Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-02875-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Causal de impedimento: por haber suscrito la sentencia controvertida
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2016-02875-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2016-02875-00
Consejero ponente: María Elizabeth García González
2 de marzo de 2017
CAUSAL DE IMPEDIMENTO - Por haber suscrito la sentencia controvertida / IMPEDIMENTO DE CONSEJERO DE ESTADO - Se declara fundado y ordena sorteo de conjuez
En escrito obrante a folio (…) se advierte que el doctor MORENO RUBIO se declara impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto suscribió el fallo acusado, por lo que considera que se encuentra incurso en la causal consagrada en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (…). A juicio de la Sala, el hecho manifestado por el doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO constituye la causal de impedimento alegada, como quiera que suscribió la sentencia objeto de la presente solicitud de amparo. Siendo ello así, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, el quórum se conformará con el Conjuez MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 56 NUMERAL 6
TUTELA CONTRA ACTUACIONES DENTRO DE PROCESO DE TUTELA - Procedencia excepcional según los criterios de la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de Justicia de la Previsora S.A., Compañía de Seguros / VULNERACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA - Por omisión en la vinculación al proceso de tutela de La Previsora S.A., Compañía de Seguros como tercera interesada
[C]onsidera la Sala que la presente solicitud de amparo no debe ser analizada a la luz de los parámetros fijados por esta Corporación y por la Corte Constitucional para el estudio de las acciones de tutela contra providencia judicial, sino que debe ser tenida como una acción de tutela instaurada contra actuaciones dentro del proceso de tutela, tal como lo sostuvo el Alto Tribunal Constitucional en la Sentencia de Unificación 627 de 2015 (…). Al revisar la actuación surtida al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366, observa la Sala que pese a que la señora [B.F.] y otros promovieron esa acción de tutela solamente contra el Tribunal Administrativo de Sucre, lo cierto es que, (….) la Sección Cuarta del Consejo de Estado debió citar al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, pues ésta fungía como llamada en garantía por la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano en el proceso de reparación directa objeto de reclamo. Asimismo, la Sala pone de presente que la participación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros podía advertirse claramente de la lectura de las sentencias allí cuestionadas que fueron aportadas con el escrito de demanda, pues en éstas se relacionó su intervención. Siendo ello así, la Sala considera que las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia de La Previsora S.A. Compañía de Seguros al omitir su vinculación al proceso de tutela objeto de su conocimiento, como tercera interesada (…). [E]n consecuencia, se le ordenará a la Sección Quinta de esta Corporación que, en el término de la distancia, llame al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para que ésta se haga parte del mismo y se le garantice su derecho de audiencia y de defensa; y una vez esto ocurra, en el término de tres días, profiera la sentencia que resuelva el asunto.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO LEY 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 42
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones dentro del proceso de tutela, ver: Corte Constitucional SU- 627 de 01 de octubre 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. En relación con los efectos de no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1009 de 09 de diciembre de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, sentencia T-043 de 07 de febrero de 1996, M.P. José Gregorio Hernández. Frente a la procedencia de la tutela en relación con actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia T-414 de 17 de mayo de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa. En relación con la necesidad de comunicar la iniciación de los procesos de tutela, a los terceros que puedan tener un interés legítimo en el resultado de los mismos, ver: Corte Constitucional, Auto No. 130 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Auto No. 091 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil y Auto No. 241 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02875-00(AC)
Actor: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCION QUINTA Y OTRO
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la sociedad LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES.
I.1.- La Solicitud.
La sociedad LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia.
I.2 Hechos.
La actora puso de presente que la señora Bertha Fernández de Arias y otros, interpusieron acción de reparación directa, que fue radicada bajo el núm. 2012-00128, contra el Departamento Administrativo de salud –DASSALUD- Sucre, el Hospital Universitario de Sincelejo, la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S. y Salud Vida E.P.S.
Expresó que el conocimiento de la acción de reparación directa le correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo, que por solicitud de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S., la vinculó al proceso en calidad de llamado en garantía.
Adujo que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo profirió sentencia el 29 de abril de 2014 en el sentido de condenar al Hospital Universitario de Sincelejo y, en consecuencia, quedó absuelta la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S, razón por la que la parte allí accionante y el Hospital impugnaron la decisión.
Sostuvo que el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de 23 de octubre de 2014, en la que revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.
Aseguró que la parte allí actora, interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, la cual fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Advirtió que al interior del trámite constitucional no se dispuso su vinculación al proceso, pese a que le asistía un interés directo en las resultas del mismo.
Expresó que la Sección Cuarta en fallo de 3 de septiembre de 2015, declaró improcedente la solicitud por no cumplir con el requisito de inmediatez. La decisión fue impugnada ante la Sección Quinta de esa Corporación, que en sentencia de 5 de mayo de 2016, revocó el fallo de primer grado y, en su lugar, dejó sin efecto la providencia de 23 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre y le ordenó a dicha Corporación que emitiera una sentencia con apego a las consideraciones allí establecidas.
