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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00059-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00059-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la nulidad de la Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, por medio de la cual se reconoció la personería jurídica al partido Creemos y ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Modúlanse los efectos de la decisión de nulidad, bajo el entendido que los mismos son hacia el futuro y desde la ejecutoria de la sentencia. 43 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Luis Humberto Guidales García Demandado: Consejo Nacional Electoral Rad: 11001-03-28-000-2023-00059-00 TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00059-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de abril de 2024

Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2023-00059-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00059-00
Demandante: LUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tema: Personería jurídica de partidos políticos

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir, en única instancia, la demanda presentada contra la
Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, por medio de la cual se reconoció la personería jurídica al partido
político Creemos y ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y
Movimientos Políticos con personería jurídica.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El señor Luis Humberto Guidales García, en nombre propio, en la condición de
veedor de Transparencia Electoral, y en ejercicio del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, presentó demanda en la que formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERA: que DECLARE la nulidad de la Resolución No. 2239 de 2023 emitida
por el Consejo Nacional Electoral, «Por medio de la cual se RECONOCE
personería jurídica al Partido Político “Creemos”».

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, ordene la
cancelación de la personería jurídica del partido político «Creemos».

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Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de la demanda narró, en síntesis, lo siguiente:

3. Expuso que el grupo significativo de ciudadanos Creemos obtuvo el número
de apoyos requerido para realizar la inscripción del ciudadano Federico Andrés
Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Presidencia de la República para las
elecciones del 29 de mayo de 2022.

4. Indicó que, sin haberlo informado en los formularios de recolección de apoyos
y de manera unilateral, el comité inscriptor decidió participar en la consulta
popular interpartidista1 denominada «Equipo por Colombia», en la que el señor
Gutiérrez Zuluaga fue elegido candidato único.

5. Acotó que no se reunieron apoyos para inscribir candidatos para las elecciones
del Congreso de la República, periodo 2022-2026, y, por tanto, no participó en
ninguna coalición para el efecto.

6. Señaló que el 29 de mayo de 2022, la fórmula presidencial de la coalición
«Equipo por Colombia», conformada por los señores Federico Andrés Gutiérrez
Zuluaga y Rodrigo Lara Sánchez, no alcanzó suficientes votos para pasar a la
segunda vuelta presidencial.

7. Precisó que el 1.° de febrero de 2023, los ciudadanos Federico Gutiérrez
Zuluaga, Verónica De Vivero Acevedo, María Fernanda Galeano Rojo y Orlando
Uribe Villa, como cofundadores del partido político Creemos, solicitaron ante el
Consejo Nacional Electoral la personería jurídica de esta agrupación.

8. Adujo que el Consejo Nacional Electoral decidió reconocer la personería
jurídica al partido Creemos, mediante la Resolución 2239 de 2023, bajo el
argumento de que esa agrupación política participó en las elecciones para el
Congreso de la República en el año 2022, en la modalidad de adhesión, ya que
apoyaron las candidaturas de los señores Paola Holguín, Juan Fernando Espinal
Ramírez y Christian Garcés Aljure, inscritos por el partido Centro Democrático.

9. Agregó que la autoridad administrativa explicó, en el mismo acto
administrativo, que la votación obtenida por estos ciudadanos que llegaron a un
escaño público se debió también a la adhesión y desconocerlo significaría
restringir los derechos de aquellas personas que eligieron.

1 Al consultar en diferentes páginas de internet se constató que esta coalición estaba integrada por el partido

Mira, el partido Conservador, la agrupación Creemos, País de las Oportunidades y el Partido de la U.

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3. Normas violadas y concepto de la violación

10. El demandante afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin
mencionar alguna providencia en específico, ha sido clara en indicar que los
grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación de permanencia y, por
tanto, la votación de candidatos inscritos a través de ese mecanismo no puede
ser contabilizada para una siguiente elección y mucho menos para contiendas de
diferentes circunscripciones.

11. Explicó que el grupo significativo de ciudadanos Creemos participó en las
elecciones presidenciales de 2022, pero no recolectó los apoyos necesarios para
la inscripción de candidatos al Congreso de la República y no tenía capacidad
jurídica para adherirse a ninguna propuesta electoral.

12. Expuso que el Consejo Nacional Electoral falta a la verdad al afirmar que no
existe regulación legal relacionada con la figura de la adhesión, ya que el artículo
29 de la Ley 1475 de 2011 establece que la adhesión o el apoyo aplica
únicamente para partidos con personería jurídica a favor de candidatos de
coalición.

13. Sostuvo que el hecho que los congresistas Paola Holguín, Juan Fernando
Espinal Rodríguez y Christian Garcés Aljure tengan afinidad política con el grupo
significativo de ciudadanos Creemos no desvirtúa su militancia al partido Centro
Democrático, organización política que avaló sus candidaturas.

14. Aclaró que los únicos apoyos registrados por Creemos fueron a la inscripción
del señor Federico Andrés Gutiérrez como candidato a la Presidencia de la
República y no para participar en las elecciones al Congreso de la República para
el periodo 2022-2026.

15. Destacó que, así el grupo mencionado hubiese recaudado firmas para la
inscripción de candidatos al Congreso de la República, estos serían los únicos a
los que podría apoyar y no podría usar la figura de la adhesión, por no ser
beneficiario de la personería jurídica.

16. Señaló que la tesis del Consejo Nacional Electoral permite que cualquier
movimiento ciudadano sin personería jurídica afirme que se adhirió a otras
candidaturas al Congreso de la República y así evada los requisitos
constitucionales que regulan el reconocimiento de la personería jurídica para las
organizaciones políticas.

17. Precisó que el partido Centro Democrático no suscribió ningún acuerdo de
coalición para la inscripción de candidatos al Congreso de la República para el

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periodo 2022-2026 y que el grupo significativo de ciudadanos no recaudó apoyos
en favor de los candidatos Holguín, Espinal Ramírez y Garcés Aljure.

18. Aseguró que el grupo significativo de ciudadanos Creemos no postuló
candidatos para la elección de senadores y representantes para el periodo 2022-
2026 y no se le pueden atribuir los votos de otras organizaciones electorales para
el cumplimiento del requisito exigido en el artículo 108 de la Constitución Política
con el fin de obtener el reconocimiento de la personería jurídica.

19. Acotó que la tesis del acto administrativo demandado pone en riesgo la
democracia y genera un desequilibrio en el sistema de partidos, toda vez que se
permitiría que se adquiera la personería jurídica a cualquier movimiento político
con el apoyo de dos o tres congresistas, lo cual generaría desestabilidad en este
ámbito.

20. Añadió que el Consejo Nacional Electoral eximió al grupo significativo de
ciudadanos Creemos de cumplir con los requisitos constitucionales y legales
establecidos para adquirir la personería jurídica.

21. Precisó que las normas violadas con la expedición de la Resolución 2239 de
2023 son los artículos 1.°, 29, 83 y 108 de la Constitución Política, así como las
disposiciones contenidas en los artículos 137 de la Ley 1437 de 2011 y 29 de la
Ley 1475 de 2011.

4. Admisión de la demanda

22. Por haber reunido los requisitos de oportunidad y forma, mediante providencia
del 30 de agosto de 2023, se admitió la demanda.

23. Mediante auto del 2 de noviembre de 2023, se negó la suspensión provisional
del acto demandado toda vez que, en esa etapa procesal, existía una duda
relacionada con la interpretación que hizo el Consejo Nacional Electoral de los
requisitos consagrados en el artículo 108 de la Constitución Política para el
reconocimiento de la personería jurídica, por lo que ese estudio correspondía
realizarlo en la sentencia.

5. Contestación de la demanda

5.1. Consejo Nacional Electoral

24. Por intermedio de apoderada manifestó su oposición a las pretensiones de la
demanda, al estimar que la Resolución 2239 de 2023 tuvo en cuenta el Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

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25. Explicó que el acto demandado se dictó bajo las directrices del artículo 108
de la Constitución Política y teniendo en cuenta la trayectoria política de la
agrupación Creemos y su representación en las últimas elecciones a cargos y
corporaciones pública de elección popular en la modalidad de adhesión.

26. Adujo que, en sus orígenes, el señor Federico Gutiérrez Zuluaga participó en
el certamen electoral de los consejos municipales de juventud en el año 1999 y,
posteriormente fue elegido concejal de Medellín en los periodos 2004-2007 y
2008-2011.

27. Expuso que en las elecciones legislativas que se desarrollaron en el año
2014, la agrupación política Creemos adhirió a diferentes candidaturas, entre
ellas la del señor Federico Eduardo Hoyos Salazar, representante a la Cámara
para el periodo 2014-2018.

28. Añadió que, para las elecciones a la Alcaldía de Medellín del periodo 2016-
2020, el señor Federico Gutiérrez Zuluaga, en representación del movimiento
Creemos, se postuló como candidato y fue elegido por doscientos cuarenta y seis
mil doscientos veintiún (246.221) votos.

29. Aclaró que, para las elecciones al Congreso de la República 2022-2026, el
partido Creemos adhirió a las candidaturas de los señores Paola Holguín, Juan
Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure, estos avalados por el
partido Centro Democrático y quienes resultaron electos.

30. Advirtió que también se acreditó que Creemos participó en la consulta
denominada «Equipo por Colombia», que se realizó el 13 de marzo de 2022, en
la cual el señor Gutiérrez Zuluaga resultó elegido como candidato para las
elecciones presidenciales en representación de esa coalición.

31. Señaló que, en la contienda electoral para la Presidencia de la República, el
señor Gutiérrez Zuluaga, en representación de la coalición «Equipo por
Colombia» y con el aval del grupo significativo Creemos, obtuvo cinco millones
sesenta y nueve mil quinientos veintiséis (5.069.526) votos y quedó en tercer
lugar.

32. Concluyó que la agrupación Creemos ha tenido una amplia trayectoria política
y ha participado en varias contiendas electorales de manera directa e
independiente y de forma indirecta a través de la adhesión a candidaturas
avaladas por diferentes agrupaciones políticas, que la han llevado a obtener
representación en diversas corporaciones públicas y a lograr ocupar cargos
uninominales.

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33. Precisó que bajo la figura de la adhesión se encuentra demostrado el apoyo
de la organización Creemos a congresistas electos para el periodo 2022-2026,
que fueron inscritos mediante la lista del partido Centro Democrático.

34. Enfatizó que el acto administrativo demandado no solo se fundamentó en los
artículos 108 y 262 de la Constitución Política, sino que adicionalmente cumple
con el espíritu de lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Paz, en el que se
establecieron principios superiores para promover el acceso al sistema político.

35. Sostuvo que para la consolidación de la paz es imperativo el pluralismo
político y una verdadera democracia implica el fortalecimiento de garantías de
participación política y la inclusión de opciones emergentes y, en consecuencia,
el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció que todas las instituciones y órganos
del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo convenido en el
Acuerdo Final, llevando sus actuaciones a preservar los contenidos, objetivos,
compromisos y principios de lo acordado.

