Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00346-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00346-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00346-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)
Demandante: Universidad de Cartagena
Demandado: Josefina del Carmen Quintero Lyons
Tema: Falta de competencia de los entes universitarios para regular el
régimen salarial y prestacional de sus servidores públicos.
Decaimiento del acto administrativo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La sala de subsección resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Anular la Resolución 0411 del 23 de abril de 19921, por medio
de la cual la Universidad de Cartagena le reconoció a la docente Josefina Quintero
Lyons la bonificación por inhabilidad consagrada en el Acuerdo 22 de 1991.
3. Como restablecimiento del derecho, solicitó dejar sin efectos el acto
administrativo acusado y, además, el no pago del emolumento desde la ejecutoria
de la sentencia.
4. Hechos. Mediante el Acuerdo 22 de 1991, el Consejo Superior de la
Universidad de Cartagena reconoció a todos los docentes de tiempo completo de la
facultad de derecho -con título de abogado-, la «bonificación por inhabilidad legal»
equivalente al 30% del salario y de los gastos de representación. En lo que
corresponde a la demandada, ese emolumento fue otorgado a través de la
Resolución 0411 del 23 de abril de 1992.
5. En el año 2007, la Procuraduría Regional de Bolívar demandó a través del
medio de control de nulidad simple veintiocho (28) acuerdos y tres (3) resoluciones
emitidas por el Consejo Superior Universitario. Lo anterior, por cuanto consideró que
se arrogó competencias que no le correspondían, pues creó prestaciones
extralegales en favor de los docentes y del personal administrativo de esa
1 Folio 14 del PDF 01ExpedienteCuaderno1. La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital
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Demandante: Universidad de Cartagena
institución. Entre los acuerdos enjuiciados se encontraba el que concibió la aludida
bonificación.
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 27 de abril de 2012,
anulando, entre otros, el citado dispositivo. Contra esa providencia no se presentó
recurso alguno. Sin embargo, la hoy demandada, en asocio con otros docentes, en
calidad de terceros con intereses en las resultas del proceso, recurrieron en
apelación esa decisión, pero esta fue rechazada.
7. En ese contexto, el ente educativo dejó de pagar a los beneficiarios la
«bonificación por inhabilidad legal», toda vez que se había configurado el
decaimiento del acto administrativo. No obstante, algunos educadores presentaron
acción de tutela en contra de la universidad, pero esta fue negada en primera
instancia, ya que la sentencia que declaró la nulidad del acuerdo en cita se
encontraba ejecutoriada.
8. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión
adoptada por el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena y, en su lugar, ordenó
a la institución educativa restablecer el pago de la bonificación a todos sus
beneficiarios, incluyendo los que no demandaron. Para el tribunal, el ente tutelado
vulneró el debido proceso de los docentes, dado que el fallo ordinario de primer
grado no se encontraba ejecutoriado, pues no se había resuelto el recurso de queja
presentado contra la negativa en conceder la alzada.
9. Mediante proveído de 12 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado resolvió
la queja y, en consecuencia, estimó bien denegada la concesión del recurso de
apelación presentado contra la sentencia de nulidad arriba referenciada.
10. En consecuencia, el pago del emolumento entre el 27 de abril de 2012 -fecha
de la sentencia de primera instancia- y el 26 de mayo de 2014 -auto a través del
cual el tribunal obedeció y cumplió lo resuelto por el Consejo de Estado frente al
recurso de queja-, se fundó en la sentencia de tutela arriba referenciada.
11. Obtenida la constancia de ejecutoria de la sentencia de nulidad, la universidad
profirió la Resolución 3411 de 30 de septiembre de 2014, a través de la cual dio
cumplimiento a aquella. Contra esta determinación, los docentes afectados
presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente mediante
Resolución 3444 de 19 de diciembre de 2016.