Aseguró que con ocasión del cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió una nueva decisión el 10 de junio de 2016, en la que la declaró solidariamente responsable y, por tanto, la condenó al pago de $445.000.000.oo por concepto de perjuicios morales y $45.000.000 por perjuicios a la pérdida de oportunidad, de conformidad con la póliza de seguros núm. 1001248.
Agregó que tuvo conocimiento de la existencia del amparo constitucional una vez el Tribunal Administrativo de Sucre manifestó su decisión de dar cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Argumentó que con su no vinculación al trámite constitucional, se le vulneraron sus derechos fundamentales, pues era la llamada en garantía de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano que resultó condenada con ocasión del cumplimiento del fallo de tutela. Para el efecto, citó apartes de sentencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en las que se resalta la importancia de integrar de manera adecuada el contradictorio en aras de salvaguardar los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia.
I.3 Pretensiones.
Solicitó el amparo de los derechos fundamentales y, en consecuencia, que se declare la nulidad de la sentencia de 5 de mayo de 2016, emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366-01. Que, asimismo, y en atención a lo anterior, se debe dejar sin efecto la sentencia de 10 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en cumplimiento de la orden impartida por la Sección Quinta.
I.4 Defensa.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, puso de presente que el amparo solicitado resulta improcedente por dirigirse en contra de una acción de tutela, lo cual constituye un presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Explicó que de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela es procedente contra sentencias de tutela de manera excepcional en los siguientes casos: “(i) no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, (ii) la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude, y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”. Aseguró que tales presupuestos no se evidencian en el caso concreto.
Adicionalmente, consideró que la irregularidad alegada por la actora no tiene incidencia en la decisión, de suerte que es contrario a los fines de este medio constitucional, dejar sin efecto la providencia, con las consecuencias que ello implica, para rehacer actuaciones que en nada cambiarían el resultado.
Explicó que la actora fue debidamente vinculada como tercera llamada en garantía de la sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano, parte demandada en el proceso de reparación directa, conocido por el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre.
Aseguró que lo relevante para tomar su decisión de amparo, consistió en que ambas partes apelaron la decisión del Tribunal Administrativo: i) los actores, con el objeto de aumentar la cuantía de la condena; y ii) el hospital demandado con el fin de argumentar que la causante del daño era la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano.
Expuso que el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia de 23 de octubre de 2014, revocó la decisión apelada y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda por considerar que no había lugar a condenar al Hospital accionado, pues demostró ser diligente en la prestación de sus servicios y, por tanto, el daño le era imputable a la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano; sin embargo, debido a que la primera instancia exoneró a esta última de responsabilidad y esa decisión no fue objeto del recurso de alzada de la parte demandante, no había lugar a condenar a la referida sociedad y, por ello, denegó las pretensiones de la demanda.
Adujo que por tales consideraciones, los allí accionantes interpusieron acción de tutela, en la que alegaron, entre otros argumentos, “que cuando el Hospital Universitario apeló respecto de la responsabilidad de la referida sociedad, a la Sala de Decisión se le abrió la posibilidad de referirse a la responsabilidad de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano.”
Anotó que los reparos de los solicitantes encontraron respaldo constitucional en la sentencia que ahora se cuestiona, habida cuenta de que se estimó que, en efecto, el Tribunal accionado sí tenía competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano, pues ese aspecto fue, precisamente, el argumento central de la apelación del Hospital demandado, razón por la que se ampararon los derechos fundamentales.
Aseguró que en la sentencia que hoy se cuestiona no se hizo pronunciamiento alguno relacionado con la existencia o no de la falla del servicio de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano y, en consecuencia, tampoco se analizó si ésta fue o no la responsable de la muerte del señor Luis Alberto Arias Fernández, en cuyo caso, si hubiese sido así, el llamado en garantía sí tenía que ser vinculado, pues se hubiese tratado de un debate de responsabilidad de su asegurado.
Por lo anterior, anotó que su argumento para amparar los derechos fundamentales, fue que el Tribunal debió pronunciarse sobre todos los aspectos de la apelación, entre ellos, lo alegado por el Hospital, frente a lo cual, a su juicio, no era relevante la vinculación del tercero llamado en garantía, pues éste sólo podría controvertir aquello relacionado con la responsabilidad de su asegurado, lo que no fue objeto de debate ante el juez de tutela.
Precisó que para no invadir la órbita del juez natural, dejó sin efecto la providencia cuestionada y le ordenó al Tribunal que emitiera una sentencia de reemplazo, en la cual tenía que pronunciarse sobre todos los argumentos de la apelación, entre ellos, el del Hospital relacionado con su falta de responsabilidad y la imputación que éste hizo a la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano.