36. Indicó que, en cumplimiento de este imperativo, así como se les permite a los
partidos políticos conservar su personería jurídica cuando la coalición que
integraron supera el umbral en las elecciones del Congreso, también se les
permite obtenerla a aquellos partidos que adhirieron a la misma coalición,
cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, en
virtud de la claridad de que todos los órganos del Estado están en la obligación
de permitir nuevos actores electorales para fortalecer la democracia.

37. Concluyó que para la expedición de la Resolución 2239 de 2023 se realizó
una interpretación sistemática e integradora del ordenamiento jurídico.

38. Alegó que no se desconoció el derecho al debido proceso con el acto
demandado, ya que la entidad que lo expidió tiene competencia para reconocer
la personería jurídica de los partidos políticos que cumplan los requisitos
establecidos en la Constitución Política y la ley.

39. Adicionó que, tampoco, se vulneró el principio de la buena fe, porque se
aplicaron los postulados del Acuerdo Final para la Paz y conocedores de las
metas trazadas para la construcción de una paz estable y duradera, se garantizó
la permanencia de nuevas fuerzas en el escenario político, con el fin de fortalecer
el pluralismo y la representación de los reales intereses de la sociedad, en
procura de que el sentir de todos los ciudadanos se encuentre realmente
representados.

40. Precisó que el acto demandado no incurrió en falsa motivación, porque al
partido político Creemos se le reconoció la personería jurídica en virtud de la
figura de la adhesión, ya que se encontró debidamente acreditado el apoyo

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realizado por dicha organización a los congresistas electos para el periodo 2022-
2026 del Centro Democrático.

41. Añadió que el acto acusado fue expedido bajo el amparo del principio de
legalidad, en el ejercicio de atribuciones conferidas al Consejo Nacional Electoral
y sobre la base de la interpretación sistemática e integral de varios instrumentos
jurídicos, por lo que los cargos de nulidad propuestos obedecen al
desconocimiento de los valores superiores previstos en la Constitución y en el
Acuerdo Final para la Paz.

42. Adujo que el partido político Creemos avaló candidatos para las elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023.

5.2. Creemos y Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga

43. Mediante apoderado judicial, el partido político Creemos y el ciudadano
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga contestaron la demanda, en los siguientes
términos:

44. Indicaron que se oponían a la procedencia de las pretensiones, porque la
Resolución 2239 de 2023 no incurrió en falsa motivación y no vulneró las normas
en las cuales debía fundarse.

45. Alegaron que los argumentos presentados por el demandante se basan en
una interpretación restrictiva y errónea de las normas constitucionales y legales
que, además de ser equivocada, viola los principios y derechos democráticos
institucionalizados en el ordenamiento jurídico en favor de los electores y
candidatos a cargos de elección popular.

46. Señalaron que Creemos es una colectividad política que cuenta con una larga
trayectoria electoral desde el año 1999 y después de consolidar su participación
a nivel regional, comenzó a participar en las elecciones a nivel nacional, dentro
de las cuales se encuentra la adhesión a las candidaturas de Federico Eduardo
Hoyos Salazar para el periodo 2014-2018 y de Paola Holguín, Juan Fernando
Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure para los periodos 2018-2022 y 2022-
2026.

47. Advirtieron que no es cierto que, como agrupación sin personería jurídica, no
se pueda adherir a las campañas de otros candidatos presidenciales o para el
Congreso de la República, puesto que el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011
precisa que los grupos significativos de ciudadanos pueden postular candidatos
al Senado y a la Cámara de Representantes y si obtienen los votos necesarios
para el reconocimiento de la personería jurídica, podrán organizarse como
partido o movimiento político y solicitar este reconocimiento.

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48. Sostuvieron que, además, el artículo 29 del mismo cuerpo normativo
establece que los partidos o movimientos políticos con personería jurídica
pueden coaligarse entre sí y con grupos significativos de ciudadanos.

49. Precisaron que, de una interpretación sistemática y armónica de las normas
mencionadas, lo cierto es que la ley sí permite que los grupos significativos de
ciudadanos participen en política a través de la figura de la adhesión y que esto
les da derecho, de una parte, a que los candidatos a los que adhirieron se
entiendan como suyos y, de otra, que los votos obtenidos se contabilicen para
efectos del reconocimiento de la personería jurídica.

50. Anotaron que el Consejo de Estado2 ha manifestado que la figura de la
adhesión puede ser utilizada por los grupos significativos de ciudadanos sin
mayores restricciones, tal y como se hizo.

51. Expusieron que no es cierto que la agrupación Creemos debía postular sus
propios candidatos para la contienda electoral al Congreso de la República para
poder adquirir la personería jurídica, toda vez que el artículo 108 de la
Constitución Política en ninguna parte precisa que esa sea la única forma como
una colectividad política puede obtener este atributo. Esta es una interpretación
limitante e injustificada.

52. Aclararon que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-316 de 2021 explicó
que la norma constitucional en comento establece que el Consejo Nacional
Electoral reconocería la personería jurídica a aquellos grupos que participen en
las elecciones al Congreso, siempre y cuando se obtenga una votación no inferior
al 3% de los votos válidamente emitidos en el territorio nacional.

53. Precisaron que la palabra participar se refiere, en sentido amplio, al ejercicio
de los derechos políticos, que incluye figuras como la adhesión que, para todos
los efectos, permite que los grupos significativos de ciudadanos adhieran a
candidatos de otros movimientos políticos y que los votos por estos obtenidos se
cuenten también para el reconocimiento de la personería jurídica.

54. Reiteraron que la expresión «postular», que es utilizada por el legislador en
el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, solo puede interpretarse de manera amplia,
acorde a los principios y derechos constitucionales, esto es, que incluye cualquier
forma de participación, incluso la adhesión.

55. Indicaron que el grupo significativo de ciudadanos ha sido definido por la
Corte Constitucional como la manifestación del principio democrático y del
carácter pluralista del Estado y de acuerdo con la ley, puede adquirir la personería

2 Se refirió a la sentencia del 3 de febrero de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2020-0008-01.

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jurídica con la postulación, adhesión o apoyo a candidatos que sean elegidos
congresistas, siempre y cuando se superen los votos necesarios exigidos por la
Constitución Política.

56. Aclararon que la ley no exige que para la consolidación de un grupo
significativo de ciudadanos sea requisito que se manifieste de manera exacta y
detallada todas las actividades electorales que se plantean desarrollar durante
las campañas políticas, ya que los ciudadanos otorgan su apoyo a una persona,
pero indirectamente a una idea, un propósito político y plan que puede ser a largo
o a corto plazo.

57. Explicaron que, por lo anterior, Creemos no podía, ni tenía que haber incluido
en el formulario de recolección de apoyos para la candidatura de Federico
Gutiérrez a la Presidencia de Colombia, la manifestación de que este grupo
significativo de ciudadanos ejercería las actividades electorales que le concede
la ley para lograr ser elegido, dentro de las cuales se encuentran las adhesiones
a otras candidaturas.

58. Indicaron que, por tanto, las actuaciones relacionadas con la adhesión a otras
campañas realizadas no defraudaron la confianza de los electores o ciudadanos
que apoyaron el grupo, pues todas estas alianzas políticas fueron coherentes con
sus banderas y con el objetivo pretendido y para el cual los ciudadanos
manifestaron su apoyo, que era lograr acceder al cargo de la Presidencia de la
República.

59. Afirmaron que no es cierto que la Resolución 2239 de 2023 esté falsamente
motivada, porque el Consejo Nacional Electoral interpretó los hechos y aplicó las
normas en las que se basó para expedir el acto administrativo de manera
correcta, de conformidad con la interpretación jurisprudencial de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado de las normas sobre la materia.

60. Concluyeron que el acto demandado no adolece de los vicios de nulidad
alegados por el demandante.

6. Coadyuvancias

6.1. Carlos Alberto Ballesteros Barón

61. Mediante escrito allegado el 31 de agosto de 2023, el señor Carlos Alberto
Ballesteros Barón solicitó que se le reconociera como coadyuvante de la parte
demandante en el presente proceso.

62. Indicó que la Constitución Política y la ley establecen que para la obtención
de la personería jurídica deben postularse candidatos, es decir, proponerlos,

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situación que jurídicamente es diferente a adherir a una candidatura avalada por
otra organización política.

63. Afirmó que Creemos no inscribió candidatos en la contienda electoral para la
elección de senadores y representantes del Congreso de la República del periodo
2022-2026.

64. Explicó que el Consejo Nacional Electoral encontró probado el apoyo
realizado por la agrupación Creemos a unos congresistas avalados por el partido
Centro Democrático y que, si bien la adhesión implica un respaldo a los
candidatos, dicha figura no es igual a que tenga los mismos efectos de la
inscripción.

65. Precisó que una de las diferencias claras es que las inscripciones o
postulaciones implican el cumplimiento de unos requisitos que llevan consigo
algún tipo de control por parte del Estado, en cambio, la simple adhesión no exige
ni siquiera que sea escrito.

66. Alegó que la postura de la autoridad administrativa demandada implicaría la
proliferación de partidos políticos de manera irracional, que no cumplen los
ideales de la democracia y la participación, por lo tanto, cualquier grupo de
ciudadanos podría adherirse a los candidatos que más opciones tengan y así
obtener la personería jurídica.

6.2. Juan Alberto Gallego Arango

67. Mediante escrito radicado el 24 de octubre de 2023, el ciudadano Juan
Alberto Gallego Arango solicitó que se le tuviera como coadyuvante de la parte
demandante en el trámite de la referencia.

68. Señaló que el Consejo Nacional Electoral otorgó validez a todos los
elementos de prueba presentados, sin realizar un mínimo de análisis probatorio.

69. Explicó que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga fue elegido concejal
de Medellín para el periodo 2004-2007 por el partido político Nuevo Partido y,
posteriormente, para el 2007, resultó reelegido por el Partido Social de Unidad
Nacional, el cual lo avaló para la contienda electoral en la que fue elegido alcalde
de Medellín.

70. Aclaró que el movimiento ciudadano Creemos no pudo respaldar a Federico
Eduardo Hoyos Salazar como candidato a la Cámara de Representantes en el
año 2014, ya que la constitución de este como grupo significativo de ciudadanos
fue en el año 2015 y se creó para recaudar apoyos para la inscripción de un

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candidato a la Alcaldía de Medellín y para inscribir una lista al Concejo Municipal
de Medellín para el periodo 2015 – 20183.

71. Expuso que no hay registro de una agrupación política llamada Creemos en
el año 2018 o 2022, si se tiene en cuenta que en ese último año se formó un
grupo significativo de ciudadanos llamado Creemos Colombia, lo que indica una
falta de identidad con el nombre utilizado en la inscripción del candidato a la
Presidencia de la República, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.

72. Sostuvo que el grupo Creemos oficializó la candidatura a la Presidencia del
señor Gutiérrez Zuluaga a través de la recolección de firmas, pero no buscó
obtener respaldos para inscribir listas al Congreso en 2022, lo que implica que no
participó en esas elecciones.

73. Adujo que las certificaciones allegadas por los intervinientes en el trámite
administrativo adelantado ante el Consejo Nacional Electoral hacen referencia al
grupo ciudadano Creemos y Creemos Colombia, lo que refleja la falta de
uniformidad en la identificación de esa agrupación política.

