Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04870-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04870-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04870-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
9 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. nueve (9) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04870-00
Accionantes: Claudia Fernanda Álvarez Luna y otro
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Defectos sustantivo, fáctico y violación directa
de la Constitución / Nulidad / Se declara la improcedencia.
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda en ejercicio de acción de tutela
presentada por las señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna, en condición de
liquidadora principal y suplente del Partido Político Creemos, y Camila Gaviria
Barreneche, como representante legal de ese mismo partido, contra la sentencia
proferida el 18 de abril de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
proceso de nulidad de única instancia con radicación no. 11001-03-28-000-2023-
00059-00.
SÍNTESIS
Las accionantes enjuiciaron la sentencia que en única instancia declaró la nulidad
del acto administrativo por medio del cual el Consejo Nacional Electoral reconoció
la personería jurídica al partido Creemos. En su concepto, la providencia judicial
cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la
Constitución. La Sala declarará la improcedencia por incumplimiento del requisito
de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
El 6 de agosto de 2025 las señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna, en condición
de liquidadora principal y suplente del Partido Político Creemos, y Camila Gaviria
Barreneche, como representante legal de ese mismo partido, presentaron una
demanda en ejercicio de acción de tutela para obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación política.
Según las accionantes, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por la
sentencia proferida el 18 de abril de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del acto administrativo que
reconoció personería jurídica al Partido Político Creemos.
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Accionantes: Claudia Fernanda Álvarez Luna y otro
Se declara la improcedencia
Las accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERA: Que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, a la participación política, y el principio democrático de
CREEMOS y sus militantes, vulnerados por el fallo de nulidad proferido por el
Consejo de Estado en el proceso 11001-03-28-000-2023-00059-00.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, que revoque la decisión tutela
(sic) y se ordene al Consejo de Estado que emita una nueva decisión1.
B. Hechos
En 1999 surgió la agrupación política Creemos como un grupo de jóvenes
interesados en incidir en la realidad y problemáticas del país por medio del servicio
público.
El 11 de enero de 2023, el movimiento político Creemos tomó la decisión de
convertirse en Partido Político, por lo que realizó Asamblea Constitutiva en la que
se aprobaron los estatutos y se designaron los integrantes de los niveles directivo
y administrativo.
El 1 de febrero de 2023, solicitó al Consejo Nacional Electoral que se le
reconociera personería jurídica como Partido Político y mediante Resolución 2239
de 23 de marzo de 2023 la personería les fue concedida.
En ejercicio de su personería jurídica, el Partido Político Creemos participó en las
elecciones territoriales del año 2023, avalando candidatos que resultaron electos
en corporaciones públicas y cargos uninominales en municipios que integran los
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca,
Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander,
Tolima, Valle y Vichada.
Al tiempo el señor Luis Humberto Guidales García interpuso demanda de nulidad
contra la Resolución 2239 de 2023 mediante la cual se reconoció personería
jurídica al partido. La demanda fue radicada ante la Sección Quinta del Consejo de
Estado, la cual profirió sentencia el 18 de abril de 2024 anulando el referido acto,
con efectos a partir de la ejecutoria de la providencia.
Como fundamentos de la decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado
afirmó que «la autoridad administrativa había incurrido en una falsa motivación al
momento de reconocer la personería jurídica al partido Creemos, porque este no
cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Es decir, no
inscribió candidatos o listas de candidatos para la contienda electoral para el
Congreso de la República y no obtuvo más del 3% de los votos válidos emitidos
en dicha elección. Además, la figura de la adhesión no está consagrada para los
grupos significativos de ciudadanos.»
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Se declara la improcedencia
C. Fundamentos de la vulneración
La parte actora afirma que la sentencia cuestionada vulnera sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y participación política, consagrados
en los artículos 13, 29 y 40 de la Constitución Política, porque adolece de los
defectos (i) sustantivo, (ii) fáctico y (iii) violación directa de la Constitución.
