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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03723-00

Fecha
19 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03723-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gloria del Pilar León Velásquez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E; el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03723-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de junio de 2026

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otros
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
de procedibilidad. Relevancia constitucional y Subsidiariedad. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Gloria del Pilar León Velásquez en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el
Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gloria del Pilar León Velásquez, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá
y el Departamento de Cundinamarca.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el
mencionado Tribunal, mediante la cual se confirmó la decisión adoptada por el Juzgado
Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, en el sentido de declarar la nulidad de la
Resolución núm. 1721 del 19 de julio de 2011, por medio de la cual se reconoci ó y ordenó
el pago de un 20% de sobresueldo a favor de la señora Gloria del Pilar León Velásquez,
previsto en la Ordenanza 13 de 1947, decisión adoptada en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 11001-33-42-
052-2025-00157-00/01 que interpuso el Departamento de Cundinamarca en su contra.

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. La Asamblea de Cundinamarca expidió la Ordenanza 13 de 1947, cuyo artículo 5
creó un sobresueldo equivalente al 20% del salario para los empleados y obreros del
departamento que acreditaran veinte años o más de servicio, no estuvieran pensionados
y hubiesen permanecido en ejercicio de sus funciones durante los últimos cinco años sin
solución de continuidad.

2.2. Mediante Resolución 1721 del 19 de julio de 2011, el Departamento de
Cundinamarca reconoció a Gloria del Pilar León Velásquez el sobresueldo del 20 %, con
efectos a partir del 28 de junio de 2011, por considerar acreditados los requisitos previstos
en la Ordenanza 13 de 1947.

2.3. En sentencia del 5 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, al resolver una demanda
de nulidad promovida contra el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, concluyó que
había operado respecto de ella el fenómeno del decaimiento, por haber sido tácitamente
desplazada por el Acto Legislativo 1 de 1968 y por el régimen constitucional y legal
posterior en materia salarial. Además, señaló que los empleados vinculados con
posterioridad a 1968 no podían obtener reconocimientos salariales con fundamento en
dicha ordenanza.

2.4. Con fundamento en esa decisión judicial, la Secretaría de la Función Pública de
Cundinamarca inició la actuación administrativa 310 de 2023 con el propósito de revocar
directamente la Resolución 1721 de 2011 y solicitó a la beneficiaria su consentimiento
para tal efecto.

2.5. En virtud de lo anterior, Gloria del Pilar León Velásquez negó la autorización para la
revocatoria directa del acto que le reconoció el sobresueldo.

2.6. Ante la imposibilidad de revocar directamente el acto particular, el Departamento de
Cundinamarca promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, con el fin de obtener la nulidad
de la Resolución 1721 de 2011 y el cese del pago del sobresueldo reconocido a la
servidora.

2.7. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 18 de noviembre de 2025 declaró la nulidad de la Resolución 1721 de 2011
y ordenó al Departamento de Cundinamarca cesar el pago del sobresueldo del 20 %, al
considerar que dicho reconocimiento se sustentó en una disposición que había perdido
eficacia jurídica respecto de servidores vinculados con posterioridad a 1968.

1
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado núm. 11001-33-42-052-2025-00157-
00/01, surtido en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ver en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013342052202500157012500023
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Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

2.8. La beneficiaria interpuso recurso de apelación contra dicha decisión; sin embargo, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante
sentencia del 30 de abril de 2026, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E; el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de
Bogotá y el Departamento de Cundinamarca.

Como consecuencia del amparo solicitado, pidió ordenar al Departamento de
Cundinamarca abstenerse de dar cumplimiento a la sentencia proferida el 30 de abril de
2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que su ejecución
afectaría sus derechos laborales y pensionales, debido a su condición de prepensionada.

3.2. La accionante, en sustento de su solicitud, señaló que la Resolución 1721 del 19 de
julio de 2011, mediante la cual se le reconoció el sobresueldo del 20 %, fue expedida con
fundamento en la Ordenanza 13 de 1947, disposición que, a su juicio, conserva vigencia
y no ha sido anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agregó que el
fallo del Consejo de Estado del 5 de mayo de 2022 únicamente se refirió al fenómeno del
decaimiento de dicha ordenanza y no comportó su expulsión del ordenamiento jurídico.