Para finalizar, indicó lo siguiente:
“Así las cosas, el análisis de responsabilidad de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano, entidad frente a la cual La Previsora fungía como garante, le correspondió única y exclusivamente al Tribunal como juez natural del asunto, en el marco del proceso de reparación directa, en el cual la parte actora, ahora en tutela, estaba vinculada y pudo ejercer su derecho de defensa en contra de lo expuesto por el Hospital.
En otras palabras, la vinculación de La previsora solo resultaba necesaria y relevante, si la discusión de tutela hubiera versado sobre la responsabilidad de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano, pero como las razones de la decisión versaron sobre el deber del Tribunal de pronunciarse sobre todos los argumentos de la apelación, y es en ese escenario en donde se debía determinar si había lugar o no a condenar a la referida Sociedad, es allí donde la entidad accionante pudo intervenir con todas las garantías procesales tendientes a controvertir la responsabilidad de la sociedad asegurada.
En conclusión, como la decisión dictada por esta Sección no analizó en cabeza de quién radicó la eventual falla en el servicio, no tenía incidencia alguna la vinculación de La Previsora S.A., en lo decidido y por ello, lo alegado ahora en sede de tutela en nada cambiaría lo resuelto y en ese orden no hay lugar al amparo solicitado.”
Los señores Bertha Fernández de Arias, Orlando Manuel Arias Ortega, Lidis del Socorro Viloria Castaño, Leidis Johana, Lorena Patricia y Suad Elena Arias Viloria, Marta Luz, Hermides Rafael, Nubia del Carmen, Erenis Isabel, Ruby Ester, Elsi, Fenis María y Osvaldo Mateo Arias Fernández y Félix Norberto Arias Navarro, en calidad de parte actora al interior del proceso de tutela que hoy se cuestiona, expresaron que el amparo solicitado es improcedente por dirigirse contra una sentencia de tutela.
Adicionalmente, argumentaron que no se cumple ninguno de los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para su procedencia excepcional, pues no actuaron de manera engañosa, artificiosa o desleal; tampoco se configuró un ejercicio abusivo del derecho de amparo, pues, por el contrario, su proceder fue legítimo y eficaz para reestablecer el derecho al acceso a la Administración de Justicia y a la reparación integral que habían sido vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre; asimismo, la presente solicitud no fue sustentada en las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Consideraron que con la presente solicitud se les prolonga su derecho a ser reparados integralmente por la muerte de su familiar Luis Arias Fernández, pues hasta esta instancia ha sido dispendioso el proceso judicial al que se han sometido en busca de la justicia y que ahora pretende revivirse con esta acción de tutela.
Pusieron de presente las diversas irregularidades que se han cometido en el proceso de reparación directa y los distintos mecanismos legales de los que han hecho uso para remediar las deficiencias, de los que se destaca que el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Sucre en cumplimiento de la orden de tutela de la Sección Quinta, excluyó de la condena al padre de la víctima bajo el argumento de que estaba fallecido pese a que éste se encuentra con vida y como muestra de ello firmó la presente contestación. Adicionalmente, la Sociedad Cardiovascular se niega a pagar su condena lo que los obliga a iniciar un proceso ejecutivo que tarda varios años, aunado al hecho de que los jueces administrativos se rehúsan a decretar medidas cautelares por la entrada en vigencia del CGP, por lo que se corre el riesgo de que por el transcurso del tiempo y la insolvencia de la entidad, la sentencia adquiera un valor simbólico.
Con lo anterior, pretendieron demostrar que no ha sido fácil el trámite del proceso, por lo que esperan que se imparta justicia material y no se revivan actuaciones que, nuevamente, dejen en incertidumbre sus derechos.
El Tribunal Administrativo de Sucre manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, pues ésta actuó al interior del proceso de reparación directa, en el cual tuvo la oportunidad de aportar pruebas y controvertir las decisiones. Asimismo, señaló que lo pretendido por ella es emplear la acción de tutela como una tercera instancia para revivir un proceso legalmente concluido.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:
Cuestión previa.
La Sala Plena del Consejo de Estado en la sesión de 31 de enero de 2017, encargó al doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO del Despacho del cual fuera titular el doctor Guillermo Vargas Ayala.
En escrito obrante a folio 210 se advierte que el doctor MORENO RUBIO se declara impedido para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto suscribió el fallo acusado, por lo que considera que se encuentra incurso en la causal consagrada en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, el cual prevé:
“Causales de impedimento.
Son causales de impedimento:
(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiera participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.” (Negrillas fuera del texto original).
A juicio de la Sala, el hecho manifestado por el doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO constituye la causal de impedimento alegada, como quiera que suscribió la sentencia objeto de la presente solicitud de amparo.
Siendo ello así, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, el quórum se conformará con el Conjuez MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ .
Precisado lo anterior, la Sala procede a examinar el asunto sometido a su estudio.
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991. Dicha acción se establece como medio subsidiario, es decir, que sólo procede cuando el afectado no disponga de otros instrumentos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, La Previsora S.A. Compañía de Seguros pretende que se deje sin efecto la sentencia de 5 de mayo de 2016, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366, que fue instaurada por la señora Bertha Fernández de Arias y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia y la reparación integral, con ocasión del fallo de 23 de octubre de 2014 dictado al interior del proceso de reparación directa radicado bajo el núm. 2012-00128-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de tales derechos, ya que no fue vinculada al trámite constitucional pese a tener interés directo en las resultas del mismo, teniendo en cuenta que en el proceso de reparación directa fue llamada en garantía de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano, la cuales, con ocasión del fallo de tutela que aquí se cuestiona, resultó condenada en dicho proceso ordinario.
De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que pese a que la actora pretende dejar sin efecto el fallo de tutela de 5 de mayo de 2016 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo cierto es que sus reparos no se dirigen a atacar los fundamentos de derecho sobre los cuales se erigió tal decisión, sino que cuestiona irregularidades que surgieron durante el trámite de dicha acción constitucional relacionados con su vinculación al mismo, por considerar que ésta resultaba necesaria en aras de conformar en debida forma el contradictorio.
En virtud de lo precedente, considera la Sala que la presente solicitud de amparo no debe ser analizada a la luz de los parámetros fijados por esta Corporación y por la Corte Constitucional para el estudio de las acciones de tutela contra providencia judicial, sino que debe ser tenida como una acción de tutela instaurada contra actuaciones dentro del proceso de tutela, tal como lo sostuvo el Alto Tribunal Constitucional en la Sentencia de Unificación 627 de 2015, la cual se expondrá más adelante.
En virtud de lo anterior, la Sala deberá determinar en primera medida si el amparo solicitado resulta procedente y, en caso de ser así, establecer si las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado estaban obligadas a vincular a La Previsora S.A. Compañía de Seguros al proceso constitucional.
De la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones dentro del proceso de tutela.
La Corte Constitucional en el fallo SU-627 de 2015 decidió unificar su Jurisprudencia en torno a la procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones dentro del proceso de tutela y contra la sentencia de tutela.
Para el efecto, el Alto Tribunal al conocer una solicitud de amparo motivada por la omisión del Juez de tutela en el cumplimiento de su deber de vincular al proceso a todas las personas que pueden verse afectadas con la decisión que se tome, para que puedan ejercer su derecho a la defensa, diferenció las acciones de tutela presentadas contra sentencias de tutela y contra actuaciones dentro del proceso de tutela, en cuyos eventos el proceder difiere, razón por la que planteó diversas hipótesis que pueden darse en este ámbito y su correspondiente solución.
Para efectos de resolver el caso concreto, la Sala se referirá a las hipótesis relacionadas con la acción de tutela contra actuaciones producidas dentro del proceso de tutela.
Así, la Corte Constitucional puso de presente que era posible que ocurrieran vulneraciones a los derechos fundamentales en las actuaciones previas y posteriores a la sentencia.
En relación con las vulneraciones ocurridas con anterioridad a la sentencia, destacó que la principal y más repetida era no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela, en cuyo caso, tras estudiar diversas sentencias que se referían al asunto (T-1009 de 1999, T-043 de 1996 y T-014 de 1998), la Corte extrajo de tales providencias las siguientes reglas:
1.- Que es obligación del Juez notificar e informar de la iniciación de la acción de tutela a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren mencionados en la solicitud, es decir, que también se debe notificar a quienes quedarían sujetos por la decisión de tutela, porque les asiste el derecho a impugnar.
2.- La determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad se toma dentro del expediente donde ocurrió la omisión, para que se decida sobre el saneamiento o no de la misma. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, se puede acudir válidamente a otra acción de tutela para que se determine si se vulneró o no el derecho al debido proceso y, en consecuencia, se dé la orden de nulidad para que se tramite la tutela inicial en debida forma.
En aras de unificar su Jurisprudencia, la Corte concluyó que en este evento particular, el Juez deberá determinar, en primera medida, si concurren los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y si es del caso, la solicitud de amparo resultaría procedente, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el caso para revisión.
Para el efecto, en dicha oportunidad expresó lo siguiente:
4.5. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela.
4.5.1. Es posible que ocurran vulneraciones a los derechos fundamentales en las actuaciones previas y en las actuaciones posteriores a la sentencia.