En primer lugar, aducen que la autoridad judicial interpretó de manera equivocada
el artículo 29 de la Ley 1475 de 20112 al señalar que la adhesión es válida para
demostrar apoyo a determinada candidatura dentro de los procesos electorales,
pero no se aplica a los grupos significativos de ciudadanos; esto se debe a que no
cuentan con vocación de permanencia, en contraste con lo que es propio de los
partidos políticos.
Por lo anterior, consideró que el Consejo Nacional Electoral incurrió en falsa
motivación al indicar que era procedente reconocer la personería jurídica al partido
Creemos, en virtud de la adhesión que realizó el grupo significativo de ciudadanos
a la candidatura para el Congreso de la República de los señores Holguín Moreno,
Espinal Ramírez y Garcés Aljure, puesto que los grupos significativos no pueden
hacer uso de dicha figura y menos aún bajo esta se puede dar por acreditado el
cumplimiento para adquirir la personería jurídica.
En segundo lugar, sostienen que la autoridad judicial incurrió en un defecto fáctico
al concluir que el partido Creemos se constituyó únicamente para apoyar las
candidaturas de Federico Gutiérrez Zuluaga a la Alcaldía de Medellín para el
período constitucional 2016 al 2019 y a la Presidencia de la Republica por el
período 2022 a 2026.
Contrario a lo expuesto, las accionantes consideran que el partido es una
agrupación política que ha influido en la conformación y ejercicio del poder a nivel
regional y nacional, obteniendo escaños en cargos uninominales y en
Corporaciones Públicas desde el año 1999 hasta la actualidad.
Por ejemplo, en las elecciones al Congreso de la República para los periodos
2018-2022 y 2022-2026, Creemos tomó la decisión de adherirse a candidatos
como Paola Holguín, quien resultó electa como Senadora (2018-2022 y 2022-
2026); y los señores Juan Fernando Espinal Ramírez (2018-2022 y 2022-2026) y
Christian Garcés Aljure (2018-2022 y 2022-2026), quienes resultaron electos
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“ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de
coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos,
movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único
de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir
o apoyar al candidato de la coalición.
En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos
políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.
En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación
política de los candidatos. (…)”
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Accionantes: Claudia Fernanda Álvarez Luna y otro
Se declara la improcedencia
Representantes a la Cámara, por lo que su participación no solo fue para apoyar
las candidaturas que se indican en la decisión judicial.
Refieren que, a pesar de que la adhesión no implica formalidades especiales, ni
necesita la aceptación del candidato favorecido, el acto de respaldo de Creemos a
la candidatura de Paola Holguín y Juan Fernando Espinal Ramírez para las
elecciones de 2022 se dio a conocer al público por medio de un comunicado
emanado de la Directora y Secretario General del Partido Político Centro
Democrático.
Acto seguido, cuando la agrupación política adquirió el estatus de partido político
con personería jurídica, Creemos participó en las elecciones territoriales del año
2023, avalando candidatos que resultaron electos en corporaciones públicas y
cargos uninominales en municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío,
Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Vichada.
Por lo tanto, en concepto de las accionantes, erró la decisión censurada al concluir
que Creemos es una agrupación política que no tenía vocación de permanencia.
En el proceso de nulidad electoral se recaudaron pruebas que evidencian lo
contrario, esto es que la agrupación política representa ideales y valores con los
que se identifica una porción importante de la población y que desde el año 1999
ha influido de manera constante y notoria en la conformación del poder público.
Por lo anterior, es evidente que ante la interpretación errónea de las normas, así
como la equivocada valoración de las pruebas que acreditaban la vocación de
permanencia del partido político, configuran una violación directa de la
Constitución.
Frente al requisito de inmediatez, señalan que, aunque es evidente que ha
transcurrido más de un año entre la ejecutoria de la sentencia cuestionada y la
radicación de la demanda de acción de tutela, y que en principio podría concluirse
un incumplimiento del mencionado requisito, sin embargo, la demora en interponer
la acción tiene su justificación en que solo con la emisión de la sentencia SU- 175
del 22 de julio de 2025 por parte de la Corte Constitucional, es que el partido
advierte la irregularidad en la interpretación dada por el Consejo de Estado al
artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y al inciso 5° del artículo 262 de la Constitución
Política.