74. Resaltó que el ejercicio del derecho de ser elegido se debe llevar a cabo de
acuerdo con lo previsto en el inciso 3 del artículo 108 de la Constitución Política,
y para el caso de la agrupación Creemos no existe prueba de que se haya
estructurado como un partido político para el año 2022, pues este fue reconocido
como tal solo hasta el 11 de enero de 2023, por lo cual no tenía estatutos en el
momento de las presuntas adhesiones a otras colectividades políticas para las
elecciones de Congreso de la República, periodo 2022-2026.

75. Puntualizó que pretender darle un trato de «minoría política» al partido político
Creemos constituye un irrespeto a las víctimas de la violencia y a los grupos
realmente vulnerables que hacen un esfuerzo por cumplir los requisitos
constitucionales para lograr participar en las elecciones en condiciones de
igualdad.

6.3. Mateo Duque Giraldo

76. Mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2023, el señor Mateo Duque
Giraldo solicitó que se le reconociera como coadyuvante de la parte demandada.

77. Mencionó que, si bien el grupo significativo de ciudadanos Creemos no
inscribió candidatos para las elecciones del Congreso de la República para el
periodo 2022-2026, sí adhirió y apoyó de manera expresa las listas al Senado y
a la Cámara de Representantes del partido Centro Democrático.

3 Si bien así lo afirma el señor Gallego Arango, estas elecciones locales fueron para el periodo 2016-2019.

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78. Refirió que la decisión del Consejo Nacional Electoral de reconocer
personería jurídica al partido Creemos se sustentó en normas constitucionales y
legales, así como en la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado4, en la que se indicó la pertinencia de presentar listas de candidatos en
coalición para corporaciones pública, así como en la sentencia C-630 de 2017 de
la Corte Constitucional y en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

79. Sostuvo que la petición y el reconocimiento de la personería jurídica del
partido Creemos se ajustan a los principios de la buena fe y la confianza legítima,
pues las autoridades judiciales y administrativas deben cumplir con los criterios
fijados en el Acuerdo de Paz para dotar de personería a los grupos significativos
de ciudadanos.

80. Aclaró que cualquier cambio de postura jurisprudencial no podría tener la
vocación de afectar el derecho fundamental a elegir y ser elegido, regulado en el
artículo 40 de la Constitución Política y en el artículo 23 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, de los candidatos avalados para las
elecciones del 29 de octubre del 2023, porque se crearía una ruptura del régimen
democrático y posiblemente generaría nuevas causas de conflicto social que
precisamente previene el ya aprobado Acuerdo de Paz.

81. Las anteriores coadyuvancias fueron reconocidas mediante autos del 13 de
octubre y 14 de noviembre de 2023.

7. Trámite procesal

82. Mediante auto del 15 de diciembre de 2023 el despacho conductor del
proceso fijó el litigio en los siguientes términos:

[…] Con base en los argumentos esbozados en la demanda, en la contestación y
en las intervenciones, se debe establecer si hay lugar a declarar la nulidad de la
Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, «por medio de la cual se reconoce
personería jurídica al partido político Creemos», expedida por el Consejo
Nacional Electoral.

Para el efecto, se deberá determinar:

(i) Si el acto demandado es nulo por falsedad en los motivos e infringir las normas
en las que debería fundarse, por las siguientes razones:

• El grupo significativo de ciudadanos «Creemos» no tenía vocación de
permanencia para participar en las elecciones para presidente de la República,

4 Decisión del 13 de diciembre de 2018, dictada en el expediente 11001-03-28-000-2018-00019-00.

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periodo 2022-2026, aunado a que no recolectó apoyos para inscribir a candidatos
al Congreso de la República, para ese mismo periodo. De hecho, no se inscribió
ningún grupo significativo de ciudadanos con el nombre de «Creemos» o
«Creemos Colombia» para postular candidatos a esa última contienda electoral.

• Se quebrantó el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, que establece que la figura
de la adhesión aplica únicamente para los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica a favor de candidatos de coalición, por lo que es inviable que
los grupos significativos de ciudadanos adhieran a las campañas de candidatos
inscritos por partidos y movimientos políticos con personería jurídica, si se tiene
en cuenta que constituyen un mecanismo de participación ciudadana coyuntural.

• El artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 no permite el reconocimiento de la
personería jurídica a grupos significativos de ciudadanos que no hayan postulado
directamente candidatos al Congreso de la República.

(ii) Si se acreditó por parte del grupo significativo de ciudadanos «Creemos» el
requisito previsto en el artículo 108 de la Constitución Política para el
otorgamiento de la personería jurídica, norma según la cual la personería jurídica
de un partido o movimiento político se obtiene con una votación no inferior al 3%
de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
Cámara de Representantes o Senado de la República, lo cual no ocurrió en el
presente caso, ya que el grupo significativo de ciudadanos «Creemos» no avaló
ni inscribió candidatos para esa contienda electoral.

(iii) Si para el reconocimiento de la personería jurídica de ese movimiento, el
Consejo Nacional Electoral podía acudir al principio de la buena fe para aplicar lo
contemplado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional
y las FARC – EP.

83. Adicionalmente, resolvió sobre las pruebas, dispuso tener como tales
aquellas aportadas con la demanda y la contestación por parte del Consejo
Nacional Electoral y el partido Creemos.

8. Alegatos de conclusión

8.1. Consejo Nacional Electoral

84. La entidad demandada se pronunció sobre los hechos, las pruebas y las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

85. Advirtió que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar,
porque no existen elementos suficientes que demuestren la violación normativa
alegada, toda vez que la entidad no desconoció ni vulneró las normas invocadas
como desconocidas por la parte demandante, sino que, por el contrario, en el

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marco de sus competencias y con sustento en las normas, los elementos de juicio
aportados y la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y
los postulados del Acuerdo de Paz reconoció la personería jurídica al partido
Creemos, con el fin de salvaguardar los derechos de participación política.

86. Sostuvo que el artículo 108 de la Constitución Política establece los requisitos
para que los movimientos y partidos políticos adquieran la personería jurídica y
dentro del expediente administrativo se puede constatar que estos se encuentran
acreditados, en atención a su representación en las últimas elecciones a cargos
y corporaciones públicas de elección popular mediante la figura de la adhesión y
teniendo en cuenta la trayectoria política de la agrupación Creemos.

87. Aclaró que para el reconocimiento de la personería jurídica del partido
Creemos, el Consejo Nacional Electoral se desligó el requisito del umbral para
que las agrupaciones políticas adquirieran ese beneficio, en virtud de los
contenidos, objetivos, compromisos y el espíritu del Acuerdo Final para la Paz.

88. Explicó que la figura de la adhesión es un acto jurídico, esto es, un acuerdo
de voluntades y está concebida en el ordenamiento jurídico como una figura
totalmente válida para el ejercicio y la participación en procesos electorales, la
cual se presenta durante la campaña electoral, pero con posterioridad a la
candidatura formalizada y la ley no ha establecido si es un acuerdo que debe ser
escrito o verbal.

89. Añadió que la figura de la adhesión genera cargas impositivas a los partidos,
movimientos, grupos significativos de ciudadanos y a sus integrantes porque
tiene efectos vinculantes, y también genera derechos propios que nacen del
cumplimiento de las prerrogativas normativas, de allí que esta figura genere las
consecuencias que dieron origen a la Resolución 2239 de 2023 y entender que
no es así dejaría inane la intención del legislador al integrar esta figura de apoyo
a las organizaciones políticas.

90. Expuso que el acto demandado se expidió bajo la figura de la adhesión, al
amparo del artículo 108 de la Constitución Política y teniendo en cuenta la
trayectoria de la agrupación política Creemos, su representación en las últimas
elecciones a cargos y corporaciones públicas de elección popular y lo ordenado
por las normas jurídicas.

91. Manifestó que Creemos inscribió dos mil diecinueve (2.019) ciudadanos como
candidatos que aspiraron ser elegidos por voto popular en las elecciones de
alcaldes municipales y distritales, gobernaciones, asambleas departamentales,
concejos municipales y distritales y juntas administradoras locales para la
elección del 29 de octubre de 2023 y adhirió a las campañas de la senadora Paola
Holguín y del representante Juan Fernando Espinal Ramírez en el año 2022.

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92. Explicó que el acto administrativo demandado fue expedido bajo el amparo
del principio de legalidad y en desarrollo de las atribuciones conferidas a la
entidad, sobre la base de una interpretación sistemática e integral de varios
instrumentos jurídicos, de modo que la demanda presentada desconoce los
principios constitucionales y las directrices del Acuerdo de Paz.

8.2. Partido Político Creemos y Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga

93. Precisaron que en el proceso administrativo se encuentran los documentos
sustento de las motivaciones para la expedición del acto administrativo
demandado y que demuestran que los hechos que fundamentaron la decisión
eran ciertos y estaban debidamente explicados.

94. Aseguraron que no se aportaron pruebas para demostrar que el partido
Creemos no tenía vocación de permanencia o para afirmar que no adhirieron a
las candidaturas que fueron el sustento de la decisión atacada.

95. Expusieron que no es cierto que el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y el
artículo 108 de la Constitución Política hayan sido interpretados de forma errónea
por parte del Consejo Nacional Electoral y, por el contrario, se constató que las
normas en las que se fundamentó la Resolución 2239 de 2023 fueron analizadas
de manera amplia, con el objeto de facilitar el otorgamiento de la personería
jurídica, porque se cumplían todos los requisitos establecidos en la ley.

96. Aclararon que el demandante no logró desvirtuar la vocación de permanencia
del partido Creemos, cuya participación en política como grupo significativo de
ciudadanos se remonta al año 1999, es decir, que cuenta con una trayectoria
larga en las contiendas electorales del país.

97. Sostuvieron que la ley permite que los grupos significativos de ciudadanos
que hayan postulado o adherido a candidatos soliciten la correspondiente
personería jurídica como partido o movimiento político.

98. Después de analizar las normas y citar jurisprudencia de esta sección5 sobre
la adhesión, concluyeron que los grupos significativos de ciudadanos pueden
adherirse sin restricción a candidatos de otros movimientos y que Creemos tenía
plena capacidad para hacer uso de esa figura, tal y como se realizó con las
candidaturas de los congresistas Paola Holguín, Juan Fernando Espinal Ramírez
y Christian Garcés Aljure.

5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de julio de 2016, expediente: 05001-23-33-000-2015-

02451-01, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia de 3 de febrero
de 2022, expediente: 47-001-2333-000-2020-0008-01, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio.

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99. Señalaron que el artículo 108 de la Constitución exige la participación en las
elecciones, pero esto no significa que no puede realizarse a través de la figura
de la adhesión, puesto que la norma debe interpretarse de manera amplia y, por
tanto, cuando el grupo significativo de ciudadanos Creemos adhirió a las
candidaturas de los señores Holguín, Espinal y Garcés, avalados por el Centro
Democrático, y superaron el umbral del 3% de la votación válidamente emitida
en el territorio nacional, lo procedente era reconocer la personería jurídica a este.