12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como vulneradas los siguientes
artículos: 29 de la Constitución Política; numeral 1° del artículo 3°, numeral 6° del
artículo 9 e inciso 2° del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. Al desarrollar el
concepto de violación, expuso lo siguiente:
13. «La nulidad del acto que sustenta la decisión del reconocimiento de la
Bonificación por inhabilidad legal – el Acuerdo 22 de 1991». Al respecto, sostuvo
que la Resolución 0411 del 23 de abril de 1992 es ilegal, pues el acuerdo que le
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sirvió de fundamento fue emitido por el Consejo Superior Universitario, órgano
colegiado que carecía de competencia para crear prestaciones salariales y sociales
en favor de los empleados públicos del ente educativo, pues esa facultad está en
cabeza exclusiva del Congreso de la República.
14. Comoquiera que el acto demandado no ha sido declarado nulo por esta
jurisdicción, por la falta del consentimiento expreso de la beneficiaría, se inició esta
acción.
15. «La sentencia del Tribunal Administrativo». Reiteró que el Tribunal
Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del Acuerdo 22 de 1991, por la falta de
competencia de la entidad que lo expidió.
16. «La nulidad subsiguiente de los actos administrativos de carácter particular que
reconocen a los docentes individualmente aquella prestación. Falta de competencia
para la expedición de los actos administrativos enjuiciados – artículo 137 inciso 2-.
Transgresión del artículo 29 superior y del artículo 3 del CPACA». Con relación al
cargo, indicó que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues la anulación del
acto administrativo general que concibió aquella bonificación -por falta de
competencia del órgano emisor-, también generó la nulidad de las decisiones
particulares que extendieron sus beneficios a cada uno de los docentes, en tanto,
frente a estos se pregona la aludida falta de competencia.
17. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad legal, la señora
Josefina del Carmen Quintero Lyons contestó la demanda, oponiéndose a las
pretensiones en ella contenidas. Al respecto, fundamentó su defensa en los
siguientes términos:
18. La entidad demandante en el acápite de «fundamentos de derecho», sólo se
limitó a desarrollar los vicios en los que incurrió el Acuerdo 22 de 1991, sin señalar
los yerros en los cuales fundamentó la nulidad del acto administrativo cuestionado.
19. Afirmar que lo accesorio corre la suerte de lo principal, es desconocer los
derechos adquiridos de la docente. Aceptar la tesis de la demandante conllevaría a
la vulneración de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y legalidad.
20. La Universidad de Cartagena, con base en el Acuerdo 22 de 1991, profirió la
Resolución 0411 de 1992 reconociéndole la bonificación por inhabilidad legal, por
lo que creó en su favor una situación particular y concreta.
21. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo no puede afectar
las situaciones jurídicas concretas e individuales que se hayan producido en
vigencia del acto anulado, toda vez que se vulnerarían los principios antedichos.
2 Folios 32 a 43 del PDF 02ExpedienteCuaderno2. La carpeta contentiva con los documentos del expediente
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22. La intangibilidad de los actos administrativos particulares, implica que estos no
resulten afectados en cuanto a su validez y existencia, pese a que el acto general
haya sido anulado.
23. En ese orden de ideas, el efecto de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 22
de 1991 no se irradia sobre las situaciones jurídicas individuales consolidadas y
contenidas en la Resolución 0411 de 1992.
24. Por otro lado, manifestó que el concepto de salario en el sector oficial
comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador
como contraprestación a sus servicios, tales como primas, sobresueldos,
bonificaciones, gastos de representación, etc., adicionales a la asignación básica
fijada por la ley para los diferentes cargos.
25. El jefe de personal de la Universidad de Cartagena señaló en el oficio de fecha
4 de junio de 2012 con radicado SP-016-2012, que «la bonificación por inhabilidad
legal aplicable a los docentes de planta de la facultad de derecho es utilizada como
factor de liquidación salarial, en la causación de los aportes fiscales, parafiscales,
prestaciones sociales y demás conceptos aplicables», lo cual es producto
precisamente de que este es un emolumento habitual que constituye factor salarial
y salario.
26. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dispuso que para que las
bonificaciones constituyan salario deben tener carácter de habitual. Por ello, para el
caso en concreto, el beneficio otorgado mediante la Resolución 0411 de 1992 tiene
la protección jurídica prevista en el artículo2 de la Ley 4ª de 1992.