Con dicha decisión la Corte Constitucional dotó de claridad y certeza a las
accionantes sobre la forma como debe interpretarse y aplicarse las disposiciones
constitucionales y legales que rigen en materia del reconocimiento de personería
jurídica a agrupaciones como el partido Creemos.
Antes de la nueva interpretación de la Corte, no se tenía motivos para inferir
objetivamente que los derechos de la agrupación estaban siendo vulnerados, pues
la interpretación legal vigente no le otorgaba la razón. No se puede exigir
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Se declara la improcedencia
interponer una tutela por un derecho que, según la jurisprudencia previa, no se
había vulnerado. Es más, es razonable afirmar que la sentencia de unificación
constituye un hecho nuevo y determinante que permite al partido Creemos tener la
certeza de que sus derechos han sido violados.
Por lo tanto, el plazo razonable para interponer la demanda de tutela debe
contarse desde la fecha de publicación de dicha sentencia, ya que fue en ese
momento cuando se adquirió el fundamento jurídico necesario para argumentar la
vulneración.
D. Trámite procesal
Mediante auto del 8 de agosto de 20253 se admitió la demanda de tutela y notificó
a la autoridad judicial accionada (la Sección Quinta del Consejo de Estado) y a los
terceros con interés vinculados a la actuación (Luís Humberto Guidales García
Veedor de Transparencia Electoral, como demandante, el Consejo Nacional
Electoral, como autoridad demandada, y a los señores Federico Andrés Gutiérrez
Zuluaga, Carlos Alberto Ballesteros Barón, Juan Alberto Gallego Arango y Mateo
Duque Giraldo, coadyuvantes en el proceso de nulidad en el cual se profirió la
providencia cuestionada en la presente acción de tutela).
E. Oposiciones e intervenciones
La Sección Quinta del Consejo de Estado (accionada) solicita que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
Explica que, si bien no existe una norma que establezca un plazo perentorio para
presentar la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial, lo cierto es que no es posible permitir que su uso se difiera
indefinidamente, sin que medie una razón válida.
Por lo tanto, el Consejo de Estado ha fijado en 6 meses el plazo para interponer la
demanda en ejercicio de la acción de tutela, el cual deberá analizarse en cada
caso concreto para determinar si un exceso de este se encuentra justificado como
para omitir su consideración.
Al descender al caso en concreto, es claro que la solicitud de amparo presentada
por el Partido Creemos no cumple el requisito de la inmediatez puesto que la
sentencia atacada fue proferida el 18 de abril de 2024 y una vez notificada quedó
ejecutoriada el 26 del mismo mes y año, por lo que entre la ejecutoria de la
decisión atacada y la interposición de la demanda en ejercicio de la acción de
tutela ha transcurrido más de un año y tres meses, término que no se considera
razonable.
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Índice 5 del aplicativo Samai.
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Ahora bien, la parte actora alega que debe flexibilizarse el término de la
inmediatez en virtud de la existencia de un hecho nuevo, esto es, la sentencia SU-
175 de 2025, en la cual la Corte Constitucional realizó una interpretación de
normas constitucionales y legales respecto de la participación en coaliciones de
agrupaciones políticas sin personería jurídica.
Dicho argumento no lo comparte, toda vez que la decisión adoptada por el alto
tribunal constitucional no se refirió a los casos de adhesión y a los grupos
significativos de ciudadanos, circunstancias fácticas que rodean el proceso dentro
del cual se profirió la sentencia atacada y cuya decisión resulta diferente a lo
resuelto por la Corte Constitucional.