100. Advirtieron que las pretensiones de la demanda no están llamadas a
prosperar.

8.3. Demandante

101. El señor Luis Humberto Guidales García se pronunció en los siguientes
términos:

102. Aclaró que, de acuerdo con los elementos de prueba aportados al
expediente, se evidenció que el Consejo Nacional Electoral concedió un trato de
organización política a un grupo significativo de ciudadanos y al mismo tiempo
motivó su acción basándose en una supuesta omisión legislativa respecto de los
requisitos para utilizar la figura de la adhesión, puesto que dicha figura es
exclusiva para los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

103. Añadió que la ley de participación ciudadana no prevé la formación de
grupos significativos de ciudadanos para respaldar listas de candidatos que ya
pertenecían a otra organización política.

104. Sostuvo que en el expediente no se encuentra evidencia de que, antes de
la creación del partido político Creemos en enero de 2023, se haya constituido
un grupo significativo de ciudadanos para postular candidatos al Congreso de la
República para el periodo 2022-2026, ni tampoco que dichos candidatos hayan
obtenido los votos necesarios para el reconocimiento de la personería jurídica.

105. Precisó que el Consejo Nacional Electoral, en un intento por justificar su
decisión, pretende hacer incurrir en error a la Sección Quinta del Consejo de
Estado insinuando que el partido poseía estatutos y una plataforma programática
desde hace más de 20 años.

106. Indicó que, en relación con la aplicación del Acuerdo de Paz, no está
demostrado en el expediente que al partido Creemos se le haya impedido o
limitado su constitución como organización política en el pasado, o que
pertenecieran a una minoría, fueran víctimas de la violencia o sus integrantes
sean exmilitantes de las FARC.

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9. Concepto del Ministerio Público

107. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

108. La Sección Quinta es competente para resolver la demanda en única
instancia, según lo dispuesto en el artículo 149 numeral 1.º del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6 y en el artículo
13-1 del Acuerdo 080 de 2019, que contiene el reglamento del Consejo de
Estado7.

2. Acto demandado

109. En ejercicio del medio de control de nulidad, la parte actora demandó la
Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023, expedida por el Consejo Nacional
Electoral, «Por medio de la cual se RECONOCE personería jurídica al partido
“Creemos”, dentro del expediente de radicado No. CNE-E-DG-2023-002019».

3. Problema jurídico

110. A partir de la fijación del litigio determinada mediante auto del 15 de
diciembre de 2023, corresponde a esta corporación resolver: i) si el acto
demandado es nulo por falsedad en los motivos e infringir las normas en que
debía fundarse; ii) si se acreditó por parte del grupo significativo de ciudadanos
Creemos el requisito previsto en el artículo 108 de la Constitución Política para el
otorgamiento de la personería jurídica; iii) si el Consejo Nacional Electoral podía
acudir al principio de buena fe, para aplicar lo contemplado en el Acuerdo Final

6 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA. El Consejo de

Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única
instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las
personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo
que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los
tribunales administrativos.
7 ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus
secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

(…) Sección Quinta

1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.

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para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera.

4. Análisis de las censuras

111. Para resolver el asunto en estudio, la Sala considera necesario tener en
cuenta el siguiente análisis de los cargos propuestos:

4.1. Falsa motivación

112. En relación con la causal de nulidad de falsa motivación8, contenida en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, la Sala ha considerado9 que esta se
configura cuando el acto acusado ha sido proferido en flagrante incongruencia
con las razones, motivos y pensamientos que en la realidad debieron servirle de
fundamento.

113. En la sentencia del 8 de octubre de 201410, sustento de varios
pronunciamientos posteriores11, sobre el alcance de dicha causal se indicó:

La falsa motivación alude a las causas, razones, opiniones, pensamientos y
motivos que a la administración (en cabeza de su agente) le llevan a expedir el
acto administrativo como declaración de voluntad que es. Esas razones que
pueden ser fácticas y jurídicas o de derecho o sólo jurídicas o de derecho (casi
siempre, m[a]s no exclusivo, en actos de contenido general) deben corresponder
en forma concertada, coordinada y exacta a la decisión que se adopta, como
si se tratara de una “congruencia” administrativa frente a su declaración. De
tal suerte que esa motivación surgirá falsa, es decir, no acorde o fuera de la
realidad, cuando el sustento fáctico no corresponde al apoyo jurídico invocado
(falsedad en el derecho) o viceversa (falsedad en el hecho), o cuando teniendo
ambos fundamentos (fáctico y jurídico) la declaración de voluntad refiere a tema
distinto o contradictorio a su motivo causal (falsedad en la decisión).

8 Ver entre otras, la sentencia de 11 de marzo de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, rad.

11001032800020180008100 (acumulado), contra Senadores de la República 2018-2022, por causales
objetivas, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
9 Ibidem, en cita que se hace de: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.

Rad. Nº. 11001-03-28-000-2015-00016-00, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Sentencia de 13 de octubre de 2016. Actor: Municipio de Girardot, también puede consultarse la
providencia del 14 de octubre de 2021, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, dentro del
radicado 11001-03-28-000-2020-00078-00 (acumulado).
10 Rad.11001-03-28-000-2013-00060-00, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
11 Cita que se hizo en la providencia de 11 de marzo de 2021, proferida por la Sección Quinta del consejo

de Estado, dentro del expediente de rad. 2018-00081-00, magistrada ponente Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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114. Igualmente, la Sección Quinta12 ha señalado que, para la prosperidad de la
causal en comento es necesario demostrar una de las siguientes dos situaciones:

▪ Que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos determinantes
de la decisión, no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación;

▪ Que la autoridad omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados
y que si hubieran sido considerados habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente.

115. En este caso, la parte actora afirmó que el acto demandado incurrió en falsa
motivación bajo los siguientes argumentos:

4.1. Creemos no tenía vocación de permanencia para participar más allá de
las elecciones para elegir al presidente de la República para el periodo 2022-
2026

116. El demandante afirmó que el grupo significativo de ciudadanos Creemos
participó en las elecciones para elegir presidente de la república en el año 2022
y no para el Congreso de la República.

117. La Constitución Política de Colombia garantiza a todos los ciudadanos el
derecho a fundar organizaciones y desarrollar partidos y movimientos políticos y
la libertad de afiliarse a ellos13.

118. Es del caso precisar que tanto la Corte Constitucional14 como esta Sección15
han considerado que los grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación
de permanencia, puesto que son una manifestación política coyuntural que
recoge una voluntad popular cualitativamente importante y su propósito central,
cuando se constituyen para inscribir candidatos, no es participar en la contienda
electoral de manea continua, sino de manera particular, de acuerdo con las
disposiciones que regulan su conformación y la inscripción de sus candidatos.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radiación número: 11001-03-

28-000-2015-00005-00. Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Demandado Consejo
Nacional Electoral.
13 Artículo 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y

movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento
político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores
la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus
programas políticos. (…)
14 Sentencia C-089 de 1994, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz.

15 Providencia del 17 de junio de 2021, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

dentro del expediente 13001233300020200001801.

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119. Igualmente, el ordenamiento jurídico les ha reconocido atribuciones
adicionales, como conformarse para promover el voto en blanco o mecanismos
de participación ciudadana, organizarse y solicitar su registro como agrupaciones
políticas sin personería jurídica, actuar en bancada cuando obtienen curules en
corporaciones públicas y enviar ternas para proveer las faltas absolutas de sus
candidatos elegidos en cargos uninominales.

120. En relación con la naturaleza de los grupos significativos, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-089 de 1994, consideró:

La referencia constitucional a una serie de manifestaciones sociales cuyas
fronteras no son precisas, dificulta la tarea de definición y, en todo caso,
pone en tela de juicio su propia utilidad. Es por eso que el sentido de la
tipología hay que encontrarlo por fuera de la pretensión conceptual. Cuando
la Constitución menciona esta serie de manifestaciones sociales con
alcances políticos, lo hace con el propósito de mostrar un conjunto de
posibilidades dentro de las cuales puede tener aplicación el ejercicio de un
derecho ciudadano. Se describen posibilidades fácticas con el objeto de
señalar facultades y de indicar el campo de ejercicio de un derecho, más
que de prescribir o regular un comportamiento.

Las entidades y fuerzas políticas que se manifiestan en la sociedad son
clasificadas por el texto constitucional con base en el criterio de
organización política. Si por organización se entiende un conjunto humano
ordenado y jerarquizado que asegura la cooperación y la coordinación de
sus miembros con el objeto de alcanzar los fines propuestos, la
enumeración de entidades hecha por la Constitución posee dos polos
opuestos: el partido político, de un lado, y el grupo significativo de
ciudadanos, del otro. El primero tiene una clara estructura consolidada, con
jerarquías permanentes y claramente diferenciadas, valores, tradiciones y
códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en cambio,
es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad
popular cualitativamente importante. El término significativo sólo
puede ser sopesado en términos sociológicos y teniendo en cuenta la
importancia de la manifestación política del grupo dentro de unas
circunstancias específicas.

Entre estos dos extremos del espectro se encuentran los movimientos
políticos, las organizaciones y los movimientos sociales. Un movimiento, de
tipo social o político, es una empresa colectiva encaminada a establecer un
nuevo orden dentro de la práctica social o a mantenerlo. El movimiento de
tipo político, por su grado de organización y permanencia, está llamado a
convertirse eventualmente en partido. La organización social, en cambio,
mantiene sus propósitos políticos como objetivos que adquieren

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importancia coyuntural en la consecución de los fines de tipo social que
posee la institución. El movimiento social no tiene el grado de organización
del partido o de la organización social. Sus objetivos también son
, pero su evolución puede derivar en un movimiento político.

El Constituyente, sin embargo, no quiso limitar los beneficios del
reconocimiento institucional a las manifestaciones políticas depositarias de
una clara estructura organizativa. La manifestación popular espontánea
y depositaria de una voluntad social significativa también fue tenida
en cuenta. La idea de incluir los grupos sociales significativos refleja
esta intención de proteger el derecho a la participación política,
incluso en aquellos niveles en los cuales su manifestación carece de
una clara organización que le asegure su institucionalidad y
permanencia. (Negrillas fuera del texto).

121. Si bien, la Ley 130 de 1994, por la cual se dictó el Estatuto Básico de los
Partidos y Movimientos Políticos, no efectúa una definición de los grupos
significativos de ciudadanos, de la cita antes transcrita, se puede concluir que
son manifestaciones de la ciudadanía en respuesta a circunstancias y factores
determinadas que recogen la voluntad de un número representativo, con los
cuales se busca proteger el derecho de participación, «incluso en aquellos niveles
en los cuales su manifestación carece de una clara organización que le asegure
su institucionalidad y permanencia».

122. De lo dispuesto en el artículo 9 de la norma mencionada, se puede inferir
que estas agrupaciones se conforman a partir de la recolección de firmas
necesarias para, entre otras razones, poder presentar candidatos a las
elecciones. La norma en cita, textualmente, establece:

ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. Los
partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán
postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional
alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo
representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General
resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos
de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de
dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos
por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán
más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.

