50.000 firmas.
ii. Mediante Resolución 1767 de 9 de junio de 2004, se revocó la
personería jurídica al PTC con fundamento en el Acto Legislativo 01 de
2003, de acuerdo al cual solamente los partidos y movimientos políticos
con representación en el Congreso de la República podrán conservar tal
atributo.
7 Índice 00017 de Samai.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
iii. En el año 2005 la colectividad PTC ingresó al Polo Democrático
Independiente, entre 2012 y 2015 el señor Marcelo Torres, militante del
partido, hizo parte de la Alianza Verde; en el 2018 el movimiento participó
en la coalición Colombia Humana; y, en las últimas elecciones presentó
candidatos al Congreso de la República con partidos que formaron parte
del Pacto Histórico.
iv. En relación con los hechos de violencia tanto del PTC como del MOIR
(movimiento bajo el cual se agrupó tal colectividad como un sector
interno, según lo informado en el acto acusado, cuyo nombre fue
adoptado por el PTC para su actividad política hasta el año 1998), el
CNE consideró que se acreditó que el PTC ha sufrido actos violentos que
han afectado su derecho a la participación política, de lo cual dan cuenta
los trece homicidios de dirigentes y militantes del MOIR y del partido en
mención, lo cual infirió de los recortes de prensa aportados por los
solicitantes y las declaraciones de parte rendidas por dirigentes.
63. De conformidad con el análisis efectuado por el CNE en el acto acusado,
la entidad encontró acreditado que el PTC es una organización política con
vocación de permanencia, la cual por cuenta del trabajo proselitista de los
militantes del partido ha sufrido actos de violencia que han afectado su derecho
a la participación política en condiciones de igualdad.
64. Se precisó, además, que parte importante de tales hechos ocurrieron
entre los años de 1979 y 1996, pero desde la fecha en que fue cancelada la
personería jurídica por no obtener los apoyos necesarios (año 2003), miembros
del PTC, vinculados con movimientos sindicales, han sido víctimas de grupos
armados al margen de la ley.
65. Para tal efecto, se consideró que de lo anterior dan fe los trece
homicidios de dirigentes y militantes del MOIR y del PTC entre 1979 y 1996, y
las amenazas y homicidios ocurridos entre los años 2003 y 2023, lo que, como
ya se explicó, encontró corroborado de los recortes de prensa aportados por los
solicitantes y las declaraciones de parte rendidas por los dirigentes de la
colectividad.
66. En ese sentido, la entidad puntualizó que en el caso del PTC, por causas
ajenas a la voluntad de los directivos, relacionadas con actos de violencia
contra militantes vinculados con el movimiento obrero y sindical, la capacidad
política del partido se vio restringida, pues fueron evidentes los actos de
persecución contra los miembros de tal organización.
67. Ahora bien, para la parte demandante las pruebas que tuvo en cuenta el
CNE no demuestran los actos de violencia en contra del PTC, ni que hayan
impedido el ejercicio del proselitismo de sus miembros, pues frente a los
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
asesinatos de los trece dirigentes no se encuentra establecido que hayan
pertenecido al MOIR o a dicha organización; además, los otros casos violentos
no guardan relación directa con la participación política de los miembros del
partido.
68. Resulta del caso precisar que, de conformidad con lo consignado en el
acto demandado y las declaraciones recaudadas por el CNE dentro del
expediente administrativo, el PTC fue creado en el año de 1970 y se agrupó
bajo la cobertura del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario
(MOIR), del cual usó su nombre para actividades políticas, colectividad que
obtuvo por primera vez su personería jurídica en 1987.
69. Frente al atributo anterior, se destaca el resumen de la trayectoria política
del PTC y su relación con el MOIR hecho por el CNE en el acto acusado:
MOIR:
• En 1987 obtuvo por primera vez la personería jurídica (Resolución 013
de 1987).
• En 1992 se revocó la personería jurídica (Resolución 091 de 1992).
• En 1995 obtuvo nuevamente el reconocimiento de la personería jurídica
(Resolución 027 de 1995).
• En 2006 la personería jurídica fue otra vez revocada (Resolución 1057
de 2006).
PTC:
• Creado en 1970, desde 1972 se agrupó junto a otras fuerzas políticas y
sociales bajo la cobertura del MOIR.
• En 1998 se separó del MOIR.