4.5.2. La principal y la más repetida irregularidad en la que incurre el juez de tutela en las actuaciones previas a la sentencia es el no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela. En efecto, esta hipótesis ha sido estudiada por este tribunal, entre otras, en las Sentencias T-162 de 1997, T-1009 de 1999, T-414 de 2011 y T-205 de 2014. A las dos primeras se refiere expresamente la Sentencia SU-1219 de 2001, al precisar el sentido y alcance de la unificación de jurisprudencia en ella hecha y las dos restantes son posteriores a ella. Por su especial relevancia para el caso sub examine es menester dar cuenta en detalle de estas sentencias, como se hace enseguida.
4.5.2.1. En la Sentencia T-162 de 1997, este tribunal planteó el siguiente problema jurídico: “¿la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela?”. La respuesta fue afirmativa, pues el juez de tutela, “al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental”, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la acción de tutela.
4.5.2.2. En la Sentencia T-1009 de 1999 no se llega a plantear un problema jurídico, porque este tribunal constató que se había vulnerado los derechos fundamentales del tercero a quien no se notificó de la demanda de tutela, de tal suerte que no se le permitió concurrir al proceso y defender sus intereses. Con base en la Sentencias T-043 de 1996 y T-014 de 1998, se precisa que es una obligación del juez notificar o informar de “la iniciación de la acción a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a quien o quienes se relaciona en la solicitud de tutela, sino a quienes quedarían sujetos por la decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar”. En este caso se decidió anular lo actuado en el proceso de tutela y se fijó, a modo de regla, que:
En principio, esta determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad se toma dentro del expediente en donde ocurrió la omisión, para que se diga si se sanea o no la nulidad. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, entonces se puede válidamente pedir mediante nueva tutela que se determine que se violó el debido proceso y por ende se dé la orden de nulidad para que se tramite la inicial tutela debidamente.
4.5.2.3. En la Sentencia T-414 de 2011 se reconoce, como ya se advirtió que la tutela sí procede frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. En este caso la tutela se declara improcedente, porque
Resulta evidente para la Sala, en el presente caso, (i) que al haberse declarado la improcedencia del recurso de nulidad mediante Auto del 26 de julio de 2010 emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, el accionante mediante la acción de tutela contra tutela pretende reabrir el debate constitucional; (ii) que conforme con la jurisprudencia constitucional la acción de tutela contra sentencias de tutela, resulta del todo improcedente; (iii) que el mecanismo que debió emplear el actor para atacar la decisión que considera violatoria del derecho de defensa y del debido proceso era solicitar su eventual revisión ante la Corte Constitucional; (iv) que por medio de la Resolución 654 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuso que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 es obligatorio y no requiere autorización previa y escrita del Ministerio ni del promotor ni del nominador del promotor; (v) que la Corte mediante Auto del 22 de septiembre de 2010 decidió no seleccionar el fallo cuestionado, sin que el actor, el Defensor del Pueblo o un magistrado de la Corte Constitucional, hubieren insistido oportunamente en su selección para revisión por parte de la Corporación; y (vi) que una vez terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de manera que al quedar definitivamente en firme la sentencia de tutela por decisión judicial de esta Corte, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
4.5.2.4. En la Sentencia T-205 de 2014, este tribunal reitera la diferencia que existe entre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y la acción de tutela contra las actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. Conforme al precedente de la Sentencia T-1009 de 1999, la ratio decidendi de esta sentencia, que confirmó la sentencia objeto de revisión que, a su vez, anulaba lo actuado en un proceso de tutela anterior, es la de que:
4.3. Por ello, si no se notificó al tercero que quedaría afectado por el fallo, ciertamente se configuró una violación al debido proceso y al derecho de defensa, resultando necesario tomar las medidas tendientes a superar dicha trasgresión, pero al no haber sido seleccionada para revisión aquella decisión de tutela, no quedaba camino jurídico distinto al incoado como nueva demanda de amparo, indefectible para poder resucitar ese debido proceso.
4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia pero antes de que pueda darse el de segunda. Sin embargo, las actuaciones más frecuentes que ocurren con posterioridad a la sentencia de única o de segunda instancia, son las que tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes dadas. Como este tribunal lo precisó en la Sentencia C-367 de 2014, el mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de una orden de tutela es la solicitud al juez de primera instancia ejerza las competencias previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, por lo tanto, como lo advierte la Sentencia T-956 de 2010, la acción de tutela no procede para lograr el cumplimiento de las órdenes de tutela. En el contexto de las medidas necesarias para lograr dicho cumplimiento, es posible tramitar un incidente de desacato, en el cual, como es obvio, se debe respetar el debido proceso. De no ser así y, por el contrario, darse una actuación contraria al ordenamiento jurídico, respecto de la cual no existe otro medio eficaz de defensa, de manera excepcional procede la acción de tutela. Así lo ha reconocido este tribunal en las Sentencias T-088 de 1999, T-086 y T-553 de 2003, T-368 de 2005 y T-474 de 2011.
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.”