Adujo que el sobresueldo constituye un factor salarial incorporado a su remuneración
desde 2011, sobre el cual se han liquidado aportes al sistema de seguridad social,
cesantías retroactivas y demás emolumentos laborales. Por tal razón, afirmó que la
nulidad del acto de reconocimiento afecta la movilidad salarial y repercute directamente
en la consolidación de su expectativa pensional.

3.3. Precisó que se encuentra en condición de prepensionada, por lo que la reducción de
su ingreso base de cotización ocasionaría una afectación grave a sus derechos laborales
y pensionales, susceptible de configurar un perjuicio irremediable.

3.4. Manifestó que el Departamento de Cundinamarca reconoció, en escenarios de
diálogo adelantados con organizaciones sindicales y con participación del Ministerio del
Trabajo, la necesidad de adoptar medidas de protección para los servidores en condición
de prepensión afectados por los procesos de lesividad promovidos contra los actos que
reconocieron el sobresueldo del 20%. No obstante, afirmó que tales medidas no fueron
implementadas en su caso, pese a encontrarse dentro del grupo de funcionarios que,
según indicó, requerían protección especial.

3.5. Igualmente, sostuvo que las autoridades judiciales omitieron pronunciarse
adecuadamente sobre varios de los argumentos de defensa propuestos durante el trámite
del medio de control. En particular, señaló que no realizaron un análisis suficiente de la
excepción de caducidad, de la naturaleza jurídica del acto administrativo demandado, de

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

los efectos salariales del sobresueldo reconocido, de su situación de prepensión ni de la
necesidad de agotar conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

3.6. También alegó que se desconoció el principio de igualdad, por cuanto en otros
procesos de lesividad promovidos por el Departamento de Cundinamarca frente a actos
administrativos de contenido similar, los juzgados once y dieciséis administrativos de
Bogotá, declararon la caducidad de la acción, mientras que en su caso se decidió de
fondo la controversia.

3.7. Adicionalmente, cuestionó la actuación administrativa adelantada para obtener la
revocatoria directa de la Resolución 1721 de 2011. Al respecto, afirmó que dicho trámite
se desarrolló con desconocimiento de las garantías propias del debido proceso, por fal ta
de notificación adecuada, ausencia de competencia de los funcionarios que lo
adelantaron y deficiencias en su motivación.

3.8. Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales y pidió dejar sin efectos la ejecución de la sentencia proferida el
30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al considerar que su
cumplimiento afectaría de manera grave sus derechos laborales y pensionales.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 15 de mayo de 20262, el Despacho de la magistrada ponente admitió
la acción de tutela, negó la medida provisional solicitada por la parte actora, ordenó
requerir a las autoridades accionadas para que remitieran el expediente objeto de
controversia y dispuso la notificación de las partes e intervinientes, así como la
suspensión de los términos del proceso.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.1. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá 3 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que la sentencia cuestionada fue proferida
con observancia del debido proceso y con pleno respeto de las garantías procesales de
las partes, sin que se configurara vulneración alguna de derechos fundamentales.

Señaló que la accionante pretende impedir el cumplimiento de la sentencia del 30 de abril
de 2026, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las
pretensiones del medio de control. Precisó que, en la sentencia del 18 de noviembre de
2025, concluyó que el reconocimiento del sobresueldo del 20% carecía de sustento
jurídico, en atención al decaimiento del artículo 5.º de la Ordenanza 13 de 1947, razón
por la cual no era procedente mantener efectos salariales derivados de dicha disposición.

2
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1C5CD412CFC2BFC9.
3 Índice 00014 en el aplicativo SAMAI, certificado 9EBB81F1B259D0AD 253F99EAE86164CC A05AA13E35C880D6

552A02E57105619F.
4

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

Con fundamento en lo anterior, sostuvo que la decisión se ajustó al precedente vigente
del Consejo de Estado y que la solicitud de amparo no satisface el requisito de relevancia
constitucional. En consecuencia, pidió declarar improcedente la acción o,
subsidiariamente, negar las pretensiones formuladas.