• En 2003 se le reconoció por primera vez personería jurídica (Resolución
2026 de 2003).
• En 2004 le fue revocada la personería jurídica (Resolución 1767 de
2004).
• En 2005 ingresó al Polo Democrático Independiente.
• En 2014 hizo parte del partido Alianza Verde.
• En 2018 hizo parte de la coalición Colombia Humana.
• En 2022 hizo parte de la coalición del Pacto Histórico.
70. Aclarado lo anterior, y volviendo al caso concreto, deben señalarse las
pruebas que tuvo en cuenta el CNE para entender acreditados los actos de
intimidación y violencia contra militantes del MOIR y del PTC, las cuales fueron
relacionadas en el acápite 4.4. del acto demandado y se encuentran en el
expediente administrativo aportado por la entidad:
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
i. Recortes de prensa:
a. “Violenta represión gubernamental para obstaculizar la campaña
electoral del Frente Popular-MOIR” (fuente y fecha sin identificar).
b. “Acribillado activista del MOIR- Leonidas Bustos". 1980. (Fuente sin
identificar).
c. “Torturado y asesinado Oscar Restrepo, concejal del MOIR en Puerto
Triunfo”. Tribuna Roja. 1981.
d. "Mas asesinatos y atropellos". Tribuna Roja. 1980.
e. "Asesinados otros dos militantes del MOIR". Tribuna Roja. 1983.
71. La mayoría de hechos relacionados en los documentos anteriores datan
de los años 80, época en la cual el PTC actuaba bajo la cobertura política del
MOIR, según lo constatado por el CNE en los antecedentes del acto acusado.
72. En relación con los recortes de prensa, debe destacarse lo señalado por
esta sección en oportunidades anteriores, en virtud de lo cual no es posible dar
pleno valor probatorio a lo consignado en ese tipo de documentos, pues no
generan per se certeza sobre la ocurrencia y las condiciones de tiempo, modo y
lugar de los sucesos referidos8, de manera que estos deben ser valorados en
conjunto con otras pruebas.
ii. Comunicación del 29 de marzo de 2022, suscrita por el director técnico
de Reparación de la Unidad para las Víctimas:
8 Al respecto, se pueden consultar las sentencias de 19 de septiembre de 2024 (radicado
11001-03-28-000-2023-00034-00, magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra) y de 14 de
septiembre de 2025 (radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00, magistrada ponente Gloria
María Gómez Montoya).
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
73. En el documento en mención, si bien la entidad aludida dirigió unas
palabras con destino al señor Alberto Herrera Esguerra9, (quien de conformidad
con la declaración del señor Marcelo Torres Benavides es un miembro de la
Dirección Nacional del PTC), en relación con la eventual afectación a sus
derechos por cuenta del conflicto armado, no es posible determinar que de esas
manifestaciones se desprenda la existencia de una investigación o expediente
abierto por la Unidad para las Víctimas por un hecho de violencia específico, si
el destinatario de la comunicación hace parte del PTC y si las afectaciones
fueron por ser militante del partido en mención o del MOIR.
iii. Declaración de parte del señor Marcelo Torres Benavides, miembro del
PTC, rendida dentro del proceso administrativo que dio origen al acto
acusado, en audiencia de pruebas realizada el 15 de marzo de 2023.
74. Según lo relacionado en el acto demandado, el señor Torres manifestó
que desde finales de los años setenta hubo una cifra de trece militantes del
partido PTC asesinados por paramilitares y guerrilleros, entre los cuales se
encuentran los señores Óscar Restrepo (concejal de Puerto Triunfo), Aidé
Osorio (enfermera de la Universidad de Antioquia, asesinada en Arenal en
1986), Eduardo Rolón (estudiante de la Universidad de Antioquia, asesinado en
una vereda de Santa Rosa del Sur de Bolívar), Raúl Ramírez (estudiante de la
Universidad del Valle ultimado en la vereda del municipio del Bagre, Antioquia),
y Rodrigo Rojas, dirigente sindical de la USO, asesinado en 1993.
75. Sin embargo, se observa que además de que no se encuentran
relacionados todos los trece presuntos miembros del PTC frente a aquellos que
fueron nombrados por el declarante, no existe prueba en el expediente que
permita determinar que hayan sido víctimas de violencia en su contra por
cuenta de sus actividades proselitistas y en representación de los ideales del
partido señalado.