27. Sentencia de primera instancia3. El 31 de agosto de 2023, el Tribunal
Administrativo de Bolívar4 dictó sentencia en la que accedió a las pretensiones de
la demanda, en los siguientes términos:
28. Después de relacionar un marco normativo relativo a la «pérdida de
ejecutoriedad de los actos administrativos» y «los derechos adquiridos y las
situaciones jurídicas aparentemente consolidadas frente a la nulidad de un acto
administrativo general que reconoció un derecho laboral de carácter extralegal»,
sostuvo que el Acuerdo 22 de 1991 fue declarado nulo por el mismo tribunal a través
de la sentencia del 27 de abril de 2012, providencia que quedó ejecutoriada el 26
de mayo de 2014, luego de que se resolviera desfavorablemente el recurso de queja
presentado por los terceros intervinientes.
3 Ejusdem, PDF denominado «06SentenciaPrimeraInstancia».
4 El magistrado Luís Miguel Villalobos Álvarez salvó el voto, porque consideró que « el acto acusado, no resulta
ilegal, frente al cargo invocado; y, si bien es cierto, se produjo la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 22 de
1991, por la falta de competencia de la autoridad que expidió el mencionado acuerdo, esta situación, como se
explicó en acápite precedente, configura el evento consagrado en el numeral 2º del artículo 91 del CPACA,
ocurriendo la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 0411 de 1992, y la extinción de sus efectos
jurídicos por ley, lo que resta obligatoriedad a su contenido, y por ende, lo sustrae como título jurídico válido
para alegar el amparo o protección del derecho reconocido, toda vez que este, se encuentra sujeto al
mantenimiento de las condiciones que le dieron origen, esto es, el acto creador del derecho, Acuerdo Nº 22 de
1991, que se reitera ha sido declarado ilegal.»
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29. Inepta demanda. A juicio de la docente, en la demanda no se establecieron con
precisión los cargos y fundamentos que sustentan las pretensiones. En su sentir, la
Universidad de Cartagena se limitó a fundamentar los vicios de ilegalidad del
Acuerdo 22 de 1991, prescindiendo del explicar lo propio frente al acto
administrativo acusado.
30. Para el tribunal, no prospera dicho cargo, toda vez que, al realizarse un análisis
razonable e integral de la demanda, se concluyó que las pretensiones tienen como
sustento dos argumentos a saber: i) la pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo acusado y; ii) la falta de competencia de la Universidad de Cartagena
para reconocer beneficios prestacionales a favor de sus empleados.
31. Falta de competencia. Indicó que la potestad para definir el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos recae en el Congreso de la República, quien
tiene entre otras funciones, fijar los objetivos y criterios que debe seguir el Gobierno
Nacional para delimitar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.
32. En todo caso, le está prohibido a las demás instituciones del Estado determinar
un régimen salarial diferente al concebido por el Gobierno Nacional y el Congreso
de la República, pues cualquier contraposición resultaría nula, de conformidad con
lo previsto en el inciso 2° del artículo 137 del CPACA.
33. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo que reconoció la
bonificación por inhabilidad legal a favor de la demandada. Reiteró que la
Resolución 0411 de 1992 reconoció la bonificación por inhabilidad legal a favor de
la señora Josefina Quintero Lyons, cuyo fundamento de derecho fue el Acuerdo 22
del 13 de agosto de 1991. Sin embargo, este fue anulado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar mediante la sentencia del 27 de abril de 2012, providencia
que quedó ejecutoriada el 26 de mayo de 2014.
34. La antedicha providencia afectó la eficacia de la Resolución 0411 de 1992. En
consecuencia, la Universidad de Cartagena no estaba en la obligación de seguir
pagando ese emolumento, decisión que pudo haber concretado de manera
automática, aún sin declaración judicial, según la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Es importante poner de presente que el fallo produjo efectos ex tunc, es
decir, desde siempre.
