Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04870-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04870-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04870-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04870-01
Accionante: CLAUDIA FERNANDA ÁLVAREZ LUNA Y CAMILA GAVIRIA
BARRENECHE
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Requisito de la inmediatez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante contra la sentencia de 9 de septiembre de 2025,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la
que se declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
objetivo de la inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de agosto de 2025, la parte actora1 interpuso acción de tutela en la que solicitó
al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y a la participación política, supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la participación política, y el principio democrático de CREEMOS y sus
militantes, vulnerados por el fallo de nulidad proferido por el Consejo de Estado en el
proceso 11001-03-28-000-2023-00059-00.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, que revoque la decisión tutela (sic) y se
ordene al Consejo de Estado que emita una nueva decisión”.
2. Hechos
Las accionantes indicaron que en el año 1999 surgió la agrupación política Creemos
como un grupo de jóvenes interesados en incidir en la realidad y problemáticas del
país y que, el 11 de enero de 2023, el grupo tomó la decisión de convertirse en
partido político, por lo que realizó la asamblea constitutiva en la que se aprobaron
1
Conformada por las señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna y Camila Gaviria Barreneche, quienes ostentan la
condición de liquidadora principal y represente legal del grupo político Creemos.
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Accionante: Claudia Fernanda Álvarez y otra
los estatutos y se designaron los integrantes de los cuerpos directivos y
administrativos.
Mencionaron que el 1.º de febrero de 2023, el movimiento político Creemos solicitó
al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento de personería jurídica como partido
político, la cual fue otorgada mediante la Resolución no. 229 de 23 de marzo del
mismo año. Dicho acto administrativo fue modificado por la Resolución no. 3446 y
aclarado por la Resolución no. 4341 de 2023.
Sostuvieron que, en ejercicio de su personería jurídica, participó en las elecciones
territoriales de 2023 avalando candidatos que resultaron electos en corporaciones
públicas y cargos uninominales en municipios pertenecientes a los departamentos
de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena,
Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y
Vichada.
Adujeron que el señor Luis Humberto Guidales García interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la Resolución no. 229 de
2023, la cual fue repartida a la Sección Quinta del Consejo de Estado e identificada
bajo el radicado n.º 11001-03-28-000-2023-00059-00.
Señalaron que la autoridad judicial accionada profirió sentencia el 18 de abril de
2024, mediante la cual declaró la nulidad del acto administrativo que reconoció
personería jurídica al partido político Creemos y ordenó su inscripción en el Registro
Único de Partidos y Movimientos Políticos del Consejo Nacional Electoral.
Por último, manifestaron que la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-175 de
2025, por la cual dejó sin efectos la providencia del 9 de mayo de 2024 de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, correspondiente al proceso de nulidad electoral con
radicado n.º 11001-03-28-000-2023-00038-00, que había declarado la nulidad de los
actos administrativos que reconocieron personería jurídica al partido político En
Marcha, el cual se encontraba en una situación similar a la del partido Creemos.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante expresó que, en el caso bajo examen, se supera el requisito
objetivo de inmediatez, teniendo en cuenta que, si bien ha transcurrido más de un
año desde la ejecutoria de la providencia objeto de reproche, lo cierto es que la Corte
Constitucional profirió la sentencia SU-175 de 2025 y, a partir de ese momento, la
agrupación política Creemos tuvo certeza sobre la vulneración de sus derechos
fundamentales, lo que constituye un motivo válido para justificar la inactividad
judicial. Al respecto, indicó lo siguiente:
“en algunas situaciones, seis meses podrían ser suficientes para que se considere
que la acción no se presentó a tiempo. Sin embargo, en otras, un plazo de dos
años podría ser perfectamente aceptable si las particularidades del caso lo
justifican, como ocurre en el caso concreto, pues sólo hasta el pasado 22 de julio
de 2025, se conoció la sentencia de unificación de la honorable Corte
Constitucional que dotó de claridad y certeza a esta parte accionante sobre la
forma como debe interpretarse y aplicarse las disposiciones constitucionales y
legales que rigen en materia del reconocimiento de personería jurídica a
agrupaciones como CREEMOS”.