76. De esa manera, la valoración íntegra de las pruebas no permite
determinar que las trece personas fueron asesinadas con ocasión de la
actividad política en el PTC, como lo narraron los peticionarios de la personería
jurídica en la solicitud de su reconocimiento elevada ante el CNE, y que tales
hechos impidieron que esas organizaciones estuvieran en condición de
igualdad en el ejercicio político frente a otros movimientos.
iv. Declaración de parte del señor Fabio Arias, miembro del Comité
Ejecutivo del PTC.
77. En el acto acusado, el CNE relacionó lo dicho por el mencionado señor
en la audiencia de 25 de mayo de 2023, dentro de la cual puso de presente que
la violencia que han sufrido los simpatizantes del PTC ha sido por cuenta de
9 Según se advierte del expediente administrativo allegado por el CNE.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
vinculaciones al movimiento sindical. No obstante, tampoco se señalaron los
hechos concretos violentos, las víctimas de estos ni sus vínculos con el partido.
v. Hechos de violencia señalados en la petición de restitución de personería
jurídica al PTC:
78. Frente a las actuaciones delictivas señaladas en este cuadro, el CNE
tuvo en cuenta unos recortes de prensa relacionados con los asesinatos de
Zully Codina (Verdad Abierta el 29 de septiembre de 2023), Mariela Reyes
Montenegro (Swissinfo.ch el 4 de enero de 2024) y Oswaldo Hernández (Radio
Macondo); así como lo declarado por el señor Alberto Herrera sobre los señores
Zully Codina, frente a quien manifestó que era una directiva de Sindess
(Sindicato de la salud en el Magdalena), Oswaldo Hernández, quien denunció
malos usos a dineros de la salud, y Mariela Reyes, quien era del PTC, del
sindicato Sintraemsdes.
79. Sin embargo, estos, al ser cotejados con la declaración en mención, no
permiten determinar si los hechos de violencia en contra de las personas
aludidas fueron con ocasión de su despliegue político como miembros del PTC,
pues ni siquiera se logró corroborar si las víctimas pertenecían al partido y si los
homicidios fueron por representación de la ideología del partido, lo que impide
establecer un nexo causal entre los delitos y la pertenencia al PTC.
80. En efecto, en el recorte de prensa de «Verdad abierta», se adujo que la
señora Zully Codina fue asesinada por paramilitares del Frente Tayrona y se
dieron varias hipótesis sobre la causa de ello, como su presunta colaboración
con la guerrilla del ELN, por su calidad de periodista, o por su militancia en la
izquierda. Sin embargo, dicha prueba no permite determinar con certeza tal acto
delictivo, su móvil y el vínculo de la víctima con el PTC.
81. Ocurre lo mismo en el caso del asesinato del señor Oswaldo Hernández
(nota denominada «Líder sindical fue asesinado en el Magdalena». Radio
Macondo), ya que no se aportaron pruebas que demuestren que tal hecho
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
estuvo vinculado a la actividad del mencionado con el PTC.
82. De igual manera pasa con la nota periodística del homicidio de la señora
Mariela Reyes Montenegro realizada por «swissinfo.ch», en la que se señaló
que ella fue líder sindical y fue asesinada en el municipio de Santander de
Quilichao (Cauca). No obstante, solo se aludió la calidad de líder social de la
víctima, sin que obren otras pruebas que permitan ubicarla como militante del
PTC, y que su asesinato tuvo que ver con las actividades desarrolladas en
dicha colectividad.
83. Con todo, se traen de nuevo a colación los recortes de prensa que tuvo
en cuenta el CNE al momento de reconocer la personería jurídica al partido en
mención, junto con su contenido:
a. “Violenta represión gubernamental para obstaculizar la campaña
electoral del Frente Popular-MOIR” (fuente y fecha sin identificar).
84. El documento en mención que reposa en el expediente administrativo es
ilegible, de modo que no permite ver su contenido.
b. “Acribillado activista del MOIR- Leonidas Bustos". 1980. (Fuente sin
identificar).
85. En dicho recorte de prensa se informó sobre el homicidio del señor
Leonidas Bustos en el municipio de El Peñón, Cundinamarca. No obstante, del
contenido de la nota periodística no se observa si tal acto delictivo tuvo como
móvil el vínculo del occiso con el MOIR en la época en que el PTC actuaba bajo
el amparo de dicho movimiento, además que no obran más pruebas que
permitan corroborar tales hechos.
c. “Torturado y asesinado Oscar Restrepo, concejal del MOIR en Puerto
Triunfo”. Tribuna Roja. 1981.