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Advierte la Sala que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación referida, al resolver el caso concreto, el cual resulta similar al aquí planteado, para efectos de estudiar los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela tuvo en cuenta los siguientes: i) afectación de un derecho fundamental; ii) legitimación en la causa por activa; iii) legitimación en la causa por pasiva y por los terceros interesados en el proceso; iv) subsidiariedad; e v) inmediatez.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala verificará si en la presente solicitud concurren los presupuestos anotados, en aras de determinar si ésta es procedente contra las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado al no vincular a la acción de tutela instaurada por la señora Bertha Fernández de Arias y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, que fue llamada en garantía al interior del proceso de reparación directa examinado en dicho trámite constitucional.
1.- Afectación de un derecho fundamental. En el presente caso se discute la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia y de defensa.
2.- Legitimación en la causa por activa. Al respecto, se advierte que La Previsora S.A. Compañía de Seguros se encuentra legitimada en la causa para promover la presente solicitud, teniendo en cuenta que fue llamada en garantía por la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano al interior del proceso de reparación directa, cuyas sentencias fueron objeto de revisión por las Secciones Cuarta y Quinta de esta Corporación al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366, las cuales omitieron la vinculación de la aquí accionante, que por esa circunstancia considera vulnerados sus derechos fundamentales.
3.- Legitimación en la causa por pasiva. Las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, en tanto son las autoridades judiciales que tramitaron el proceso de tutela que es objeto de la presente acción, están legitimadas por pasiva en el mismo.
4.- Inmediatez. Dado que la sentencia de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado es del 5 de mayo de 2016 y la presente solicitud se instauró el 16 de septiembre del mismo año, es decir, cuatro meses y once días después, se satisface el requisito de inmediatez.
5.- Subsidiariedad. La actora en su escrito de demanda aseguró que conoció la existencia de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366, una vez que el Tribunal Administrativo de Sucre dictó la providencia de reemplazo al interior del proceso de reparación directa, del cual es parte, en cumplimiento de la orden de tutela impartida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. De lo anterior, se puede inferir, claramente, que la aseguradora no tuvo la oportunidad de emplear los mecanismos que tenía a su alcance al interior de la acción de tutela, como lo es la solicitud de nulidad por su no vinculación, pues nunca fue enterada de dicha acción y, comoquiera que la selección para revisión de las decisiones de tutela por la Corte Constitucional no es un recurso, la aquí accionante no contaba con otro mecanismo de defensa.
Como consecuencia de lo anterior, encuentra la Sala que la presente solicitud resulta procedente para cuestionar la omisión de las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado aquí denunciada.
De la obligación de las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado de vincular a La Previsora S.A. Compañía de Seguros al proceso constitucional de su conocimiento.
La Corte Constitucional en Auto 235A de 19 de septiembre de 2008, resaltó la importancia de que el Juez de tutela vincule a los terceros con interés directo en las resultas del proceso, en especial, en aquellos eventos en que por esa vía se controvierte la legalidad de una decisión judicial, habida cuenta de que el fallo que se adopte podría llegar a afectar no solamente a la persona que promovió el amparo constitucional, sino también a quienes participaron o fueron parte en el proceso cuestionado. En consecuencia, estimó que era necesario que se garantizara la posibilidad de que éstos conozcan de la acción y puedan ejercer los mecanismos de defensa que establece la Ley.
Para el efecto, el Alto Tribunal precisó lo siguiente:
“3.1. Notificación de la acción de tutela a terceros con interés legítimo en el resultado del proceso.
La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre la necesidad de comunicar la iniciación de los procesos de tutela, a los terceros que puedan tener un interés legítimo en el resultado de los mismos.
Sobre este asunto, ha dicho la Corte que pese a que no existe disposición en nuestro ordenamiento jurídico que ordene de manera expresa la notificación de terceros con interés legítimo en los procesos de tutela, tal deber se desprende, por un lado, de la obligación que tiene el Estado, conforme al artículo 2 de la Carta, de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...” y, por el otro, de lo dispuesto en los artículos 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, conforme a los cuales “[q]uien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud” y tendrá derecho a que se le comunique la providencia que ponga fin al mismo.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas en mención “son suficientes para que el juez, como autoridad de la República encargada de velar por la protección de los derechos fundamentales de los asociados -artículo 2o-, garantice a los terceros determinados o determinables, con interés legítimo en un proceso, su derecho a la defensa mediante la comunicación, a los mismos, de las providencias que se dicten en el trámite de la tutela. Así, ellos pueden intervenir oportunamente en el proceso aportando las pruebas y controvirtiendo las que se presenten en su contra para hacer efectivo el derecho fundamental al debido proceso -artículo 29 Superior-.”