Además, no podrían acogerse las manifestaciones del extremo activo sobre la
existencia de la afectación de derechos a terceros, puesto que con claridad la
sentencia del 18 de abril de 2024 explicó que los efectos de esa decisión serían
hacia el futuro, esto es, que se harían efectivos desde la ejecutoria de la
providencia y así se protegerían los derechos de aquellos que, en ejercicio de los
beneficios que otorga la personería jurídica a un partido o movimiento político
hubiesen sido inscritos como candidatos a las elecciones territoriales de octubre
de 2023.
Por otra parte, en el evento en que se acepte como superado el mencionado
requisito, solicita que se niegue el amparo porque no se encuentran configurados
los defectos alegados. Explica que, la decisión judicial está debidamente
sustentada en las normas que regulan la materia y en las pruebas allegadas al
proceso. La interpretación normativa realizada por esa Corporación, lejos de
vulnerar derechos fundamentales se basa en un estudio armónico de la
Constitución y la ley.
El señor Luís Humberto Guidales García (tercero con interés) solicita se declare la
improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez, pues
han transcurrido más de 15 meses entre la ejecutoria de la providencia
cuestionada y la radicación de la demanda de tutela.
Adicionalmente, expone que la sentencia SU-175 de 2025 no guarda similitud
fáctica ni jurídica con el caso que se resolvió en la sentencia cuestionada, por el
contrario su invocación se reduce a un intento de las accionantes en reabrir el
debate de legalidad ya resuelto por la jurisdicción contenciosa administrativa, lo
cual es ajeno a la finalidad y naturaleza de este mecanismo constitucional.
El Consejo Nacional Electoral (tercero con interés) se opone a la prosperidad de
las pretensiones de la presente acción de tutela, toda vez que no se presenta por
parte de esta Corporación vulneración de los derechos fundamentales invocados
por las accionantes.
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Los señores Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, Carlos Alberto Ballesteros Barón,
Juan Alberto Gallego Arango y Mateo Duque Giraldo, pese a que fueron
debidamente notificados guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
G. Sentido de la decisión
La Sala declarará la improcedencia de la demanda de acción de tutela porque no
se cumple con el requisito general de la inmediatez y no se dan los presupuestos
señalados por la jurisprudencia Constitucional para flexibilizar el mencionado
requisito.
J. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda en
ejercicio de acción de tutela
La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando
se configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto
orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y
(viii) violación directa de la Constitución.
En el asunto sub iudice, las accionantes cuestionan la sentencia proferida el 18 de
abril de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues consideran que
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución al
declarar la nulidad de la Resolución 2239 de 2023 por medio de la cual el Consejo
Nacional Electoral reconoció personería jurídica al Partido Político Creemos. A
continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos
alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar el caso
concreto.
El defecto sustantivo, se configura «cuando el juez en ejercicio de su autonomía
e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los
principios, derechos y deberes superiores. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por
la errónea interpretación o aplicación de la norma4».
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Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
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Respecto al defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia,
se configura cuando la autoridad judicial «carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 5 . La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto se manifiesta en dos
dimensiones.
Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte
de la autoridad judicial en las etapas probatorias6. Ello ocurre, por ejemplo, cuando
no se tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de
convicción o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y
manifiesto en la apreciación del hecho o de la prueba7. Bajo ese esquema, el
defecto se produce en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas
ilícitas, pruebas que por disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo
general, en una valoración completamente defectuosa de los medios de
convicción8.
En cuanto a la violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i)
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii)
aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución9.
K. El caso concreto
La Sala evidencia que la demanda presentada en ejercicio de acción de tutela
resulta improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez.
La Corte Constitucional ha establecido la inmediatez como un principio orientado a
la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o
término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la
Constitución. Este requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo razonable y
en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Esa razonabilidad se
relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente
e inmediata de un derecho constitucional fundamental.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado en los asuntos referentes
a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez
debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, porque:
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019.
9
T-352 de 2012
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La firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos
casos significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la
espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de
tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre
cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una
violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el
derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme
inestabilidad jurídica10.
Empero, la acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:
i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física,
entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa
y es actual11.