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Refirió que la sentencia SU-175 de 2025 marca un precedente en materia electoral,
específicamente en lo relativo a la interpretación del principio democrático y la
participación política, aspectos que inciden en el reconocimiento de personería
jurídica de las agrupaciones políticas. Señaló que la decisión proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado vulnera el núcleo esencial de los derechos políticos, y
que dicha afectación es continua y actual, pues repercute en las personas que
apoyan la agrupación.
Adujo que la decisión cuestionada incurre en los siguientes defectos: (i) sustantivo,
por la interpretación restrictiva del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y del artículo
262 de la Constitución Política sobre adhesión y coaliciones; (ii) fáctico, por la
valoración errónea de las pruebas que acreditaban la trayectoria y participación
electoral de la agrupación política Creemos; y (iii) violación directa de la
Constitución, por el desconocimiento del principio democrático y de los derechos
políticos.
Sostuvo que la autoridad judicial accionada concluyó que el Consejo Nacional
Electoral incurrió en falsa motivación al reconocer la personería jurídica al partido
político Creemos, en virtud de la adhesión realizada por un grupo de ciudadanos a
candidaturas al Congreso de la República, bajo el argumento de que los grupos
significativos no pueden hacer uso de dicha figura y que, menos aún, esta puede
servir para acreditar el cumplimiento de los requisitos para adquirir personería
jurídica.
Finalmente, mencionó el respaldo otorgado por la agrupación política a algunos
candidatos mediante adhesión y agregó que, conforme a lo considerado por la Corte
Constitucional, la personería jurídica se otorga en favor de agrupaciones políticas
consolidadas y con vocación de permanencia.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la decisión objetada rindió informe en el que indicó que el
asunto carece del requisito de inmediatez, toda vez que la providencia quedó
ejecutoriada el 26 de abril de 2024, por lo que han transcurrido más de un año y tres
meses entre esa fecha y la interposición de la acción de tutela.
Señaló que la parte actora sostuvo que dicho presupuesto debe flexibilizarse en
virtud de un nuevo hecho, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, que
interpretó normas constitucionales y legales sobre la participación en coaliciones de
agrupaciones políticas sin personería jurídica. Al respecto, consideró que la decisión
invocada no se refirió a los casos de adhesión ni a los grupos significativos de
ciudadanos, circunstancias fácticas que rodean el proceso en el cual se profirió la
sentencia atacada.
Agregó que el asunto también carece de relevancia constitucional, dado que los
argumentos expuestos en la demanda fueron objeto de pronunciamiento en el
proceso de nulidad electoral, en el que se explicó con claridad que la figura de la
adhesión está permitida únicamente para partidos o movimientos políticos con
personería jurídica y para cargos uninominales. Por ello, los grupos significativos de
ciudadanos no pueden adherirse a otras candidaturas.
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Finalmente, mencionó que la sentencia reprochada precisó que no era posible
reconocer personería jurídica al partido Creemos con ocasión de una adhesión a las
candidaturas de Holguín Moreno, Espinal Ramírez y Garcés Aljure, porque los
grupos significativos no pueden hacer uso de la adhesión y, mucho menos, acreditar
bajo esta figura el cumplimiento de los requisitos para adquirir dicho beneficio.
4.2. Respuesta del Consejo Nacional Electoral
El profesional adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica rindió informe en el que
solicitó la desvinculación del trámite constitucional, por considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender las pretensiones de la demanda.
4.3. Respuesta del señor Luis Humberto Guidales García
El señor Guidales García indicó que el asunto carece de relevancia constitucional,
porque no se demuestra la analogía estricta entre el caso analizado por la Corte
Constitucional relacionado con el partido En Marcha y el expuesto por la agrupación
Creemos, y además no se cumple el requisito de inmediatez, dado que la acción de
tutela se presentó quince meses después de la notificación de la decisión
cuestionada.
4.4. Los señores Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Carlos Alberto Ballesteros
Barón, Juan Alberto Gallego Arango y Mateo Duque Giraldo, guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 9 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela porque no
cumplió el requisito objetivo de inmediatez, para lo cual resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por las
señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna, en condición de liquidadora principal y suplente
del Partido Político Creemos, y Camila Gaviria Barreneche, como representante legal
de ese mismo partido, por incumplimiento del requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación”.
Sostuvo que la decisión objeto de reproche fue notificada el 23 de abril de 2024 y
que la acción de tutela se promovió el 6 de agosto de 2025, sin que se acreditaran
circunstancias excepcionales ni se demostrara la configuración de un perjuicio
irremediable que justificara la tardanza en acudir al mecanismo constitucional para
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la
sentencia cuestionada.