La notificación de las providencias que se dicten en el trámite de la acción de tutela a los terceros interesados, constituye una garantía fundamental del debido proceso y, en particular, del derecho de defensa de aquellas personas que, no obstante no son las destinatarias directas de la acción, pueden resultar afectadas como consecuencia de la decisión que se adopte por el juez de tutela. De esta manera se procura que antes de que se produzca el fallo, dichos terceros tengan la oportunidad de cuestionar lo dicho por las partes, de solicitar pruebas o controvertir las existentes y, eventualmente, de impugnar la decisión que resulte adversa a sus intereses.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acto de la notificación a terceros con interés legítimo en el proceso adquiere especial trascendencia en aquellos eventos en los que, por esta vía, se controvierte la legalidad de una decisión judicial o administrativa. Lo anterior, por cuanto, en estos casos, es claro que el fallo que adopte el juez de tutela podría llegar a afectar no solamente a la persona que promovió la acción de amparo constitucional, sino también a quienes participaron o fueron parte en la actuación objeto de reproche, lo que hace necesario que se garantice la posibilidad de que éstos conozcan de la acción y puedan ejercer los mecanismos de defensa que establece la Ley.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) no es posible adelantar válidamente un proceso de tutela cuya finalidad es desconocer actos jurídicos, sentencias o providencias judiciales ejecutoriadas, o actos administrativos, sin la citación de quienes participaron en tales actos, o se encuentren en una situación jurídica concreta en virtud de ellos (…). Esto se entiende fácilmente si se tiene en cuenta que quienes han intervenido en un proceso judicial, o derivan derechos de una providencia, lo mismo que aquellos que los derivan de un acto administrativo, están llamados a intervenir necesariamente en el proceso de tutela encaminado a dejar sin efecto la decisión judicial o administrativa.”
Así las cosas, los jueces de tutela deben citar al proceso no solamente a aquellas personas que figuran directamente como demandadas, sino también a quienes pueden llegar a tener un interés legítimo en la actuación, con lo que se busca garantizar el respeto por el derecho al debido proceso de todos los implicados. (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Al revisar la actuación surtida al interior de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-01366, observa la Sala que pese a que la señora Bertha Fernández y otros promovieron esa acción de tutela solamente contra el Tribunal Administrativo de Sucre, lo cierto es que, conforme a las consideraciones citadas en precedencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado debió citar al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, pues ésta fungía como llamada en garantía por la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano en el proceso de reparación directa objeto de reclamo.
Asimismo, la Sala pone de presente que la participación de La Previsora S.A. Compañía de Seguros podía advertirse claramente de la lectura de las sentencias allí cuestionadas que fueron aportadas con el escrito de demanda, pues en éstas se relacionó su intervención.
Siendo ello así, la Sala considera que las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia de La Previsora S.A. Compañía de Seguros al omitir su vinculación al proceso de tutela objeto de su conocimiento, como tercera interesada.
En relación con los argumentos expuestos por la Sección Quinta de esta Corporación en su escrito de contestación, relacionados con la intervención de la aquí actora, para la Sala no son de recibo para excusar su no vinculación en el trámite de la tutela, pues la aseguradora no cuestiona los fundamentos sobre los cuales se erigió el fallo, sino la omisión de su vinculación en el trámite constitucional, lo que le pretermitió la oportunidad de exponer sus argumentos, cuyas consideraciones, a juicio de la Sala, son plenamente válidas.
De otra parte, de la lectura de las diversas posiciones jurisprudenciales al respecto, encuentra la Sala que la Corte Constitucional ha asignado dos soluciones para remediar las consecuencias de la omisión de vinculación de un tercero con interés directo en las resultas del proceso, que son: i) declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenarle al juez de tutela de primera instancia que inicie el trámite nuevamente pero con citación y audiencia del tercero que no fue vinculado; y ii) si el expediente fue seleccionado para revisión, de manera excepcional, la Corte ha integrado el contradictorio, pero siempre y cuando se encuentren en juego la protección de derechos como la salud o la vida, o cuando están involucradas personas que son objeto de especial protección constitucional. Tales considerandos fueron expuestos en el Auto antes citado en los siguientes términos:
“Si dicha nulidad es detectada en sede de revisión, la Corte Constitucional ha señalado que existen dos caminos a seguir: (i) declarar la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenar la devolución del expediente al despacho judicial de primera instancia para que se subsane la irregularidad y se surtan de nuevo las actuaciones pertinentes o, (ii) proceder en revisión a integrar directamente el contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto.
Sobre esta última posibilidad, la Corte ha señalado que la integración del contradictorio en sede de revisión es excepcional y debe responder a la necesidad o exigencia ineludible de evitar la dilación del trámite tutelar, lo que tiene ocurrencia, entre otras circunstancias, cuando se encuentra en juego la protección de derechos como la salud o la vida, o cuando están involucrados personas que son objeto de especial protección constitucional.