En ese orden de ideas, de acuerdo con las reglas fijadas por la jurisprudencia
constitucional y las interpretaciones garantistas efectuadas sobre este principio, no
se desprende la imposición de un plazo determinado para la procedencia del
amparo, sino uno razonable y prudente que debe ser verificado por el juez, de
acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada caso en
concreto.
En este caso, de las pretensiones de la demanda de tutela, es posible advertir que
la inconformidad de las accionantes data desde que se notificó la decisión del 18
de abril de 2024 por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró la nulidad de la Resolución 2239 de 2023, mediante la cual el Consejo
Nacional Electoral reconoció personería jurídica al Partido Político Creemos.
La notificación de la mencionada decisión ocurrió el 23 de abril de 2024, por lo que
entre la notificación de la decisión atacada y la interposición de la demanda en
ejercicio de la acción de tutela -6 de agosto de 2025- ha transcurrido más de un
año y tres meses, término que no se considera razonable.
Las accionantes justifican la tardanza en la interposición de la acción en que, solo
cuando la Corte Constitucional profiere el 22 de julio de 2025 la sentencia SU-175
advierten la irregularidad en la interpretación dada por el Consejo de Estado al
10
Sentencia T-246 de 2015
11
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158
de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 y al inciso 5° del artículo 262 de la Constitución
Política.
Insisten en que solo a partir del 22 de julio de 2025 tienen certeza sobre la forma
como debe interpretarse y aplicarse las disposiciones constitucionales y legales
que rigen en materia del reconocimiento de personería jurídica a agrupaciones
como el partido Creemos.
En este caso se considera que (i) la alegación sobre un cambio de interpretación
no es una razón suficiente que exculpe por sí sola la tardanza en la interposición
de la acción de tutela contra la providencia atacada por vía constitucional; (ii) la
flexibilización del principio de inmediatez únicamente opera en relación con sujetos
de especial protección constitucional, que no ocurre en este caso; y iii) no se
considera como justificación para la tardanza, que la Corte Constitucional haya
fijado unos argumentos nuevos o diferentes a los planteados en la sentencia
cuestionada, porque bien podían las accionantes alegar oportunamente cualquier
inconformidad frente a la aplicación de las normas y, especialmente, respecto de
la valoración de las pruebas, para esto último no era necesario una decisión
posterior en un caso presuntamente similar.
No resulta admisible el argumento de las accionantes en cuanto a que antes de la
nueva interpretación de la Corte, no tenían motivos para inferir objetivamente que
los derechos de la agrupación estaban siendo vulnerados, pues contrario a lo que
plantean nada impedía jurídicamente la posibilidad de cuestionar oportunamente
la interpretación de la Sección Quinta del Consejo de Estado cómo sí lo hicieron
quienes interpusieron la demanda de tutela que dio origen a la sentencia SU-175
de 2025, en la cual se cuestionaba la decisión de anular el acto administrativo de
reconocimiento de personería jurídica al grupo En Marcha. En dicha decisión la
Corte estudió el requisito de la inmediatez y lo encontró cumplido pues habían
trascurrido menos de dos meses 12 de haber sido proferida la sentencia de la
Sección Quinta de esta Corporación.
Por otra parte, valga aclarar que el cambio de postura o interpretación de normas
por parte de alguna autoridad judicial con posterioridad a una sentencia
ejecutoriada no justifica por sí sola la tardanza en la interposición de la acción, de
lo contrario, cada vez que la jurisprudencia cambie cabría la posibilidad de que los
afectados con una decisión anterior contraría acudan en cualquier tiempo a este
mecanismo judicial; ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos
significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera
de cualquier cambio, sin límite de tiempo, lo cual resulta contrario al principio de
estabilidad jurídica y cosa juzgada en las decisiones judiciales.
Adicionalmente, es importante señalar que la sentencia SU-175 de 2025 no fijó un
alcance retrospectivo frente a la decisión sino únicamente en relación con la
12
En la sentencia SU-175 de 2025 la Corte señaló «La decisión judicial que es objeto de controversia fue
proferida el 9 de mayo de 2024 y la acción de tutela se formuló menos de dos meses después, el 5 de julio de
2024, por lo que se estima que se presentó dentro de un tiempo razonable.»