35. Derechos adquiridos. adveró que contrario a lo expuesto por la demandada,
no se consolidó ninguna situación jurídica.
36. La pérdida de ejecutoriedad opera de pleno derecho, esta circunstancia no
imposibilita el estudio de fondo sobre la legalidad del acto administrativo en sede
judicial, más aún si se tiene en cuenta que, la resolución demandada cobró plenos
efectos jurídicos desde la fecha de su expedición hasta el momento en que operó
su decaimiento.
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37. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandada la recurrió en apelación. Con tales fines alegó que la sentencia
debe ser revocada por los siguientes motivos:
38. El acto administrativo enjuiciado no es ilegal, puesto que, cuando fue expedido
se encontraba vigente el Acuerdo 022 de 1991, por lo que no resultaba contrario al
contexto normativo existente. En ese orden, la demandada, al cumplir con los
requisitos para que le fuera reconocida la prestación en mención, y al ser el rector
de la Universidad de Cartagena la autoridad competente para otorgarla, resulta
impróspero el único cargo de nulidad alegado por la accionante.
39. Reiteró que se crearon derechos adquiridos y se consolidaron situaciones
jurídicas, las cuales no deben ser anuladas, en la medida que se vulneraron los
principios constitucionales de la seguridad jurídica y la confianza legítima.
40. Contrario a lo considerado por el tribunal, los efectos de la sentencia deben ser
ex nunc, esto es, hacia el futuro.
41. El acto administrativo demandado no fue permeado por alguna de las causales
de nulidad consagradas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en especial, la
de falta de competencia, como lo alegó la entidad accionante y lo interpretó el
tribunal.
42. Teniendo en cuenta lo esbozado en el salvamento de voto hecho por el
magistrado disidente, el acto administrativo acusado se expidió mientras el Acuerdo
022 de 1991 se encontraba vigente. Ese dispositivo establecía las condiciones para
el reconocimiento de la bonificación por inhabilidad, por lo tanto, la expedición del
acto enjuiciado no era contraria al contexto normativo existente, debido a que la
demandada cumplió con todos los requisitos estipulados en el referenciado acuerdo
para el reconocimiento de la bonificación mencionada.
43. Además, el rector de la Universidad de Cartagena actuó a la luz del artículo 2°
del mentado acuerdo y en uso de esas facultades otorgó legítimamente dicha
prestación. Así, el único cargo de nulidad alegado por la parte accionante resulta
infundado.
44. En ese orden, no puede el operador judicial traer a juicio otra causal de
anulación distinta a la señalada por la parte actora, ya que el examen de legalidad
está delimitado por las normas violadas y el concepto de violación señalado por esta
en su demanda.
45. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez no puede fallar extra
petita, dado que su competencia está delimitada por las pretensiones y los
argumentos expuestos en la demanda.
5 PDF 10RecursoApelaciónDemandado. La carpeta contentiva con los documentos del expediente digital puede
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46. De conformidad con los principios de congruencia y legalidad, todas las
actuaciones administrativas y judiciales deben estar fundamentadas en la ley.
47. Asimismo, el principio de justicia rogada implica que el actor asuma la carga
procesal, lo que implica argumentar razonadamente la formulación de los cargos de
nulidad contra el acto impugnado.
48. En lo relativo a los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas
consolidadas a favor de la demandada, insistió en los argumentos de la contestación
de la demanda, ya que se generó un beneficio subjetivo en cabeza de la docente
Quintero Lyons por más de 25 años, constituyendo no solo un factor salarial, sino
también salario, y por tanto, goza del principio de intangibilidad.
49. Si bien es cierto que el Acuerdo 22 de 1991 fue declarado nulo, no es cierto que
esa decisión se irradie sobre las situaciones jurídicas individuales, consolidadas y
contenidas en la Resolución 0411 de 1992. Y es que en virtud de dicha resolución
se le otorgó a la docente la bonificación por inhabilidad legal, lo que configuró una
situación particular y concreta a favor de esta.
Trámite correspondiente a la segunda instancia.