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Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán
otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por
la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el
equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los
partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva
si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida
para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar
para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior. (Negrillas
fuera de texto).

123. Por su parte, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 señaló que «los
candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un
comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la
correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los
integrantes del Comité, así como [el] de los candidatos que postulen, deberán
figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo».

124. La Corte Constitucional16, al analizar la constitucionalidad de la ley
estatutaria sobre organización y funcionamiento de partidos y movimientos
políticos y procesos electorales, explicó que el artículo transcrito no es
desproporcionado o irrazonable, toda vez que se trata de requisitos orientados a
revestir de seriedad la inscripción de listas y candidatos apoyados por los grupos,
lo que genera confianza en los electores y, reemplaza el aval.

125. Expresamente indicó:

El requisito previo de recolección de firmas de apoyo para la inscripción de
candidatos por parte de los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos se orienta a garantizar que los nombres y las listas postulados a
la contienda electoral cuenten con un mínimo de respaldo popular, y tiende a
hacer efectivo el propósito del constituyente de evitar la proliferación de
inscripciones provenientes de agencias de intereses minoritarios. En este sentido,
se ajusta al propósito general que ha caracterizado las últimas reformas en materia
de participación política de fortalecer los partidos y movimientos políticos
popularmente respaldados. El requisito de formalizar la inscripción mediante un
comité, se orienta a suplir la ausencia de personería jurídica, estableciendo por
esta vía un mecanismo de representación del movimiento ciudadano. La exigencia
de publicidad derivada de la inclusión de las fotos de los miembros del comité y de
los candidatos en el formulario de recolección de firmas, constituye así mismo una

16 Corte Constitucional, sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas
Silva.

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garantía de transparencia que facilita la decisión del elector y le suministra
confianza. (Negrillas fuera del texto).

126. Esta Sala Electoral17 ha indicado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
28 de la Ley 1475 de 2011 y de la interpretación que de esta norma hizo la Corte
Constitucional, antes citada, la inscripción de candidatos postulados por los
grupos significativos de ciudadanos es un proceso que comprende el respaldo
popular, que se acredita con la recolección de firmas, el registro del comité
promotor y la póliza de garantía, entre otros, para materializarse.

127. Ahora bien, precisado lo anterior, se tiene que, en el caso concreto, en la
Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023 se realizó un recuento de las
participaciones que ha tenido en diferentes contiendas electorales el señor
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y la agrupación política Creemos y de esto
concluyó:

[…] Esta Corporación vislumbra la gran trayectoria política que ha tenido la
agrupación política “Creemos” en nuestro país, participando en diferentes
contiendas no solo de manera directa e independiente, sino también, de manera
indirecta y bajo la modalidad de adhesión a candidaturas avaladas por distintas
agrupaciones políticas, que los ha llevado a obtener representación en escaños
importantes de diferentes Corporaciones Públicas y también en distintos cargos
uninominales.

128. Para arribar a esta afirmación, precisó que el señor Federico Gutiérrez
Zuluaga participó en el año 1999 en las elecciones de los Consejos Municipales
de Juventud y que, posteriormente, participó en las elecciones al Concejo
Municipal de Medellín para los periodos 2004-2007 y 2008-2011. Asimismo, se
indicó que se presentó, en representación de la agrupación política Creemos, a
la contienda electoral para la elección del alcalde de Medellín para el periodo
2016-2020.

129. Se señaló que, para el año 2014, la agrupación política Creemos adhirió a
diferentes candidaturas del Centro Democrático, dentro de las cuales se
encuentra la del señor Federico Eduardo Hoyos Salazar, representante a la
Cámara para el periodo 2014-2018 y que, para el año 2019, adhirió a la
candidatura del señor Simón Molina Gómez para el Concejo Municipal de
Medellín.

130. Adicionalmente, se afirmó que esta agrupación política participó en las
elecciones al Congreso de la República para los periodos 2018-2022 y 2022-

17 Sentencia del 16 de marzo de 2017, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, dentro del
expediente 13001-23-33-000-2016-00112-01.

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2026, con ocasión de la adhesión que realizó a las candidaturas de los señores
Paola Holguín, Juan Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés Aljure.

131. De los documentos aportados al expediente administrativo, se pudo
constatar que el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución 519 del 20
de abril de 2015, decidió sobre la solicitud de registro del logo, símbolo o
emblema del grupo significativo de ciudadanos Creemos para inscribir al señor
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Alcaldía de Medellín para
las elecciones del 25 de octubre de esa anualidad.

132. Posteriormente, la autoridad administrativa expidió la Resolución 6348 del
1.° de octubre de 2021, con la cual se registró el logo símbolo del grupo
significativo de ciudadanos denominado Creemos Colombia, que promovía la
inscripción de la candidatura a la Presidencia de la República del señor Federico
Gutiérrez Zuluaga para participar en las elecciones del 29 de mayo de 2022.

133. Igualmente, se verificó que el acta de constitución del partido político
Creemos se realizó el 11 de enero de 2023.

134. De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que, para la elección del
alcalde de Medellín en el año 2015, se creó un grupo significativo de ciudadanos
denominado Creemos con un logo determinado, para reunir los apoyos
necesarios para inscribir la candidatura del señor Federico Andrés Gutiérrez
Zuluaga. Posteriormente, para la elección del presidente de la república periodo
2022-2026, se constituyó otro grupo significativo de ciudadanos denominado
Creemos Colombia, con una imagen diferente, y también para inscribir como
candidato al señor Gutiérrez Zuluaga. Por tanto, si bien el objetivo originario era
reunir apoyos para inscribir las respectivas candidaturas, cada grupo significativo
de ciudadanos era diferente e independiente, puesto que se constituyeron para
cargos y en tiempos diferentes.

135. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que el grupo significativo
Creemos Colombia no tenía vocación de permanencia ni fue conformado para
participar en otras contiendas electorales diferentes a las que le dio origen, esto
es, la candidatura del señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga para la
Presidencia de la República periodo 2022-2026.

136. En virtud de lo anterior, para la Sala, el Consejo Nacional Electoral incurrió
en una falsedad al sustentar su decisión en que las agrupaciones políticas
Creemos y Creemos Colombia cuentan con una amplia trayectoria en la política
del país, puesto que este no es un factor contemplado a nivel constitucional o
legal para definir la personería jurídica y, especialmente, porque esos grupos
significativos de ciudadanos se constituyeron para participar en las elecciones a
la Alcaldía de Medellín y a la Presidencia de la República y no tenían como

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finalidad la participación en las elecciones para el Congreso de la República, toda
vez que no inscribieron un comité, recolectaron firmas, suscribieron una póliza de
seriedad ni presentaron lista de candidatos para dicha contienda.

137. En consecuencia, la Sala concluye que sí se incurrió en una falsa
motivación, al considerar que se debía reconocer la personería jurídica del partido
Creemos en atención a su participación en diferentes certámenes electorales a
través de los grupos significativos de ciudadanos Creemos y Creemos Colombia,
puesto que los mismos se crearon de manera independiente para inscribir al
señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Alcaldía de
Medellín y a la Presidencia de la República, pero no para las elecciones al
Congreso de la República del 13 de marzo de 2022.

4.1.2. Presunta vulneración del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, puesto
que la adhesión aplica exclusivamente para partidos con personería
jurídica y Creemos como grupo significativo de ciudadanos no recolectó
apoyos para inscribir candidatos para el Congreso de la República.

138. Los cargos enunciados serán estudiados de manera conjunta, puesto que
están íntimamente relacionados.

139. El demandante alegó que la Resolución 2239 de 2023 incurrió en falsa
motivación, porque la decisión de reconocer personería jurídica al partido
Creemos se basó en la presunta obtención de los votos necesarios para el efecto,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política,
pese a que el grupo significativo no recolectó apoyos para inscribir candidatos a
la elección del Congreso de la República para el periodo 2022-2026.

140. También sostuvo que el Consejo Nacional Electoral motivó falsamente el
acto demandando, toda vez que la figura de la adhesión, consagrada en el
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, aplica únicamente para partidos o
movimientos políticos con personería jurídica y a favor de candidatos que
pertenecen a su coalición.

141. Explicó que el legislador no permitió que los grupos significativos de
ciudadanos pudieran inscribir candidatos sin antes haber recolectado los apoyos
necesarios y mucho menos puedan adherirse a otras candidaturas para las
cuales no ha realizado el trámite de recolección de firmas.

142. Precisó que la afinidad ideológica con los candidatos del Centro
Democrático no desvirtúa que estos se encuentran avalados por este y que los
apoyos recolectados por el grupo significativo de ciudadanos Creemos fueron
para la inscripción del señor Federico Andrés Gutiérrez como candidato a la
Presidencia de la República y no para inscribir candidatos al Congreso.

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143. Para resolver los argumentos expuestos se tendrá en cuenta lo siguiente:

144. El acto demandado explicó que la agrupación política Creemos participó en
la contienda electoral para la elección del presidente de la república y obtuvo
cinco millones sesenta y nueve mil quinientos veintiséis (5.069.526) votos.
Además, señaló que, para la elección al Congreso de la República 2022-2026,
adhirió a las candidaturas de los señores Paola Holguín, Juan Fernando Espinal
Ramírez y Christian Garcés Aljure avaladas por el Centro Democrático, quienes
fueron elegidos congresistas.

145. Al expediente administrativo se aportó una certificación expedida por la
directora nacional y el secretario general del partido Centro Democrático,
documento en el cual se indicó que el movimiento político Crecemos, al no tener
personería jurídica y al no presentar listas al Congreso de la República en las
elecciones realizadas el 11 de marzo de 2018 y 13 de marzo de 2022, apoyó y
adhirió las candidaturas de los señores Paola Holguín Moreno y Juan Fernando
Espinal Ramírez, por ser a fin a su ideología y principios.

146. Igualmente, el señor Christian Garcés Aljure, en su calidad de representante
a la Cámara, allegó un documento en el que manifestó que para los periodos
2018-2022 y 2022-2026 el grupo significativo Creemos Colombia respaldó su
candidatura en razón a las afinidades ideológicas que comparte.

147. En virtud de lo expuesto, entonces, el Consejo Nacional Electoral consideró:

i) Bajo la figura de «Adhesión», se encuentra probado el apoyo realizado por la
agrupación política «Creemos» a Congresistas electos en el año 2022, que fueron
inscritos mediante listas del Partido Centro Democrático.

ii) Que la agrupación política «Creemos», se encuentra actualmente representado
en el [C]ongreso por los ciudadanos: Paola Holguín, en su calidad de Senadora de
la República; y los señores Juan Fernando Espinal Ramírez y Christian Garcés
Aljure, en su calidad de Representantes a la Cámara.