4.2. La Gobernación de Cundinamarca 4 solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por incumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad
exigidos para controvertir providencias judiciales.

Sostuvo que la controversia planteada por la accionante es de naturaleza económica,
relacionada con la pérdida del sobresueldo del 20%, y no evidencia una vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia.
Afirmó que las autoridades judiciales se pronunciaron sobre todos los argumentos de
defensa propuestos durante el trámite del medio de control, por lo que no existe defecto
alguno que justifique la intervención del juez constitucional. Agregó que la accion ante no
identificó ni sustentó las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

Indicó que las decisiones cuestionadas se fundamentaron en el precedente fijado por el
Consejo de Estado sobre el decaimiento del artículo 5.º de la Ordenanza 13 de 1947 y la
improcedencia del reconocimiento del sobresueldo a servidores vinculados con
posterioridad a 1968.

Señaló que los argumentos relacionados con la condición de prepensionada no fueron
planteados en el proceso contencioso administrativo y que, en todo caso, no tienen la
entidad suficiente para desvirtuar la legalidad de las sentencias proferidas.

Finalmente, sostuvo que no se configuró vulneración de los derechos al trabajo, la
igualdad, la seguridad social, el debido proceso ni el acceso a la administración de
justicia, razón por la cual solicitó negar el amparo.

4.3. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá 5allegó copia
del expediente digital requerido. Sin embargo, no se pronunció sobre los cargos
expuestos en la acción de tutela.

4.4. El Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca-Sección Segunda-Subsección E guardó
silencio a pesar de haber sido debidamente notificado.

4
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2BA153EA4CF3E244.
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Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en razón a
que, Gloria del Pilar León Velásquez es la titular de las garantías constitucionales que
afirma fueron vulneradas en su condición de demandante dentro del proceso de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho – Lesividad identificado con el radicado núm. 11001-33-
42-052-2025-00157-00/01.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado
Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, en razón a que actuaron como jueces en el
trámite del proceso referido, y fue su actuación a la que el actor atribuyó la vulneración
de las garantías constitucionales invocadas.

2.3. Antes de continuar con el análisis de los defectos invocados, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis a la sentencia del 30 de
abril de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, por cuanto fue la providencia que puso fin al proceso.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20056 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 7 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 8.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”9.

4.1. Relevancia constitucional.

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 10.

6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
8
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos
o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna
de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad
judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el
material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina
en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad
judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artícu lo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
8
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
10
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
7

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate en
tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que la
controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el reparo
formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 11.

4.2. Subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86
Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su
vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de
1991.

11
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
8

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo
principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe acudir a los
mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para
su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la
que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta
los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y iii) que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma
de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas
al interior de un proceso judicial 23.

Sobre el particular, en la sentencia T-053 de 2020 la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisó que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”24, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la
acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo.

En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario
que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.” 25

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues la
acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir términos
de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y desvirtuaría
su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber
agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto responde al
principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una instancia
adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores de las
partes.

9

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. La accionante sostuvo que las sentencias proferidas por el Juzgado Cincuenta y Dos
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la
seguridad social y el acceso a la administración de justicia. Señaló que dichas
autoridades realizaron una interpretación errónea de la sentencia del Consejo de Estado
del 5 de mayo de 2022, pues, a su juicio, la Ordenanza 13 de 1947 no fue anulada y, por
tanto, conservaba eficacia para sustentar el reconocimiento del sobresueldo del 20 %
efectuado mediante la Resolución 1721 de 2011. Igualmente, afirmó que no se analizaron
adecuadamente los argumentos de defensa relacionados con la caducidad del medio de
control, la naturaleza jurídica del acto demandado, la necesidad de agotar la conciliación
prejudicial y los efectos salariales y pensionales derivados de la supresión del referido
beneficio.