50. La admisión del recurso. Mediante auto del 25 de septiembre de 20246 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad conferida solo intervino el
agente del ministerio público, quien solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia7.
51. Con tales fines, alegó que la Resolución 0411 de 1992 tiene claras afectaciones
en su legalidad, pues fue expedida por un servidor público sin competencia para
fijar regímenes salariales o prestacionales. Dicho acto administrativo no cuenta con
los fundamentos legales para producir efectos en favor de la demandada, porque
los perdió al declararse nulo el ordenamiento del cual emanaba, razón para no
abundar en este argumento que ha sido materia de innumerables estudios por la
otrora costumbre de las autoridades territoriales de expedir ordenamientos
creadores de derechos sin tener la competencia para ello.
52. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, la sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
6 Actuación visible en el índice 4 de la plataforma SAMAI.
7 Actuación visible en el índice 10 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
53. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta sala de
subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación.
54. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,10 la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente.
No obstante, en caso de que ambas partes hayas apelado toda la sentencia, el
superior resolverá sin limitaciones. En el asunto concreto es necesario pronunciarse
respecto de los argumentos expuestos por la apoderada de la parte demandada, en
su condición de apelante única.
55. Problemas jurídicos. De cara a los argumentos planteados por la demandada,
le corresponde a la sala determinar si:
56. ¿El a quo declaró la nulidad del acto demandado con sustento en unas
disposiciones jurídicas y un concepto de violación que no fue desarrollado en la
demanda?
57. ¿La bonificación por inhabilidad legal reconocida a la parte demandada en la
resolución cuestionada, constituye un derecho adquirido en su favor y, por tanto,
era intangible?
El caso concreto. Resolución de los interrogantes planteados.
58. Primer interrogante: ¿El a quo declaró la nulidad del acto demandado con
sustento en unas disposiciones jurídicas y un concepto de violación que no fue
desarrollado en la demanda?
59. La sala responde que no le asiste razón a la recurrente, como pasa a explicarse.
60. Aunque en el acápite de «normas violadas» de la demanda se indicaron como
disposiciones infringidas los artículos 29 de la Constitución Política y los artículos
3.° (numeral 1.°), 9 (numeral 6.°) y 37 (inciso segundo), lo cierto es que, al
desarrollar el concepto de violación, la abogada de la Universidad de Cartagena
señaló:
«[…] Conforme a lo anterior, son 3 los momentos en los que el acto administrativo
atacado es lesivo del ordenamiento jurídico, tanto como el Acuerdo 22 de 1993,
que fue atacado en su momento y excluido del orden jurídico, así:
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»
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1. Al momento de su creación, porque el Consejo Superior la Universidad no tiene
ni ha tenido competencia para crear o reglamentar situaciones de carácter
salarial de los empleados públicos, toda vez que la misma le corresponde de
forma privativa al Congreso.
2. Al expedirse el Estatuto del Abogado ibídem (sic), en donde tal y como se
menciona, se facultó sin ningún inconveniente de orden legal a los docentes de
tiempo completos (sic) a ejercer la profesión, desapareciendo los fundamentos
de hecho que sustentaban el acto – Acuerdo 022 de 1993 (sic), que es el
fundamento de derecho para la existencia del acto que hoy se demanda-.
3. Cuando se profiere la decisión del Tribunal Administrativo en primera y
segunda instancia en donde así se reconoce la primera condición, requisito
indispensable y exigido por el Código Contencioso Administrativo para sacar
definitivamente del ordenamiento jurídico un acto administrativo lesivo del
mismo.
[…]
Por esto, es claro que la misma tiene naturaleza de prestación salarial, toda vez que
fue creada de la relación directa entre trabajador y empleador, con ocasión del servicio
subordinado que le presta este a aquel, tal y como así mismo lo reconoce el Tribunal y
con ocasión a este argumento fue declarada nula, toda vez que, el Consejo Superior
de la Universidad de Cartagena, no tiene competencia para reglamentar conceptos
salariales ni prestacionales de sus empleados públicos; este asunto le compete de
forma preferente al Congreso de la República.