86. En el periódico señalado se informó sobre la tortura y asesinato del señor
Óscar Restrepo en el municipio de Puerto Triunfo, quien, según lo afirmado en
la nota periodística, fue concejal del MOIR. No obstante, más allá de los
señalamientos hechos en el documento, no se aportaron otras pruebas que
demuestren con certeza que la víctima fue sujeto de tales delitos por sus
vínculos con el PTC.
d. "Mas asesinatos y atropellos". Tribuna Roja. 1980 y "Asesinados otros
dos militantes del MOIR". Tribuna Roja. 1983.
87. En las dos notas correspondientes al mismo periódico, se informó sobre
asesinatos de otros militantes del MOIR; sin embargo, más allá de lo señalado
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
en esa oportunidad no fueron aportadas pruebas sobre tales hechos que
permitan establecer un nexo de causalidad entre su pertenencia a tal
colectividad o al PTC y los actos delictivos.
88. Así las cosas, se concluye que los recortes de prensa por sí solos no
resultan prueba fehaciente de los actos de violencia continua y sistemática en
contra de miembros del MOIR, durante el tiempo en que el PTC actuó por
conducto de este, o de esa última colectividad, en tanto no demuestran que los
delitos cometidos en contra de las personas relacionadas hayan sido con
ocasión a su militancia en esas colectividades.
vi. Declaraciones sobre las condiciones de intimidación y violencia contra
los señores Marcelo Torres y Yezid García.
89. El CNE trajo a colación lo manifestado por las personas en mención,
dentro de la etapa probatoria del expediente administrativo, quienes dieron
cuenta de amenazas e intentos de asalto en su contra, pero no se aportaron
otras pruebas como denuncias, estudios de seguridad, procesos abiertos por
las autoridades competentes, entre otros medios de convicción que permitieran
establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los
hechos de violencia, y si estos influyeron o afectaron las actividades políticas
del PTC, sobre todo en las contiendas electorales posteriores a la pérdida de la
personería jurídica del partido por no acreditar el respaldo requerido.
90. Debe aclararse que si bien el CNE dispuso oficiar a la Fiscalía General
de la Nación, a la Unidad para las Víctimas y a la Unidad Nacional de
Protección con el fin de que allegaran copia de las denuncias, informes,
registros y certificaciones en relación con los hechos de violencia perpetrados
contra la vida e integridad de directivos, militantes y simpatizantes del PTC10,
no se aportaron tales documentos por parte de las entidades señaladas.
91. Del análisis de las pruebas que tuvo en cuenta el CNE para restituir la
personería jurídica al PTC, se destaca que no permiten evidenciar el nexo de
causalidad entre la violencia y la imposibilidad de ejercer la participación política
de la organización, pues no existe soporte sobre la pertenencia de las víctimas
a dicha estructura política, ni mucho menos que los actos violentos hayan sido
con ocasión de la representación ideológica del partido y que hayan afectado su
permanencia en las contiendas electorales desde que se creó.
92. Adicionalmente, si bien algunos recortes de prensa de los años 70 y 80
exponen la pertenencia al MOIR de algunas de las víctimas de violencia, no se
encuentra demostrada la militancia en la facción del PTC. Además, de los actos
violentos realizados en los años 2000, solo hay prueba de pertenencia respecto
de los señores Ivonett Tapia Gómez (Polo Democrático Alternativo) y Marcelo
10 Auto MMA-045-2023 de 18 de mayo de 2023.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
Torres Benavides (Alianza Verde), pero de los demás no se demuestra
vinculación partidista alguna.
93. Resta señalar que además de las notas periodísticas que se relacionaron
en precedencia, fueron aportados unos artículos de varios medios de
comunicación que hacen referencia a la actividad proselitista del MOIR, pero no
permiten determinar actos de violencia contra militantes del PTC. De tales
documentos se destacan los siguientes:
• Contra el mandato del hambre vote por el MOIR.
• Inició la política agraria de Santos: fase superior del “modelo malayo”
colonialista.
• Solidaridad con el pueblo de Mocoa.