Precisó que, si bien la parte accionante alega que solo hasta que la Corte
Constitucional profirió la sentencia SU-175 de 2025 pudo advertir la irregularidad en
la interpretación normativa realizada por la autoridad judicial accionada, tal
argumento no es suficiente para exculpar la demora en acudir a la acción de tutela,
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máxime cuando la flexibilización del plazo opera respecto de sujetos de especial
protección constitucional, situación que no se presenta en el caso bajo examen.
Expuso que bien pudo acudirse al mecanismo constitucional, como lo hizo el
movimiento En Marcha, accionante en el caso analizado por la Corte Constitucional,
a lo que agregó que el cambio de postura jurisprudencial con posterioridad a la
ejecutoria no justifica por sí solo la tardanza en la interposición de la acción de tutela.
Finalmente, indicó que la sentencia SU-175 de 2025 no fijó un alcance retrospectivo,
sino únicamente respecto de la decisión adoptada el 9 de mayo de 2024 en el
proceso identificado con radicado n.º 11001-03-28-000-2023-00038-00.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
demandante impugnó el fallo de primera instancia en el que solicitó que se revocara
el fallo de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales
alegados.
Manifestó que los militantes de la agrupación Creemos han sido objeto de violencia
política y amenazas por parte de grupos armados ilegales, lo que los convierte en
sujetos de especial protección constitucional y amerita flexibilizar el requisito de
inmediatez.
Señaló que la certeza sobre la vulneración surgió con posterioridad a la sentencia
SU-175 de 2025, que fijó la interpretación constitucional sobre adhesión y
coaliciones, al establecer que interpretar el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 en
sentido restrictivo constituye una violación de la Constitución Política, toda vez que,
a la luz del principio democrático, no es posible proscribir a las agrupaciones políticas
sin personería jurídica el uso de las estrategias de participación política previstas en
dicha norma. Agregó que los efectos de esta decisión son vinculantes para su caso,
lo que justifica la presentación de la solicitud de amparo.
Refirió que se está ante la posible configuración de un perjuicio irremediable,
considerando el calendario electoral definido para las elecciones al Congreso de la
República (8 de diciembre de 2025) y a la Presidencia (31 de marzo de 2026), pues
ante la falta de personería jurídica no se podrían postular candidatos.
Para terminar, solicitó que se oficie a la Fiscalía General de la Nación y a la Mesa de
Paz Urbana de Medellín para que certifiquen si han recibido denuncias por amenazas
contra la integridad de integrantes del partido político Creemos.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 9 de septiembre de 2025 de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito objetivo de inmediatez, y si se debe acceder
al amparo constitucional en los términos propuestos por la parte actora.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien,
aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo
que podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo único
cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso concreto.
Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.
En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3
La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20165, así:
“(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia
de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se
2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-
246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados.
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación
de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la
tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis
debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales
y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un
motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en
cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara
procedente”6
En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al respecto,
sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al de la
fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa
a una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que
pretende cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.
Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela que
se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional8.
4. Estudio y solución del caso concreto
Las señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna y Camila Gaviria Barreneche, quienes
ostentan la condición de liquidadora principal y represente legal del grupo político
Creemos, presentaron acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y a la participación política, con ocasión de la sentencia de 18 de abril de
2024, mediante la cual se declaró la nulidad del acto administrativo que reconoció
personería jurídica al partido político Creemos.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
del 9 de septiembre de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al
6
Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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considerar que la parte actora no cumplió con el requisito de inmediatez, dado que
la decisión objeto de reproche fue notificada el 23 de abril de 2024, mientras que la
acción de tutela fue promovida el 6 de agosto de 2025.
Adicionalmente, señaló que el argumento de la parte accionante, basado en la
sentencia SU-175 de 2025, no justifica la demora en presentar la acción de tutela,
pues la flexibilización del requisito de inmediatez aplica solo para sujetos de especial
protección, lo que no ocurre en este caso. Indicó que era posible acudir
oportunamente al mecanismo, como lo hizo el movimiento En Marcha, y que el
cambio jurisprudencial posterior a la ejecutoria no excusa la tardanza. Finalmente,
precisó que la sentencia SU-175 de 2025 no tuvo efectos retrospectivos, sino
únicamente frente a la decisión de 9 de mayo de 2024 en el proceso de nulidad
electoral identificado con radicado n.º 11001-03-28-000-2023-00038-00.