[…]
Bajo la certeza del anterior supuesto, es decir, que se reconoció mediante un acto
administrativo de carácter general emanado del Consejo Superior de la Universidad de
Cartagena, una prestación correspondiente al régimen salarial de los empleados
públicos, docentes de tiempo completo de la Facultad de Derecho, la decisión
consideró que el órgano que expidió esta decisión NO tiene competencia para hacerlo.
Esto, conforme a que, si bien las universidades públicas tienen autonomía universitaria
conforme al artículo 69 superior, esto no les habilita a interferir en el ámbito de
competencia exclusiva del legislador, en cuanto a la reglamentación del régimen
salarial de los empleados públicos que, por reserva legal le es atribuido al legislador de
forma exclusiva y excluyente.
[…]
Si se declara la nulidad del Acuerdo 022 de 1991, acto creador de la Bonificación por
Inhabilidad legal a los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Cartagena porque el Consejo Superior de la misma NO TIENE COMPETENCIA para
reglamentar asuntos ni salariales ni prestacionales, los actos administrativos
subsiguientes, de contenido particular, en los que se reconoce esta misma situación,
TAMBIEN ESTAN VICIADOS DE NULIDAD, con fundamento en la misma causal. No
solo la Universidad de Cartagena carecía de competencia para crear esta Bonificación
con incidencia prestacional a favor de los docentes de la Facultad de Derecho sino
también carecía de competencia para reconocer sus efectos de forma particular a cada
docente, toda vez que, NINGUNA ENTIDAD distinta del Congreso de la República, le
fue atribuida esta competencia de forma directa.
Todo lo anterior apunta a que, de forma derivada, el acto administrativo aquí enjuiciado
también adolece del mismo vicio de nulidad, por carencia de competencia del órgano
que expidió el acto, situación que lesiona el debido proceso toda vez que los actos
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administrativos o decisiones de la administración en general deben ser expedidos por
el órgano competente, situación que en este caso, se inadvirtió […]».
61. Por consiguiente, la sala responde que el a quo no profirió un fallo ultra petita,
sino que anuló el acto administrativo demandado con sustento en unas
disposiciones jurídicas y un concepto de violación que sí fue desarrollado en la
demanda.
62. En efecto, nótese que a lo largo de ese acápite la vocera judicial fue insistente
al argüir que los regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos
solo pueden ser fijados por el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, y
a ello se ciñó el tribunal de primer grado, al punto que el retiro del orden jurídico de
la resolución cuestionada obedeció a ese vicio.
63. Además, no pasa por alto la subsección que esos fundamentos no le impidieron
a la parte demandada ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues en la
contestación de la demanda se avizoran argumentos en ese sentido.
64. Segundo interrogante: ¿La bonificación por inhabilidad legal reconocida a la
parte demandada en la resolución cuestionada, constituye un derecho adquirido en
su favor y, por tanto, era intangible?
65. Los derechos adquiridos y su alcance a las situaciones jurídicas no
ajustadas a la ley.
66. A juicio de la Corte Constitucional,11 los «derechos adquiridos» son aquellas
prerrogativas individuales y subjetivas que han ingresado al patrimonio de una
persona, por el cumplimiento de los presupuestos establecidos en la norma que las
consagra. Por tanto, en esas condiciones, se pregona su intangibilidad, lo que
denota que no pueden ser variados ni desconocidos por leyes posteriores. En
sentencia C-242 de 2009,12 esa Corporación afirmó:
« […] (i) La Corte Constitucional ha precisado que los derechos adquiridos son aquellas
situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de
una Ley y, que por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho
subjetivo que debe ser respetado frente a Leyes posteriores que no puede afectar lo
legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Existe un derecho adquirido
cuando respecto de un determinado sujeto, los hechos descritos en las premisas
normativas tienen debido cumplimiento. Por contraste, las meras expectativas,
consisten en probabilidades de adquisición futura de un derecho que, por no haberse
consolidado, pueden ser reguladas por el Legislador, con sujeción a parámetros de
justicia y de equidad […]».