• ¡Qué el Gobierno y la Fiscalía respondan por la vida de Marcelo Torres!:
nota que no indica algún acto violento contra dicha persona, sino que da
cuenta de su detención por parte de la Fiscalía General de la Nación.
• Declaración del PTC. Duque y el uribismo toman el camino de “volver
trizas los Acuerdos de Paz”.
• Declaración del PTC sobre el resultado del plebiscito.
• La reforma tributaria sabotea la paz (Declaración).
• El PTC lanza la candidatura de Yezid García al Senado de la República.
• Declaración del PTC: Duro golpe a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.
• Respaldamos a Palestina y rechazamos la decisión de Trump sobre
Jerusalén.
• Falleció el “Negro” Silva (dicha publicación no refirió actos de violencia
contra dicha persona.
• Respaldo nacional a la plataforma del frente popular- MOIR
• Colombia tiene los ojos puestos en Magangué. MARCELO TORRES
ALCALDE.
• El MOIR expulsa de sus filas a Jesús Bernal.
• Candidatos del Polo respaldados por el PTC (Moirista).
94. Las publicaciones anteriores, entre otras similares aportadas al
expediente administrativo, lejos de emitir una noticia sobre algún acto de
violencia contra miembros y simpatizantes del PTC, lo que permiten es
corroborar que tal colectividad ha realizado a través del tiempo actividades
proselitistas, lo cual se desprende de la propaganda política contenida en tales
notas periodísticas.
95. Finalmente, en el expediente administrativo obran pruebas sobre actos
violentos en contra los señores Ivonnet Tapia Gómez, Marcelo Torres
Benavides y Genívero Mendez Buelvas.
96. En el caso de la señora Ivonnet Tapia Gómez, obra una denuncia
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
formulada por ella ante la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en
que recibió amenazas por haber puesto en conocimiento irregularidades de
varios funcionarios de la administración, en relación con unos predios en la
zona franca de Mosquera (Cundinamarca); lo anterior, con ocasión de unas
investigaciones que ha adelantado como concejal de dicho municipio y militante
del Partido Polo Democrático. No obstante, ello no demuestra el nexo causal
entre los actos delictivos y la participación en el PTC.
97. En cuanto al señor Marcelo Torres Benavides, obra un relato suyo sobre
un intento de asalto a su lugar de residencia, cuando se desempeñaba como
alcalde de Magangué (Bolívar). Sin embargo, no demuestra que tal hecho tenga
relación con su desempeño político en el PTC.
98. En el caso del señor Genívero Méndez Buelvas, quien fue asesinado en
el año 2023, según nota periodística denominada “Asesinan líder social en el
corregimiento de Las Flores”, tampoco se acredita el nexo causal del hecho
delictivo con la militancia en el PTC. De hecho, en dicho artículo se afirmó que
«[…] Familiares y conocidos del líder social indicaron que el atentado no iba
dirigido a él sino al hombre con el que estaba […]».
99. Con todo, si bien el PTC alega que su actividad política se ha visto
limitada por actos de violencia, en realidad no permiten evidenciar un nexo
causal entre aquellos y la limitación en la actividad proselitista.
100. Cabe destacar que esta corporación ha sostenido que «[…] La exigencia
del vínculo entre la violencia y la participación política no es caprichosa ni surge
de un apego irracional a las normas, sino que está sustentada en la necesidad
de preservar reglas de rango constitucional, sustentadas en principios del
mismo orden, de modo que se reserven las vías extraordinarias exclusivamente
a colectividades cuya continuidad resulte impedida o gravemente afectada por
la violencia […]»11.
101. De igual manera, se ha precisado que «[…] es la autoridad electoral la
llamada a revisar con especial cuidado si la agrupación solicitante de
personería jurídica actuaba de manera autónoma para de ahí derivar si el o los
eventos de violencia realmente estructuraban motivos excepcionales y
determinantes para imposibilitar el desarrollo de la participación política y si
estos se ataban por un nexo de causalidad directo […]»12.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 4
de septiembre de 2025, radicado 11001-03-28-000-2024-00223-00, magistrada ponente Gloria
María Gómez Montoya.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 30
de octubre de 2025, radicado 11001-03-28-000-2025-00006-00, magistrado ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
102. Así las cosas, se encuentra demostrado que el CNE reconoció
personería al PTC sin que se hayan acreditado los presupuestos previstos por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-257 de 2021, pues estimó que se
probó la violencia continua y sistemática en contra de miembros del PTC y que
ello afectó su libertad política. Sin embargo, como se expuso en precedencia,
aun cuando se aportaron documentos, en su mayoría notas periodísticas, que
hicieron referencia a actos violentos contra algunas personas señaladas de ser
militantes del partido en mención, las probanzas no conducen a demostrar el
vínculo entre estos y la participación política de la agrupación.