De ahí que, de no presentarse ninguna condición especial, la regla general en estos casos es que debe ser el juez que conoció de la acción de tutela en primera instancia quien proceda a sanear la nulidad, de tal manera que todas las actuaciones procesales sean reconstruidas pero, ahora sí, con la participación del tercero interesado.”
Sin embargo, la Sala pone de manifiesto que en el presente caso, la parte actora al interior del proceso de reparación directa y de la acción de tutela que aquí se cuestiona, dieron cuenta en su escrito de contestación que la protección de sus derechos a la reparación y al acceso a la Administración de Justicia se ha visto truncada por diversas irregularidades acaecidas en los procesos judiciales y que no le resultan atribuibles, aunado a ello, la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano ha sido renuente en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que le ha ocasionado desgastes y años de litigio en busca de justicia y, con ello, una revictimización.
Frente a la situación expuesta, la Sala no es ajena, más aún si se tiene en cuenta que una parte del grupo de reclamantes está conformado por personas de la tercera edad y una menor de edad, los cuales son sujeto de especial protección constitucional. Es por ello, y en atención a los principios de economía procesal y celeridad, que la Sala no declarará la nulidad de todo lo actuado al interior del proceso de tutela núm. 2015-01366, sino que solamente dejará sin efecto el fallo de 5 de mayo de 2016 y, en consecuencia, se le ordenará a la Sección Quinta de esta Corporación que, en el término de la distancia, llame al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para que ésta se haga parte del mismo y se le garantice su derecho de audiencia y de defensa; y una vez esto ocurra, en el término de tres días, profiera la sentencia que resuelva el asunto.
Asimismo, comoquiera que en cumplimiento de la sentencia de 5 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de Sucre profirió el fallo de 10 de junio de 2016, por sustracción de materia éste también debe dejarse sin efecto, no obstante, se conminará a dicha autoridad para que, una vez la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronuncie definitivamente respecto de la tutela núm. 2015-01366, acate con suma diligencia y celeridad la orden que ésta le imparta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTO la sentencia de 5 de mayo de 2016, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado al interior del expediente de tutela radicado bajo el núm. 2015-01366. En consecuencia, ORDÉNASE a dicha Sección que, en el término de la distancia, llame al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para que ésta se haga parte del mismo y se le garantice su derecho de audiencia y de defensa y; una vez esto ocurra, en el término de tres días, profiera la sentencia que resuelva el asunto.
TERCERO: DÉJASE SIN EFECTO el fallo de 10 de junio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre al interior del proceso de reparación directa radicado bajo el núm. 2012-00128. CONMÍNASE a dicho Tribunal para que, una vez la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronuncie definitivamente respecto de la tutela núm. 2015-01366, acate con suma diligencia y celeridad la orden que ésta le imparta.
CUARTO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el señor Consejero doctor CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, para intervenir en el proceso de la referencia.
QUINTO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma más expedita.
SEXTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devuélvase a la Sección Quinta del Consejo de Estado el expediente núm. 2015-01366-00 y al Tribunal Administrativo de Sucre el expediente de reparación directa radicado bajo el núm. 2012-00128, con el fin de que procedan de conformidad con lo ordenado en precedencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 2 de marzo de 2017.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Conjuez
De conformidad con la diligencia de sorteo de Conjueces de 20 de febrero de 2017. (fl 214).
Supra II, 3.6.3.1.
Supra II, 3.6.3.4.
Folio 275 del cuaderno principal.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 1°. Señalar que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 es obligatorio.”
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 2°. Señalar que en el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 no requiere de autorización previa y escrita del Ministerio de hacienda y Crédito Público, ni del Promotor ni del Nominador del Promotor.”
Artículo 243, numeral 1, de la Constitución.
Supra II, 3.6.4.2.1.
Supra II, 4.3.5.
Tal consideración fue adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
Al respecto pueden consultarse, entre otros, el Auto No. 130 de 2004, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño; Auto No. 091 de 2002, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil y Auto No. 241 de 2001, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
Auto No. 001 de 1996, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.
Este criterio se encuentra recogido, entre otros, en el Auto No. 027 de 1995, el cual fue aprobado por la Sala Plena de la Corte Constitucional como la posición unificada de la jurisprudencia sobre la materia.
Auto No. 027 de junio 1º de 1995, Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
Auto No. 287 de octubre 4 de 2001, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett.
Auto No. 007 de 2003, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández y Auto No. 082 de 2003, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
A folios 64 y 65 obran del expediente contentivo de la acción de tutela radicada bajo el núm. 2015-1366 obran las cédulas de ciudadanía de la señora Bertha Fernández de Arias y Orlando Manuel Arias Ortega, las cuales dan cuenta que éstos tienen 73 y 82 años de edad, respectivamente.
A folios 69 y 71, ibídem, obran el documento de identidad de la menor Leidy Johana Arias Viloria, el cual da cuenta que ésta tienen 16 años.
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