67. El origen de esta figura dimana del artículo 58 constitucional, el cual la contuvo
en los siguientes términos:
11 Sentencia C-314 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)
Demandante: Universidad de Cartagena
«ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999.
El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social [...]».
68. De la anterior disposición se extrae que los «derechos adquiridos» surgen en la
medida en que se satisfagan los requisitos contenidos en las leyes que los conciben.
Sin embargo, para que una prerrogativa se consolide y alcance esa connotación es
necesario que se obtenga con «con arreglo a las leyes civiles», lo que demanda que
la respectiva ley se ajuste al ordenamiento jurídico vigente. Por el contrario, cuando
la norma que estipula el respectivo beneficio no se aviene a esos mandatos, no se
puede catalogar como derecho de esa naturaleza. En sentencia de 12 de marzo de
2020,13 esta subsección adujo que:
«[…] La norma constitucional garantiza la propiedad privada y los demás «derechos
adquiridos» con arreglo a las leyes civiles. De esta manera, la propia Carta Política
establece la categoría de derechos adquiridos, los que protege con la regla de
irretroactividad de la ley, de modo que no sean desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores.
Han sido definidos como aquellas situaciones jurídicas individuales definidas y
consolidadas bajo la vigencia de una ley y que, en tal virtud, se entienden incorporadas
válida y definitivamente al patrimonio de una persona.14 Para que el derecho sea
considerado como «adquirido», es necesario que se hayan cumplido los supuestos que
la norma prevé para obtenerlo; es decir, todas las condiciones y requisitos fijados en
esta respecto de un determinado sujeto.15
Vale precisar que el respeto y la garantía de no ser desconocido depende, además de
lo anterior, de que se hubiese obtenido con respeto del ordenamiento jurídico, pues el
artículo 58 de la Carta es claro en indicar que deben ser adquiridos «con arreglo a las
leyes civiles», lo cual quiere decir que debe existir un justo título por lo que «solo
pueden tener la entidad suficiente para ofrecer la garantía que se comenta, los
actos que respetan el ordenamiento jurídico».16 (Negrilla fuera de texto).
En tal sentido, una vez ocurridos todos los supuestos normativos, el derecho se
incorpora de manera definitiva en el patrimonio de su titular, lo que significa, a la luz del
artículo 58 Superior citado, que no es posible por ninguna persona ni por el Estado
desconocerlo, pues está protegido por la propia Constitución. Ello, excepto en los casos
en que sea necesario limitar su ejercicio para garantizar principios y valores de mayor
13 Expediente No. 25000-23-25-000-2011-00849-01 (3592-2016), consejero ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.
14 Ver sentencia C-197 de 1997 magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell.
En la sentencia C-314 de 2004 se manifestó sobre el particular lo siguiente: «De conformidad con la
jurisprudencia constitucional, los derechos adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el
patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen
en cabeza de quien reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De
acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos
fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras
expectativas …»
15 Sentencia C-242 de 2009 magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: María Inés Ortiz
Barbosa. Bogotá, D.C. 25 de junio de dos mil dos (2002). Radicación: 11001-03-15-000-1999-0439-01(S-439).
Actor: Yuvanny Annelice Cifuentes Varón. Demandado: Departamento del Tolima.
Igual posición se asumió por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.
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valor consagrados en la Constitución Política como la solidaridad y el interés
general17[…]».
69. Se reitera entonces que cuando un derecho no es adquirido con base en normas
ajustadas al orden legal, surge una situación jurídica aparentemente consolidada
que no es titular del atributo de intangibilidad propio de los «derechos adquiridos».
70. De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial antes expuesto,
advierte la sala que un derecho adquirido es aquél que ingresó al patrimonio de la
persona, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la norma que lo concibe
y siempre y cuando este último dispositivo no contrarie el orden legal vigente.