103. En ese orden de ideas, el cargo bajo análisis prospera por cuanto el
CNE, al restituir la personería jurídica al PTC, vulneró lo dispuesto por el
artículo 108 de la Constitución Política en cuanto a los requisitos exigidos a los
partidos para obtener dicho atributo, so pretexto de aplicación de la sentencia
SU 257 de 2021, en tanto no se demostró la violencia grave y sistemática en
contra de los miembros y militantes de la organización política.
2.5.2. Falsa motivación
104. De otro lado, el demandante invocó el cargo de falsa motivación con
fundamento en que el sustento de la resolución demandada es impropio, ya que
los motivos que tuvo en cuenta para aplicar los efectos inter comunis de la
sentencia SU 257 de 2021 eran improcedentes, pues el PTC ha sido parte de
otros partidos y coaliciones políticas, y ha presentado candidatos para las
últimas elecciones del Congreso de la República en el año 2022.
105. Para resolver el argumento señalado, la sala se remite al análisis del
cargo precedente el cual prosperó, por violación directa de las normas en que
debía fundarse.
106. En ese sentido, se reitera que el CNE no podía en este caso aplicar los
efectos inter comunis de la sentencia SU 257 de 2021, pues no se demostraron
los actos de violencia grave y sistemática que hayan impedido el ejercicio
político del PTC, por lo que a su turno el acto administrativo demandado
también incurrió en el cargo de falsa motivación, teniendo en cuenta, además,
que los miembros del partido han continuado ejerciendo actividades
proselitistas cobijados por otros movimientos, tal y como lo expuso la entidad en
los antecedentes del acto acusado.
107. Por otro lado, el actor explicó que el Consejo Nacional Electoral incurrió
también en falsa motivación porque afirmó que el PTC hizo parte de la coalición
Pacto Histórico cuando dicha colectividad no tenía personería jurídica y, en ese
sentido, no podía suscribir el acuerdo respectivo para coaligarse.
108. Sobre el particular, se observa que el CNE, en el acto acusado, afirmó
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
que el PTC participó en las coaliciones Colombia Humana y Pacto Histórico en
los años 2018 y 2022, respectivamente. Lo anterior, para referenciar la actividad
política de los miembros del partido con posterioridad a la pérdida de su
personería jurídica:
De acuerdo con lo afirmado en el primer escrito allegado, luego de la
pérdida de la personería jurídica el PTC participó “en todas las actividades
electorales que a partir de ese año 2003 se celebraron en Colombia”, pero
lo hizo al interior de otras organizaciones políticas o mediante acuerdos de
coalición programática.
Así, en el 2005 la colectividad ingresó al Polo Democrático Independiente;
entre 2012 y 2015 el señor Marcelo Torres fue elegido como alcalde de
Magangué por el Partido Verde; en el 2014 el partido hizo parte de la
Alianza Verde; en el 2018 participó en la coalición Colombia Humana
(mismo año en que el señor Yezid García logró una curul en el Senado por
la lista de la Alianza Verde), y en el 2022 hizo parte de la coalición del
Pacto Histórico. En relación con las últimas elecciones al Congreso de la
República, en la solicitud se dice que, como parte del Pacto Histórico, la
colectividad presentó como candidatos al Senado al señor Edwin Palma y
a la señora Consuelo Ahumada y a la Cámara de Representantes por
Risaralda a la señora Margarita Fajardo.
109. No obstante, ello se hizo con el fin de efectuar un análisis sobre los
antecedentes de participación política de los miembros del PTC y para
descartar el reconocimiento de la personería jurídica por militancia bajo
acuerdos de coalición:
Como consecuencia de lo anterior, no resulta aplicable el precedente de esta
Corporación sobre el reconocimiento de la personería jurídica cuando se trata
de coaliciones políticas que superan el umbral en las últimas elecciones al
Congreso. Un requisito indispensable para tal efecto es que al menos uno de
los candidatos -quien debe ser al mismo tiempo parte de la lista y parte de la
agrupación política que pide el reconocimiento- haya sido elegido a la
corporación pública. La Sala no accederá a lo pretendido por este motivo y
entrará a evaluar la segunda de las razones que alega el partido para que se
restituya su personería jurídica, esto es, la violencia afrontada por sus
directivos y militantes.