(…)

En conclusión ser[í]a incomprensible no reconocer el derecho a la personería
jurídica del partido político «Creemos» que se adhirió a distintas candidaturas
electas al Congreso de la República, que fueron inscritas por las listas del Partido
Centro Democrático, pues como se ratificó en el desarrollo y análisis de la solicitud,
se pudo evidenciar el cumplimiento de Io dispuesto en el artículo 108
Constitucional, al participar en la contienda Nacional al Congreso de la Rep[ú]blica
y así mismo la superación del 3% de los votos válidos, con una votación obtenida
por parte del Partido Dentro Democrático de UN MILLON NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENCIENTOS CINCO (1.949.905) votos al Senado
de la Republica; CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
VEINTI OCHO (424.828) votos a la Cámara de Representantes por el
departamento de Antioquia; y CIENTO VEINTITRES MILQUINIENTOS CUATRO

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(123.504) votos a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del
Cauca.

148. De lo transcrito se evidencia que el sustento para el reconocimiento de la
personería jurídica del partido Creemos se basó, entre otras cosas, en la
adhesión que el grupo significativo de ciudadanos denominado Creemos
Colombia hizo a las candidaturas de unos candidatos que fueron elegidos
congresistas.

149. Frente a la figura de la adhesión el Consejo de Estado, en providencia del
27 de octubre de 202118, indicó:

(…) el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 simplemente indica que los candidatos
de coalición, es decir, respecto de los que fueron inscritos en nombre de una
colectividad, en asocio con otras agrupaciones políticas, luego de cumplir las
exigencias constitucional y legalmente establecidas, también serán los candidatos
de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participaron
en la coalición, decidan apoyar o adherirse a éstos.

132. Es decir, del tenor de la norma estatutaria, se puede colegir que la adhesión
se presenta durante la campaña electoral pero con posterioridad a una candidatura
formalizada, y se materializa con el hecho de que un partido o movimiento
político manifieste su apoyo a un candidato de otra colectividad para un
cargo de elección popular en el que no tiene aspirante propio, sin que se
establezca que tal declaración debe ser por escrito o de manera verbal, que
requiera la aceptación por la colectividad de origen y/o la coalición del aspirante
inscrito, y muchos menos presentada, revisada y/o aceptada para su validez ante
las autoridades electorales.

133. A juicio de la Sala, la ausencia de regulación en materia de adhesión
obedece no a una omisión legislativa, sino a que hace parte del margen de
autonomía con el que gozan las colectividades políticas, y por ende, a la
alternativa que tienen durante la campaña electoral de apoyar o no
determinada candidatura (dentro de los límites legalmente establecidos,
verbigracia no incurrir en la prohibición de doble militancia), de establecer
de qué forma procederán frente a las contiendas que se llevan a cabo para
los cargos de elección popular en el país, sin que se exija a las agrupaciones
involucradas el cumplimiento de alguna carga administrativa ante las
autoridades electorales y mucho menos alguna validación de estas.

(…). (Negrillas fuera de texto).

150. En atención a lo anterior, la Sala considera que la adhesión es válida para
demostrar apoyo a determinada candidatura dentro de los procesos electorales

18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 76001-23-33000-2020-

00002-02, demandado: Jhon Jairo Santamaría Perdomo – alcalde de Yumbo periodo 2020-2023, magistrada
ponente Rocío Araújo Oñate.

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y para acreditar ante el electorado la afinidad de ideologías entre partidos y
movimientos políticos; esta se presenta durante la campaña electoral, pero con
posterioridad a la formalización de la inscripción y no tiene mayores ritualidades.

151. Del aparte transcrito se puede afirmar que esta Corporación en la
providencia mencionada se refirió a la figura de la adhesión respecto de partidos
y movimientos políticos, en el contexto de candidatos a cargos uninominales; sin
embargo, en este estudio no se incluyeron a los grupos significativos de
ciudadanos.

152. En este contexto, le corresponde a esta Sala determinar si los grupos
significativos de ciudadanos se pueden o no adherir a campañas de otros
candidatos.

153. Para hacer el estudio correspondiente, es necesario volver en la distinción
de la noción de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos.
Al respecto, esta Corporación ha considerado que estos se diferencian en los
fines en que se fundamentan, los cuales son disímiles.
154. La Sección Quinta del Consejo de Estado19 ha precisado que:

[…] en el caso de los partidos políticos estos buscan acceder al poder, a los cargos
de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación,
mientras que los movimientos políticos buscan influir en la formación de la voluntad
política o participar en las elecciones, en cuanto a los grupos significativos de
ciudadanos recogen una manifestación política coyuntural.

155. Igualmente, la Corte Constitucional, en la sentencia C-490 del 23 de junio
de 201120, precisó que las organizaciones sociales, los movimientos sociales y
los grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación de permanencia
desde el punto de vista del activismo político, puesto que su propósito central no
es la participación en las contiendas electorales de manera continua, sino obtener
un resultado concreto y se incluyeron con el fin de proteger el derecho a la
participación en política, pese a carecer de una clara organización que asegure
su institucionalidad y permanencia.

156. En atención a esta diferencia, la Sala ha dicho en varias oportunidades que
como los grupos significativos de ciudadanos tienen una finalidad coyuntural, no
tienen vocación de permanencia.

19 Sentencia del 1.° de septiembre de 2016, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, expediente

05001-23-33-000-2015-02379-02.
20 Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.

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157. Esta Sala no desconoce que el legislador pretendió conceder algunas
facultades a los grupos significativos de ciudadanos, pero no todos los derechos
con los que cuentan los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

158. Esto se puede constatar en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1475 de
2011, norma que textualmente establece:

ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos,
movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales
registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas,
los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la
designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los
mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y
reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y
los correspondientes estatutos.

Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la
República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para
el reconocimiento de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o
movimientos políticos y solicitar la correspondiente personería. La solicitud deberá
ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y
programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los directivos, y
será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado
como representante legal del partido o movimiento así constituido.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral
ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a
partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos
y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de
organización y funcionamiento. (Negrillas fuera del texto).

159. En atención a la norma en cita, es claro que los grupos significativos de
ciudadanos contarán con los mismos derechos y obligaciones que los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica una vez adquieran ese atributo, de
manera que, si bien antes se le reconocen algunos derechos para permitir su
participación en las contiendas electorales, de estas agrupaciones no se puede
predicar la aplicación de todas las prerrogativas, como si contaran con esta
cualidad.

160. Al respecto, esta Sección ha dicho «de la lectura del articulado de la
mencionada ley estatutaria que, cuando ha sido voluntad del legislador conceder
facultades a los grupos significativos de ciudadanos, lo hace de manera

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expresa»21, tal como se evidencia del artículo 5 de la Ley 1475 de 2011, en el
que se indica que pueden acceder a mecanismos como la consulta, entre otros.

161. Se precisa que, de la sentencia del 21 de julio de 2016 de esta Sección, se
puede constatar que se hace un análisis de las figuras de la coalición y la fusión
y, frente a la adhesión, se menciona de forma tangencial que el artículo 5 de la
Ley 1475 de 2011 confiere a los grupos significativos de ciudadanos la posibilidad
de hacer coaliciones con otros partidos y «adherir o apoyar candidatos». Sin
embargo, del contenido de esa norma, en concordancia con el artículo 29 del
mismo cuerpo normativo, es claro que esa atribución no está reconocida por la
ley a las colectividades de esa naturaleza.

162. El artículo 5 mencionado, establece:

ARTÍCULO 5o. Las consultas son mecanismos de participación democrática
y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o
grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar con la finalidad de
adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de
coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando
en ellas sólo puedan participar los miembros de la organización política que se
encuentren en el registro de afiliados. Se denominarán populares cuando puedan
hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las consultas internas
se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y
movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos
con personería jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán
interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de seleccionar candidatos de
coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos
nacionales o departamentales según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de
reposición de gastos por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos
podrán solicitar anticipos para estas consultas de acuerdo con la reglamentación
que expida el Consejo Nacional Electoral. (Negrillas fuera de texto).

163. Es pertinente reiterar que, tal y como se indicó por esta Sala en la
providencia del 21 de julio de 2016 mencionada, las limitaciones que tienen los
grupos significativos de ciudadanos se deben a que no cuentan con vocación de
permanencia, en contraste con lo que es propio de los partidos políticos.

21 Sentencia del 21 de julio de 2016, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,

dentro del expediente 05001-23-33-000-2015-02451-01.

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164. Entonces, al revisar la literalidad del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011,
norma que consagra la figura de la adhesión, se evidencia que la misma está
permitida para que partidos o movimientos políticos con personería jurídica
otorguen apoyo a candidatos de una coalición de la que no forman parte.

165. La norma en cita textualmente consagra:

ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos
de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales.
El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y
grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el
candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que
aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato
de la coalición.

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición
los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al
candidato.

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran
la coalición y la filiación política de los candidatos.

(…). (Negrillas fuera texto).

166. La disposición transcrita autoriza a los grupos significativos de ciudadanos
a coaligarse con partidos o movimientos políticos con personería jurídica para
inscribir candidatos a cargos uninominales y precisa que el candidato de la
coalición sería único.

167. Posteriormente, después de un punto seguido, indica que ese candidato
también será único para aquellos partidos o movimientos políticos con personería
jurídica que, aunque no participen en la coalición, decidan adherirse o apoyarlo.

168. Por lo tanto, esta Sala considera que la figura de la adhesión está permitida
únicamente para los partidos o movimientos políticos con personería jurídica y
para cargos uninominales.

169. En virtud de lo anterior, para la Sala los grupos significativos de ciudadanos
no pueden adherirse a otras candidaturas, puesto que la ley autoriza y regula su
conformación expresamente para un fin distinto, esto es, la inscripción por firmas
de una candidatura ad hoc, es decir, para certámenes electorales específicos y
candidatos debidamente identificados, de modo que los ciudadanos puedan tener
claridad sobre el objeto para el que otorgan su apoyo con su firma.

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170. Por lo tanto, permitir que ese propósito se traslade a un candidato o finalidad
diferente, mediante una figura como la adhesión, significaría burlar la voluntad de
los ciudadanos que decidieron respaldar con su firma el objeto que les fue
anunciado en el formulario de recolección de apoyos.

171. En efecto, se insiste en que agrupaciones políticas requieren del soporte de
los ciudadanos para nacer y, en los casos en que se crean para la inscripción de
candidatos o listas para procesos electorales específicos, no tienen vocación de
permanencia más allá de la contienda electoral para la cual se constituyeron, de
modo que no tienen como finalidad la participación en los certámenes electorales
de manera continua.

172. Esto no implica que, posteriormente, no se conviertan en otro tipo de
organizaciones, esto es, movimientos o partidos políticos.

173. La exclusión de los grupos significativos de ciudadanos para hacer uso de
la figura de la adhesión es razonable a la luz de la falta de estabilidad con las que
estos cuentan y a que no poseen vocación de permanencia, las mismas razones
por las cuales en la sentencia del 21 de julio de 2016, esta Sección precisó que
estas organizaciones no podían fusionarse con otras.

174. En atención a todo lo expuesto, en el caso en estudio, tal y como se indicó
en los antecedentes administrativos, Creemos Colombia solo recibió el apoyo de
la ciudadanía para inscribir al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga como
candidato para la Presidencia de la República para el periodo 2022-2026, en la
contienda electoral que se realizaría en mayo de 2022, después de las elecciones
al Congreso.