La parte actora impugnó dicha decisión, bajo el argumento de que los militantes del
movimiento Creemos han sufrido violencia política y amenazas, lo que los convierte
en sujetos de especial protección constitucional y justifica flexibilizar el requisito de
inmediatez. Argumentó que la vulneración se evidenció tras la expedición de la
sentencia SU-175 de 2025, que fijó la interpretación constitucional sobre adhesión y
coaliciones.
Al respecto, sostuvo que los efectos de la sentencia de unificación son vinculantes
para su caso y que existe riesgo de un perjuicio irremediable ante el calendario
electoral (elecciones al Congreso el 8 de diciembre y presidenciales el 31 de marzo
de 2026), pues sin personería jurídica no podrían postular candidatos. Finalmente,
solicitó oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Mesa de Paz Urbana de
Medellín para certificar denuncias por amenazas contra integrantes del partido.
En esa medida, antes de abordar el fondo del asunto, la Sala considera pertinente
destacar que la parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para
promover el mecanismo constitucional, en procura de la protección de los derechos
fundamentales que estima vulnerados. Lo anterior, en razón a que la sentencia
cuestionada revocó la personería jurídica del partido político Creemos en el cual
ejercen funciones como liquidadora principal y representante legal, lo que les otorga
un interés directo y actual en el resultado del proceso, dado que dicha decisión incide
de manera inmediata en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades frente a
la organización política.
Dicho lo anterior, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la
Sala observa que señor Luis Humberto Guidales García interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra la Resolución no. 229 de
2023, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual se reconoció
la personería jurídica al partido político Creemos y ordenó su inscripción en el
Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica.
El asunto fue asignado por reparto a la Sección Quinta del Consejo de Estado, bajo
el radicado n.° 11001-03-28-000-2023-00059-00, que profirió sentencia el 18 de abril
de 2024, en la que resolvió declarar la nulidad del acto administrativo acusado. Dicha
decisión fue notificada por correo electrónico enviado a las partes el 19 de abril de
2024.
Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
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de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, los cuales, prima facie, se deben resguardar.
En ese orden de ideas, se advierte que la decisión objeto de reproche fue notificada
por correo electrónico enviado el 19 de abril de 2024, por lo que en los términos
establecidos en el artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021, dicha actuación se entendió surtida el 23 de abril del mismo
año.
Por lo tanto, el presupuesto de la inmediatez debe valorarse a partir del 24 de abril
de 2024, momento desde el cual la parte actora tuvo la oportunidad de acudir al
mecanismo de amparo para debatir los argumentos que ahora plantea en la acción
de tutela relacionados con la interpretación del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y
del artículo 262 de la Constitución Política.
Así las cosas, como la solicitud de amparo fue promovida el 6 de agosto de 20259,
transcurrió un año (1), tres (3) meses y trece (13) días entre el momento de la
notificación de la decisión cuestionada y el de la interposición de la acción
10
constitucional , término que excede el límite suficiente establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.
En este punto, la Sala destaca que, si bien la parte accionante manifestó que en
su caso es viable la flexibilización del término para acudir al mecanismo de amparo,
debido a que la certeza sobre la afectación alegada surgió con posterioridad al
conocimiento de la sentencia SU-175 de 2025, lo cierto es que este argumento no
resulta suficiente para superar el lapso fijado por la Corte Constitucional, porque el
asunto allí analizado no corresponde al caso de la demandante, sumado a que esta
tuvo la oportunidad de acudir a la vía constitucional desde el momento en que
conoció la decisión que ahora pretende controvertir para exponer los argumentos
en los que sustenta la vulneración y no hasta que se profirió la precitada decisión.
Sobre el propósito de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia SU-
150 de 2021 señaló que el mismo radica en asegurar la protección inmediata de
los derechos fundamentales, lo que significa que “el amparo, por querer del
Constituyente, corresponde a un medio de defensa judicial previsto para dar una respuesta
oportuna, en aras de garantizar la efectividad concreta y actual del derecho objeto de
violación o amenaza, lo que se traduce en la obligación de procurar su ejercicio dentro
de un plazo razonable y expedito, pues de lo contrario no se estaría ante el
presupuesto material necesario para considerarlo afectado”.