110. En ese sentido, cuando el CNE afirmó que el PTC formó parte de
acuerdos de coalición, lo hizo con el fin de ilustrar sobre el historial de
participación política del partido y descartar el cumplimiento de la regla del
umbral en las últimas elecciones al Congreso, pero tal aspecto no fue decisivo
al momento de verificar si hubo violencia sistemática y continua en contra de los
miembros del partido, de manera que la restitución de la personería jurídica se
hizo en virtud de la sentencia SU 257 de 2021.
111. Cabe resaltar que si bien el CNE manifestó en la contestación de la
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
demanda que el acto acusado se fundó en el Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, revisado el
contenido de la respectiva resolución se advierte que este fue citado dentro del
marco jurídico, pero el sustento para restituir la personería jurídica fue la
precitada sentencia en tanto consideró que se configuraron hechos de violencia
e intimidación política contra miembros del PTC.
112. Con todo, la Sala tiene una línea clara que indica que el acuerdo no tiene
fuerza vinculante y requiere desarrollo normativo:
Sin perjuicio de lo anterior, la Sección ve oportuno razonar sobre la materia
e indicar que, ha sido recurrente por parte de esta Sección y también por la
Corte Constitucional afirmar que, el Acuerdo de Paz no tiene fuerza
vinculante por sí mismo, y bajo esta lógica, solo el legislador podrá, dentro
del ámbito que prevé el articulo 150 superior, desarrollar e implementar a
través de los mecanismos institucionales para ello, toda política o
preocupación que tuvo ese pacto suscrito en el año 201613.
113. Por consiguiente, no prospera este último argumento.
114. Así las cosas, comoquiera que el cargo de infracción de las normas en
que debía fundarse prosperó, así como el de falsa motivación se acreditó
parcialmente, se declarará la nulidad del acto demandado.
2.6. Modulación de los efectos del fallo de nulidad en el caso concreto
115. En varias providencias de esta corporación se ha expresado que los
fallos de nulidad producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que
se expidió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en
que se encontraban antes de su expedición. Esto, puesto que la nulidad se
fundamenta en la existencia de vicios que afectan la validez del acto y se busca
deshacer las consecuencias derivadas del acto anulado.
116. Sin embargo, es claro que cuando el juez electoral evalúa la legalidad del
acto debe estudiar la eficacia de la garantía de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley, de manera que esta sección ha advertido la necesidad de
modular los efectos de las decisiones de nulidad que se dictan respecto de la
personería jurídica reconocida a partidos o movimientos políticos, en tanto los
actos que se produjeron como consecuencia de ello se ampararon en la
presunción de legalidad, de manera que deben ser protegidos14.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 30
de octubre de 2025. Expediente 11001-03-28-000-2025-00006-00. Magistrado ponente Luis
Alberto Álvarez Parra.
14 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias de 18 de abril de 2024 (rad.
11001-03-28-000-2023-00059-00, M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez); y de 28 de agosto del
2025 (Rad. 11001-03-28-000-2023-00038-00. M.P. Gloria María Gómez Montoya).
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2025-00008-00
117. Por consiguiente, los efectos de la decisión de nulidad que se dicta se
deben predicar hacia futuro -ex nunc- y hacerse efectivos desde la ejecutoria de
esta, considerando los posibles efectos que pudieron materializarse durante la
vigencia de los actos que se dictaron por la autoridad electoral.
118. En ese orden de ideas, es necesario que se protejan los actos que
surgieron de la restitución de la personería jurídica al PTC y, en consecuencia,
se modularán los efectos del fallo de manera que estos serán hacia el futuro, o
sea, se harán efectivos desde la ejecutoria de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Declárase la nulidad de la Resolución 4354 de 15 de junio de 2023,
por la que el Consejo Nacional Electoral restableció la personería jurídica al
Partido del Trabajo de Colombia.
SEGUNDO: Modúlanse los efectos de la decisión de nulidad, bajo el entendido
de que los mismos son hacia el futuro y desde la ejecutoria de la sentencia.
TERCERO: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.