También adujo que las decisiones judiciales desconocieron su condición de
prepensionada y las consecuencias que la pérdida del sobresueldo tendría sobre su
salario, las prestaciones sociales y la consolidación de su expectativa pensional. Agregó
que se vulneró el derecho a la igualdad, por cuanto en otros procesos de lesividad
promovidos por el Departamento de Cundinamarca se habría declarado la caducidad de
la acción, mientras que en su caso se resolvió de fondo la controversia.

Finalmente, sostuvo que la supresión del sobresueldo desconoce los principios de
confianza legítima, buena fe y protección de los derechos laborales, así como las medidas
que, según afirmó, la administración departamental había considerado para la protección
de los servidores en condición de prepensión.

5.2. Ahora bien, del análisis de los aspectos abordados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se advierte que, en la providencia del 30 de abril de 2026, se arribó a las
siguientes conclusiones:

“6.4. En relación con la caducidad del medio de control, es menester recordar que en
el sub lite se controvierte una prestación periódica (esto es, el reconocimiento del
sobresueldo del 20% a la señora Gloria del Pilar León Velásquez, quien se encuentra
vinculada según se indica en la demanda) y que por ende, el estudio de la oportunidad
para presentar la demanda debe efectuarse conforme lo previsto en el literal c) del
numeral 1º del artículo 164 del C.P.A.C.A. que sobre el particular dispone: (…)

Así las cosas, se establece que el término de 4 meses que aduce la parte demandada
no es aplicable al presente asunto tal y como lo ha señalado el H. Consejo de Estado
quien sobre el particular ha precisado12

Esta Subsección como regla general ha entendido que las reclamaciones de
naturaleza laboral, tratándose de solicitudes de acreencias periódicas, no
están sujetas al término de caducidad de cuatro (4) meses previsto para el

12
C. E. Sec. Segunda, Auto 20001233300020190043501 (3792 -2021), feb. 24/2022, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
10

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
siempre y cuando quien pretenda su pago tenga vigente el vínculo laboral
con la entidad que pretende demandar, pues finalizada la relación laboral ya
no reviste la connotación de periodicidad del pago y, en esa medida, su
exigibilidad vía judicial está sometida al término preclusivo de cuatro meses
que trae el artículo 164 del CPACA.”

6.5. Desestimados los anteriores argumentos del recurso y descendiendo al problema
jurídico objeto del litigio, esto es, si le asiste derecho a la demandada a continuar
devengando el sobresuelo del 20% previsto en la Ordenanza 13 de 1947, la Sala
considera necesario resaltar que dentro del plenario se demostró que la señora Gloria
del Pilar León Velásquez (i) se encuentra vinculada al Departamento de Cundinamarca
desde el 14 de junio de 1991, (ii) ha prestado sus servicios por un término de 20 años
al departamento de Cundinamarca y que (iii) mediante la Resolución No. 1721 de 19
de julio de 2011 se ordenó el reconocimiento del sobresueldo del 20% a su favor, a
partir del 28 de junio de 2011.

Ahora bien, tal y como se acotó en el marco jurídico expuesto en esta providencia,
para la época en que fue expedida la Ordenanza No. 13 de 1947 –Gaceta de
Cundinamarca No 6844 de 27 de junio de 1947–, las asambleas departamentales
tenían la competencia para fijar el régimen salarial de sus empleados. Sin embargo, a
partir del Acto Legislativo 01 de 1968 y de la Constitución Política de 1991, esa
atribución corresponde al Congreso en coordinación con el Presidente de la República,
de tal suerte que una vez el legislador utilizó la facultad de regulación de los salarios a
través de la Ley 4ª de 1992, quedó por fuera del ordenamiento jurídico dicha norma
territorial.

En ese orden y teniendo en cuenta la fecha de vinculación de la demandada, se
observa que solo hasta el día 28 de junio de 2011 cumplió los 20 años de servicio que
la Ordenanza No. 13 de 1947 preveía para el reconocimiento del 20% sobre el sueldo
básico.