71. Así las cosas, y como quiera que está demostrado que tanto el acto
administrativo general que concibió esa bonificación, como el acto particular que la
reconoció a la accionada desconocieron los parámetros constitucionales y legales
que regulan la competencia del Congreso de la República y del Gobierno Nacional
para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, se concluye
que tal prerrogativa no fue obtenida «con arreglo a las leyes civiles», por lo que,
contrario a lo alegado por la recurrente, en ningún momento ese emolumento se
erigió en un derecho adquirido para su mandante.
72. A juicio de la sala tampoco le asiste razón a la apelante en cuanto a los efectos
ex nunc de la sentencia de nulidad, ya que esta corporación18 ha reiterado que los
fallos de nulidad producen efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se
expidió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se
encontraban antes de su expedición anterior.
73. Por último, si bien es cierto que el acto administrativo de carácter particular se
expidió mientras estaba vigente el Acuerdo 22 de 1991, es importante aclarar que
al momento en que se expide esta sentencia, desaparecieron del ordenamiento
jurídico sus fundamentos de derecho, toda vez que el mencionado dispositivo fue
anulado por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del año 2012, la cual
quedó ejecutoriada en el 2014.
17 Al respeto en la sentencia C-606 de 1992 con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón se expuso o que
sigue: «… lo que prima ahora no es el interés patrimonial del individuo, -que por supuesto merece también
particular atención-, sino otros valores, principios y derechos que, como la solidaridad, el interés general y la
dignidad humana, podrían llegar a verse afectados por una defensa a ultranza de los derechos patrimoniales».
Por otro lado, la sentencia C-491 de 2002 con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra se indicó
que «El artículo 58 de la Carta Política de Colombia dispone que el ordenamiento jurídico nacional preservará
la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Esta protección, común a todo
régimen constitucional que reconozca la primacía de los derechos individuales, no es absoluta. La limitación del
ejercicio del derecho de propiedad atiende al reconocimiento de que, según el artículo 95 de la Carta Política,
el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, toda vez que
las decisiones humanas no repercuten exclusivamente en la órbita personal del individuo, sino que afectan, de
manera directa o indirecta, el espectro jurídico de los demás. La explotación de la propiedad privada no admite
concesiones absolutas. Por el contrario, exige la adopción de medidas que tiendan a su integración en la
sociedad como elemento crucial del desarrollo».
Estas posturas fueron también asumidas en la sentencia C-258 de 2013 con ponencia del magistrado Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, magistrado ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez, sentencia del 18 de abril de 2024
identificada con el siguiente radicado: 11001-03-28-000-2023-00059-00.
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74. Por otro lado, el despacho reconocerá personería al señor Jorge Eliecer
Rodríguez Sierra como abogado de la Universidad de Cartagena, en tanto el poder
conferido19 satisface los requerimientos de ley.
75. En este orden de ideas, y atendiendo que los cargos planteados en la alzada
no prosperaron, se confirmará la sentencia de primera instancia.
76. Condena en costas. En anteriores oportunidades esta sala de subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si era procedente condenar en
costas a la parte vencida. Sin embargo, a partir de la vigencia de la Ley 2080 de
2021, tal sanción surgirá en la medida en que, fruto del análisis de la demanda -en
nuestro caso, del recurso interpuesto-, se concluya que fue presentada con
«manifiesta carencia de fundamento legal».
77. Así las cosas, se considera que los argumentos vertidos en el escrito
impugnatorio no detentan aquella condición, pues la parte demandada sustentó su
posición en razones jurídicas que fueron acogidas por la sala. En consecuencia, no
se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 31 de agosto de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro de la demanda que en virtud del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la Universidad de
Cartagena en contra de la señora Josefina del Carmen Quintero Lyons, de acuerdo
con lo explicado en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.
TERCERO. RECONOCER al señor Jorge Eliecer Rodríguez Sierra, identificado con
la cédula de ciudadanía nro. 73.160.615, portador de la tarjeta profesional nro.
106.582 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de la Universidad
de Cartagena, en los términos y para los fines del poder conferido.
CUARTO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
19 Actuación visible en el índice 12 de la plataforma SAMAI.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024)
Demandante: Universidad de Cartagena
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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