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04870-00
Accionantes: Claudia Fernanda Álvarez Luna y otro
Se declara la improcedencia
decisión adoptada el 9 de mayo de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en el proceso con radicado 11001-03-28-000-2023-00038-00.
Por otra parte, la jurisprudencia tampoco ha habilitado la posibilidad de interponer
la acción de tutela contra una decisión judicial tomada antes de que se produzca
un cambio jurisprudencial y, esto tiene su fundamento en que esa decisión anterior
–en criterios de igualdad– se resolvió con la regla jurisprudencia vigente. Además,
para que pueda relativizarse la cosa juzgada por una revisión constitucional
posterior su interposición debe ser oportuna, lo cual no ocurre en este caso.
Concretamente, esta Sala observa que los cambios de precedente pueden dar
lugar a afectaciones a los asuntos en trámite y no respecto de los ya decididos.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
Para los efectos del caso objeto de revisión, esta Sala observa que los cambios de
precedente pueden dar lugar a afectaciones precisas de las reglas aplicables en
procesos judiciales que estén en trámite, con lo cual los sujetos procesales y el
mismo funcionario se encuentran frente a dos interpretaciones, en donde una ha
sucedido a la otra. Incluso, el anterior escenario cobra mayor relevancia cuando el
cambio de precedente afecta una actuación procesal que se inició al amparo del
precedente anterior.
7.8.2.5. En este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen con la
confianza legítima de que serán aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales vigentes,
que luego serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del nuevo
precedente, sin consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar en el
desconocimiento de derechos fundamentales. Esto, en el supuesto de que en
aplicación del cambio jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a
actuaciones iniciadas bajo el precedente anterior, o que, se atribuyan
consecuencias jurídicas desfavorables en razón a reglas que en su momento no
existían y por tanto no se pudieron evitar.
Sobre estos posibles efectos, es pertinente tener en cuenta que, tratándose de los
tránsitos legislativos, el Código General del Proceso ha previsto esta situación y
define, a la luz del artículo del artículo 624, modificatorio del artículo 40 de la Ley
153 de 1887, que las normas que regulan los aspectos de la sustanciación y las
ritualidades dentro del proceso empiezan a regir desde su entrada en vigencia, sin
importar que el juicio haya iniciado. Sin embargo, esta regla se exceptúa en relación
con las etapas y diligencias que ya se hayan iniciado, las cuales se rigen y deben
resolverse por las normas aplicables cuando ello tuvo ocasión.
7.8.2.6. De manera que, así como el ordenamiento jurídico ha previsto ciertas reglas
en los casos en que se producen cambios legislativos, resulta enteramente
razonable que, igualmente, el juez de conocimiento considere las circunstancias de
cada caso a efectos de cumplir con su deber de aplicar la jurisprudencia vigente
para que no se afecten los derechos fundamentales de los sujetos procesales.
En este orden de ideas, resulta admisible que, en aquellos casos en que los sujetos
procesales actuaron al amparo del precedente vigente, y con la confianza legítima
de que surtirían los efectos en él previsto, no se apliquen los cambios que deriven
en una afectación de sus derechos fundamentales13.
13
Sentencia SU-406 de 2016
11
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04870-00
Accionantes: Claudia Fernanda Álvarez Luna y otro
Se declara la improcedencia
De modo que el cambio jurisprudencial no justifica la tardanza de las accionantes
en interponer la demanda de acción de tutela y no resulta posible la flexibilización
del requisito de la inmediatez, porque las razones invocadas no encuadran en las
excepciones establecidas por la jurisprudencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por
las señoras Claudia Fernanda Álvarez Luna, en condición de liquidadora principal
y suplente del Partido Político Creemos, y Camila Gaviria Barreneche, como
representante legal de ese mismo partido, por incumplimiento del requisito de
inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
12
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