175. Además de lo anterior, en el proceso no está acreditado que el grupo
significativo creado para apoyar la candidatura del señor Gutiérrez Zuluaga a la
Presidencia de la República haya recogido apoyos para presentar candidatos a
la contienda electoral del Congreso de la República del 13 de marzo de 2022.

176. En consecuencia, no era posible reconocer la personería jurídica del partido
Creemos y afirmar que los requisitos establecidos en la Constitución Política se
encontraban acreditados con ocasión de la adhesión que realizó a los candidatos
Holguín Moreno, Espinal Ramírez y Garcés Aljure y la votación que obtuvo el
señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga en la contienda electoral para la
Presidencia de la República, puesto que el artículo 108 constitucional, en
concordancia con el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, es claro en indicar que
para acceder a ese beneficio debe inscribir candidatos o listas para la elección
del Congreso de la República y obtener una votación no inferior al tres por ciento
(3 %) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en el mismo
certamen electoral.

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Rad: 11001-03-28-000-2023-00059-00

177. En atención a lo anterior, para la Sala el Consejo Nacional Electoral incurrió
en falsa motivación al indicar que era procedente reconocer la personería jurídica
al partido Creemos, en virtud de la adhesión que realizó el grupo significativo de
ciudadanos a la candidatura para el Congreso de la República de los señores
Holguín Moreno, Espinal Ramírez y Garcés Aljure, puesto que los grupos
significativos no pueden hacer uso de dicha figura y menos aún bajo esta se
puede dar por acreditado el cumplimiento para adquirir la personería, razón por
la que este cargo está llamado a prosperar.

4.1.3. Análisis del artículo 3 de la Ley 1475 de 2011

178. Para Creemos y el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, el artículo 3
de la Ley 1475 de 2011, permite que los grupos significativos de ciudadanos, que
hayan postulado candidatos, soliciten la correspondiente personería jurídica
como partidos o movimientos políticos, con lo que los argumentos expuestos en
la demanda son contrarios a la ley.

179. El artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, establece:

ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
POLÍTICOS. El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos,
movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales
registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas,
los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la
designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados.
Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los
mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y
reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y
los correspondientes estatutos.

PARÁGRAFO. Los grupos significativos de ciudadanos que postulen
candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y
obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica,
podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la
correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de
fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y programática, la lista de
afiliados y la prueba de la designación de los directivos, y será presentada ante el
Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como representante
legal del partido o movimiento así constituido.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral
ordenará su inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a
partir de lo cual dichas agrupaciones políticas tendrán los mismos derechos y
obligaciones de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y se
someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y
funcionamiento. (Negrillas fuera de texto).

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180. El artículo 108 de la Constitución Política y la norma estatutaria antes
transcrita, consagran los requisitos para que un grupo significativo de ciudadanos
se convierta en un partido político y acceda al reconocimiento de la personería
jurídica.

181. Para ello, deberá inscribir lista de candidatos para el Congreso de la
República y obtener una votación no inferior al 3% de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en esa contienda, en Senado o Cámara.

182. Como ya se señaló, el Consejo Nacional Electoral concedió el beneficio de
la personería jurídica al partido Creemos, en atención a que el grupo significativo
de ciudadanos conformado para la inscripción del señor Federico Andrés
Gutiérrez Zuluaga como candidato a la Presidencia de la República obtuvo una
votación significativa y, además, participó en las contiendas electorales del
Congreso de la República, a través de la adhesión a la candidatura de tres
candidatos avalados por el Centro Democrático.

183. En virtud de lo expuesto, para la Sala es evidente que la autoridad
administrativa incurrió en una falsa motivación al momento de reconocer la
personería jurídica al partido Creemos, porque este no cumplió con los requisitos
establecidos en la Constitución y la ley. Es decir, no inscribió candidatos o listas
de candidatos para la contienda electoral para el Congreso de la República y no
obtuvo más del 3% de los votos válidos emitidos en dicha elección. Además,
como quedó dicho con antelación, la figura de la adhesión no está consagrada
para los grupos significativos de ciudadanos.

184. Por tanto, afirmar que el acto administrativo está acorde a la ley, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, no es de recibo.

4.2. Vulneración de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la
Constitución Política por parte del grupo significativo de ciudadanos
Creemos

185. El demandante indicó que el grupo significativo de ciudadanos Creemos no
inscribió candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes
para el periodo 2022-2026 y, por tanto, no se le pueden atribuir los votos de otras
organizaciones políticas para el cumplimiento del requisito del artículo 108 de la
Constitución Política, que otorga dicho beneficio a aquellos que obtengan una
votación de mínimo el 3% de los votos emitidos válidamente en esa elección.

186. El artículo 108 de la Constitución Política establece:

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ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería
Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por
ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en
elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no
consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones
Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber
obtenido representación en el Congreso.

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años
convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones
más importantes de la organización política.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o
por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán
inscribir candidatos. (…). (Negrillas fuera de texto).

187. Como ya se ha advertido en esta providencia, esta norma constitucional es
clara en establecer que los grupos significativos de ciudadanos adquirirán su
personería jurídica si inscriben candidatos o listas para el Congreso de la
República y consiguen una votación no inferior al 3% de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en las elecciones a la Cámara de
Representantes o al Senado de la República.

188. Tal como se ha dicho de manera insistente, en este caso, el grupo
significativo de ciudadanos Creemos no inscribió candidatos para las elecciones
del Congreso de la República y, por tanto, en esa elección no obtuvo ninguna
votación.

189. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica
bajo el argumento de que su participación en esa contienda electoral se presentó
a través de la figura de la adhesión a otros candidatos del Centro Democrático
que fueron elegidos y que los votos obtenidos por Federico Andrés Gutiérrez
Zuluaga como candidato a la Presidencia de la República fueron cinco millones
sesenta y nueve mil quinientos veintiséis (5.069.526) votos.

190. En atención a lo anterior, para la Sala existe un desconocimiento de lo
dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política, toda vez que no se
cumplieron los requisitos necesarios para que el grupo significativo de
ciudadanos pudiera ser beneficiario de la personería jurídica, ya que no inscribió

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candidatos para la elección de Senado de la República o Cámara de
Representantes y no obtuvo votación en esa contienda, por tanto, no podía
organizarse como partido político y solicitar la personería jurídica.

191. En virtud de lo expuesto, la Sección considera que el cargo propuesto está
llamado a prosperar, porque con la expedición de la Resolución 2239 de 2023 se
desconocieron los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Constitución
Política.

4.3. Para el reconocimiento de la personería jurídica del partido Creemos,
el CNE no podía acudir al principio de buena fe para dar aplicación al
Acuerdo de Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera

192. El Consejo Nacional Electoral, en el acto administrativo demandado, indicó
que las normas constitucionales y de la ley estatutaria debían interpretarse a la
luz de lo dispuesto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera, puesto que en este se
establecieron principios superiores para promover el acceso al sistema político y
así garantizar el principio democrático y la participación.

193. Para entender la aplicación de las directrices del acuerdo al caso en estudio,
es necesario tener en cuenta:

194. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha considerado que la importancia
de la personería jurídica de los partidos o movimientos políticos radica en el
estatus que adquieren dentro de este tipo de agrupaciones y en i) el derecho de
postulación de candidatos, en la medida en que pueden otorgar avales para la
inscripción en las elecciones de voto popular, ii) los beneficios en términos de
financiación parcial del Estado para efectos de funcionamiento y para las
campañas de sus candidatos, iii) el uso de tiempo en los medios de comunicación
y iv) para conformarse como oposición al gobierno22.

195. En atención a la importancia de la figura, la obtención, conservación y
pérdida de esta en el marco de los partidos políticos es un asunto reglado en la
Constitución y la ley, para lo cual existe un régimen ordinario y unas reglas
excepcionales que han sido analizadas y estudiadas por esta Sala.

22 Esto se indicó en la sentencia del 7 de marzo de 2024, en el proceso con radicado 11001-03-28-000-

2023-00046-00 con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, postura decantada de los artículos
108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política.

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4.3.1. Régimen ordinario de la personería jurídica de los partidos políticos

196. El artículo 108 de la Constitución Política contiene la regla general para la
obtención y conservación de la personería jurídica y establece que se reconocerá
la personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos
de ciudadanos cuando estos obtengan una votación no inferior a al 3% de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones del
Congreso de la República.

197. Esta norma no tenía esta redacción originalmente, sino que fue producto de
un análisis que dio como resultado el Acto Legislativo 1 de 2009, en el que se
evidenció la necesidad de fortalecer y modernizar los partidos políticos, pues la
flexibilidad generaba la constitución de organizaciones políticas sin vocación de
permanencia y alianzas fugaces con fines únicamente electorales23.

198. Al revisar la norma constitucional mencionada, para la Sala es claro que,
para adquirir la personería jurídica de un partido o movimiento político, por vía
ordinaria, este debe conformarse como grupo significativo, inscribir una lista de
candidatos para el Congreso de la República y obtener como mínimo el 3% de
los votos válidos a nivel nacional en esas elecciones.

199. Una vez cumplidos los requisitos, es necesario que los directivos de la
agrupación política presenten una solicitud expresa para el reconocimiento,
acompañada con el acta de fundación, los estatutos, la plataforma ideológica y
programática, la lista de los afiliados y la designación de sus órganos de
dirección24.

4.3.2. Reglas especiales

200. La dinámica del país ha generado una serie de reglas especiales para la
adquisición, conservación, pérdida e, incluso, restitución de la personería jurídica,
entre las que se encuentran el Acuerdo de Paz, los casos de violencia y
persecución política, la escisión de los partidos y estatuto de la oposición.

4.3.2.1. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera

201. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el 24 de noviembre de 2016, suscribieron el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el

23 Este análisis se realizó en la sentencia del 16 de septiembre de 2021, dentro del expediente
11001032400020110022100.
24 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 y en concordancia con el artículo 3

de la Ley 130 de 1994, que sigue vigente en lo que aplica.

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que se dispuso, entre otras cosas, que era necesaria la ampliación democrática
para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas para enriquecer el debate y la
deliberación en relación con los problemas de orden nacional, para así fortalecer
el pluralismo, la representación, la participación y la inclusión política.

202. Para el cumplimiento de estos fines, se evidenció la necesidad de revisar y
ajustar las instituciones existentes en relación con los derechos de oposición, el
ejercicio en política, las garantías para la movilización y la protesta pacífica, la
reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, el control y la
veeduría ciudadana, las políticas para el fortalecimiento de la planeación
democrática y participativa y la construcción de medidas para promover la
participación política, entre otras.

203. En virtud de dicho acuerdo, se profirió el Acto Legislativo 03 de 2017, por
medio del cual se reguló parcialmente el componente de reincorporación política
del Acuerdo Final, y con fundamento en ello, el CNE estaba autorizado para
reconocer la personería jurídica al partido político «Comunes», beneficio que está
asegurado hasta el 2026, momento en el cual la conservación de este atributo
quedará sujeta a las reglas ordinarias establecidas en la Constitución Política.