Por lo anterior y al no acreditar el derecho al reconocimiento del sobresueldo del 20%
antes de la derogatoria tácita de la Ordenanza 013 de 1947 (esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992), para la Sala es claro que las pretensiones
de la demanda tienen vocación de prosperidad.

(…)

Por lo expuesto, se colige que no le asiste razón a la parte demandada quien insiste
en que la Ordenanza 13 de 1947 se encuentra vigente y se presume legal, pues
conforme lo ha considerado el H. Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos,
esta fue derogada en forma tácita una vez expedida la Ley 4ª de 1992, lo que impide
que sea el fundamento jurídico del reconocimiento del sobresueldo que venía siendo
devengado por la señora Gloria del Pilar León Velásquez.

6.6. De otra parte y respecto a la naturaleza del sobresueldo del 20%, ha de señalarse
que si bien tiene el carácter de salario (entendido como contraprestación directa del
servicio), esto no impide la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el
cual se ordenó su reconocimiento a favor de la demandada ni comporta un
desconocimiento de los derechos de la demandada, pues tal y como se vio, se trata
de un emolumento que viene siendo cancelado sin fundamento legal a la señora León
Velásquez.

Luego entonces y tal y como lo ha sostenido el Consejo de Estado, no es posible
considerar que en casos como el que nos ocupa existe un derecho adquirido en cabeza
del trabajador -aun tratándose de un emolumento salarial- y que no puede ser

11

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

desmejorado, pues solo puede predicarse la existencia de un derecho adquirido si este
se obtuvo de conformidad con el ordenamiento jurídico13.

(…)

6.7. Finalmente, y respecto al trámite realizado por la entidad en sede administrativa
para efectuar la revocatoria de la Resolución No. 1721 de 19 de julio de 2011, habrá
de señalarse que en la ley no se encuentra prevista dicha actuación como un requisito
previo ni obligatorio para interponer una demanda en la modalidad de lesividad contra
el acto particular y concreto a través del cual se creó o modificó una situación jurídica
de carácter particular y concreto.

Aunado a lo anterior y contrario a lo expuesto por la parte demandada, el hecho de
que no se haya recibido la autorización por parte de la señora León Velásquez dentro
de la actuación administrativa adelantada por el Departamento de Cundinamarca no
impide el ejercicio del presente medio de control pues precisamente es la falta de
consentimiento del titular del derecho la que impone que deba demandarse la legalidad
de la Resolución No. 1721 de 19 de julio de 2011 en sede judicial, tal y como lo dispone
el artículo 97 del C.P.A.C.A.(…)

Corolario de lo expuesto, al haberse demostrado que la Resolución No. 1721 de 19 de
julio de 2011 -por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de un 20% de
sobresueldo a la señora Gloria del Pilar León Velásquez se encuentra viciada de
nulidad por infringir las normas en que debía fundarse, se considera que debe
confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto declaró su nulidad y ordenó
cesar el pago de dicho emolumento.”14

El Tribunal, concluyó que la señora Gloria del Pilar León Velásquez no tenía derecho a
continuar percibiendo el sobresueldo del 20 % reconocido mediante la Resolución 1721
del 19 de julio de 2011, por cuanto cumplió los requisitos para acceder a dicho beneficio
en 2011 cuando la Ordenanza 13 de 1947 ya había perdido eficacia jurídica como
fundamento para el reconocimiento de factores salariales.

Precisó que, aunque la Ordenanza 13 de 1947 fue expedida por autoridad competente y
no fue anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado
ha sostenido que las disposiciones territoriales que regulaban aspectos salariales
quedaron tácitamente derogadas una vez el legislador y el Gobierno Nacional asumieron
la regulación integral de esa materia. En consecuencia, los servidores vinculados con
posterioridad a 1968 no consolidaron un derecho a percibir el sobresueldo previsto en
dicha ordenanza.