En la misma oportunidad la Corte Constitucional precisó que “si entre la ocurrencia
del problema (la alegada violación de derechos fundamentales) y la búsqueda de la
solución (presentación de la acción de tutela) transcurre un lapso considerable, ello es
indicativo de la menor gravedad de la vulneración alegada o de la poca importancia
9
Acta individual de reparto.
10
El artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, dispone: “2. La
notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
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que tendría el perjuicio que ella causa, por lo cual no sería razonable brindar ante
esos hechos la protección que caracteriza a la acción de tutela, que ya no
sería inmediata sino inoportuna”. Además, sostuvo que “el requisito de inmediatez evita
que el amparo se emplee como un medio que premie la desidia y la indiferencia en la
defensa de los derechos, al tiempo que impide que se convierta en un factor de inseguridad
jurídica, sobre todo cuando se reclama la resolución de situaciones litigiosas o cuando de
por medio se hallan derechos de terceros” (negrita por fuera del texto original)
En esos términos, para la Sala es claro que la acción de tutela es un mecanismo
instituido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuyo
objetivo es brindar una respuesta oportuna y efectiva, dentro de un plazo
razonable, para garantizar el ejercicio real del derecho vulnerado. En ese orden de
ideas, el requisito de inmediatez permite concluir que, si la acción de tutela no se
promueve dentro de un lapso razonable, la afectación no reviste la gravedad
alegada y el medio se torna inoportuno.
En el caso bajo examen, la justificación de que la parte actora conoció la
vulneración al proferirse la sentencia SU-175 de 2025 no permite flexibilizar el
plazo establecido, pues, como se indicó, la trasgresión que se alega proviene de
una decisión judicial dada a conocer el 19 de abril de 2024. Por lo tanto, esperar
hasta que se emitiera un pronunciamiento en un caso similar para acudir a la vía
constitucional no permite evidenciar la gravedad que se afirma en el escrito de
tutela.
A lo anterior se suma que el argumento relativo a que los militantes del movimiento
Creemos han sufrido violencia política y amenazas, por lo que serían sujetos de
especial protección constitucional, no fue demostrado. Cabe precisar que los
militantes de partidos políticos no son, por sí mismos, sujetos de especial
protección constitucional11. Esta condición puede adquirirse cuando, en el ejercicio
de su participación política, se encuentren en situación de riesgo, vulnerabilidad
grave o pertenezcan a grupos históricamente marginados.
Tal circunstancia no fue acreditada en el caso concreto. Por el contrario, con la
impugnación la parte accionante solicitó oficiar a la Fiscalía General de la Nación
y a la Mesa de Paz Urbana de Medellín para certificar denuncias por amenazas
contra integrantes del partido, aun cuando dicha actuación pudo ser gestionada de
manera directa y allegada al trámite constitucional a efectos de ser valorada, pues
es un asunto que desborda la competencia del juez de tutela.
Adicionalmente, la sola afirmación de ser un grupo de especial protección
constitucional no permite, por sí sola, flexibilizar automáticamente el análisis del
requisito de inmediatez. Para ello, debe demostrarse la existencia de una situación
urgente que requiera la intervención inmediata del juez constitucional, lo cual no se
advierte en el caso concreto.
Si bien la parte demandante alegó que la urgencia deriva de las próximas
elecciones al Congreso y a la Presidencia, ya que la falta de personería jurídica
impediría postular candidatos, tal situación no reviste el carácter de grave y
urgente, ya que no se evidencia una afectación directa a garantías ius
fundamentales.
11
La Corte Constitucional ha señalado que la condición de sujetos de especial protección corresponde a aquellas
personas que, debido a circunstancias particulares físicas, psicológicas o sociales, requieren un amparo
reforzado para garantizar una igualdad real y efectiva. Ver sentencia T-066 de 2020. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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Así las cosas, se resalta que la Corte Constitucional en diferentes decisiones ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable y suficiente para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” 12,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio”13. En el presente caso, no se avizoran circunstancias
especiales que le hubiesen imposibilitado a la parte accionante ejercer la acción de
tutela dentro del término referido o en un lapso más razonable.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito objetivo de
inmediatez.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 9 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
12
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
13
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Claudia Fernanda Álvarez y otra
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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