204. Específicamente el acuerdo en mención explicó25:

En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán
obstáculos y se harán los cambios institucionales para que los partidos y
movimientos políticos obtengan y conserven la personería jurídica, y en particular
para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación
política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se
impulsarán las siguientes medidas:

• Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos del requisito de la superación de un umbral en las
elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir los requisitos para su
constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y
movimientos políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se
exigirá como mínimo un número determinado de afiliados.
• Diseñar un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y
movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal,
departamental y nacional. El nuevo régimen conservará los requisitos
materiales de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de
Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes
para la adquisición de la totalidad de los derechos de financiación, acceso a
medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

25 El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

puede consultarse en el siguiente vínculo electrónico: https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-
Final.aspx

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• El sistema incorporará un régimen de transición por 8 años, incluyendo
financiación y divulgación de programas para promover y estimular los nuevos
partidos y movimientos políticos de alcance nacional que irrumpan por primera
vez en el escenario político, así como a otros que habiendo tenido
representación en el Congreso la hubieran perdido. (…)

205. El Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 01 de 2016, por
medio del cual se consagraron instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo para facilitar la implementación del
acuerdo.

206. Para esto, se crearon dos tipos de mecanismos transitorios para la
producción legislativa, uno denominado «procedimiento legislativo especial», que
se surte directamente por el Congreso con mayorías especiales y sujeto a un
control automático de constitucionalidad y el otro, es la concesión de facultades
presidenciales para la paz.

207. En ejercicio del procedimiento legislativo especial, se dictó el Acto
Legislativo 02 de 2017, por medio del cual se adicionaba un artículo transitorio
en la Constitución Política, con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica
al acuerdo final para la paz. Con esta norma, específicamente, se buscaba que
lo establecido en el documento mencionado fueran obligatoriamente parámetros
de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y leyes de
implementación.

208. Al estudiar su constitucionalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia C-
630 del 11 de octubre de 2017, con ponencia del magistrado Antonio José
Lizarazo Ocampo, después de analizar la naturaleza del Acuerdo Final indicó:

En consecuencia, el Acuerdo Final no tiene un valor normativo per se, lo que
significa que ex ante de la activación de los mecanismos de implementación y
desarrollo, como política de Gobierno vincula al Gobierno Nacional y lo obliga a
impulsar su implementación. Sin embargo, a partir del Acto Legislativo 02 de 2017,
los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho
internacional humanitario y a derechos fundamentales consagrados en la
Constitución serán parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y
validez de las normas de implementación de lo pactado, con sujeción al
ordenamiento constitucional. Igualmente, a partir de ese acto legislativo el
Acuerdo se adopta como política de Estado, de manera que todos los
órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran
comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto,
cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento
y guardar coherencia con sus contenidos, finalidades, espíritu y principios.
Por la misma razón de su reconocimiento como política de Estado, teniendo
en cuenta su refrendación y a partir del Acto Legislativo 02 de 2017, se
dispuso que rigiera durante los tres periodos presidenciales siguientes.

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De ese modo, y como se ha enfatizado en esta providencia, para la incorporación
normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación
de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la
Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de
contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política
de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

(...). (Negrillas fuera de texto).

209. De acuerdo con lo anterior, para la Sala las directrices establecidas en el
acuerdo de paz son políticas de Estado y se deben aplicar con fuerza normativa
una vez se realice la incorporación en el ordenamiento jurídico, a través de los
mecanismos ordinarios establecidos en la Constitución y la ley.

210. En la Resolución 2239 de 2023, el Consejo Nacional Electoral explica que
esa entidad debe aplicar las garantías políticas y la apertura democrática que
consagra el acuerdo de paz, para así contribuir a la modernización de la
organización y del régimen electoral, situación que se favorece con una mayor
participación de la ciudadanía, a través del reconocimiento de nuevas
agrupaciones políticas que se apartan de los partidos tradicionales, los cuales,
para algunos, no reflejan sus verdaderos intereses y necesidades.

211. Resaltó que para lograr esos objetivos el Consejo Nacional Electoral, como
garante del ejercicio democrático, debía establecer mecanismos idóneos para
crear las condiciones y las garantías para facilitar la participación y el ejercicio de
los derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política.

212. Por lo expuesto concluyó:

En este sentido, es necesario que esta Corporación como órgano de cierre
electoral en sede administrativa, asuma y acoja los principios de
interpretación obligatorios que emana el Acuerdo Final Para la Paz, pues su
carácter y ubicación en la jerarquía del ordenamiento jurídico Io impone; en
pocas palabras, en aplicación de Io anterior, es deber del Consejo Nacional
Electoral: i) remover los obstáculos y hacer los cambios institucionales para
que las colectividades políticas obtengan y conserven su personería jurídica
y, ii) facilitar a los movimientos y organizaciones con vocación política su
tránsito a constituirse como partido o movimiento político.

213. La Sala considera que estas afirmaciones son contrarias a las pautas fijadas
por la Corte Constitucional en la sentencia C-630 de 201726, que textualmente
indicó:

26 Sentencia del 11 de octubre de 2017 con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo

Ocampo.

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En consecuencia, el Acuerdo Final no tiene un valor normativo per se, lo que
significa que ex ante de la activación de los mecanismos de implementación y
desarrollo, como política de Gobierno vincula al Gobierno Nacional y lo obliga a
impulsar su implementación. Sin embargo, a partir del Acto Legislativo 02 de 2017,
los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho
internacional humanitario y a derechos fundamentales consagrados en la
Constitución serán parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y
validez de las normas de implementación de lo pactado, con sujeción al
ordenamiento constitucional. Igualmente, a partir de ese acto legislativo el
Acuerdo se adopta como política de Estado, de manera que todos los
órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran
comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto,
cualquier desarrollo del mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento
y guardar coherencia con sus contenidos, finalidades, espíritu y principios.
Por la misma razón de su reconocimiento como política de Estado, teniendo
en cuenta su refrendación y a partir del Acto Legislativo 02 de 2017, se
dispuso que rigiera durante los tres periodos presidenciales siguientes.

De ese modo, y como se ha enfatizado en esta providencia, para la incorporación
normativa al derecho interno del Acuerdo Final, se requerirá de la activación
de los mecanismos de producción normativa fijados en la Constitución y la
Ley. Todo lo anterior, enfatizando la obligación de las autoridades del Estado de
contribuir, de buena fe, a la implementación del Acuerdo Final, en cuanto política
de Estado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.

(…). (Negrillas fuera de texto).

214. De acuerdo con lo anterior, para la Sala las directrices establecidas en el
acuerdo de paz son políticas de Estado y se deben aplicar, con fuerza normativa,
una vez se realice la incorporación en el ordenamiento jurídico, a través de los
mecanismos ordinarios establecidos en la Constitución y la ley.

215. Por tanto, si bien el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera establece unas directrices para que
las entidades del Estado implementen lo acordado, lo cierto es que esto requiere
un desarrollo normativo, el cual, para el caso en estudio, no existe pues la norma
constitucional que establece las reglas para el reconocimiento de la personería
jurídica no ha sido modificada y no se puede, bajo el velo de la buena fe,
derogarla.

216. En consecuencia, para la Sala el acto administrativo demandado no podía
sustentar su decisión del reconocimiento de la personería jurídica al partido
Creemos con base en los parámetros del Acuerdo Final, cuando estos no han
sido debidamente introducidos al ordenamiento jurídico a través de las
modificaciones normativas necesarias.

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4.3.2.2. Estatuto de la oposición

217. La Corte Constitucional amplió la norma de los requisitos de la personería
jurídica con el fin de llenar un vacío evidenciado con la Ley 1909 de 2018, en
atención a la creación de una curul en el Senado y la Cámara de Representantes
para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones
presidenciales.

218. En la sentencia SU-316 del 16 de septiembre de 202127, la Corte
Constitucional consideró que para el reconocimiento de la personería jurídica a
movimientos políticos y a grupos significativos de ciudadanos se debe verificar
que (i) el umbral a superar es de 3% de los votos emitidos válidamente en las
elecciones de presidente y vicepresidente de la república y (ii) al menos uno de
los candidatos de la fórmula deberá aceptar su curul en el Congreso de la
República y declararse en oposición.

219. Al revisar el acto administrativo demandado, se constató que el Consejo
Nacional Electoral explicó que la agrupación política Creemos participó en la
coalición «Equipo Colombia», la cual presentó como candidato a la Presidencia
de la República al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga y logró la tercera
votación más alta de la contienda con cinco millones sesenta y nueve mil
quinientos veintiséis (5.069.526) votos.

220. De esta y otras participaciones en la contienda electoral, directa o
indirectamente, la entidad demandada encontró demostrada la gran trayectoria
política que ha tenido la agrupación política.

221. Para la Sala, la votación obtenida por el señor Gutiérrez Zuluaga, avalado
por el grupo significativo Creemos y en representación de la coalición «Equipo
Colombia», no podía tenerse en cuenta para otorgar la personería jurídica al
partido homónimo porque las subreglas de la Corte Constitucional se refieren a
la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, lo cual no aplica
para el caso en estudio porque, como ya se precisó, obtuvieron el tercer lugar en
esta contienda.

222. Por tanto, no era posible que el Consejo Nacional Electoral usara
argumentos encaminados a justificar la decisión de reconocer la personería
jurídica a la agrupación Creemos con base en la votación de esta en las
elecciones presidenciales.

223. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la Resolución 2239 del 23 de
marzo de 2023 es nula ya que se expidió bajo argumentos contrarios a la verdad,

27
Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.

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esto es, incurrió en falsa motivación y en contradicción con las disposiciones
contenidas en los artículos 108 de la Constitución Política y 29 de la Ley 1475 de
2011.

4.4. Modulación de los efectos del fallo de nulidad en el caso concreto

224. En varias providencias de esta corporación se ha expresado que los fallos
de nulidad producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se
expidió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que
se encontraban antes de su expedición. Esto, puesto que la nulidad se
fundamenta en la existencia de vicios que afectan la validez del acto y se busca
deshacer las consecuencias derivadas del acto anulado.

225. Sin embargo, es claro que cuando el juez electoral evalúa la legalidad del
acto debe estudiar la eficacia de la garantía de los derechos reconocidos en la
Constitución y la ley.

226. Por tanto, teniendo en cuenta que se declarará la nulidad de la Resolución
2239 de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se
le reconoció personería jurídica al partido Creemos, para la Sala es necesario
advertir que esta colectividad utilizó este beneficio para ejercer los derechos que
de este se derivan, entre otros, inscribir candidatos para las elecciones
territoriales de octubre de 2023.

227. Por tanto, es necesario que se protejan los actos que de esto se hayan
derivado y, en consecuencia, se modularán los efectos del fallo y estos serán
hacia el futuro, esto es, se harán efectivos desde la ejecutoria de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Declárase la nulidad de la Resolución 2239 del 23 de marzo de 2023,
por medio de la cual se reconoció la personería jurídica al partido Creemos y
ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Modúlanse los efectos de la decisión de nulidad, bajo el entendido
que los mismos son hacia el futuro y desde la ejecutoria de la sentencia.

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Humberto Guidales García
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 11001-03-28-000-2023-00059-00

TERCERO: Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Con aclaración de voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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