La Sala también descartó los argumentos relacionados con la existencia de un acto
administrativo complejo, la caducidad del medio de control y las presuntas irregularidades
en el trámite de revocatoria directa. Señaló que tales circunstancias no impedían el
estudio de legalidad de la Resolución 1721 de 2011 ni desvirtuaban la ausencia de
fundamento jurídico para el reconocimiento del sobresueldo.

13
C. E. Sec. Segunda, Sent. 13001-23-33-000-2017-00346-01 (4246-2024), jul. 24/2025, C. P. Luis Eduardo Mesa
Nieves
14 Índice 00010 en el aplicativo SAMAI del proceso ordinario den segunda instancia, certificado 0081682E21783E5D

8721316D07EF6100 79EAD933C816D863 0368012A597FF931.
12

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la Resolución 1721 del 19 de julio de 2011
infringió las normas en que debía fundarse y, por tanto, confirmó la sentencia de primera
instancia que declaró su nulidad y ordenó cesar el pago del sobresueldo del 20 %.

5.3. Finalmente, la accionante sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
omitieron pronunciarse de manera adecuada sobre varios de los argumentos de defensa
formulados durante el trámite del medio de control. En particular, adujo que no efectuaron
un análisis suficiente de la excepción de caducidad, de la naturaleza jurídica del acto
administrativo demandado, de los efectos salariales derivados del sobresueldo
reconocido, de su condición de prepensionada y de la necesidad de agotar la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad.

Al respecto, la Sala advierte que la accionante contaba con un mecanismo judicial idóneo
para cuestionar las eventuales omisiones de la sentencia. En efecto, el artículo 287 del
Código General del Proceso prevé que, cuando el juez omita resolver cualquiera de los
extremos de la litis o cualquier otro aspecto que, conforme a la ley, deba ser objeto de
pronunciamiento, la providencia podrá adicionarse mediante sentencia complementaria,
de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del término de ejecutoria.

Sin embargo, no se evidencia que la accionante hubiera promovido la adición de la
sentencia dentro de la oportunidad procesal correspondiente. En consecuencia, la
solicitud de amparo tampoco satisface el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
dejó de ejercer un mecanismo ordinario específicamente previsto para obtener un
pronunciamiento judicial sobre los aspectos que ahora reprocha por vía constitucional.

En este contexto, la acción de tutela no puede erigirse en una instancia adicional ni en
un mecanismo alternativo o sustitutivo de los instrumentos procesales establecidos por
el legislador, salvo que se acredite que estos resultan ineficaces o insuficientes para la
protección de los derechos fundamentales invocados, circunstancia que no se configura
en el presente asunto.

Admitir una conclusión distinta implicaría desplazar injustificadamente al juez natural de
la causa y desnaturalizar el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, al
convertirla en una vía destinada a suplir la inactividad procesal de las partes.

De igual forma, el amparo tampoco procede como mecanismo transitorio, toda vez que
la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera
flexibilizar el requisito de subsidiariedad. En efecto, la mera invocación de un eventual
perjuicio resulta insuficiente para tal propósito, pues corresponde demostrar su
inminencia, gravedad y urgencia, elementos que no se encuentran acreditados en el
expediente

5.4. Los elementos expuestos permiten concluir que la controversia fue examinada por el
juez natural a partir de las circunstancias fácticas acreditadas, las normas aplicables y el
precedente jurisprudencial pertinente. En consecuencia, no se advierte que la providencia
cuestionada carezca de motivación, responda a una actuación arbitraria o desconozca
las garantías fundamentales de la parte actora. Por el contrario, los reparos formulados
13

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Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

en la solicitud de amparo evidencian una discrepancia con la interpretación jurídica
acogida por el Tribunal, circunstancia que no habilita, por sí sola, la intervención del juez
de tutela.

5.5. Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración 15.

5.6. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez
constitucional, toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de
autonomía judicial.

5.7. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 16, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 17.

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

15
Sentencia SU215 de 2022.
16 SU-215 de 2022.
17
Ibid.
14

Radicado: 1100103-15-000-2026-03723-00
Accionante: Gloria del Pilar León Velásquez

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gloria del
Pilar León Velásquez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E; el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y el
Departamento de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

ECG

15

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